Un megaoperativo ordenado por la Justicia Federal y realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) dejó al descubierto una red de explotación laboral en la costa santafesina. En total, 42 personas mayores y dos menores de edad fueron rescatados de un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 17.500 en Arroyo Leyes.

Las tareas estuvieron supervisadas por el fiscal federal Walter Rodríguez y contaron con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.

En el marco de la investigación el personal policial procedió a la detención de un joven de 25 años, sindicado como el principal responsable de la maniobra delictiva, y al traslado de otro hombre de 64 años vinculado a la causa.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron un arsenal de armas de fuego y municiones, además de documentación clave que permitirá profundizar la pesquisa. Entre lo secuestrado figuran escopetas, revólveres, pistolas, cargadores y más de 300 cartuchos de distintos calibres. También fueron decomisados teléfonos celulares, computadoras, documentación contable, una camioneta Amarok, más de 10 millones de pesos en efectivo y 4.205 dólares.

Los rescatados fueron asistidos inmediatamente por personal especializado en trata de personas y puestos bajo resguardo. Se sospecha que eran sometidos a jornadas laborales extenuantes, en condiciones indignas y sin las mínimas garantías.

Desde la Justicia se adelantó que la investigación continuará para determinar la magnitud de la red, identificar a posibles cómplices y garantizar la protección integral de las víctimas.

Cinco trabajadores en situación de explotación laboral fueron rescatados tras dos allanamientos en la provincia de Corrientes en los que se incautaron elementos cuyo valor supera los $4 millones.

La investigación, que comenzó hace más de un año, tenía como objetivo comprobar la existencia de un establecimiento rural en la localidad de Mercedes donde, según denuncias, se mantenía a empleados en condiciones precarias.

De esta manera, verificaron que la estancia dedicada a la cría de ganado bovino y porcino carecía de agua potable, señal telefónica, electricidad, transporte y elementos básicos de seguridad para los trabajadores.

En este contexto, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Ricardo Mianovich, con la Secretaría de Derechos Humanos, de Ricardo Esteban Torres, y la intervención de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, bajo la responsabilidad de Aníbal Martínez, ordenó el allanamiento del establecimiento y de un domicilio ubicado en la capital provincial.

En los procedimientos, la Autoridad Marítima nacional identificó a las presuntas víctimas, quienes fueron asistidas y entrevistadas por profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, fue notificada la propietaria de la estancia, a quien se le fijó audiencia indagatoria.

Los dos allanamientos fueron realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y en ellos se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés. El valor de los elementos incautados supera los $4 millones.

Un hombre de la comunidad gitana fue sentenciado a la pena de nueve años de prisión por someter a una mujer con discapacidad intelectual a una unión forzada de hecho y a trata laboral y sexual en la provincia de San Juan.

De acuerdo a la información del sitio fiscales.gob.ar, el condenado, identificado como Roberto Espiro Mitar, fue considerado culpable por “comprar” a la damnificada en enero de 2023 y de explotarla durante dos meses.

La víctima -y diversos testigos-, quien radicó la denuncia luego de que pueda escapar como consecuencia de un descuido del delincuente, señaló que era obligada a trabajar como vendedora ambulante y forzada a mantener relaciones sexuales con varias personas.

El juez Daniel Roffo consignó que el integrante de la comunidad gitana cometió los delitos entre un momento de enero y el 12 de marzo de 2023.

Espiro Mitar utilizó la coerción con el objetivo de someter a la afectada para que desempeñe funciones de servicio y limpieza para la familia, como así también a comerciar de manera ambulante, siempre acompañada, para entregar el dinero percibido a los padres del responsable.

A su vez, el agresor obligó a que le quitaran en una sala médica el chip hormonal anticonceptivo que la mujer tenía.

Además, el hombre también deberá pagar una indemnización de $4.270.335,50 en concepto de reparación por el daño psicológico y a la integridad física, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, tras el pedido del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Juan, Fernando Alcaraz, y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

Los funcionarios judiciales fundamentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y llegó a establecer la cifra del resarcimiento mediante la colaboración en el caso de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli.

Los fiscales comprobaron que el gitano, junto a su familia y el defensor que lo representó al principio del proceso, se comunicó con la damnificada en la provincia de San Luis y la trasladó hasta una escribanía para firmar un documento mediante el que rectificaba la denuncia realizada seis meses antes. En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó que se lleve a cabo una segunda testimonial en Cámara Gesell.

La mujer reveló que mintió bajo la excusa de tener celos del acusado, declaración que fue considerada por la fiscalía con las manifestaciones implementadas en una tercera Cámara Gesell -que se le tomó a la afectada en la justicia federal de San Luis-.

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Catorce venezolanos fueron reclutados por Whatsapp para trabajar en el lugar. Uno de los extranjeros que llegó en enero al departamento denunció la situación.

Siete personas fueron detenidas por explotación laboral y trata de personas en una cantera de piedras preciosas en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad de Artigas.

Cuatro de las personas fueron detenidas en Artigas y las otras tres en Montevideo. Entre los detenidos, hay una abogada, según la información del caso a la que pudo acceder el corresponsal de Subrayado en Artigas, Sergio Martínez.

Catorce venezolanos fueron reclutados por Whatsapp para trabajar en la cantera de piedras preciosas en Artigas. Les dijeron que iban a trabajar ocho horas diarias por 2.500 dólares mensuales. Sin embargo, las jornadas laborales pasaron a ser de 12 horas y el salario no superó los 200 dólares por quincena, con los descuentos por la habitación, el consumo de alimentos y el uso de internet.

Uno de ellos denunció la situación. Contó que llegó a Artigas en enero junto a siete venezolanos más. Tras denunciar el caso, la Policía realizó un allanamiento en la cantera donde fueron rescatados otros seis venezolanos, entre ellos, una mujer.

Entre los detenidos, Sonia María Mora Pintos, vinculada al Ministerio de Defensa, acusada de liderar la red que reclutaba venezolanos con falsas promesas de empleo.  

Fueron rescatadas de una finca de cosecha de ajos en Mendoza 92 personas que eran explotadas laboralmente.

La Brigada de DUOF San Rafael de la Policía Federal llevó a cabo este miércoles un allanamiento en una finca ubicada en el paraje “El Chacay” por una denuncia sobre explotación laboral.

Al inspeccionar las instalaciones del establecimiento se constató que había casi 100 empleados que trabajaban asentadas en galpones y habitaciones muy precarias.

De esta manera se dio intervención al personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

Allí los especialistas entrevistaron a los rescatados, quiénes les confirmaron en las reprobables condiciones en las que trabajaban.

"Ante la evidencia incontestable de la comisión de delitos, los uniformados detuvieron de inmediato a los cuatro hombres que administraban el lugar", confirmaron fuentes del caso.

La investigación comenzó en noviembre de 2023 y estuvo a cargo del juez Eduardo Puigdéngolas, titular del Juzgado Federal de San Rafael.

En el marco de investigaciones por posible caso de trata de personas, se realizó un allanamiento en un predio rural ubicado en Pueblo General Paz, departamento Paraná. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, a cargo del Dr. Leandro Ríos.

Durante el operativo se encontró a dos trabajadores que vivían bajo condiciones deplorables. Habitaban “una precaria vivienda con piso de tierra, hecha en gran parte con plásticos de silo bolsa. Estaban sin agua potable, ni baño”. Se informó que, a pesar de trabajar en el lugar hace más de 40 años, “no estaban registrados y no se les había realizado ningún aporte, ni cobertura social”.

El Delegado Provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Edgardo Maier, enfatizó sobre "las lamentables condiciones de vida de estos trabajadores y la importancia de dar a conocer la labor conjunta de los organismos provinciales y nacionales encargados de las inspecciones y seguimiento de estas causas de trata y explotación de personas".

Asimismo, Mario López, titular de Renatre Agencia Concepción del Uruguay, remarcó que “este allanamiento surge de una inspección realizada anteriormente y con un resultado similar, en conjunto con la Delegación de Uatre y los demás organismos de control, lo que tuvo como consecuencia este nuevo procedimiento donde desgraciadamente, volvimos a tener como saldo dos trabajadores en pésimas condiciones, infrahumanas diría”.

“En este sentido vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo para detectar estas irregularidades, este trabajo informal y esclavo, por toda la provincia y de forma conjunta el Grenio y Renatre. Siempre en defensa de los trabajadores rurales”, agregó.

Del operativo participó personal de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, a cargo de la Comisario Inspector Zulma Argañaraz; Ministerio Público Fiscal; a cargo del Dr. Leandro Ardoy; AFIP, del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) Agencia Concepción Del Uruguay; la titular del Consejo Provincial Contra la Trata de Personas, Silvina Calveyra; y el Delegado Provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Edgardo Maier.

En un tambo lechero en San Vicente, un dueño trataba los empleados como si fuera el siglo XIX. Según la acusación en su contra, José Luis S. los sometía a jornadas de más de 15 horas y les incumplía los pagos convenidos. Hartos de las vejaciones, muchos se fueron. Un matrimonio de Entre Ríos, con tres hijos menores de edad -entre ellos un bebé-, siguieron bajo sus órdenes.

Esta semana, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- los rescató en un allanamiento. Lo que encontraron: vivían en una casilla de madera, sin baño ni agua corriente, ni estufas para el invierno, porque José Luis, supuestamente, no se los permitía. Solo podían salir los domingos, entre las 9 y las 15, para abastecerse de alimentos.

La investigación comenzó en mayo a partir de una denuncia anónima. Durante ese tiempo, los detectives inspeccionaron en distintos días y horarios al establecimiento. Corroboraron con tomas fotográficas y videos que en el tambo trabajaban entre 13 y 15 empleados sin elementos de seguridad. José Luis, el dueño, dejaba que los niños ayudaran a los mayores en su tareas por fuera de todo límite legal.

Cuando la Policía avanzó en el allanamiento, con drones y camionetas, los efectivos descubrieron a dos empleados. Era una pareja nacida en Entre Ríos. La mujer estaba en el sector de ordeñe, trabajando. Tenía a uno de sus hijos de ocho meses de vida a upa, mientras desarrollaba sus labores. Los otros dos chicos, de 3 y 5 años, dormían en una vivienda precaria. El peón recorría el campo donde se encontraba el ganado vacuno distribuido.

El procedimiento ordenado este lunes por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, subrogado por Ernesto Kreplak, confirmó las sospechas. El personal del Programa Nacional de Rescate entrevistó al matrimonio y reveló que hasta hace una semana trabajaban no menos de trece empleados. Ya no había nadie, porque decidieron irse por el nivel de explotación laboral. Entre las distintas vejaciones, sin contar servicios públicos, el matrimonio dijo que tampoco podían escolarizar al menor de 5 años porque lo impedía el dueño.

El propietario no estaba en el momento del ingreso al establecimiento. Mientras se realizaba el allanamiento, el personal interventor observó una camioneta modelo Renault Máster, de color blanca que circulaba lentamente frente al perímetro del campo. Lo hizo varias veces. 

En las tareas de investigación se incautaron un teléfono celular y documentación del establecimiento para su análisis.

Pese al allanamiento y la situación de vulnerabilidad, el matrimonio rescatado no se acogió a los beneficios del Programa de Rescate, que implica una asistencia de alojamiento temporal, apoyo material, psicosocial, médica o jurídica.

Según la justicia federal, las 498 personas acogidas por esta red cumplían extenuantes jornadas de trabajo sin ningún tipo de pago. Se trata de personas en recuperación de consumos problemáticos de estupefacientes, en situación de calle y víctimas de violencia de género.

Tras una extensa investigación, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, ordenó el pasado 11 de julio el allanamiento simultáneo de 38 sedes de Remar, organización no gubernamental que alberga en diversos puntos del país a personas en recuperación de consumos problemáticos de sustancias, en situación de calle, víctimas de violencia de género e incluso, rescatadas de operativos judiciales.

Según publicó la web oficial de Jefatura de Gabinete, durante el megaoperativo llevado a cabo por gendarmería nacional, se relevaron 498 personas con fuertes indicios de que vivían situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales en dicha institución.

Los allanamientos se cumplieron en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Capital Federal. Se trató de un esfuerzo coordinado entre diferentes instituciones como Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Policía Federal, Programa Nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata y Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas.

En lo referente a la provincia de Santa Fe,Nicolás Del Mastro, delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, indicó que fueron seis procedimientos en total, ya que hubo uno en la ciudad de Santa Fe y otro en una granja de Santo Tomé donde había 29 varones. En Rosario los allanamientos se realizaron en Juan José Paso al 1600, Pasco al 8000 y Sánchez de Bustamente y Castro Barros. 

En la ciudad "el denominador común eran los varones, y en algunos hogares como el de zona sur de Rosario, incluso, menores de edad. La orden judicial era poder escuchar a las personas de estos espacios", señaló.

Del Mastro indicó que "en el caso de Remar encontramos que las personas de buena fe eran llevadas en algunos casos por allegados para iniciar un tratamiento de abordaje de consumo problemático y adicciones; y en otros casos eran reclutadas por coordinadores".

"Al ingresar a este lugar, firmaban un contrato, que es un voluntariado social, y de esa manera eran trasladados a otra provincia. Allí empezaban lo que ellos denominan 18 meses de pases que comienzan con un trabajo doméstico del dispositivo donde conviven, luego una instancia de trabajo, de rutina, como producción de alimentos, construcción, producción de muebles, y la etapa final es la venta ambulante (de otros productos). Durante todo el trayecto, no se encontró la presencia de profesionales de la salud, ni abordajes terapéuticos. Tampoco la percepción de una remuneración por ese trabajo", explicó.

Además, indicó que estaban "en aislamiento de sus afectos, celulares, bienes personales"; excepto determinadas visitas en momentos específicos del trayecto. 

Si bien, según expresaron fuentes de la Protex, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, se dieron a conocer las conclusiones del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata. Allí se estableció que, de las entrevistas realizadas a las personas acogidas en Remar, surgen indicios de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, entre otros.

En la mayoría de los casos, no eran oriundas de la provincia donde se encontraban, incluso se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y tarjetas de débito para la posterior apropiación de los beneficios sociales asignados.

Las personas que pedían refugio a Remar, en su mayoría, eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde también trabajaban. Entre las principales actividades económicas se encuentran la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos, incluso menores de edad que habían sido trasladados sin autorización de sus padres.

Ninguna persona acogida por Remar recibía pago por los trabajos que cumplía y sus jornadas laborales eran extensas. Según detalló el Comité, en algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social bajo la Ley 25.855. No obstante, ese voluntariado estaba sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.

Asimismo, en todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron que no recibían atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización. Aunque manifestaban que se estaban rehabilitando de alguna adicción.

El informe destaca que se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos en los domicilios allanados. También, que varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual el Comité articuló su reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.

Según lo expresado por el Comité, para garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes que se encuentran en Remar, dado que no viven en situación precaria o de hacinamiento, se solicitó que las sedes continúen en funcionamiento y que el juzgado designe veedores en cada provincia así como la intervención del Ministerio de Salud de la Nación.

“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos”, ordena el oficio judicial. Asimismo, establece que los veedores deberán relevar otros establecimientos no allanados pero también gestionados por Remar.

El magistrado menciona que está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas “lo que determina la necesidad de garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de las personas imputadas u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.

Los veedores deberán informar al juez sobre el estado de situación de los espacios, de las víctimas y eventuales responsables que pueden estar o no imputados en la causa.

Según publicó Diario Río Negro, el 3 de octubre de 2022 ya se habían producido dos allanamientos con motivo de denuncias por trata de personas en sedes de Remar en las localidades de Fernández Oro y Neuquén. Allí se rescataron a dos mujeres, víctimas de trata. Sin embargo, en los medios, la organización declaró que ellas se encontraban allí por voluntad propia.

Acorde a la web El Litoral, Remar es una organización que posee conexiones en Sudamérica y Europa, por lo que los fondos obtenidos, se envían a la República Oriental del Uruguay, donde son dolarizados, para posteriormente ser enviados a España, lugar donde se ubica la sede central de la Fundación.

El exfutbolista Gabriel Batistuta se defendió públicamente por medio de la red social Twitter de las denuncias que recibió por parte del gremio de trabajadores rurales debido a que supuestamente tiene en uno de sus campos trabajadores “mal pagados” y que están viviendo en “condiciones deplorables”.

“Estas son las 35 casas para uso de nuestro personal rural y sus familiares, construimos una casa por año, se invirtió en la escuela caminos energía eléctrica y pantallas solares. Nuestros trabajadores se enrolan conforme a derecho de la LCT y del estatuto del peón rural”, escribió Batistuta en una primera publicación, acompañado de varias fotos de su estancia.

Y en un segundo comentario agregó que siempre respetó las normas y los convenios con los sindicatos para tener todo en regla por lo que no entiende qué fue lo que incumplió: “Respetamos los convenios sindicales contamos con un médico laboralista y una licenciada en seguridad e higiene de industria permanentemente para verificar las condiciones de todo el establecimiento. Esas imágenes es hoy dentro del campo ¿Todo esto y más, es incumplir?”

ESTAS SON LAS 35 CASAS PARA USO DE NUESTRO PERSONAL RURAL Y SUS FAMILIARES , CONSTRUIMOS UNA CASA POR AÑO , SE INVIRTIÓ EN LA ESCUELA CAMINOS ENERGIA ELÉCTRICA Y PANTALLAS SOLARES .NUESTROS TRABAJADORES SE ENROLAN CONFORME A DERECHO DE LA LCT Y DEL ESTATUTO DEL PEÓN RURAL. pic.twitter.com/NYGf4qlSeP

— Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

Presentación

Como contó El Litoral este miércoles, una inspección del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) detectó ciertas irregularidades en la condiciones laborales de empleados de la firma Batistuta & Batistuta en el distrito Los Amores, extremo norte santafesino.

El delegado regional del gremio, Martín Fortuna, explicó a este medio la situación hallada en el establecimiento que pertenece al exgoleador.

Denunciaron a Batistuta por explotación laboral en un campo de Santa Fe

Según este testimonio se trató de un relevamiento de rutina, con el registro como corresponde y aclararon que hay denuncia, “solo una presentación” en la Secretaría de Trabajo de Reconquista.

El sindicalista aseguró que todos los trabajadores “estaban registrados, lo que sí con la categoría mínima de peón general, y le falta el pago de las horas extras de sábado a la tarde y domingo cuando hacen guardias, no le están pagando el 100 %”.

En cuanto a las condiciones de vivienda consignó que “no son dignas. Tiene una chapa agujereada, humedad” y apuntó a la “falta de entrega de ropa de trabajo”.

Una inspección del sindicato de trabajadores rurales (UATRE) en un campo de Reconquista, que pertenece al exjugador Gabriel Batistuta, derivó en una grave denuncia. Te contamos todo en esta nota

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores indicó que una denuncia anónima alertó a una inspección que se acercó a uno de los campos que el ex goleador tiene en Reconquista.

Concordia: procesaron a tres empresarios por explotación contra 200 personas

El secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, denunció que en una inspección en uno de los campos que el ex goleador argentino Gabriel Batistuta tiene en Reconquista, Santa Fe, detectó una escena “indignante” y con trabajadores “en condiciones deplorables”.

El gremialista señaló que “hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía”.

Voytenco describió: “Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables”, dijo y agregó: “Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver”, lanzó.

Embargaron por $ 71 millones a Gabriel Batistuta por no pagar el impuesto a la riqueza

En este sentido, el Secretario General de UATRE puntualizó que en el campo de Batistuta se encontraron “siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable”.

El año pasado, Batistuta fue noticia por su negativa a pagar el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, decisión por la cual fue embargado por la Justicia en $71 millones. Para el futbolista, ese aporte “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”

Los cargos implican captación y acogimiento de víctimas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente

La fiscal federal de Concordia, Josefina Minatta, apeló en las últimas horas la falta de mérito dictada el pasado 31 de marzo pasado a un empresario imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado contra al menos 190 trabajadores rurales dedicados a la cosecha de arándanos, y pidió que fuera procesado al igual que otros tres empresarios.

Se trata del presidente de la firma Extraberries S.A., que de acuerdo a la investigación explotaba los campos donde ocurrieron los hechos denunciados.

El juez federal Pablo Andrés Seró fue quien dictó el procesamiento de los tres hombres, el presidente de la empresa Eureka SRL y dos capataces, tras considerarlos responsables del mismo delito en calidad de autores, y a su vez dispuso el embargo de bienes de sus bienes hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos cada uno.

Los hombres se encuentran imputados de haber intervenido en la captación y acogimiento de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de provincias del norte argentino, para explotarlos laboralmente en campos de Concordia para la cosecha de arándanos.

Según la investigación, y según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las víctimas eran convocadas en su mayoría por una persona a quien conocían por haber realizado otros trabajos con él.

Desde la terminal de ómnibus de esa ciudad eran trasladados en micros -cuyos pasajes luego les descontaban del salario- hasta la zona de las fincas en la provincia de Entre Ríos.

Una vez que arribaban al lugar, la mayoría de las promesas que les habían realizado no se cumplían y eran alojados en lugares inhabitables sin luz, con precarias instalaciones eléctricas y sin baños. En su declaración, algunos de los trabajadores dijeron estar a las órdenes de Eureka SRL.

La investigación, según se informó, es el resultado de la unificación de seis causas originadas por denuncias presentadas entre los años 2013 y 2017, acumuladas porque involucran a las mismas personas imputadas.

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En el recurso planteado en las últimas horas, la fiscal Minatta destacó que “ir hacia arriba en la cadena de responsabilidades forma parte de un criterio de política criminal que está entre las facultades de este Ministerio Público” y agregó que “no se puede dejar de señalar que la propia Cámara Federal de Casación Penal compartió esta perspectiva en más de una oportunidad”.

Y citó un fallo emitido por la Sala IV del máximo tribunal penal en el marco de una causa en la que se investigaron una serie de talleres textiles que estaban relacionados con la firma Falabella SA, donde fue finalmente procesado el presidente de esta firma.

“Debe ponerse de relieve que la demanda de esclavización de los seres humanos proviene de los escalones más altos en la cadena de producción y beneficios, y es aquí hacia donde también se deben dirigir las investigaciones judiciales para alcanzar eficazmente el objetivo constitucional de erradicar el delito de trata de personas”, indicó la fiscal en el fallo.

Según la investigación, las diferentes víctimas identificadas en cada uno de los procesos refirieron ser “trabajadores golondrinas” que residían en condiciones de hacinamiento en los distintos lugares utilizados por los imputados, y explicaron que se encontraban alejados de zonas urbanas, en condiciones precarias, ya sea en galpones o en viviendas en construcción, con filtraciones de agua, baños de madera tipo letrina y habitaciones construidas en madera.

De acuerdo a los testimonios, la explotación laboral de esas personas habría consistido en trabajo no registrado en la cosecha de arándanos, con jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados. No se les proveía la vestimenta de trabajo ni elementos de seguridad acordes a las tareas, les descontaban el valor de la comida y de los pasajes de traslado, y no les otorgaban recibo de haberes ni les efectuaban aportes previsionales.

Las personas explotadas tenían prohibido trasladarse a sus lugares de origen, se les retenía documentación personal y les prohibían salir cuando tenían problemas de salud, bajo amenazas de ser despedidos, así como también hablar con otras personas.

Según declararon las víctimas, los acusados imponían en este contexto sanciones a aquellas personas que expresaban su voluntad de renunciar, tales como no darles comida, no pagarles y hacerlos caminar distancias extremadamente largas.

El conductor de televisión Marcelo “Teto” Medina y otros detenidos de la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir” fueron trasladados esta mañana a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, para ser indagados en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento de rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.

Marcelo “Teto” Medina y otras 16 personas fueron detenidas durante este jueves en una serie de allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y hoy a las 7.30 algunos de ellos fueron trasladados en móviles policiales hasta la fiscalía que conduce Daniel Ichazo para prestar declaración.

Uno de los trasladados fue el ex integrante del programa VideoMatch, que pasó la noche en la comisaría 1 de Berazategui donde ingresó ayer a las 15 tras ser detenido por la mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Su abogado Adrián Tenca rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque “es absolutamente inocente”.

Detienen al “Teto” Medina: lo acusan por asociación ilícita y reducción a la servidumbre

“Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización”, dijo Tenca ayer a la prensa.

Agregó además que Medina “tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno”.

También Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”, dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes en recuperación de adicciones “es absolutamente descabellada”.

Biondi dijo que hoy analizaría el expediente para diagramar la defensa de su cliente, que al igual que Medina pasó la noche detenido en la comisaría 1 de Berazategui.

“Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido”, sostuvo el abogado ayer a la prensa.

Rescataron a trabajadores que habían sido traídos principalmente del Noroeste del país para trabajar en la extracción de resina y que habitaban cabañas en condiciones de vulnerabilidad.

Ayer, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres”, en conjunto con otras Unidades de la Fuerza, tras avanzar con las pesquisas y con conocimiento de Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de Los Libres, allanaron cuatro estancias y dos empresas (vinculadas a la administración de las mismas) a fines de constatar las condiciones de insalubridad denunciadas a través de la línea 145 de asistencia y denuncia por trata de personas.

Rescatan a una familia víctima de explotación laboral en un campo del sur de Santa Fe

Los registros se efectuaron en cinco inmuebles ubicados en la provincia de Corrientes y uno en Misiones donde los uniformados rescataron a 73 personas (entre ellos tres menores de edad) que trabajaban en la actividad de extracción de resina y encontraron indicios de explotación laboral y personal trabajando sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene.

Rescatan a 40 personas víctimas de explotación laboral en La Rioja

Ante esta situación, se secuestraron documentos de interés para la causa y los teléfonos celulares de los responsables de los lugares, quienes quedaron supeditados a la causa.

Para la realización del operativo, el personal de la Fuerza contó con el acompañamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Asimismo, participó un equipo de intervención multidisciplinaria para la contención de las víctimas compuesto por profesionales y representantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata diseñado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Delegación NEA), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, AFIP Delegación Corrientes y Paso de los Libres, entre otros.

Tras una inspección del RENATRE, Ministerio de Trabajo de la Nación, UATRE y el Comité se formuló una denuncia que derivó en un allanamiento y el rescate de una familia en el sur de Santa Fe.

El miércoles 6 de abril se realizó una fiscalización de forma conjunta en un establecimiento de cría de animales en el sur de la provincia de Santa Fe, departamento Rosario, en la localidad de Piñero.

Detectan explotación laboral en una finca tabacalera de Jujuy

De la misma participaron la Delegación Santa Fe Sur del RENATRE, la Agencia Territorial Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación, la UATRE y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

Rescatan a 40 personas víctimas de explotación laboral en La Rioja

En dicha inspección se relevaron 3 trabajadores, de los cuales dos habían tomado conocimiento mediante aviso de ofertas laborales en las redes sociales, y tras comunicarse con el teléfono de contacto fueron trasladados por el titular del establecimiento con un transporte de su propiedad. Al llegar al destino, los trabajadores advirtieron que ninguna de las condiciones de empleo ofrecidas fue cumplidas.

Durante la fiscalización se confeccionaron actas de inspección de Indicios de Explotación Laboral de los organismos intervinientes, al corroborarse que los trabajadores estaban sin registrar y sin percibir remuneración alguna. Uno de los trabajadores que estaba allí desde hacía un mes, no tenía jornadas ni días de descanso y era sometido a diez horas de trabajo diarios. Trabajaban y vivían en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento dentro de dos containers, casi sin alimentos y sin agua potable para el consumo y aseo personal. Carecían además de elementos de higiene y seguridad. También se encontraba en el establecimiento la familia de uno de los trabajadores, con tres niños muy pequeños viviendo en esas mismas condiciones y en un contexto de absoluta hostilidad, violencia y agresión de la patronal hacia los trabajadores, a quienes se amenazaba de forma constante para que no escapen del lugar.

Fue en esas circunstancias que el Delegado de la Dirección Operativa del Comité, realizó la llamada al 145. Inmediatamente intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que derivó la causa a la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario. Éstos solicitaron y dispusieron de manera inmediata el allanamiento y rescate de los trabajadores y sus familias, y convocaron al Programa Nacional de Rescate y al Punto Focal de Santa Fe. El allanamiento se realizó el día jueves 7 del corriente, donde se dispuso la detección de una personal titular del emprendimiento agrícola ganadero, además del rescate de las personas explotadas.

La investigación derivó de una denuncia realizada por una hija de la víctima quien señaló que tenía sospechas de que a su madre la mantenían privada de su libertad en una casa de la ciudad balnearia argentina.

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Luego, raíz de la información brindada por parte de Interpol Uruguay, la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata a cargo de Laura Mazzaferri tomó competencia e intervención del hecho.

La mujer fue rescatada del interior de un vivienda ubicada en el barrio San José en la calle Dorrego al 2900 en un procedimiento solicitado por el juez Santiago Inchausti, informó La Capital de Mar del Plata. En ese lugar funciona una especie de playón de estacionamiento con una vivienda al fondo.

Durante el operativo la Policía logró rescatar a la mujer y detener al principal implicado, un hombre de 70 años, mientras que además secuestró el teléfono celular, ropas y pertenencias de la víctima.

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La víctima habría sido retenida con el objeto de no solo de someterla a explotación laboral y realizar tareas domésticas sino también para apropiarse de sus haberes jubilatorios. El cuerpo de inteligencia de la Policía Federal pudieron rescatar a la mujer en momentos en que lograba salir del domicilio.

Los policías se pusieron en contacto discretamente en contacto con ella y corroboró la situación en la que vivía en el lugar. Tras reunir más pruebas, la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata encabezó el procedimiento junto con la oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A su vez, desde la dependencia municipal le garantizaron un lugar en un hogar de tránsito para que permanezca alojada.

Fue a partir de una denuncia presentada ante el Comité Ejecutivo de lucha Contra la Trata de Personas.

El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas recibió una denuncia donde se manifestaba que en un predio donde se cultiva tabaco ubicado en la ruta 44 del departamento de Monterrico, provincia de Jujuy, trabajarían niños menores de entre 12 y 16 años y varios trabajadores y trabajadoras que serían explotados laboralmente.

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A partir de la denuncia el Comité Ejecutivo, por intermedio de su Delegada en la precitada provincia, coordinó un operativo para fiscalizar el establecimiento tabacalero junto con autoridades del RENATRE, de la UATRE, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación y la Policía Federal Argentina.

Directora ONG condenada a 15 años de prisión por explotación sexual

De la fiscalización se pudo constatar que los trabajadores percibían salarios muy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que realizan extensas jornadas laborales que superan ampliamente las 8 horas permitidas por la ley y que vivían en su lugar de trabajo en condiciones deplorables. Sólo para mencionar un ejemplo se pudo constatar que una familia tenía que recorrer 200 metros desde su habitación para llegar a una letrina, no poseían ni agua ni luz eléctrica.

Además, el empleador les descontaba de su salario la comida que tenían que comprar al patrón de la finca y el alquiler de la habitación. Además, los trabajadores le manifestaron a los inspectores que no se les permitía ir al baño mientras trabajan. También había menores de edad que realizaban tareas bajo las mismas condiciones detalladas. Ante este contexto, las autoridades presentes realizaron la denuncia a la LINEA 145 quién dio intervención a la Fiscalía Federal de Jujuy a cargo de Federico Zurueta.

El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete, viene coordinando acciones con los distintos organismos con poder de policía para fiscalizar con el objetivo de combatir y erradicar la explotación laboral en sus diversas formas, denunciando ante la justicia todas aquellas situaciones de explotación que lleguen a su conocimiento. Además, coordina la asistencia a las víctimas con los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales que correspondan.

El allanamiento se produjo en el marco de una causa por trata y explotación laboral en el ámbito rural.

A pedido de la Fiscalía Federal No. 2, a cargo del Dr. Santiago Ulpiano Martínez, los inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación realizaron un operativo en la zona rural de la localidad de Stroeder (ubicada en la Provincia de Buenos Aires) con la intervención de la Policía federal Argentina (delegación Viedma) y el Comité Ejecutivo para Lucha contra la trata y explotación de personas, a través de su delegada Evangelina Castro.

Tres allanamientos por delitos informáticos y presunta trata de personas

Al llegar se pudo constatar la presencia de tres personas de ambos géneros, que eran sometidas a explotación laboral y sometidas a vivir en condiciones inhumanas, seguidamente la jueza a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, Dra. María Gabriela Marrón, actuó con la premura que la situación requería librando orden de allanamiento, generando la articulación de las distintas agencias del Estado para rescatar, asistir y proteger a las tres víctimas

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La correcta articulación de la Fiscalía, Juzgado Federal, Policía Federal Argentina, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas y el Programa Nacional de Rescate, logró el rescate de las víctimas, en el mismo procedimiento tres ciudadanos, quedaron imputados en la causa.

Por medio del operativo se pudieron constatar extensas jornadas laborales, salarios adeudados, retención de documentos de identidad, falta de condiciones básicas de higienes y seguridad y un entorno completamente degradante e inhumano, tal como lo demostró la falta de agua potable o las precarias viviendas construidas con chapas y nylon.

Los trabajadores fueron rescatados y entrevistados por Programa Nacional de Rescate y se comenzaron a arbitrar las medidas para asistir a las víctimas.

Se encontraban en condiciones de explotación, carentes de agua potable, sanitarios y luz eléctrica. Entre ellos, había un menor de edad. Hay dos detenidos

El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, ordenó el allanamiento de una finca ubicada en Concordia. Allí rescataron a personas, entre ellos un menor, que eran explotadas laboralmente. Hubo dos detenidos.

Rescatan a dos menores bolivianos cuando eran llevados para trabajar en un campo

El operativo fue a instancia de una solicitud de la fiscal Josefina Minatta. En el predio, conocido como El Duraznal, encontraron a ocho personas, incluida un niño de 13 años, trabajaban en condiciones infrahumanas.

Rescatan en altamar a dos niños aferrados al cadáver de su madre

Las víctimas, oriundas de la provincia de Misiones, se encontraban en condiciones de explotación, carentes de agua potable, sanitarios y luz eléctrica. Vivían en carpas precarias hechas con toldos de naylon negro y puntales de madera. Dormían sobre colchones que eran elevados del piso con troncos y comían en condiciones precarias.

En el operativo intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos y el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) de Gendarmería Nacional Argentina, de Concordia.

Fueron detenidos, en ese contexto, el dueño y el patrón de la estancia.

Agentes de AIC junto a otras fuerzas y organismos provinciales y nacionales, intervinieron en el rescate de una familia que era explotada laboralmente en una zona rural de la localidad de Humberto Primo.En la mañana de este martes 10 de agosto se realizó una inspección en la zona rural de Humberto Primo, del departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe, donde los agentes detectaron la presencia de un grupo familiar que habitaba un campo donde desarrollaban labores vinculadas a la actividad ganadera, y verificaron la existencia de precarización y explotación laboral.

En el lugar se encontraban presentes la Subdirectora de la Agencia de Investigación Criminal, Directora de Policía Doris Abdala, y la Directora de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Comisario Supervisor Analía Noval.

Interviene en la Causa la Fiscalía Federal a cargo interinamente del Dr. Jorge Gustavo Onel.Del procedimiento en conjunto participaron el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificas por el Delito de Trata de Personas; la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores; la AFIP/DGI; el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.