Al menos 13 personas murieron y unas 40 resultaron heridas tras una serie de explosiones y un incendio devastador en una fábrica de fuegos artificiales en la localidad de Mundathikode, cerca de Thrissur, en el estado de Kerala, en la India.

El incidente se produjo el martes alrededor de las 15:30, tan solo dos días después de otro similar en el sur de la India: el domingo, 25 personas perdieron la vida en una explosión similar en una planta de fuegos artificiales en Virudhunagar, Tamil Nadu.

El estallido en Mundathikode ocurrió mientras decenas de trabajadores se encontraban en plena producción, en la previa de las celebraciones de Pooram, uno de los festivales más importantes de Kerala.

El fuego se propagó rápidamente y provocó una serie de explosiones que arrasaron con la estructura de la fábrica.

De los ocho cobertizos que se encontraban en el lugar, cinco quedaron completamente destruidos. Tres de ellos almacenaban grandes cantidades de material explosivo, indicó el diario The Hindu.

At least 13 people were killed and 17 others were injured in an explosion at a fireworks storage site in Mundathikode, Thrissur district, Kerala, India 🇮🇳 (21.04.2026)Disaster_News pic.twitter.com/I0Mulewlgg

Las imágenes del lugar muestran densas columnas de humo y escenas de desesperación mientras los equipos de rescate intentaban asistir a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Las autoridades indicaron que cinco de los heridos se encuentran en estado crítico. Una víctima sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo, mientras que otras cuatro sufrieron quemaduras en aproximadamente el 70%.

Según indicó el medio NDTV, en el lugar se recuperaron siete cuerpos intactos y se encontraron múltiples restos humanos esparcidos hasta a unos 200 metros de la fábrica, en un campo de arroz. Se están realizando pruebas de ADN para confirmar las identidades de las víctimas.

El gobierno de Kerala declaró el incidente como una calamidad estatal y anunció indemnizaciones para las familias de las víctimas.

El jefe de la policía del estado de Kerala, Ravada A Chandrasekhar, declaró que se armó un equipo especial para investigar la explosión.

“Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa exacta del accidente”, sostuvo.

Preocupación por la seguridad en la industria de fuegos artificiales

La tragedia de Kerala reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las fábricas de fuegos artificiales, especialmente en épocas de festividades religiosas, cuando la demanda se dispara y la presión sobre los trabajadores aumenta.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio y si la planta cumplía con las normativas vigentes.

El antecedente reciente en Tamil Nadu profundizó la preocupación y puso el foco en la necesidad de controles más estrictos para evitar nuevas tragedias.

La explosión de un calefón en una casa de San Lorenzo y Ricchieri, macrocentro de Rosario, motivó la intervención de bomberos que en el domicilio encontraron a una persona sin vida, al parecer como consecuencia de ese siniestro.

Personal de Zapadores, de Voluntarios, del Sies y la Policía acudieron pasadas las 21 a una vivienda luego de un estallido en el patio, aparentemente seguido de un incendio en ese sector, aunque al arribo ya no se encontró fuego en el domicilio, informaron fuentes de bomberos a Rosario3.

No obstante, se halló un calefón quemado y “todo indica que explotó y hay una persona muerta por quemaduras”, deslizaron las fuentes, en medio de la conmoción de los vecinos del barrio.

Esa cuadra de San Lorenzo a la altura del 2800 permanecía cortada al tránsito de manera preventiva mientras continuaban los trabajos en el lugar, donde intervenía también la Policía de Investigaciones (PDI).

Esta semana en Sauce, la localidad de Corrientes, ocurrió un trágico episodio en plena carrera de equitación: dos caballos murieron en ese mismo momento. En principio, se cree que hayan tenido una sobreexcitación, pero la Justicia está llevando adelante una investigación.

Los caballos que murieron eran una yegua de un stud de Esquina, llamada Alma Mía y otra de Sauce, llamada Esperanza. Gerardo Cabral, Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes, informó “El primer estudio veterinario precisa que sufrieron una sobreexcitación y explotaron sus pulmones”.

Se está realizando una investigación para dar con la causa de la muerte de ambos animales. El Fiscal explicó: “Ya se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos tales como jeringas y medicamentos veterinarios”. Lo que se sabe en principio es que habría sido por una sobreexcitación.

Gerardo Cabral dijo que esas muestras ya se encuentran en un laboratorio para saber qué tipo de sustancia les aplicaron. “Si se han utilizado estupefacientes, tiene una pena máxima de 5 años, así que si encontráramos cocaína o alguna otra sustancia, podría agravarse la situación”, indicó.

El Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes Gerardo Cabral precisó que "el primer estudio veterinario precisa que sufrieron una sobreexitación y explotaron sus pulmones"

Cabral adelantó que "ya se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos tales como jeringas y medicamentos veterinarios".

"En síntesis, los animales tuvieron una sobredosis, y sus pulmones explotaron", precisó.

"Las muestras ya están en laboratorio porque es importante para saber qué tipo de sustancia le aplicaron a los animales. Si se trata de Opio o cocaína podría agravarse la situación", adelantó el Fiscal. Además reveló que están procediendo a identificar a los dueños de los equinos para formalizar la imputación.

El procedimiento se realizó tras varios meses de investigación a partir de una denuncia.

Además, fue detenida una mujer y se secuestraron celulares, posnet, dólares, pesos argentinos y documentación de interés para la causa.

Siete mujeres fueron rescatadas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Río Grande, Tierra del Fuego. Ocurrió el marco de una investigación que se llevó a cabo en tres domicilios de la ciudad.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos dependientes del Escuadrón 62 de Gendarmería Nacional, en conjunto con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Ushuaia.

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Tras ser rescatadas las siete mujeres, todas ellas mayores de edad, fueron contenidas por un equipo interdisciplinario dependiente de la Comisaria de Género y Familia. En tanto, una mujer quedó a disposición de la Justicia, acusada de liderar dichas actividades.

Según informaron los medios locales, los gendarmes concretaron las pesquisas a partir de una denuncia que fue realizada ante el Juzgado Federal, a cargo de la jueza Mariel Borruto, en la que tomó intervención el Fiscal Federal Marcelo Rapoport.

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Las investigaciones duraron varios meses y durante las mismas los uniformados reunieron elementos probatorios para sostener que en los domicilios investigados se realizaban actividades en infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Con los datos recabados, los gendarmes realizaron allanamientos en tres viviendas de Río Grande, en una de las cuales funcionaba un prostíbulo y donde fue detenida una mujer que quedó incomunicada y a disposición de la Justicia.

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Además se secuestraron celulares, un posnet, dólares, pesos argentinos y documentación de interés.

Además, se indicó que no es la primera vez que en ese domicilio se descubren actividades relacionadas con la prostitución, ya que, en agosto de 2017 se hizo un allanamiento donde fueron encontradas cinco mujeres, junto a algunos clientes que estaban en el lugar.

43 mujeres de Argentina, Paraguay y Bolivia en septiembre de 2021 denunciaron a la organización ultraconservadora católica Opus Dei ante el Vaticano por trata de personas, explotación y reducción a la servidumbre.

Ahora, la orden religiosa en la Región del Plata -que incluye Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay- ha anunciado la creación de una “comisión de escucha y estudio”, aunque dicen hacerlo por “una motivación moral y no jurídica”.

“Creemos que es necesario un ámbito que permita comenzar a sanar lo que haya que sanar”, explica a BBC Mundo la oficina de comunicación del Opus Dei sobre la creación de la comisión. Al ser preguntada por las acusaciones, la orden afirma que no tiene “ninguna notificación de denuncia por parte de las autoridades eclesiásticas”

“Al finalizar el periodo de escucha y estudio, la comisión presentará sus conclusiones y recomendaciones al vicario regional, para que se tomen las decisiones oportunas”, agregó. Las mujeres, que no han acudido aún a la justicia ordinaria a la espera de reunir más testimonios, según su abogado, reclaman una reparación económica y un reconocimiento público de la Iglesia.

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Sus historias tienen puntos en común: fueron reclutadas entre familias de bajos recursos cuando tenían entre 12 y 16 años y las llevaron a Buenos Aires en las décadas del 70, el 80 y el 90 con la promesa de darles educación.

En cambio, denuncian, recibieron capacitación en tareas domésticas y las hicieron trabajar gratis para miembros de alta jerarquía y sacerdotes de la obra fundada por el cura español y santo Jose María Escrivá de Balaguer.

La denuncia presentada ante el Vaticano asegura que “hubo un plan proselitista” y que “lo hicieron con el conocimiento y consentimiento de las personas que ostentaban las facultades de organización y control”.

“No ha habido ninguna denuncia laboral formal en los últimos 40 años”, replica el Opus Dei al ser preguntado por BBC Mundo. “Y tampoco desde que se han realizado las acusaciones públicas, habiendo transcurrido casi un año (desde las denuncias) y a pesar de que la Prelatura siempre estuvo a total disposición de la Justicia”, agrega.

BBC Mundo no obtuvo respuesta del departamento de prensa del Vaticano ni de otras instituciones de la iglesia católica en Roma.

Alicia Torancio, una de las 43 mujeres denunciantes, se muestra reacia a colaborar con la comisión creada por el Opus.

“¿Cómo esperan que alguien vaya a denunciar el abuso y explotación al que lo abusó y explotó?”, dice a BBC Mundo.

Torancio entró a la obra detrás de una hermana mayor que hoy también es una de las denunciantes.

Estuvo 13 años. Entró en 1994 con 16 y salió en 2007, con casi 30. Ahora, a los 44, las marcas de lo que padeció siguen presentes.

“Los últimos seis años estuve sumergida en una depresión terrible, ellos me trataron con psiquiatras de la obra y tuve un intento de suicidio. Me decían que esa era mi cruz, lo que tenía que pagar por los pecadores, y que con mi sufrimiento estaba sosteniendo las labores apostólicas. Sólo me dejaron ir cuando no servía más para trabajar”.

“A partir de ahora tu familia es el Opus Dei”

Torancio nació y creció en Mercedes, a casi 700 kilómetros de Buenos Aires. A los 10 años, mientras los hermanos varones se quedaban a trabajar en el campo con su padre, peón rural, a ella y a sus hermanas las mandaron a casa de unos familiares en la capital argentina para terminar la escuela primaria y después emplearse como servicio doméstico.

Por una de sus hermanas mayores, que ya trabajaba allí, supo de un centro de formación para mujeres. “Te ofrecían algo tentador, porque era una casa donde podías vivir y de paso tener una capacitación”, cuenta a BBC Mundo.

Ahí llegó Élida, la primera Torancio en entrar al Opus Dei como numeraria auxiliar, la categoría más baja de pertenencia a la obra, la de las “mucamas”.

Torancio no quería ser del Opus Dei. Pero a los 15 años y a través de su hermana consiguió trabajo en una residencia de varones perteneciente a la obra. Como estaba sola en Buenos Aires, le ofrecieron alojamiento en la residencia de mujeres donde estaban todas las chicas que estudiaban en el Instituto de Capacitación en Estudios Domésticos, el ICIED, “la escuela de mucamas”.

“Cuando llegás ahí te empiezan a hacer la cabeza. Te dicen que tenés vocación para ser santa, que podés aportar al mundo a través de tu trabajo y que vas a ayudar a cambiar el mundo. Y yo era muy idealista”, se lamenta.

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A los tres meses escribió la “carta de admisión” a las autoridades de la obra: un escrito de puño y letra en el que manifestaba su vocación. Una vez que la aceptaron, dejó de cobrar por su trabajo y tuvo que empezar a vivir de un día para el otro con las reglas del “plan de vida” de los miembros: despertarse a las 6 de la mañana, bañarse con agua fría, rezar, estudiar textos de Escrivá de Balaguer y trabajar el resto del día, pero ya sin pago.

“Te dicen que le ofrecés tu trabajo a dios. A mí me preocupaba que ya no iba a poder mandarle dinero a mis padres. Me dijeron: ‘Ya no tenés que preocuparte por tus padres. Ahora tu familia es el Opus Dei'”.

En ese momento le designaron también una directora espiritual con la que debía charlar a diario, y le sumaron la obligación de confesarse una vez a la semana con un sacerdote.

Recibió también una liga de alambre con puntas, el cilicio, y un látigo con un manojo de sogas trenzadas y enceradas, la disciplina, junto con las instrucciones de uso: llevar el alambre ajustado a la pierna dos horas al día y rezar dándose latigazos en la espalda una vez a la semana. Todavía tiene las cicatrices del cilicio en el muslo.

“Te convierten en una máquina”

Con la admisión tuvo que ir a la “escuela de mucamas”. Era como una secundaria, pero de sólo tres años y sin título oficial. Tenían clases de cocina, limpieza, costura, modales. La escuela era de 2 a 7 de la tarde. Los padres de algunas de las chicas pagaban una pensión. Las que no podían, como Alicia, sentían la responsabilidad de trabajar más para compensar que no pagaban.

“Te cortan los vínculos con tu familia y con el (mundo de) afuera, pero además tenés prohibido hacerte amiga de alguna de tus compañeras. Tampoco podía compartir con mi hermana. Te observan todo el tiempo y enseguida te llaman la atención”.

El control, dice, se ejercía a través de la “corrección fraterna”: todas observan a todas e informan de todo lo que ven a las directoras, que las corrigen. “Te convierten en una máquina”. Cada tanto, una vez al año o cada año y medio, la dejaban viajar dos o tres días a visitar a sus padres. Tenía que hacer un pedido especial; a veces le decían que sí y a veces que no. Cuando le daban permiso, tenía que ir acompañada por otra chica.

“Te infantilizaban todo el tiempo. Tenías que pedir permiso para las cosas más tontas y no tenías dinero para manejarte”. El resto del año se podía comunicar por carta o teléfono. Las cartas, tanto las que mandaba como las que recibía, se abrían y leían primero por la directora espiritual, asegura Torancio.

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Los traslados entre centros del Opus Dei eran compulsivos, incluso entre provincias y países. A los 20 años mandaron a Torancio a Laya, la residencia de numerarias auxiliares más grande del país, al lado de la sede central de la organización y “centro de estudios” por el que pasan todos los miembros varones y donde también están las máximas autoridades. Queda en la Recoleta, el barrio más caro de Buenos Aires.

La sede central es un gran edificio de nueve pisos de alto. A un costado está el edificio de la servidumbre. Se pueden ver desde la calle las ventanas tapadas que no permiten mirar el exterior ni que el interior se vea desde afuera.

A través de una conexión en el subsuelo, con doble puerta, pasan a trabajar al edificio de la sede central todos los días -en horarios específicos para evitar cruzarse con los varones-. Allí tienen la cocina, el planchero, la tintorería, la sala de lavado y además limpian las habitaciones y espacios comunes, como el oratorio, salas de conferencia, comedor y living. También cosen, bordan y hacen lo que haga falta. Allí Torancio cumplió la mayoría de edad y dio el paso definitivo como miembro del Opus Dei: la Fidelidad, que es la incorporación de por vida con compromisos de castidad, pobreza y obediencia.

Ese paso es para todos los miembros célibes, que no pueden casarse y son los que ocupan las casas de la obra: los numerarios y numerarias, que son los de alta jerarquía y son profesionales de clases medias y altas; y las numerarias auxiliares, que son las mujeres de origen pobre que sirven y atienden a los demás. Es el caso de Alicia.

Por encima de todos ellos hay una cúpula de religiosos, pero son sólo un 2% de los miembros en el mundo.

La Fidelidad implica el rito de ponerse un anillo como símbolo de unión a la obra y el compromiso de pobreza, que incluye entregar todo lo que se posee y se recibe: sea un regalo o el salario en el caso de quienes trabajan fuera de las casas.

“Si Jesús y los grandes santos soportaron tanto dolor, cómo no lo vas a soportar vos” A los 22 años, a Torancio la nombraron jefa de cocina de la sede central: era la responsable del menú, las compras y el servicio para los 100 hombres que vivían allí. Ahí empezó su crisis: “Era demasiada presión y empecé a estar mal”, recuerda.

En el Opus Dei hay un manual para todo. Y cualquier cuestionamiento a lo que se vive se aborda como una duda vocacional que tiene respuesta estandarizada: “Cualquier duda vocacional era abordada por la institución como un problema psicológico/psiquiátrico con el consiguiente suministro de psicofármacos para neutralizar la voluntad”, dicen en la denuncia al Vaticano las 43 mujeres.

Los psiquiatras y psicólogos son siempre miembros del Opus Dei. A Alicia la llevaron primero a una psiquiatra que le dijo que no tenía nada y que fingía su depresión. “Lo que te dicen siempre es que si Jesús y los grandes santos soportaron tanto dolor, cómo no lo vas a soportar vos”.

Consiguió que la llevaran con otra psiquiatra que decidió tratarla. “Enseguida me dieron pastillas, pero siempre era algo que hacía efecto al principio pero después volvía a caer. Llegué a tomar siete u ocho pastillas por día. O más. Era una zombi y pesaba 45 kilos porque no podía comer. Caí en un pozo y empecé a tener ideas suicidas”. Fueron seis años así.

“Yo no lograba levantar. Estuve tan mal que en un momento le pidieron permiso a mi familia para tratarme con electroshock, pero por suerte dijeron que no”.

Después de una sobredosis de pastillas, estuvo internada en un psiquiátrico y recién ahí le dieron permiso para irse a casa con su familia. Ahí empezó a madurar la decisión de irse.

“Fijate el lavado de cabeza que te hacen que yo les decía que me iba porque era mala imagen para ellos. Sentía que no servía, que había fallado a dios. Eso es lo que te dicen”.

Cuando volvió de Corrientes escribió la “carta de dispensa”, porque así como para entrar, también se necesita permiso para dejar el Opus Dei. En los dos casos se hace a través de un escrito de puño y letra que se envía al Prelado, la máxima autoridad de la organización, que reside en la sede central, en Roma.

Es un edificio a pocos kilómetros del Vaticano. Allí se centraliza el control de los 68 países en los que la obra está presente. Cuando se fue del Opus Dei, con casi 30 años de edad, Torancio sólo tenía una valija y una bolsa con unas pocas cosas personales. Se fue a Corrientes, a casa de sus padres, porque no tenía nada.

De los 13 años que estuvo dentro del Opus Dei, dice que nunca ganó dinero por ni una de las horas trabajadas. No estaba contemplado pagarles. “A nosotras no nos decían que estábamos trabajando. Nos decían que nos estábamos santificando, que lo que Dios nos pedía era servir y que así estábamos ayudando a transformar el mundo”.

“No te podías quedar ni con un centavo” Recién en 2005, con cambios en la legislación laboral argentina, el Opus Dei empezó a hacer un pago a las numerarias auxiliares: “Nos hacían firmar un recibo, nos mandaban a cobrar por cajero automático y luego teníamos que entregar todo a las directoras. No te podías quedar ni con un centavo”, dice Alicia, que cumplía así el voto de pobreza al que obliga la obra.

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Por eso, le quedaron los dos últimos años de aportes jubilatorios. Por los otros 11 años que estuvo no tiene ni registro de su paso por allí.

“Ellas eran miembros del Opus Dei. Los católicos encarnan los valores del Evangelio de diversas maneras. Los miembros del Opus Dei lo hacen desde su trabajo y en la vida diaria. Para las numerarias auxiliares, esa llamada desde el trabajo se concreta en su elección profesional del cuidado de las personas y actividades ligadas a la Prelatura”, explican a BBC Mundo desde la organización.

“Ese trabajo, como cualquier otro, está remunerado”, dice. Respecto del régimen laboral, dicen que “el Opus Dei se adaptó a las leyes vigentes de cada época”.

“El trabajo que desarrollan las numerarias auxiliares en los centros del Opus Dei se ajustó a las leyes vigentes en cada época”.

“Tienen que reconocer públicamente lo que hicieron con nosotras”, reclama Torancio. “Hay mujeres mayores con muchos problemas de salud por tanto trabajo y que ni siquiera pueden jubilarse”.

El mejor atleta de la historia británica, Mo Farah, reveló en un documental que fue víctima de tráfico ilegal de personas y que ingresó al Reino Unido con una identidad falsa, para luego ser forzado a trabajar como esclavo en el seno de una familia.

“La verdad, no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah”, explicó el cuádruple campeón olímpico en una extensa entrevista sobre su vida que será difundida mañana en la cadena BBC.

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Farah, que tiene en la actualidad 39 años, contó en el documental haber recibido el nombre de Mohamed Farah por parte de una mujer que lo llevó al Reino Unido, explicándole que se uniría a familiares, desde Yibuti, país de África Oriental, cuando tenía nueve años.

El atleta, que logró un doblete de triunfos en los 5.000 metros y 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Río en 2016, reveló que se llama en realidad Hussein Abdi Kahin. Su padre fue asesinado en la guerra civil de Somalia cuando él tenía cuatro años.

Su madre y sus dos hermanos viven en la región separatista de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional.

“La verdad es que nací en Somalilandia, al norte de Somalia, con el nombre de Hussein Abdi Kahin. Pese a lo que he dicho en el pasado, mis padres nunca vivieron en el Reino Unido”, añadió Farah, según consignó la agencia de noticias AFP.

Antes, había contado que nació en Mogadiscio, capital de Somalia, y llegó al Reino Unido en 1993 a los 10 años con su madre y dos de sus hermanos para unirse a su padre informático.

A su llegada al país europeo, la mujer que lo acompañaba “rompió y tiró a la basura” el papel en el que figuraba la dirección de sus familiares, relató.

Farah, primer británico en ganar cuatro títulos olímpicos en atletismo, contó también que fue obligado a limpiar la casa y a cuidar a otros niños en una familia británica si quería “tener para comer”.

“Si quieres volver a ver a tu familia algún día, no digas nada”, lo amenazaron. “Muchas veces, me encerraba en el baño y lloraba”, confió.

Pese al temor, un día terminó por revelar la verdad a su profesor de educación física, Alan Watkinson, que se había dado cuenta de sus cambios de humor cuando se entrenaba en la pista. Después se fue a vivir a la casa de la madre de un “amigo” que “se ocupó verdaderamente” de él.

“El único lenguaje que parecía comprender era el de la educación física y del deporte”, señaló Watkinson a la BBC. “Lo único que podía hacer para alejarme de esta situación era salir y correr”, confió Farah.

Through this documentary I have been able to address and learn more about what happened in my childhood and how I came to the UK. I'm really proud of it and hope you will tune into @BBC at 9pm on Weds to watch. pic.twitter.com/rqZe41gFm8

— Sir Mo Farah (@Mo_Farah) July 11, 2022

En julio del 2000, el profesor pidió la ciudadanía británica para el atleta.

Antes de estas revelaciones, abogados cercanos al atleta le habían prevenido que corría el riesgo de que se le retirara la nacionalidad británica con sus revelaciones sobre “falsas declaraciones”.

Sin embargo, el campeón olímpico no será juzgado en el Reino Unido, según indicó hoy el Ministerio de Interior británico.

“Ninguna causa judicial será iniciada contra Sir Mo Farah y sugerir lo contrario es falso”, confirmó a la AFP un portavoz del Home Office.

Farah regresó a Somalia en 2003 y después creó una fundación con su esposa para construir pozos de agua y suministrar una ayuda alimentaria y médica en el este de África.

El atleta explicó que fueron sus cuatro hijos lo que lo empujaron a desvelar la verdad de su pasado.

“Lo escondí durante tanto tiempo, que era difícil, ya que no quieres enfrentarte a ello y a menudo mis hijos me hacían preguntas (…). Y tienes siempre una respuesta para todo, pero no la tienes para esto”, explicó.

“Esa es la razón principal por la cual cuento ahora mi historia, porque quiero sentirme una persona normal y no alguien que esconde algo” afirmó quien en 2013 fue condecorado con la Orden del Imperio Británico y en 2017 recibió la distinción Knight Bachelor por su contribución al atletismo.

Farah, que le puso a su primer hijo Hussein, como un guiño a su verdadera identidad, concluyó: “Pienso a menudo en el otro Mohamed Farah, el chico del que tomé la identidad en aquel avión, y espero que esté bien”.

Megaoperativo policial y desbaratamiento de una red de trata sexual en pleno centro de CABA a partir de una denuncia formulada por el Comité.

Una consulta realizada al Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, organismo público dirigido por Gustavo Vera, derivó en una denuncia judicial y una investigación que culminó en un importante despliegue de la Policía Federal en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del mismo, durante la madrugada del martes 26 de abril de este año, se logró desarticular una red de trata que funcionaba en Av. Corrientes al 1900, posibilitando el rescate de 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres que eran privados de su libertad.

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La Dirección Operativa del Comité había recibido, el día 28 de enero del corriente año, un mensaje denunciando la existencia en un edificio de departamentos cito en Av. Corrientes al 1900 de los cuales varios eran “subalquilados a mujeres” para ejercer la prostitución, se detallaba además un movimiento constante de personas que ingresaban a los departamentos, e incluso la presencia de menores.

Tres allanamientos por delitos informáticos y presunta trata de personas

Tras la orden de allanamiento de los inmuebles donde funcionaban los prostíbulos y el domicilio de una mujer encargada de administrar los pagos, agentes federales del Departamento Trata de Personas realizaron nueve allanamientos simultáneos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

La envergadura del operativo ameritó una amplia cobertura mediática, en la que se consignó que la denuncia había sido realizada a través de la línea telefónica 145, de atención gratuita, la que ha posibilitado innumerables operativos de esta naturaleza tanto en el ámbito urbano como rural, si bien en este caso en particular la comunicación inicial se produjo a través de un mensaje directo a la línea de WhatsApp del Comité.

Las ocho personas rescatadas fueron contenidas por personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Esta presentación se enmarca en las funciones que por ley competen al Comité, que incluye la de desarrollar acciones eficaces para perseguir y desarticular redes de trata (artículo 22 inciso b de la Ley 26.364 (modificada por Ley 26.842).

El Grupo CyTA (Ciencia y Técnica Argentina) pidió un debate sobre este tema para evitar caer ante una “falsa antinomia entre desarrollo y ambiente”. Este martes el Gobierno apeló el fallo que paraliza la exploración.

Científicos argentinos respaldaron este martes la explotación de hidrocarburos offshore en el Mar Argentino y pidieron un debate sobre este tema, para que se evite caer ante una “falsa antinomia entre desarrollo y ambiente” que prive al país del acceso a un recurso para la transición energética y que evite el gasto en importación de combustibles al que debe apelar cada año el país.

Una veintena de científicos que integran el Grupo CyTA (Ciencia y Técnica Argentina) publicaron este martes un documento en el que pusieron a consideración los aportes positivos de una explotación “soberana y ambientalmente responsable de nuestros recursos naturales”, como el caso de los no convencionales en nuevas áreas del Mar Argentino a entre 300 y 400 kilómetros de las costas bonaerenses.

“Decidimos salir con este documento porque consideramos quees necesario construir una alternativa a las posiciones enfrentadas de desarrollo y ambientalismo. Es una falsa disyuntiva porque hace falta un desarrollo sostenible que obviamente contemple la seguridad el cuidado del ambiente, pero resolver la ecuación ambiental con la reducción de la metas de dióxido de carbono debe contemplar las necesidades de cada país”, dijo a Télam el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.

Argentina sanciona a empresas por exploración y explotación ilegal de hidrocarburos

“Argentina debe cumplir con sus compromisos pero así también sus deudas sociales. Necesitamos un ambientalismo que contemple las necesidades de nuestro país”, destacó el actual presidente del directorio de YPF-Tecnología (Y-TEC).

Según el informe, el debate en torno a la explotación de los recursos no convencionales también se dio en su momento con el desarrollo de Vaca Muerta pero hoy, una década más tarde, demostró haber sido el yacimiento que permitió sostener y aumentar la producción de gas y compensar el continuo declive de los recursos convencionales.

“Sin esa decisión Argentina enfrentaría hoy un escenario energético muchísimo más complejo, con mayor dependencia de la importación de recursos energéticos y su principal consecuencia: aumento de la pobreza”, señaló el informe que firmaron académicos de distintas ramas como Adrián Paenza, Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt, Ana Franchi, Andrea Gamarnik,; Andrés Kreiner, Carolina Mera, Cristina Carrillo, Diego Hurtado, Dora Barrancos, Juan Pablo Paz, Marcelo Ruiz y Osvaldo Uchitel, entre otros.

Explotación offshore, factor para el desarrollo

“Si bien la explotación offshore en el mar es más costosa que la explotación en el continente, resulta en un tiempo razonable mucho más económica que importar gas natural licuado para luego regasificarlo e incorporarlo a la red de distribución, como cada año estamos obligados a hacer”, agregó el documento.

En el mismo se sostuvo que “la futura explotación offshore de gas y petróleo puede y debe convertirse en un factor importante para el desarrollo de otros campos y aspectos que en conjunto sostienen la soberanía del país”.

Al respecto, Savarezza dijo que los combustibles fósiles “seguirán siendo utilizados por décadas mientras se avanza en.la transición” y que el gas natural “es mucho menos contaminante que el carbón, el diesel oil o el fuel oil, que hoy queman las usinas térmicas cuando falta gas y que se debe importar a un costo muy alto en dólares”.

De hecho, según datos del Banco Mundial, la producción de energía termoeléctrica por estas vías emite 40% más de dióxido de carbono que con la quema de gas natural, al tiempo que la Comisión Europea está proponiendo al Parlamento Europeo que considere al gas natural como el camino más adecuado y económico para llegar en el corto plazo a la economía del llamado hidrógeno azul que se produce mediante el “reforming” del gas con la posterior captura, almacenamiento o transformación del dióxido de carbono en productos de mayor valor.

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“En 2021 nuestro país importó alrededor de 5.000 millones de dólares en combustibles y lubricantes para cumplir con las demandas de este sector en un escenario de restricción de divisas. Argentina requiere de mayor capacidad de producir energía si pretende sostener el crecimiento de su industria y generar más puestos de trabajo, sostener el transporte y brindar acceso a la energía a sus hogares”, destacó el informe.

Jorge Geffner, infectólogo e investigador del Conicet, fue uno de los científicos que firmó la adhesión al documento con la idea de que la explotación de recursos offshore sea debatida para encontrar el modo de “compatibilizar condiciones ecológicamente aceptables con un desarrollo económico que incluya este tipo de actividades”.

“Vamos a ir a una postura en la que se respeten normas de seguridad pero que, en un país con 40% de pobreza, no nos podemos privar de recursos que podrían servir para combatirla”, aseguró Geffner a Télam, a la vez que sostuvo que “no se puede renunciar a una actividad que puede generar una importante cantidad recursos para combatir la pobreza, aunque es lógico pedir máximas seguridades. Hay que empezar a charlarlo”.

Actualmente, la producción de gas natural constituye más del 50% de la matriz energética de la Argentina y si bien la contribución de energías renovables (eólica y solar, hidroeléctrica y bioenergía) llegaron en 2021 al 13% del total de energía consumida en al país, aún se está lejos del 20% comprometido para el 2025.

Actualmente, un consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell obtuvo la autorización del Estado para invertir casi US$ 800 millones y realizar los estudios de exploración sísmica frente a Mar del Plata.

Sin embargo, el viernes último, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas, fallo que fue apelado por el Ministerio de Ambiente.

El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el intendente Guillermo Montenegro y distintas organizaciones ambientales, y ordenó la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de la ciudad balnearia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Las presentaciones judiciales realizadas por Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular intentaban frenar la decisión del Gobierno nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Autorizaron la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata

El magistrado señaló tres puntos que motivaron el sentido de la resolución

“Las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de ‘máxima publicidad’, que las obliga en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, sostiene el juez.

También señala “que la autorización estatal sobre el proyecto de exploración se habría desencadenado de manera súbita, cuando se encontraban suspendidos los plazos administrativos a la espera de los informes de distintas reparticiones estatales”

El juez indica que el proyecto pretende desarrollarse en una zona costera cercana a Mar del Plata. “Ello -explica- justifica el interés reforzado del Municipio de General Pueyrredón en la suerte del proyecto a realizarse, atento las consecuencias que podrían derivar hacia la industria de la pesca y del turismo de Mar del Plata los eventuales impactos ambientales derivados de la exploración y posible explotación hidrocarburífera en la zona”.

“Este interés también se reflejó en la audiencia pública, donde la mayoría de los participantes fueron vecinos de esta ciudad, según puede constatarse de las actas obrantes en las actuaciones administrativas”, continúa.

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Y advierte: “Cabe señalar que esta intervención ‘institucional’ del Municipio no se vería satisfecha con la instancia de la audiencia pública, la que tiene por objeto promover un ámbito de participación ‘ciudadana’. Aquí se trata, vale aclararlo, de la participación del municipio en tanto ‘sujeto político de existencia necesaria’, como lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia, que posee un rol en la dinámica federal que no puede ser desatendido”.

Finalmente, Martín resuelve hacer lugar a la medida cautelar y ordena “la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA: CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)” dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos”.

Además, hace saber a la empresa Equinor Argentina SA “que atento lo resuelto en el día de la fecha, deberá ABSTENERSE de iniciar las tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones”.

Sobre el cierre del año, el Gobierno habilitó la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata. Así lo confirmó mediante la Resolución 436/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional avanzó con la denominada “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina”, que estaba siendo analizado desde hacía varios meses y fue criticada por agrupaciones que luchan contra el cambio climático. Las autorizaciones aplican para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración off shore “CAN 100″, “CAN 108″ y “CAN 114″, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL.

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CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 km frente a la costa de la Ciudad de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 km.

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Así las autoridades nacionales concluyeron la “suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” de esta iniciativa y aprobaron el proyecto de la empresa noruega Equinor, la cual “deberá dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

En este sentido, se aclaró que la firma estará obligada, por ejemplo, a “presentar el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación”. Si no cumple con esto, “será susceptible de aplicación del régimen disciplinario establecido en el Título VII de la Ley N°17.319 y la Ley N°25.675″.

Además, el Poder Ejecutivo señaló que todas las modificaciones que pudieran ocurrir “en cuanto a la organización, permisos y responsables, en forma previa al inicio de actividades y que a la fecha de esta resolución no sea posible precisar, incluyendo la constancia de aprobación del respectivo Plan Nacional de Contingencias (PLANACON), deberán ser informadas” con antelación.

Lo mismo aplica para los cambios relativos al alcance y características del proyecto o del Plan de Gestión Ambiental, en cualquiera de sus etapas, como los referidos a “la ventana temporal de trabajo, la extensión del área de operaciones, al buque sísmico y su derrotero, y a la tecnología, arreglo o características acústicas de las fuentes sísmicas, entre otras”.

En los considerandos de la Resolución publicada este jueves, el Gobierno buscó justificar esta autorización argumentando que la empresa que realizara el trabajo ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y documentación complementaria.

“Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, declaró el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez reafirmo que – “se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”.

El titular de la Secretaría de Energía desestimó además las críticas de organizaciones ambientalistas. La producción de off shore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación, afirmó.

Esta Declaración de Impacto Ambiental junto con la medida adoptada por el Estado Nacional, a través del Decreto 870/21, de autorizar la prórroga por hasta dos años del primer período exploratorio de los permisos otorgados en el marco de la Ronda 1, que incluye el Área Can 100, CAN 108 Y CAN 114, auguran un fuerte impulso de la actividad off shore. Martínez aseguró que la producción offshore “es una fuente importantísima en reservas gasíferas, que representan el 18 % del gas que consumimos en nuestro país”.

También resaltó que “desarrollar las áreas off shore es también tener una política energética federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y de esta forma entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción”.

Cabe destacar que no se han registrados ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de off shore en Argentina, agregaron fuentes de Energí,

“Desde la Secretaría de Energía, y en sintonía con un Gobierno Nacional responsable y comprometido, vamos a verificar que todas las operaciones en el marco energético, se desarrollen con las más exigentes normas internacionales de cuidado ambiental”, dijo Martínez y agregó que “este es un paso fundamental para poner en valor los recursos hidrocarburíferos que cuenta el lecho marino argentino y con ello, la reafirmación de la soberanía sobre nuestro territorio marítimo”.

La decisión fue ampliamente repudiada por grupos ambientalistas, cámaras empresarias del sector pesquero y hasta dirigentes políticos que alentaron a protestar en contra de la decisión presidencial.

Frente a los reclamos desde la cartera de Cabandié indicaron a través de la la resolución 436/2021 que le exigirán a Equinor Argentina “dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.

Aún así, la organización Greenpeace alertó que “existen 100% de probabilidades de que ocurran derrames” ante la explotación petrolera y que “resultaría inevitable que el petróleo llegue a las playas implicando una verdadera condena para las comunidades costeras y sus medios de vida”, indicaron.

Los océanos son vitales para asegurar la vida en el planeta y nuestra supervivencia. ❌No vamos a permitir que la industria petrolera se adueñe de nuestro mar y lo destruya❌ @AmbienteNacion @juancabandie #MarArgentinoSinPetróleo pic.twitter.com/SK84RzFOn8

— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 30, 2021

Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones desde la región china de Xinjiang como forma de presión hacia las empresas fabricantes para que demuestren que sus productos no son hechos en contexto de explotación.

Lo hizo a través de la firma de una ley que fue aprobada la semana pasada por el Senado y, desde allí, enviada a la Casa Blanca para que el mandatario le dé el visto bueno final y, de esa forma, ponerle un freno a las condiciones de trabajo forzoso.

De acuerdo al comunicado estadounidense, los productos y biene que dejarían de importarse por ser fabricados en un contexto de explotación laboral serían el algodón en bruto, los guantes, los productos de tomate, el silicio y la viscosa, las artes de pesca y una serie de componentes de la energía solar.

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Al mismo tiempo, la legislación exige a los organismos gubernamentales que amplíen su vigilancia sobre el uso del trabajo forzoso por parte de las minorías étnicas de China. Lo más importante es que crea la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado.

Pero este movimiento de Estados Unidos no significa la primera acción que se toma respecto a esta situación: grupos de derechos humanos reportaron una vigilancia sin precedentes a los uigures, de mayoría musulmana, en la región de Xinjiang, que incluye seguimientos de ADN y operaciones de inteligencia artificial para reconocer y monitorear rostros.

Además, el Gobierno del país norteamericano ya anunció que no enviará ningún representante a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing como protesta contra los abusos que se denuncian en esta región china.

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Por su parte, activistas, testigos y el gobierno de Estados Unidos dicen que más de un millón de uigures y otros musulmanes permanecen cautivos en campos de concentración en un intento de desarraigarles de sus tradiciones islámicas y asimilarlos por la fuerza. Desde Pekín describe estos sitios como centros de entrenamiento vocacional y asegura que su objetivo es reducir el riesgo de que se esparza el radicalismo islámico, tras una serie de ataques mortales.

La División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas rescató a estas personas e identificó a dos jóvenes que las habían captado.

Un total de 41 personas, entre ellas un menor, fueron rescatadas por la Policía de Salta en el marco de una investigación por trata laboral en una finca de la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia, informaron fuentes policiales y gubernamentales.

La División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas rescató a 41 personas e identificó a dos jóvenes que las habían captado.

La investigación se inició con el abandono de 22 jóvenes que habían sido captadas en la provincia de Chaco, entre ellas un menor, a la vera de la ruta nacional 34.

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Luego intervino la fiscalía federal descentralizada de Tartagal, que ordenó un allanamiento en una zona rural de la ciudad de Tartagal, donde se constató la presencia de otros 19 trabajadores, en su mayoría integrantes de una comunidad originaria del departamento salteño Rivadavia.

Los investigadores pudieron comprobar que estas personas estaban alojadas en dos campamentos precarios en los que no tenían aseguradas las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral, como así tampoco los elementos para satisfacer sus necesidades básicas, en un estado de extrema vulnerabilidad.

Las víctimas de trata fueron rescatadas y trasladadas a un camping de la ciudad de Tartagal, donde fueron asistidas.

Los investigadores continúan trabajando en torno a la identidad del propietario de la finca donde las personas fueron rescatadas.

Las fuentes consultadas destacaron que las víctimas son “un grupo de varones que recibieron una propuesta de trabajo para realizar despale en Tartagal, lo que incluía una serie de cuestiones a cumplir por parte del contratista”

“Pero cuando llegaron al lugar, se incumplió con todo lo que estaba previsto e incluso fueron amenazados por la persona que los contrató, por lo que decidieron pedir ayuda a la línea nacional 145”,detalló la fuente.

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Ante la situación, tomo intervención la Fiscalía Federal de Tartagal, junto a la División de Prevención y Lucha contra la Trata de la Policía de Salta y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata de la Secretaría de Derechos Humanos.

Participaron también el Área de fiscalización de AFIP y la Dirección de Fiscalización de la Secretaria de Trabajo de la provincia, mientras que para el seguimiento y la asistencia de las personas se articuló con el Punto Focal de Chaco, área referente ante el delito de trata.

“Junto al área Social del municipio de Tartagal, se brindó contención a las personas y se coordinó su regreso a su provincia de origen, a través del punto Focal Chaco, organismo con el que se trabaja en red para prevenir y asistir antes situaciones de trata de personas”, señaló Laura López Ahanduni, responsable de la Oficina de Rescate.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezará este martes el lanzamiento Plan de lucha contra la trata y explotación de personas, que comprende 100 acciones a desarrollarse durante el corriente año dentro del plan bienal 2020-2022 en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.

El acto se realizará a las 11 en el Salón Norte de la Casa Rosada y tomarán parte también los ministros de Justicia, Martín Soria; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y Seguridad, Sabina Frederic; y el presidente del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera.

Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado y tienen como objetivos mejorar cualitativamente la asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata mediante el establecimiento de cupos de reinserción laboral en el ámbito del Estado, informaron fuentes oficiales.

También contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los planes de apoyo, la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad, y la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras acciones.

Asimismo, comprende la reparación mediante bienes incautados a las redes de trata ad referéndum de la sentencia judicial definitiva y el fortalecimiento y puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para disponer de los bienes decomisados en beneficio de las víctimas de trata, añadieron las fuentes.

El plan además pone el foco en la profundización de las investigaciones sobre las redes de trata, siguiendo la ruta del dinero con la colaboración activa de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las investigaciones y querellas ante la justicia, para establecer las conexiones entre los delitos de trata y lavado de activos, a fin de promover ante la justicia el decomiso de los fondos de estas redes para reparar a las víctimas de explotación.