El bloque socialista de diputadas y diputados impulsa un proyecto de ley para crear una Red de Red de Centros de Servicios Tecnológicos de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo coordinar y compartir conocimientos y desarrollos científicos y tecnológicos y volcarlos a la producción santafesina.

El diputado provincial y ex ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, autor de la iniciativa señaló que “Santa Fe cuenta con una larga trayectoria de investigación y desarrollo de conocimiento, que dieron lugar a reconocidos centros tecnológicos ubicados a lo largo y ancho de la provincia”.

En este sentido, el legislador explicó que la creación de una red de centros tecnológicos “permitirá institucionalizar el sector y dar más y mejores herramientas para su desarrollo, y permitirá el fortalecimiento y la innovación en la industria santafesina”.

Estos Centros Tecnológicos tienen como objeto desarrollar servicios y generar conocimiento que apoyen a la industria y la formación de recursos humanos para su incorporación a los procesos productivos. En Santa Fe se pueden mencionar entre otros, al INTA, el INTI, CONICET, Polo Tecnológico Rosario, Parque Tecnológico Litoral Centro, ITEC de Rafaela, y las Universidades Nacionales, entre otras.

Los centros tecnológicos son instituciones, públicas o privadas, que tienen como objetivo la realización de actividades destinadas a la generación de conocimientos tecnológicos, el desarrollo de una oferta de servicios de apoyo a la industria y la formación de recursos humanos para la incorporación en los procesos productivos.

“Proponemos que el Ministerio de la Producción sea la Autoridad de Aplicación de esta red, para de esta manera acercar, y ampliar la oferta de servicios tecnológicos al sector productivo”, explicó Garibay.

Entre los objetivos de la red se mencionan el de integrar la oferta de servicios tecnológicos existentes en la provincia, promoviendo su coordinación; el fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos existentes; potenciar la matriz productiva incorporando conocimientos y tecnologías que generen agregado de valor en la producción, articular el sector de los servicios y del conocimiento con el sector productivo, y desarrollar la formación de recursos humanos específicos.

Esta red estará integrada por aquellas instituciones públicas o privadas que se inscriban en un registro creado por la autoridad de aplicación, y funcionará a través de una Asamblea y un Concejo Directivo, a quien además los asistirá un Consejo Consultivo conformado por el sector empresario.

Esta iniciativa establece un Fondo específico para apoyar económicamente a los proyectos que desarrollen las distintas instituciones que conforman la RED. Además, faculta al Ejecutivo Provincial a efectuar adscripciones y/o comisiones a agentes del estado provincial. Pasantías o prácticas profesionales en el ámbito de la red y acuerdos institucionales internacionales para realizar trabajos en conjunto con otras instituciones.

De esta manera además se abordará a la industria mejorando el recurso humano, potenciar el trabajo en red y aportando desde el tesoro provincial para el desarrollo de oportunidades.

Desde el bloque Socialistas pidieron explicaciones al gobierno. “La decisión vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios al negarle el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa”, afirman.

El bloque de diputadas y diputados socialistas pidió explicaciones al gobierno provincial acerca de por qué se dispuso un aumento del 32% de las tarifas de la empresa Aguas Santafesinas SA sin haber convocado previamente a una audiencia pública. También solicitaron informaron sobre el plan de obras, que en el contexto de la pandemia de Covid-19, se hacen fundamentales para garantizar el acceso fundamental al agua potable.

Además de señalar que la decisión “vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios”, la autora de la iniciativa, la diputada Clara García, también cuestionó que se haya invocado como pretexto “una habilitación de hace más de dos años en circunstancias diferentes” y cuando dicho acto ya no tiene valor jurídico.

“La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales”, advirtió García.

“El esfuerzo de ingeniería argumentativa que desde esta gestión se intenta realizar para aplicar el pretendido aumento –apuntó la diputada- no sólo pretende evitar la obligatoria audiencia pública y negarles a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa, sino que también dicha situación trasuntaría en la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear”.

En tal sentido, menciona la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes en un voto unánime que resolvió que la realización de una audiencia pública previa es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que su no realización posibilita a los tribunales a considerar nulas dichas resoluciones.

En el caso de ASSA, las audiencias públicas llevan una década de vigencia ininterrumpida. En este punto, García destacó que el caso de 2018, cuando por primera vez se desdobló el aumento, (uno se aplicó en enero y otro en mayo, siempre del mismo año) “es muy distinto a pretender aplicar un aumento sin la correspondiente celebración de una audiencia pública y justificar esa decisión con el supuesto aval de una audiencia que sesionó en noviembre de 2018, que claramente cesó en sus alcances y competencia”.

La diputada resaltó “el rol fundamental de las asociaciones de usuarios y consumidores en este tipo de audiencias, en la convocatoria y las acciones para lograr una participación lo más amplia posible, de modo de resguardar las garantías que los usuarios y consumidores tienen aseguradas constitucionalmente”.

Finalmente, la legisladora también solicitó a las autoridades provinciales el detalle del plan de obras que tiene previsto realizar Aguas Santafesinas durante 2021. “El agua potable es un recurso más que fundamental y un derecho básico al que deben tener acceso todos los ciudadanos, por lo tanto el gobierno debe explicar qué acciones llevará adelante para garantizar este derecho, más aún en el contexto de pandemia de Covid-19 que estamos atravesando”, concluyó.

Desde el bloque Socialista impulsan una herramienta que fue implementada exitosamente en la anterior gestión provincial y que permitió sistematizar información para definir políticas públicas, a la vez que simplificar los trámites para el sector.

El bloque de diputadas y diputados socialistas presentó un proyecto para establecer por ley el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), una herramienta que fue implementada por decreto durante la anterior gestión provincial y permitió conocer al productor en sus diversas actividades y producciones, a la vez que unificar trámites, brindándole acompañamiento y apoyo efectivo.

El objetivo del RUPP es centralizar información dinámica de las personas humanas o jurídicas cuyas actividades tengan relación con la producción primaria en la provincia, para el diseño de políticas públicas eficientes y efectivas. A tal fin, se unifican relevamientos tales como la encuesta ganadera del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el Registro de Áreas Sembradas (RAS), y la inscripción en el Registro de Producciones Primarias de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal). Eso, a la vez, permite disminuir la cantidad de declaraciones juradas que realizan los productores.

“La producción de datos actualizados es una cuestión prioritaria para un gobierno, porque permite trazar diagnósticos certeros y definir políticas efectivas”, afirmó la diputada Clara García, quien presentó el proyecto en el marco del Día del Agricultor, que se celebra el 8 de septiembre en homenaje a la fundación de la primera colonia agrícola argentina –Esperanza- en 1856.

“Este registro, que fue creado por decreto en 2017 -recordó la legisladora-, generó una base de datos georeferenciada que permite conocer, de manera continua y actualizada, las diferentes producciones primarias de los rubros de la cadena agroalimentaria, como la granaria, bovina, apícola, avícola, porcina y frutihortícola, etc. Creemos que el RUPP debe sostenerse e instituirse por ley para garantizar su continuidad, asegurando más transparencia estadística, información clave y precisa para mejores políticas agropecuarias y más confianza para el sector agropecuario y agroindustrial”.

“Permitió también simplificar los trámites que deben realizar los productores agropecuarios, evitando la duplicación de declaraciones de información y permitiéndoles acceder de manera más ágil a los beneficios que se gestionan en la órbita provincial”, añadió.

“La agricultura es un sector decisivo en la economía argentina y es el que más se modernizó en el país, donde Santa Fe es el epicentro. Nuestra provincia sobresale por contar con una producción agropecuaria que agrega valor y que es una actividad competitiva tanto en el mercado interno como en el internacional”, describió Clara García.

La gestión del RUPP se propone a cargo del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, desarrollando sus funciones en coordinación y colaboración con la Assal y el Ipec. En tanto, los municipios y comunas pueden acceder a la información del registro referida a su distrito, previa formalización de un convenio y con el compromiso de adoptar un rol activo para alcanzar la total cobertura de las producciones primarias realizadas dentro de sus respectivos distritos.

“Los gobiernos locales pueden contar con información fehaciente sobre esas actividades y, así, solicitar apoyo al gobierno provincial con información respaldatoria; mejorar sus propias regulaciones, intervenciones y normativas locales en base a la información recabada; promover políticas locales o regionales que fomenten la producción local existente y el agregado de valor, así como hacer propicias nuevas estrategias asociativas, entre otras”, detalló la legisladora.

Con el traspaso de la operación de la nueva planta potabilizadora a Aguas Santafesinas se completa el plan establecido para cada unidad del sistema de abastecimiento provincial. Es una obra estratégica desarrollada por las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social.

La empresa Aguas Santafesinas se hizo cargo desde este lunes de la operación de la nueva planta potabilizadora correspondiente al Acueducto Reconquista, ubicada sobre la Ruta A009. “Con este acto de traspaso se completa el plan establecido para cada uno de los sistemas que proyectamos desde el inicio de la gestión del Frente Progresista”, remarcaron los diputados provinciales socialistas, Laura Corgniali y José Garibay.

“Siempre remarcamos la importancia de contar con la planificación estratégica que inició Hermes Binner años atrás y un plan de obras al que le dimos continuidad y que consolidamos con lo que fue el Plan del Norte que planteó Miguel Lifschitz al inicio de su gestión y que se tradujo en una gran cantidad de proyectos realizados en los departamentos de General Obligado, Vera y 9 de Julio”, resaltó Garibay, quien fuera ministro de Infraestructura y Transporte entre 2015 y 2019.

“En la anterior gestión finalizamos la construcción de este acueducto; el de La Costa, en San José del Rincón; la primera etapa de Desvío Arijón y dejamos en obra el tramo a Rafaela y otras 9 localidades, así como también el proyecto del Acueducto Biprovincial con Córdoba”, recordó.

“El Acueducto Reconquista es, al igual que el resto, una obra estratégica porque el agua potable es indispensable para la vida de los seres humanos, pero también es fundamental para el desarrollo de la región”, añadió Garibay.

Por su parte, la diputada Corgniali resaltó que la obra viene a garantizar “el agua potable como derecho; así lo soñó Binner al proyectar una red provincial de acueductos para abastecer a cada santafesina y santafesino. Una realidad que fue posible a partir de los gobiernos del Frente Progresista, junto con las empresas y trabajadores que durante cinco etapas construyeron no sólo una obra emblemática para el norte santafesino sino también para su salud y calidad de vida”, sostuvo.

El Acueducto Reconquista es uno de los once sistemas de abastecimiento de agua potable planificado por el gobierno de la provincia de Santa Fe en 2007 para dotar de agua potable de calidad a las poblaciones que presentan deficiencias en el suministro o carecen del mismo.

Dentro de esa planificación, en 2015 se inauguró el Acueducto Norte Santafesino en Villa Ana, que abastece a esa localidad y a Colmena, Intiyaco, Golondrina, Los Tábanos, Cañada Ombú, Los Amores, Pozo de los Indios y Garabato, en los departamentos Vera y General Obligado.

Acueducto Reconquista

El área global del sistema cubre 12.200 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 9% del territorio provincial. El acueducto alcanza a 24 localidades y parajes, beneficiando a unos 187.000 habitantes.

Con una capacidad de producción de 108.000 litros diarios, la inversión encarada por el Estado provincial contó con el financiamiento del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico y se desarrolló en diferentes etapas:

Etapa 1: ejecución de la toma, acueducto de agua cruda y el primer tramo acueducto agua tratada.

Etapa 2: construcción de la planta potabilizadora.

Etapa 3: trabajos en la zona núcleo y el ramal Oeste (Fortín Olmos).

Etapa 4: ramal Sur 1 y Calchaquí.

Etapa 5: ejecución del ramal Sur 2 (Los Laureles) y Norte (Las Garzas).

Desde el bloque también se exigió saber si el Poder Ejecutivo presentó proyectos o solicitudes a los fines de recibir tales fondos.

Diputados y diputadas del bloque Socialistas presentaron un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe el motivo por el cual “Santa Fe ha sido la provincia que menores recursos recibió en concepto de Transferencias no Automáticas (discrecionales) por parte del Gobierno Nacional durante el primer cuatrimestre de 2020”.

La legisladora Lorena Ulieldín explicó que “según el informe publicado en forma reciente por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en base a datos oficiales, durante el primer cuatrimestre del año 2020 las provincias de nuestro país recibieron 100.000 millones de pesos desde la Administración Nacional en concepto de Transferencias No automáticas (TNA)”.

El informe mencionado por Ulieldin también señala que, de ese reparto, Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos y La Rioja fueron las que mayores recursos recibieron, mientras que “Santa Fe fue la que menos obtuvo. Medido en términos absolutos, ese reparto se traduce en que La Rioja recibió 7.711 pesos por habitante en el cuatrimestre señalado, mientras que Santa Fe el equivalente a 1.169, y el nivel medio de tal reparto la suma de 2.200 pesos por habitante”.

Los legisladores y legisladoras socialistas también solicitaron al gobierno de Omar Perottti que se informe si desde el Poder Ejecutivo se presentaron proyectos o solicitudes a los fines de recibir tales fondos, si los mismos fueron debidamente atendidos por el Gobierno Nacional y en su caso, se detalle la respuesta o justificación obtenida en tal sentido.

En tal sentido, Ulieldín indicó que “es preciso conocer si existió por parte del Ejecutivo Provincial el pedido de remisión de fondos para atender las emergencias económicas que sin duda alguna todas las jurisdicciones han sufrido como consecuencia del aislamiento social obligatorio, dispuesto como medida para hacer frente a la pandemia de COVI-19 y la consecuente caída en la actividad económica”.

Garibay encabezó este pedido. Se trata de un proyecto de comunicación que busca asignarle recursos a un fondo ya creado para otorgar asistencia financiera.

Luego de reuniones con representantes de las distintas actividades, el presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados, José Garibay, presentó un proyecto de Comunicación al Ejecutivo para que vuelva a utilizarse el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, oportunamente creado para asistir a productores con la Ley 13.622. El pedido es para que se le asignen recursos y pueda ser una herramienta que favorezca a todos los sectores.

“Desde nuestro lugar queremos aportar para llevar soluciones a pequeñas y medianas empresas, sabemos que es un momento complicado y que las Pymes son las más castigadas. Acercamos estas propuestas para que el gobierno provincial retome instrumentos ya creados”, declaró el diputado Garibay.

Esta medida posibilita al Gobierno Provincial otorgar asistencia financiera a micro empresas radicadas en la provincia, a sectores productivos agrícola-ganaderos-lecheros y otras actividades de producción primaria.

A través del Articulo N°1 se da herramientas al ministerio de la Producción para que se establezcan procedimientos para el funcionamiento y administración del Fondo creado y así desarrollar distintas líneas de financiamiento y/o asistencia dependiendo de las necesidades de cada sector.

“La puesta en marcha de una iniciativa de estas características es fundamental en un momento como este”, sostuvo el legislador, quien además sugirió que “de ser oportuno, podría evaluarse, para la composición del fondo, tomar algo de los 15 mil millones de pesos de endeudamiento recientemente autorizados por la legislatura para auxiliar a Pymes que buscando una ayuda del estado”.

Por su parte, el diputado Joaquín Blanco, quien acompaña este pedido comentó: “Es clave estar cerca de las Pymes en esta crisis, por su rol en la economía y la generación de empleo en Santa Fe”. “Por eso -agregó-, también creemos fundamental la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca con fondos del Estado provincial para que se garantice y facilite el acceso a las pequeñas y medianas empresas ”.

Vale aclarar, que esta iniciativa ya ha sido utilizada en la anterior crisis hídrica para la ayuda del sector “tambero”, con un fondo de 400 millones de pesos entregados oportunamente. Con un año de gracia y 36 cuotas fijas en pesos.

El proyecto finaliza resaltando que “ante la situación que se vive resulta necesario y urgente que el Estado Provincial otorgue herramientas para mitigar los daños que se están produciendo en el sistema productivo de nuestra provincia”.

Reuniones: La Comisión mantuvo reuniones con representantes de la industria santafesina, entre ellos representantes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), Federación Gremial, Federación Autogestión Cooperativa y Trabajo (ACTRA), Fundación La Base y Fundación Impulsar.