“Mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate” es el título del reclamo que recibió Marcelo Tinelli por parte de una aseguradora que fue contratada por él, durante su gestión en el club San Lorenzo.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show, la Justicia intimó al conductor a "que pague 1.149.339, 90 dólares y 100.000 dólares en concepto de intereses y costas".

Una aseguradora fue a la Justicia por la falta de pago durante su gestión en San Lorenzo. "Lo hacen hacia Marcelo Tinelli porque él era el garante. Este tipo de denuncias son normales en el deporte, pero en este momento, no colabora ya que se hizo de un patrimonio por la venta de su casa", agregó la panelista.

Balbini remarcó que su gestión fue durante la pandemia y que compraba jugadores en dólares, algo que después se volvió inviable: "Hoy el club sigue teniendo problemas".

Hace pocos días, Marcelo Tinelli ya había estado en el foco de las noticias por problemas económicos, al recibir los reclamos de actrices como Florencia Peña y Luisa Albinoni, entre otros artistas, por la falta de pago de los sueldos del último Bailando.

Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña, fue procesada y embargada por 5 millones de pesos en el marco de una causa por contrabando simulado y uso indebido de datos fiscales protegidos. La joven utilizó los CUIT de al menos seis gobernadores provinciales para seguir importando indumentaria desde Estados Unidos a través del sistema courier, tras haber superado el límite anual permitido por la Dirección General de Aduanas.

La investigación está a cargo del fiscal federal Agustín Chit, y el procesamiento fue dictado por el juez federal de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, en el mismo distrito donde se radicó la primera denuncia. El punto de partida fue una presentación realizada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien detectó movimientos inusuales vinculados a compras en tiendas del exterior realizadas a su nombre. Al revisar sus correos electrónicos, Jaldo advirtió notificaciones que le informaban sobre adquisiciones efectuadas en una tienda de ropa en Miami. Según detalló públicamente, “inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio”.

Además de Jaldo, a la mujer se la acusa de la presunta utilización de los datos fiscales de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y, según informes preliminares, también Marcelo Orrego (San Juan). La acusación principal gira en torno al delito de contrabando simulado, aunque la causa también incluye cargos por falsificación de documentos públicos y evasión fiscal. El embargo por 5 millones de pesos fue establecido como una garantía para asegurar la sujeción al proceso penal, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco.

La defensa de Olguín, por su parte, sostuvo que el embargo responde a una medida preventiva y pidió la libertad condicional. Además, según fuentes judiciales, la imputada ofreció un descargo en el que expresó disculpas públicas al gobernador Jaldo, propuso realizar actividades solidarias e incluso se comprometió a brindar un show gratuito en Tucumán como gesto reparador.

Según se desprende de la investigación, Olguín había iniciado un emprendimiento de ropa con sede en un local del barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, comenzó a importar prendas de alta gama desde Estados Unidos a través del régimen de compras personales por courier. Esta modalidad, implementada por el Gobierno hacia fines de 2024, habilita hasta cinco compras por año calendario por persona, con un tope de 50 kilos por envío y sin fines comerciales. El monto total de las adquisiciones no puede superar los 3.000 dólares anuales.

Según trascendió en el expediente, tras agotar su propio cupo y el de varios miembros de su familia, la artista habría recurrido a identidades fiscales ajenas para continuar ingresando mercadería al país. En todos los casos, utilizó nombres, CUIT y direcciones postales reales, aunque sin acceso a medios de pago ni cuentas bancarias de los titulares, lo que indica que el uso se limitó a la suplantación de identidad tributaria para sortear las restricciones impuestas por el sistema.

La tienda online utilizada, de acuerdo con los datos judiciales, fue Revolve, una plataforma que comercializa ropa femenina desde Estados Unidos. Allí, los productos suelen tener un valor elevado: vestidos desde $250.000 y pantalones por encima de los $150.000, en moneda local. La mercadería era ingresada al país bajo la modalidad personal, aunque según la acusación, tenía destino comercial.

La situación fue calificada como grave por el propio gobernador Jaldo, quien señaló: “Somos cinco gobernadores de distintos espacios políticos que fuimos víctimas de esta misma maniobra”. Y añadió: “No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente”.

El domicilio de la artista en Núñez fue allanado por la Justicia Federal. Allí, funcionaba el local desde donde se comercializaban las prendas adquiridas en el exterior. La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones ni citaciones en los próximos días.

En paralelo, la cantante continúa con su carrera artística: recientemente se presentó en festivales como el Cosquín Cuarteto y tiene anunciado un recital en La Tangente, previsto para el próximo 6 de junio.

Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. La resolución indica que también le impusieron una restricción de acercamiento a la victima.

El lunes 20 de noviembre, el periodista especialista en temas judiciales y policiales German Pampa Mónaco escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter): “Procesaron a Teto Medina por abuso sexual con acceso carnal y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. Además le impusieron restricción de acercamiento a la victima”, detalló el periodista junto a la resolución judicial.

El fallo judicial dice que Teto Medina es procesado por considerarlo en principio “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 2 y 4) y amenazas coactivas con la utilización de arma”, y establece que se embarguen los bienes y dinero del conductor hasta “cubrir la suma de $20.258.430 pesos”.

Además, establecen "una perimetral no menor a un radio de 500 metros de su expareja, siendo prohibida la comunicación con ella también a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería".

¿De qué lo acusan a Teto Medina?

En 2019, Mónica Fernández, la ex pareja de Marcelo “Teto” Medina que lo denunció por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego, brindó detalles estremecedores de la fuerte experiencia que vivió con el ex Videomatch.

“Yo pensé que iba a salir y que iba a decir que estuvo mal, que iba a pedir perdón por esos últimos seis meses en los que me hizo pasarla mal”, indicó angustiada la mujer en Tarde pero temprano (Net TV), en noviembre 2022, tras conocer que Medina ya no estaba internado en la clínica psiquiátrica a la que había ingresado a fines de junio. de ese año.

La ex del panelista, que ya había dicho que él la obligaba a consumir cocaína y la orinaba durante la noche, agregó: “Él me llamó ciento noventa y tres veces seguidas para masturbarse”, reveló. “Había abusos con otras cosas, con otros aparatos. Yo conté lo de la cocaína en la vagina, me ponía cocaína y me quemaba, así que tenía que irme a lavar al baño y le decía que no lo haga. También me ponía debajo de la lengua y se iba, cuando yo no me podía mover”, confesó entre lágrimas la invitada al programa conducido por Diego Ramos.

El ex jugador de la Selección Argentina Gabriel Batistuta fue embargado por $ 71 millones por orden de la Justicia Federal de Reconquista tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El deportista es acusado de no cumplir con el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas -conocido como impuesto a la riqueza- aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La resolución estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Santa Fe, Aldo Alurralde, quien ordenó el embargo el miércoles 17 de agosto sobre tres inmuebles y automotores de Batistuta por un valor total es de $ 71.096.882, de los cuales $ 25.037.746 es por intereses y 46.059.135 en concepto de capital.

El exfutbolista había presentado una medida cautelar para no pagar el impuesto, pero fue rechazada en mayo por el mismo juez. Así, el caso de la figura de Boca Juniors pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

El tribunal de dicha provincia, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, rechazó el recurso presentado y le dio la razón a su par santafesino.

AFIP embargó a Batistuta por una deuda millonaria

En el recurso presentado, el ex goleador de la albiceleste había iniciado una acción judicial con el objetivo de que se declarase la “inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza” ya que consideraba que se vieron afectados diversos principios, entre ellos la “no confiscatoriedad, razonabilidad, igualdad, capacidad contributiva y el derecho de propiedad”.

A fines de marzo, Alurralde había embargado al jugador por casi $ 4 millones por incumplimiento en el pago del Impuesto a los Bienes personales durante 2021. La medida cautelar fue presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativa N°4 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde se lo declaró incompetente y se remitió a Reconquista, allí es propietaria de 126 mil hectáreas de campo.

La Justicia resolvió en ambas instancias que no estaba demostrada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La AFIP aplicó su facultad según el artículo 111 de la Ley 11.86 que señala que “en cualquier momento, por razones fundadas y bajo su exclusiva responsabilidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar embargo preventivo o, en su defecto, inhibición general de bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios”.

El Tribunal de Trabajo número 2 de Avellaneda embargó hoy a Independiente por 4.8 millones de dólares por perder el juicio laboral que le inició el ex futbolista del club Gonzalo Verón por quedar libre por falta de pago.

De esta manera, el Rojo se queda sin uno de los principales ingresos hasta que se cubran los 4 millones de dólares a pagar como capital y los 800 mil dólares por intereses y costas del juicio.

Gonzalo Verón inició la demanda pocos meses después de quedar libre en 2019. Ahora que el juicio tiene sentencia firme, Independiente dejará de percibir los ingresos, aunque desde abril de este año ya funcionaba un embargo preventivo para que la actual dirigencia encabezada por Hugo Moyano no pudiera cobrar dinero adelantado.

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El delantero Gonzalo Verón demandó a Independiente por seis millones de dólares, luego de quedar libre de la entidad de Avellaneda por falta de pago.

El reclamo del atacante fue realizado en el Tribunal de Trabajo Numero 2 de Avellaneda. Verón exige dinero correspondiente a la doble indemnización (vigente por decreto presidencial hasta hace un mes), además de la deuda y lo que restaba del contrato.

A su vez, pedía que Independiente se hiciera cargo de la plata que en su momento debió poner de su bolsillo para poder rescindir su contrato con New York Red Bull de la MLS y poder llegar al Rojo.

El delantero llegó a Independiente en enero de 2018, en condición de libre. A mitad del 2019 se fue a préstamo a Aldosivi de Mar del Plata, club del que ya se desvinculó.

Verón, de 32 años, llegó a Independiente en enero de 2018, en condición de libre, pero en un combo con Silvio Romero, uno de los grandes anhelos de Ariel Holan, que venía de conquistar la Copa Sudamericana 2017 y tenía mucho peso en las decisiones del club.

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Sin embargo, en sus 18 meses, Verón jugó tan solo 18 partidos, afectado por sus reiteradas lesiones, y solo metió un gol (ante Talleres por la fecha 22 de la Superliga Argentina 2017/18). Y en agosto de 2018, pasó a préstamo a Aldosivi, aunque en Avellaneda tuvieron que hacerse cargo de la mitad de su sueldo.

Hace ya mucho tiempo que Luciana Salazar y Martín Redrado le pusieron punto final a su amor y no en muy buenos términos. Sucede que el economista firmó una serie de acuerdos económicos con la modelo que hoy desconoce.

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Si bien nunca quedaron claros los motivos de los mismos, ya que ellos no tienen hijos en común ni están casados, la actriz insiste en que su expareja le debe abonar las sumas acordadas.

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Días atrás, se supo que la Justicia falló a favor de Salazar y que finalmente Redrado fue embargado. “Luciana lo sabe desde hace casi una semana pero estaba esperando que él buscara un arreglo, cosa que no sucedió. La semana próxima vendrá otra demanda importante de la que seguramente, tengamos noticias”, había afirmdo Paula Varela.

Ahora, dieron detalles acerca del acuerdo económico entre la modelo y el empresario y dieron a conocer la palabra de Salazar frente al conflicto legal.

“Ella tenía con Martín varios acuerdos. Este embargo es por un acuerdo que ellos habían firmado en el mes de diciembre del año pasado. Tiene que ver obviamente con cosas que Luciana no quiso revelar en su momento y con la revinculación de Matilda”, comenzó diciendo Paula Varela.

“En febrero de este año, Martín deja de abonar las cosas que tenía que pagar por este acuerdo que habían firmado. Entre ellas, lo de los óvulos y embriones, que habíamos contado también acá. A partir de ahí, Luciana quiso arreglar y como no se llegó a un acuerdo fue a la Justicia y frente a las pruebas que ella presentó, la Justicia determinó el embargo de bienes de Martín Redrado“, agregó.

Acto seguido, la penalista reveló los motivos del embargo al economista: “Porque él, con los acuerdos que firmaba ponía acciones como garantía del no cumplimiento de ese acuerdo. Esas son las acciones que están embargadas”.

En un móvil con el programa, la mamá de Matilda expresó cómo se siente con todo esto: “Seguramente la semana que viene van a tener muchas novedades que yo ya las tengo. Lo que pasa es que todavía no las hice públicas pero seguramente van a salir a la luz. La Justicia me respaldó a mí, obviamente porque yo tengo pruebas de todo. Mi expareja tiene todo lo que tiene escrito conmigo bajo escribana pública”.

Luego, se mostró desconcertada ante la actitud del economista: “Es inentendible porque él mismo sabe que tiene todo firmado y que lo firmó a través de una escribana pública. Entonces me queda pensar nada más que él hace todo esto porque sabe que hoy lo único que nos une, para él es el conflicto”.

Acto seguido, la actriz agarró el guante y lanzó unos duros dichos contra su ex: “Habría que preguntarle a él qué le pasa por la cabeza sentimentalmente que no puede terminar de soltar una situación. Que encima la primera perjudicada no solo soy yo sino, sobre todo mi hija que está en el medio. Nunca pensé que iba a llegar a meterse con mi hija, pensé que tenía un límite”.

Y agregó: “La realidad es que él a mí me firmó todo. Yo en los papeles y para la Justicia, soy su mujer. Fui su mujer, perdón. El amor que habrá tenido en ese momento porque dicen que a Redrado es imposible sacarle una firma. Yo conviví con él, fui su mujer pero bueno, lo mío por suerte no fue una fantochada”.

Finalizando, Salazar se mostró enigmática y reflexionó: “El no haber accedido a mí me terminó saliendo muy caro con él. Y él sabe muy bien porqué yo no accedí a muchas cosas, sobre todo a acercamientos físicos. Yo estaba haciendo las cosas bien, él no sé”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó este miércoles con los embargos a billeteras virtuales por más de $800 millones, que se acumularon en deuda por parte de los contribuyentes morosos.

De esta manera, el organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont amplió su capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La AFIP pide el embargo de billeteras virtuales por deudas impositivas

La Justicia habilitó la medida sobre contribuyentes que acumulaban pasivos impagos. En detalle, la decisión fue tomada por magistrados de Tucumán, Catamarca, Santa Fe, San Juan, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

Según informaron desde AFIP, los montos adeudados a través de embargos a activos digitales se concretan sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, por ejemplo. En estos casos, para determinar sobre quiénes actuar, se abasteció del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

Las billeteras virtuales informarán a la AFIP los movimientos superiores a $30.000

Sobre las ejecuciones de las deudas fiscales, estas se suspendieron durante nueve meses como parte de las herramientas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19. A lo largo de este período, se puso a disposición de los contribuyentes distintas opciones que permitieron avanzar en la regularización de pasivos que se acumularon por diversas razones.

En esta línea, bajo el proceso de recuperación económica que experimenta el país y con el objetivo de proteger el interés fiscal, la agencia de Gobierno que lidera del Pont retomó en febrero las ejecuciones fiscales. La AFIP hizo foco en quienes consideró más riesgosos y con mayores montos de deuda.

La bomba explotó este miércoles por la mañana en Parque Patricios: Huracán emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, también en la web del club, en donde les avisa a sus socios e hinchas que Alejandro Nadur no solamente inició acciones legales en contra de la Institución, sino que además solicitó un embargo en las cuentas bancarias y también en la Liga Profesional por los derechos televisivos por más de, atentos al número, ¡200 millones de pesos!

AFIP embargó a Batistuta por una deuda millonaria

El Club Atlético Huracán les informa a sus socios, socias e hinchas que con fecha del martes 5 de abril de 2022 ingresó un embargo a la AFA por un juicio que inició la Empresa Thaun, la cual es propiedad, entre otros, de Alejandro Nadur.

Embargaron el premio que ganó Del Potro en el ATP de Buenos Aires

Los montos del embargo son los siguientes: más de 19,5 millones de pesos de capital más 13 millones de pesos, provisoriamente para responder por intereses y costas.

A partir de la revisión que hizo el Departamentos de Legales de Huracán sobre los expedientes también se encontró con el juicio de Automóviles San Jorge (también co-propiedad de Alejandro Nadur) contra la Institución por más de 174 millones de pesos, en donde también solicita el EMBARGO PREVENTIVO de esos montos al Banco del Club (Santander Río) y a la Liga Profesional de Fútbol.

El Juez que entiende en la causa aceptó el juicio y ordenó el embargo preventivo que solicitó la empresa de la que es parte el ex Presidente a las cuentas bancarias de Huracán y a la Liga Profesional de Fútbol por el monto reflejado en el párrafo anterior más una suma superior a los 4 millones de pesos, provisorios para responder a intereses y costas.

Cabe destacar que el Club todavía no fue notificado de los juicios de manera oficial y tampoco, obviamente, sobre esos embargos, pero sí el Departamento de Legales es consciente que ingresarán porque los procesos ya se iniciaron y las solicitudes fueron presentadas en el escrito de inicio de las demandas. Una vez que ocurra esto (la notificación de las demandas), y a través de su dirigencia, Huracán se defenderá acorde a las normativas jurídicas.

El monto total del pedido de embargos de las Empresas de las que forma parte Alejandro Nadur a las cuentas bancarias de Huracán, y a la AFA y a la LIGA por los derechos televisivos, es de más de 212 millones de pesos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclamó al ex futbolista y empresario Gabriel Omar Batistuta una suma de poco más de $3,8 millones que adeuda y que la Justicia este martes resolvió embargar.

Rechazan el pedido de Carlos Tevez para no pagar el impuesto a la riqueza

Batistuta, que podría sumarse a Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, es uno de los millonarios que se negó a pagar el impuesto a la riqueza. La misma legislación que se aprobó en plena pandemia por el coronavirus.

El Gobierno ya utilizó $145.000 millones del impuesto a la riqueza

Batistuta, quien en sus épocas de jugador supo brillar con la camiseta de la Selección y la de clubes argentinos y del exterior, se niega desde hace tiempo a cumplir con la ley sancionada en 2021.

En ese sentido, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, embargó las cuentas del ex futbolista y empresario de Reconquista.

¿Cuánto le embargará la AFIP a Gabriel Batistuta?

El total de lo que reclama la AFIP a Batistuta es de $3.853.341,66, más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar el Impuesto a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 correspondientes al Período Fiscal 2021. Las mismas que vencieron el 13 de octubre de 2021 y 13 de diciembre de 2021, respectivamente, más los aportes y contribuciones sociales.

Batistuta se suma al grupo de millonarios que se negó a contribuir, a través del Estado, durante los picos más graves de la pandemia mundial. De esta manera, el Banco Central (BCRA) embargará sus cuentas (caja de ahorro, plazos fijos, cajas de seguridad) en las entidades bancarias donde posea dinero.

La Justicia Nacional en lo Comercial trabó un embargo sobre el premio ganado por Juan Martín Del Potro en el ATP de Buenos Aires como consecuencia de deudas contraídas por Horacio Daniel Del Potro, padre del tenista, fallecido el 11 de enero de 2021.

Se trata de los 6 mil dólares correspondientes a los participantes de la primera ronda del certamen organizado por la firma española Tennium. La nota oficial para cursar el embargo habría sido enviada tanto a esta empresa como a Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En una noche emiotiva, Del Potro cayó frente a Delbonis

En un tramo del escrito se indica a ambos receptores lo siguiente: “Sirva disponer lo necesario para trabar embargo sobre las sumas que por cualquier concepto perciba por parte de vuestra entidad, el Sr. Juan Martín Del Potro”.

Por orden de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud. en los autos caratulados: “INTEGRA PYMES S.G.R.C/AGROGANADERA RECONSQUISTA S.A. Y OTROS S/EJECUTIVO” (expte. Nro. 16146/2021), de trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 1 a cargo del Dr. Alberto Aleman, Secretaria Número 1 a mi cargo, sito en Diagonal Roque Saenz Peña 1211, 5to piso; a fin de que se sirva disponer lo necesario para trabar embargo sobre las sumas que por cualquier concepto perciba por parte de vuestra entidad, el Sr. JUAN MARTIN DEL POTRO.

2), hasta cubrir la suma de pesos ochocientos cincuenta mil seiscientos setenta y ocho con 21/100 ($858.678,21) más la suma de pesos doscientos ciencuenta y siete mil seiscientos tres ($ 257.603) que se presupuesta para intereses y costas.

Un embargo, es una retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona, para garantizar el pago de una deuda, de las costas judiciales o de la responsabilidad derivada de un delito.

El padre de Juan Martín no habría tenido la capacidad y/o suerte suficientes para manejar los negocios que hizo a partir de las inversiones que en buena parte fueron posibles gracias al dinero ganado por La Torre de Tandil.

Juan Martín Del Potro deja el tenis: lo anunció muy angustiado, en conferencia de prensa

El hombre, fallecido en 2021 tras pasar un largo tiempo de internación por una intervención quirúrgica, invirtió el capital famliar en negocios relacionados al arrendamiento de campos y maquinaria agrícola, entre otras cosas relacionadas al ámbito agrícolo-ganadero que no le habrían reportado las ganancias estimadas, lo que lo hizo incurrir en la toma de créditos para pagar deuda que solo profundizaron el agujero financiero de la familia.

Cuando Juan Martín Del Potro comenzó a recaudar sus primeros dólares en el circuito profesional, en el que debutó en 2005, constituyó junto a su padre, Daniel Horacio Del Potro, y a su madre, Elisaber Patricia Lucas, la empresa familiar “Agroganadera Reconquista S.A” con fecha judicial del 19 de diciembre de 2008.

El ejercicio se llevó a cabo ante la Not. Marta Mabel Inorreta, y dice sobre su constitución: “Los socios: los esposos en 1º nup. Daniel Horacio del Potro, médico veterinario, y Elisabet Patricia Lucas, docente, y Juan Martín Del Potro, tenista, soltero, hijo de Daniel Horacio del Potro y de Elisabet Patricia Lucas, todos argentinos, domiciliados en Tandil”.

Sobre el objeto de la firma, dice la nota oficial: “Realizar por sí o por terceros o asociada a terceros, dentro de la Rep. Argentina, o en cualquier otro país, las siguientes actividades: 1) Agropecuaria: explotación en todas sus formas de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, apícolas, en predios propios o ajenos, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales de los derivados de la explotación, incluyendo la conservación, fraccionamiento, envasado, faenamiento, refrigeración, comercialización, y explotación de los mismos.- Asimismo la prestación de servicios agropecuarios en todas sus formas.

II) Transporte: en todas sus formas de productos agropecuarios y sus insumos, elaborados o sin elaborar, propios o de terceros, de haciendas y/o productor alimenticios.

III) Financiera: desarrollo de operaciones financieras relacionadas con la actividad agropecuaria e inmobiliaria, así como todo otro tipo de operaciones mediante aportes con fondos propios a sociedades constituidas o a constituirse, siempre que sean por acciones, efectuando toda clase de inversiones, préstamos con fondos propios, fianzas, prendas y realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio, con expresa exclusión de las operaciones relacionadas con la ley de entidades financieras y de aquellas que requieran el concurso del ahorro público.

IV) Inmobiliaria: Adquisición, enajenación por cualquier título, y administración en gral. de bienes inmuebles, ya sean urbanos o rurales, con fines de explotación, renta, fraccionamiento y subdivisiones, inclusive todas las operaciones relacionadas con el régimen de P. H., estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, de carácter público y privado, construcción y venta por el régimen de P.H. y la construcción de cualquier tipo de obra, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones.-

V) Exportación e Importación: operaciones de exportación e importación relacionadas con el objeto social.- Duración: 99 años desde la inscripción registral.- Capital Social: El capital social es de $ 200.000, dividido en 200 acciones de $ 1000 c/u. Capital de cada socio: Daniel Horacio del Potro: 40 acciones de $ 1000 c/u.- Capital suscripto: $ 40.000.- Elisabet Patricia Lucas: 40 acciones de $ 1000 c/u.- Capital suscripto: $40.000.- Juan Martín del Potro: 120 acciones de $ 1000 c/u, Capital suscripto: $ 120.000.-

Administración: Directorio, se designa Director Titular y Presidente: Daniel Horacio del Potro, Director Suplente Primero: Elisabet Patricia Lucas.- Director Suplente Segundo: Juan Martín del Potro.

A partir del desarrollo de las billeteras virtuales, el organismo recaudador detectó que hay ceca de 10.000 casos de deudas por 24.000 millones de pesos , Los deudores no tienen cuentan bancario o carecen de saldo

La Adminstradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió sus facultades y la posibilidad de avanzar en procedimientos judiciales para recuperar el pago de deudas impositivas e incorporó las billeteras virtuales dentro de la órbita.

La AFIP aplica un nuevo sistema para el control de pagos al exterior

La decisión amplía la capacidad del organismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  El organismo definió el procedimiento que seguirán sus funcionarios al momento de solicitar a la justicia un embargo sobre ese tipo de activos.La AFIP ya identificó un universo de 9800 contribuyentes morosos para los que solicitará a la justicia que trabe embargos sobre sus billeteras virtuales. El organismo pretende asegurar así el cobro de unos $24.000 millones en impuestos adeudados por estos contribuyentes.

El organismo definió el procedimiento que seguirán sus funcionarios al momento de solicitar a la justicia un embargo sobre ese tipo de activos. En las últimas semanas viene armando una estrategia focalizada y se incorporó también mayor control sobre evasión en el agro.

Para determinar sobre qué cuentas solicitar la traba de embargos la AFIP se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

La normativa de la AFIP no establece un orden de prelación sobre qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias.

Cuando el saldo disponible es insuficiente o los contribuyentes no poseen ese tipo de colocaciones se procede a solicitar embargos sobre otros activos, según explicó la Afip por medio de un comunicado.

Las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

El organismo retomó en febrero las ejecuciones fiscales de contribuyentes morosos. La AFIP inició las ejecuciones fiscales a los contribuyentes más riesgosos y con mayores montos de deuda. El proceso que se hará en forma gradual ahora contempla la posibilidad de solicitar embargos para avanzar con ejecuciones fiscales sobre activos digitales.

Un juez determinó incautar la nave ante la falta de pago de más de U$S4 millones en combustible. Sorpresa en los viajeros a bordo, que cuentan la experiencia en vivo desde sus redes sociales.

Un crucero de Estados Unidos se encuentra “prófugo” de la Justicia de ese país, ante un reclamo de embargo a la empresa que lo controla. En este momento la nave, que debía atracar en Miami, se encuentra “fugitiva” y se dirige a las Islas Bahamas, mientras las autoridades intentan dar con el paradero de la embarcación.

Se trata del crucero Crystal Symphony, una embarcación que tiene capacidad de albergar a casi 1.000 personas a bordo. La noticia generó revuelo, especialmente entre los viajeros y turistas que se encuentran en el crucero, intentando disfrutar del viaje.

La Justicia de Estados Unidos determinó que la empresa que maneja el navío debe pagar por una demanda por la falta de pago de combustible.

Bajo un procedimiento que permite tomar medidas contra embarcaciones por deudas no pagas, se decidió accionar el cobro de una deuda de 4,6 millones de dólares en combustible. El juez que lo determinó dejó la orden para que una vez que arribara el barco a Miami, fuera embargado.

El buque debía llegar a Miami el sábado pasado, algo que no sucedió. A partir de allí, un juez federal de Miami emitió la orden de captura contra la nave. En ese momento, el Crystal Symplhony cambió su rumbo con destino a las Bahamas.

¿Qué pasa con la tripulación del Crystal Symphony? En el crucero prófugo, se estima hay al menos 500 personas, atrapadas en el medo del mar. Algunas situaciones, como las de Elio Pace, uno de músicos que compone la banda que actúa a bordo, publicó un hilo en Twitter sobre la experiencia.

Según contó, la tripulación anunció que la compañía interrumpiría el curso del viaje y que todos los pasajeros deberían desembarcar en el puerto de Miami, además de encontrar su propio camino a casa.

Luego, la empresa cambió su decisión ante la presentación de la orden judicial y dio a conocer que el barco sería desviado a Bimini, en Bahamas.

La Cámara Federal de Resistencia confirmó embargos solicitados por AFIP en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos.Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso embargos por $100 millones a directores de la agroexportadora Vicentin, en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos. los jueces decidieron “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”.

De esta forma, el tribunal confirmó los embargos que habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de Vicentin SAIC y sus responsables, a partir de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La resolución tiene origen en la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados. La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Las maniobras detectadas por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. La denuncia fue ampliada en abril de 2021.

La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros.

El organismo determinó entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.

Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entendieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martin Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de las maniobras denunciadas.

Mientras el joven se divertía junto a 100 personas en su casa de la ciudad de La Plata, la mujer estaba de viaje. A la vuelta, se encontró con la noticia de que deberá pagar una fuerte suma por violar las restricciones por el Covid.

La irresponsabilidad de algunos termina perjudicando también a otros, ya que el “chiste” que se mandó un joven en la ciudad de La Plata repercutirá notablemente en su familia.

Todo se inició el pasado 7 de marzo cuando un joven realizó una fiesta clandestina en el barrio de Los Hornos, a la cual asistieron unas 100 personas, y que fue desmantelada por efectivos de la policía bonarense.

Ahora, el peso de la justicia cayó sobre los hombres de la madre del sujeto (quien estaba de viaje cuando se realizó la fiesta) deberá afrontar una multa de $ 703.420 o 2.000 módulos, que le resulta impagable.

“No lo voy a terminar nunca de pagar, porque no cobro esa plata ni la tengo”, expresó la mujer según el sitio A24. “Duele porque quise hacer como un amparo para que me puedan ayudar para pagar, no me negué nunca a hacerlo. Pero ellos no te escuchan. Fui a todos lados”, aseguró la mujer, a quien le embargaron el sueldo hasta que salde la deuda.

La imputada asumió la responsabilidad en nombre de su hijo de 21 años en una audiencia pública celebrada el 22 de marzo. En esa oportunidad reconoció la realización del evento con más de 100 personas, y afirmó que el muchacho es insolvente a pesar de ser mayor de edad porque está desempleado.

El Juzgado de Faltas de La Plata responsabilizó a la mujer por incumplir las restricciones y exponer a situaciones de contagio a la población, agredir a los inspectores y ocasionar daños en los móviles comunales.

Respecto a la fiesta, la misma fue realizada en una casa de la calle 49 bis, entre 153 y 154, en el barrio platense de Los Hornos, tal como constataron agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano alertados por los vecinos.

Fuentes judiciales informaron que el escrito indica que además las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y rompieron el parabrisas de uno de los móviles de los agentes municipales. La denuncia fue radicada oportunamente en la Subcomisaría La Unión.

Covidiota: sentencia judicialPor resolución del Juzgado de Faltas N° 4, la organizadora y propietaria del inmueble deberá abonar una multa de 2.000 módulos, equivalentes a $ 703.420, por incumplir las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles (Art. 45 de la Ordenanza n° 6147), por hacerlo durante el período de pandemia (Art. 45 bis) y por obstaculizar tarea de inspectores en uso de su poder de policía (Art. 35).

Lo hizo a través de la resolución general 4996/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial.

En el mismo sentido, a través de la resolución general 4997/2021 también publicada este miércoles, AFIP dispuso también que aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago podrán regularizar su situación a través de planes de pagos. La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de setiembre próximo.

Al momento, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones respecto del Aporte Solidario y Extraordinario. La mayoría de los casos son personas que no completaron sus declaraciones juradas y tampoco realizaron los pagos correspondientes aunque también existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación, informó la AFIP.

Como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por la Administración en todo el país, distintos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago. De esta forma, el monto total generado por el Aporte Solidario y Extraordinario supera los $ 230.000 millones, unos $ 7.000 millones más que el monto informado al momento del vencimiento.

El ente recaudador destacó que sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Sin embargo, para avanzar con el proceso iniciado de fiscalización y control, la normativa habilitó que cuando se trate de personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no hubieran cumplido con su obligación, el organismo podrá realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares como embargos bancarios o inhibición de bienes.

Asimismo, dispuso que aquellos contribuyentes que adeuden el aporte podrán regularizar su situación a través de dos planes de pagos: uno para saldo resultante de la declaración jurada conjuntamente con sus intereses y el otro para las multas que surjan del proceso de fiscalización. La posibilidad de cancelar las deudas estará vigente hasta el 30 de setiembre de 2021. Los contribuyentes que opten por esa vía podrán cancelar los montos adeudados en planes de hasta tres cuotas: un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 35%.

La prórroga se extendió hasta el 30 de junio del corriente año. Alrededor de 1 millón de empresas que cuentan con el certificado Mipyme serán beneficiadas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó hoy la prórroga hasta el 30 de junio próximo de la suspensión de embargos a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la resolución general 4705/2020 publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, la decisión extiende por dos meses el plazo previsto anteriormente en la normativa

La medida apunta a amortiguar el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre la actividad económica.

Según la AFIP, alrededor de un millón de empresas que cuentan con el certificado Mipyme se verán alcanzadas por la suspensión de la traba de medidas cautelares.