La agroexportadora Vicentin emitió un comunicado este lunes después del arresto del presidente del director Omar Adolfo Scarel. Consideró que la detención solicitada por los fiscales de Rosario Miguel Moreno y Sebastián Narvaja fue “injustificada, arbitraria y desmedida”.

Scarel, detenido en la localidad de Avellaneda, será trasladado a Rosario para ser imputado, en principio, el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal. Se presume que es por haber intentado realizar una supuesta venta de acciones de la firma Renova.

“Este hecho acontecido en el marco de un allanamiento ordenado por el Fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad» es absolutamente falso, ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”, indica el comunicado.

Detuvieron al presidente del directorio de la concursada Vicentin SAIC en Avellaneda

En el texto que publicó la firma se agrega que “tanto Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin imputados en la causa han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que les ha sido requerida”.

“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”, añadieron.

Vicentin: imputaron por estafa a los principales integrantes de la empresa

Desde la empresa insistieron que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”. “Confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder”, concluyó el documento.

Tras casi dos años de negociaciones, la máxima autoridad del organismo que lidera Kristalina Georgieva discutirá el programa para refinanciar la deuda de USD 45.000 millones

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutirá este viernes el acuerdo técnico con la Argentina. En rigor, hoy será el día en que el organismo que lidera Kristalina Georgieva debatirá -y seguramente convalidará- el entendimiento que fue negociado por el ministerio de Economía. La semana pasada, esa negociación obtuvo un limitado aval parlamentario, en un trámite que ratificó la ruptura dentro del Frente de Todos en torno al FMI.

Esta semana el mandatario Alberto Fernández había mantenido una videoconferencia con Georgieva a fin de analizar la situación económica global provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania y remarcar el respaldo político que obtuvo el acuerdo con el FMI en el Congreso.

“Una muy constructiva conversación con el presidente Alberto Fernández. Consideramos el fuerte compromiso de la Argentina para hacer que su programa económico sea un éxito”, expresó la directora gerente del Fondo mediante su cuenta de Twitter tras concluir el encuentro virtual.

Empresarios de pymes celebraron la aprobación del acuerdo con el FMI

Junto al jefe de Estado y Georgieva se alineó Guzmán, quien desde el pasado lunes protagoniza un viaje a Francia para avanzar en las negociaciones con el Club de París, asociación de países a la cual la Argentina adeuda cerca de USD 2.000 millones y con la que se acordó en junio del año pasado “un puente de tiempo” hasta el 31 de marzo para negociar nuevos términos de acuerdo.

Por su parte, la directora gerenta del FMI ya adelantó a Alberto Fernández y al ministro de Economía que el board del organismo multilateral aprobará el acuerdo para refinanciar los USD 45.000 millones que contrajo Mauricio Macri en 2018.

Programa con el FMI

El nuevo plan, que se extenderá hasta 2034, contempla metas fiscales, monetarias y de inflación. El programa tendrá en los primeros dos años y medio 10 revisiones que serán trimestrales y el primer desembolso será de USD 9.800 millones, luego de que el board dé su conformidad.

A lo largo del primer año habrá un financiamiento neto del FMI equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para recuperar reservas. A esto, se le sumaría un financiamiento extra de USD 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año.

En ese marco, se estima que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, y junto a un aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas netas de USD 15.000 millones durante el programa y reforzará el régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg).

Entre las pautas del convenio, se proyecta una suba en el gasto social e infraestructura. Asimismo, habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará aproximadamente el 2% del PIB.

El acuerdo prevé también una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024; además de la disminución de la monetización del déficit a 1% del PBI este año.

El Gobierno apunta a reducir la inflación mediante una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos; a bajar los costos de la energía y además a mejorar la focalización de los subsidios, manteniendo asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos.

En concreto, el nuevo esquema de segmentación tarifaria prevé la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago a partir del 1 de junio próximo.

Guzmán: “No pagar implicaba ajuste, caída de la producción y el empleo”

Club de París

Al mismo tiempo, el Club de París otorgó un nuevo plazo de negociación a la Argentina para la reestructuración de una deuda de unos USD 2.000 millones, que se iniciará luego de la aprobación del directorio del FMI. Así lo informó el último martes el Ministerio de Economía, tras una reunión -que se desarrolló en París- entre el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, y el presidente del consorcio de países acreedores, Emmanuel Moulin.

“El país gana tiempo y evita nuevamente exponer a la Argentina al default”, señaló la cartera económica, a la vez que explicó que “se busca, luego de cerrado el acuerdo con el FMI, concluir las renegociaciones de la Declaración Conjunta 2014″.

Cabe recordar que en junio del año pasado, la Argentina se comprometió con el Club de París a alcanzar un acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo de 2022. Con este nuevo plazo otorgado, el país logra liberar vencimientos por USD 2.000 millones hasta alcanzar un acuerdo.

Entre los países que integran el Club de París, se encuentran: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se expresó en torno a la investigación del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial en el cual se acusó a la jefa de la entidad, de presionar indebidamente a sus subordinados para ajustar una clasificación a favor de China en 2018.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional expresó el lunes que la investigación sobre el comportamiento de su actual directora gerente Kristalina Georgieva cuando se desempeñó en el Banco Mundial “no demostraba de manera concluyente un papel inadecuado” y expresó “plena confianza en el liderazgo y la capacidad para continuar desempeñando eficazmente sus funciones”.

De esta manera se expresó el directorio del FMI en torno a su revisión de la investigación del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial en el cual se acusó a la jefa de la entidad, la búlgara Georgieva, de presionar indebidamente a sus subordinados para ajustar una clasificación a favor de China en 2018 mientras ejercía como directora ejecutiva del Banco Mundial.

El futuro de Georgieva tambalea en el FMI y complica a la Argentina

El lunes, en una declaración de prensa, el Directorio Ejecutivo del FMI manifestó que se reunió para concluir su revisión del asunto planteado por la investigación de WilmerHale del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial.

Esta fue la octava reunión de la Junta Directiva sobre este tema, como parte del compromiso de la Junta Ejecutiva de realizar “una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna”, y en particular mantuvo dos extensas discusiones con los representantes de WilmerHale y con el Director Gerente.

“El Directorio Ejecutivo consideró que la información presentada en el curso de su revisión no demostraba de manera concluyente que la Directora Gerente desempeñara un papel inadecuado con respecto al Informe Doing Business 2018 cuando era Directora Ejecutiva del Banco Mundial”, destacó el comunicado difundido esta noche.

En consecuencia, se explicitó que “la Junta reafirma su plena confianza. en el liderazgo y la capacidad de la Directora General para continuar desempeñando eficazmente sus funciones”.

“El Consejo -agregó- confía en el compromiso del Consejero Delegado de mantener los más altos estándares. de gobernanza e integridad en el FMI”.

El Directorio Ejecutivo también reiteró su propio compromiso de apoyar al Director Gerente en el mantenimiento de los más altos estándares de gobernanza e integridad en los datos, la investigación y las operaciones del FMI y confía en la imparcialidad y excelencia analítica del personal del FMI y en la solidez del FMI. y canales eficaces de denuncia, disensión y rendición de cuentas”.

Giorgieva dijo que analizarán la propuesta de modificar los sobrecargos a las tasas

Al mismo tiempo, se anticipó que la Junta Ejecutiva planea reunirse para considerar posibles pasos adicionales para asegurar la solidez de las salvaguardas institucionales en estas áreas.

El respaldo a la conducción de Georgieva se da en momentos en que comienza a desarrollarse las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial en Washington

Una investigación de WilmerHale publicada en septiembre halló que mientras Georgieva era directora ejecutiva del Banco Mundial formó parte de un grupo de altos funcionarios que presionaron al personal para cambiar datos en beneficio de China en la edición de 2018 de “Doing Business”, un ranking de los países en función de sus regulaciones comerciales y reformas económicas.

Al respecto, la propia Georgieva aseguró que las conclusiones del informe de WilmerHale fueron “equivocadas” y sostuvo no haber presionado “a nadie”.

Con la presencia de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, se dispuso la integración del Directorio del Ente “Aeropuerto Sauce Viejo”, designándose como presidenta a Silvana Serniotti Sosa -conforme al decreto N°171/21-, cesando el cargo de Interventor del Ente.

Al respecto, Frana se refirió a esta designación: “En esta etapa muy compleja atravesada por la pandemia, donde la intervención de Silvana Serniotti tuvo todo un proceso de reactivación del aeropuerto, el gobernador nos pidió continuar intensificando el plan de trabajo en los aeropuertos”.

“Lo que queremos es sostener lo que se viene realizando y proyectar el aeropuerto Sauce Viejo no sólo para la comunidad, sino también para el sector productivo. Por lo cual es un desafío muy grande pero siempre con una mirada puesta en esta reactivación respetando los protocolos que exige la pandemia”, remarcó la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Por su parte, el secretario Carlos Maina, expresó: “Sabemos que la actividad aeroportuaria sufrió mucho este período del 2020 producto de esta pandemia, y que el 2021 va a ser un año difícil, pero como decía la ministra Silvina Frana, estamos aprovechando este momento en proyectos para cuando la actividad se normalice”.

Además, Maina señaló que “estamos trabajando con el Ministerio de la Producción para que nuestros aeropuertos además de ser transporte de pasajeros, también sean transporte de carga. El gobernador Omar Perotti nos pide que estemos trabajando siempre con todos nuestros aeropuertos”.

Finalmente, la interventora Serniotti comentó: “Muy contenta con este nuevo equipo que se forma. Entendiendo que el escenario es especial por esta pandemia, pero con el compromiso de trabajar para brindar un servicio óptimo para la comunidad y con el desafío importante de atender todos los aspectos que hacen a la seguridad del aeropuerto y los controles para cuidado del pasajero. Porque entendemos que cuidando al pasajero cuidamos a la familia y a la comunidad completa”, concluyó.

La ley 13.704 dispone que el directorio del Aeropuerto esté integrado por un presidente y tres vocales, los que serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo. Los vocales designados son: Sergio Buchara, Hernán Franco, y Melina Aranda.

SERNIOTTI

Silvana Serniotti es licenciada en Comunicación Social, y se ha desempeñado en el último tiempo en el área de comunicación y capacitaciones en el Centro Comercial de Santa Fe, desarrollando y dictando programas de formación que contribuyan a la profesionalización del sector desde el trabajo profundo y transformador de los valores humanos.

Además es diplomada en Habilidades Gerenciales – título otorgado por la UTN-, y en Gestión de Recursos Humanos – título otorgado por la UCES. Durante 19 años se desempeñó en una empresa de Telecomunicaciones, como Gerente Comercial, y ha sumado experiencia en medios de comunicación radial y televisiva en tareas de producción y conducción.

La medida responde al compromiso asumido ante el juez el concurso. La dimisión será tratada por la asamblea de accionistas.

En la tarde de este viernes y mediante un escueto comunicado, el directorio del grupo agroindustrial Vicentin SAIC informó sobre la renuncia de totalidad de los miembros directivos.

En la nota dada a conocer, la conducción de la firma anunció que “cumpliendo con el compromiso asumido con el juez concursal, en presencia de las autoridades provinciales, el directorio actual ha presentado su renuncia que será tratada por la asamblea de accionistas convocada para el próximo 15 de octubre de 2020”.

Por otro lado, indicó que “en los próximos días se presentarán para la autorización del juez Fabián Lorenzini, ofertas de fasón suscriptas que mantendrán en funcionamiento las plantas de Ricardone, con girasol de la nueva cosecha y las del Puerto San Lorenzo con soja durante todo el 2021”.

El gobernador envió un proyecto para reformar tres leyes que aluden a la conformación de directorios en entes autárquicos. Uno de ellos es el Enress. El mensaje pretende que cuando sectores ajenos al gobierno -gremios, empresas, municipios- postulen directores, el nombramiento no sea “a propuesta de” esos actores, sino en su “representación”.

entes autárquicosMediante el mensaje Nro. 4896 ingresado a través del Senado, el Poder Ejecutivo propone reformar artículos de tres leyes que refieren a la constitución de directorios en organismos autárquicos de la provincia. Se trata del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), del Ente Zona Franca Santafesina y del ente que administra el Aeropuerto de Sauce Viejo

En todos los casos se trata de entidades públicas descentralizadas, cuyos órganos de dirección se integran con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo (en algunos casos, incluso, con acuerdo legislativo previo), pero donde algunos de ellos -conforme el diseño dado por el legislador- representan a sectores ajenos al gobierno. En el caso del Enress, por ejemplo, uno de los cinco directores será aportado por “la organización gremial más representativa de los trabajadores de la actividad”. En cuanto al Ente Zona Franca, uno de los tres directores será designado por la Municipalidad de Villa Constitución; y otro, por las entidades empresariales y de la producción. Finalmente, en el caso del aeropuerto, los tres vocales del organismo de conducción representarán uno a la Municipalidad de Santa Fe, otro a las comunas y resto de las municipalidades del Área Metropolitana Santa Fe; y el restante, a las Cámaras Empresariales de Comercio o Servicios.

Cambio de expresión

Así, el nuevo mensaje del Ejecutivo plantea modificar las leyes 11.220 (Enress), 11.731 (Zona Franca) y 13.704 (Aeropuerto). De acuerdo con lo que se plantea en los considerandos, la iniciativa busca precisar que quienes resultan para integrar tales directorios “en representación” de otros entes o entidades ajenas al Estado provincial y que no forman parte del mismo, “invisten tal condición, aun cuando en todos los casos su designación formal corresponda al Poder Ejecutivo provincial”.

El espíritu de las reformas que se promueven desde la Casa Gris es evitar -según se explicó- arbitrariedades a la hora de recibir “propuestas” de esos sectores que deben sugerir nombres para integrar los respectivos directorios. Por ello, la modificación legislativa implica una sutil diferencia en la redacción de las leyes mencionadas, y sugiere sustituir la expresión “a propuesta de” por “en representación de”. Fuentes consultadas por El Litoral sostuvieron que, a partir de las reformas, el Ejecutivo tendría margen de acción -incluso, poder de veto- si considera que los nombres “propuestos” por los sectores planteados no son pertinentes o de personas idóneas. O en su defecto, quedaría claro que aun habiendo sido designada la persona propuesta, la misma no respondería al Poder Ejecutivo, sino al sector que lo promovió.

Sin condicionamiento

Según el texto del mensaje enviado a la Legislatura, la propuesta “no altera el diseño” vigente, sino que “procura ajustar el articulado de la ley y hacerlo congruente con las atribuciones constitucionales conferidas al gobernador para designar o remover a funcionarios”.

Así, los textos subrayan que estos funcionarios actúan “en representación” de quien corresponda, pero deja en claro que la potestad de designarlos corresponde al gobernador. Sobre esa base se suprime la expresión “a propuesta de”, y se la reemplaza por “en representación de”. Ello deja en claro que el Ejecutivo no está necesariamente obligado a enviar el pliego del candidato que se le proponga.

Los cambios sugeridos están en línea con el articulado de otras leyes que también prevén la constitución de directorios de organismos autárquicos o empresas del estado. Tal es el caso de Assa, EPE y 5RT. En dichas normativas ya se emplea la expresión “en representación de” para aludir a los directores que serán postulados por sectores ajenos al Ejecutivo.

Inhabilitación

El proyecto de ley del Ejecutivo propone, además, omitir del texto original de la ley 11.220, una inhabilitación vigente para los futuros directores del Enress. El inciso g) del artículo 22, plantea que será una incompatibilidad para los integrantes del organismo de contralor “el desempeño de funciones en, o tener vinculación con los prestadores, empresas integrantes del mismo grupo económico, o contratista o proveedores de tales empresas, desde un año antes de su designación”. El proyecto de Omar Perotti propicia “la supresión” de dicho postulado argumentando que “tal previsión ha perdido significación al haber asumido el propio Estado la prestación del servicio, a partir de la sanción de la ley 12.516 y de la creación de Aguas Santafesinas S.A.”.

En un extenso y duro documento presentado este lunes ante el Juzgado de Reconquista que entiende en el caso Vicentin, la inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia, Dra. María Victoria Stratta, interpone recursos de revocatoria y apelación -y pide además que la deje sin efecto- a la determinación de Lorenzini de restituir el directorio de la empresa.

En el documento de Stratta ataca directamente la resolución de Lorenzini que -afirma- “es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas”.

Cuestiona también “el magistrado se declara incompetente para juzgar un acto administrativo, pero suspende parcialmente sus efectos y lo modifica, invocando normas de derecho privado. Por el efecto, en realidad lo revoca, al menos en lo atinente a la intervención. Es que reinstala a los directores por todo el tiempo que queda de vigencia del DNU 522/20”.

En su presentación, Stratta dice que “invocando un pretendido diálogo de fuentes para llegar a la decisión, lleva a cabo un acto indirecto, que en los hechos implica atribuirse jurisdicción contencioso administrativa, afectando el orden público. Es así porque torna abstracta cualquier impugnación al acto administrativo, con lo que en los hechos ahorra la tarea a los desplazados”. Y lo califica, sin vueltas, como “un atajo antijurídico”.

Agrega que “en esa búsqueda del modo de soslayar al derecho público, dice actuar de oficio por sus atribuciones como juez concursal reinventando el pedido de parte, lo que resulta contradictorio y tardío. Si fuera como la resolución dice, debió dictarse antes y no esperar diez días. Es que la pretendida urgencia está ausente tanto en el obrar jurisdiccional como en el de la concursada, que se dijo atropellada, pero esperó una semana para solicitar tutela”.

Sostiene que se violan elementales principios como la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo, que las atribuciones del juez concursal no derogan. “Seguramente producto de la precipitación para admitir la petición -demoró más la promotora en formular el planteo que el juez en resolverlo- quedó vigente la ocupación temporánea. Con ello, el resultado es que los directores volverían a sus cargos en una empresa ocupada por el Estado Nacional” sostuvo la inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia.

En su argumentación, Stratta dice que (la resolución de Lorenzini) que hay “fluctuaciones” que provocan un estado de incertidumbre, absolutamente incompatible con la gravedad de la actual situación. Se invoca que debe haber certeza y seguridad jurídica, disponiendo marchas y contramarchas que contradicen esos valores”.

“Se confunde -enfatiza- la intervención judicial de derecho privado con la intervención judicial de derecho público, aplicando las normas y criterios de la primera a un acto administrativo. Confunde cautelar con autosatisfactiva, dictando bajo este rótulo -que supone poner fin a la cuestión- una medida disfrazada de provisoria, que en realidad revoca un acto administrativo”.

Stratta considera que “no cabe sino suspender la ejecución de la decisión de restablecimiento de los directores y admitir la intervención judicial que la Inspección General de Personas Jurídicas reclamó en ejercicio de sus atribuciones y en defensa del interés público y que pone a salvo todas las objeciones planteadas por los desplazados, sin necesidad de analizarlas”.

Denuncia

Uno de los aspectos medulares de la presentación de Stratta da cuenta de que “apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio -incluido su presidente- comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios. Así están obrando Daniel Buyatti (presidente) Roberto Vicentín (director titular) Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente. Al menos es lo que se conoce hasta el momento, sin perjuicio de que puede haber más”.

Desde este lunes, reasumieron sus funciones los directivos de la empresa. El fallo del juez Lorenzini allanó el camino para que eso sucediera. El viernes se vivieron momentos de tensión en la sede central.

Desde este lunes, los miembros del directorio de Vicentin SAIC retomaron formalmente la conducción del grupo luego de que el viernes el juez del concurso, Dr. Fabián Lorenzini, resolviera hacer lugar a una medida cautelar presentada por los abogados de la firma. Desde el seno de la empresa indicaron a El Litoral que “desde hoy el directorio está al frente de todas las operaciones, con todas las atribuciones que le corresponden en lo que tiene que ver con llevar adelante el funcionamiento de todos los rubros”.

Con el golpe de ánimo que significó el banderazo multitudinario que se vivió en la jornada del sábado en Avellaneda y varios puntos del país en rechazo a la expropiación, los popes del grupo y sus empleados volvieron a trabajar en la sede central ubicada en la ciudad cuna del gigante agroexportador.

El retorno sucedido hoy se produjo en absoluta calma, contrariamente a lo ocurrido en la siesta del viernes cuando se conoció el veredicto del juez Lorenzini. Aquel día se vivieron momentos de tensión cuando los interventores “los interventores intentaron sacar una caja con documentación”, según pudo verse en videos publicados en redes sociales, hecho que disparó una discusión con los directivos de la empresa que se opusieron.

“La discusión fue muy tensa” y generó que Héctor Vicentin, ex directivo y descendiente de los fundadores, y otra mujer se descompensaran y tuvieran que ser atendidos por una ambulancia que llegó al lugar.

Los empleados de la firma también llamaron a la policía para que intervenga, pero finalmente los abogados de la empresa calmaron la situación y anunciaron que “está todo arreglado”.

Finalmente, los interventores, encabezados por Luciano Zarich, pudieron llevarse la caja con copias de documentos, tal como estaba acordado con los asesores letrados de Vicentin. El fallo del juez Civil y Comercial de Reconquista dispuso, con carácter de “medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela”, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, “continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”, conforme al estatuto de la misma.

En tanto, estableció en el marco de la presente medida autosatisfactiva que los interventores designados en el DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional puedan continuar desarrollando su tarea, con el grado de “veedores controladores”. Y sustanció un plazo de cinco días para que los representantes de la intervención, conforme la intervención procesal reconocida en el expediente, puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios para ejercer su derecho de defensa en juicio.