Cheikh Touré tenía apenas 18 años y un sueño: convertirse en futbolista profesional. Formado en el club Esprit Foot Yeumbeul, de Senegal, el joven arquero fue asesinado en Ghana después de caer en una estafa que le prometía una prueba internacional. Lo que debía ser el inicio de su carrera terminó en tragedia.

Según informaron medios locales, Touré fue contactado por supuestos representantes de un club ghanés que le aseguraron una prueba en Marruecos. Le prometieron que todo estaba organizado para mostrar su talento ante visores internacionales. Sin embargo, al llegar a Ghana, fue secuestrado por un grupo que exigió dinero a su familia para liberarlo.

Pese a los esfuerzos desesperados, los familiares no lograron reunir el rescate exigido. Días más tarde, el cuerpo del joven fue hallado sin vida en la ciudad de Kumasi, en el sur del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal emitió un comunicado confirmando la muerte y advirtiendo sobre el crecimiento de una red de estafas y extorsiones que utiliza falsos ofrecimientos de pruebas deportivas para captar víctimas. “El joven futbolista habría sido víctima de una red de fraude y trata de personas”, señalaron.

Desde el gobierno pidieron a clubes, academias, entrenadores y familias “ser extremadamente cautelosos ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero”. También recomendaron a los futbolistas “gestionar sus oportunidades por los canales oficiales”.

El caso conmocionó al mundo del fútbol africano. “Era un chico lleno de sueños, disciplinado y con un futuro enorme. Lo engañaron con su pasión”, escribió su club formador en redes sociales. Los dirigentes del Esprit Foot Yeumbeul reclamaron una investigación a fondo y justicia por la muerte de Touré.

La historia del arquero senegalés expone una problemática creciente: jóvenes talentos que, en su intento por alcanzar el fútbol profesional, terminan siendo víctimas de mafias que operan bajo la fachada de agencias deportivas.

Las autoridades investigan si el grupo que engañó a Cheikh Touré forma parte de una red internacional dedicada a captar jugadores africanos con falsas promesas de contratos o pruebas en el exterior.

Mientras tanto, en Senegal, su familia y compañeros lo despiden con dolor. En su club, todavía cuelga su camiseta bajo una frase escrita por sus amigos: “Cheikh, tu sueño fue interrumpido, pero tu pasión sigue viva en nosotros”.

El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación

El jefe de la Policía Caminera de Córdoba y otros agentes fueron detenidos en la causa donde se investiga una red de estafas de grandes dimensiones, en la que también se involucra a civiles y abogados.

Este viernes el fiscal Guillermo González ordenó la realización de 11 allanamientos y la detención de Maximiliano Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera de Córdoba, que está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

Las pesquisas se desarrollaron en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín, en viviendas particulares, estudios jurídicos y hasta en oficinas dentro de Jefatura de Policía.

La semana próxima extraditarán a Damián Reifenstuel y el miércoles llegará a RosarioDe acuerdo al expediente, los investigados “accedían a información confidencial del sistema policial y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares”.

A su vez, los otros detenidos son el civil Gabriel Élido Burkhard; los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia; el hermano de Maximiliano, Gastón Miguel Ochoa Roldán; y el suboficial Dante Gabriel Villalba.

Se espera que en los próximos días puede haber nuevos allanamientos y detenciones.

Un grave hecho de violencia sacudió este lunes por la tarde a la ciudad de Rosario, cuando un hombre arrojó una bomba molotov contra un departamento ubicado en Sánchez de Thompson al 200 bis. El ataque provocó un incendio en el lavadero y rompió los vidrios del frente del inmueble, aunque no se registraron heridos.

Según relató la dueña del departamento, en el momento del ataque se encontraba en el lugar junto a varios familiares. Todos escucharon una fuerte explosión y vieron cómo una cortina comenzaba a prenderse fuego. Rápidamente lograron controlar el incendio antes de que se propagara.

La mujer denunció que el agresor utilizó una bomba molotov casera. En el lugar encontraron una botella con restos de combustible y un trapo quemado, lo que confirmó que el artefacto fue arrojado desde el exterior del edificio.

Lo más preocupante es que, según la víctima, desde hace un mes viene recibiendo amenazas por parte de quienes le vendieron la propiedad. Aunque no se conocen más detalles sobre el conflicto, el hecho ya está siendo investigado por las autoridades.

Un nuevo método de estafa detectado por la Policía Nacional de España pone en alerta a los usuarios de WhatsApp. Los delincuentes utilizan la función de compartir pantalla junto con videollamadas manipuladas para obtener acceso a datos bancarios y secuestrar cuentas.

El modus operandi comienza con los estafadores contactando a las víctimas haciéndose pasar por familiares, empleados bancarios o técnicos de soporte. La conversación inicia por chat y luego se traslada a videollamada para aumentar la confianza. Aunque se niegan a mostrar su imagen alegando problemas técnicos, insisten en que la víctima active la opción de compartir pantalla para “resolver una incidencia urgente”.

Al hacerlo, los estafadores obtienen una visión completa y en tiempo real del dispositivo, pudiendo visualizar desde aplicaciones bancarias hasta códigos de verificación que llegan por SMS. Con esta información, pueden vaciar cuentas, transferir la cuenta de WhatsApp a otro dispositivo y cometer otros fraudes antes de que la víctima se percate del engaño.

El riesgo principal radica en la exposición de datos sensibles, que puede incluir contraseñas, mensajes privados, fotos y correos electrónicos. Además, la información obtenida puede ser utilizada para suplantación de identidad, chantajes o ventas en el mercado negro.

Estas estafas suelen dirigirse a personas con menos experiencia en el manejo de funciones avanzadas y en prácticas de ciberseguridad, como adultos mayores, quienes tienden a confiar en explicaciones técnicas sin sospechar la verdadera intención detrás.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al compartir pantalla y desconfiar de solicitudes inesperadas, incluso cuando provengan de contactos conocidos.

Jesica Cirio regresó al país tras pasar unos días en México, viaje que —según declaró— fue por “temas personales”. A su llegada, fue interceptada por un cronista de DDM, aunque respondió con brevedad y sin dar demasiados detalles.

El viaje no estuvo exento de contratiempos. La modelo tuvo que cambiar de avión por un desperfecto técnico y, pese a tener pasaje en primera clase, terminó viajando en clase turista. A su arribo, Cirio bajó del avión con gafas oscuras, capucha y gorra, visiblemente reservada. Fue escoltada por personal de seguridad hasta una camioneta negra que la esperaba en la terminal.

Durante el breve contacto con la prensa, se refirió a su situación personal y al vínculo con su segundo marido, Elías Piccirillo, quien se encuentra detenido. Consultada por su estado civil, respondió: “Creo que ya salió el divorcio”. 

También descartó estar siendo investigada: “No, para nada”, dijo con firmeza. Además, aclaró que no está en pareja actualmente y que su situación laboral es estable.

"Es un momento bastante difícil", resumió la conductora, sin entrar en más detalles.

Luck Ra, el cantante argentino conocido como Juan Facundo Almenara Ordóñez, desmintió su aprehensión en Bolivia. Mientras la noticia sobre su supuesta detención circulaba por Sudamérica, él se encontraba en su cama, indicando que estaba "durmiendo la siesta".

El músico compartió a través de Instagram una imagen en la que se lo ve algo dormido, con el respaldo de su cama de fondo. Junto a la fotografía, aclaró la situación con un mensaje que decía: "Amigos, me acabo de levantar de la siesta y supuestamente estoy preso en Bolivia. No entiendo nada, pero estoy bien igual", añadiendo la etiqueta "#freeluckra".

La confusión se generó tras informaciones sobre su detención en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia. Según el director departamental de la fuerza anticrimen, Neme Ballón, se había presentado una denuncia contra Luck Ra por una supuesta estafa que rondaría los 50.000 bolivianos.

Ballón había indicado: "Tenemos una denuncia que versa en contra de un artista de música argentina, Luck Ra, quien habría propiciado una estafa de aproximadamente 50.000 bolivianos. En horas pasadas, el personal policial ha procedido a la aprehensión de este artista y también se busca a su representante para trasladarlos a La Paz".

Además, se hizo circular una imagen de una orden de aprehensión firmada por el abogado Manuel Nelson Calle, de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, lo que incrementó la confusión sobre la situación del músico. 

El presidente en licencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue denunciado penalmente por los dirigentes opositores César Francis y Pablo García Lago, luego de la difusión de un video en el que presuntamente se lo ve recibiendo dinero en efectivo en un contexto poco claro, vinculado al fichaje de jugadores en el club.

Francis, excandidato a presidente y abogado, anunció la presentación de la denuncia a través de su cuenta de X (antes Twitter), en la que también participa el abogado Christian Mera. “Presentamos una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta”, escribió.

“El video difundido conlleva a la necesidad de esclarecer lo allí acontecido a fin de determinar si se está o no en presencia de un delito y si se ha perjudicado al club”, expresó Francis, exigiendo transparencia en la conducción de San Lorenzo.

Por su parte, Pablo García Lago, exsecretario del club y también denunciante, hizo pública su presentación judicial, en la que solicita investigar posibles delitos de administración fraudulenta, lavado de activos y, de forma subsidiaria, estafa, según los artículos 173, 303 y 172 del Código Penal.

“La transparencia institucional y la rendición de cuentas no son optativas: son obligaciones ineludibles”, declaró García Lago, quien además aclaró que renunció a su cargo meses atrás por diferencias con la actual dirigencia y para preservar su integridad personal.

Frente a la polémica, Marcelo Moretti se presentó espontáneamente ante la Justicia, donde negó cualquier tipo de irregularidad. Según explicó, fue víctima de una maniobra de extorsión y aseguró tener en su poder la versión completa y sin edición del video difundido por el programa “TL9 Denuncia”, el cual —sostiene— desmentiría las acusaciones en su contra.

Moretti afirmó que se trató de un “armado con el fin de extorsionarlo e instigarlo a renunciar”, y pidió que se investigue el origen y la intencionalidad del material audiovisual.

La causa ya está en manos de la Justicia y podría marcar un punto de inflexión en la conducción del club azulgrana, en medio de un fuerte clima político interno.

Orlando Manzoni, un joven de 19 años oriundo de Paraná, Entre Ríos, y fundador de Argentitienda, una tienda online que ofrecía productos importados a precios atractivos, se encuentra detenido por defraudar a 193 de sus clientes. Según fuentes judiciales, Manzoni prometió envíos de productos a precios promocionales, pero nunca cumplió con las entregas, causando un perjuicio económico cercano a los 10 millones de pesos.

La investigación, liderada por la UFECI del fiscal Horacio Azzolin, comenzó en enero tras recibir varias denuncias de usuarios afectados. Las quejas crecieron rápidamente en redes sociales, lo que llevó a la Policía de la Ciudad a intervenir. Manzoni fue detenido y se le incautaron diversos elementos, como su computadora, iPhone, tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales, y tres relojes de lujo.

Durante la investigación, se descubrió que Manzoni tenía una cuenta en Binance, una plataforma de criptomonedas, lo que llevó a las autoridades a solicitar el congelamiento de sus fondos y el secuestro de sus tokens. Los investigadores también están tratando de determinar si el joven actuaba con cómplices en esta estafa.

Manzoni aún no ha sido indagado, pero la causa por estafa continúa en el Juzgado Criminal N°14, mientras se espera una pericia digital más profunda en su celular. Esta causa se enmarca en una serie de investigaciones recientes sobre fraudes digitales, como el caso de Iván David Cudde, detenido en septiembre de 2024 por liderar una red internacional de estafadores especializados en phishing.

La investigación sigue su curso, y las autoridades continúan analizando los detalles del caso para determinar la magnitud total del fraude y si existen otros involucrados en este esquema delictivo.

Una mujer de 40 años fue arrestada en La Banda, Santiago del Estero, después de robarle 180 mil pesos a una jubilada que le había pedido ayuda para retirar dinero de un cajero automático. La ladrona se aprovechó de la confianza de la víctima y se quedó con el dinero.

La investigación, llevada a cabo por personal de Delitos Económicos, incluyó el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y permitió identificar a la autora del hecho. 

La mujer fue detenida y trasladada a una comisaría, donde quedó a disposición de la justicia.

La detenida fue identificada como una mujer de 40 años, imputada por el robo a la jubilada.

La policía allanó un domicilio en el barrio Agua y Energía, donde se cree que la mujer podría haber escondido parte del dinero robado.

Jesica Cirio rompió el silencio tras quedar envuelta en la grave denuncia por estafa que recibió su esposo Elías Piccirillo. “No estoy pasando por los mejores días”, aseguró. Además, anunció que iniciará aciones legales contra el denunciante Francisco Hauque, quien aseguró que ella tenía conocimiento de los negocios del empresario.

“Hola, Luis. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, se imaginarán que no estoy pasando por los mejores días, pero sigo adelante porque más que nada quiero que todo esto se aclare”, dijo en un audio que pusieron al aire de A la tarde (América).

Luego apuntó contra Hauque: “Y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara a decir todas las cosas que dijo falsas... Lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así”.

Sobre su forma de actuar en el último tiempo donde optó por el silencio, Jesica explicó: “Está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire de ningún lado, no estoy dando notas. Fue la decisión que tomé hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea. Me siento más cómoda así. Muchas gracias”.

📢 Habló JÉSICA CIRIO: "No estoy pasando por los mejores días. Estoy esperando que todo esto se aclare"Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/GNuLxtj6pr

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue hallado culpable del delito de estafa y asociación ilícita. La pena fue otorgada por el Tribunal de Goya, Corrientes, en una audiencia acalorada por gritos y la expulsión de la sala del acusado.

En minutos se espera que se realice la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena, la cual abarca un mínimo de cinco años de prisión por el delito de estafa en continuado y asociación ilícita.

Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino fueron también hallados culpables, mientras que Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Ahora resta que los acusados enfrenten procesos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires. Sobre este último, Pablo Fleitas, abogado querellante, informó que la próxima semana llamarían a Cositorto y al grupo a indagatoria.

Antes del dictamen de culpabilidad, el presidente del Tribunal Ricardo Carbajal, dio cuenta de los hechos que tienen por acreditados tras los casi cuatro meses de juicio.

Mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: “Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio”.

En la fundamentación mencionó que “se sostuvo como maniobra el uso de pantallas mediáticas y medios de comunicación y la ostentación mostrando viajes de lujo para construir el engaño”.

Gerardo Mario Berra Rojo, dueño de la agencia de viajes Turismo Felgueres, fue detenido en México después de casi dos años en fuga. La Justicia argentina lo acusa de estafar a más de 3.600 personas que compraron paquetes turísticos que nunca se concretaron, con un fraude que supera los 20 millones de dólares.

El escándalo estalló en Semana Santa de 2023, cuando miles de viajeros se presentaron en el aeropuerto de Ezeiza y descubrieron que no podían embarcar porque los boletos no existían. La investigación reveló que la empresa vendió viajes sin respaldo, afectando a 3.601 personas que quedaron varadas o sin alojamiento en sus destinos.

Berra Rojo salió de Argentina en abril de 2023 y fue declarado en rebeldía en mayo del mismo año. Después de una investigación coordinada entre la Justicia argentina y la oficina de Interpol, fue detenido en México el 22 de enero pasado. Ahora, la Cancillería argentina tiene 60 días para presentar el pedido formal de extradición.

Mientras tanto, la fiscalía sigue investigando el patrimonio del empresario y de su agencia para intentar recuperar parte del dinero y compensar a las víctimas. El perjuicio total se estima en más de 19,6 millones de dólares, 4.500 euros y 471 millones de pesos.

Una mujer francesa de 53 años, identificada como Anne, ha denunciado una estafa en la que perdió una fortuna de 830.000 euros. Durante un año y medio, un impostor que se hacía pasar por el famoso actor de Hollywood Brad Pitt la engañó con historias falsas y técnicas de manipulación para convencerla de transferirle dinero.

El estafador contactó a Anne a través de Instagram en febrero de 2023 y utilizó fotos manipuladas y un video generado por inteligencia artificial para hacerle creer que era el actor. Le contó historias falsas sobre una operación por cáncer de riñón y un complicado divorcio con Angelina Jolie, asegurando que no podía acceder a sus cuentas bancarias.

Anne, quien estaba atravesando una crisis matrimonial en ese momento, se sintió vulnerable y creyó en las historias del impostor. "Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, pensaba: ‘son fotos que hizo para mí’", explicó en una entrevista en el programa Sept à Huit del canal TF1.

La verdad salió a la luz cuando Anne leyó noticias sobre la relación de Brad Pitt con Inés de Ramón. Para entonces, había perdido casi todo su patrimonio, incluidos los 775.000 euros que recibió tras su divorcio. Actualmente, Anne enfrenta una grave depresión y se encuentra viviendo en casa de una amiga, luchando por superar la trauma y la pérdida financiera. 

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", expresó con indignación.

Ingrid Grudke dio la cara en medio del momento más doloroso de su vida, enfrentando una realidad que no imaginaba nunca: quien fuera su pareja la engañó con su sobrina política. Confirmó la separación y ahora dio detalles de lo que siente actualmente como mujer.

Fue así que, consultada por "A La Tarde" (América TV), se quebró al hablar de su separación de Martín Colantonio y la relación que su ex tuvo con Andrea: "Estoy un poco shockeada, dolida. Pasaron muchas cosas, tengo un tiempo para recuperarme".

"Santiago es el hijo de mi hermana mayor, estaban casados. Andrea Miranda era mi mano derecha... me cuesta hablar porque uno revive cosas. Sentí una estafa emocional. Me duele mucho, me cuesta", sostuvo con la voz quebrada.

"Creí en una persona. Para mí, Martín era un ser maravilloso y descubrí otra cosa", agregó. "Había alertas pero a uno le cuesta creer que pase una cosa así. Para nosotros fue una explosión familiar que pase algo así", confesó con dolor.

Y siguió visiblemente afectada: "Puedo entender que la gente se enamore, no es que me hago la superada, pero uno no quiere creer que te pase a vos y que sea mucho tiempo. No es que fue un desliz o 'nos confundimos', fueron varios meses".

"Apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo. Creí en él y en todo lo que sentía y lo que yo sentía por él. Me siento estafada emocionalmente, siento una desilusión. No puedo entender, no puedo creer. Me duele mucho y me afectó mi salud", contó la modelo sobre esta triste situación.

LOS CHATS QUE DEMUESTRAN EL ENGAÑO

La víctima había acordado reunirse con el "comprador" en Blas Parera y 12 de Infantería. Tras el engaño, éste desapareció con el rodado.

Un insólito robo se produjo la tarde del lunes en la zona de Blas Parera y 12 de Infantería, donde una joven de 25 años cayó en una estafa mientras intentaba vender su moto Yamaha YBR a través de redes sociales.

La víctima había acordado reunirse con un hombre que se identificó como Joaquín, interesado en adquirir el rodado. El encuentro transcurrió sin incidentes hasta que el supuesto comprador pidió probar la moto. Para ganar la confianza de la joven, entregó un pequeño bolso que, según dijo, contenía el dinero de la transacción.

Una vez al mando del vehículo, Joaquín se dirigió hacia Javier de la Rosa y tomó rumbo al oeste, perdiéndose de vista rápidamente. Al notar la demora, la joven revisó el bolso, descubriendo que en lugar de dinero solo había papeles inservibles.

El caso quedó en manos de la Seccional 10ma, que investiga la identidad del sospechoso y el paradero de la motocicleta.

Este episodio se suma a una creciente ola de engaños en operaciones de compra y venta realizadas mediante plataformas digitales, alertando sobre la necesidad de extremar precauciones en este tipo de transacciones.

Dos mujeres fueron arrestadas durante las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, acusadas de estafas reiteradas a través de redes sociales.

El caso está en manos de la Policía de Investigaciones, que puso manos en el asunto tiempo atrás, cuando se recibieron varias denuncias de víctimas de distintas localidades.

Los hechos tenían el mismo modus operandi. Los estafadores utilizaban perfiles falsos en redes sociales para ofrecer automóviles y motocicletas.

Los delincuentes, con gran habilidad, lograban que los incautos compradores abonaran una "seña" para asegurar la operación, pero poco después, al llegar al lugar acordado para la transacción, se encontraban con vendedores que "desconocían el motivo del encuentro". Ante el menor reclamo, los estafadores bloqueaban a las víctimas.

A partir de los primeros datos recabados, la PDI solicitó informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado para analizar las líneas telefónicas aportadas por los damnificados. La investigación reveló que todas las líneas habían sido utilizadas con el mismo equipo telefónico y que un interno de la Unidad Penitenciaria U2 de Las Flores, junto a dos mujeres de su entorno familiar, serían los responsables de las maniobras.

Finalmente, este lunes la PDI realizó un allanamiento en una vivienda de la Manzana 1 del Barrio Alto Verde, donde secuestraron dos teléfonos celulares y detuvieron a las mujeres identificadas por sus iniciales como UE y ZJ.

Asimismo, se realizó una requisa en el pabellón donde se encuentra alojado el interno LL, donde fueron incautados elementos de interés para la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este jueves por la mañana dos domicilios de la localidad de Laguna Paiva por un delito cometido en 2022.

Las actuaciones comenzaron en ese entonces, cuando el damnificado denunció que había publicado una lancha para su venta y que un hombre se contactó para ofrecerle dinero en criptomonedas que se administraban bajo una billetera virtual.

Luego de ser convencida, la víctima hizo entrega de la embarcación, pero los dos meses de la transacción, corroboró que la plataforma virtual se encontraba fuera de línea. Se percató entonces de que todo había sido un engaño de parte del comprador para quedarse con el bien de su propiedad.

Por esta razón, efectivos de PDI realizaron distintas medidas de prueba por meses y finalmente allanaron el lugar donde se encontraba oculto el bien y la vivienda del presunto involucrado. Los uniformados incautaron un teléfono celular, papeles varios de interés para la causa y una lancha.

El sospechoso, cuyas iniciales son OWJ, quedó en libertad pero a disposición del fiscal del caso, el doctor Ignacio Lascurain.

La embarcación quedó, por ahora, en depósito judicial dentro de instalaciones de la Prefectura Naval Argentina, mientras que el teléfono del acusado fue remitido a los peritos para que busquen información relevante.

En Ibiza, España, dos mujeres argentinas fueron arrestadas junto a otros cuatro turistas por no pagar una cena que ascendía a 12.291 euros. Según fuentes policiales locales, el grupo disfrutó de una comida en un conocido restaurante, pero al momento de abonar presentaron una excusa inverosímil.

El grupo estaba compuesto por un británico de 77 años y cinco mujeres de entre 24 y 39 años, incluyendo a las dos argentinas. Al negarse a pagar la cuenta, los empleados del restaurante contactaron a la Policía Nacional de España.

Cuando los oficiales llegaron, los empleados explicaron que los clientes se negaban a pagar alegando que habían sido invitados por una séptima persona, quien se había marchado del lugar diez minutos antes. Las seis personas fueron imputadas por presunto delito de estafa y quedaron detenidas.

Las autoridades de Ibiza recordaron a los turistas que "hacer un ‘simpa’ te puede salir muy caro", destacando que este tipo de acciones no solo es una falta de respeto hacia los establecimientos comerciales, sino que también constituye un delito de estafa, con penas que pueden llegar hasta ocho años de prisión.

En España, las penas por estafa varían según su clasificación: el delito leve se sanciona con prisión de uno a tres meses o multa, el tipo básico con prisión de seis meses a tres años y el agravado con prisión de uno a seis años y multa. Si el valor de la defraudación supera los 250.000 euros, la pena puede ser de prisión de cuatro a ocho años, además de una multa.

En un reciente fallo judicial, se ha ordenado a una pareja que abone $300.000 al demandante J.D.K., quien había sido etiquetado como “garca” en varios grupos de WhatsApp. El tribunal dictó la sentencia en favor de J.D.K. en su demanda contra A.T. y E.D., quienes lo acusaron de ser un supuesto estafador en plataformas de redes sociales. Las acusaciones incluyeron la publicación de una imagen suya con la palabra “GARCA” escrita en ella.

J.D.K. alegó que, a causa de estas acusaciones, fue expulsado de diversos grupos de WhatsApp dentro de una comunidad específica. La publicación en los grupos contenía una fotografía de J.D.K. acompañada de un extenso texto titulado “Las vueltas de la vida”, donde se decía: “Años buscando a este personaje J.D.K. y aparece sorpresivamente aquí. No solo se merece ser echado de este grupo, sino que también es necesario que se conozca su cara y su nombre para que no vuelva a perjudicar a nadie más”.

Además, se afirmó en el texto que J.D.K. había estafado a E.D. con una suma considerable de dinero, que rondaba los 60.000 dólares, y que el dinero era irrecuperable. Esta acusación fue publicada en el grupo de WhatsApp, donde se alegaba que J.D.K. había desaparecido sin dejar rastro.

A pesar de las acusaciones y el daño causado, la decisión judicial falló a favor de J.D.K., ordenando a A.T. y E.D. a pagarle $300.000 como indemnización, además de cubrir las costas legales.