Una chica, de 13 años, se encuentra embarazada de 30 semanas luego de haber sido violada por un primo de su madre. El sospechoso fue detenido por los pesquisas en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 23 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento concretado en una finca situada en calle Julián Martel al 4700, casi en el cruce con Rudecindo Alvarado, en las cercanías del Barrio Las Acacias.

 Según agregaron los informantes, el sujeto fue capturado por los servidores públicos destinados en el Departamento de Casos Especiales, quienes actuaron en base a las directivas impartidas por la doctora Andrea Paola Campos, perteneciente a la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Contra la Integridad Sexual y la Trata de Personas- de los tribunales de la zona.

La denuncia

Trascendió que la tremenda situación había sido denunciada el 10 de septiembre de 2024, cuando la madre de la víctima, de 33 años, se apersonó en la comisaría de la Mujer y la Familia de dicho distrito, donde sostuvo que su hija había sido ultrajada en dos ocasiones por su primo.

Consta en el mencionado expediente que, debido a las agresiones, la menor cursa un embarazo de 30 semanas de gestación.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Abuso sexual cometido con acceso carnal en dos oportunidades”, el magistrado Mariano José Grammático Mazzari, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Una niña de 13 años dio a luz en la ciudad de Saladillo y el caso desembocó en una pueblada contra la casa de su madre y su padrastro, principales acusados por el hecho y a quienes los vecinos acusan de abuso.

La vez que Gerardo Sofovich apareció en una película de Bruce WillisSegún consignó la policía, la menor concurrió al hospital zonal Alejandro Posadas acusando fuertes dolores en el estómago, pero al intentar revisarla los facultativos se dieron cuenta de que estaba en trabajo de parto y con 35 semanas de gestación.

A partir de ese momento la noticia se extendió por toda esa ciudad, situada a 180 kilómetros al sudoeste de la Capital Federal, y movilizó a nutridos grupos de vecinos que acusaban a la madre y a su pareja por la situación de la menor.

A través de videos en redes sociales pudo verse a vecinos apedreando la vivienda donde vivían la menor su madre y su padrastro, en la que un cordón policial no logró evitar que los exaltados lanzaran todo tipo de objetos al inmueble, que resultó con rotura de vidrios y otros daños.

Algunos vecinos gritaban que la menor era prostituida por su madre y sometida a toda clase de abusos, aunque medios locales constataron que no existen denuncias previas que corroboren eso.

Ante la edad de la niña en trabajo de parto los médicos dieron intervención de inmediato a la dirección de Niñez y Adolescencia del Municipio de Saladillo y a la policía.

La madre de la nena también hizo la denuncia penal ante la fiscalía de turno y argumentó que ignoraba que su hija estuviera embarazada, según indicaron fuentes judiciales locales.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instruccion (UFI) N°2 Saladillo, a cargo de Roberto Javier Berlingeri, pero por estar de feria quedó a cargo de la fiscal subrogante Patricia Hortel, cuya vivienda también fue agredida por grupos exaltados de vecinos.

Pese a las declaraciones de la madre puso saberse que tanto ella como su pareja están en el centro de la investigación, y se descuenta que una de las primeras medidas que ordenará la Justicia es una prueba de ADN para intentar averiguar la paternidad de la criatura recién dada a luz.      

El padrastro de la niña de 11 años que tuvo un bebé hace una semana en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, fue sindicado como sospechoso del abuso sexual.

María José Barrero Sahagún, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, centró la sospecha en el hombre, que fue demorado.

Aunque falta la formalización de la imputación se le tomó muestras a través de un hisopado bucal, que serán enviadas para el examen correspondiente y no se sabe el tiempo que demandará tener los resultados.

El sospechoso fue liberado pero deberá cumplir ciertas restricciones, entre ellas, no acercarse a la víctima ni a su familia.

La niña, junto a su madre y su hijo, se encuentran viviendo en un albergue dispuesto por las autoridades con el monitoreo permanente de la justicia.

Por otra parte continúa la línea de investigación de la denuncia contra un menor acusado de abusar de la niña.

“Cuando tomamos contacto con el caso estaba cursando una gestación, en estado avanzado. Lo principal para nosotros, en ese momento, fue contenerla, acompañarla, y esperar hasta que sea el momento oportuno en que ella pueda brindar su testimonio”, dijo sobre el caso la fiscal.

“Preferimos respetar ese estado de gestación de ella. Ahora se está respetando su estado de puerperio, y se va a respetar hasta que ella tenga condiciones de declarar. Lo mismo para los abordajes psicológicos, las evaluaciones e informes del Cuerpo de Psicología Forense. Por eso vamos a esperar sus tiempos”, remarcó la fiscal.

La funcionaria acotó que “trabajamos mucho en forma muy coordinada con la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, son ellos los que pusieron en conocimiento este caso y acompañaron a la madre de esta menor a que haga la denuncia en el mes de enero en donde se acusó a un adolescente. También trabajamos en forma coordinada con el Juzgado de Familia”, detalló.

“Es una niña que tiene derechos, ella va a ser escuchada, eso está garantizado, pero cuando ella esté preparada. De ninguna manera voy a forzar ninguna situación que tenga que ver con la niña. Está pasando por momentos muy difíciles y lo último que queremos como Poder Judicial o como unidad fiscal es revictimizarla", puntualizó, según publica un medio local

Por el momento la menor se encuentra “resguardada” y desde el Juzgado de Menores y Familia de Curuzú Cuatiá, se le está brindando todo el acompañamiento y seguimiento necesario. 

Cada día 1.000 adolescentes mexicanas se quedan embarazadas. Son más de 350.000 al año. De esos, unos 9.000 ocurren en niñas menores de 14 años.

La pobreza y la falta de acceso a servicios de salud alejan al país de cumplir con los objetivos de 2030 de erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad el de las jóvenes de 15 a 19 años.

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Prevenir el embarazo temprano se ha convertido en uno de los grandes retos demográficos del país, que lanzó en 2015 la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) con unos objetivos claros para 2030: erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad la tasa entre las jóvenes de 15 a 19 años.

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Un desafío que, según las cifras y avances presentados el martes en un informe en el Colegio de México, se muestra inalcanzable. México se ha estancado como uno de los países del mundo con mayores cifras de estos embarazos. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salud se identifican como los principales culpables.

Laura Flamand, investigadora del Colegio de México y una de las autoras del informe Embarazo temprano en México: panorama de estrategias públicas y análisis de la ENAPEA, ha pedido al público recordar cómo eran con 13 años: a qué jugaban, qué deportes les gustaban, qué tres palabras definirían lo que sentían entonces. ¿Seguiría siendo lo mismo si se hubieran convertido en madres a esa edad? El embarazo temprano va asociado con riesgos físicos para las adolescentes, menos oportunidades educativas, condiciones más precarias de empleo y salario, con una mayor dependencia y una mayor exposición a sufrir violencia de género, según recoge el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Ante esas consecuencias, el Gobierno mexicano ha convertido en una “prioridad” prevenir el embarazo adolescente, ha explicado Gabriela Rodríguez, secretaria de Conapo (Consejo Nacional de Población). “Nadie debería estar cuidando niños en la segunda década de vida. ¿Por qué? Porque es una barrera para el crecimiento de las mujeres, para la movilidad social”, ha dicho la funcionaria en la presentación del documento.

El informe del Colegio de México recoge cómo las madres adolescentes tuvieron tres veces menos oportunidades de tener un título universitario, en comparación con aquellas que pudieron postergar su maternidad. En la misma línea, el 75% de las mexicanas de 20 años sin hijos trabaja o estudia; en cambio, cuando las jóvenes de esa misma edad tienen niños a su cargo, solo un 40% estudia o tiene algún trabajo remunerado. “Estamos también perdiendo riqueza como país”, ha apuntado Flamand, que incide en la importancia de visibilizar “este problema público que tiene consecuencias muy graves individuales, pero también sociales e intergeneracionales”.

México es el país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes, a nivel global, solo está superado por los países de Centroamérica y el África subsahariana. La tasa de fecundidad de adolescentes se sitúa en un 68 por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años, según la Conapo. Dentro del país las cifras también varían: no es lo mismo Chiapas con 85 que Ciudad de México con 48. Pero en todos casos, reconoce la secretaria Rodríguez, “es una tasa alta”: “Queremos la tasa de Alemania que es de tres por cada 1.000 adolescentes”. En un marco por regiones, Europa tiene la tasa más baja con 11,6 jóvenes, seguida de América del Norte (15,8), y la situación escala hasta el 60,8 para Latinoamérica y Caribe. “Esta tasa es un clarísimo indicador de la pobreza de un país”, ha apuntado la secretaria de Conapo.

El informe del Colegio de México resalta cómo este problema no atraviesa a todas las mexicanas por igual. “Hay una relación estrecha y compleja entre este embarazo con la desigualdad y la violencia de género”, ha explicado Flamand. Es 5,1 veces más frecuente entre las mujeres pobres, 1,6 veces más probable entre las niñas indígenas y se da 1,7 veces más en las zonas rurales que en las ciudades. “El Gobierno garantiza el ejercicio de los derechos sexuales de manera desigual entre grupos y entre el territorio”, ha añadido la investigadora Vanesa Arvizu, que ha apuntado también como el acceso a los métodos anticonceptivos está estancado desde el año 2000.

Ha habido avances en las últimas décadas: hace 50 años, la tasa de fecundidad en adolescentes en México era el doble que ahora, pero en los últimos 10 la curva prácticamente se ha congelado. Es decir, de 2010 a 2021, la estrategia del Gobierno apenas ha dado frutos. Este plan cuenta únicamente con 88 millones de pesos anuales —menos de 4,5 millones de dólares— para las 32 entidades que deben aplicarlo. En conversación con EL PAÍS, los autores del informe definen la ENAPEA como una política pública bien armada y pensada, a la que sin embargo le falla la coordinación entre los tres niveles de Gobierno que la deben aplicar, la profunda rotación de personal y la burocratización, y, además, le faltan recursos y materiales, y una mayor formación entre los responsables.

Además el cierre de los colegios, el miedo a la covid-19 y el aumento de la violencia contra los niños han sido algunas de las barreras que la estrategia ha tenido que enfrentar en los últimos años. Todavía no hay cifras exactas, pero las estimaciones del Gobierno calculan que durante la emergencia sanitaria, entre 2020 y 2021, tuvieron lugar poco más de 29.000 embarazos adicionales a los proyectados en adolescentes. El investigador y autor del informe Juan Olmeda concluye: “Es prácticamente imposible que se cumplan los objetivos de 2030. Y con el impacto que ha tenido la pandemia todavía menos”.