Morena Rial publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales luego de recuperar la libertad tras ser excarcelada por la Justicia. La hija de Jorge Rial está involucrada en una causa por un presunto robo en Villa Adelina y, por primera vez desde entonces, decidió expresarse públicamente.

“Quiero comunicarles que como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al momento de excarcelarme, y por el compromiso que tengo con mi papá Jorge Rial, mi hermana, mis hijos y mis abogados del estudio del doctor Pierri, mantengo mi decisión de no dar declaraciones a la prensa”, escribió Morena.

En el mismo texto, hizo una autocrítica y reconoció errores: “He hablado mucho con mis abogados y sinceramente pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días. Aprendí mucho y sigo aprendiendo”.

También reveló que está en tratamiento psicológico: “Estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”. Y valoró el acompañamiento de la Justicia: “Destaco la preocupación de la jueza de garantías, que viene siguiendo de cerca mis tratamientos. Este control me hace muy bien y agradezco la contención de mis abogados, mi familia y los profesionales que me están ayudando”.

Sobre los chats filtrados en la causa, Morena apuntó contra un abogado al que calificó como “poco profesional”: “Sé perfectamente quién es. Estoy a disposición de la Justicia y me presentaré junto a mis abogados cuando sea citada. Más allá de lo que se interpreta en esos mensajes mezclados, daré mi testimonio en ese momento. Yo respondo solo por mí, no por los demás imputados”.

Por último, agradeció a sus abogados con nombre propio: “Agradezco profundamente a @alejandro_cipolla por su excelente desempeño, y por eso lo sigo eligiendo junto a @pierrimiguelangel”.

A un día de que el juez Ricardo Acosta dispusiera su excarcelación extraordinaria, y tras acordar el cumplimiento de los exigentes requerimientos del fiscal Patricio Ferrari, Morena Rial recuperó la libertad este jueves por la noche.

El juez y la fiscalía acordaron dejar que Morena Rial vaya a vivir a la casa de su hermana Rocío, donde podrá reencontrarse con su bebé Amadeo, ya que el pedido del juez se basó en la necesidad de alimentar al pequeño que tiene la hija de Jorge Rial.

Hacia las 21.20 la puerta de la Comisaría 7ma de San Isidro se abrió y de allí salieron algunos agentes junto a la joven, a quien escoltaron hasta un automóvil que la esperaba para llevarla hasta la casa de su hermana Rocío, ubicada en Zapiola al 2100, en el barrio porteño de Colegiales.

🚨MORE RIAL QUEDÓ EN LIBERTAD👉Así fue la salida de la hija de Jorge Rial de la comisaría. pic.twitter.com/7v34fAYzjh

Consultada por la prensa sobre lo que sentía tras conseguir la ansiada libertad, Morena se limitó a reir y luego decir: “Chau, gracias. No puedo hablar”. El que sí se refirió a los hechos fue su abogado, Fernando Burlando que habló con Rodolfo Barili.

Burlando se refirió a una de las condiciones que le puso el fiscal Ferrari a Morena, por la cual le prohibía que conduzca autos propios o ajenos. “Esa condición no va a ser necesaria”, dijo el abogado, que reconoció que era algo “interesante”.

“Decidió el juez de esta manera y la fiscalía consintió esta postura y nosotros abrazamos la decisión de ambos”, dijo Burlando, que negó saber si Jorge Rial iba a estar presente cuando llegara Morena a la casa de su hermana.

El pasado 30 de julio, una joven de 22 años, identificada como Melody Daiana Castillo, sufrió un ataque de epilepsia mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control de su Chevrolet Agile y atropellara a un hombre de 71 años en la ciudad de Corrientes. El trágico incidente ocurrió alrededor de las 17:30, cuando Castillo, acompañada por una amiga, transitaba por la calle Saladillo, cerca de Virgen de Itatí.

La víctima, Estanislao López Insfran, fue arrollado mientras cruzaba la calle, resultando en un impacto que lo lanzó contra un poste, causándole la muerte instantáneamente. En las últimas horas, se han difundido las imágenes del trágico accidente.

El vehículo que conducía Castillo también colisionó con un Chevrolet Astra, cuyo conductor resultó herido tras el choque. 

Posteriormente, la amiga que acompañaba a la joven explicó que Castillo sufría de epilepsia desde los nueve años, lo que habría desencadenado el accidente.

A pesar de la gravedad del hecho, la Justicia decidió otorgarle la excarcelación a la conductora.

Antonio Daniel Roldán, el camionero que permanecía detenido por estar implicado en el accidente que se cobró la vida de Huguito Flores, su esposa y su cuñado, fue excarcelado esta mañana.

El Dr. Rodolfo Améstegui, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, le impuso a Roldán la fianza personal de dos millones de pesos. La fiscalía no se opuso a la excarcelación.

El excarcelado está acusado de triple homicidio culposo y lesiones culposas.

El juez federal Ariel Lijo le concedió hoy la excarcelación al primer ganador de la versión argentina del reality show Gran Hermano, Marcelo Corazza, quien fue detenido en una causa por corrupción de menores, y dispuso que se lo vigile con una pulsera electrónica, informaron fuentes judiciales.

Ayer, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había dictaminado que el juez “puede hacer lugar a la excarcelación solicitada” tras considerar que hay otros mecanismos para evitar que se sustraiga del proceso y advertir que están mitigados los riesgos procesales que justificarían mantenerlo privado de su libertad.

El dictamen de tres páginas, difundido ayer, lleva la firma del fiscal Carlos Rívolo y de uno de los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y fue presentado ante el juzgado federal que encabeza Ariel Lijo.

“Teniendo en cuenta el estadio procesal en que se encuentra la investigación, así como también el hecho de que el domicilio del aquí imputado se encuentra debidamente constatado y que no posee antecedentes de condenas, considero que no surgen indicios concretos de que Corazza pudiera llegar a sustraerse de este proceso”, sostuvieron los fiscales.

El magistrado le impuso la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin previa autorización del juzgado, le prohibió la salida del país y le fijó la obligación de presentarse ante el juzgado en los primeros cinco días de cada mes.

En la resolución, Lijo escribió: “En primer lugar, corresponde señalar que Marcelo Adolfo Corazza posee un arraigo suficiente que permite suponer que el peligro de fuga se encuentra neutralizado. En efecto, al momento de solicitar la excarcelación junto con su asistencia letrada, el imputado presentó copia del título de propiedad de su respectiva vivienda ubicada en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. De hecho, fue allí donde se lo había localizado en las tareas de investigación previas a materializarse su detención –en el mes de marzo de 2023-. A la vez, fue en dicho domicilio donde, finalmente, al procederse al allanamiento de la vivienda se concretó su detención. De modo que su domicilio se encuentra constatado”.

El magistrado también tuvo en cuenta el perfil mediático de Corazza: “No puede soslayarse que Corazza desempeñaba funciones laborales –con evidente antigüedad- en un medio televisivo. Y además, es cierto que se trata de una figura pública, lo que dificultaría una presunta voluntad de fuga u ocultamiento; de modo que disminuye el peligro de fuga. A ello se le suma que se encuentra reservado en esta Secretaría –producto de la disposición del anterior magistrado de grado de estas actuaciones- su respectivo pasaporte”.

“En el escenario fáctico y probatorio reunido al día de la fecha en torno a Corazza, permite afirmar que –de momento- no se encuentra medida probatoria alguna en curso que él pueda llegar a entorpecer en pos de favorecer su situación procesal”, sumó Lijo.

La semana pasada el juez Lijo amplió el procesamiento de Corazza por otro caso de corrupción de menores, informaron fuentes judiciales.

El magistrado le endilgó a Corazza otro hecho por el que lo había indagado días atrás en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta banda criminal acusada por distintos casos de abuso de menores.

“Considero que Corazza promovió la corrupción de la víctima, en tanto, a partir de sus propuestas de tinte depravado, dio comienzo a la corrupción de la víctima, que nunca había realizado acciones de ese tipo por dinero y jamás se había vinculado sexualmente con otro hombre”, sostuvo el magistrado en el fallo de más de 350 páginas.

En el expediente quedaron asentados diálogos de chat entre el imputado y la víctima en los que Corazza le requería el envío de videos personales con contenido sexual, según pudo constatar este medio.

“Al quedar corroborado que conocía la edad de la víctima, doy por sentado que Corazza tuvo conocimiento respecto de que los actos ilícitos que realizaba eran susceptibles de corromperla”, enfatizó el magistrado.

“Toda vez que la víctima tenía 17 años al momento que comenzó a desplegarse la conducta ilícita de parte del imputado, no hay dudas que debe ser admitida como tal. Por otra parte, como se observa, evidentemente las diferentes propuestas efectuadas por Corazza a la víctima fueron negativas para su normal desarrollo”, señaló.

Desde la Fiscalía Federal N°2 dictaminaron de manera favorable a la solicitud de la defensa. Resta la decisión del juez Ariel Lijo.

No es sencilla la situación judicial de Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y quien fuera productor de piso del reality show: está preso en el marco de una causa por asociación ilícita dedicada al abuso de menores y también por corromper chicos. 

Sin embargo, en las últimas horas y según confiaron fuentes con acceso al expediente, la Fiscalía Federal N°2 dictaminó favorablemente sobre el pedido que hizo la defensa para que excarcelen al ex GH. La decisión quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

“Generalmente, cuando el fiscal avala el pedido de la defensa, el juez suele aceptar eso”, especularon las fuentes consultadas por este medio. Por eso, Corazza estaría a un paso de quedar en libertad. La decisión de Lijo llegaría en las próximas horas.

Justamente, Lijo fue quien procesó a Corazza la semana pasada por otro caso de corrupción de menores por el que lo había indagado a mediados de octubre. En ese sentido, el magistrado no había modificado la prisión preventiva que el ex productor ya tenía confirmada por la cámara y que lo tiene detenido por integrar una asociación ilícita dedicada al abuso de menores. Por eso seguía preso.

Otros diez sospechosos en la causa de la comunidad de rehabilitación de adictos La Razón de Vivir también serán liberados.

La decisión fue tomada por el juez Adrián Villagra. Néstor Zelaya, el máximo líder de La Razón de Vivir, quedó detenido.

En el mediodía de hoy miércoles, el juez Adrián Villagra ordenó la excarcelación de Marcelo “Teto” Medina, acusado de ser la cabeza de marketing y principal reclutador de la organización La Razón de Vivir, que se promocionaba como una comunidad terapéutica, acusada de someter adictos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.

Medina fue liberado bajo caución juratoria. Se le impuso presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10 de la mañana, además de una restricción de acercamiento a las víctimas, así como a los lugares allanados, según la decisión judicial.

Si Medina lo incumple, volverá a una celda de la Policía Bonaerense.

Noticia en desarrollo…

Un hombre que había sido condenado a 14 años de prisión por suministro de drogas y abandono de persona seguido de muerte de una joven de 19 años en Tigre en 2017, fue excarcelado luego de que la Justicia recalificara el caso como un homicidio sin intención y le redujera a un tercio la pena.

Lo que los familiares de la joven reclaman un nuevo juicio y denuncian que el liberado vive a solo cinco cuadras de su casa, en el límite de la restricción de 500 metros que le impuso un juez para acercase a ellos.

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“El hombre responsable de la muerte de mi hija está libre y vive a 500 metros de nuestra casa. La verdad es muy angustiante. Nuestra hija fue violada y vendida como una mercancía. No entendemos cómo está libre”, exclamó en diálogo con Télam, Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz (19), cuyo cadáver desnudo fue hallado en una casa del partido bonaerense de Tigre el 5 de junio de 2017.

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El principal sospechoso, Isaías Villarreal (31), había sido condenado por el hecho a 14 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, el cual lo halló responsable del delito de “abandono de persona seguido de muerte y suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito”.

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal benefició a Villarreal luego de modificar la calificación legal del hecho a un “homicidio culposo”, que prevé una pena de hasta 5 años de prisión, lo que representó una baja en su pena.

Esa situación, le permitió al hombre de 31 años salir en libertad a comienzos de este mes, quien se mudó a 500 metros de la casa de los padres de Luna Ortiz, en el límite de la orden de restricción que impuso un juez para acercarse a ellos.

Al respecto, la mamá de Luna dijo que siente que “atemorizada” y que no recibió ninguna notificación del juzgado sobre la liberación de Villarreal.

“Esta decisión pone en riesgo a toda mi familia. Tenemos miedo por lo que puedan llegar a hacer. No estábamos enterados de que estaba libre. Tuve que llamar a la abogada hace dos semanas. Nunca fuimos notificados”, reclamó Rodríguez.

En tanto, esta mañana los padres de Luna Ortíz, acompañados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se reunieron con el juez de la Sala I de Apelaciones de San Isidro, Oscar Quintana, a quien le presentaron un escrito y le reclamaron por la realización de un nuevo juicio a Villarreal con perspectiva de género.

“Nos costó mucho que nos atienda el juez, pero queríamos escucharlo a él. Se jacta de su antigüedad en el puesto y que tiene posgrados. Tendrá eso pero está haciendo agua con la perspectiva de género. Los jueces viven en otro mundo. No se aggiornan y no terminan acompañando los reclamos de la sociedad”, reclamó el papá de Luna, Facundo Ortiz.

Además, el padre de la víctima agregó: “Nosotros estamos muy curtidos. Son muchos cachetazos del Poder Judicial. No puede ser que Villarreal sea juzgado con la misma carátula de un tipo que choca con el auto. En las leyes esto es un femicidio”.

Por último, Facundo Ortíz consideró que “es necesario llevar a cabo un nuevo proceso judicial donde se contemple la figura de violencia de género y femicidio” ya que el fiscal que se ocupó de la instrucción, Marcelo Fuenzalida, no contempló esa variable durante la investigación.

“Lo de Luna fue una muerte que no se dio en un contexto de violencia de género en el hogar. A ella la captaron, la drogaron y la mataron. Eso también es femicidio. Queremos que haya un verdadero juicio donde no se la revictimice. No entendemos cómo un tribunal dio 14 años por el abandono de persona, y a los 5 ya está libre. Pedimos perpetua”, concluyó.

El hecho fue descubierto el 5 de junio de 2017, cuando la Policía encontró muerta a Luna en una casa de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre.

La chica había sido vista por última vez tres días antes, cuando abandonó su vivienda para ir a una entrevista de trabajo en un comercio en el que buscaban a una empleada administrativa.

Ante la demora en regresar a su casa, sus padres realizaron la denuncia por su desaparición en la comisaría de la zona, donde se inició una causa por averiguación de paradero.

Finalmente, la Policía encontró el cadáver de la joven y en la vivienda fue detenido Villarreal, quien dijo que había pasado la noche con la chica tras conocerla circunstancialmente.

Villarreal reconoció que había consumido drogas y alcohol con Ortiz, pero aseguró que cuando se despertó a la mañana siguiente, la joven había fallecido.

El fiscal Fuenzalida ordenó que se realice la autopsia al cadáver y también pidió la detención de Villarreal, ante la sospecha de que le suministró la droga a Ortiz y cometió abandono de persona.

La presunción de la familia es que la joven murió tras ser drogada, alcoholizada y sometida a un abuso sexual por parte de un grupo de personas, por lo que consideraron que hubo un “femicidio”, aunque esa calificación legal fue descartada por los investigadores.

Los padres de Ortiz insisten en que hay videos de cámaras de seguridad en las que se ve a su hija salir el viernes por la noche del Casino de Tigre acompañada por este mismo hombre, y que dentro de la sala de juegos se la ve con otros hombres también.

Se trata de una decisión adoptada por el fiscal Andrés Godoy, de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) que benefició a dos ciudadanos ciudadanos peruanos y tres argentinos, todos ellos residentes en Córdoba.

Entre los detenidos ahora beneficiados con la excarcelación se cuenta el denominado ‘caso cero’, un hombre de 62 años, que todavía se encuentra internado en terapia intensiva por una “insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave”.

El fiscal Andrés Godoy resolvió otorgar la libertad a los cincos imputados por los delitos de “violación de las normas sanitarias” y “propagación de una enfermedad contagiosa“, establecidas en los artículos 202 y 205 del Código Penal, que contempla penas de entre 3 y 15 años de prisión.

Todo se inició el jueves 26 de julio último, cuando se notificó el primer caso positivo de la variante Delta en Córdoba, un viajero de 62 que provenía de Lima (Perú).

El hombre, según la causa judicial, habría violado el aislamiento domiciliario que se le había impuesto y generó un brote intrafamiliar en 35 de las 40 personas que dieron positivo de la variante Delta.

Los restantes cuatro acusados habrían mantenido contacto con el viajero y, a sabiendas de que portaba el virus y como contactos estrechos, no habrían cumplido con el aislamiento obligatorio.

La autoridad sanitaria había impuesto el aislamiento preventivo de 800 personas por ser contactos estrechos, contactos de contactos, y de burbujas escolares vinculadas con el denominado ‘caso cero’ y su entorno.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso hoy la excarcelación del empresario Lázaro Báez en la causa que se le sigue por lavado de dinero y, si bien abandonará el penal de Ezeiza, seguirá cumpliendo prisión preventiva domiciliaria, en el marco de otro expediente, según surge del fallo.

Los jueces del TOF 4 dispusieron que Báez deberá someterse al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.

Además, le impusieron una fianza de 632 millones de pesos, la obligación de presentarse al tribunal cada 15 días y la retención de su pasaporte e interdicción de expedir nuevos a su nombre, más la prohibición de salida del país.

En el mismo fallo, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado hicieron saber que la excarcelación del imputado “no se hará efectiva a tenor del arresto domiciliario, ordenado en fecha 18 de marzo del año en curso, en la causa 3017/2013” denominada “Báez, Lázaro y otros s/ encubrimiento y otros”, por lo que deberá cumplir las pautas impuestas y seguirá en prisión preventiva, pero en un domicilio.

La resolución fue adoptada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara hoy un fallo anterior en el que se le había rechazado al empresario el beneficio de la excarcelación y el de la prisión domiciliaria solicitado por su defensa, a pesar de las opiniones favorables del Ministerio Público Fiscal.

Esta mañana, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver “con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal”, que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez porque, caso contrario, al no haber oposición de la parte acusadora, debería hacerse lugar a la petición.

Además, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

El 19 de junio último, el Tribunal que juzga a Báez por lavado de activos, y tiene a cargo la preparación de otro juicio por otros hechos vinculados al mismo delito, rechazó excarcelar al empresario pese al planteo fiscal a favor de conceder el beneficio con tobillera electrónica.

“El pronunciamiento recurrido ha sido dictado en exceso de la pretensión del señor fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa”, advirtió Casación al anularlo.

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 y su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo, ante la pandemia de coronavirus.

Además, agregó que el empresario pudo ver vulnerado su derecho a la defensa al ser posible víctima de hechos de espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal de Lomas de Zamora y que podrían significar “graves violaciones a los derechos humanos” del detenido.

La acción fue promovida por la asociación Usina de Justicia. Otra ONG, Será Justicia, también rechazó las excarcelaciones masivas.

La Asociación Usina de Justicia presentó ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional una acción de amparo contra las excarcelaciones masivas de presos sin ningún fundamento ni control. En la presentación, Usina de Justicia cuestiona la acordada Nro. 5 del mencionado tribunal que insta a los jueces inferiores a tomar medidas para descomprimir la población de las cárceles con recomendaciones al respecto, lesionando -según la presentación- la independencia de los magistrados, que son los únicos que pueden decidir de acuerdo con la ley, las circunstancias del caso y el debido proceso penal.

Asimismo, destaca la entidad que el asunto debe tratarse con premura ante “la inminente conculcación de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y por la violación al principio constitucional de independencia de los jueces”. Esto “motiva la necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo, cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020”, dice el escrito.

El amparo es contra todos los integrantes de la Cámara de Casación Nacional, porque la acordada cuestionada dio directivas a los jueces para que dispongan prisiones domiciliarias indicándoles a los magistrados cómo deben actuar en sus causas, violando de esta manera el principio de independencia. La acción de amparo se basa además en que no se respetó lo previsto en la Ley de Víctimas, porque no se les dio intervención previa para que ejerzan sus derechos.

Según sostuvo Usina de Justicia en la presentación “la liberación de presos en aras de un bien sanitario es una falacia, un razonamiento falso, porque no se impide la propagación del virus liberando masivamente a los presos, ya que si estaban detenidos por orden judicial era porque habían roto la ley cometiendo delitos, y nada indica que ahora vayan a cumplirla manteniendo una cuarentena, lo que implica un nuevo riesgo sanitario para ellos, y para el resto de la población.” Y agregó “lo peor es que, bajo el lema de erradicar la superpoblación carcelaria lo que en realidad de promueve es el beneficio de la impunidad y la existencia posible (muy posible) de nuevas víctimas”. En el escrito se cita el fallo del Juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que declaró inconstitucional una acordada similar de la Cámara Federal de Casación Penal denegando la salida en un caso de un condenado por venta de estupefacientes.

Al referirse al tema, la presidente de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest afirmó: “La sociedad ve con angustia la liberación masiva de presos pertenecientes a penales federales y provinciales. Delincuentes peligrosos, autores de delitos varios, contra la vida, la integridad sexual, la propiedad, en causas de corrupción.” Asimismo, denunció que “la iniciativa es política: comenzó desde la mismísima Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de una ideología que no cree en la pena ni en el derecho penal, enquistada en muchos, que ve en el criminal un producto social, no un autor responsable de su conducta delictiva por la cual debe pagar. La excusa esta vez es el Covid-19.”

Por su parte, la asociación Será Justicia alertó que la salida de reclusos en forma indiscriminada pone en riesgo a la sociedad. A través de un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Raúl Aguirre Saravia y la vicepresidente, María Eugenia Talerico, sostuvo “en nuestros días presenciamos excarcelaciones masivas de detenidos que son enviados a sus domicilios, muchas de ellas en el marco de procesos express e irregulares. Esto resulta inédito y en ninguno de los países, incluso aquellos que registran millones de contagiados y decenas de miles de muertos, se han abierto las puertas las cárceles otorgando indiscriminadamente la libertad a miles de presos.”

Será Justicia advierte que estas medidas ponen en peligro a la sociedad toda al considerar que no se ha hecho un adecuado análisis previos de los riesgos que pueden generar las liberaciones masivas en términos de inseguridad, “exponiéndonos a todos a la peligrosa convivencia con quienes han delinquido y han sido legítimamente privados de su libertad”.

Solicitó la prisión domiciliaria porque tiene una afección respiratoria. Fue condenado a 15 años por abuso sexual y corrupción de menores.

El cura Julio César Grassi pidió prisión domiciliaria por riesgo de contagio de coronavirus. Actualmente está preso en el penal de Campana y debe cumplir 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Pese a que le quedan cumplir once años de pena solicitó el beneficio porque tiene una afección respiratoria.

En la presentación presentó su abogado a la justicia sumó además el antecedente de que en el penal hubo un caso positivo de coronavirus, se trata de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria.

En tanto, el abogado de las víctimas Juan Pablo Gallego dijo que la sentencia “está firme” y que “no hay motivo para que un violador salga a la calle”. Gallego apeló la presentación y recordó que en pocas horas “Grassi podría estar dando misa, porque la Iglesia no lo sancionó”. Además, recordó que tiene condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Además se quejó que hay irregularidades en el control de la pena.

Además de la condena por abuso sexual, Grassi tiene otra por malversación de fondos de la fundación “Felices Los Niños”y será juzgado en un tercer proceso por desviar hacia la cárcel donaciones que eran para la Fundación en 2014.

Grassi estuvo en prisión desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002 hasta que fue beneficiado con el arresto domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año. El 23 de septiembre de 2013 fue detenido nuevamente y trasladado al penal de Campana, donde está alojado desde entonces. En 2017, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Criminal de Morón le concedió el beneficio de la llamada “ley del 2×1”, le redujo la pena y fijó su salida en libertad para agosto de 2026.

Según fuentes de la defensa, los letrados basaron su solicitud de “excarcelación, libertad con medidas de coerción o, subsidiariamente, arresto domiciliario con tobillera electrónica”, en que la sentencia aún no fue revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a “la inexistencia de riesgos procesales”, y a que “se ha excedido el plazo de la prisión preventiva”.

Los defensores señalaron que existe arraigo por parte de Nahir (21), quien cumpliría la domiciliaria junto a su padre, madre y hermano en la ciudad de Paraná.

También remarcaron que este arraigo se “ve robustecido” con que la joven cursa desde hace dos años en forma ininterrumpida la carrera de Psicología.

Por ello, la defensa ofreció una “caución personal” o, en subsidio, una “real”; y pidieron que se habilite la feria para tratar la cuestión.

“Habiéndose producido la totalidad de la prueba y encontrándose la causa en instancia de apelación, ¿qué necesidad existe, después de dos años y tres meses de que mi asistida siga estando detenida sin que se avizore a ciencia cierta la fecha para que la sentencia quede firme o pueda revocarse?”, plantearon los abogados.

Luego, la defensa se refirió a la resolución de la Comisión Nacional Para la Prevención de la Tortura del 20 de marzo último en la que solicitó que se tomen medidas “preventivas, adecuadas y suficientes” ante la pandemia de coronavirus para evitar la propagación del Covid-19 en las cárceles, una de ellas, la “reducción de la población detenida”.

Y en ese sentido hicieron hincapié en el peligro que implica esta pandemia para una persona cuya expectativa de vida triplica su edad actual.

Por su parte, Nahir permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, donde fue sancionada en un par de ocasiones por problemas de conducta.

El 4 de marzo último, el STJ entrerriano ya rechazó un planteo de la defensa de Nahir para que sea impugnada su condena a prisión perpetua por el delito de “homicidio calificado por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja”.

En esa oportunidad, el defensor Ostolaza había planteado que “en relación a la violencia de género” lo actuado “contradice los estándares probatorios de la materia”, por lo que correspondía “la nulidad de la sentencia”.

Para la defensa, hubo “afectación del derecho de defensa” y “Nahir se encontró en una situación de desigualdad respecto de los acusadores públicos”.

Ostolaza sostuvo que Nahir era víctima de violencia de género pero no lo había “denunciado nunca” porque las víctimas de estos casos “no pueden dar a conocer fácilmente su condición”.

Mientras para la fiscalía, “la real víctima es el joven Pastorizzo” y que “la defensa ha querido demonizar a la víctima”.

El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera “accidental”.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú la condenó por unanimidad a prisión perpetua por considerar que “ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”.

Y este fallo fue confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

El máximo tribunal penal del país rechazó el planteo por “inadmisible” y encomendó extremar medidas de prevención, salud e higiene en la cárcel.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisible” un planteo para excarcelar al detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y encomendó extremar medidas de prevención, salud e higiene en la cárcel ante la pandemia de coronavirus.

El máximo tribunal penal del país dejó firme de esa manera la decisión del Tribunal Oral Federal 6, que rechazó excarcelar y hacer cesar la prisión preventiva del ex funcionario el 19 de marzo último, según el fallo firmado por los camaristas Daniel Petrone y Mariano Borinsky, al que accedió Télam.

Los camaristas tuvieron en cuenta que el Tribunal Oral debe resolver aún sobre un planteo de arresto domiciliario hecho por la defensa de Jaime.

Además, encomendaron al Tribunal que “arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene” en base a parámetros establecidos ya por Casación en una acordada.

La defensa oficial de Jaime había pedido la excarcelación o, en todo caso, el arresto domiciliario porque tiene 65 años y problemas de salud como hipertensión, cuadros cardíacos y respiratorios, por lo que se encuentra “dentro del denominado grupo de riesgo ante la expansión del Covid-19”.

El planteo de arresto domiciliario está ahora en trámite ante el Tribunal Oral y ya se le pidió opinión a la fiscalía, por lo cual Casación sostuvo que es en esa instancia en la cual debe plantear sus argumentos.

Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, está condenado a ocho años de prisión por la tragedia del tren de Once, pero el Tribunal Oral Federal 6 lo juzga en la actualidad en un único debate oral por cinco causas de presunta corrupción, entre ellas enriquecimiento ilícito y la compra de vagones y repuestos inservibles para el ferrocarril Belgrano Cargas. Imprimir Descargar Copiar

Un Tribunal Oral rechazó excarcelar por la pandemia de coronavirus al detenido empresario Mariano Martínez Rojas, preso en la causa por la “mafia de los contenedores” porque consideró que el Estado nacional ofrece “una respuesta adecuada y razonable” para garantizar el derecho a la salud en la cárcel.

“El sistema sanitario del Estado, aún en el marco de la población carcelaria, ofrece en este momento una respuesta adecuada y razonable tendiente a tutelar el derecho a la salud de los internos”, advirtió el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2.

Esta circunstancia es “incluso aplicable a Martínez Rojas”, agregaron los jueces Luis Losada y Jorge Zabala al rechazar la excarcelación pedida por su defensa oficial con el argumento de sus problemas de salud ante la emergencia sanitaria vigente por la pandemia de coronavirus.

“No se desconoce la situación de emergencia sanitaria por la cual transita el país, con impacto mayor en aquellas poblaciones que, por sus propias naturalezas, ofrezcan mayores riesgos de contagio como son las poblaciones carcelarias”, analizaron los magistrados.

Sin embargo, indicaron que, “a los efectos de evaluar la procedencia excepcional de una excarecelación, derivada de dicha situación” es “menester” verificar en cada caso “la excepcionalidad que la puede justificar”.

“Se ha informado que el Centro Médico del Servicio Penitenciario respectivo se encuentra adecuando las condiciones para la prevención del contagio del virus Covid-19, para la población penal y para el personal de la unidad”, argumentaron los magistrados, que, incluso, indicaron que está pautado un protocolo de actuación ante casos sospechosos.

El tribunal oral federal (TOF) 4 rechazó hoy excarcelar al empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como M&P en la que se lo investiga por lavado de dinero, aunque los jueces abrieron un incidente para evaluar su eventual encarcelamiento domiciliario ante el avance de la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.

Los jueces señalaron que la sola novedad del avance de la pandemia no constituye uno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación y resaltaron que, como habían dicho en resoluciones anteriores, permanecen vigentes los riesgos procesales que implicaría su libertad.

“En lo que respecta a la única circunstancia novedosa introducida por la defensa, concerniente a la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia ocasionada por el Covid-19, corresponde en primer lugar indicar que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación ni la parte lo encuadró normativamente”, señalaron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado.

“Sin embargo, en virtud de las circunstancias alegadas por la defensa y del pedido subsidiario de prisión domiciliaria formulado, resulta pertinente la formación de la incidencia correspondiente, a los efectos de poder tramitar debidamente dicho pedido con las comprobaciones que el caso amerite”, agregaron.

La defensa de Báez había señalado que el empresario tiene 64 años, padece hipertensión arterial, arritmia cardíaca y diabetes tipo 2, lo que era especialmente riesgoso ante un posible contagio de Covid-19.

En ese sentido, la abogada Elizabeth Gasaro sostuvo que el encierro de Báez en un establecimiento hacinado y superpoblado, lo hacían especialmente vulnerable al contagio, poniendo en riesgo su integridad física y su vida; circunstancia excepcional que debía tenerse especialmente en cuenta por ser un grave riesgo a la vida.

Ante ese planteo, el juez Costabel requirió al director del complejo penitenciario del Ezezia los testimonios completos de la historia clínica de Báez y que informe si el nombrado ha sido calificado como integrante del grupo poblacional de riesgo que pudiera presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus, y si se han adoptado medidas que garanticen la integridad física del imputado.

Además, requirió de forma urgente al Cuerpo Médico Forense que con sea designado personal idóneo para conformar una Junta médica a los efectos que examine a Báez y determine su estado actual de salud e se informe si su privación de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario podría llevar a una mejora en el tratamiento y cura de las patologías que lo aquejan.

También solicitó que se informe si se encuentra dentro de los denominados “pacientes de riesgo” en los términos de la emergencia sanitaria dispuesta en nuestro país, en virtud del virus Covid-19 (“Coronavirus”).

El fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba, se había manifestado por la opción de rechazar conceder el beneficio o la morigeración de la prisión preventiva, según el texto al que accedió Télam.

En tanto, la defensa de Báez también presentó un pedido de excarcelación ante el juez Sebastián Casanello que lo investiga por maniobras de lavado de dinero en la causa conocida como “El entrevero”, en relación al nombre de un campo, en la que está procesado con prisión preventiva.

En ese caso, el fiscal federal de instrucción, Guillermo Marijuán, presentó un dictamen en el que pidió que se le otorgue a Báez la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y estrictas medidas de control.

En ese expediente se resolvió rechazar la excarcelación pero conceder, tras el acuerdo del fiscal, la prisión domiciliaria que por lo pronto no se hará efectiva porque Báez está a disposición del TOF 4 que mantiene su detención en establecimiento carcelario.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 rechazó hoy excarcelar a José López quien permanece en prisión preventiva en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito por la que fue condenado a una pena de 6 años, tras el escándalo de los bolsos con 9 millones de dólares con los que fue descubierto.

“Se mantienen inalteradas las pautas objetivas –sobre el riesgo de fuga- analizadas al denegar en varias oportunidades los diferentes pedidos liberatorios presentados respecto de José Francisco López”, sostuvieron los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico al rechazar el planteo de la defensa.

El nuevo pedido de excarcelación formulado por la defensa de López estaba inspirado en que al ex funcionario le correspondía ser liberado, tal como le ocurrió días atrás al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por el principio de “igualdad”, algo que los jueces consideraron que “carece de asidero por basarse en situaciones procesales por demás diferentes”.

“Lejos de afectar el principio de mención, los suscritos diariamente nos abocamos a analizar los riesgos procesales que pudieran existir en el caso concreto e individual de cada solicitud de libertad que se nos presenta; arribando a diferentes soluciones de acuerdo a las particularidades de cada situación procesal”, remarcaron los integrantes del TOF 1.

López fue juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

El TOF 1 lo condenó a 6 años de prisión, una condena que fue apelada por la defensa del ex funcionario y aún no se encuentra firme.