Manuel S., de 22 años, transitaba por el camino “Héroes de Malvinas” con sentido sur-norte conduciendo una camioneta Ford Ranger.

Cabe mencionar que el conductor iba acompañado por dos mujeres.

El hecho sucedió minutos después de las 2 de este domingo 10 de marzo de 2024.

TestigosPersonas consultadas por este medio aseguran que el conductor antes de llegar a intersección con calle 21 donde había un control vehicular realizó una brusca maniobra.

Narraron que quien conducía el vehículo frenó y aceleró marcha atrás para eludir el control policial y terminó sobre la baranda del ex puente ferroviario que está ubicado sobre el Arroyo El Rey.

Como consecuencia del accidente los tres ocupantes resultaron ilesos. La camioneta quedó colgada sobre el puente.

Sofía Clerici generó revuelo cuando publicó en sus redes sociales imágenes junto con Martín Insaurralde en un yate en Marbella. El escándalo tuvo como consecuencia la renuncia del político a la jefatura del gabinete bonaerense y a su candidatura como primer concejal de Lomas de Zamora. Ahora la Justicia los investiga, junto a Jesica Cirio, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Este martes, el juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi 600 mil dólares y varios objetos de valor en el allanamiento que se realizó en la casa donde vive Clerici, en el barrio de Nordelta. También allanaron propiedades de Insaurralde y Cirio.

Pregunta: que hizo de malo Clerici?? Recibe regalos . No es funcionaria. Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria. Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA

En medio de este contexto, Patricia Sosa expresó su opinión sobre este escándalo y defendió a la modelo. En su cuenta de la red social X, la cantante señaló: “Pregunta: ¿qué hizo de malo Clerici? Recibe regalos. No es funcionaria. ¡Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria”.

Además, la popular artista manifestó: “Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA”. De esta manera, hizo referencia a los costosos regalos, como joyas y carteras, que la misma Sofía contó que recibió como regalo de sus “amigos” y luego aclaró que se los compró ella.

Estas declaraciones generaron polémica en las redes sociales. “Si sabe o sospecha que son ilegales y no lo denuncia, es cómplice. De última los podría haber rechazado si no estaba tan segura de donde salía la plata. Opciones tenía de sobra”, opinó un seguidor.

“Patricia, si en un allanamiento te encuentran dinero en un monto que fiscalmente no podés justificar, más si es moneda extranjera cuya compra está regulada, estás incurriendo en delitos de la ley penal tributaria. No importa quién seas. Es la ley”, comentó una persona.

“Ante AFIP, es monotributista de la categoría más baja, es decir, que factura 1 millón y pico de pesos por año. No es funcionaria, está cometiendo fraude fiscal, los dólares que tiene equivalen a 723 millones de pesos, ni siendo inmortal podría acumular esa fortuna”, opinó otro usuario.

“Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida. Besitos”, escribió en sus redes la modelo, quien contaba con un fondo de 569 mil dólares, 2 millones de pesos y otros 2 millones de pesos uruguayos. Aunque el dinero no fue el único botín incautado, debido a que las autoridades sumaron a las pruebas de la causa una serie de pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca IPhone, una MacBook y dos IPad.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Sofía señaló: “No tengo que justificar nada porque es mi vida privada”. Con respecto a las joyas y relojes de lujo que mostró en los posteos que realizó en sus propias redes, y que de inmediato se viralizaron, fue contundente: “Eso es mi vida privada. Los periodistas dicen lo que quieren, no la verdad. Inventan muchas cosas. Y no tengo que justificar nada porque es mi vida privada”, reiteró.

El cronista le preguntó entonces a Clérici cómo se sentía hoy, pero nuevamente optó por una respuesta evasiva: “No me parece que sea el momento ni el lugar. Cuando tenga que hablar será más adelante, y se van a enterar”, advirtió, mirando a la cámara con una sonrisa. Y agregó: “Estoy muy bien, acá. Tranquila y bien. Hablando de cosas importantes, de mi marca, de eventos”.

Al ser consulta sobre si estaba peleada con Insaurralde, a juzgar por un comentario que le había hecho un seguidor en sus redes sociales, Sofía insistió con su postura: “No, chicos, no voy a hablar de eso”. “¿Pero están bien? ¿Están juntos?”, indagó el periodista. “No voy a hablar. Respeten, por favor. Mi abogado está con mi tema y no estoy autorizada a hablar”.

Luego de algunos intentos fallidos, la policía logró detener este miércoles a un peligroso delincuente apodado "El Jona", que era buscado por gravísimos delitos: homicidio, tentativa de homicidio, robo calificado por el uso de arma de fuego y evasión.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Ana Laura Gioria y ordenados por el juez José Luis García Troiano. La fase operativa estuvo supervisada por el comisario Cristian Lemos, de la Séptima Zona de Inspección de la Unidad Regional I. Intervinieron la Subcomisaría 16a, la Comisaría de Distrito 12a, la Comisaría 23a y la Subcomisaría 15a. También prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, del Grupo de Operaciones Especiales y del Cuerpo Guardia de Infantería.

En primer lugar, los uniformados allanaron la finca de un familiar del hombre buscado en calle Roverano al 2400 de Santo Tomé, pero allí no hallaron nada relevante.

Luego, irrumpieron en una vivienda de calle Ituzaingó al 4800 de la misma ciudad y secuestraron en el interior: un pistolón tipo "trabuco", bombeadores, desmalezadoras, motosierras, 11 teléfonos celulares, escaleras de aluminio y herramientas varias.

Por otra parte, otra comisión policial se presentó en una casa de calle 25, entre 6 y 8 Sauce Viejo. Allí no hallaron al sospechoso, pero algunas requisas desplegadas en las inmediaciones dieron finalmente el resultado esperado. "El Jona" fue descubierto y atrapado en un inmueble de calle Chapeaurouge al 2600.

En calle 23, entre 4 y 6, se procedió al secuestro de dos cargadores calibre 9 mm con municiones en el interior y varios cartuchos de escopeta.

El Jona era intensamente buscado desde el 13 de abril, cuando logró escapar de la Comisaría 10a junto a otros internos. Este peligroso malviviente estaba en el lugar, cumpliendo prisión preventiva por un homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Durante este tiempo, este sujeto fue el autor de al menos dos violentos asaltos en los que sendas víctimas resultaron baleadas, por lo que también ahora se lo acusa de homicidios calificados en grado de tentativa y robo calificado.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras de evasión impositiva y previsional en una cadena de panaderías en localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe.

La empresa emitía comprobantes truchos y no contaba con terminales de pago. Ocultó ventas por $29 millones y tenía 22 trabajadores no declarados.

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Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que la firma omitió declarar ventas por al menos $29 millones anuales. El operativo desplegado en esa provincia fue llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los procedimientos de la DGI y la DGRSS se focalizaron en seis establecimientos dedicados a la venta de productos de panadería con servicio de mesa para desayunos y meriendas y en la fábrica donde se elaboran las pastas, panes y bizcochos que luego se comercializan en los locales comerciales. Los inspectores constataron que la cadena emitía comprobantes truchos no avalados por la AFIP. En ese sentido, tampoco contaban con terminales de pago para el abono mediante tarjetas de crédito o débito, a tal punto que en la caja figuraba un cartel que advertía que se aceptaba “Sólo Efectivo” para abonar las compras.

A partir de esta fiscalización presencial, las áreas especializadas del organismo estimaron que la empresa ocultó al menos unos 29 millones de pesos anuales en ventas no declaradas y que quedaban registradas en anotaciones informales fuera de toda norma regulatoria, según pudieron comprobar los agentes que realizaron el relevamiento. El organismo realizará los cálculos para determinar el ajuste sobre los impuestos evadidos tanto en IVA como en Ganancias.

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En cuanto a la planta laboral del contribuyente titular del emprendimiento, los inspectores encontraron a 22 trabajadores no declarados, a los cuales les abonaba el salario con parte del dinero evadido.

La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará las sanciones correspondientes. Los trabajadores y trabajadoras precarizados deberán ser registrados ante el organismo.

Mediante estas acciones de fiscalización y control, el organismo potencia las herramientas con las que busca impulsar la inclusión de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral formal para que accedan a los beneficios sociales que le corresponden como el aporte jubilatorio y la cobertura de salud. Estos controles apuntan a desarticular maniobras de evasión y reducir los altos índices de informalidad.

El juez Amarante sostuvo que no hubo un intento de la diva de engañar a la agencia impositiva, que es lo que se requiere para que el tipo penal se configure.

El juez en lo penal económico Diego Amarante cerró la causa contra Susana Giménez, que había impulsado en su contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta evasión de unos 50 millones de pesos en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

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s. Y advirtió que pretender aplicar el derecho penal a una persona por la sola razón de ser deudora de un impuesto es “ajeno a nuestro sistema constitucional”.

Los asesores de Susana Giménez llevaron a la justicia un reclamo denunciado que se trataba de un impuesto confiscatorio que afectaba su derecho de propiedad.

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“Resulta determinante la consideración de que la contribuyente Giménez Aubert no sólo no negó su conocida capacidad fiscal ni materializó ninguna conducta para desdibujarla, sino que en el ejercicio de su derecho constitucional de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) ocurrió ante un órgano jurisdiccional, reclamando aquello que consideraba ajustado a derecho, y que desde su perspectiva influía directamente sobre la determinación que correspondía hacerse del impuesto en cuestión”, se afirmó.

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Nos encontramos frente a una ciudadana que no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal -cuya interpretación extensiva se encuentra absolutamente vedada, como es bien sabido-, habiéndose limitado en cambió a canalizar su reclamo dirigido a morigerar la obligación tributaria, mediante la utilización de las herramientas legales adecuadas” declaró el juez.

El director Alfredo Sánchez confirmó la recaptura.

El interno buscado este miércoles en la Unidad Penal 1 de Córonda fue hallado en las propias instalaciones del predio. Así lo confirmó a El Litoral Alfredo Sánchez, director de la unidad penitenciaria.

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“Sospechábamos que se podía haber evadido mezclado entre las visitas de este miércoles, pero cotejando las filmaciones y los datos de los delegados e internos del pabellón dedujimos que estaba acá adentro, hicimos controles por todos lados y hace minutos lo atrapamos”, afirmó el funcionario.

“Estaba escondido detrás de un patio, bajaba de un techo”, detalló Sánchez. “Por suerte, lo pudimos recapturar dentro de la unidad”, comentó.

Se escapó un peligroso preso de la cárcel de Coronda

Según se supo durante la tarde, cerca de las 16.45 fue visto por última vez por un guardia en el Pabellón 5 Norte. En ese momento su mujer y su hijo se fueron luego de la jornada de visita que tuvieron con él, pero a los pocos instantes se dieron cuenta de que el reo no estaba en su pabellón ni en su celda.

Se trata de Augusto Nicolás Loseco, de 21 años, oriundo de Santa Fe, condenado por varias causas de robo y hurto calificado con escalamiento y que tuvo ingreso a la Unidad el pasado 23 de febrero.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en la mira a Susana Giménez por posible evasión fiscal, según reveló Jorge Rial en su programa Argenzuela, delito que es penado por la Justicia con hasta 9 años de prisión efectiva.

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El conductor, junto al periodista Mauro Federico, aseguraron que “todo aquel que esté radicado fiscalmente en Uruguay o Paraguay, si no hizo las presentaciones del 2018 para acá, puede ser considerado como evasor”.

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En este contexto, habría al menos dos juradas de la diva que faltarían y podrían complicar su situación ante el organismo que comanda Mercedes Marcó del Pont.

Si se compruebe el “olvido” de dichas presentaciones, Susana Giménez se enfrentaría a una multa de casi el 60% de lo que no se haya declarado y pena de prisión efectiva de 6 a 9 años si el impuesto no pago es equivalente a un millón de dólares.

Yi Sun, de 55 años, está registrado como empresario, con domicilio fiscal en el muelle de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires. Hasta 2021 fue empleado de la firma White Gulf, conformada en 2001 dedicada a la pesca y congelamiento en buques, al menos según los papeles.

El director suplente de White Gulf, según el Boletín Oficial, es Rong Ding, 50 años, con domicilio marplatense.

Les sigue R.H, oriundo de China como ellos. Los tres fueron allanados e imputados esta mañana en una causa a cargo del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca con el magistrado Walter da Silva.

La División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca y la AFIP ingresaron a las oficinas de White Gulf en Ingeniero White, dedicada a la exportación de alimentos congelados. La acusan de adulterar en su facturación y evadir impuestos, además de contrabandear pejerrey, merluza y langostino, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Así, se ingresaron en nueve domicilios, incluido un edificio en la Avenida del Libertador en Vicente López. Se secuestraron al menos cuatro computadoras, pendrives y discos rígidos. Los empresarios fueron acusados pero no detenidos.

La investigación, adelantada por La Brújula 24, comenzó a fines de octubre del año 2021, a partir de una denuncia presentada por el jefe de la División de Investigaciones Regionales 3 Pampeana de la Dirección General de Aduanas, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Allí se informó que “una importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca, podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa”, aseguran investigadores del caso.

Particularmente, llamaron la investigación discrepancias en los precios de venta documentados en las exportaciones argentinas de productos de mar.

La maniobra fraudulenta consistía en subfacturar exportaciones argentinas con triangulaciones que tampoco fueron declaradas, con el fin de recortar el pago de impuestos. En esas triangulaciones, siempre según fuentes del caso, intervinieron empresas registradas en los Estados Unidos, Uruguay y Dinamarca.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca ordenó los nueve allanamientos cinco en Bahía Blanca, uno en Ingeniero White, uno en el barrio porteño de Monserrat y el último en Vicente López.

El perfil comercial de White Gulf no revela grandes números en rojo o turbulencias en su directorio. Curiosamente, también está registrada en el rubro de servicios inmobiliarios de la AFIP. También se allanó a otra empresa bahiense dedicada al rubro de bazar.

El análisis de la AFIP realizado con el sistema DW Discoverer comprendía el período entre enero de 2018 y junio de 2021. Se descubrió que además de facturarle a Rusia, refacturaba a terceros en Lituania, Estados Unidos y Dinamarca, con montos que iban del 30 al 90 por ciento por encima de la operación original. Esa triangulación tampoco era declarada en exportaciones aduaneras, lo que llevó a presentar la denuncia penal en la Justicia federal bahiense.

De las 18 destinaciones que compusieron el análisis, surgía una diferencia del 60 por ciento entre lo facturado en Argentina y en Rusia. Un análisis de solo el 5 por ciento de las operaciones reveló “rulos” por más de medio millón en moneda estadounidense.

La multa mínima que pretende la AFIP supera los 5 millones y medio de dólares.

Shakira se sentará en un banquillo acusada de varios delitos de fraude fiscal y se enfrentará a una pena de prisión.

La decisión de la Audiencia de Barcelona de rechazar el recurso de la cantante contra la resolución del Juzgado de Instrucción numero 2 de Esplugues de Llobregat de procesarla por por presuntamente defraudar a Hacienda más de 14 millones de euros en los ejercicios del 2012, 2013 y 2014, la deja a un paso del juicio. Todo apunta a que la Fiscalía, que presentó la querella contra la cantante que inició la investigación judicial, pedirá una condena de cárcel y multa, aunque todavía se debe concretar los años de reclusión que solicita.

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Por el momento, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juzgado que encontró indicios de que la cantante y su asesor fiscal pudieron cometer estos delitos al considerar que entre 2012 y 2014 Shakira pasó más de 183 días residiendo en España y que por eso debía tributar ante Hacienda como establece la normativa. La Fiscalía cree que la cantante presuntamente incumplió sus obligaciones tributarias sobre IRPF y el impuesto de patrimonio al mantener un entramado societario para pagar menos impuestos. Por eso también acusa a su asesor.

En este sentido, Hacienda y la Fiscalía creen que en 2012 la cantante tenía su residencia en España ya que había iniciado su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué pese a que realizaba viajes profesionales por medio mundo, aunque los abogados de la cantante presentaron un certificado de residencia en Bahamas permanente hasta 2015. Para argumentan esta presencia de la cantante colombiana en nuestro país se rastreó sus redes sociales, facturas o uso de tarjetas de crédito.

La Fiscalía considera que supuestamente Shakira eludió el pago de impuestos a Hacienda simulando que no residía en este país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional. Por eso, acusa a la cantante y a su asesor fiscal de urdir un “plan” para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a la Agencia Tributaria ocultando sus ingresos en estas sociedades en paraísos fiscales. Así habrían cometido presuntamente seis delitos, por lo que la pena de prisión que solicitará será alta.

En total, la fiscal estima en 12,3 millones la cantidad que Shakira debió tributar a la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de Cataluña por el patrimonio de que dispuso en esos años.

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UNA CONDUCTA “INTACHABLE”

Tras conocerse la decisión de la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de Shakira remarcó que “continuará defendiendo su inocencia, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso, pruebas contrastables e informes periciales de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tributario (como son un catedrático y un magistrado del Tribunal Supremo), quienes avalan la posición de la defensa. La conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores. También cabe recordar que no existe ninguna deuda con la Hacienda española, pues procedió al pago de las cantidades tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar”.

El extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos de Grand Slam y ex número 1 del mundo, fue condenado por la justicia británica a dos años y medio de prisión, sin libertad condicional. Fue declarado culpable del ocultar activos y bienes cuando se le declaró la quiebra en junio de 2017. Tiene 28 días para apelar el fallo.

El Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, determinó que Becker escondió sus trofeos de Wimbledon y del Abierto de Australia, varias propiedades y unos 1,8 millones de libras (2,3 millones de dólares). La jueza Deborah Taylor determinó que Becker, de 54 años, es culpable. Al momento de declararse la quiebra, las deudas del ex N° 1 del mundo se estimaban en 50 millones de libras.

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La justicia británica descubrió que el alemán no declaró un apartamento en el barrio londinense de Chelsea y dos propiedades en su país. Además, que sustrajo ciento de miles de libras transfiriéndolas a otras cuentas, entre ellas la de su ex pareja Barbara Becker y la de su esposa Sharlely Becker, de la que está separado.

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Al momento de conocer la sentencia, Becker se puso de pie, clavó su mirada, tomó un bolso con sus cosas y un oficial lo escoltó hasta la puerta. Debe comenzar su sentencia en la prisión de Wandsworth, en el sur de Londres. Claro, también tiene 28 días para apelar el veredicto.

Becker llegó en taxi al tribunal, junto a su pareja Lilian de Carvalho Monteiro. Con rostro serio, corbata violeta y verde, los colores de Wimbledon. Su hijo mayor, Noah, de 28 años, también le acompañaba. “Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad”, dijo la jueza.

Becker enfrentaba cargos punibles hasta con 7 años de prisión y fue hallado como responsable de cuatro imputaciones contempladas en la Ley de Insolvencia y absuelto en otras 20 por parte de la jueza Deborah Taylor. Deberá pasar el primer año y medio en la cárcel y a partir de ese plazo gozará de libertad condicional.

Durante el proceso, la fiscalía afirmó que Becker cobró 1,13 millones de euros (1,22 millones de dólares) de la venta de un concesionario de automóviles Mercedes que poseía en Alemania, que ingresó en una cuenta bancaria profesional que utilizaba para pagar compras de lujo y gastos de escolarización de sus hijos.

El abogado del ex tenista también habló: “Hizo su propia elección de a qué acreedores pagar, en lugar de dejar que los fideicomisarios conjuntos decidieran cómo se debe usar el dinero. Sus asuntos financieros eran un desastre. No podrá encontrar trabajo y dependerá de la caridad de los demás si quiere sobrevivir. Les pido que respeten las penas de prisión que inevitablemente tienen que imponer por estos delitos”.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron 17590 kilos de granos en dos procedimientos realizados en la localidad misionera de El Soberbio.

Uno de los operativos tuvo lugar cuando personal que realizaba una patrulla a la altura del kilómetro 1138 del río Uruguay, observó a varios individuos manipulando unos bultos desde un camión hacia una embarcación.

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Inmediatamente, los efectivos se dirigieron al lugar, logrando identificar a tres personas y secuestrar 261 bolsas de maíz, de 40 kilos aproximadamente cada una, que intentaban ser sacadas del país de manera ilegal.

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En otro procedimiento, una patrulla de la Fuerza advirtió que se estaban descargando bultos desde un camión hacia la costa del río Uruguay.

Luego de dar la voz de alto, se logró aprehender a tres involucrados y comprobar que los bultos eran 143 bolsas de soja, con un peso total de 7.150 kilos.

Interviene en ambos casos la Dirección General de Aduanas de la Ciudad de Oberá, por tratarse de una infracción al Código Aduanero.

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Momentos antes había pedido que se deje de grabar la reunión: “¿Querés quitar la grabación? Ah, si se puede suspender la grabación”, le responde una voz al ministro. “Estamos por Zoom, ¿podemos parar la grabación? ¿Paramos un segundo?”, insiste. Luego, otra persona bromea: “Se convierte en una reunión secreta”. A los pocos segundos, le avisan al funcionario que se había dejado de grabar el encuentro y piden frenar también la versión taquigráfica. “Se corta toda comunicación con el mundo”, agrega uno de los presentes en tono de broma.

“Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata”, reveló el funcionario del gobierno pampeano ante sus pares.

Y siguió. Hizo mención a uno de los directores titulares de Pampetrol, quien hoy ocupa un lugar en la oposición y había denunciado el destino de esos fondos a la campaña electoral: “Entonces, cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: ‘Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema”, reveló Franco.

Más tarde, intentó subsanar el error y emitió un comunicado para contextualizar las palabras que dijo en la reunión que quedó filmada. “Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”, afirmó Franco ante el resto, en lo que debía ser una sesión sin testigos.

El gran tenista Boris Becker podría enfrentar una sentencia de prisión luego de ser declarado culpable el viernes de mover ilícitamente miles de dólares de una cuenta bancaria luego de que fue declarado en bancarrota.

Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres condenó a Becker por cuatro cargos en virtud de la Ley de insolvencia, incluida la eliminación de bienes, el encubrimiento de deudas y dos cargos por no revelar los bienes patrimoniales.

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Se descubrió que la estrella alemana transfirió cientos de miles de libras después de su bancarrota en junio de 2017 de su cuenta comercial a otras cuentas, incluidas las de su ex esposa Barbara y su ex esposa Sharlely “Lilly” Becker.

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También fue condenado por no declarar una propiedad en Alemania y ocultar un préstamo bancario de 825.000 euros (895.000 dólares) y acciones en una empresa de tecnología.

Fue absuelto de otros 20 cargos, incluidos los cargos de que no entregó sus muchos premios, incluidos dos trofeos de Wimbledon y una medalla de oro olímpica.

El seis veces campeón de Grand Slam había negado todos los cargos, diciendo que había cooperado con los fideicomisarios encargados de asegurar sus bienes, incluso ofreciendo su anillo de bodas, y había seguido el consejo de un experto.

La quiebra de Becker se debió a un préstamo de 4,6 millones de euros de un banco privado en 2013, así como a un préstamo de alrededor de $1,6 millones de un empresario británico al año siguiente, según testimonios en el juicio.

Durante el juicio, Becker, de 54 años, dijo que las ganancias de su carrera de 50 millones de dólares se las habían tragado los pagos de un “divorcio costoso” y las deudas cuando perdió gran parte de sus ingresos después de jubilarse.

Dijo que tenía “compromisos de estilo de vida costosos”, incluida una casa en Wimbledon que costaba 22,000 libras en alquiler cada mes. Pero dijo que la mala publicidad había dañado la “marca Becker”, lo que le dificultaba ganar lo suficiente para pagar sus deudas.

“[Es] muy difícil cuando estás en bancarrota y en los titulares todas las semanas por eso”, le dijo al jurado. “[Es] muy difícil ganar mucho dinero con mi nombre”.

Los cargos conllevan una pena máxima de siete años de prisión. A Becker se le concedió la libertad bajo fianza hasta la audiencia de sentencia el 29 de abril.

Calculan que evadieron más de 30 millones de pesos pero fueron descubiertos a través de un operativo llevado a cabo por ARBA. En total, se detectaron más de 40 mil metros de propiedades sin declarar ante el fisco de la provincia de Buenos Aires

Además, remarcó que “la buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri, y ello tiene que hacerse pagando los impuestos“.

Girard planteó la necesdidad de reforzar el trabajo con la municipalidad de Pinamar, ya que el año pasado la Agencia detectó 140 mil metros sin declarar. “Es algo que sigue creciendo y debemos poner en regla”, afirmó.

El director ejecutivo explicó que “durante el año hacemos un trabajo de análisis de imágenes satelitales, vamos detectando novedades constructivas y luego hacemos una verificación presencial”, por lo tanto “si condice con la presunción que teníamos de las imágenes satelitales, lanzamos el operativo como el de hoy en el que encontramos una (propiedad) de 550 metros cuadrados que figuraba como baldío”.

A su vez, precisó que “el objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos”.

Por último, Girard detalló que “estamos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias“, ya que “lo justo es que todos paguen los impuestos”.

Este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas, que se realizará desde las alturas

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt), Daniel Filmus, suscribieron este jueves un convenio para fortalecer las capacidades de las áreas especializadas de la entidad fiscal y facilitar la provisión de información e imágenes satelitales.

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Según informaron en un comunicado desde AFIP, este acuerdo fortalece la capacidad del Estado en la fiscalización de distintas actividades económicas a partir de la utilización y procesamiento de imágenes satelitales.

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La mejora en las herramientas disponibles es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP, el Mincyt y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

“Sumamos el aporte de la ciencia y la tecnología al desarrollo del país, y en este caso también para agregar valor al trabajo de la AFIP”, expresó Filmus al destacar que “desde el Mincyt apostamos a la tecnología satelital en todas las áreas particularmente en esta que puede mejorar muchísimo a la equidad fiscal respecto de distintos sectores como el agropecuario“.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que “esta herramienta que es resultado del trabajo conjunto con la Conae y el Mincyt fortalece y mejora las tareas de fiscalización de nuestro organismo a partir de la explotación de información satelital valiosa que hasta ahora no era utilizada con estos fines”.

La funcionaria consideró que “además de las tareas de la AFIP, la utilización y procesamiento de estas imágenes satelitales le permitirán a distintas áreas del Estado contar con datos precisos para desarrollar distintas políticas públicas”.

La información que suministre la Conae será administrada y analizada por un área especializada en imágenes satelitales de la AFIP que fue creada este año con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de fiscalización.

Asimismo, los técnicos de la Conae asistirán al organismo en la capacitación de las y los trabajadores abocados a las tareas de interpretación y análisis de los datos.

El monitoreo satelital de distintas actividades económicas permite realizar cruces de información con las bases de datos de la AFIP para potenciar las acciones de investigación y fiscalización que realiza el organismo en todo el país a través de la Dirección General Impositiva (DGI).

En este sentido, informaron que la firma del convenio, que se llevó a cabo en el Salón Tacchi de la AFIP, contó con la participación del secretario de Planeamiento y Políticas del Mincyt, Diego Hurtado; y del Director Ejecutivo y Técnico de la Conae, Raúl Kulichevsky.

También estuvieron presentes durante la rúbrica del acuerdo los titulares de las áreas de fiscalización, sistemas y coordinación técnica institucional de la AFIP junto con autoridades de la DGI.

Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Lo realizan agentes de la PSA en Independiente, Racing, Gimnasia y Unión. La investigación es llevada adelante por la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Por orden de la justicia de federal la policía está allanando la sede de la AFA y otros cuatros clubes en una causa que investiga lavado de dinero y evasión en la transferencia de jugadores a México.

La PSA realiza allanamientos en la sede del club Unión

Agentes de la PSA buscan documentación en la sede de la calle Viamonte y también en las sedes de los clubes Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe.

Según se pudo averiguar, la Procuración General de la Nación (Procelac) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.

Es una causa que data de 2019 y la lleva adelante el juzgado federal que dirige la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La otra causa

En mayo de este año, la Asociación del fútbol argentino también fue allanada por la Policía Federal por orden del fiscal Eduardo Taiano, que encabeza una investigación por supuesto lavado de dinero. La denuncia la hizo la diputada Graciela Ocaña por “posibles irregularidades en la gestión vinculada a la firma de contratos”.

Uno de los acuerdos puestos bajo sospecha es un contrato de 2018 en el que otorgan los derechos digitales de la AFA a Metro World Digital, vinculada a Carlos Varela, titular de Transur, una empresa dedicada a la recolección de residuos. Cabe recordar que el presidente Claudio Tapia inició su carrera profesional en este ámbito y creció de la mano del sindicalista Hugo Moyano, de quien fuera su yerno.

Antes de firmar con la AFA, la sociedad se llamaba Metro Music. A esta empresa, que cambió de la música a digital rápidamente, la AFA le dio el derecho de publicar en redes sociales, televisación digital, apuestas online y sponsoreo digital.

Acusan a un empleado de la AFA de falsificar las declaraciones juradas de los futbolistas

Otro que está en la mira es Guillermo Tofoni. La AFA le otorgó el derecho a comercializar el 70% de los partidos amistosos. Desde su entorno explicaron que se trata de “un error de tipeo” y que en una de las cláusulas del acuerdo se aclara que le corresponde el 30% y el 70% a la entidad. Salvo excepciones, Tofoni es el único indicado para representar a la AFA en la gestión de estos partidos y no está obligado a pagar honorarios extras.

Otro contrato con Tofoni es el de Football Technology Institute, una academia para formación de chicos entre 6 y 18 años.

El fiscal se hizo cargo de la investigación por delegación decidida del juez Sebastián Casanello, quien está circunstancialmente a cargo del juzgado federal número 12, vacante desde que el magistrado Sergio Torres juró como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Esos contratos ahora bajo investigación tienen que ver en esencia con la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales del fútbol argentino: TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de “derechos digitales”.

A fines de abril, Ocaña citó a Tapia al Congreso para que dé explicaciones; el dirigente del fútbol contestó con una denuncia por calumnias e injurias.

A raíz de la fuga de 5 presos de la Subcomisaría Nº 16 acontecida ayer, la intendente de Santo Tomé, Daniela Qüesta, afirmó que “la situación en las comisarías locales es insostenible” y reclamó soluciones concretas al Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Lo que pasó ayer por la tarde es la demostración de un problema que veníamos advirtiendo a las autoridades de la cartera de Seguridad a través de reiteradas reuniones, notas y gestiones, prácticamente desde el inicio de la gestión”, señaló Qüesta.

La mandataria municipal remarcó que en la Comisaría Nº 12 hay actualmente 46 detenidos, cuando el espacio físico está preparado para 16. Por su parte, en la Subcomisaría Nº 16 había hasta ayer 16 detenidos, mientras que el lugar está diseñado para 2. “Los datos de la realidad son incontrastables”, aseveró.

En este sentido, la intendente recordó que en su momento, “desde el gobierno municipal manifestamos nuestro beneplácito por la resolución 0665 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que declaró el estado de emergencia en todas las comisarías y ordenó que no reciban más detenidos hasta que no se adecuen las cantidades de presos a las capacidad de plazas disponibles”.

“A poco más de dos meses de aquella medida, hoy debemos decir que la cantidad de detenidos en las comisarías locales no solo no disminuyó, sino que aumentó sensiblemente. En lugar de dar un paso adelante, fuimos para atrás”, afirmó.

“Sabemos que es un problema de difícil resolución”, expresó Qüesta, “y es por ello que hasta el momento veníamos haciendo gestiones en silencio, enviando notas y recibiendo a los vecinos de las dependencias policiales, que también esperan de nosotros una respuesta por una preocupación que es totalmente legítima”, detalló.

“En cada reunión del Consejo Municipal de Seguridad, en cada encuentro que hemos promovido con funcionarios provinciales o jefes de la Policía, el problema de la superpoblación de detenidos en las comisarías ha sido el denominador común que hemos planteado una y otra vez”, se explayó la titular del Ejecutivo.

“Desde nuestro lugar, rechazamos el uso de las comisarías como instituciones penales. Estamos convencidos de que tienen que ser espacios transitorios de detención para las personas hasta que la justicia decida su destino, pero no pueden ser centros de alojamiento permanente. Estamos hablando de la seguridad de los santotomesinos, y necesitamos respuestas concretas de las autoridades competentes”, finalizó.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió hasta el día 30 de junio próximo la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte del organismo, en el marco de la emergencia declarada por la pandemia de coronavirus.

A través de la resolución general 4730/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, precisó que esta suspensión “no obsta al ejercicio de los actos procedimentales y procesales destinados a impedir la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los tributos, multas y accesorios cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de AFIP”.

Destacó que el aislamiento determinado a partir de la pandemia de coronavirus “ha repercutido no sólo en la vida social de los habitantes de este país, sino también en la economía”.

Subrayó que la AFIP “viene adoptando una serie de medidas con el objeto de facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a su cargo”.

La normativa indicó que “se habilitó el levantamiento de la feria judicial extraordinaria, respecto de ciertos tribunales federales con sede en provincias y ciudades que avanzan en las sucesivas fases del aislamiento”, y consideró que “deviene necesario tomar medidas con relación a la gestión judicial del cobro de las obligaciones tributarias”.

En este contexto sostuvo que “se estima razonable contemplar la excepcional situación descripta y proceder a suspender la iniciación de juicios de ejecución fiscal”.