En medio de una manifestación fuera de la Legislatura y con delegados gremiales dentro del recinto, diputados aprobó la ley de Reforma Previsional que impulsó el gobierno de Santa Fe.

El proyecto se aprobó en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes.

Mientras tanto, en la puerta de la Legislatura se producían incidentes con los manifestantes que arrojaron piedras y quería abrir las puertas del edificio.

Noticia en desarrollo

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad concurrió a la Legislatura para informar acerca del plan de vacunación que lleva adelante la provincia. “Los sistemas de control están actuando, y si hubo algún error los responsables pagarán las consecuencias. No existe aval político”, enfatizó.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, se presentó este lunes ante la Legislatura para informar sobre el plan de vacunación contra el Covid19 que lleva adelante la provincia en todo el territorio.Respecto de las denuncias por la implementación del sistema, Sukerman aseguró que “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política. Está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP”, al tiempo que enfatizó que “es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad agregó que la provincia tiene entre sus sistemas de control la Sindicatura de la provincia, que comparte información con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), más allá de los controles que realiza cada funcionario, aunque esto no significa que no pueda haber errores. “No hay en la provincia lugares para vacunar con privilegios a determinadas personas y todos los funcionarios y las funcionarias que dependan de la provincia van a sufrir las consecuencias si se comprueba alguna irregularidad”, afirmó.

En este sentido, aseguró que ya hay investigaciones en marcha: “Queremos dejar absolutamente claro que ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó, y se iniciaron sumarios, Fiscalía está investigando”.

“Desde el primer momento el gobernador Omar Perotti fue absolutamente claro y contundente en cuanto a predicar con el ejemplo. El gobernador decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iban a vacunar con alguna prioridad ni privilegio y en ese sentido cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con la única excepción de la ministra de Salud, por ser estratégica y estar al mando de todo esto”, indicó Sukerman.

Asimismo, el ministro explicó que “el propio gobernador Omar Perotti y cada una de sus ministras y ministros se vacunó cuando les tocó y quiero recordar algo que no se dijo mucho: el gobernador Perotti y la mitad su gabinete sufrieron el Covid antes de ser vacunados y en muchos casos la pasaron mal y debieron ser hospitalizados y sus familiares también”.

“Quiero recordar que fue el propio gobernador Omar Perotti el que sufrió la difamación de él y de su familia, y él mismo tuvo que realizar una denuncia penal para aclarar la situación de que ni él ni su familia se habían vacunado, hasta tuvo que someterse a exámenes bioquímicos para probar que esto no había sucedido”, subrayó Sukerman.

ORGULLOSOS POR EL PLAN DE VACUNACIÓN

Más adelante, en su alocución, Sukerman se refirió al plan de vacunación que el gobierno de la provincia continúa fortaleciendo en todo el territorio. “Me parece que esa tirantez, esa tensión, quizás esa estrategia de querer difamar ensuciar algo de lo que nosotros estamos orgullosos y sumamente agradecidos a todo el personal de salud a lo largo y a la ancho de la provincia”, indicó.

“Quiero dejar absolutamente claro que nosotros estamos orgullosos de nuestra campaña de vacunación, y no solamente la campaña sino también los testeos, la infraestructura sanatorial y hospitalaria que se pudo generar en todos estos meses, lo que tiene que ver con las ayudas económicas a los sectores perjudicados por la pandemia. Es decir son los cuatro hitos que nosotros marcamos de esta situación de pandemia”, aseguró.

Por otra parte, Sukerman destacó: “Ya aplicamos un millón de vacunas y estamos avanzando en negociaciones para que la provincia pueda colaborar con nación para adquirirlas. La rapidez con que ahora están llegando y se están aprovechando, vacuna que llega vacuna que se aplica y en ese sentido para el fin de semana vamos casi a 50 años. Y esto implica que en muy poco tiempo vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que durante tanto tiempo hablamos y queremos conseguir, además de la baja que se registra en los casos y la baja en la ocupación de camas que se va dando paulatinamente, para que podamos volver a la vida que queremos”.

DIÁLOGO PERMANENTE CON LA LEGISLATURA

En otra parte de sus palabras ante los diputados y diputadas de la provincia, el ministro aseveró: “Es un placer poder estar en la Legislatura, forma parte de mis objetivos centrales; desde febrero hemos tenido diálogo con los partidos políticos de los distintos bloques y he venido también otras veces para reuniones públicas a la Legislatura. Para nosotros no es solamente un derecho sino también una obligación para informar a las diputadas y diputados y a la población”.

“No tenemos nada que esconder – continuó. La ministra de Salud, Sonia Martorano, habla permanentemente con los medios de comunicación, y además en cada reunión del Comité de Emergencia y en cada situación que ha sido requerida se ha aportado toda la documentación, toda la información y todas las respuestas”, agregó el ministro.

“Más allá de las formas, que ahí lamentablemente tenemos diferencias con la Legislatura que aprobó una interpelación porque entendemos que no hacía falta porque nosotros estamos a disposición, venimos caminando hasta acá”, señaló Sukerman.

“Lamentamos que nos hayan arrimado más de 30 preguntas, las 5 iniciales más 26 preguntas más, más las subpreguntas, más el pedido de informes, y nos lo hayan entregado el viernes a las 14.05, ni siquiera tuvimos un día hábil, por lo tanto todavía estamos recibiendo información y desde ya aclaramos que la información que todavía no podemos disponer la vamos a acercar apenas podamos porque queremos responder todas las preguntas”, puntualizó el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

“Hubiese sido una maravillosa oportunidad para que me acompañe la ministra de Salud, como estaba diciendo, porque ella quería venir, y está absolutamente predispuesta y de hecho si la llegan a citar está absolutamente a su disposición y desde ya agradezco a todo el equipo de Salud que me ha posibilitado la información para poder dar cada una de las respuestas”, concluyó Sukerman.

El diputado del Frente Renovador junto a dirigentes provinciales del espacio se reunió con el Ministro Roberto Sukerman en la serie de encuentros que el funcionario viene llevando a cabo con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la provincia.

En el marco de la ronda de diálogo con los partidos políticos que lleva adelante el gobierno de la provincia a través del Ministro Roberto Sukerman, este miércoles fueron convocados los representantes del sector del Frente Renovador que lidera el diputado provincial Oscar Martínez. En la misma estuvieron presentes como representantes del espacio el Secretario de Transporte de la provincia Osvaldo Miatello, el Concejal de la ciudad de Santa Fe, Sebastián Pignata, la Concejal de Reconquista Nancy Sartor, el ex funcionario de la Municipalidad de Venado Tuerto y actual Delegado del ENACOM en Rosario, Franco Balzaretti, la ex candidata a Vice gobernadora del Frente Renovador, Dra. Verónica Baró Graf y el Lic. Germán Kahlow, presidente del partido provincial 100% Santafesino, ex diputado provincial y presidente del Bloque del Frente Renovador en la Cámara Baja santafesina.

Al término de la reunión el legislador -que representa al espacio que lidera Sergio Massa a nivel nacional y que fue parte de la coalición que le dio el triunfo a Omar Perotti- se mostró muy conforme con los resultados de la misma. “Estamos convencidos de que tenemos mucho que aportar en la construcción de un proyecto de provincia económicamente próspera, socialmente justa y políticamente federal. Los temas que hemos charlado con el Ministro han sido consensuados con Sergio Massa, que no sólo es el líder de nuestro espacio sino, como manifiestó el presidente Fernandez, el dirigente más preparado de la Argentina, y yo agregaría que es quien tiene una mayor visión federal. No solo por su gestión en la Anses que le permitió conocer al detalle cada rincón de las provincias, sino también por escuchar a los dirigentes del interior y por haber tenido de compañero de ruta a un estadista como José Manuel De la Sota, que profesaba una visión realmente inspiradora sobre el federalismo.”

Respecto de los temas tratados en el encuentro Martínez detalló que siguiendo la línea marcada por la necesidad de repensar el federalismo, dialogaron sobre el Plan Federal Brigadier López presentado por su bloque el pasado año, y en referencia a ello expresó que “este ambicioso plan ideado para la pospandemia incluye el traslado del Congreso Nacional al Área Metropolitana de Rosario, la reactivación del Ferrocarril Belgrano en el tramo Santa Fe- Esperanza- Rafaela -San Francisco y Córdoba y la reubicación del Puerto de Santa Fe, un gran reto para lograr que la provincia pueda completar un peine ferroportuario que esté a la altura del desafío que tiene la Argentina, para pasar de exportar de sesenta mil a cien mil millones de dólares tal como lo propone el Plan Agroalimentario Nacional. Dentro del Plan Brigadier López se plantean también un proyecto denominado Arraigo, para que las y los jóvenes puedan quedarse viviendo y trabajando en sus ciudades y pueblos, uno de colonización voluntaria de tierras improductivas inspirado en las experiencias de Aldo Tessio, Sylvestre Begnis, y Miguel Lifschitz, e incluye además un Programa de integración regional departamental.”

Y aseguró que “el Plan fue muy bien recibido por el Ministro y me alegra mucho que estos temas estén en la agenda del Gobernador, porque son estratégicos para la provincia, con una visión a largo plazo. También hemos dialogado sobre la necesidad de las autonomías municipales y la extensión de los mandatos de los presidentes comunales, y el establecimiento por ley del Plan Incluir, para que como dijo el Gobernador, las políticas que consensuemos sean políticas de Estado. Creemos que estos temas que hoy charlamos con el Ministro Sukerman, bien podrían constituir una agenda común con Sergio Massa, quien se ha interesado mucho en ellos”.

En el mismo sentido, el concejal de Santa Fe Sebastián Pignata celebró la decisión del gobierno provincial de convocarlos y apoyó contundentemente el Plan presentado en la Legislatura: “la reubicación del puerto de Santa Fe y la reactivación del Ferrocarril Belgrano son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad y la región. Hace poco estuve reunido con Sergio -Massa- y sé de su voluntad para que esto pueda ser llevado adelante”.

Martínez sostuvo además que “También hemos dialogado sobre la Ley de derechos y garantías de las víctimas del delito, proyecto que tiene amplios consensos en la Legislatura pero que tendrá que contar con el consenso del Ejecutivo. Asimismo, fueron parte del diálogo las cuestiones de coyuntura, como nuestra adhesión a la presencialidad de las escuelas, nuestra posición sobre la necesidad de que la Tarjeta de Ciudadanía se actualice al ritmo de la Tarjeta Alimentar, y nuestro proyecto acerca de que las tarifas de servicios públicos no aumenten más allá del aumento de los salarios, que son temas que le dejamos planteados para que sean incluidos en la agenda del gobierno provincial. También le hicimos saber nuestro beneplácito por la decisión política del gobernador de haber tomado una de nuestras banderas históricas como han sido el Boleto Educativo, y la Conectividad. En este aspecto estamos seguros de que podemos colaborar para construir consensos con las pymes y empresas de la región para construir en forma conjunta las condiciones necesarias para garantizar una Santa Fe cien por ciento conectada. Y en materia de conectividad para los sectores vulnerables en la educación le propusimos la idea de que Santa Fe podría fortalecer con un programa provincial el programa nacional Juana Manso, que plantea la entrega de más de seiscientas mil netbook y navegación gratis para la fortalecer la educación virtual”.

Al finalizar, y ante la consulta sobre el armado electoral para este año, el diputado aseguró que no estuvo en la mesa el tema, “seguramente lo abordaremos oportunamente. Igualmente creo que la pandemia nos ha dejado una enseñanza, y que es que la política no puede ser intrumento sólo para contar muertos o echarse culpas, sino para diseñar el futuro de una Argentina y una provincia donde a partir del trabajo, la educación y el esfuerzo podamos eliminar las desigualdades que esta crisis desnudó crudamente”.

El presidente de la Cámara se reunió con los jefes de los distintos espacios políticos. Mañana se reunirá la comisión especial que sigue el caso de la investigación a los ex fiscales.

En forma virtual, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, encabezó durante noventa minutos la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que había convocado el sábado cuando la jueza rosarina Eleonora Verón resolvió enviar a “Legislatura” y a la Corte Suprema de Justicia copia de la declaración del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad y que involucra a funcionarios de los dos poderes. En la Corte se informó que la copia de la declaración llegó este miércoles en la reanudación de actividades tras el fin de semana largo.

Lifschitz puso a disposición de cada uno de los bloques una copia de la extensa declaración de Ponce Asahad. Se hizo un análisis sobre el cuadro de situación generado a partir de esa declaración y se aclaró que -en principio- la Cámara de Diputados no tiene ningún miembro implicado en esa presentación ante fiscales. Hubo alguna queja -especialmente desde el justicialismo- por la difusión de partes del video de Ponce Asahad durante el fin de semana largo. “La jueza debió haberse ocupado de preservar la grabación” señaló uno de los presentes según supo El Litoral. También hubo pedidos para que se siga remitiendo a la Cámara la información que produce la fiscalía.

Además, la Cámara de Diputados tiene conformada desde agosto la Comisión de Seguimiento e Información de la causa que investiga la participación de los ex fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad en la presunta extorsión y cobro de coimas a personas vinculadas al juego clandestino. Este cuerpo especial que preside el socialista Joaquín Blanco se reunirá nuevamente el viernes, desde las 11, para analizar los últimos sucesos derivados de la declaración de Ponce Asahad. “Acompañaremos los pasos de las investigaciones y aportaremos todos los elementos disponibles para dotar de la mayor transparencia e información sobre el proceso a la ciudadanía”, expresó en Twitter el legislador al confirmar la reunión del viernes. Blanco es secundado en el grupo de trabajo por Mónica Peralta (Gen) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) como vicepresidentes. El radical Juan Cruz Cándido es secretario. También forman de la comisión Lionella Cattalini (PS), Maximiliano Pullaro (UCR), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Matilde Bruera (PJ), Gabriel Real (PDP), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio-UCR), Amalia Granata (Somos Vida) y Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino). La comisión ya se reunió con los fiscales del caso e incluso con el ex jefe de Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia.

También en Twitter, Blanco dijo que ayer durante la reunión con Lifschtiz “expresamos nuestro apoyo institucional a los fiscales que investigan esta causa para que se pueda conocer toda la verdad. Debe ser un proceso ejemplar basado en pruebas, y no ser objeto de presiones u operaciones políticas”.

¿Veto?

En Casa Gris existe fuerte hermetismo ante el vencimiento que se producirá este viernes del plazo para vetar total o parcialmente la ley sancionada en noviembre que establece el control del Tribunal de Cuentas sobre los fondos reservados del Ministerio de Seguridad. El expediente está en manos de áreas jurídicas del Poder Ejecutivo y la decisión final la adoptará el gobernador Omar Perotti.

El tema se inició en un proyecto del Senado aprobado esa misma tarde por la Cámara de Diputados y que motivó un fuerte cruce con el Poder Ejecutivo. En tanto, el lunes vencerá el plazo para observar o promulgar la otra sancionada esa jornada y que refiere a los cambios en el sistema de incompatibilidades para funcionarios del MPA.

El jefe de los diputados justicialistas, Leandro Busatto, dijo en el recinto al rechazar ambos proyectos que esas leyes tenían como objetivo quitarle poder al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Postergación en una semana de nervios

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa decidió que sea la semana próxima la sesión especial conjunta de ambas Cámaras para definir la situación del fiscal Adrián Spelta, y otros integrantes del Ministerio Público de la Acusación.

Así lo definieron los diputados y senadores provinciales que componen esa comisión, luego de un panorama confuso, en el que durante este 9 de diciembre -por una parte- se indicaba incluso de forma oficial que para este jueves 10 estaba convocada esa reunión conjunta, mientras que -por otra- no había sido firmado por la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, en los plazos correspondientes, el necesario decreto de convocatoria.

La curiosa (y desprolija) circunstancia parece vinculada con la tensión política desatada en los últimos días, a raíz de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso por cobrar coimas del juego ilegal, y quien ha acusado a altas figuras de los tres Poderes del Estado de hacer lo mismo y formar parte de una red de protección para esa actividad ilícita.

El ex fiscal rosarino, militante del justicialismo ha dicho que “históricamente” el PJ santafesino se ha “financiado” con el juego ilegal, entre otros conceptos que generaron un clima tenso en el oficialismo.

Precisamente, Ponce Asahad fue removido por la última sesión conjunta (celebrada en octubre) por unanimidad.

Volviendo al tema Spelta, El Litoral pudo saber que el recurso judicial presentado por el fiscal para que su conducta no sea juzgada por la Legislatura se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a fallo definitivo.

Conectividad

Por tercera vez, dos funcionarios del Poder Ejecutivo pidieron postergar su participación ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de Diputados para considerar los mensajes sobre proyectos de conectividad.  Se trata del secretario de Tecnología, Sergio Bleynat y el presidente de ENERFE, Juan D Angelosante.

La comisión que preside la socialista Clara García intentó ya tres veces conocer la postura del Poder Ejecutivo en los dos proyectos que fueron incluidos para el tratamiento en Extraordinarias. “Es la tercera vez que son invitados por la @CamaraDipSF   funcionarios provinciales a que expliquen el proyecto de conectividad del @GobSantaFe y no asisten. Lamentable. Poca predisposición al diálogo” señaló el radical Alejandro Boscarol, integrante de la comisión.

Diputados aprobó el proyecto de Claudia Balagué que garantiza el libre acceso a procesos de enseñanza a través de la virtualidad, así como a dispositivos tecnológicos, tanto para docentes como estudiantes en de todas las instituciones educativas de la provincia.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto de ley que garantiza los procesos de enseñanza a través de la virtualidad en las instituciones de todos los niveles y modalidades de la educación pública provincial, de gestión privada y estatal, en el territorio santafesino.

La iniciativa, autoría de la diputada Claudia Balagué, otorga el acceso, permanencia, aprendizajes y egreso del Sistema Educativo Provincial mediante propuestas pedagógicas innovadoras a través de recursos tecnológicos.

“Es una ley realmente de vanguardia, que contempla los derechos de los trabajadores docentes y de los y las estudiantes, fundamental en estos momentos para generar trayectorias educativas inclusivas y de calidad”, expresó Balagué.

Ingresado ahora al Senado provincial para su tratamiento, el proyecto facilita a docentes y estudiantes de forma integral la accesibilidad a dispositivos digitales adecuados, así como a una plataforma educativa donde se desarrollen los procesos pedagógicos y de gestión administrativa, los cuales utilizarán software libre.

La norma “implica un marco regulatorio que garantiza la conectividad en las escuelas y en todos los hogares de la provincia, incluso donde las prestadoras de servicios no llegan; el acceso a dispositivos digitales, y el desarrollo de la plataforma educativa ya existente en la provincia”.

Balagué indicó además que la nueva norma contempla condiciones de trabajo que garantizan el bienestar docente, a partir de la delimitación de tiempos y espacios de trabajo, gratuidad en la conectividad, formación continua y acompañamiento de referentes tecnológicos en el diseño y desarrollo de las dinámicas y contenidos específicos.

“Es una herramienta que responde a cómo pensar el futuro de la educación mixta, en trayectos virtuales, y en complementar la presencialidad. Propone una plataforma pública educativa que contemple todo el conocimiento acumulado por los y las docentes en esta etapa de pandemia. Y que, por supuesto respete la igualdad y el derecho a la educación”, finalizó la legisladora socialista.

El presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR Maximiliano Pullaro expresó fuertes críticas a las gestiones del peronismo en la nación y la provincia. En ese marco señaló, “El peronismo está en modo K, y eso es grave para un funcionamiento institucional en tiempos de crisis”.

“Estamos en crisis sanitaria, económica y social, y el peronismo se endurece en vez de buscar acuerdos institucionales. Caminamos hacia el precipicio y quienes conducen aceleran, y nadie cerca parece querer frenar”, y agregó, “Esto va a empeorar (por la situación general), y el gobierno peronista supone que la confrontación es la solución” Asimismo, el legislador radical aseguró,

“Tanto Alberto Fernández como Omar Perotti están decepcionando a quienes los votaron y a quienes no los votamos. Creíamos que actuarían distinto, que incluso serían más solidarios con los sectores de la producción y el comercio. No asistieron económicamente a quienes le pidieron que dejen de producir y vender, y ni hablar del veto del gobernador a docentes reemplazantes o el freno a todas las iniciativas que impulsamos desde la oposición”.

“El peronismo va por todo, sin freno, y parecen encolumnados detrás de las necesidades de Cristina, lo cual se vio con claridad en los apoyos a la reforma judicial y cuando propusieron quitarle recursos a Capital Federal”.

Finalmente, en el análisis de la situación política del país Pullaro explicó, “El kirchnerismo busca resolver sus problemas judiciales y garantizarle recursos al conurbano bonaerense que es su base política. Al mismo tiempo vemos a la gestión de Omar Perotti en Santa Fe sumado a esos objetivos que no nos representan, y a una parte de la oposición que hasta el momento parece solo interesada en tirar más nafta a la crisis. Esto genera un combo muy negativo que se debe revertir”.

Aprobó un proyecto declarándolo de interés público como medida para garantizar igualdad. Dispone que el Estado debe proveer conexión gratuita a estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley declarando “de interés público el servicio de conectividad educativa” entendiéndose como tal a la provisión de conexión a internet, infraestructura, equipamiento, soporte técnico y recursos asociados. El objetivo es que el Estado provincial garantice el servicio a todas las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades, así como también a estudiantes y docentes.

La iniciativa de Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) motivó desacuerdos entre el autor y el justicialista Ricardo Olivera sobre la posibilidad de que se abran de alguna manera las escuelas. No obstante todos los expositores insistieron en la necesidad de trabajar fuertemente para dotar de conectividad al sistema educativo y generar políticas de igualdad especialmente en estos momentos de pandemia donde se estima que la mitad de los alumnos no tienen ese acceso.

Paradójicamente, al momento de fundamentar el proyecto tanto Boscarol como Oscar Martínez (Frente Renovador) tuvieron problemas en la conexión y sus posturas se escucharon en forma entrecortada. Además mientras Diputados avanzaba con el proyecto, en el Senado se postergaba el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo para la creación de la empresa para llevar conectividad a toda la provincia. “No me parece necesaria la creación de una empresa pero hay que trabajar fuerte desde el Estado con los instrumentos disponibles, que no son pocos, para avanzar en dar conectividad” dijo Boscarol.

En sus artículos, el proyecto girado al Senado determina que “el Estado provincial, a través del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad indelegable de proveer a todas las instituciones educativas el servicio de conectividad educativa conforme a los principios de obligatoriedad, continuidad, regularidad, igualdad y universalidad”. Dispone que el servicio se ponga en marcha en forma gradual y progresiva “atendiendo prioritariamente a los estudiantes que se encuentren en situaciones de riesgo educativo y a las instituciones que por su modalidad o proyecto educativo institucional ameriten una intervención prioritaria, conforme lo determine el Ministerio de Educación”.

El objetivo de la ley es garantizar una educación inclusiva y de calidad a partir de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Más adelante se establece que servicio de conectividad educativa tiene como finalidades garantizar el derecho a la inclusión digital reconociendo a la escuela como articuladora de los entornos de acceso a las TIC; promover un uso crítico, ético y responsable de las TIC, compatible con los objetivos de construcción de la convivencia democrática, fortalecimiento de la identidad local, fomento de la creatividad, productividad, libertad de pensamiento y valoración de la diversidad en el marco de la cultura digital; complementar y potenciar las iniciativas y programas orientados a la provisión y uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje y dinamizar el desarrollo de redes de trabajo colaborativo entre las instituciones educativas de los distintos niveles, las dependencias del Estado y demás sectores de la sociedad. Además impulsar nuevas dinámicas de trabajo escolar así como promover una dinámica de gestión colaborativa de los recursos TIC entre las instituciones educativas y las autoridades ministeriales a los efectos de atender a las necesidades específicas de cada institución.

En otro artículo se dispone que el Estado garantiza la provisión de la plataforma educativa donde se desarrollen los procesos pedagógicos y de gestión administrativa pero también el acceso libre y gratuito a los servicios de conectividad a Internet en los hogares de estudiantes y docentes para el acceso a la plataforma educativa; como así también garantiza la provisión gratuita de dispositivos tecnológicos a aquellos estudiantes y docentes que lo soliciten.

Acuerdo general

Boscarol, Martínez, Olivera y la socialista Claudia Balagué fueron los encargados de fundamentar el voto al proyecto.

El primero señaló que el proyecto nació dos años atrás cuando recorriendo escuelas escucharon los planteos de sus cuerpos directivos y docentes de los problemas de conectividad no solo de los establecimientos sino también para trabajar en el aula. Se detuvo en la situación actual donde la pandemia generó mayores desigualdades y donde los hogares se convirtieron en aulas virtuales para no perder el vínculo pedagógico. “A la escuela le llega internet para la administración y es imposible para el uso pedagógico” advirtió para especificar que una de cada tres escuelas no tienen el segundo servicio. Sugirió alternativas para llegar en forma inmediata esperando llevar la red a toda la provincia e incluso mencionó instrumentos que tiene el gobierno nacional. No obstante cuestionó el DNU del gobierno nacional sobre los servicios digitales y recordó que tiene 10 mil millones sin utilizar del fondo donde aportan los prestadores del servicio.

Martínez admitió que con esta pandemia hemos aprendido que “no hay igualdad para todos si no hay internet para todos” e instó a buscar acuerdos políticos para que todas las escuelas tengan conectividad. En la provincia “debemos buscar canales para ir a un diseño donde la educación virtual no dependa de la capacidad económica de los padres”.

Por último, Balagué instó a buscar un equilibrio entre los sanitario y lo educativo para que los chicos encuentren contacto con los docentes”.

Seguridad

La Cámara de Diputados avaló el proyecto de Juan Cruz Cándido (UCR) pidiéndole al Poder Ejecutivo que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. “El objetivo es que el Poder Ejecutivo realice la convocatoria a una instancia de trabajo y articulación entre poderes que comenzó por una decisión de Miguel Lifschitz cuando fue gobernador. Esta instancia nuclea en un mismo ámbito de trabajo a representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial con el objetivo de construir políticas y estrategias de seguridad pública” manifestó el autor. Resaltó que la seguridad “no es responsabilidad de un partido ni de un solo poder, sino que depende del trabajo mancomunado que nos permita ofrecer respuestas a la ciudadanía ante la situación tan complicada que estamos viviendo”.

Y son leyes

Sobre tablas, Diputados completó la sanción de dos iniciativas que fueron aprobados en Senado oportunamente. Por un lado, se validó un mensaje del Poder Ejecutivo prorrogando el acuerdo legislativo para los actuales jueces subrogantes de la provincia. Por otra ley, se instituye el 26 de septiembre como el día de la seguridad vial infantil en la provincia. El justicialista Leandro Busatto explicó que la fecha recuerda al sueco Nils Bohlin quien en 1959 creó el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje. El aparato hoy está incorporado a todos los automóviles. Fue adoptado en forma inmediata por Volvo y se estima que este ingenio ha salvado ya más de un millón de vidas y que cada año evita unas 100.000 muertes.

El pedido realizado por el bloque del Frente Progresista fue aprobado sobre tablas en la sesión de este jueves.

Con el marcado contexto de violencia que atraviesan Rosario y Santa Fe principalmente, la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia aprobó el pedido de convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad que presentaron los legisladores Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (PS), ambos del Frente Progresista. Ahora resta esperar la convocatoria por parte del Gobernador Omar Perotti tal como lo establece el decreto firmado en 2015 por el ex gobernador Miguel Lifschitz.

“Esto tiene por objetivo que el Poder Ejecutivo realice la convocatoria a una instancia de trabajo y articulación entre poderes que comenzó en nuestra provincia por una decisión de Miguel Lifschitz cuando fue gobernador. Esta instancia nuclea en un mismo ámbito de trabajo a representantes del Poder Ejecutivo, de nuestro Poder (Legislativo) y el Poder Judicial con el objetivo de construir políticas y estrategias de seguridad pública” manifestó Cándido.

Además resaltó que “no es responsabilidad de un partido ni de un solo poder, sino que depende del trabajo mancomunado que nos permita ofrecer respuestas a la ciudadanía ante la situación tan complicada que estamos viviendo”. Por otro lado, apuntó a funcionarios provinciales: “Tenemos la voluntad de colaborar, pero nos gustaría que en lugar de seguir realizando diagnósticos, habiendo consumido ya casi el 20% del tiempo de gestión, nos expliquen cuál es el programa de Seguridad que tienen, como piensan abordar el problema y que remitan las leyes que vienen anunciando hace casi 5 meses”.

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile” dio ingreso en la Cámara Baja una iniciativa que tiene como objetivo acortar la brecha digital. La herramienta está destinada a personas mayores de 18 años que carecen de conocimientos en el uso de las tecnologías de la información.

El plan apunta a proporcionar el conocimiento de los lenguajes digitales con los que se generan documentos multimedia e interactivos, y el modo en que estos se integran. También vincula el uso de los dispositivos y técnicas más frecuentes de procesamiento de la información y su posterior publicación o recepción.

Asimismo, contempla la enseñanza en el manejo de softwares esenciales en la actualidad como las redes sociales o acceso a páginas de internet.

Al respecto, Basile, autor de la iniciativa, explicó que “no sólo se debe hablar de conectividad, sino que el aprendizaje del lenguaje digital debe ser un proceso imprescindible para adquirir las habilidades necesarias a fin de entender el uso de las nuevas tecnologías”.

“Cuando hablamos de educación a distancia y virtualidad, en un contexto de pandemia que nos obligó a readecuarnos en la manera de educar, a veces solo pensamos en la conectividad como principal obstáculo, pero nos olvidamos de lo más importante a nuestro entender y es a quien estamos educando”.

“La alfabetización digital hoy es un proceso cultural bastante más amplio que tener dispositivos y conexión a internet. Usar la computadora o celular, no es sinónimo de ser un alfabeto digital. Para llegar a serlo se debe manejar cierto nivel de conocimiento que va desde lo más básico: saber cómo publicar en una red social, por ejemplo Instagram; pasando a uno intermedio que supone el uso de la tecnología para mejorar nuestra vida o ser más eficientes, y por último, uno superior que está relacionado a la creación de contenidos digitales propios” argumentó Basile.

“Estamos proponiendo una herramienta con elementos necesarios para ‘moverse’ con las nuevas tecnologías, acceder a nuevos contenidos, relacionarse con otros y aprovechar nuevas oportunidades a través de las distintas aplicaciones que los medios digitales ponen a disposición de la sociedad”.

Para finalizar, el diputado fue contundente: “la finalidad de este proyecto es lograr la inclusión y el desarrollo de una sociedad en materia digital: un pueblo que entienda su importancia y, en consecuencia, despliegue una estrategia educativa adecuada de alfabetización y aprendizaje de lo digital estará en condiciones de desenvolverse con soltura, flexibilidad y capacidad”.

*Parámetros* En la normativa se insta a que el plan de referencia sea puesto en marcha de forma sostenible, disponiendo de espacios de participación en modalidad presencial o digital para la enseñanza y capacitación en el uso de computadoras e Internet y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Asimismo, esos espacios serán habilitados para la implementación de talleres y cursos que comprendan contenidos como la lecto-escritura en plataformas digitales, redes sociales, informática laboral, ciberseguridad, orientación y asistencia en trámites oficiales digitales, entre otros.

Por último, todo el material audiovisual que se utilice deberá contar con subtitulado en texto y en Lengua de Señas Argentinas (LSA) para garantizar la universalidad de los contenidos.

La construcción de un país federal exige la re discusión de las relaciones entre las provincias y el poder central. La coparticipación federal es uno de los pilares sobre los que cimienta el concepto de solidaridad entre provincias y su distribución es fruto de uno de los últimos acuerdos al que pudimos arribar los argentinos, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Las provincias, a través de sus gobernantes, tienen la responsabilidad de hacer cumplir ese acuerdo y defenderlo frente a decisiones del poder central que puedan ir en contra de ese criterio de solidaridad.

Lamentablemente, el Gobernador Perotti aún no ha asumido ese rol. Fruto de la decisión de Hermes Binner de presentarse a la Corte Suprema, acompañado de los ex Gobernadores y referentes de todos los partidos, de reclamar el reintegro de fondos coparticipables retenidos de manera indebida, la Justicia falló en 2015 a favor de nuestra provincia. Durante el gobierno de Miguel Lifschitz, no se dejó de exigir el cumplimiento de la orden judicial y de proponer alternativas para hacerlo efectivo.

Hoy, cuando el mismo partido gobierna la Provincia y el país, el tema parece olvidado. El Gobernador Perotti se manifestó rápidamente en el conflicto por los montos de coparticipación que se disputan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, pero lleva más de 9 meses sin actuar -y ni siquiera opinar- para pedirle al Gobierno Nacional que comience a pagarnos a los santafesinos una deuda que ya supera los 150.000 millones de pesos.

Los Diputados y las Diputadas de la UCR le reclamamos -tal como ya lo hiciera la Cámara de Diputados- al Gobernador que exija con firmeza que se cumpla con Santa Fe, que es la provincia que le toca gobernar.

Debe saber el Sr. Gobernador, que si decide hacerlo podrá contar con nosotros para acompañar este reclamo que es fundamental para el desarrollo provincial y que parece no ser prioritario para la actual administración.

El proyecto brinda un marco regulatorio legal para el reconocimiento de la actividad profesional de las personas licenciadas en obstetricia.

La diputada provincial Lucila De Ponti -con el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios polìticos- impulsa en la legislatura santafesina un proyecto de Ley de Obstetricia con el objetivo de avanzar en la garantía los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. La iniciativa, trabajada en conjunto con colegios profesionales, regula la actividad de las personas licenciadas en obstetricia egresadas de universidades.

“Este proyecto legitima y valida el trabajo cotidiano que realizan las personas licenciadas en obstetricia en sus tareas asistenciales y destaca el rol fundamental de esta profesión para garantizar el derecho a la salud antes, durante y después del embarazo”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.

Por eso avanzar en esta nueva legislación permitiría “el reconocimiento legal y profesional de una actividad con un claro sentido social y su papel en la defensa de los derechos humanos involucrados”

Para De Ponti “es necesario entender que las personas gestantes son sujetos de derechos, que incluyen elegir cómo, dónde y con quién parir, el respeto de su vida privada y la decisión sobre el propio cuerpo”. Y agregó que también debe garantizarse “el derecho a un trato digno, al consentimiento y rechazo de tratamiento médico y fundamentalmente a la no discriminación y ser libres de violencia obstétrica e institucional”

Por su parte, Lucrecia Fiuri – Presidenta de la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA)- destacó el proyecto impulsado por el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Santa Fe y la diputada Lucila De Ponti, al señalar que “es primordial contar con una Ley que regule este ejercicio”.

“Es fundamental que se reconozca nuestra autonomía y se contribuya a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

Para finalizar, consideró que avanzar con esta legislación “permitirá una mejora en la calidad de atención, mayor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y reducir la cantidad de cesáreas e intervenciones innecesarias, como así también brindará un marco regulatorio y protector legal a las personas licenciadas en Obstetricia de la provincia de Santa Fe”.

La iniciativa sintetiza proyectos presentados por Clara García, Gabriel Real y Rubén Giustiniani. “En momentos de emergencia como el que estamos atravesando, es cuando más debemos prestar atención a la transparencia en la gestión pública”, afirman.

La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado. La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).

La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible. A su vez, exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa, esto es, publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes: normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites, sentencias, entre otros. Asimismo, prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.

“La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia”, destacó la diputada Clara García.

Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.

Gabriel Real (PDP), también integrante del Frente Progresista, Cívico y Social, se esperanzó en que el paso dado en la Cámara de Diputados y Diputadas al aprobar el proyecto signifique “avanzar definitivamente hacia la sanción en el Senado de esta ley que con la de hoy alcanza 8 medias sanciones de manera consecutiva”. Y agregó: “El mundo hoy ya no discute el acceso a la información pública, sino que lo lleva adelante porque ofrece transparencia y claridad sobre los asuntos que involucran a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Clara García, en tanto, recordó que el libre acceso a la información pública es “un derecho que debe consagrarse por ley, porque junto a la transparencia activa son garantías ciudadanas que se dan por sentado en las democracias modernas, que están fuera de discusión desde hace ya mucho tiempo. A mayor acceso a la información, mayor y más vibrante es la participación democrática”.

“Cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner –recordó la diputada–, dictó un decreto de acceso libre a la información pública que sólo obligaba al Ejecutivo, pero representó un primer paso y, sin dudas, marcó la dirección hacia la que se quería avanzar. Esperamos que esta vez podamos ir más allá y sancionar una ley para toda la administración y los poderes del Estado”. En 2018, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley en este sentido a partir de una iniciativa del ex gobernador Miguel Lifschitz, pero que no prosperó en el Senado y perdió estado parlamentario.

“Cuanto mayor y más detallada es la información, cuando la ciudadanía puede acceder de manera más ágil a los datos y hay mayor control, menores son las posibilidades de actos discrecionales, arbitrarios o de corrupción. Sabemos que hay una fuerte demanda social sobre la necesidad de transparentar la actividad pública. Entonces, además de dar esa respuesta, esta ley ayudará a promover la cercanía y la confianza entre ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercemos cada uno de los cargos públicos”, finalizó Clara García.

Se trata de un completo programa que establece beneficios e incentivos para la autoproducción de energías no convencionales y permite la inyección de excedentes a la red.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Frente Progresista, Cívico y Social, que establece en el ámbito de la provincia la promoción de la autoproducción de energía a través de fuentes no convencionales, mediante incentivos y beneficios, además de subsidios y líneas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipos. Se trata de darle marco de política de Estado al programa Prosumidores, que estimula la investigación, desarrollo y auto-producción de nuevas fuentes de energía, que fue impulsado durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, con más de 400 adherentes y una generación 1,3 MW de energías renovables. La ley tiene por objeto fijar políticas y establecer las condiciones para la generación de energía eléctrica de origen de fuentes renovables de baja tensión por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio de facilitar dicha inyección.

“La provincia de Santa Fe tiene un gran potencial en materia de energías renovables y la generación distribuida nos involucra positivamente: se redistribuyen ingresos de la industria energética con más equidad social y se promueve la creación de empleos verdes en una industria innovadora”, aseguró la autora de la iniciativa, Clara García (Socialistas-FPCyS).

La legisladora indicó que “la oportunidad de que los consumidores sean al mismo tiempo productores significa un trascendental cambio de paradigma en el sistema social de nuestra provincia donde la producción de energía sea un proceso más abierto, inclusivo, distributivo y democrático”.

De esta manera, se declara de interés provincial la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes, y se establece su promoción por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Con esta ley, todo usuario de la red de distribución tiene derecho a instalar equipamiento para la generación de energías renovables, y a inyectarla a la red de distribución, siempre con previa autorización y estrictos controles técnicos.

“Para un planeamiento energético estratégico es necesaria una mayor diversificación de la matriz energética provincial, con más cercanía de producción y mejores condiciones para la seguridad del abastecimiento en toda la provincia”, sentenció García.

En otro punto, la iniciativa determina que, desde la sanción de la ley, toda construcción de edificio público provincial deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación de energía proveniente de fuentes renovables.

Pidió cambiar el formato centenario que se aplicó hasta el inicio de la pandemia. La vuelta será semipresencial y con menos presencia de alumnos en las aulas. Enfática defensa de la resolución 223; diferencias con el socialismo sobre el significado de docentes reemplazantes; admitió que la convocatoria a paritaria para la discusión salarial excede a su cartera.

“El plan de Santa Fe para la vuelta a casa está abierto al debate, necesita construir consensos. Estamos pensando en una vuelta con alternancia semanal; con equipos docentes para la bimodalidad (presencial y de acompañamiento); con gradualidad; con nuevas funciones para los auxiliares escolares; con pocos alumnos en las aulas; con nuevas normas de higiene; con horarios diferentes al resto de la comunidad porque en las grandes ciudades el transporte público de pasajeros deberá tener distanciamiento. Habrá que reorganizar todo el sistema y es un tema muy complejo que requiere de mucha colaboración”. La definición es de la ministra de Educación, Adriana Cantero, quien estuvo durante casi cuatro horas ayer en el recinto de la Cámara de Diputados donde había sido convocada por las comisiones de Labor Parlamentaria y de Educación.

En la primera parte, apoyada en los secretarios de Educación, Víctor Debloc, y de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, desarrolló la tarea que se dieron en la cartera educativa que la dividió en tres etapas: diciembre a marzo; abril y mayo y junio/julio para luego dar lugar al ping pong de preguntas y respuestas donde los picos de tensión estuvieron con la bancada socialista. Sentada junto al presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, Cantero no dejó de marcar sutiles diferencias con la gestión anterior: habló de sobreprecios en obras de FANI y de infraestructura escolar e incluso remarcó las fuertes observaciones legales que hizo el Tribunal de Cuentas de la licitación para levantar ocho jardines de infantes en el territorio con fondos federales, pero licitados por la provincia.

Sobre el final y cuando en dos ocasiones evitó la respuesta, dijo que la convocatoria a la paritaria para discutir salarios excede a su cartera y que será después del pago de haberes de junio. No obstante aclaró que en cuestiones técnicas la paritaria está funcionando y señaló -por ejemplo- que el nuevo control de ausentismo fue abordado y acordado con los gremios docentes en ese ámbito. Fue en respuesta a uno de los planteos de la ex ministra y hoy diputada socialista Claudia Balagué quien pidió saber las razones por las cuales no se siguió con el contrato que se tenía con la UNR. “Cumplimos hasta el último día el contrato y en la nueva licitación nos pidieron el doble sin causas justificadas. No había razonabilidad y no se renovó” afirmó.

Defendió el concepto de “todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo” y justificó los acuerdos con municipios y comunas para el seguimiento de los chicos en la institución escolar. “La escuela primaria será responsable hasta que el chico esté inscripto en la escuela media y ésta será responsable hasta que obtenga el título” señaló como modo de control a la respuesta de la falta de continuidad del programa Vuelvo a Estudiar.

También hubo cuestionamientos de los socialistas Joaquín Blanco y Clara García que marcaron puntos de tensión. El primero observó fuertemente que “docentes reemplazantes de la provincia pasen hambre porque no tienen ingresos por no tener horas”. La ministra -que antes había explicado que los reemplazos siguen en la medida de la necesidad del sistema- aseguró que son “aspirantes” a reemplazos. García le preguntó por la escasa ejecución presupuestaria de las obras en marcha y ella le recordó que en el segundo semestre de la anterior gestión hubo obras que se quedaron sin presupuesto pero también llamó a pensar la nueva infraestructura. “No sabemos si debemos hacer aulas de tal tamaño porque debemos saber cómo será el nuevo sistema con distanciamiento social, con espacios de ingreso y egreso evitando contactos”. En otra parte admitió que necesitarán para la vuelta comprar más de 10.000 termómetros para tomar la temperatura a los alumnos cuando ingresen al aula.

Comedores escolares y repitencia

También hubo contrapuntos con el nuevo sistema de asistencia alimentaria puesto en marcha y que hoy dejó de ser comedor escolar para ser entrega de módulos. “Será muy difícil volver a un comedor para 300 chicos con distanciamiento social” les aclaró una y otra vez ante cuestionamientos al sistema elegido. Dijo que encuestan a familias para saber la calidad de los productos que se entregan y afirmó que han llegado a escuelas que nunca requirieron de comida debido a la crisis actual. “No hay restaurantes de 300 cubiertos hoy, no puede haber comedores escolares para 300 chicos” repitió ante algún planteo de volver al sistema antiguo o a viandas.

En el final fue muy enfática en defender la resolución 223 que permitió a los chicos que adeudan hasta cuatro materias, rendir para poder pasar de curso. Fue ante el planteo concreto de Gabriel Real (PDP) quien le recordó la votación unánime de la Cámara contra el proyecto. “La repitencia no ha demostrado haberle mejorado la vida a nadie. Dimos una oportunidad a adolescentes en situación de encierro para poder tener un estímulo y defiendo la decisión” afirmó para luego informar que se habían inscripto 2935 alumnos en toda la provincia.

Cantero aceptó el debate de la nueva ley de Educación pero instó a pensarla en la educación pos pandemia. “Nada será igual” les aclaró y se pronunció porque estén contenidos en el texto la virtualidad, la semipresencialidad así como ESI, escuelas de gestión social e incluso los jardines maternales hoy fuera del sistema oficial.

Equipo

Cantero informó que el ministerio de Educación está seleccionando a 70 jóvenes profesionales para sumarlos al equipo de infraestructura escolar y del ministerio de Infraestructura para hacer un relevamiento de los establecimientos escolares y determinar la manera de adaptarlos a la nueva realidad. También señaló que hubo algunas obras paradas por considerarlas no necesarias o por observación de costos mientras que otros presupuestos han sido redireccionados.

Trotta

Cantero participará este jueves de la reunión virtual del Consejo Federal de Educación que encabeza Nicolás Trotta, el ministro nacional. Allí se definirá el programa de vuelta a clases que luego cada provincia adaptará a ese protocolo. La ministra santafesina recordó que los protocolos que elabore cada provincia deberán ser autorizados por el gobierno nacional para poder determinar la vuelta a clases aunque se abstuvo de precisar la fecha. “Dependerá además de la decisión de las autoridades sanitarias” aclaró.

Diputados pidieron informes sobre los motivos para extender la medida hasta fin de año y exigieron su revocación.

El Frente Progresista, Cívico y Social presentó dos proyectos que cuestionan la legalidad de la intervención de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), medida que el gobierno provincial dispuso por decreto apenas asumió en diciembre y la semana pasada extendió por la misma vía hasta fin de año.

Ambas iniciativas, una de la diputada Clara García (Socialistas-FPCYS) y la otra de Fabián Bastía (UCR-FPCYS), se apoyan en la Ley N°10.014, que define el Estatuto de la empresa y que en el artículo 44 establece que puede solo ser intervenida por el Poder Ejecutivo por un plazo de hasta 180 días como máximo y cita causales que no se han verificado, por lo que, coinciden, se trata de una decisión “ilegal e ilegítima”.

En el caso del proyecto presentado por García, se solicita al Ejecutivo que informe si la tercera intervención de la EPE (la primera fue de 120 días, luego prorrogada por 60 días más) dispuesta en contravención a la Ley N°10.014 fue avalada por dictámenes de asesoría jurídica permanente y/o Fiscalía de Estado y si en las actuaciones consta la posición asumida por la representación gremial de los trabajadores y las cooperativas de servicios eléctricos, que integran el directorio de la empresa, y que hoy se ven desplazados de la toma de decisiones.

La legisladora pidió información sobre los fundamentos que avalan la decisión del gobernador Omar Perotti de prorrogar nuevamente la intervención, dado que “los resultados de la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del estado superavitario de la EPE al 10 de diciembre de 2019 fueron contundentes sobre el sólido estado de la compañía”, explicó la legisladora.

En tanto, el otro proyecto, presentado por el diputado Bastía solicita al gobierno que revoque la intervención y proceda a la inmediata integración de su directorio. El legislador afirmó que la EPE “tuvo resultado positivo durante el ejercicio 2019, tiene una posición sólida, su patrimonio neto es superior al del año anterior en moneda homogénea. Los argumentos sobre los inconvenientes creados por la pandemia y la supuesta demora en la sanción de la Ley de Necesidad Pública no son motivos reales para tal medida”.

“Si las anteriores intervenciones dispuestas por el gobernador Omar Perotti desde el inicio de gestión no se ajustaban a la ley de la EPE, mucho menos ésta, que excede los 180 días establecidos como máximo por la Ley 10.014. Ninguno de los motivos previstos en la ley se dio ni se dan en la actualidad para intervenir la empresa y mucho menos aún para la pretendida prórroga”, señaló el legislador.

En su proyecto de Comunicación, García requirió al gobierno provincial también que explique por qué sostiene que la constitución y funcionamiento del Directorio que dispone la Ley, “impedirían mantener las medidas de gestión adoptadas hasta la actualidad (tanto las referidas al marco de la pandemia COVID-19, como a contrataciones y deudas)”, tal como se menciona en el decreto”. Asimismo, pidió que se informe sobre los motivos por los cuales “la actuación de un interventor y no del directorio legal sería más conveniente para los intereses del Estado Provincial y de todos los santafesinos, en el marco del proceso nacional de renegociación de la revisión tarifaria integral y en las definiciones de la política a seguir para la prestación de los servicios”, como cita el decreto firmado por el gobernador Perotti.

Este jueves se le dio media sanción al proyecto de Ley que impulso el diputado Juan Cruz Cándido para organizar el proceso de transición entre gobierno saliente y entrante en la provincia luego de la mala experiencia vivida en 2019.

Con la negativa del PJ, legisladores y legisladoras del Frente Progresista votaron este jueves a favor de la ley que busca ordenar los procesos de transición en el Ejecutivo provincial. La iniciativa, que fue redactada por el diputado Juan Cruz “Cacu” Cándido (del bloque UCR), plantea una serie de pautas a seguir por el gobierno entrante y el saliente, a través de una especie de árbitro que sea el moderador del traspaso de mando. “No queremos que vuelva a suceder lo que tuvimos que vivir en Santa Fe después de las últimas elecciones” remarcó Cándido. Además se invita a municipios y comunas de todo el territorio a que adhieran a la ley para implementarla en el recambio de autoridades locales.

“Creemos que regular la transición en cuanto a las responsabilidades del gobierno saliente y el entrante, no solamente le da al Estado continuidad, al gobierno entrante mayores elementos para la definición de políticas públicas, sino que fundamentalmente le da a la sociedad la posibilidad de ejercer el necesario control social sobre los gobiernos” explicó el diputado, y agregó “la falta de transición que los santafesinos hemos vivido por decisión del gobernador Perotti, no fue solamente un problema de los políticos sino que todavía vemos las consecuencias en un gobierno que tiene muchas dificultades para empezar a funcionar”.

La ley de “Transición Responsable” plantea que por un periodo de tiempo, que inicia cuando se proclaman las autoridades electas por el Tribunal Electoral y finaliza el día antes de la jura de las nuevas autoridades, se cree la Oficina Administrativa de Transición Responsable integrada por personal de jerarquía de la administración del Estado – lo que evitaría que se aumente la erogación del Estado –. Esta dependencia será la encargada de organizar reuniones entre ambas partes y exigir a los representes del gobierno saliente informes de gestión de cada una de las áreas que compongan el esquema de gobierno. Además se estipula que los informes del gobierno estén listos con al menos 30 días antes de la finalización del mandato.

La idea de que exista “un arbitro” en el proceso de traspaso de mando, “echa por tierra los cruces de ambas partes y la especulación de la herencia recibida porque una vez terminados los informes y estudiados por el gobierno entrante, se hacen públicos para que cualquier santafesino pueda interiorizarse” explicó Cándido.