Guadalupe y Martinica, dos islas francesas en el Caribe con elevados niveles de pobreza, registran desde mediados de noviembre una intensa protesta contra la vacunación obligatoria anticovid de los sanitarios, que desembocó en un estallido social.

En estos dos departamentos de ultramar, situados en las Antillas, con unos 380.000 habitantes cada uno, se aplican las leyes y normas aprobados por el gobierno francés, aunque se permiten las “adaptaciones” locales.

La entrada en vigor el 15 de noviembre de la vacunación obligatoria anticovid para el personal sanitario y bomberos de los departamentos ultramarinos, como ya estaba vigente en el resto de Francia, provocó protestas, disturbios y saqueos en Guadalupe.

En ese archipiélago de las Antillas, donde un 34% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el desempleo el 17%, la epidemia aumentó la tensión y los representantes locales denunciaron la falta de diálogo del gobierno francés.

El 16 de noviembre, sindicatos y grupos ciudadanos llamaron a una huelga general ilimitada para protestar contra la inoculación obligatoria y contra el pasaporte sanitario. Un día después, un llamado similar a partir del día 22 se lanzó en Martinica.

En Martinica, donde el desempleo alcanza el 12% y casi un 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, los manifestantes reclaman el fin a la vacunación obligatoria, así como un aumento de los salarios y una abaratamiento del combustible.

Los sindicatos piden que se subvencionen totalmente las pruebas de enfermedades vinculadas a la clordecona, un pesticida responsable de casos de cáncer de próstata que fue prohibido en 1993 en las Antillas, tres años después que en Francia continental.

En Guadalupe, situada a 120 kilómetros al noroeste de Martinica y separada de esta por Dominica, las reivindicaciones son también múltiples: sanitarias, sociales, económicas e, incluso, identitarias.

La respuesta de París aúna firmeza, con el envío de más fuerzas de seguridad y la aplicación de un toque de queda nocturno en estos departamentos de ultramar donde se registraron disparos contra policías y periodistas, y diálogo con responsables locales.

El 22 de noviembre, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la calma ante situación “muy explosiva”, vinculada a un contexto “muy local” y a tensiones “históricas”, y a no “ceder” ante quienes quieren aprovecharse de la situación.

Para desactivar la crisis, el gobierno anunció el viernes que retrasaría a finales de año la vacunación obligatoria y levantar la suspensión de empleo y sueldo del personal no vacunado, si acepta un “acompañamiento” de cara, sobre todo, a un reciclaje.

En ambos territorios, alrededor del 40% de la población adulta completó actualmente su pauta de vacunación, una tasa que se acerca al 90% en Francia en su conjunto.

Alrededor del 90% del personal sanitario se vacunó en Guadalupe, según la agencia regional de salud.

Aunque los disturbios disminuyeron durante el fin de semana, la tensión sigue con los sindicatos en Guadalupe, que reclaman también la liberación de las personas encausadas por la violencia, y con la clase política, tras un inesperado anuncio del gobierno.

El ministro francés de Ultramar, Sébastien Lecornu, aseguró el viernes que el gobierno estaba “listo” para hablar de la “autonomía” de Guadalupe –un estatuto de mayor autogobierno pero sin romper lazos, como el vigente actualmente en Polinesia Francesa–.

Pero aunque Lecornu aseguró que los políticos de Guadalupe evocaron “implícitamente” esta cuestión, en un comunicado, estos últimos aseguraron que la prioridad era “salir de la crisis” y que el debate sobre la autonomía llegaría “a su debido tiempo”.

En Martinica, el Estado francés y los responsables locales alcanzaron un acuerdo sobre cómo salir de la crisis, en torno a siete temáticas (salud, juventud, vida cara, transporte, clordecona, pesca, cultura), con discusiones a partir de este lunes.

Lecornu viajó este fin de semana e intentó controlar la situación desde Baie-Mahault, en la isla de Guadalupe, informa el sitio France24.com

El balance de la actividad económica mostró el mejor dato desde el estallido social producido en octubre de 2019, donde miles de chilenos salieron a las calles a reclamar mayores reivindicaciones económicas, sociales y políticas al Gobierno.

El Banco Central informó que “la actividad comercial creció 20%, impulsada por las ventas mayoristas y minoristas”, seguido de la industria manufacturera, “que creció un 7,7%”.

El crecimiento de la actividad comercial se da en medio del levantamiento de las cuarentenas en las principales zonas económicas de la Región Metropolitana, principal foco de infección del país, luego de más de un mes de confinamiento total por el incremento de casos de coronavirus de la segunda ola.

Se indicó además que “los servicios crecieron 5,1%, resultado explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud”.

A la vez, “la serie desestacionalizada disminuyó 1,6% respecto del mes precedente y aumentó 5,0% en doce meses”.

El incremento de la actividad económica chilena también coincide con el inicio del proceso de solicitudes para el tercer retiro del 10% de los fondos privados de pensiones, medida que comenzó este lunes y que fue aprobada por el Congreso para ayudar a los más afectados por la pandemia, a pesar del rechazo del presidente Sebastián Piñera.

Según reporta la Asociación de AFP, citada por Radio Cooperativa, ya se realizaron exitosamente más de 500.000 solicitudes para retirar, por tercera vez, el 10% de los fondos de pensiones.

El organismo detalló que 4.525 de los denunciantes son hombres y 1.031 mujeres, “mientras que en términos etarios, 4.719 son adultos y 834 son niños, niñas o adolescentes”.

Estas violaciones, reveló la Fiscalía, se registraron en todas las regiones de Chile, pero precisó que de estas denuncias 2.650 fueron en Santiago, 776 en Valparaíso y 409 en la región de Biobío.

Sobre la forma en la que fueron vulnerados los derechos, el informe resumió que “las lesiones por armas de fuego suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular. Respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado; 4.158 denuncias se relacionan al delito de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos; 1.038 corresponden a abusos contra particulares y los casos de torturas son 134”.

El informe confirmó delitos de connotación sexual contra manifestantes e informa que “según la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 192 personas habrían sufrido desnudamientos; 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 15, amenazas de cometer delitos sexuales en su contra”.

Del total de víctimas de acuerdo a la Fiscalía nacional, 4.170 personas han denunciado a Carabineros como responsables de “violencia institucional”, y a la fecha, 294 funcionarios de la institución han sido individualizados.

Otras instituciones como el Ejército (244), la Policía de Investigaciones (96) y la Armada de Chile (27) han sido denunciados por violación de derechos a los manifestantes desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2019 en el contexto del estallido social.

“Actualmente existen 38 agentes del Estado formalizados por uno o más delitos”, reveló el informe.

La Fiscalía reveló que se han registrado 31 personas fallecidas en el marco de estas protestas sociales, de las cuales, señalaron que “en cuatro de estos casos, la muerte es atribuible a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías”.

Chile vive desde el 18 de octubre una crisis social, en donde masivas marchas y movilizaciones con decenas de reclamos sociales tienen en jaque el segundo mandato de Sebastián Piñera.

La crisis ha llevado a Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e inclusive a llamar a un plebiscito que permita cambiar la Constitución, que data de 1980, cuando aún gobernaba el país la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, que duró desde 1973 a 1990.