El Gobierno de Javier Milei informó que ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias pudo revalidar la nota. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Durante una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, el portavoz precisó que ese grupo había sido convocado a rendir un segundo examen tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera evaluación.

“Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, anunció Adorni que además calificó como “absolutamente escandalosa” la diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación.

Por último, anticipó que los resultados estarían disponibles en las próximas horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación.

Luego de que se detectaran posibles maniobras de fraude en el examen realizado el 1 de julio en Parque Roca, el Ministerio de Salud decidió convocar a una nueva instancia dirigida a los 141 postulantes que obtuvieron resultados considerados incongruentes con su trayectoria académica previa. Finalmente se presentaron 117, la mayoría médicos extranjeros, a la evaluación que se llevó a cabo en el Palacio Libertad.

Para poder ingresar, los médicos aspirantes debieron presentar DNI o certificado de residencia precaria vigente con foto para poder acreditar identidad. A fin de evitar posibles irregularidades, no se permitió entrar con ningún tipo de dispositivo tecnológico: celulares, relojes tipo smartwatch, anteojos inteligentes y calculadoras, entre otros.

Al menos 22 personas, la gran mayoría de ellas estudiantes, y otras 69 resultaron con heridas de distinta consideración al derrumbarse una escuela situada en la ciudad de Jos, en la zona central de Nigeria.

La tragedia se produjo este viernes en el centro educativo Saint Academy, en la ciudad capital del estado de Plateau, en el momento en el que varios de los alumnos se encontraban rindiendo exámenes, y las instalaciones del edificio de dos pisos se desmoronaron por razones que no se habían establecido.

Por varias horas, ante la desesperación de padres, bomberos y equipos de rescate intentaron salvar a jóvenes que se encontraban atrapados entre los escombros.

Los brigadistas lograron salvar a unos 132, mientras que otros 22 fueron hallados muertos.

“Para garantizar una rápida atención médica, el gobierno ha dado instrucciones a los hospitales para que den prioridad al tratamiento sin la presentación de documentación ni pago”, declaró la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Nigeria.

Wulliya Ibrahim, un estudiante que sobrevivió a la tragedia, relató a la agencia francesa AFP que entró al aula, escuchó un ruido y que lo siguiente que recuerda fue despertar en el hospital.

"En mi clase somos muchos, estábamos rindiendo exámenes", afirmó el estudiante acompañado por su madre. 

La diputada provincial de Encuentro Republicano Federal (ERF), Betina Florito, cuestionó la decisión de la provincia de que los alumnos secundarios no tengan que rendir exámenes para pasar de curso.

“Es imprescindible que las autoridades ministeriales recorran las escuelas y dialoguen con directivos, docentes, alumnos y padres. Basta de decisiones unilaterales. Necesitamos más calidad educativa para que nuestros jóvenes tengan más oportunidades”, cuestionó la representante de Miguel Pichetto en Santa Fe.

La precandidata a gobernadora por ERF dentro de Juntos por el Cambio reiteró su preocupación por el futuro de la Educación. “Año tras año vemos como el sistema educativo pierde calidad en cuanto a los contenidos pedagógicos. No debemos bajar el nivel y la exigencia. No es bueno que los alumnos pasen de año sin alcanzar los objetivos. Así seguimos nivelando para abajo”, fustigó.

Florito acompañó a Pichetto a la presentación de las 100 ideas para gobernar

“En el diálogo permanente con docentes nos manifiestan que una gran parte de los estudiantes promociona el ciclo lectivo por solo haber asistido, no importa si no sabe leer comprensivamente, producir un texto coherente y cohesivo o realizar operaciones básicas, habilidades que debieron haber adquirido en la primaria. Tuvieron que cambiar la forma de evaluar. Tuvieron que trabajos prácticos interdisciplinarios, por trayecto o por proyecto. Dejaron de tomar lecciones orales para no al alumno; de corregir errores de ortografía, de dar tareas para el hogar, con la excusa de que ”.

Florito entiende que la función principal de la educación es la adquisición de competencias y conocimientos. “Jóvenes culminan el secundario sin las herramientas necesarias para afrontar estudios terciarios y/o universitarios. Y lo que podría ser peor, no están tampoco preparados para enfrentar el futuro laboral”, fundamentó.

“Es deber del Estado brindar educación de calidad. Y un derecho de todos. La educación debe garantizar el logro de los aprendizajes”, aseveró. “Los docentes y estudiantes vienen padeciendo las consecuencias de una educación empobrecida hace mucho tiempo. Debemos devolver a la educación el lugar de importancia que tiene para promover un futuro de oportunidades.

Para eso “no debemos privar a los chicos de la única oportunidad que tienen para salir adelante: la escuela. El lugar donde la igualdad de oportunidades es justamente que todos aprendan a leer y escribir, a comprender un texto, que desarrollen un pensamiento crítico, que puedan analizar situaciones problemáticas y que puedan expresar su opinión. Porque en educación no estamos siendo solidarios con un estudiante si le facilitamos el pase de año, aunque no haya alcanzado los objetivos curriculares y pedagógicos”.

Florito: “Basta de quema de neumáticos y pirotecnia”

Por otra parte, sobre el dictado de clases será hasta el 23 de diciembre, Florito señaló: “Existen múltiples factores que inciden en la calidad educativa. Además de la pedagogía, que se relaciona a cómo se educa, influyen cuestiones como el tipo de contenidos, las instalaciones donde se enseña, el aula o salón, el edificio de la escuela y otras”.

“¿Están preparadas todas las escuelas de la provincia para dictar clases hasta un día antes de Navidad, sabiendo las altas temperaturas de esa época del año?”

“¿Es justo que quienes se esforzaron durante el año, para cumplir con los objetivos trazados, deban concurrir hasta los últimos días del año?”, se interrogó.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial decidió que el funcionario judicial debe volver a hacer los exámenes psicofísicos, tras dos tests de alcoholemia positivos.

Luego de dar positivo por segunda vez, en menos en un año, en un control de alcoholemia en la ruta provincial N° 1, se le suspendió “preventiva y transitoriamente” la licencia de conducir a Emilio Rosatti, funcionario de la justicia federal santafesina e hijo del presidente de la Corte nacional. Ante ello, deberá cumplir nuevamente con los exámenes psicofísicos. Desde la Asociación Civil Compromiso Vial destacaron que se trata de una resolución de la Agencia Provincial de Seguridad Vial “a instancias de la Agencia Nacional, que hizo el pedido”. En es sentido, saludaron la “intervención acertada y superadora” del organismo nacional que “deja un antecedente”, ya que consideran que apunta a “erradicar las violencias y no tolerar ni minimizar conductas que son de peligro y un delito”.

El hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, dio positivo de alcoholemia y generó polémica

Cerca de las 2.30 de la madrugada del sábado 8 de enero, Rosatti conducía por la ruta provincial N° 1 cuando dio con un operativo vial, en el kilómetro 4. El funcionario judicial dio positivo en el test de alcoholemia, con 2,24 g/L de alcohol en sangre. Esa semana, Compromiso Vial cuestionó que en el procedimiento hubo un “trato preferencial” para “escoltarlo” hasta su casa y que no se le retuvo el vehículo. En ese momento, desde Seguridad Vial de la provincia desmintieron que haya habido privilegios, e indicaron que se procedió según está establecido por protocolo. También se supo que Rosatti ya había tenido un episodio similar el 13 de marzo de 2021, cuando dio 1,44 g/l de alcohol en sangre, en la misma ruta.

El 10 de enero, el tribunal de Faltas de San José del Rincón -con jurisdicción en la zona de la infracción- estableció una multa de 50 mil pesos más 36 días de retención del carnet de conducir al funcionario, que también aspira a ser juez federal. La sanción también generó críticas y ese mismo día se conoció a través de Twitter que el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, pidió que se le suspendiera el carné y se hiciera una reevaluación psicofísica.

La respuesta se dio a conocer ayer: “La Agencia Provincial de Seguridad Vial de #SantaFe (@RedSegVial) resolvió suspender su licencia y será citado para que se realice un nuevo examen psicofísico, que determinará su aptitud para conducir”, indicaron desde el Twitter de la Agencia Nacional. “Agradecemos a la APSV de Santa Fe por responder el pedido. No importa quién sea el autor del hecho, la violencia vial ya no se acepta más”, sumó Carignano, según se reproduce en el mismo hilo de tuits de la Agencia.

Desde Compromiso Vial recordaron que lo sucedido se trató de “un hecho que provocó angustia, impotencia y desesperanza entre familiares de víctimas viales y ONGs”, por lo que celebraron la intervención.

Emilio Rosatti: se conoció el monto a pagar y los días de inhabilitación por alcoholemia positiva

Mariana Sena, miembro de la ONG, hizo hincapié en que “la Agencia provincial debería haber actuado de forma autónoma e instantánea sobre la evaluación psicofísica, y quien lo hizo fue la agencia Nacional, puntualmente Carignano, quien toma conocimiento y manda una solicitud a través de la oficina correspondiente para que se evalúen las condiciones para seguir teniendo la licencia”. Y dijo que la resolución de la Agencia provincial “fue a instancias” de ese pedido. Además, consideró que el planteo de la ANSV “deja un antecedente”.

Al mismo tiempo, Sena habló sobre la sanción del tribunal de Faltas de San José de Rincón y consideró que “lo que debería suceder es que el Concejo o el mismo intendente de esa localidad tome el antecedente para volver a analizar las herramientas del tribunal para sancionar a los infractores. El escenario hubiera sido el ideal para poner en discusión el tema”, aseguró.

También habló de “incongruencias, ambigüedades y grises” en la materia. “Hay cuestiones que son minimizadas. Ni hablar de que no llegan a lo penal”, dijo sobre uno de los pedidos que vienen haciendo sobre incorporar al Código Penal los delitos viales. También dijo que 2022 “tiene que ser el año para que alcohol cero llegue a todo el país”.

En ese sentido, preguntó: “¿Realmente quieren cambiar las cosas? ¿Cuándo van a empezar a prevenir?”. Y recordó que Emilio Rosatti es aspirante a juez federal, por lo que hicieron una presentación en el Consejo de la Magistratura para que sus antecedentes en esta materia sean tenidos en cuenta. “Esa persona que tendrá que intervenir sobre cuestiones de narcotráfico, violencia, esa persona que fue encontrada manejando ebria en dos oportunidades”, lamentó.

La resolución que circuló ayer, y que según se indicó también tuvo que ver con una evaluación del área jurídica de la APSV, expresa que la medida dispuesta sobre la suspensión de la licencia de conducir “comenzará a regir una vez cumplida la sanción de inhabilitación” ordenada por el juzgado de Faltas de San José de Rincón el 10 de enero. Además, estabece que se debe notificar al Centro de Otorgamiento de Licencia de conducir para que se realice el nuevo examen psicofísico “a los fines de determinar su aptitud actual para conducir”. Y, habla de un “infractor reiterativo” que “registra antecedentes por faltas graves”.

Las evaluaciones serán los días martes 30 de noviembre, miércoles 1 y jueves 2 de diciembre en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe.

El Consejo de la Magistratura, por Resolución 038/ 21, prorrogó la fecha de las prueba de oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas, destinado a cubrir vacantes en 36 Juzgados de la provincia de Santa Fe. La decisión se debe a la necesidad reorganizar el concurso a partir de la cantidad de inscriptos.

Realizarán exámenes de oposición para cubrir 36 vacantes de jueces comunitarios

Al respecto, el subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Fernández Vigil, destacó que “es un momento importante en la historia del Consejo,  porque el último concurso de jueces comunitarios y de pequeñas causas fue en el año 2014, con 450 concursantes. Hoy hablamos de algo inédito porque son 36 juzgados vacantes, con 926 inscriptos admitidos, que rendirán el aula Moodle con un  resultado que se conocerá en el momento y  todo esto lleva una organización más compleja de lo que venimos utilizando”.

“Por este motivo, a los efectos de asegurar la organización del examen, se prorroga una semana, ya que llegan concursantes de toda la provincia para rendir, con todo la planificación y estructura que requiere esta prueba de oposición”, detalló Fernández Vigil.

La evaluación se realizará los días martes 30 de noviembre, miércoles 1 y  jueves 2 diciembre de 2021, en forma presencial, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe, ubicada en Lavaisse 610.

El examen que deberán realizar los aspirantes se realizará a través de la plataforma Moodle, el aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la provincia. Los participantes solo podrán ingresar con DNI  y la ID Ciudadana, que se generó al momento de la inscripción en el aula virtual.

Proceso para cubrir las vacantes de Defensores Adjuntos del Pueblo

VACANTES A CUBRIR >> Circunscripción Judicial Nº 1 La Criolla (departamento San Justo) La Pelada (departamento las Colonias) Llambi Campbell (departamento La Capital) María Juana (departamento Castellanos) Recreo (departamento La Capital) San Carlos Sud (departamento Las Colonias) Santo Domingo (departamento Las Colonias) San José del Rincón (departamento la Capital)

>> Circunscripción Judicial Nº 2 Acebal (departamento Rosario) Bigand (departamento Caseros) Carcarañá (departamento San Lorenzo) Empalme Villa Constitución (departamento Constitución) Fighiera (departamento Rosario) Fuentes (departamento San Lorenzo) Máximo Paz (departamento Constitución) Peyrano (departamento Constitución) Puerto Gaboto (departamento San Jerónimo) Santa Teresa (departamento Constitución) Serodino (departamento Iriondo) Puerto General San Martín (departamento San Lorenzo), Pujato (departamento San Lorenzo) Zavalla (departamento Rosario)

>> Circunscripción Judicial Nº 3 Bombal (departamento Constitución) Chañar Ladeado (departamento Caseros) Godeken (departamento Caseros) Maggiolo (departamento General López)

>> Circunscripción Judicial Nº 4 Las Garzas (departamento General Obligado) Margarita (departamento Vera) Romang (departamento San Javier)

>> Circunscripción Judicial N° 5 Arrufó (departamento San Cristóbal) Humberto Primo (departamento Castellanos) Pozo Borrado (departamento 9 de Julio) San Martín de las Escobas (departamento San Martín) Soledad (departamento San Cristóbal) Tacural (departamento Castellanos) Virginia (departamento Castellanos).

Las evaluaciones serán los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe.

El Consejo de la Magistratura dispuso por Resolución N°036/21 convocar a Prueba de Oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas destinado a cubrir vacantes en 36 Juzgados de la Provincia de Santa Fe. La evaluación se realizará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2021, en forma presencial, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe. Serán evaluados 926 participantes admitidos. La prueba consistirá en resolver un cuestionario cuyas respuestas podrán brindar opciones múltiples u optar entre verdadero o falso.

El Consejo de la Magistratura le pide a la Corte que anule los traslados

EL EXAMEN

El examen que deberán realizar los aspirantes se realizará a través de la plataforma Moodle -aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la Provincia-. Los participantes sólo podrán ingresar con DNI y tendrá una duración de 60 minutos.

El cuestionario contendrá 50 preguntas en total. Aprobarán la prueba de oposición aquellos que obtuvieren un mínimo de sesenta 60 puntos.

La calificación resultará de asignar a cada respuesta correcta un valor de 2 puntos; por cada respuesta incorrecta se descontará 1 punto, y la falta de respuesta no sumará ni descontará puntaje.

El resultado obtenido en la oposición será verificado y visualizado por cada concursante inmediatamente al concluir el examen, y sólo podrá impugnarse en forma escrita y fundada en el mismo acto por exclusivas razones de ilegalidad. Luego de ello se girará al Jurado para resolver.

Sólo accederán a la etapa de Entrevista Personal, aquellos participantes que hubieran alcanzado los primeros 5 mejores puntajes por sede.

Cómo quedará conformado el Consejo de la Magistratura

VACANTES A CUBRIR

>> Circunscripción Judicial Nº 1

La Criolla (departamento San Justo) La Pelada (departamento las Colonias) Llambi Campbell (departamento La Capital) María Juana (departamento Castellanos) Recreo (departamento La Capital) San Carlos Sud (departamento Las Colonias) Santo Domingo (departamento Las Colonias) San José del Rincón (departamento la Capital)

>> Circunscripción Judicial Nº 2

Acebal (departamento Rosario) Bigand (departamento Caseros) Carcarañá (departamento San Lorenzo) Empalme Villa Constitución (departamento Constitución) Fighiera (departamento Rosario) Fuentes (departamento San Lorenzo) Máximo Paz (departamento Constitución) Peyrano (departamento Constitución) Puerto Gaboto (departamento San Jerónimo) Santa Teresa (departamento Constitución) Serodino (departamento Iriondo) Puerto General San Martín (departamento San Lorenzo), Pujato (departamento San Lorenzo) Zavalla (departamento Rosario)

>> Circunscripción Judicial Nº 3

Bombal (departamento Constitución) Chañar Ladeado (departamento Caseros) Godeken (departamento Caseros) Maggiolo (departamento General López)

>> Circunscripción Judicial Nº 4

Las Garzas (departamento General Obligado) Margarita (departamento Vera) Romang (departamento San Javier)

>> Circunscripción Judicial N° 5

Arrufó (departamento San Cristóbal) Humberto Primo (departamento Castellanos) Pozo Borrado (departamento 9 de Julio) San Martín de las Escobas (departamento San Martín) Soledad (departamento San Cristóbal) Tacural (departamento Castellanos) Virginia (departamento Castellanos).

El Ministerio de Educación de Córdoba anunció hoy que habilitará mesas de exámenes virtuales excepcionales para que los alumnos de los dos últimos años del nivel secundario, 6º y 7º año, puedan terminar la escuela y la misma posibilidad tendrán quienes adeuden materias de otros años.

La resolución alcanza a la educación pública y privada de los niveles de la secundaria; superior; técnica y formación profesional, detalla la información que publica el sitio web de Casa de Gobierno.

De acuerdo al comunicado, las escuelas también establecerán fechas excepcionales para que los estudiantes que terminaron de cursar en 2018 o 2019 y deben materias, puedan obtener su título.

Asimismo, destaca que la decisión se adoptó en el “marco de la excepcionalidad pedagógica que impone la emergencia sanitaria” por la pandemia de coronavirus, y para “dar respuestas a la continuidad pedagógica de los estudiantes que se encuentran en proceso” de terminar la escuela secundaria obligatoria.

Con ese objetivo, se instruyó a los equipos directivos escolares para que realicen mesas de exámenes finales a desarrollarse en forma virtual, a las cuales podrán acceder, por un lado, aquellos que habiendo finalizado el cursado del último año de educación secundaria obligatoria durante 2018 y 2019, aún adeuden materias.

Y por el otro, los estudiantes que se encuentren matriculados actualmente en el último año de educación secundaria obligatoria en condición de regular y que adeuden espacios curriculares de cursos anteriores.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 24 de agosto, y los exámenes serán del 26 de agosto al 18 de septiembre.

El malestar generado por indefiniciones sobre las mesas de exámenes amigó a las distintas organizaciones. En la histórica facultad de derecho, los representantes estudiantiles elaboraron una propuesta conjunta para que se garanticen las evaluaciones tanto en modo presencial como virtual. “No queremos perder otro turno”, advirtieron. 

Mientras que el regreso a clases es motivo de discusión para la escolarización básica, en la educación superior se discute la logística para los exámenes finales de cada materia. Atentos a las distintas posibilidades, el Consejo Interuniversitario Nacional publicó un documento con sugerencias para la evaluación a distancia. Sin embargo, al ser autónomas, cada una de las 57 universidades públicas del país debe definir, por sí misma, la modalidad que le parece más adecuada.

En la Universidad Nacional del Litoral, desde el inicio del aislamiento obligatorio, se implementó la continuación de las actividades académicas en formato virtual. Por el contrario, no hubo resolución respecto de los exámenes: las mesas de del turno de mayo fueron postergadas, mientras que se discute sobre las de julio a una semana de las inscripciones. Además, el gobierno santafesino autorizó recientemente la presencialidad en las mesas de exámenes para el nivel superior, pero múltiples problemáticas dificultan el normal funcionamiento de esta modalidad.

Ante este escenario, las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se agruparon bajo una misma consigna: “¡Queremos rendir!”, expresaron ante El Litoral.

“Trabajamos en conjunto con todas las agrupaciones porque creemos que todos estamos en la misma vereda, la del estudiante”, sostuvo Rosario Reyna, del Centro de Estudiantes (Franja Morada) de la FCJS. “Decidimos que todas las organizaciones teníamos que avanzar con una propuesta unificada para reclamar en favor de las distintas realidades que conviven en el estudiantado”, agregó Jairo Santillán, consejero directivo del Movimiento Nacional Reformista (MNR).

Buscando certezas

La propuesta común contempla la implementación de exámenes mixtos: presenciales para estudiantes y docentes que puedan asistir, y virtuales, para aquellos que por distintos motivos no puedan presentarse físicamente.

“La UNL tiene un perfil regional y, en ese sentido, tenemos que atender a las distintas realidades que cada uno tiene. Muchos estudiantes tienen problemas de traslado por el mal funcionamiento del transporte, especialmente quienes viven fuera de la ciudad. Además, hay muchos que se ven expuestos porque pertenecen ellos o familiares a los grupos de riesgo. Entonces, creemos necesario garantizar el derecho a rendir atendiendo a las particularidades y de acuerdo al manejo democrático que caracteriza a nuestra universidad”, explicó Reyna.

“La situación es preocupante. No podemos perder otro turno, los exámenes determinan nuestro futuro en la carrera. Hay muchos estudiantes que hacen un gran esfuerzo junto a su familia por mantener sus estudios. Pedimos que se garanticen todos los recursos necesarios para que se cumplan nuestros derechos”, manifestó Santillán.

Por su parte, Evangelina Zarza, representante de Marea Estudiantil, consideró “necesario abarcar las distintas realidades para decidir qué formato se va a aplicar”. “Muchos estudiantes tienen escasas herramientas tecnológicas, por lo que creemos que el derecho a la educación está vulnerado al tener que transitar su carrera de forma virtual solamente bajo estas condiciones. Consideramos fundamental la discusión sobre alternativas en las modalidades de examen. Además del derecho a rendir, planteamos que se extiendan las regularidades y una beca especial de conectividad para aquellos que más lo necesitan”, agregó la joven.

“Estamos indignados, no podemos creer que haya pasado todo este tiempo sin tener respuestas. Creemos que se desaprovechó una oportunidad de implementar los medios que tenemos a disposición durante el turno de mayo. Mientras, los estudiantes seguimos sin una expectativa clara de cuándo y cómo podemos volver a rendir”, opinó Ángel Trucco, integrante de la agrupación Apertura Universitaria.

Nuevos reclamos sobre la resolución 223, donde el ministerio de Educación de la provincia habilitó volver a rendir a los alumnos repitentes. Luego del rechazo de los gremios, maestros de distintas localidades acompañan una petición que reprocha la falta de “debate pedagógico” y que plantea el “empobrecimiento de la calidad educativa”.

El ministerio de Educación provincial informó, semanas atrás, a las escuelas, sobre una serie de cambios en los procesos pedagógicos durante el período sin clases presenciales, como consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio. Las determinaciones generaron el rechazo de parte de los distintos gremios docentes. En particular, fue cuestionada la resolución 223, que modificó el régimen de evaluación en el secundario. En el inciso 2, se dispuso que quienes repitieron en el ciclo anterior llevándose hasta 4 materias, pueden elegir dos de ellas y, en coordinación con la escuela, recuperar el contenido para, de ser aprobados, pasar de año.

Desde el ministerio se explicó que el cambio sobre exámenes de finalización de estudios otorga mayores facilidades para que, en este período excepcional, los alumnos del nivel medio no repitan y, así, evitar una eventual pérdida de motivación escolar. Sin embargo, la resolución no fue bien recibida por la comunidad educativa, que se ha manifestado durante las semanas previas. Incluso, por medio de un comunicado, Amsafe calificó de “unilateral” la implementación de la medida. En este contexto, grupos de docentes redactaron una carta en la que manifiestan “profundo malestar y total repudio” ante la situación descripta.

La petición recibió en el primer día más de 800 firmas de educadores de toda la provincia. Allí, solicitan que se deje sin efecto la disposición ministerial, alegando que “las instancias evaluativas del periodo febrero/marzo se cumplimentaron de forma presencial y con absoluta normalidad en todas las instituciones educativas, dando cierre administrativo al ciclo lectivo 2019”; por lo que el “proceso de evaluación y promoción se efectivizó sin haberse visto perjudicado por el contexto de pandemia”.

“Factores de inviabilidad”

Entre los argumentos expuestos, la solicitud plantea la línea de trabajo que vienen llevando adelante desde las instituciones “sobre la base del conocimiento de las posibilidades del alumnado y sus contextos”. “Las clases nunca cesaron. Directivos, preceptores, administrativos y docentes trabajan incansablemente para garantizar el vínculo pedagógico y la igualdad de oportunidades”, aducen.

En esa línea, advierten la falta de un “debate pedagógico” ante la situación que implica para los mismos repitentes. Dicen que la propuesta “sobrecarga al alumno, exigiéndole que en unos meses apruebe materias del año anterior y se ponga al día con los contenidos del nuevo curso, con nuevos compañeros y en un contexto atípico como es la virtualidad, sin el contacto presencial de alumno-docente. Esto atenta contra una educación de calidad y aporta más frustración y presión a las familias”.

Por otra parte, apuntan que la medida “avasalla los espacios de discusión, consulta y acuerdos de modificaciones a las normativas”, y que “contradice expresamente el decreto 181/09 acerca de cuáles son los requisitos de promoción del estudiantado”. “Es una medida que desnuda la decisión innecesaria de empobrecer la calidad educativa de los estudiantes en este año en que el objetivo está puesto en las nuevas maneras de llegar a las familias y educandos de un modo inédito”, agregan.

Finalmente, se manifiestan sobre el “peligro” del “cambio en los procedimientos” “en medio de circunstancias muy complejas”: “Las escuelas están muy solas en la gestión de esta crisis, asumiendo con total compromiso y vocación de servicio responsabilidades diversificadas, desde la creación e implementación de dispositivos virtuales en tiempo récord hasta la logística para compra, armado y distribución de módulos alimentarios”.

Trotta, sostuvo: “Nuestro principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo estamos de acuerdo que es momento de evaluar, pero no de calificar”.

También se convino avanzar en una encuesta a nivel nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en el marco de la continuidad pedagógica, estudio que, afirmaron, “permitirá tomar decisiones informadas sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y el regreso a las aulas”.

En la reunión del CFE se estableció por unanimidad la consolidación de un criterio federal que contemple las heterogeneidades del territorio nacional en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia.

La síntesis es que “no habrá calificaciones numéricas. La evaluación de los alumnos y alumnas en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar”, afirmaron.

Y se agregó que el propósito de este tipo de evaluación es “orientar mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales”.

En la reunión del CFE también se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, cuyos resultados serán dados a conocer en julio.

La misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como objetivo relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Trotta agregó que, como Estado, tienen “la responsabilidad de brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones con información fehaciente”, de modo que establecieron “consensos en torno a la necesidad de avanzar en una encuesta nacional que llevará el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica”, que permitirá medir los procesos que están llevando adelante.

Esta evaluación nacional recabará y analizará propuestas y experiencias desarrolladas por otros países frente a la pandemia; las características y alcances de las políticas implementadas desde los niveles nacional y provincial de la educación; las condiciones de enseñanza y de organización del trabajo docente y las condiciones institucionales de organización y sostenimiento de la continuidad pedagógica.

Se realizará con una muestra de 5.000 escuelas, considerada “representativa de las 52.000 de la educación obligatoria del país” -estatales y privadas, rurales y urbanas- y será respondida de forma anónima por 5.000 directivos y 25 mil docentes.

Los hogares también serán consultados a través de encuestas telefónicas en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.

También se realizará un relevamiento y un análisis de la matrícula escolar previa y posterior a la suspensión de clases presenciales para diseñar estrategias que colaboren con la reducción del abandono escolar.

Por último, se informó que se comenzarán “a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el Comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos”.

“Sostenemos la importancia de garantizar el derecho a la educación como responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales”, concluyó Trotta.