Dos exdirectivos de la empresa de comercio y subastas electrónicas eBay fueron condenados a prisión este jueves por orquestar una campaña de intimidación contra voces críticas con la compañía y enviarles objetos lúgubres a casa.

Jim Baugh, exdirector sénior de Seguridad en eBay, y David Harville, exdirector de resiliencia global, fueron condenados a 57 y 24 meses de cárcel, respectivamente.

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Los envíos al domicilio de las víctimas incluyeron un feto de cerdo real, una máscara de cerdo ensangrentada, una corona funeraria, una caja con cucarachas vivas y un libro sobre cómo superar la muerte de un cónyuge.

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Además, los extrabajadores de eBay también enviaron material pornográfico a nombre de la pareja a la que querían intimidar pero a casa de sus vecinos, de manera que fuesen estos quienes recibiesen los paquetes pero viesen en ellos el nombre de las víctimas.

La pareja objeto de intimidación son residentes en Natick (Massachusetts, EE UU) y editan conjuntamente un boletín electrónico o “newsletter” sobre comercio electrónico que en agosto de 2019 se mostró muy crítico con los problemas judiciales de eBay, ante lo que los empleados decidieron iniciar la campaña de intimidación.

Además del envío de objetos sombríos, los entonces empleados -ninguno de ellos sigue trabajando en la actualidad para la empresa de San José- acosaron a la pareja por Twitter tanto en público como con mensajes privados.

También colgaron un mensaje público en el popular portal Craiglist en que aseguraban que las víctimas practicaban intercambio de parejas y que estaban buscando otra gente con quienes tener sexo.

Finalmente, estos dos y otros extrabajadores realizaron varias visitas a la dirección de los afectados y en una de ellas trataron de acceder al garaje para colocar un dispositivo GPS de seguimiento en su vehículo.

Susana Giménez está furiosa con los directivos de Telefe por su prolongada ausencia de la pantalla, y, según cuentan, estalló con la frase “cuidan más a Los Simpson que a mí”, en una reciente reunión en la emisora.

Según informó C5N, la señal tricolor “metió en el placard” a la diva y no tiene intenciones de ponerla al aire este 2022, en tanto que ella aspiraba a conducir una serie de especiales, con su reconocido estilo.

Dos años atrás, la rubia decidió residir en Uruguay, donde está próxima a debutar con la obra teatral Piel de Judas. Además, grabó algunos especiales para Paramount+, la plataforma de streaming del canal tricolor.

Cabe señalar que Telefé le paga un sueldo mensual “altísimo” a Susana, con el fin de que no firme con otros canales, aunque tampoco se decide a darle un proyecto.

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Al respecto, el periodista Jorge Rial afirmó: “No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana”.

Según trascendió, Susana expuso su enojo en el canal, y les espetó: “Cuidan más a Los Simpson que a mí”, en alusión a la tira que es constantemente parte de la grilla de Telefé.

“Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount+ y no en Telefe es un desprestigio”, se comentó.

Susana Giménez vuelve al teatro Si bien se mantiene lejos de las pantallas, la rubia volverá a protagonizar la obra teatral Piel de Judas bajo la dirección de Gustavo Yankelevich. Susana ya la hizo en 2015, cuando volvió a los escenarios después de 24 años bajo la dirección de Arturo Puig y conquistó a más 150 mil espectadores.

El estreno será el viernes 15 de julio a las 21 horas en el espacio cultural Enjoy de Punta del Este, donde se encuentra radicada desde que inició la pandemia de coronavirus.

La Cámara Federal de Resistencia confirmó embargos solicitados por AFIP en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos.Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso embargos por $100 millones a directores de la agroexportadora Vicentin, en una causa penal tributaria, por reintegros de IVA con comprobantes apócrifos. los jueces decidieron “hacer lugar al embargo de bienes libres de la firma y las personas físicas denunciadas en autos, bajo responsabilidad de la denunciante, en cantidad suficiente para cubrir la suma de $111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal”.

De esta forma, el tribunal confirmó los embargos que habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de Vicentin SAIC y sus responsables, a partir de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La resolución tiene origen en la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados. La AFIP denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Las maniobras detectadas por el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont consisten en el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones. La denuncia fue ampliada en abril de 2021.

La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros.

El organismo determinó entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.

Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entendieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martin Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de las maniobras denunciadas.

Amenos de una semana de las clases un equipo directivo de la ciudad de Casilda fue aislado por posible caso de Covid-19 positivo. “Estamos a la espera del hisopado, quedamos todos aislados: directora, vicedirector, todos los secretarios, prosecretarios y preceptores, porque este miércoles estuvimos todos trabajando”, indicó Alejandra Bustos, directora de la EESO N° 202 Manuel Leiva.

Y detalló: “El día miércoles comenzamos a reunirnos con nuestro equipo de trabajo para hacer la revinculación pedagógica de los alumnos de 5to año y a las 11 nos enteramos que teníamos que estar todos aislados porque una de nuestras secretarias empezó con síntomas de covid”.

“La escuela está en condiciones, todo está absolutamente limpio, con ventilaciones, ordenado. En estos momentos tenemos todas las precauciones, así y todo, pasan estas cosas”, lamentó. “En cuanto a lo edilicio la normal está preparada, tenemos ventanales altos, un patio donde corre mucho aire, pusimos dispensers de alcohol, tomamos temperatura, y con lo difícil que fue organizar todo esto, esto fue un baldazo de agua fría que te deja sin saber cómo seguir”, cerró.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la cúpula dirigencial se anticiparon a lo que podría ser una de las bombas del año: la salida de Sergio Ramos después de 15 años defendiendo la camiseta blanca. 

El capitán merengue acaba contrato el 30 de junio del 2021 y hasta el momento no parece dispuesto a negociar una renovación.

Es por eso que, ante las propuestas rechazadas por el jugador, los directivos madrileños decidieron pisar fuerte en el mercado de transferencias. Según informó el medio español Marca, David Alaba es el nuevo refuerzo de la Casa Blanca.

El futbolista austriaco llegará gratis una vez que finalice su contrato con el Bayern Múnich, el cual acabará también a fines de junio de este año. La situación del defensor en el conjunto bávaro es similar a la que atraviesa el central español, ambos no aceptaron las ofertas para continuar (En el caso de Ramos, aún podría hacerlo).

Con 28 años, Alaba ya habría pasado el reconocimiento médico, pese a que su llegada se hará efectiva recién en julio. El futbolista, tasado en 65 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, firmará un contrato por cuatro años y una ficha de 11 millones de euros anuales.

El fichaje del defensor austriaco parece haber cerrado en todos los sentidos. En el caso de que el capitán merengue se vaya, será él el que ocupe un lugar junto a Raphael Varane. En el caso de que continúe, podrán repartirse minutos e incluso también está capacitado para relevar a Ferland Mendy en la banda izquierda.

Tras ganar 25 títulos, entre ellos dos Champions League y nueve Bundesligas, David Alaba había rechazado hasta tres ofertas de la dirigencia bávara, tal como lo confirmó Karl Heinz Rummenigge, director general del club.

“Tuvimos muchas conversaciones con su agente (Pini Zahavi), hubo una reunión final y una propuesta con fecha límite en octubre. Nuestra oferta no fue aceptada y nuestro presidente la retiró. Hemos puesto todo lo posible en la balanza, sólo tenía que aceptar pero no ha sido así”, reconoció el directivo alemán.

A partir de ese momento los grandes de Europa, incluido el Barcelona, se plantearon su fichaje, ya que es un jugador de élite que estaba dispuesto a cambiar de aires con el pase en su poder. Finalmente fue el Real Madrid el que se impuso sobre el resto para hacerse con sus servicios.

En el día de hoy, el Directorio de la sociedad designó a Carlos Moltini como nuevo Presidente del Directorio de Telecom Argentina. 

En la misma reunión, fue aceptada la renuncia de Alejandro Urricelqui a dicho cargo por motivos de índole personal, quien continuará desempeñándose como miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo de la sociedad.

El 1 de enero de este año, Carlos Moltini había sido designado como miembro del Directorio de la compañía, luego de finalizar su gestión como Director General Ejecutivo, posición que ocupó desde noviembre de 2017.

Estos cambios no implican ninguna modificación en el management ejecutivo de la empresa.

Previo a su nombramiento en Telecom en 2017, Moltini se desempeñó durante más de 11 años como Gerente General de Cablevisión. A principios de los años 90, asumió el puesto de Gerente de Administracion y Finanzas de Canal 13. En 2001, luego de ser Subgerente General de Multicanal, asumió como Gerente General. A partir de la fusión de Cablevisión y Multicanal, realizada en 2006, fue Gerente General de Cablevisión- Fibertel.

Esta nueva posición, a cargo de la Presidencia del Directorio de Telecom Argentina, le permitirá a Moltini continuar poniendo a disposición de la empresa, su sólida y reconocida trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones, además de su amplio conocimiento de la compañía y la evolución del negocio

Un escrito con fecha y recibo del 17 de diciembre de 2018 da cuenta de que las autoridades del jardín elevaron la denuncia de los padres del alumno a la supervisora. Los abogados afirman que actuaron de acuerdo el protocolo, que entró en vigencia unos meses antes, como consecuencia del crimen de la maestra de Alto Verde.

Luego de la audiencia en la que este martes fueron imputadas dos directoras del Jardín San Roque por el presunto encubrimiento agravado de un caso de abuso sexual por el cual está preso un maestro de música, la defensa de las acusadas salió al cruce de los dichos de la ministra de Educación, Adriana Cantero, que el mismo martes le dijo a los padres que se enteraron del caso por los medios.

“Desconozco las manifestaciones de la ministra (Cantero) y del director de Educación Privada” (Rodolfo Fabucci), declaró el abogado Germán Corazza. “Lo cierto es que hay una teoría de la continuidad de los actos administrativos y esta nota de activación del protocolo se presentó a fines de 2018”. Y agregó: “es el Ministerio el encargado, a través de los distintos órganos, de realizar la denuncia penal y seguirla”.

A partir de ese documento, en el que se describe punto por punto la intervención de la institución, el letrado remarcó que “no hay de ninguna manera encubrimiento” de las autoridades del jardín. Consultado por sobre qué debieron hacer las directoras, una vez remitido el caso al Ministerio de Educación, Corazza sostiene que a partir de la atribución de la fiscalía “se está desconociendo alguna reglamentación que está vigente, no sólo en el establecimiento educativo San Roque sino también en todos los colegios de la provincia de santa Fe”.

La mención es en función del acta firmada el 2 de julio de 2018, que se titula “Procedimiento de protección de identidad de docentes que tomen conocimiento de niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad que configure un delito. Formulación de denuncia penal”. Allí se establece que el docente o directivo que tomare conocimiento de un hecho de abuso debe elevarlo a la supervisora, la cual debe informarlo a su vez a la Delegación Regional correspondiente -en este caso la Región 4ta.- y de ser necesaria la denuncia penal, es esta última la encargada de radicarla ante la Justicia.

“Es un protocolo de actuación que se dictó después de un lamentable suceso en que fue víctima una docente de Santa Fe”, subrayó Corazza en relación al crimen de la maestra de Alto Verde, Vanesa Castillo. “Se dictó ese protocolo, en el que intervinieron las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y todas las partes involucradas incluidos los gremios”.

Entonces, “una de las conductas atribuidas es que ellas (por las directoras) no realizaron la denuncia respectiva, cosa que no es así. Ellas tomaron intervención a fines de noviembre de 2018 de este suceso y lo pusieron en conocimiento cabal del Ministerio de Educación de la provincia a través de la supervisión el 17 de diciembre de 2018. Es decir que el Ministerio está al tanto de esta situación desde fines de 2018”, reiteró el abogado que interviene junto a los Dres. Juan Aguilar y Andrés Rolón.

“Es el Ministerio el encargado a través de los distintos órganos de realizar la denuncia y seguirla y hay una comisión interdisciplinaria que se forma para actuar en estos casos, cosa que no estoy al tanto si se hizo o no. Lo que sí sabemos fehacientemente es que las dos imputadas han activado este protocolo mediante nota”, cerró.

Consultado sobre si dicho protocolo se encuentra en poder de la fiscalía, la defensa dijo desconocerlo. “Lo que sí tengo conocimiento es que fue archivado en el organismo respectivo, estoy haciendo mención de quien depende el establecimiento educativo. Además lo que se les atribuyó fue no haber apartado al docente en el ejercicio de sus funciones. Claramente debemos decir en este aspecto que es el Ministerio quien a través de los mecanismos respectivos debe iniciar un sumario administrativo para disponer el apartamiento, la cesantía o lo que fuera necesario en este caso”.

También reconoció que como es una escuela privada pudieron “cesantearlo o despedirlo, porque la relación laboral es dentro del ámbito privado”, pero dejó en claro que “era el ministerio quien debió iniciar un sumario”. Asimismo recordó que fue el docente quien “habría pedido licencia en el ejercicio de sus funciones, desconozco la fecha exacta porque no está a cargo nuestro esa situación”, se excusó.

En cuanto a la audiencia de prisión preventiva, la Oficina de Prensa del Poder Judicial informó que será este jueves a las 9 de la mañana, en la Sala N° 1 del subsuelo de tribunales, estará a cargo del juez Gabriel Candioti y no está definido si será con público o a puertas cerradas. A propósito de ello, la defensa de las directoras adelantó que “ellas van a hacer uso de su derecho a declarar” y “no vamos a objetar que pase el público siempre y cuando se proteja el interés superior del niño”.

Las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti le atribuyeron la autoría del delito de encubrimiento agravado a la exdirectora y a la actual directora del jardín de infantes San Roque. La imputación se llevó a cabo este martes sobre el mediodía en una audiencia que estuvo a cargo del juez Pablo Busaniche.

Una de las imputadas es una mujer de 49 años cuyas iniciales son CFL, quien era la directora de la institución educativa en 2018. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son EK, era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.

“La atribución delictiva que concretamos es porque entendemos que, con su accionar, las dos imputadas interfirieron en la persecución penal del profesor de música de la institución al que se investiga como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de un niño que asiste al mismo establecimiento”, explicaron las fiscales Del Río Ayala y Minniti. En tal sentido, las fiscales agregaron que “ambas incumplieron obligaciones que tenían como directora y vicedirectora de la institución”.

En la audiencia, las funcionarias del MPA detallaron que “el martes 13 de noviembre de 2018, la madre del niño abusado le manifestó a la directora y a la vicedirectora que su hijo tenía lesiones físicas compatibles con agresiones sexuales”. También precisaron que “el jueves 22 de noviembre conocieron a través de audios de WhatsApp de algunos padres que la acusación de abuso era para el docente de música. Lo mismo fue manifestado a las dos mujeres por los padres del niño abusado el lunes 26 de noviembre”.

“En ninguna oportunidad, ni la directora ni la vicedirectora realizaron la correspondiente denuncia penal. Además, el docente continúo dando clases desde noviembre de 2018 hasta agosto de 2019 y no tomaron los recaudos necesarios para que la víctima y otros niños no estuvieran en riesgo”, sostuvieron las fiscales.

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex titular del Banco Nación en el macrismo, Javier González Fraga, y a los responsables de la firma Vicentin, y pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en préstamos otorgados a esa empresa.

“Corresponde orientar la presente investigación en relación al ex titular del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli”, sostuvo el fiscal al imputar en el caso, según el dictamen.

Pollicita aclaró que ello se resuelve “sin perjuicio de la responsabilidad penal que eventualmente les pueda corresponder a otros funcionarios y empleados del Banco Nación, funcionarios de distintos organismos del Estado Nacional e integrantes del grupo Vicentín”.

La denuncia se formuló a raíz de préstamos multimillonarios otorgados por el banco estatal a la empresa, actualmente declarada en cesación de pagos. “Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín S.A.”, sostuvo el fiscal.

Esta situación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.

En el dictamen, se explica que Vicentín “se aboca esencialmente al rubro de los cereales y oleaginosas”, pero además “tiene inversiones en distintas actividades como la producción de biodisel, algodón, ganadería, hilandería, etc., ubicándose entre las primeras empresas del país como consecuencia de un notable crecimiento que habría verificado entre los años 2015 y 2018”.

La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.

Entre estas pruebas, según el dictamen, se requirió al juez que pida al Banco Nación un informe sobre el monto de la deuda, su composición, fecha de cada préstamo, cuotas canceladas, vencidas o no abonadas y garantías entregadas por la empresa, entre otros puntos. Además solicitó que se convoque a declarar como testigo al actual director del banco, Claudio Lozano, y que aporte una copia certificada del “Primer Informe de Situación de la firma Vicentín”.

El lunes último, la empresa Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre último, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares y postergó esos pagos.