Un caso aberrante conmociona a la provincia de Salta tras la denuncia de un grupo de madres que destapó una red de trata de menores con fines de explotación sexual. Cuatro hombres fueron detenidos, acusados de captar adolescentes a la salida de la escuela para ofrecerlas a clientes en hoteles ubicados sobre la ruta 26, según informó la Justicia.

La investigación, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la banda. Las víctimas, en su mayoría menores de edad, eran trasladadas por un remisero de 63 años, quien no solo facilitaba los encuentros, sino que también habría abusado sexualmente de una de las adolescentes. “Vamos a hacer la onda” era la frase clave que usaban para coordinar las citas, tanto con las víctimas como con los clientes.

La organización tenía todo fríamente calculado: desde una lista de precios según el “servicio” hasta el tiempo exacto de los encuentros, que duraban 18 minutos y se realizaban al finalizar el horario escolar. Según el fiscal, los clientes pagaban 60 mil pesos por un beso, 80 mil por sexo oral y hasta 200 mil pesos por penetración si la víctima era virgen, un dato que incrementaba el valor de la transacción.

Un menor de edad, amigo de las víctimas, jugaba un rol clave en la red. Aprovechando la confianza de las adolescentes, recopilaba información personal, como cuáles eran vírgenes, y se la pasaba al remisero a cambio de dinero. Este último controlaba que las chicas cumplieran con los servicios, exigía los pagos —que se hacían por transferencia— y hasta las obligaba a grabarse en poses sugestivas para “promocionarlas” ante los clientes.

Los encuentros se realizaban en hoteles de la ciudad, donde las víctimas eran llevadas por el remisero. Allí, los clientes les ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos. En un caso particularmente grave, el remisero intentó incorporar a la red a una niña de 12 años, hermana de una de las víctimas de 16. La menor fue manoseada por el hombre en su auto, hecho por el cual también fue imputado por abuso sexual.

Tras los allanamientos, la policía secuestró en la vivienda del remisero juguetes sexuales, pastillas de estimulación masculina y femenina, y otros elementos que refuerzan la acusación. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro imputados, salvo el menor involucrado, argumentando la “gravedad inusitada” del caso y la necesidad de proteger a los niños y adolescentes frente al delito de trata de personas.

Villalba destacó que aún hay víctimas que no han declarado y que la causa es de alta complejidad, con pericias pendientes. “Están en juego derechos humanos fundamentales, como la dignidad de los niños”, advirtió el fiscal, subrayando la obligación del Estado de garantizar la protección de los más vulnerables.

Un hombre de 40 años fue detenido en Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual, donde las víctimas eran sometidas a consumir drogas, sufrían agresiones físicas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.

Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.

Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse.

Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram, y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad.

Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento.

En los allanamientos, la Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.

Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación.

Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada, por lo que tres personas fueron detenidas y seis fueron rescatadas en las últimas horas en la ciudad de La Plata, luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 19 de mayo, cuando una de las víctimas relató haber sido captada bajo falsas promesas de trabajo por una conocida, quien la contactó con una mujer apodada “La Clona”.

Mira el video aqui:

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Según el testimonio, para comenzar a “trabajar” en servicios sexuales le exigieron el pago de sumas que ascendían a $30.000 diarios, además de otros gastos operativos y de publicidad en la página web Skokka.

La denunciante detalló que, durante su estadía, se presentó un grupo de cinco hombres que pretendía mantener relaciones sexuales simultáneamente, situación que la asustó profundamente y motivó su alejamiento.

El hecho dio lugar a tareas de vigilancia y seguimiento por parte de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, que permitieron comprobar la veracidad de la denuncia.

El Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Guillermo Atencio, y la UFI N°5 del Dr. Juan Ignacio Menucci, dispusieron cuatro allanamientos simultáneos en distintos domicilios de La Plata, incluida la vivienda donde funcionaba el prostíbulo.

En los operativos, se logró rescatar a seis mujeres, dos argentinas de 25 y 28 años y cuatro ciudadanas paraguayas de entre 24 y 45 años, provenientes de Berazategui, Avellaneda, La Plata y Berisso.

Entre los elementos secuestrados se encuentran 186 preservativos, prendas íntimas y seis teléfonos celulares, considerados clave para la causa.

Las tres mujeres imputadas fueron identificadas como:

Las mujeres rescatadas fueron asistidas por la Dirección Provincial de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, que ya interviene con actuaciones individuales para cada una.

La causa fue caratulada como “trata de personas mayores con fines de explotación sexual”, bajo el expediente IPP N° 06-00-026038-25/00 y se encuentra en plena etapa de instrucción judicial.

Un hombre de la comunidad gitana fue sentenciado a la pena de nueve años de prisión por someter a una mujer con discapacidad intelectual a una unión forzada de hecho y a trata laboral y sexual en la provincia de San Juan.

De acuerdo a la información del sitio fiscales.gob.ar, el condenado, identificado como Roberto Espiro Mitar, fue considerado culpable por “comprar” a la damnificada en enero de 2023 y de explotarla durante dos meses.

La víctima -y diversos testigos-, quien radicó la denuncia luego de que pueda escapar como consecuencia de un descuido del delincuente, señaló que era obligada a trabajar como vendedora ambulante y forzada a mantener relaciones sexuales con varias personas.

El juez Daniel Roffo consignó que el integrante de la comunidad gitana cometió los delitos entre un momento de enero y el 12 de marzo de 2023.

Espiro Mitar utilizó la coerción con el objetivo de someter a la afectada para que desempeñe funciones de servicio y limpieza para la familia, como así también a comerciar de manera ambulante, siempre acompañada, para entregar el dinero percibido a los padres del responsable.

A su vez, el agresor obligó a que le quitaran en una sala médica el chip hormonal anticonceptivo que la mujer tenía.

Además, el hombre también deberá pagar una indemnización de $4.270.335,50 en concepto de reparación por el daño psicológico y a la integridad física, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, tras el pedido del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Juan, Fernando Alcaraz, y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

Los funcionarios judiciales fundamentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y llegó a establecer la cifra del resarcimiento mediante la colaboración en el caso de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli.

Los fiscales comprobaron que el gitano, junto a su familia y el defensor que lo representó al principio del proceso, se comunicó con la damnificada en la provincia de San Luis y la trasladó hasta una escribanía para firmar un documento mediante el que rectificaba la denuncia realizada seis meses antes. En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó que se lleve a cabo una segunda testimonial en Cámara Gesell.

La mujer reveló que mintió bajo la excusa de tener celos del acusado, declaración que fue considerada por la fiscalía con las manifestaciones implementadas en una tercera Cámara Gesell -que se le tomó a la afectada en la justicia federal de San Luis-.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) allanaron y clausuraron un comercio ubicado en el centro porteño, de donde rescataron a dos ciudadanas argentinas y dos paraguayas, presuntas damnificadas por hechos de explotación sexual, según informó en un comunicado el Ministerio de Seguridad Nacional.

En esta línea, el texto emitido por la cartera de Patricia Bullrich detalló que la medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Secretaría Nº 20 y tramitada por la Fiscalía Federal Nº 10, en el contexto de una causa por infracción de la Ley 26.842, normativa que tiene como objetivo la disuasión y sanción de este delito, como así también la asistencia a sus víctimas.

Así las cosas, se indicó que durante el operativo, los efectivos constataron que el establecimiento, destinado a la explotación sexual, funcionaba bajo la fachada de un restaurante.

Allí, se identificaron a cuatro mujeres mayores de edad presuntamente obligadas a ejercer la prostitución.

En paralelo, durante la requisa, se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa, así como anotaciones de pases y volantes publicitarios de oferta sexual. En tanto, el aforo total de los elementos secuestrados supera el millón doscientos mil pesos.

Asimismo, en el lugar trabajaron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, quienes entrevistaron a las chicas presentes y elevarán el informe correspondiente al Juzgado interviniente.

Adicionalmente, participaron del operativo la Dirección Nacional de Migraciones, personal del Departamento Investigaciones de Trata de Personas de Prefectura, la Dirección de Protección Ciudadana y la Agrupación Albatros.

Por último, la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires clausuró el local tras verificar que la actividad comercial era irregular y no se correspondía con su habilitación original.

En un fallo unánime, la Justicia de Neuquén condenó a un hombre que sometió mediante amenazas y castigos a dos chicos menores de edad para explotarlos sexualmente.

En el juicio se pudo probar que el objetivo del imputado era obligar que uno de los nenes violara al otro. Sin embargo, el azar intervino en ese caso a favor de las víctimas y el delito no llegó a concretarse, ya que una persona descubrió la situación y lo denunció.

A raíz de la declaración del testigo, el fiscal Marcelo Jofré llevó adelante la acusación y esta semana el hombre denunciado fue declarado por la Justicia responsable como “autor mediato” de un hecho de abuso sexual en grado de tentativa, es decir, que usó a otra persona para intentar cometer el delito por el que fue condenado.

Amenazas, golpes y castigosPara los jueces, el relato del chico sometido por el ahora condenado “fue contundente” y avalado por las pericias. “Surgen las instrucciones, y del relato, descripciones respecto de la violencia que han vivenciado (ambos niños): castigos, golpes con el cinto y hasta dejarlos sin comer”, detallaron respecto de los hechos probados por la fiscalía durante el juicio, según indicó el portal local La Mañana de Neuquén.

“E.R.R. captó la voluntad del niño al que utilizó bajo las amenazas de que, si no hacía lo que le pedía, sufriría castigos. Justamente en esta situación es donde se patentiza la autoría mediata: al captar la voluntad del menor, ordenarlo y utilizarlo como instrumento para que realice el acto de abuso sexual en perjuicio del otro niño”, concluyó el juez.

Por su parte, la defensa intentó sin éxito evitar la condena al argumentar que su cliente no estuvo presente durante el hecho. Finalmente, el tribunal falló en línea con la acusación de la fiscalía y condenó al hombre por abuso sexual en grado de tentativa, agravado por el vínculo en carácter de autor mediato.

Abuso sexual a menores en la Argentina

La Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en la provincia de Mendoza, rescatando a una víctima de explotación sexual y deteniendo a una mujer relacionada con el caso. La investigación, que comenzó hace cuatro meses, fue iniciada por una denuncia sobre un presunto caso de explotación sexual.

Los gendarmes localizaron tres domicilios en la ciudad de Godoy Cruz, donde se llevaban a cabo las actividades delictivas. Se comprobó que una mujer era la encargada de ofrecer servicios sexuales a otras personas. 

Tras obtener tres órdenes de allanamiento, los gendarmes secuestraron varios objetos, incluyendo discos externos, pendrives, memorias SD, una tablet, filmadoras, cámaras de seguridad, comprobantes de pago, dinero en efectivo y juguetes sexuales.

La víctima rescatada será entrevistada por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, mientras que la mujer detenida quedó a disposición de la Justicia Federal. Este operativo es un ejemplo de la lucha contra la explotación sexual en la provincia de Mendoza.

Una niñera fue encontrada muerta en la ciudad de Manaos, Brasil, y cinco días después fue identificada como Geovana Costa Martins, una joven de 20 años que estaba desaparecida desde el 19 de agosto. Por el crimen detuvieron a su jefa, Kamila Barroso. Según la policía, la niñera era explotada sexualmente por la mujer de 33 años, que mantenía encerrada en su casa bajo amenaza.

Barroso fue detenida el miércoles a la noche 28. Según la Comisaría Especializada en Homicidios y Secuestros (DEHS), el cuerpo de Geovana tenía marcas de golpes y la autopsia reveló que murió por un traumatismo craneoencefálico.

En una rueda de prensa, la comisaria a cargo de las investigaciones, Marília Campello, afirmó que Barroso utilizaba la casa donde vivía con Geovana como lugar de prostitución. Allí, la joven fue obligada a tener relaciones sexuales.

“La indujeron a una vida de fiesta y bebida, pero luego Kamila comenzó a obligarla a quedarse allí. Ya no dejaba salir a la niñera, aunque ella quisiera, y fue explotada sexualmente”, dijo Marília Campello. En la red social TikTok, la niñera aparece en videos publicados por Barroso, bailando o sentadas juntas.

La policía dijo que en el lugar había otras chicas que eran explotadas sexualmente, pero que solo Geovana Costa vivía allí.

Kamila prohibió a la joven niñera tener contacto con otras personas y le dijo que si intentaba salir de la casa, llamaría a “narcos” para que le rompieran la pierna.

Kamila aterrorizó a Geovana con el argumento de que era la esposa de Mano Kaio, uno de los líderes del narcotráfico en el estado de Amazonas, que está prófugo.

Por el crimen de la joven, buscan también a un hombre identificado como Eduardo Gomes da Silva.

La madre de la víctima desconocía la situación de su hija

La madre de la víctima, Márcia Costa, informó que su hija trabajaba desde hace un años para Barroso, pero que nunca le mencionó nada sobre su situación.

“Hasta el momento no sabemos nada. Geovana nunca me había dicho nada. Es doloroso saber que ella estaba trabajando con alguien y luego descubrir que mi hija está muerta. Esperamos que se haga justicia y que el responsable pague por lo que hizo. Sólo quiero entender por qué le quitó la vida a mi hija”, se lamentó la madre en diálogo con el sitio g1.

Tres hombres fueron procesados hoy en San Juan con prisión preventiva por el delito de trata de personas, al estar involucrados en la explotación sexual de 21 mujeres en estudios webcam a través de la empresa "Belle Argentina". La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de San Juan, a cargo de Leonardo Rago Gallo, quien también dictó embargos por 10 millones de pesos para dos de los acusados, considerados coautores, y de 3 millones para el tercero, señalado como partícipe necesario.

La resolución judicial siguió la línea solicitada por el fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la fiscal Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación reveló que los dos principales implicados eran los propietarios de la empresa y de varias propiedades en la capital sanjuanina, donde habrían acogido y explotado sexualmente a las víctimas.

El tercer involucrado era el encargado de supervisar a las mujeres, de entre 19 y 30 años, mientras realizaban los streamings eróticos. Según las estimaciones del magistrado, la banda habría generado ganancias netas de 141 millones de pesos en dos años, lo que equivale a ingresos mensuales de aproximadamente 6 millones.

Durante los allanamientos en cinco viviendas, las autoridades confiscaron diversos elementos, incluidos monitores, webcams, celulares, preservativos y cocaína, además de otros documentos clave para la causa. La investigación del Ministerio Público de San Juan reveló que los tres hombres captaban a las mujeres mediante anuncios laborales engañosos en redes sociales, dirigidos a aquellas que buscaban "dar un giro en sus vidas".

Las mujeres que cumplían con los requisitos eran entrevistadas por los principales imputados y descubrían que el trabajo consistía en realizar streamings eróticos para usuarios de distintos países, quedándose con el 50% de las ganancias en dólares. Sin embargo, a menudo solo recibían el 20% de lo prometido. Los pagos se realizaban semanal o quincenalmente, mientras que los "clientes" pagaban a través de tokens o criptoactivos mediante billeteras virtuales.

Una mujer de 36 años fue arrestada bajo la acusación de haber entregado a sus tres hijos varones, de entre 8 y 14 años, para ser explotados sexualmente por el propietario de la vivienda en la que residían, a cambio de cubrir el alquiler. 

La detención de Claudia R. (cuyo nombre completo se reserva para proteger a las víctimas) fue resultado de una investigación liderada por el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI 8 de Berazategui, especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming.

Las pesquisas indicaron que la madre facilitó la corrupción y prostitución de sus hijos con el objetivo de asegurar la permanencia en la vivienda. Según la investigación, el propietario de la casa solicitaba a Claudia R. que le enviara a "alguno de los nenes" para someterlos. El hombre ya está detenido, al igual que el padre de los niños, acusado también de participar en los abusos. Se mencionó, además, que la madre grababa los ataques sexuales.

Un vocero judicial indicó que Claudia R. colaboró desde el inicio en los abusos y luego abandonó a los menores en esa situación de explotación. 

La causa está caratulada como "producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado en su condición de cooperadora y corrupción de menores agravada".

La detención de Claudia R. se realizó durante un allanamiento en Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, donde se incautó su teléfono celular, el cual será sometido a peritajes. Además, en un domicilio en Quilmes, se secuestraron una notebook del programa Conectar Igualdad, un teléfono y un pendrive. Allí también se imputó a un joven de 25 años, Alexis A., por "tenencia de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales".

La Justicia determinó que las víctimas llegaron a México luego de que les ofrecieran falsas ofertas de trabajo en hoteles de lujo. Los sospechosos están acusados de explotación sexual.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo rescató a 17 mujeres, 15 argentinas y dos mexicanas, de una red de trata que funcionaba en Playa del Carmen. La Justicia determinó que las víctimas llegaron a México luego de que les ofrecieran falsas ofertas de trabajo en hoteles de lujo.

El resguardo de todas las mujeres ocurrió tras un operativo en un inmueble ubicado a metros de la autopista federal. Tras el rescate se confirmó que tres hombres fueron detenidos.

La noticia se conoció por medio de un comunicado oficial en el que se detalla que los sospechosos fueron identificados como Luis Alfredo “N”, Emmanuel “N” y Ángel Alberto “N”. Están acusados de explotación sexual.

El modus operandi de los detenidos

En el informe brindado por la Fiscalía General del estado de Quintana Roo se detalla que todas las víctimas llegaron a Playa del Carmen luego de que les ofrecieran trabajos en hoteles de lujo en uno de los lugares más importantes del turismo local. Sin embargo, detrás de esto había un plan macabro.

“Al llegar a México, supuestamente de vacaciones, fueron reclutadas para jornadas exhaustivas en bares-restaurantes, aprovechándose del estado de vulnerabilidad derivado de la falta de empleo y pobreza en la que vivían en la Argentina”, apuntó la Fiscalía.

Sobre la situación de las 15 argentinas, la fiscalía detalló que esperan la resolución de su situación migratoria. Por su parte, los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público local.

La Policía Federal detuvo a tres hombres en La Plata, acusados de abusar y explotar sexualmente a una chica, la cual sería menor de 13 años.

El operativo se llevó a cabo tras una intensa investigación de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia derivada por el Equipo Unidad de Delitos contra Menores de Interpol, quienes avisaron sobre una colección de imágenes que circulaban en la red bajo el nombre de “Baby Flower Jacket”.

Durante el operativo, dos personas fueron detenidas y además se secuestraron varios elementos probatorios para la causa, como acolchados de diferentes colores y motivos, varias sábanas, ocho teléfonos celulares, una tablet, dos notebooks y una PC.

La investigación que llevaba adelante la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia pudo comprobar la identidad de la víctima, mediante el escaneo de su rostro que aparecía en las fotos. Así, determinaron el vínculo entre la menor y un usuario de la red social Facebook y otro de Instagram.

Gracias a esto, pudieron ubicar tanto el domicilio de la víctima, que una vez rescatada declaró que el supuesto abusador sería su hermanastro, por lo que la jueza, Carina Andrijasevich, ordenó su inmediata detención. Mientras que la víctima fue puesta a resguardo, brindándole la debida contención psicológica.

Por otro lado, la Policía Federal logró identificar al sospechoso y arrestarlo mientras caminaba por la calle 522 entre 145 y 146, de la Ciudad de La Plata, a su vez detuvieron a otros dos hombres y quedaron a disposición del magistrado interventor

La Prefectura Naval Argentina decomisó 1.333.700 dólares de origen ilegal en dos allanamientos realizados en departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por explotación sexual. La fuerza dio con esos domicilios luego de intensas tareas de investigación y, una vez en los lugares, hallaron todo el dinero oculto detrás de las paredes.

Según le informaron desde la PNA, los efectivos se dirigieron a los domicilios apuntados y una vez allí, gracias a la ayuda de un perro entrenado para detectar divisas, dieron con los 27 bultos que se hallaban ocultos detrás de una mampostería que cubría el taparrollo de una ventana de la habitación de servicio de uno de los departamentos.

Una vez recolectado el dinero, se contó minuciosamente y se comprobó que había en total 1.333.700 dólares, que fueron trasladados a la sede de Tribunales del Banco de la Nación Argentina. 

Una vez finalizadas las tareas de la fuerza de seguridad, se procedió a clausurar ambos domicilios. En el operativo, realizado este martes, participó personal de los Departamentos Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Económicos y de la División Perros de la Prefectura Naval Argentina.

La causa por explotación sexual fue tramitada ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo del Dr. Julián D. Ercolini, Secretaría Nro. 20 de la Dra. Ana Luisa Juárez.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció respecto de este caso en sus redes sociales: “¡MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES A COSTA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL! Los incautó PNA tras seguir los pasos de una red de trata. La ayuda de un perro especialmente entrenado fue clave para encontrar los paquetes escondidos en la pared. No hay lugar para las organizaciones criminales”. 

En el marco de una investigación que encabeza la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución de material sexual infantil, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA y la Policía Federal Argentina realizaron nueve allanamientos en distintos puntos de Argentina, con el objetivo de identificar a víctimas menores de edad de abuso sexual y secuestrar material incriminatorio. Como resultado de los operativos, según le informaron fuentes judiciales a Infobae, detuvieron a dos personas.

Los detenidos son dos hombres de 49 años: uno es desempleado; el otro, ingeniero informático. “Ese segundo dato es importante porque se cree que solo ‘caen’ quienes no saben manejarse con la tecnología. Afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en incorporar tecnología de primera para investigaciones informáticas”, aseguró el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques.

El operativo es de corte internacional: también participan las autoridades de otros países de la región como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú.

Así, los registros se llevaron a cabo en cinco domicilios de la provincia de Buenos Aires, dos de CABA, uno en la ciudad de San Miguel de Tucumán y otro en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, el caso se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC, por sus siglas en inglés).

Luego de las primeras requisas, los investigadores se encuentran en la etapa de triage, un proceso de selección de dispositivos o filtrado de información ordenado por la autoridad judicial que aporta criterios de evaluación sobre los dispositivos electrónicos en el lugar del hecho, para determinar qué es útil y qué no.

Por su parte, los imputados fueron trasladados a la sede fiscal para ser indagados.

Sobre este operativo internacional, Mahiques, sostuvo que “se busca identificar a víctimas de abuso sexual en línea de los niños, niñas y adolescentes que son abusados sexualmente en los archivos de imagen y video vinculados a la presente investigación, como también a los que sean encontrados en los dispositivos que se secuestren”.

La Policía Federal Argentina rescató a 30 mujeres que eran víctimas de una red de trata de explotación sexual de personas. Según indicaron fuentes policiales, entre ellas había una menor de edad y eran de distintas nacionalidades, en su mayoría venezolanas, brasileñas y argentinas.

Las víctimas fueron puestas a salvo luego de que la Justicia ordenara una serie de allanamientos en clubes nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto, detuvieron a siete hombres que serían los encargados de estas actividades ilegales y que conformaban la llamada “Banda del Karaoke”.

Los allanamientos se llevaron a cabo por pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, en el marco de la investigación y avalados por la jueza federal María Romilda Servini.

Al montar el operativo, que contó con la participación de Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (Protección de trabajo y Habilitaciones y permisos), Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad, se pudo desbaratar la banda que utilizaba el “karaoke” como pantalla para llevar adelante la red de trata y lavado de dinero.

A pesar de que el hombre que manejaba todo era de nacionalidad coreana, quien se encargaba de trasladar a las mujeres hacia el local era su sobrino de nacionalidad argentina.

”El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y de dos karaokes, donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres, que prestaban servicios de acompañantes coperas, para luego retirarse a lugares íntimos para mantener relaciones sexuales. Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes”, indicaron los investigadores del caso.

Una vez rescatadas, las víctimas prestaron declaración y, según indicaron fuentes policiales, pudieron comprobar la existencia de indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades que llevaron a la clausura de los comercios.

Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de la red. Se los trasladó al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En el marco de la causa que investiga la explotación sexual de la mujer desaparecida en la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo, el juez Fabio Mudry ratificó las medidas impuestas en primera instancia.

El Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, Fabio Mudry, confirmó la prisión preventiva dispuesta contra los imputados en la causa que investiga la explotación sexual de la que era víctima Mónica Aquino. La mujer permanece desaparecida desde el 5 de mayo.

Hugo Pérez, su hermano Mario y su madre María Rosa Aguirre -pareja, cuñado y suegra de Mónica- fueron imputados por los delitos de “explotación de la prostitución ajena agravada” en concurso real con “promoción de la prostitución ajena”.

Desesperada búsqueda de Mónica Aquino en Santa Fe: hay dos detenidos

La causa está en manos de los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi.

Las defensoras públicas Mónica Echaniz -por los hermanos Pérez- y Betina Dongo -por Aguirre- apelaron las resoluciones de los jueces Luis Octavio Silva y Pablo Spekuljak, respectivamente, quienes dispusieron que el grupo familiar quedara en prisión preventiva mientras la causa avanza. Estas resoluciones fueron revisadas por el camarista Mudry, quien las confirmó.

La representante de los Pérez cuestionó las consideraciones realizadas por el juez Silva en relación con los peligros procesales, tanto sobre el posible entorpecimiento probatorio como el riesgo de fuga.

Para la alzada, “la evidencia fundamental del peligro que los hermanos Pérez representan está configurado justamente por la desaparición de la víctima Mónica Aquino, sobre quién al menos tres testigos (…) dieran cuenta de cuál era el manejo de ambos, quiénes la sometían en un contexto de vulnerabilidad extrema, adicciones, violencia, pobreza y su carácter de madre de cuatro hijos, a que ejerciera la prostitución y les hiciera entrega del dinero que conseguía”.

Fijan una recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de Mónica Aquino

En cuanto al riesgo de fuga, “es la pena elevada la que justifica su consideración, además de la relativización de los supuestos arraigos que expresara la defensora en el sentido laboral o familiar, los que no alcanzan como para aventar justamente el riesgo de que no se atengan al proceso”.

La Dra. Dongo, representante de Aguirre, planteó la nulidad de la resolución de primera instancia, y señaló que su defendida es una mujer mayor de 60 años, vulnerable y con un hijo menor de edad a su cargo, que no podría entorpecer la investigación.

El planteo de nulidad fue rechazado por el juez Mudry, quien indicó que en su argumento la defensa “no demuestra ni especifica en qué aspectos considera se habría vulnerado el derecho de defensa o el debido proceso”.

En cuanto a su participación en los hechos, “claramente la violencia también era ejercida por Aguirre, madre de los Pérez, quién de acuerdo a los testimonios recolectados, era parte del ‘clan’ que la sometía al ejercicio de la prostitución agravada, le quitaba el dinero y la victimizaba de manera permanente”, sostuvo el magistrado. “Además de existir profusa evidencia sobre los delitos atribuidos, la calificación es acertada y correcta puesto que la violencia y la explotación sexual de Mónica Aquino era ejercida de manera conjunta y coordinada”.

“Así como Aguirre formaba parte del esquema de explotación y violencia extrema contra Aquino, también las evidencias indican que la misma habría formado parte -junto a sus hijos- de la eliminación de los rastros y evidencias que pudieran existir en la habitación de la desaparecida y que por cierto también pudo ser parte la imputada, no solo de borrar huellas limpiando la habitación, sino responsable de la desaparición”.

Es por esto que la resolución de primera instancia “respecto de la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio no es arbitraria, como sostuviera la defensa en sus agravios, sino que se encuentra debidamente fundada y es sostenible”, concluyó el camarista, confirmando también la prisión preventiva de Aguirre.

La mujer, madre de cuatro niños, fue vista por última vez la madrugada del 5 de mayo pasado, en el barrio Varadero Sarsotti. La fiscalía sostiene que era explotada sexualmente desde 2017, en las paradas de la zona sur de la ciudad.

Por Manuela Dias Fredes

Las crónicas policiales datan de años atrás. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó dos veces en el mismo año a una proxeneta del barrio Villa Dominga de la ciudad de Rafaela, donde funciona la denominada “zona roja”.

La primera fue en marzo y refiere al secuestro de una embarazada de 19 años, la cual pudo escapar y denunciar lo ocurrido en 2014. La segunda sentencia, dictada en octubre de 2021, incluye a un hombre de 52 años, que proveía los medios para que se consumara el delito.

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Los condenados fueron María Guillermina Herrera (33) a 5 años de prisión como autora del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”; sanción que unificada a una condena del 12 de marzo de 2021 le valió una pena única de 8 años y 6 meses.

Por el mismo delito, fue declarado culpable José Luis Vega (52), a quien le impusieron pena de 5 años y 6 meses de prisión, que purga en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Según indican, María Altagracia Henriquez Mota de nacionalidad dominicana, que se escapó en 2019, formaba parte de esta red de explotación sexual.

El hilo conector con Venado Tuerto se conoció cuando el 30 de diciembre a través de una Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación publicado en el Boletín Oficial, ofrecieron “como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos tres millones ($3.000.000), destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión”.

De los múltiples allanamientos realizados en 2019, rescataron a ocho mujeres dominicanas y argentinas obligadas a ejercer la prostitución, entre las cuales habría estado la propia hija de Henriquez Mota.

Y agregan que último domicilio de la mujer con pedido de captura internacional fue registrado en Venado, más precisamente en calle 39 Nº 1957, de la ciudad del sur de Santa Fe.

De acuerdo a la investigación Henriquez Mota integraba junto a otras personas una amplia red de trata que extendía en varias direcciones de la ciudad de Rafaela, entre ellas la que indica la resolución del ministerio nacional, en Alvear al 1300, parte de la denominada “zona roja” de esa ciudad.

En tanto la buscada con pasado en Venado, es considerada parte de esta banda y habría oficiado como una especie de “recaudadora” en el prostíbulo que funcionaba en Alvear al 1300 (los otros funcionaban en Edison al 200 y en las primeras cuadras de Jaime Ferré).

De los múltiples allanamientos realizados en 2019, cuando se perdió contacto con la buscada por la justicia, rescataron a ocho mujeres obligadas a ejercer la prostitución, entre las cuales había dominicanas y argentinas, entre las que habría estado la propia hija de Henriquez Mota.

Las damnificadas fueron trasladadas a sus domicilios particulares y posterior asistencia y contención por personal idóneo.

Integrantes del Equipo Anti Trata de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Córdoba” llevaron adelante actividades investigativas relacionadas a un presunto hecho de explotación sexual de personas.

Rescataron a 22 personas víctimas de trata en Córdoba

Las pesquisas fueron concretadas por disposición del Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, luego de una denuncia radicada en la Línea 145 (Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata).

Diez allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires por narcotráfico y trata de personas

Al efectuar el allanamiento de dos domicilios, en conjunto con personal de la Subsecretaria de Trata de Personas de la provincia, los funcionarios lograron rescatar a ocho mujeres mayores de edad que se encontraban en estado de vulnerabilidad y en situación de trata con fines de explotación sexual.

El operativo resultó en la imputación de dos ciudadanas, quienes se encargaban de la administración de los establecimientos donde se llevaban a cabo las actividades ilícitas, en infracción al Artículo 145 BIS del Código Penal y Ley de Trata de Personas 26.842.

Además, los uniformados secuestraron teléfonos celulares, 88.010 pesos argentinos y documentación de interés.

Para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas, llamá a la línea 145. Es gratuita, nacional y brinda contención y acompañamiento las 24 horas, todos los días del año.

Las víctimas eran jóvenes –muchas de ellas estudiantes- que se las obligaba a realizar trabajos sexuales para hombres, en su mayoría turistas, que eran captados por personas que se presentaban como guías de pesca, según informó la policía provincial.

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Dieciséis mujeres que eran sometidas a explotación sexual fueron rescatadas por personal policial como parte de una serie de allanamientos realizados en las ciudades de Corrientes y Paso de la Patria, donde también se detuvo a 11 personas que conformaban una banda dedicada a la trata de personas, se informó oficialmente.

Según las investigaciones policiales, que comenzaron en abril pasado, las víctimas eran jóvenes –muchas de ellas estudiantes- que se las obligaba a realizar trabajos sexuales para hombres, en su mayoría turistas, que eran captados por personas que se presentaban como guías de pesca.

“Cuando captaban su confianza, les ofrecían los servicios sexuales de diversas mujeres y se ponían en contacto con los tratantes que les enviaban un álbum de fotos para los clientes”, de acuerdo al reporte difundido por la Policía de Corrientes.

Rescatan a tres mujeres víctimas de explotación sexual

Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes de Policía Federal (PFA) hizo un seguimiento con patrullajes virtuales, escuchas telefónicas y trabajos de campo con filmaciones del traslado de las mujeres hacia los encuentros sexuales, tras lo cual el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes ordenó el allanamiento en nueve viviendas que se realizó el último sábado.

A partir de ello, se detuvo a 11 personas (una de ellas mujer) que formaban parte de la banda dedicada a la trata de personas y se rescató a 16 mujeres, la mitad que se encontraba en una de las viviendas y la otra mitad cuando eran trasladadas para encuentros sexuales.

Durante los operativos se secuestraron también siete automóviles, dinero en pesos y dólares, dos armas de fuego, plantas de marihuana, celulares y computadoras, entre otras documentaciones.

Las mujeres fueron asistidas por personal de la Oficina de Rescate de víctimas de delito de Trata de Personas correntina, según se informó.

Tras realizar tareas investigativas, los gendarmes dieron cumplimiento a un oficio judicial y allanaron dos domicilios ubicados en Ushuaia y otros dos en Río Grande.

Además, secuestraron dos vehículos, estupefaciente, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa. Hay cuatro involucradas detenidas.

Rescatan a 73 víctimas de explotación laboral en Corrientes

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Ushuaia”, junto a otras Unidades de la Fuerza, luego de llevar a cabo tareas de investigación por el transcurso de 25 días, y con conocimiento del Juzgado Federal de la ciudad de Ushuaia, pudieron reunir elementos que constatarían la posible realización de actividades ligadas a delitos de explotación sexual.

Rescatan a una familia víctima de explotación laboral en un campo del sur de Santa Fe

Ante esta situación, personal de la Fuerza efectuó el registro de cuatro domicilios, hallando en uno de ellos, ubicado en Río Grande, a tres ciudadanas mayores de edad en situación de vulnerabilidad que habían llegado a la isla con la promesa de una propuesta laboral, por lo que fueron asistidas por personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

Los uniformados avanzaron con la inspección de otros inmuebles en Ushuaia y Río Grande, donde detectaron medicamentos, cámaras de seguridad y control utilizadas con las víctimas, distintas tarjetas de crédito y débito, profilácticos y elementos de informática.

Asimismo incautaron dos balanzas de precisión, envoltorios de cocaína acondicionadas para su distribución, dinero en efectivo y dos camionetas.

Además, el Magistrado interviniente dispuso la detención de cuatro mujeres de nacionalidad argentina, que serían las responsables del lugar, en infracción a la Ley 26.842 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”.

Un 23 de septiembre de 1913 se sancionaba la Ley Nº 9.143 que protegía la lucha contra la explotación sexual y el tráfico de personas. Esta reglamentación marcó un antes y un después en la historia contra la esclavización de las mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución.

En este sentido, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas junto a la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, declaró el 23 de septiembre como el “Día internacional contra la Explotación sexual y la trata de personas”.

Directora ONG condenada a 15 años de prisión por explotación sexual

Este día tiene como objetivo fundamental denunciar las prácticas abusivas que suponen el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, tras las armas y las drogas.

Se trata de un gravísimo delito contra los derechos humanos que constituye una gran damnificación con un gran componente de género ya que la mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.  

Salta: rescatan a 12 mujeres víctimas de explotación sexual

En 2008, se promulgó en Argentina la Ley N° 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Además, se habilitó la línea 145, de atención a las víctimas, disponible las 24 horas durante todo el año. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, casi 21 millones de personas en el mundo, son víctimas de este delito.