Los apoderados legales dieron pistas sobre cómo se determinará el destino del patrimonio

María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges fallecida el pasado 26 de marzo, no habría dejado un testamento con indicaciones acerca del legado literario del autor de “Ficciones” y su patrimonio pasaría a manos del Estado, anunció este lunes apoderado legal de la escritora y traductora, Fernando Soto, quien además anunció que solicitó a la justicia que se decrete abierto el juicio sucesorio para verificar la existencia de herederos.

El anuncio acerca de la no existencia del testamento fue realizado esta tarde por Soto, abogado de Kodama e integrante de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, creada en 1988 por la viuda del autor de “Ficciones” para apuntalar su labor individual como custodia de la obra del escritor argentino más universal de todos los tiempos. “No dejó testamento”, dijo el letrado en conferencia de prensa. Y más tarde aclaró: “Su escribana de confianza no tiene testamento. Nadie de círculo cercano entre quienes consultamos conoce el testamento. Si al momento de entrar a su casa se encuentra un testamento, se tomará ese, pero las posibilidades son bajísimas”.

Era su vida, no le importó lo patrimonial -dijo Soto-. No quería hablar de lo que fuera de la finitud, tanto es así que Borges no le dijo a ella que era heredera. Ella se enteró luego”, agregó.

Soto dio a conocer un documento en el que se especifican los pasos a seguir para determinar cómo se determinará el destino del patrimonio literario de Borges. “En legal tiempo y forma y conforme a lo dispuesto en los arts. 529 2da. parte, 532, 536, 2438, 2441, 2444 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y lo dispuesto en la Ley local nro. 52, vengo a iniciar la sucesión por Herencia Vacante de la sra. María Kodama”, dice el comunicado

De no aparecer herederos, el legado literario del escritor quedará en manos del Estado, que se encargará de gestionar los derechos por traducciones, nuevas ediciones así como de materiales inéditos, una tarea que desde 1986 y hasta hace unos días había desempeñado su viuda y albacea, fallecida el pasado 26 de marzo a los 86 años.

“Ella dejó todo arreglado, ya se informará”, había dicho Soto momentos después de que se confirmara el fallecimiento de la viuda y albacea de Borges.

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Curiosamente, el año pasado la propia Kodama había anticipado su decisión de entregar el legado de Borges a dos universidades extranjeras, llegando a anticipar que podría tratarse de la de Tokio, en Japón, donde se trabajó y se trabaja fuertemente sobre la obra del autor de “El Aleph”, y las estadounidenses de Texas o Harvard, país donde avanzaron en proyectos conjuntos.

“En Japón traté de averiguar con gente vinculada a cuestiones diplomáticas y expresaron que ellos están con muchos requisitos para aceptar una donación, un legado. No es como Estados Unidos que tiene menos requisitos. De hecho, la Japan Foundation le ofreció a María Kodama ser la representante y ella no aceptó por la responsabilidad que implicaba hacerse cargo de esa obra. Que yo sepa, no existe ningún documento en Japón”, explicó el abogado aunque “puede haberlo”.

Como heredera del legado de Borges, Kodama se ocupó hasta ahora de divulgar esa obra en el mundo y la defendió cada vez que lo consideró necesario, enfrentando a su modo el azote al que el machismo de la escena literaria condena históricamente a las viudas devenidas albaceas.

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El Senador Provincial Felipe Michlig insistió en que “es imperioso que el Estado Nacional realice una rotonda en la intersección de RN° 34 y RP N° 39, en la localidad de Arrufó, de lo contrario las estadísticas luctuosas se seguirán incrementando” advirtió.

“Este es un pedido de toda la región que transita habitualmente por este corredor vial y sabemos del peligro que significa cruzar por la intersección de las rutas citadas, lo cual encuentra su fundamento en los lamentables y luctuosos siniestros de tránsito que se siguen sucediendo” aseveró el legislador.

Felipe Michlig: “El acuerdo de Perotti y Fernández es desfavorable para el conjunto de los santafesinos”

A través de distintos proyectos de comunicación desde el año 2019 (el último aprobado el mes anterior en la cámara de senadores) he advertido sobre el peligro existente y las consecuencias que se viene registrando a lo largo del tiempo por no contarse con una rotonda en esa región, sin embargo, las solicitudes siguen cayendo en saco roto y los siniestros se siguen sucediendo”.

Un tren chocó a un auto en Arrufó

“Es hora de que en forma urgente el Estado Nacional tome cartas en el asunto y que desde el gobierno de la provincia se hagan gestiones para que se realice esta obra de vital importancia. La inversión para el presupuesto nacional es ínfima, sobre todo si es para salvar vidas. Solo es cuestión de sensibilidad, sentido común y decisión política”.

Asimismo el legislador recalcó que “es imperioso que provincia y Nación se comprometan con esta situación”, agregando que “ambas rutas concentran un alto nivel de tránsito, en particular de camiones y colectivos que unen el norte con el centro y sur de nuestro país, y las terminales portuarias. Sin embargo, en el cruce indicado no solo no existe rotonda, sino tampoco elementos reglamentarios que obliguen a disminuir la velocidad y ordenar la circulación, ni puentes, lo cual provoca un grave riesgo de accidentes constante, más los tantos accidentes luctuosos ya ocurridos”.

La Administración General de Puertos (AGP) estará a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina.

La nueva concesión de la Hidrovía Paraguay Paraná se inició a partir del primer minuto de este sábado con el Estado Nacional, a través de la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina, que atraviesa siete provincias.

Esta nueva modalidad contará además con un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto por el Gobierno, y del que participan además del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

El viernes al cerrar el día, la concesión privada que administró la Hidrovía en los últimos 26 años llegó a su fin, luego de un proceso iniciado en 2020 cuando el presidente Alberto Fernández lanzó un Acuerdo Federal para abordar el desarrollo de la ruta fluvial que en la Argentina cuenta con 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que tiene el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Este sábado comienza la gestión estatal de la Hidrovía Paraná por un año

En 1995, el gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga que duró hasta el viernes, para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.

En este marco, el Presidente, a través del decreto 427/2021, decidió el 1 de julio último dejar a la Hidrovía bajo control estatal, más precisamente a manos de la AGP.

“Es un paso adelante. Si bien es una medida transitoria, da certeza de lo que va a pasar con la Hidrovía. Y da tiempo al Gobierno a preparar un proyecto de licitación, en lugar de hacer algo a las apuradas”, destacó a Télam Guillermo Misiano, presidente del Grupo PTP, uno de los principales operadores portuarios del Paraná.

PTP tiene el manejo de terminales sobre la Hidrovía en las ciudades bonaerenses de San Nicolás, Ramallo y Lima, Nueva Palmira (Uruguay) y Villeta (Paraguay), y está en proceso de construir dos nuevos puertos: uno en la Zona Franca Santa Fe de Villa Constitución y el otro en Brasil.

“Si bien es una medida transitoria, da certeza de lo que va a pasar con la Hidrovía y da tiempo al Gobierno a preparar un proyecto de licitación” GUILLERMO MISIANO

Misiano consideró que la decisión del Gobierno respecto de la vía navegable “es importante para planificar las inversiones que se van a hacer”, y señaló que “si la Hidrovía cambia de 33 a 40 pies de profundidad, habrá que invertir en los puertos para adaptarse”.

Añadió que “también los importadores y exportadores deberán adaptar toda la cadena logística a la nueva profundidad”, pero destacó que esto conllevará una “consecuente reducción de costos” para el comercio.

“En lo personal tengo expectativas muy positivas, porque este paso que se dio, en el contexto que venía la situación, complicada por la pandemia, es certero. Es una decisión inteligente que da una señal clara, al mercado y a todos los actores, de hacia dónde el Gobierno quiere ir con la Hidrovía”, afirmó Misiano.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez, destacó a esta agencia que espera que el proyecto de desarrollo que tiene el Gobierno para la Hidrovía apunte a “defender la industria nacional, fomentar las economías regionales y promover el empleo argentino”.

“Garantizar la navegabilidad y seguridad de la Hidrovía, a través de la reactivación o creación de una empresa de dragado que mantenga las vías navegables en buenas condiciones” SILVIA MARTÍNEZ

Para eso, señaló que es preciso “buscar e impulsar sinergias entre el sector público-privado como motor del crecimiento nacional”, y también sostuvo que se debe “considerar al transporte marítimo como un actor relevante de la economía nacional, en su condición de dador de empleo, y socio colaborativo de otros rubros como el petroquímico, minero, turismo y ferroviario”.

Además, consideró que es necesario “recuperar la bandera argentina de buques marítimos, fluviales y de pesca en la participación de la Hidrovía”.

En ese sentido, pidió “apoyar a los astilleros y talleres nacionales dedicados a la construcción, reparación y mantenimiento de flota, y a los proveedores de insumos, como las pymes naval partistas, mediante la implementación de políticas navieras concretas y sustentables que garanticen la competitividad de los buques y armadores argentinos”.

“Santa Fe debe ser protagonista en la discusión sobre la hidrovía”

Asimismo, Martínez propuso “garantizar la navegabilidad y seguridad de la Hidrovía, a través de la reactivación o creación de una empresa de dragado que mantenga las vías navegables en buenas condiciones”, y evaluó que hay que “cuidar el medioambiente, a través de la descarbonización del transporte y dragado con barcos a gas natural licuado (GNL)”.

“Todo esto en conjunto con la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, va a influir sobre la Hidrovía” JULIO GONZÁLEZ INSFRÁN

En tanto, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán, destacó a Télam la existencia de otros órganos que intervendrán en la gestión y administración de la Hidrovía, como el Ente Nacional de Control y la Comisión Bicameral de Seguimiento Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía.

En ese sentido, indicó que “todo esto en conjunto con la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, va a influir sobre la Hidrovía”.

La empresa farmacéutica de los Estados Unidos está dispuesta a vender sus dosis contra el COVID-19, pero sus compromisos comerciales colocan a la Argentina al final de una larguísima lista de espera.

El jueves 14 a la tarde, Alberto Fernández ratificó que la primera etapa de vacunación contra el COVID-19 será únicamente a través de la Sputnik V, si Vladimir Putin cumple con su promesa y envía 30 millones de dosis de la vacuna rusa antes que concluya marzo.

Ese día en la Casa Rosada, antes de protagonizar la promulgación de la ley del Aborto, el presidente dialogó con Noubar Afeyan, titular de la empresa farmacéutica Moderna. Y la conclusión fue casi una obviedad: Moderna puede vender sus vacunas aprobadas en Estados Unidos, pero recién llegarían a la Argentina en el segundo semestre.

Afeyan es amigo del empresario Eduardo Eurnekian y juntos exigen a nivel global que Turquía reconozca su responsabilidad política en el genocidio armenio. Eurnekian habló con Alberto Fernández antes de fin de año, y lo puso en contacto con Afeyan, que lidera una compañía que ya cerró acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Israel y la Unión Europea

La Casa Blanca desembolsó en Moderna cerca de 1.000 millones de dólares para apoyar la producción a gran escala y la vacuna se muestra efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años. Este aspecto técnico es clave: la Sputnik V no alcanza este grupo etario, y aún no se sabe cuándo las autoridades sanitarias de Rusia aprobarán su aplicación.

En su despacho de Balcarce 50, Alberto Fernández dialogó con Afeyan durante treinta minutos. Además estaban Ginés González García, ministro de Salud, Carla Vizzotti, secretaria de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora del jefe de Estado. “La charla fue una aproximación, y si al final nos ponemos de acuerdo, las vacunas llegarían después del segundo trimestre”, comentó el presidente en la Casa Rosada.

El pronóstico de Alberto Fernández ratificó que la vacunación en la Argentina -primera etapa- dependerá de la buena voluntad del Kremlin. Putin ya remitió 300.000 Sputnik V -dosis una y dos- que se aplicarán a los trabajadores esenciales. Y a continuación debería llegar un volumen cercano a las 30 millones de dosis -una y dos- antes que concluya marzo.

Pero esta promesa tiene un problema logístico. En Moscú reconocen que esas 30 millones de dosis aún no están todas fabricadas -en las plantas de Corea del Sur y la India-, y no dan precisiones respecto a la autorización oficial para aplicar esas vacunas a los mayores de 60 años.

Frente a este contratiempo verosímil, el Gobierno no tiene Plan B. Todavía no se cerró el contrato con la empresa china Sinopharm, y si ello sucediera, el primer embarque de un millón de vacunas -dosis una y dos- recién aterrizaría en Ezeiza hacia mediados de febrero. Y como sucede con la Sputnik V, la vacuna china aún no fue autorizada para aplicar al grupo de riesgo de mayores de 60 años.

La ausencia de un eventual Plan B puede derivar en un nuevo tironeo político entre la Casa Rosada y las 24 provincias. Alberto Fernández debió modificar su plan de prohibir la circulación nocturna para atenuar el rebrote del COVID-19, frente al rechazo de los gobernadores que optaron por una estrategia más laxa para atender el humor social de sus distritos y la compleja situación económica del interior.

Esa rebelión política, que se resolvió entre bambalinas y se explicitó en un tenue decreto reglamentario, puede tener una escalada si las vacunas rusas no llegan o si la población de determinadas provincias resisten la posibilidad de usar la Sputnik V.

“Definitivamente, no”, dijo Alberto Fernández en Olivos cuando le preguntaron al respecto. Y concluyó: “Firmamos acuerdos por 51 millones de dosis, a nadie le faltará su vacuna”.

El Gobierno nacional decidió hoy continuar con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), aunque focalizado en los sectores más afectados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), y prorrogar el plazo de inscripción a los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Asimismo, anunció el lanzamiento de una línea crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas sin acceso al crédito bancario, que se denominará Pymes Plus, y extendió los créditos con tasa del 24% para el sector productivo y del 18% para cooperativas.

El objetivo, según se informó oficialmente, es que ninguna empresa pyme quede afuera de los programas de asistencia, pero concentrar el auxilio en el 15% del país en donde la actividad productiva no pudo adoptar la nueva normalidad, en particular en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Así se decidió durante la reunión de gabinete económico que se realizó en Casa de Gobierno, donde se resaltó que el objetivo es que la nueva dinámica del ATP se acompañe de diversas líneas de créditos, al entender el gobierno que hay muchas empresas que ya recuperaron su actividad y las necesidades difieren según su estado de funcionamiento.

Por este motivo se determinó que, para el pago de salarios de junio, accederán al ATP con hasta dos salarios mínimos vital y móvil ($ 33.750) las zonas en ASPO y las actividades críticas, como las relacionadas al turismo, la hotelería y la cultura, entre otras, sin diferenciar por la cantidad de empleados.

En tanto, las zonas en las que ya se haya habilitado el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), la cobertura será de un salario mínimo vital y móvil ($ 16.875), aunque ninguna empresa pyme quedará fuera del programa.

“Esta modificación obedece a concentrar mayores recursos en aquellos lugares que están atravesando una situación más complicada por el alto nivel de contagio y que, por ende, tienen la actividad productiva más afectada”, expresó la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, en un comunicado.

La decisión fue dada a conocer luego de la reunión en Casa Rosada del gabinete económico encabezada por Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus pares de Trabajo y Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente.

También asistieron la titular de la AFIP; Mercedes Marcó del Pont, el presidente del Banco Central; Miguel Ángel Pesce, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y el subdirector general de fiscalización de AFIP; Julián Ruiz.

Según datos de la AFIP, el programa ATP alcanzó a cubrir la mitad del salario de más de 4 millones y medio de trabajadores que, en más del 98% de los casos, se trató de empresas que poseen hasta 100 empleados, con una inversión cercana a los $ 100.000 millones en los últimos dos meses.

Por otra parte, durante el encuentro se decidió extender hasta finales de julio la inscripción a los créditos de hasta $ 150.000 a una tasa del 0% para monotributistas y autónomos, por el cual ya se beneficiaron más de 500.000 trabajadores por un total de $47.489,9 millones.

Asimismo se recalcó la vigencia de las líneas de crédito para el sector productivo con una tasa subsidiada del 24% anual, y se anunció la nueva línea Pymes Plus dirigida a un universo que nunca antes había tomado un crédito bancario, y de una específica para cooperativas al 18%, estas dos últimas gestionadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Central (BCRA).

En total, las líneas de asistencia a mipymes, monotributistas y trabajadores autónomos alcanzaron los 554.364 préstamos, por un monto total de $ 325.822,9 millones, desde el 20 de marzo pasado a la fecha, cuando se puso en marcha el ASPO, informó hoy el BCRA.

En respuesta, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), destacó la prórroga del ATP por parte del Estado, pero reclamó a las entidades bancarias que otorguen créditos blandos a pymes para el pago del medio aguinaldo.

“Celebramos que luego del diálogo entre Cgera y los funcionarios, el gobierno haya decidido apoyarnos con la extensión del ATP de junio, pero seguimos insistiendo en que el Estado no puede absorber todo, y por eso les pedimos a las entidades financieras que nos apoyen con el medio aguinaldo”, manifestó Marcelo Fernández, presidente de CGERA.

En este sentido, Fernández sostuvo que “las entidades bancarias deberían financiar a aquellos empresarios que calificaban en el mes de marzo y que debido a la inactividad generada por la pandemia no estarán en condiciones de pagar el aguinaldo tan esperado por los trabajadores”.

El Gabinete Económico resolvió hoy limitar la tercera edición del subsidio para empresas ATP y definió que el Estado no se hará cargo de asistir al sector privado en el pago de aguinaldos que deberá desembolsarse a fines de junio, informaron fuentes oficiales.

En tanto, aún no se definió si habrá tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza a 9 millones de personas.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También estuvieron el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Anses, Mercedes Marcó del Pont.

Sobre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los funcionarios plantearon cómo reducir las millonarias inyecciones de fondos desde el Estado. Se tuvo en cuenta el importante agujero fiscal provocado por la caída de la recaudación generada por la pandemia.

En este punto, decidieron que se limitará el alcance del subsidio y se avanzará en dos sentidos: se dividirá a las actividades entre sectores críticos y no críticos, y se hará una segunda partición entre zonas según la cuestión epidemiológica, es decir, las que están en fases de ASPO (aislamiento social) o DISPO (distanciamiento social), indicaron fuentes oficiales.

Remarcaron que aún falta definir los números finos y dividir entre montos y tamaños de empresas, pero el fundamento de la idea es que las empresas que ya están produciendo, aunque en escalas reducidas, dejarán de recibir la asistencia del 50% de los salarios de sus trabajadores y pasarían a recibir un porcentaje menor.

Por el contrario, las empresas que están en zonas donde aún no se abrió la producción o pertenecen a sectores que tienen la orden de no funcionar, como es el caso de hotelería y turismo, seguirán recibiendo la ayuda del Estado para pagar el 50% de los salarios. Sin embargo, se agregó una cláusula más: las empresas con más de 800 trabajadores no serán asistidas por el ATP, pero sí podrán conseguir créditos del Estado a tasas bajas en pesos para hacer frente al pago de salarios.

En cuanto al IFE, el Gobierno destacó que en solo dos meses se consiguió crear una base de datos de trabajadores que incluye informales y casi sin registros en el sistema de producción de 9 millones de personas.

Daniel Schteingart, quien está al frente del Centro de Estudios de la Producción -órgano a cargo de Kulfas-, participó en la reunión tras haber presentado un informe que dice que el Estado asiste económicamente a “9 de cada 10 hogares del país”.

De todos modos, no se resolvió si se llevará a cabo una tercera entrega del IFE, correspondiente a junio. Funcionarios consultados por la agencia NA también fueron terminantes al remarcar que el Estado “no tiene previsto asistir en el pago de aguinaldos”, algo que viene siendo reclamado sobre todo por el sector pyme del comercio y la industria. “Creemos que en este momento es más importante asistir en el pago de salarios y dar créditos a quienes necesiten capital para reactivar la producción”, explicaron. Es por eso que también se está pensando ampliar los créditos a tasa de 24% que entregan los bancos con garantía del Estado, y diagramar otros dos préstamos para pymes y cooperativas, cuya tasa podría ser incluso menor, del 18% en pesos.

El diputado nacional por el Frente de Todos defendió la intervención de la cerealera, explicó el proceso judicial y advirtió que si se llegaba a la quiebra o la adquirían fondos extranjeros la sede central no estaría en Avellaneda sino “en una oficina en el exterior del país”, generando despidos y grandes pérdidas para la provincia de Santa Fe.

El diputado nacional Marcos Cleri respaldó la intervención y eventual expropiación de las empresas del Grupo Vicentin. En diálogo con El Litoral, el legislador opinó que cree, “de la misma manera que lo están viendo los trabajadores, acopiadores, productores, proveedores de la firma”, que “con esta decisión que ha tomado el gobierno nacional se le da certeza, previsibilidad y la posibilidad de salir adelante y potenciar las acciones que llevaba la empresa ahora en conjunto con lo que va a ser una administración en forma mixta con YPF Agro”.

En el mismo sentido, aseguró que “de esta manera, la incertidumbre que empezó en diciembre para los productores, proveedores, acopiadores y trabajadores y que lleva cerca de seis meses, donde en un concurso preventivo muy cerca de avanzar hasta el proceso de quiebra lo que se les está garantizando es que con la asociación, YPF Agro, con la participación del estado nacional -que cumpliendo con toda la normativa vigente y la Constitución Nacional, en su Art. 17 y las leyes que garantizan el ejercicio de la posibilidad de garantizar no solo la propiedad privada sino también la declaración de utilidad pública-, para poder avanzar en el caso que sea necesario con una propuesta que haga a través de una ley que el Congreso de la Nación termine avalando y por supuesto con la intervención temporaria que establece la ley de expropiación, para poder garantizar el normal funcionamiento de la empresa en el transcurso que lleve el debate legislativo”.

“Como lo están planteando los trabajadores, acopiadores, productores, mayor tranquilidad y saber que con la potencia que pueden realizar las acciones AGRO más lo que venía desarrollando Vincentin, con la certeza que va a poder seguir haciéndolo y por supuesto cumplir sus deudas, tenemos la posibilidad en la provincia de dar opinión, de ser protagonistas, de rescatar una empresa, de rescatar empleos y poder salir adelante en conjunto, como lo veníamos planteando, con una herramienta fundamental que es la asociación mixta entre el sector privado y el estatal y con una empresa tan importante como Vicentin más YPF Agro”, insistió.

La cuestión legal Marcos Cleri también diferenció la intervención económica del proceso penal que pesa sobre la empresa. En este sentido, distinguió que “hay varios temas que aquí tenemos que comprender”: “primero, hay un derecho constitucional que está garantizado en el Art. 17 de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan ese derecho constitucional y por supuesto tenemos una ley, que también creó el Congreso, que es la ley de concursos y quiebras”. “En ese caso -alertó-, todas las interpretaciones mayoritarias, que no son las que están saliendo en todos los medios pero son las interpretaciones mayoritarias de la jurisprudencia, establecen que la potestad primero es la Constitución y los tratados internacionales, los derechos constitucionales y dentro de esos derechos constitucionales principalmente la vida y la propiedad, y, después, el resto de la leyes; con lo cual, la primacía en la decisión siempre la tiene la interpretación de la Constitución y los derechos públicos”.

“En este caso -prosiguió-, el juez de Reconquista que está llevando adelante un concurso y casi camino a una quiebra, que llevó adelante el proceso de inscripción de los acreedores, toma conocimiento del decreto de necesidad y urgencia de aplicación de la ley de expropiación y de la designación temporaria de los directores interventores mientras se esté dando todo el proceso en el Congreso de la Nación y, por supuesto, le habilita toda la información que él ha venido recabando cumpliendo con la ley de concursos y quiebras”. “No es una cuestión de oponerse o no, son complementarias las acciones porque ambos, en este caso concursos y quiebras como el procedimiento para poder llevar adelante el rescate de la empresa van a tener que trabajar de manera coordinada y concomitante”, argumentó.

La ley de expropiación En cuento a la eventual expropiación de la empresa, Cleri explicó que “se trabajará sobre la creación de un fondo que va a administrar YPF Agro sobre la totalidad del holding Vicentin, el grupo económico” y que, a partir de ahora, – “una vez que se define que haya interventores” – “se debe enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para terminar de declarar la utilidad pública y designar los pasos pertinentes de la expropiación y cumplir con todo lo que establece la ley, tiene que haber una tasación, una indemnización, tienen que estar de acuerdo los expropiados con la indemnización, si no, tienen la posibilidad de revisar el juicio de expropiación para poder llegar a consensuar el monto definitivo…todo esto es parte de lo que está reglamentado en la ley de expropiación en vigencia y que se está cumpliendo, acatando la Constitución Nacional”.

Al respecto, adelantó que “se está conversando que la ley de expropiación entre por el Senado y en estos días ya seguramente se enviará el texto definitivo”, y admitió que espera “que por las cámaras de Senadores y Diputados se de el mejor debate y se escuchen las voces de la provincia de Santa Fe y logremos el protagonismo necesario, con la posibilidad de lograr el asociativismo que quieren las cooperativas, con la mirada del sector productivo, con la mirada que ha planteado el Gobernador de trabajar juntos a la par y lograr que Vicentin con YPF Agro puedan potenciarse aun más de lo que venía realizando hoy Vicentin, que está en una situación muy compleja pero tiene una participación muy importante, por la gran cantidad de trabajadores, por la gran cantidad de productores y acopiadores que tienen una vinculación para que esta empresa funcione de manera adecuada”.

Llegado el caso, “el Tribunal de Tasación es el que termina definiendo cuánto es el valor de los bienes, cuánto es lo que se debe indemnizar, cuánto es la deuda, quiénes son los dueños de eso, para poder definir a quién se indemniza, en el caso de corresponder”, manifestó.

Muchas voces Consultado sobre las opiniones encontradas sobre la intención estatal de intervenir y expropiar Vicentin, el representante de Santa Fe en la Cámara de Diputados de la Nación consideró que “Santa Fe está presente en el debate, el Gobernador ha brindado su opinión, la posibilidad de rescatar la empresa y que continúen las fuentes laborales trabajando, que los proveedores, acopiadores y productores puedan cobrar, que la participación, principalmente de ACA, un acreedor muy importante pueda cobrar y por supuesto va a empezar a tener un vínculo a través de un fondo de administración que se va a manejar YPF Agro para poder potenciar y llegar a cada uno de los mercados”. “Es muy importante porque estamos construyendo no solo el rescate de una empresa sino la posibilidad de tener a YPF Agro junto con todos y cada uno de los productores de la provincia de Santa Fe trabajando en conjunto para rescatar una empresa muy importante de nuestra provincia y se escuchan todas la voces, se tienen en cuenta las opiniones y se contemplan en el momento de tomar la decisión para poder tener el mejor proyecto de ley y mucha participación de nuestra provincia en esta acción”.

Y, a pesar de que hay disonancias, recordó que “el Gobernador es el que marca la política pública y por supuesto uno debe comprender y tomar las opiniones del resto de los funcionarios, todos queremos que Vicentin sea rescatada para garantizar que productores, acopiadores, proveedores y principalmente trabajadores puedan continuar el círculo virtuoso, para lo que se tomó una decisión, a través de la intervención, que es poder darles previsibilidad y la garantía de que las acciones que se tomen en ese proceso de concurso y previo a la decisión de rescatar la empresa con fondos estatales nacionales de manera definitiva puedan tener continuidad”. Eso es lo más importante -añadió- y seguramente el Ministro de la Producción también está de acuerdo con esto porque en el fin que se busca, lograr la asociación, crear un supercomplejo entre Vicentin rescatada funcionando, productores, cooperativas, provincia de Santa Fe e YPF Agro estamos creando una gran empresa que va a marcar el rumbo que seguramente los fundadores de Vicentin en el momento que definieron tener esta empresa en Avellaneda – Reconquista, no mudarse nunca, realizar inversiones y diversificarse en toda la provincia de Santa Fe, en Argentina, tenían como objetivo”.

En referencia al “abrazo simbólico” y las manifestaciones contra los interventores que se registraron este martes en Avellaneda, Cleri estimó que se trató de una “acción de los trabajadores jerárquicos, sus familiares y el Intendente de Avellaneda”. “Yo creo que hay que escuchar todas las opiniones y, por supuesto, tratar de tener en claro cuál es la información y hacia dónde se quiere ir. Por eso los interventores, sobre todo Luciano Zarich, estaba presente con una delegación del gobierno notificando al juzgado y poniéndose a disposición para poder conversar con los trabajadores, con los acopiadores y productores que estaban en la zona”, dijo, y atribuyó “la reacción desmedida” a “una parte de la dirigencia política directamente vinculada a Juntos por el Cambio” que “lo único que trató de hacer es incentivar para no terminar teniendo una respuesta”.

En tal sentido, advirtió: “si no se llega a esta solución que estamos planteando y que es también la que el gobierno de la provincia está avalando para poder seguir teniendo una empresa tan importante para el desarrollo de nuestro territorio, esas banderas argentinas que nosotros también queremos que sigan flameando no solo en Vicentin sino en todas y cada una de las empresas de nuestro territorio iban a terminar siendo otro tipo de banderas, con sede en otro lugar y seguramente sin las fuentes laborales en la zona”.

Además, recordó que “muchos querían poder avanzar sobre este porcentaje que tenía Vicentin en la participación y asimismo estaban tratando de hacer algún tipo de oferta”, aunque -destacó- “ninguna impresa importante compra una empresa concursada hasta que no resuelva la situación”. “Ya han hecho esto con anterioridad, principalmente en los ‘90 y principios del 2000, donde le prestaban mucho dinero a una empresa y después que empezaban los desmanejos administrativos financieros terminaban en quiebra, la empresa les pagaba a los trabajadores menos de los que les correspondía y el que compraba la empresa, con capitales extranjeros terminaban haciéndose cargo de la administración o lo que después ellos consideraban más importante y rentable, no con una mirada de responsabilidad social empresaria sino con una mirada de rentabilidad y muy especulativa”, alertó el legislador.

Proceso penal e indemnización En cuanto al proceso penal por las irregularidad financieras de Vicentin, Cleri aseguró que “las investigaciones continúan, porque este es un proceso penal que va a seguir adelante de manera independiente a las acciones que se están tomando en materia económica”. Al respecto, informó que “hay una comisión ya creada en el Congreso, al igual que en Santa Fe, que está siguiendo la deuda del Banco Nación, el crédito que había tomado Vicentin…todos los años, en el presupuesto nacional, el gobierno anterior de Mauricio Macri definía que cerca de veinte mil millones de pesos pasaban del Banco Nación al Tesoro Nacional. En el año 2019, cerca de 18.500 millones de pesos pasaron del Banco Nación al Grupo Vicentin, y veinte días después se declaró en cesación de pagos”.

“En el mes de noviembre -prosiguió-, para que sigamos cronológicamente esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario contrata como asesor financiero al que era presidente de Banco Nación, González Fraga, incompatible, claramente no se podía hacer, y ese mismo mes de noviembre se estaba desembolsando el crédito de $ 18.430.000.000. y el mismo día que se declararon en cesación de pagos seguían recibiendo ese bien fungible que es el cereal y a los proveedores, acopiadores y productores que le habían prestado el servicio hasta el día de hoy no les han pagado”. “Entonces, pongamos en contexto general: desde hace dos años muchos trabajadores han perdido el puesto dentro de la empresa Vicentin, asimismo si esta empresa terminaba en quiebra o se terminaba vendiendo a un fondo inversor extranjero lo que inmediatamente iba a hacer era cerrar sus oficinas en Avellaneda y Reconquista, porque nos las iba a necesitar, despedir a un montón de trabajadores y definitivamente el arraigo y la importancia en nuestra provincia de Santa Fe iba a estar, seguramente, en la sede central de una oficina en el exterior”, reflexionó.

Diálogos previos Finalmente, Cleri aseguró que “siempre” se estuvo en contacto con Vicentin, “porque la importancia de esta empresa en nuestra provincia y la cantidad de acreedores que tiene principalmente en el territorio santafesino y en la región centro son muy grandes”; “pero se deben cerca de mil trescientos millones de dólares, que se dividen casi en un 33% entre Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y AFIP por impago de impuestos vinculados a la exportación, el otro 30% a capitales extranjeros que aportaban a la financiación para que pueda producir, y el otro 30% es a productores, proveedores y acopiadores. Son cerca de 400 millones de dólares que la provincia de Santa Fe dejó de percibir en esos seis meses y seguramente muchos más porque al parar el flujo de producción y acopio de exportación ha hecho que se pare la rueda dinámica de la economía”, insistió. “En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es garantizar que vuelva a ponerse en funcionamiento, que se garantice el pago, que podamos salir adelante con una asociación mixta muy importante y que potencie las acciones de Vicentin y de YPF Agro”, concluyó el diputado.