Este lunes se llevó a cabo una audiencia imputativa virtual en la que la fiscal Fabiana Bertero formalizó cargos contra tres policías que prestaban funciones en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela, acusados de diversos delitos cometidos dentro de la propia institución. También participaron el abogado defensor de los 3 acusados, Carlos Farías Demaldé y el juez Gustavo Bumaguin.Los imputados son Norberto Núñez (46 años, oriundo de Vera), Alejandro Farías (41, de Santa Fe capital) y Cristian Montiel (38, también de Vera), quienes se encuentran detenidos en la Alcaldía de la Unidad Regional I, a la espera de la audiencia de medidas cautelares prevista en principio para el miércoles 2 de abril a las 8:00 horas.

Graves acusaciones dentro de la institución

Durante la audiencia, la fiscal Bertero expuso con detalle los hechos que motivaron la detención de los tres agentes. Entre las imputaciones más graves, se menciona que el jefe de la Alcaidía, Norberto Núñez, habría solicitado un millón de pesos a un interno para evitar su traslado. Además, se lo acusa de permitir el uso sistemático de un teléfono celular en la cocina de la Alcaidía por parte de otro interno, y de ofrecer beneficios carcelarios a cambio de pagos que iban desde 500 mil a 2 millones de pesos.

Asimismo, se le atribuye haber entregado de manera irregular un teléfono celular previamente secuestrado, y de facilitar la desaparición de evidencia vinculada a una causa por lesiones, al recuperar un celular del pabellón 2 previo a una requisa judicial.

Farías y Montiel: implicados como coautores

Los oficiales Alejandro Farías y Cristian Montiel también fueron imputados por su participación directa en los hechos. Según la acusación, en junio de 2024 pidieron 100 mil pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles con anticipación sobre requisas, con el conocimiento del jefe de la Alcaidía.

El hecho Todo comenzó con una denuncia anonima que desencadenó una serie de allanamientos que se iniciaron desde el domingo 23 de marzo en la Alcaidía, que dejó al descubierto un escandaloso hallazgo: 56 celulares, televisores y droga (8,8 gramos de cocaína) en una celda. A raíz de esto, se abrióuna causa paralela por tenencia indebida de estupefacientes, y se intensificó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Calificación legal de los delitos

La fiscal Bertero acusó a los tres policías por una serie de delitos que incluyen: exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad (reiterado), encubrimiento agravado, adulteración de evidencia y coautoría en extracciones ilegalesLos cargos están previstos en distintos artículos del Código Penal Argentino, con penas que podrían implicar prisión efectiva.

Este jueves por la noche el abogado del padre de Loan Peña, Fernando Burlando, confirmó que también se pidió la detención de Macarena, la hija de Laudelina. Además, la semana que viene todos los detenidos irán a declaración indagatoria en la Justicia Federal.

Burlando anticipó que pedirá más detenciones, entre ellas, la de Macarena, hija de Laudelina Peña y prima del nene. El letrado considera que Macarena es la "candidata número uno" para ser detenida "porque es la que encontró el botín".

A propósito, agregó: "Más allá de aclararnos parte de cómo fue la maniobra de su madre, también participó del hallazgo del botín de Loan, sin lugar a duda al menos está inmersa en el delito de encubrimiento agravado".

Burlando también solicitó a la Justicia Federal la detención de Codazzi, el exabogado de Laudelina por las presuntas amenazas y sobornos a ella para que declare que su sobrino murió atropellado por el ex capitán de la Armada Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, que también están detenidos.

El pasado domingo Macarena se presentó a declarar ante la justicia federal en la ciudad de Goya y reveló que a su madre, Laudelina, le ofrecieron una casa, un auto y una moto para decir que Loan había sido atropellado.

Poco antes de que trascendiera el pedido de detención de Macarena, el padre y el hermano de Loan Peña hablaron con la prensa y fueron contundentes y apuntaron contra Laudelina: "Estamos seguros de que se lo llevaron". Luego de reunirse con Patricia Bullrich y asistir a la marcha en el Obelisco, donde se descompensó y fue trasladado al Hospital Argerich. Tras haber sido dado de alta, asistió a un canal de televisión acompañado de su abogado para hablar sobre el caso de la desaparición de su hijo.

Además, el padre del niño desaparecido sentenció: "Está clarísimo que Laudelina mintió. Algo tiene que saber". Al mismo tiempo, José Peña explicó: "No se que hay atrás de todo esto, pero quizá hay alguien más atrás de ellos". En la misma sintonía, volvió a cargar contra Laudelina y sostuvo que "nadie dice nada, están calladitos. Para que se sepa la verdad tienen que hablar".

Su hijo Mariano, en sintonía con su padre, afirmó al ser entrevistado en La Nación+: "El comisario es un tipo al que nadie quiere en el pueblo y se hizo odiar desde el primer momento". Añadió también que comparte la teoría de José: "El no estaba invitado y el objetivo era otra persona".

Durante la entrevista también estuvo presente Roberto Méndez, abogado de José Peña y explicó: "Desde hace un tiempo que vengo notando que esto estaba premeditado". En la misma línea agregó que "el objetivo no era Loan, sino otro de los que estaban" y "Había un grupo organizado para llevarse a un niño". Argumentando su hipótesis indicó: "Posiblemente conocían el lugar donde iba a operar, donde iban a salir, los horarios y movimientos de los vecinos".

Méndez, además, señaló: "Por lo que se supo, que el objetivo era la hija de Camila". Con respecto a la presencia de Loan Peña, que lleva 28 días desaparecido, nadie estaba al tanto de que estaría presente esa tarde ya que, según explicó su padre, fueron "sin avisarle a nadie y me dijeron ahí que venía toda esa gente".

Asimismo, aseguró que "ellos saben donde está y mienten" y señaló: "No puedo entender por qué lo hicieron. Yo nunca tuve nada contra ellos". Con respecto a su hermana, Laudelina Peña, indicó: "No se que le pasó ni porqué lo hizo".

El lateral izquierdo de Independiente Ayrton Costa fue señalado como encubridor del femicidio de Agustina Belén Aguilar cometido por su hermano Carlos Costa el pasado domingo en Bernal, localidad del partido de Quilmes.

La víctima, de 21 años y madre de dos menores hijos de Carlos Costa, habría recibido una paliza en la casa de planta baja y primer piso en la que vivía con él, quien tenía prisión domiciliaria y lleva una pulsera electrónica luego de que hace pocos meses salió de un penal donde estuvo preso por más de tres años por una causa de robo y secuestro.

El femicidio y la acusación

La pareja habría tenido una discusión que derivó en una escena de brutal violencia por parte de Carlos Costa en la planta alta de la casa, mientras que en el primer piso habría estado el resto de la familia del acusado de cometer el crimen, entre ellos el jugador de Independiente Ayrton Costa, quien fue señalado por Jorge Aguilar, padre de la mujer asesinada: “Él (por Carlos Costa) y el hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia, la madre. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”, expresó en declaraciones a Arriba Argentinos, en El 13.

En 2020, Agustina Belén Aguilar había denunciado a Carlos Costa por en el Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Quilmes por amenazas y al acusado, entonces detenido, se le prohibió “practicar cualquier tipo de perturbación, intimidación, hostigamiento y la ejecución de cualquier acto o hecho de violencia de carácter fisico y/o verbal y/o psicológico sobre la actora, sea en forma personal o por el empleo de cualquier medio de comunicación”.

Quién es Ayrton Costa

Ayrton Enrique Costa nació en Quilmes el 12 de julio de 1999. Se formó en Independiente, donde debutó como profesional el 6 de diciembre de 2020, en la victoria ante Defensa y Justicia por la Liga Profesional en un equipo que era dirigido por Lucas Pusineri. Tiene contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2025.

Es zurdo y se puede desempeñar como zaguero central o lateral izquierdo.

En su etapa formativa, se inició en el club de Avellaneda, tuvo un paso por Arsenal, Victoriano Arenas, Platense y luego volvió al Rojo. Sus referentes en su posición son Marcos Rojo, Virgil van Dijk y Nicolás Figal.

“La noche anterior me costó dormir. Estaba ansioso y con nervios. Yo nunca imaginé jugar en Primera, mi familia estaba muy contenta. Mi papá no vio el partido por lo nervioso que estaba” expresó Ayrton tras su presentación.

Así llegó Ayrton Costa a Independiente

“Llegué al club en edad de séptima en 2015. Entrené dos semanas con la Primera y debuté. Cuando entré al vestuario, vi a Fabricio Bustos, Lucas Romero y no lo podía creer. El Perro me habló mucho y aconsejó mucho. Me dijo que lo disfrute y esté tranquilo. Antes de entrar a la cancha, Alan Franco me motivó mucho desde afuera”.

“De los jugadores que estaban en primera yo miraba mucho a Nicolás Figal. Con Sergio Barreto jugamos bastante en inferiores. Me siento cómodo jugando con él al lado. Todavía no tengo contrato. Estoy esperando a ver que pasa” agregó con Independiente de América.

Por qué se llama Ayrton

“Me llamo Ayrton por el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Mi abuelo era fanático de él. El boxeo me gusta mucho. Ahora no, pero antes entrené un tiempo” contó el defensor.

Qué dice el Código Penal sobre el “encubrimiento”

Art. 277: “1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

a) Ayudara a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a la acción de ésta.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancia, el autor podía sospechar que provenían de un delito.

3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.

b) El autor actuare con ánimo de lucro.

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

d) El autor fuere funcionario público.

La agravación de la escala penal, prevista en este inciso solo operará una vez, aun cuando concurrieren mas de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

4) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).”

¿Qué es la suspensión del juicio a prueba?

La suspensión del juicio a prueba, también conocida como “Probation” es una forma de extinción de la acción penal respecto del imputado que cumplió determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre que se reúnan los recaudos legalmente establecidos. (Libro Primero – Título XII del Código Penal).

Deben tratarse de delitos de acción pública reprimidos con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres (3) años.

El jefe del regimiento de Gualeguaychú, el mayor Facundo Candiotti, fue detenido este martes por la mañana luego de ser acusado de encubrir los presuntos abusos sexuales de tres soldados mujeres en 2021.

Facundo Candiotti fue arrestado acusado de encubrir los presuntos abusos a tres soldados mujeres. Uno de los suboficiales está en Campo de Mayo y se espera que se realice un operativo para arrestarlo.

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En simultáneo con el allanamiento que se realizó en Gualeguaychú y por orden del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, efectivos de Gendarmería realizan otro procedimiento en Campo de Mayo para detener al suboficial Víctor Hugo Mercado, que revistó en el Regimiento de Gualeguaychú hasta noviembre de 2021.

Sergio Salinas, jefe de Gendarmería de Gualeguaychú y encargado del allanamiento en el regimiento, señaló a TN que Candiotti, jefe del batallón Dragones de Gualeguaychú, fue detenido por “encubrimiento y falso testimonio, entre otros delitos”.

Salinas también detalló que la medida procesal indicada es la detención de dos personas -Candioti y el suboficial que es buscado en Campo de Mayo-, y que no se realizó una orden de detención para el otro suboficial involucrado en la causa, quien reside en Paraná, fue procesado y está camino a juicio.

“Los otros allanamientos domiciliarios son para incautación de elementos técnicos o pruebas que tengan relación con la causa”, agregó el jefe de Gendarmería, quien detalló que una de las víctimas continúa prestando servicio en la fuerza.

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Las jóvenes que denunciaron los abusos son de entre 21 y 24 años y las tres acusaron a los dos suboficiales por los abusos sexuales que incluyeron hostigamiento permanente, así como amenazas para que no hagan las denuncias correspondientes.

La primera denuncia su contra del suboficial detenido en Campo de Mayo fue radicada el 20 de enero de 2021 en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. Las primeras actuaciones fueron dispuestas por la fiscalía provincial Martina Cedrés, con intervención del juez de Garantías Tobías Podestá, quien estableció restricciones para el presunto abusador y solicitó medidas en el marco de la investigación.

Hoy, la causa tramita en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Rebollo, quien solicitó la detención de los militares, luego de incorporar nuevos testimonios en el marco de la investigación.

El jefe del Regimiento está acusado además por la destrucción de pruebas y ya está en poder de Gendarmería, mientras que luego será indagado por el juez Hernán VIri en conjunto con el fiscal federal Pedro Rebollo.

LOS ANTECEDENTES DEL CASO

En agosto del 2022, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, ordenó el procesamiento de un suboficial principal del Ejército Argentino como autor del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, en perjuicio de una soldada voluntaria del Regimiento de Caballería Nº 12 “Dragones Coronel Zelaya” de esa ciudad, en julio de 2021.

El juez dispuso el embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de 30 mil pesos y ordenó la prórroga de medidas preventivas -requeridas por el Ministerio Público Fiscal- por el término de 90 días, que implican la prohibición de acercamiento al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima, en un radio inferior de 100 metros de donde se encuentre; la prohibición de realizar actos molestos que de cualquier forma perturben psicológica, moral o anímicamente a la denunciante y la prohibición de tenencia de armas de fuego y/o de cualquier otro tipo por parte del procesado. En tal sentido, el magistrado notificó las medidas dispuestas al Regimiento de Caballería y a la Jefatura Departamental de Policía.

En su resolución, el doctor Viri consideró que imputado abusó sexualmente de la soldada voluntaria “mediando una relación intimidatoria fundada en la relación de poder existente por sobre la víctima con basamento en la jerarquía militar y funciones asignadas a cada uno de ellos”.

Familiares y amigos acompañaron a la familia y también están los tres amigos del hecho que sobrevivieron a las balas.

Fue con la lectura de la acusación por el homicidio del chico de 17 años en 2020 y el intento de encubrimiento al haberle “plantado” un arma para simular que hubo un enfrentamiento armado.

Unos 14 policías de la Ciudad comenzaron hoy a ser juzgados por el crimen y posterior intento de encubrimiento del crimen del chico Lucas González, de 17 años, el pasado 17 de noviembre de 2020 en Barracas cuando salió de entrenar con sus amigos del club de dicho barrio y fue abatido por las balas policiales.

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El juicio comenzó en los tribunales de Comodoro Py donde los policías llegaron detenidos. Tres de los 14 están acusados por homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas, son Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.

Otros once agentes, entre ellos varios comisarios, están siendo juzgados por el intento de encubrimiento pues se comprobó que una réplica de un arma de fuego fue plantada en el interior del vehículo en el que iba Lucas con sus tres amigos, para simular que se trató de un enfrentamiento armado.

La sala de juicio se vio desbordada éste jueves con la presencia de muchos amigos de Lucas y familiares del chico asesinado, quienes llegaron a bordo de dos micros que partieron desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivía la víctima, hacia los tribunales de Comodoro Py. Se decidió hacer en este lugar por tratarse de una sala de audiencias grande para que puedan estar presentes los 14 imputados y el público.

El juicio estaba previsto para las 9 de la mañana pero comenzó poco después de las diez por el retraso en el traslado de los 14 detenidos desde la cárcel de Marcos Paz hacia los tribunales de Retiro.

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Mario González, el papá de Lucas, se lo notó muy conmovido antes del inicio del juicio y trajo consigo la camiseta del club barracas que usaba su hijo para entrenar, así como los botines y las tobilleras. “Estas eran sus armas”, dijo en ironía a la hipótesis inicial de los policías respecto a que eran sospechosos.

Según los testimonios, incluido el de los tres amigos de Lucas que iban en el auto con él, los policías de la brigada que les dispararon nunca se identificaron como efectivos, tampoco tenían uniforme oficial ni tampoco hicieron sonar la sirena tal como justificaron en la causa.

Acusa a Diego Molina Pico de haber encubierto el crimen y favorecer a quien hoy está siendo juzgado por el hecho de 2002.

El viudo Carlos Carrascosa denunció penalmente hoy al fiscal Diego Molina Pico por el encubrimiento en el asesinato de su esposa María Marta García Belsunce en el 2002, y permitir la impunidad de quien hoy está siendo juzgado por el crimen: el vecino Nicolás Pachelo.

Gustavo Hechem, abogado de Carrascosa, presentó la denuncia en la fiscalía general de San Isidro para investigar a Molina Pico quien cuando tuvo la investigación a cargo apuntaba a la familia de María Marta García Belsunce por el crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002 y por el posterior encubrimiento.

Comienza el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce

La denuncia fue luego que testigos en el juicio señalaran a Molina Pico, incluso dos de ellos, ex comisarios, dijeron que las pistas apuntaban al ahora acusado Pachelo, pero que el fiscal la desestimó y en cambio arremetió contra el viudo, quien tras varios años después fue absuelto.

Según la denuncia, la investigación que llevó adelante Molina Pico permitió la impunidad hasta ahora de Pachelo, y por eso la figura de encubrimiento.

Molina Pico, actualmente a cargo de una fiscalía de flagrancia de San Isidro, será investigado penalmente por uno de sus colegas que determine la fiscalía general de San Isidro.

Confirman la inocencia de Carlos Carrascosa por el crimen de María Marta

Además, en el juicio que se lleva adelante contra el vecino Pachelo y un grupo de vigiladores privados, dijeron que Molina Pico direccionó la investigación únicamente hacia la familia de María Marta.

En el juicio además, los propios fiscales han sido críticos hacia su colega acusándolo de ir en una dirección equivocado y no haber evaluado bien las pruebas en el marco de la investigación.

En tanto, mañana martes se reanuda el juicio con la declaración de más testigos ante el Tribunal 4 de San Isidro.

Una fiscal uruguaya pidió una pena de 10 años de prisión para un hombre detenido por el encubrimiento del femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en diciembre de 2014 en las playas de Barra de Valizas, en tanto que la investigación continúa para identificar y localizar a los “copartícipes” del crimen. El pedido fue formulado en el marco de un proceso escrito por la fiscal del departamento de Rocha, Jéssica Pereira, ante el juez de Primera Instancia de esa jurisdicción, Juan Manuel Jiménez Vera, quien deberá resolver el requerimiento en los próximos días.

Juan Willman, abogado de los padres de Lola en Uruguay, explicó a Télam que la fiscal pidió dicha pena por el delito de “encubrimiento” para el detenido Ariel Moreira, apodado “El Cachila”.

“Hay que seguir con la investigación para dar con los otros copartícipes del crimen”, explicó el letrado y, en ese sentido, contó que este lunes Diego Chomnalez, padre de Lola, se reunió en Uruguay con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para interiorizarse de las últimas novedades de la causa.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Lola Chomnalez

Tras esa reunión, Diego dio una conferencia de prensa ante medios locales en la que se mostró con una fotografía de su hija y pidió “verdad y justicia”.

En diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones en los Penal del 4° Turno de Uruguay había confirmado el procesamiento de “Cachila” pero por el delito de “homicidio agravado por alevosía”, más grave que el de “encubrimiento”.

En tanto, los peritos de la Policía Científica cotejaron el ADN del supuesto asesino hallado en una cédula y una toalla dentro de la mochila de la víctima con el perfil genético de cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas.

A su vez, Willman explicó que dio negativo el cotejo con el ADN de la madre de “El Tereso”, un sospechoso que se suicidó en 2015 y que era investigado como posible autor material del crimen. Qué se sabe sobre el femicidio de Lola

Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.

Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo al fallo judicial, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

Hay un nuevo detenido por el crimen de Lola Chomnalez

Por su parte, “El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación pero luego liberado ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en la mochila de ella víctima.

Sin embargo, en su declaración ante la justicia, el ahora procesado admitió que se cruzó con la víctima en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció “una estampita”, pero que luego ella se sintió “mareada” y que al auxiliarla descubrió que “no tenía pulso”, se asustó y se fue.

Para el fiscal Jorge Vaz, “El Cachila” estuvo presente “antes, durante y después” del homicidio, cuyo móvil fue probablemente “sexual”.

Y entre las pruebas valoradas para su procesamiento estuvieron los resultados de peritajes psicológicos, psiquiátricos y semiológicos que revelaron que el acusado tiene una personalidad con tendencia “a la mitomanía”, a “irritarse fácilmente y perder el control de sus impulsos”, y un patrón de “desprecio y violación de los derechos de los demás”.

Dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fueron procesados y acusados de haber encubierto a otro oficial que en agosto de 2019 derribó de una patada a un hombre que vivía en la indigencia y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio de San Cristóbal.

Por el hecho la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, los acusa de “encubrimiento agravado” y “falso testimonio” en el marco de la causa que investiga el homicidio preterintencional de Jorge Martín Gómez (41), quien murió en la calle Carlos Calvo entre Saavedra y Alberti, del mencionado barrio porteño.

El hecho tiene como principal acusado al policía Esteban Ramírez, de 44 años, quien aquel 19 de agosto de 2019 cerca de las 7.30 de la mañana llegó hasta una zona donde se le había informado circulaba un indigente con un cuchillo en actitud agresiva.

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El hombre indicado – Gómez -, caminaba por la bicisenda con las manos detrás de la espada, mientras era seguido por la oficial Lorena Alejandra Luna, una de las acusadas de encubrimiento, quien les avisó que llevaba un cuchillo.

En ese momento, Ramírez se colocó delante de Gómez y le habría ordenado que dejara caer el cuchillo y le mostrase las manos, tras lo cual le dio una patada en la zona del abdomen que provocó que cayera de espaldas al suelo y golpease la parte posterior de la cabeza, lo que le ocasionó una fractura que derivó en su muerte en el Hospital Ramos Mejía.

La jueza consideró que tanto Luna como el oficial primero Sergio Daniel Sendra de la comisaría vecinal 3B habían visto cuando Ramírez dio la patada que hizo que Gómez cayera al suelo y que, incluso, habían advertido “la gravedad de las lesiones” ocasionadas al hombre.

El tercer imputado en esta causa, el oficial inspector Héctor Alejandro Febula, quedó vinculado a la investigación porque, al producirse el hecho, era el jefe de servicio judicial de la comisaría vecinal 3B, y la persona que efectuó las consultas telefónicas por lo ocurrido con la fiscalía y el juzgado.

Sin embargo, a diferencia de los otros dos, no existen pruebas en la investigación que lo ubiquen en la escena del crimen y que supiera exactamente lo que había ocurrido, por lo que dictó su falta de mérito, algo que el actual fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, ahora evalúa apelar.

En diciembre pasado Barbella, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 32, había solicitado la indagatoria de tres efectivos policiales por los delitos de “encubrimiento agravado”, “falso testimonio agravado” y “falsedad ideológica”.

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Barbella había considerado que actuaron “en forma conjunta y coordinada para ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito” para ayudar a otro policía, Esteban Ramírez, con el objetivo de que pueda eludir la investigación en su contra.

Los tres policías fueron indagados por la jueza Bernan que ahora procesó, aunque sin prisión preventiva a dos de ellos, la oficial primero Luna y el oficial primero Sendra, como coautores de “encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos” y de “falso testimonio”.

La jueza consideró que cuando habían prestado declaración testimonial, Luna y Sendra declararon falsamente e intentaron hacer creer que Gómez – una persona indigente – había agredido a su colega con el cuchillo y que el policía “tan sólo había actuado defensivamente”.

Un suboficial de la Policía Federal fue detenido en la ciudad cordobesa de Villa María y fue imputado por el delito de “encubrimiento agravado”, en el marco de la investigación por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita” que involucra a la organización Generación Zoe, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La información oficial detalla que el cabo primero Guillermo Ardiles se desempeña en la Delegación de la Policía Federa de Villa María, y es el quinto efectivo de seguridad que detienen en la causa, cuatro de ellos pertenecientes a la Policía provincial.

Mientras tanto los principales responsables de esa organización espiritual y financiera, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, continúan prófugos y con pedido de captura internacional a través de Interpol.

La causa judicial, que ya tiene más de una decena de detenidos, comenzó a gestarse el 18 de febrero último cuando los ahorristas que habían invertido se concentraron frente a la entidad, en Villa María y en barrio Núñez de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires (CABA), porque estaban cerradas y no habían recibido el pago mensual de los intereses correspondientes a la inversión.

Generación Zoe: 16 detenidos por “estafas reiteradas y asociación ilícita”

Hasta el momento se realizaron más de una veintena de procedimientos ordenados por la fiscal de Instrucción de Villa María a cargo de la investigación, Juliana Companys, luego de las denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “ponzi” o “piramidal”, que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

Cositorto, quien se encontraría en el exterior al igual que Batista, ayer mantuvo una comunicación virtual con sus ahorristas y potenciales inversores para anunciar que trabaja en la habilitación de una nueva plataforma y modalidad para continuar con la actividad financiera que, según adelantó, se llamará “Sunrisecoach”.

“Vamos a empezar de cero para poder continuar con las nuevas ofertas que son muy agresivas”, comprometió Cositorto, y admitió inconvenientes por los “problemas internos” para el reintegro de los fondos a los actuales ahorristas que reclaman la devolución de sus inversiones.

Además de la causa que instruye la fiscal Companys, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 26, Secretaría N 51.

Se trata del jefe de la zona de Barracas Daniel Santana y del comisario Rodolfo Ozan. Ya son 16 los efectivos detenidos.

Dos nuevas detenciones se llevaron a cabo este domingo en la causa por el crimen de Lucas González, el joven futbolista de 17 años asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad el pasado 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas. El motivo tiene que ver con unas escuchas telefónicas que los involucran en el caso.

El juez de la causa Martín del Viso tomó el pedido del fiscal de Instrucción Leonel López Barbella y ordenó las detenciones del comisario inspector y jefe de la zona de Barracas Daniel Santana y del comisario Rodolfo Ozan, porque habrían mantenido una conversación donde reconocieron haber cometido “un mocazo”.

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Cuál fue el motivo de la nueva detención

Según la solicitud presentada por Gómez Barbella, describió que se “ha reafirmado la sospecha que han participado en la comisión de los delitos investigados bajo una relevante responsabilidad y jerarquía institucional dentro de las dependencias cuyo personal concretó estos sucesos”.

El pedido surgió luego de una serie de escuchas telefónicas que mantuvo Rodolfo Ozan con Fabián Du Santos, ya detenido por encubrimiento. En lo que respecta a Santana, fue mencionado en la conversación y habría tenido que ver con plantar pruebas falsas y encubrir a los asesinos.

Cómo fue la conversación que involucra a los comisarios

La primera parte de la conversación se escucha al comisario Fabián Du Santos que le pregunta a Ozan: “¿Qué pasó, Rodo? ¿Se mandaron un moco?”, a lo que el otro comisario contestó: “Un re mocazo boludo, aparentemente sí”.

El relato cruel continúa en voz de Ozan, que le aseguró a Du Santos que “el tiro está de atrás hacia adelante” y que “le voló el frasco”, haciendo referencia al balazo que había impactado en la cabeza de Lucas que iba en el auto perseguido por los efectivos.

“Yo ahora le llamo, lo llamo a Santana ehh…por qué no lo llamas al perro y le decís que venga a para emprolijar esta cagada, si quiere…”, expresó Ozan, que menciona al otro acusado de encubrimiento y que fue detenido hoy, Daniel Santana.

Qué dice el abogado de la familia de Lucas

Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas y de los tres adolescentes, explicó: “El caso está resuelto. Tenemos a los asesinos y a los encubridores. Nos falta el juez de Menores Alejandro Cilleruelo, que dejó libres a los policías y presos a los chicos. Hasta que no caiga ese Juez no vamos a parar”.

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Quiénes están detenidos hasta el momento

Por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificada de sus amigos están también procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.

Mientras que por encubrimiento están con prisión preventiva los comisarios Juan Romero y Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, quienes afrontan otros cargos como “falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones”.

También hay que mencionar al subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que fueron apresados el domingo de la semana pasada por “encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica”

El juez Martín Del Viso ordenó la detención de un subcomisario y cuatro oficiales que participaron del procedimiento posterior al momento de los disparos contra la víctima y sus tres acompañantes. El joven de 17 años fue asesinado el 17 de noviembre pasado.

Cinco policías de la Ciudad fueron detenidos en las últimas horas como acusados del encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad en noviembre último en el barrio porteño de Barracas, por lo que ya son 14 los efectivos de esa fuerza de seguridad presos por el caso, informaron fuentes judiciales.

Estas nuevas detenciones fueron ordenadas por el juez de la causa, Martín Del Viso, a pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien les imputó los delitos de “encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica” en función de que habrían “alterado” rastros y pruebas en el lugar del hecho.

Prisión preventiva para seis policías por el crimen de Lucas González

En un fallo de 14 páginas al que accedió Télam, el magistrado ordenó la inmediata detención del subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Dos fuentes con acceso al expediente y una policial informaron a Télam que estos cinco se encontraban esta tarde detenidos y en calidad de comunicados en dependencias de la Policía Federal Argentina (PFA).

En la orden de detención, el juez también había solicitado que se les secuestraran sus teléfonos celulares.

“A tenor de lo valorado, entiendo que las circunstancias relatadas no pueden ser neutralizadas con cautelares de menor intensidad que la detención de los imputados, medida que al menos de momento se revelan como necesarias, idóneas y proporcionadas en este estado de la investigación”, sostuvo Del Viso.

De acuerdo al fallo, el subcomisario detenido “aparece como suscriptor del parte informativo” que daba cuenta de la detención de tres sospechosos “en un ´enfrentamiento´ que no fue tal”.

Mientras que tres de los oficiales apresados fueron quienes habrían reducido y esposado a las víctimas junto a un cuarto que se trató de uno de los primeros en arribar a la escena, donde se sospecha “plantaron” un arma de utilería en el auto de los adolescentes.

A su vez, el juez recordó que la fiscalía indicó en su requerimiento que “al llegar el personal policial a ese lugar del procedimiento cuestionado, los nombrados les habrían referido a los adolescentes frases tales como ‘a estos villeritos, hay que darles un tiro en la cabeza a cada uno. Dónde tenés la falopa, dónde está el arma con la que mataste a tu amigo’”.

Además, en esas circunstancias, los policías aparentemente aplicaron “tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos” a los tres adolescentes que acompañaban a Lucas.

“En esta dirección, la gravedad de los hechos hace razonable el planteo fiscal en cuanto a la seria posibilidad de riesgo de fuga y entorpecimiento para la investigación”, consideró Del Viso y opinó que estando en libertad, los acusados podrían “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho”.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado querellante, destacó que de esta manera ya hay “14 detenidos” en la causa dado que había tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado y otros seis por el encubrimiento.

Declararon los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas González

El viernes, a un mes del crimen de Lucas, la familia aseguró que “no quiere venganza ni tiene rencor” y solo “desea a los culpables un juicio justo”, según dijo Dalbón.

En tanto, el pasado martes Del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño; también de la Comisaría Vecinal 4D.

A todos ellos los considera coautores de los delitos de “falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal”, a su vez en concurso real con “privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron”.

Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio ya que declararon como testigos en el sumario que inició la PFA una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.

A su vez, hay otros tres policías porteños, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, que también fueron procesados con prisión preventiva por el “homicidio calificado” de Lucas, luego de que el juez Del Viso, a pedido del fiscal Gómez Barbella, consideró que procedieron de forma “arbitraria, irracional e ilegal” y que luego “urdieron una trama para tergiversar los hechos”.

El hecho

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela.

En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.

El juez de instrucción Martín Del Viso procesó con prisión preventiva a los seis efectivos acusados de encubrir el crimen de Lucas González en Barracas. Son los policías Lorena Miño, Fabián Du Santos, juan Romero, Roberto Inca, Héctor Cuevas y Micaela Fariña.

Los seis fueron procesados por falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado por su condición de funcionario publico en concurso con privación ilegal de la libertad doblemente agravada.

Declararon los policías acusados de encubrir el crimen de Lucas González

Los efectivos fueron acusados por plantar un arma en el vehículo donde se trasladaba Lucas junto a sus amigos, para simular que hubo un enfrentamiento armado. También por la detención de los tres amigos de Lucas por unas horas, cuando se los tuvo como sospechosos por la falsa versión que intentó imponer la policía.

Ahora, suman 9 los policías detenidos por el caso: tres por homicidio agravado y otros seis por encubrimiento. No obstante, la fiscalía y la querella, a cargo de Gregorio Dalbón, pidió que otros ocho efectivos sean detenidos por encubrimiento. Por ahora, el juez Martín Del Viso no resolvió este último planteo.

La autopsia reveló que Lucas González fue torturado y quemado con cigarrillos

En las últimas horas, el juez fue recusado por la defensa de los seis policías ahora procesados. Primero tendrá que el propio juez evaluar ese planteo y luego elevarlo a la Cámara del Crimen, la que tiene la última palabra sobre si sigue o no el juez. Lucas fue asesinado cuando salía de entrenar en el Club Barracas, y en el vehículo que iba con sus tres amigos fue atacado a balazos.

Los seis policías detenidos por encubrir el crimen del joven futbolista Lucas González negaron ante la Justicia haber sido parte de una trama para encubrir el asesinato cometido por otros tres uniformados de la Policía de la Ciudad.

Todos fueron indagados nuevamente por el juez de instrucción Martín del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella, a horas de que se defina sus situaciones procesales. Fabián Du Santos dijo que “nunca” tuvo contacto con los tres amigos de Lucas ni con éste en particular, que sólo se acercó a aquellos para preguntarles si necesitaban algo e interrogarlos sobre si habían sido golpeados por personal policial.

La autopsia reveló que Lucas González fue torturado y quemado con cigarrillos

Según declaró, tuvo a cargo el armado del perímetro sobre el lugar donde ocurrió el crimen del futbolista de 16 años, y hasta le permitió el acceso a Ricardo, el papá de uno de los chicos y lo acompañó para que pueda estar junto a su hijo y abrazarlo.

Por otro lado, Juan Romero aseguró que al momento en que mataron a Lucas en Barracas, él estaba en la localidad de Padua, a unos 40 kilómetros de distancia. “Cómo puedo causar tormentos físicos y psicológicos”, ironizó ante el juez y el fiscal. Además, aclaró que no hubo demora en dar aviso a la Justicia: sino que primero llamó a las 11 al Juzgado de Menores y como éste no aceptó inicialmente la competencia, llamó a Instrucción y luego al Fuero Contravencional.

Romero aseguró que del Juzgado de Menores llegaron al lugar a las 12:20 y que por ello no hubo demora alguna más allá de la de la propia Justicia en aceptar qué fuero debía intervenir en función de la competencia.

En esa línea declaró Roberto Inca, otro de los policías detenidos, quien dijo que 11:30, o sea más de una hora después del crimen, llamó al Juzgado y también detalló que tuvo que llamar a varias dependencias hasta que aceptaran el caso. “Las consultas las hice todas seguidas”, aseguró en referencia a los llamados para dar aviso a la Justicia.

Crimen de Lucas González: piden seis detenciones más por encubrimiento

Por su parte, el policía Héctor Cuevas dijo que llegó al lugar creyendo que había un enfrentamiento armado: “Creía en mis compañeros”, afirmó. “Los tratos que recibieron los chicos (los amigos de Lucas, ndr), no fueron de mi parte, en ningún momento dialogué con ellos”, aseguró para negar cualquier tipo de tormentos o amenazas hacia ellos. También dijo que él llamó al SAME porque “la prioridad era la integridad física de los chicos”.

Las policías Micaela Fariña y Lorena Miño dijeron que a ambas les ordenaron cortar el acceso vehicular a 100 metros del lugar donde mataron a Lucas. Antes de ello, estuvieron a varios metros de donde estaban detenidos los tres amigos de aquel y que sólo los tranquilizaron asegurándoles que habían llamado ya a la ambulancia para asistirlos.

Ahora, el juez Del Viso debe resolver la situación procesal de todos ellos y mientras tanto hay un pedido fiscal para detener a otros ocho policías acusados de formar parte de la trama de encubrimiento, no sólo porque inicialmente se quiso plantar que Lucas murió producto de un enfrentamiento armado que no existió, sino porque dentro del vehículo en el que se trasladaba se descubrió que se colocó un arma para vincularla a la víctima. Además, se investigan amenazas y privación ilegítima de la libertad de los tres amigos que iban con él, quienes estuvieron detenidos varias horas.

El fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella pidió hoy la detención de otros seis policías de la Ciudad por supuesto encubrimiento en el crimen del joven Lucas González, muerto a manos de la policía quien dijo haberlo confundido con un delincuente. 

El pedido fue hecho ante el juez de instrucción Martín Del Viso. Para el fiscal, estos policías son algunos de quienes plantearon el arma de fuego en el vehículo de Lucas para simular que los jóvenes portaban un arma de fuego y justificara los disparos que hicieron los tres detenidos.

Caso Lucas González: dos de los tres policías admitieron haber disparado

Además, pidió al juez que sean acusados por privación ilegitima de la libertad de los tres compañeros de Luca que iban en el mismo auto, también menores de edad.

Hasta el momento, la causa tiene detenidos a José Nievas, Gabriel Issasi y Fabián López. Los tres ya fueron indagados y están detenidos por homicidio doblemente agravado de Lucas, y la tentativa de los otros tres menores.

Los tres policías se defendieron ante el juez señalando que dispararon al confundir a los menores con delincuentes, cuando en el lugar estaban haciendo tareas anti narcóticos; y que se dieron a conocer como policías antes de abrir fuego cuando el vehículo de aquellos arrancó sin acatar la voz de alto.

En cambio, los jóvenes declararon que en ningún momento se identificaron como policías y que retomaron la marcha abruptamente porque los creyeron delincuentes, al estar armados y vestidos de civil en un vehículo sin identificación.

Un paseador de perros que declaró en la semana como testigo presencial del hecho, dijo que también creyó que los policías de civil nunca se identificaron previo a los disparos y que para él también parecían delincuentes.

Familiares de Lucas González piden una reconstrucción del crimen

Ahora, el juez Del Viso debe definir en los próximos diez días la situación procesal de los tres policías.

Dos hombres fueron demorados en la autopista a Santa Fe con una gran suma de dinero. Recuperaron la libertad pero les secuestraron la plata

Dos hombres fueron demorados la tarde del jueves en el marco de un operativo de control vial sobre el kilómetro 22 de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Puerto San Martín. Ocurre que el automóvil en el que circulaban tenía en su interior una suma superior al 1,3 millón de pesos, cuya procedencia los ocupantes no podían justificar. Se les labró causa por encubrimiento y luego quedaron en libertad.

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Fuentes policiales indicaron a La Capital que el auto fue interceptado a las 18.30 de este jueves, cuando personal de Policía Vial que estaba haciendo control de tránsito detuvo en el kilómetro 22 de la doble traza a un Volkswagen Passat color blanco, dominio OMI-943. Los policías de requisaron el interior del vehículo y corroboraron que en el asiento trasero había una caja de cartón marrón y una bolsa de nylon blanca que contenía en su interior dinero en efectivo. En total, fue 1.331.900 pesos.

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Ninguno de los ocupantes del Passat pudo justificar la procedencia de esta suma. Se informó al fiscal de turno de San Lorenzo Carlos Ledesma, se trasladaron las actuaciones a la Seccional 5ª de policía y se detuvo provisoriamente a S. L. F., de 48 años, y O. J. A., de 52, ambos con residencia en la ciudad de Reconquista.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que el fiscal Ledesma ordenó que se le forme causa por el delito de “encubrimiento”, les otorgó la libertad previa constatación de domicilio y ordenó que el dinero sea depositado en una cuenta judicial.

El insólito episodio ocurrió durante la siesta del domingo. La joven de 24 años fue detenida y su caso está en manos del MPA.

Durante la siesta del domingo, un móvil policial, con dos agentes, patrullaban los barrios del norte de la ciudad. En barrio Los Troncos divisaron a dos sujetos que estaban armados, recostados sobre un auto y se bajaron para detenerlos. En ese momento, comenzó una persecución en las inmediaciones de Azcuénaga al 6100.

El sujeto que portaba el arma ingresó a una vivienda, descartó la pistola en el pasillo de la misma. Cuando uno de los policías ingresa a la casa se encuentra con una mujer policía, pareja de este delincuente, que le impide el paso y permite la fuga.

Con esa ventaja, el malviviente se refugió en los edificios de barrio Acería donde fue defendido por una poblada que le arrojó todo tipo de piedras a la policía y le permitió el escape.

Si bien la policía no pudo detener a los dos sujetos, incautó el arma calibre 32 y aprehendió a la mujer policía quién será investigada por encubrimiento agravado y atentado a la autoridad.

También, es importante destacar que los agentes sufrieron algunas heridas por los piedrazos que recibieron.

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue detenida imputada de encubrimiento en el marco de la causa por el homicidio del cajero Germán Chávez, ocurrido el viernes pasado en el Banco Nación de Isidro Casanova, informaron hoy fuentes policiales.

La acusada fue apresada porque, según la investigación, por su domicilio pasó el primer detenido de la causa, un hombre de 48 años que fue apresado herido de bala, y no lo denunció ante sus superiores

(Noticia en desarrollo)

El abogado Gustavo Morales efectuó la denuncia y aseguró que la tucumana “tomó conocimiento” por parte de la víctima de lo sucedido primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019, antes de concurrir a la Justicia.

La senadora Beatriz Mirkin fue denunciada hoy por “encubrimiento agravado” en el marco de la causa contra el ex gobernador tucumano José Alperovich en la que está acusado de abuso sexual por una sobrina.

El abogado Gustavo Morales efectuó la denuncia y aseguró que Mirkin “tomó conocimiento” por parte de la víctima de lo sucedido con Alperovich primero en junio de 2018 y luego en mayo de 2019, antes de concurrir a la Justicia.

“Ella estaba obligada a poner en conocimiento, por lo menos de la Presidencia del Senado, de los comportamientos impúdicos” del entonces senador Alperovich, enfatizó el letrado en declaraciones al canal TN.

Según afirmó Morales, Mirkin le habría contestado a la joven que “aguante hasta después de las elecciones” para presentar su denuncia.

“Pero hay algo mucho más grave que le dijo, es que a ella no le sorprendía el comportamiento de Alperovich porque también lo había vivenciado con una secretaria personal de ella cuando era ministra de Desarrollo Social”, agregó.