La legisladora de Unión por la Patria (UxP), Agustina Propato, fue protagonista de una polémica este jueves en Diputados, durante un encuentro de amistad con el Reino Unido. El germen de la discusión se dio por su decisión de posar con una remera de las Islas Malvinas en la foto institucional, lo que causó el rechazo de las autoridades británicas.

La embajadora del Reino Unido en Argentina, Kirsty Haye, se plantó ante la postura de la diputada, quien se negaba a cambiarse de remera por pedido del resto de las personas. «La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto. Me parece que, como argentinos, todos tenemos una remera de estas en la casa», se quejó Propato.

La Embajadora del Reino Unido le pidió a la diputada Agustina Propato de UxP que se retire de la foto o se cambie la remera donde exhibía las Islas Malvinas Las Malvinas son Argentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/K47MpvPY2L

Y agregó: «Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere. Si no, me piden que me corra yo de la foto». Luego de la primera discusión, se decidió que la diputada posara con las autoridades del Reino Unido y Argentina, entre ellos, el radical Martín Tetaz y Margarita Stolbizer, del partido GEN.

Segundos más tarde, cuando estaban en silencio posando para la foto, fue Tetaz el que pidió, desde un costado, hacer otras fotos sin exhibir la remera. «¿Pero cuál es el problema con la remera?», expresó Agustina Propato, quien instantáneamente se retiró del lugar.

El descargo de PropatoUna hora más tarde, la diputada peronista y esposa del exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni publicó un descargo en sus redes sociales. Luego del hecho, se viralizó por redes el video de casi dos minutos que muestra la discusión y la incomodidad de los otros legisladores regionales.

«Esta es la remera que no me pienso sacar. En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina», introdujo Agustina Propato.

«Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial», dijo.

«Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa. En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: ‘LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'», cerró.

Esta es la remera que no me pienso sacar. En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina. Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la… pic.twitter.com/rTN2RorQN4

La Cámara de Diputados, atendiendo a una solicitud presentada por La Libertad Avanza (LLA), ha tomado la decisión de devolver a la instancia de comisión la Ley de Bases propuesta por el presidente Javier Milei, debido a la dificultad para aprobar los principales artículos de la ley ómnibus.

Esta medida implica que la aprobación en general que había alcanzado el gobierno la semana anterior queda anulada. Además, el dictamen de mayoría que se había firmado previamente para llevar el proyecto al recinto ha sido descartado, dejando el tema en su estado original tal como fue enviado por Milei al Congreso, con más de 600 artículos.

Conforme al artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, que versa sobre la "consideración de un proyecto vuelto a comisión", se establece que un proyecto que regresa a comisión después de haber sido sancionado en general o en general y parcialmente en particular, debe ser sometido nuevamente al trámite ordinario como si no hubiera recibido ninguna sanción previa.

Por lo tanto, la redacción original de la Ley de Bases será objeto de una nueva discusión en el plenario de comisiones, donde se procederá a realizar nuevamente las modificaciones acordadas inicialmente.

La Cámara de Diputados aprobó hoy y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a los 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales.

La iniciativa fue sancionada por 135 votos que fueron aportados por los bloques Frente de Todos, la izquierda, los libertarios, federales, Provincias Unidas, y los dos gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Mientras que se opusieron al proyecto los legisladores de Juntos por el Cambio que cosecharon 103 votos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en el Congreso y en el último tramo en el recinto de sesiones junto a los sindicalistas Héctor Daer, Pablo Moyano, y Carlos Acuña, escuchando los últimos discursos previo a la votación de esa iniciativa promovida por el oficialismo.

La bancada del Frente de Todos pudo sancionar el proyecto impulsado por el ministro Massa, luego de construir una mayoría con legisladores de los bloques provinciales, federales, la izquierda y los libertarios que le permitió al oficialismo alcanzar el quórum reglamentario y luego aprobar la ley.

La sanción del proyecto fue respaldada por una masiva marcha de la CGT, de las dos CTA y otros sectores gremiales en las calles frente al Congreso Nacional.

A lo largo del debate se cruzaron acusaciones el oficialismo y Juntos por el Cambio, y entre esa coalición y los libertarios, y en el último tramo hubo fuertes gritos ante el duro discurso contra Massa y los sindicalistas del diputado radical Mario Negri.

En esos momentos, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, afirmó que "hoy tenemos la enorme oportunidad de que 800 mil de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo y esto no es casualidad, es resultado de una decisión política".

Por su parte, Negri afirmó que "que casi todo el arco político, desde la izquierda a la ultra derecha, apoyen el proyecto de un ministro candidato que duplicó la inflación en un año es llamativo. Juntos por el Cambio no va a especular electoralmente cuando hay riesgos serios de hiperinflación".

El proyecto que ahora deberá ser analizado por el Senado Nacional elimina desde el 2024 la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea un tributo cedular que deberán pagar aquellos que cobran salarios superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.

Quienes perciban altos ingresos pagarán una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% que se actualizará con el valor del SMVM dos veces por año.

De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó los alcances del proyecto y recordó que "la eliminación del tributo fue eje de la campaña de gobiernos anteriores -por Cambiemos en 2015-" y que "finalmente, en vez de cumplir con eso aumentaron la cantidad de trabajadores alcanzados"

"Estamos tratando un proyecto que deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones e incorpora un régimen cedular para grandes ingresos", explicó el miembro informante del dictamen de mayoría en el inicio del debate en el recinto.

Para Heller, "el proyecto debe ser tomado dentro del conjunto de demandas que la sociedad nos viene haciendo, y de hecho el tema ha motivado que existan unos 30 proyectos modificando la ley actual, elaborados por diputados del oficialismo y de la oposición".

Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y uno de los asesores de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, aseguró que "es una ley que beneficia a 800 mil personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación".

Por su parte, el radical Alejandro Cacace dijo que se ha "incrementado la presión fiscal y sólo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo Gobierno cuando ya no están".

Los legisladores hicieron hincapié en que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal será del 0,83 por ciento del PBI y que su cálculo está basado en el proyecto de Presupuesto para el 2024.

A su vez, el diputado y candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que su espacio va "a acompañar la baja por el impuesto porque es más libertad y es devolverle los derechos a la ciudadanía", al defender el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias aprobado en la Cámara de Diputados.

"Siempre vamos a votar a favor de eliminar impuestos y del gasto público, y como hay gente que no le gusta bajar el gasto aparece el tema del financiamiento", agregó.

El socialista Enrique Estevez, anticipó que acompañarán el proyecto aunque señaló que se trate de "un maquillaje" ya que la Argentina como "lo viene planteando el socialismo necesita una reforma integral que potencie la producción y el trabajo" .

El presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que "mientras algunos quieren llegar en medio del caos, nosotros queremos decirles la verdad, con humildad, fortaleza y autoridad queremos ordenar este país y este desastre"

Desde la izquierda, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo hoy que "el salario no es ganancia", para justificar su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del impuesto a las Ganancias.

La legisladora, al mismo tiempo, cuestionó a los bloques opositores que se oponen a la iniciativa al sostener que "cuando es el bolsillo de los trabajadores les agarran las ganas de cuidar las arcas del Estado".

El diputado del Movimiento Popular Neuquino y gobernador electo Rolando Figueroa dijo que "la política tiene que dar soluciones a la gente" al respaldar el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias para que solo paguen el tributo denominado cedular los altos ingresos que superen los 15 salarios mínimos mensuales

Por su parte, el diputado y gobernador electo, Claudio Vidal, dijo que este proyecto "es en defensa de los trabajadores y lo venimos reclamando hace tiempo" pero "también necesitamos que no se incremente el déficit en las provincias porque sino como hacemos para mejorar el salario de los estatales y de la educación". Y recordó que "Santa Cruz depende de la coparticipación".

Al hablar en el recinto de sesiones, Figueroa justificó el respaldo al proyecto en que "el salario no es ganancia" y dijo que "ojalá que muchos puedan entender que la política es necesaria para brindar soluciones a la gente; hoy debemos centrarnos en el pueblo trabajador".

Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro, Luis Di Giacomo, dijo que "nosotros vamos a apoyar este proyecto porque cuando decimos que el salario no es ganancia nos referimos a que representa lo que se gana, con fuerza de trabajo, por producirle una ganancia al que tiene los medios de producción".

A su vez, la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño dijo que "lo que estamos discutiendo es un cambio de paradigma y no es menor. Yo vengo a apoyar este proyecto porque los salarios gozan de plena protección constitucional y legal. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría".

Los puntos centrales de la ley

Estos son los puntos principales de la iniciativa que impulsa el oficialismo:

-Se elimina la cuarta categoría y en su reemplazo se crea un impuesto cedular que establece que sólo pagarán el tributo los ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que actualmente representan alrededor de de $1.770.000 millón, pero llegaría a $2 millones con el ajuste que se debatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario.

-Ese nuevo gravamen tendrá una alícuota progresiva sobre el excedente, que va de 27% a 35%, y que se actualizará con el valor del salario mínimo dos veces por año.

-Así, sólo pagarán Ganancias 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, de acuerdo con los cálculos oficiales.

-La determinación del impuesto se efectuará de la siguiente manera: se considera al comienzo del período fiscal, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del haber mínimo vigente a esa nueva fecha.

-El salario anual complementario, o aguinaldo, estará exento del pago del tributo.

-El proyecto no incluye a cargos de alta responsabilidad en empresas, como directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes. También se excluyen las pensiones de privilegio y funcionarios políticos.

-Para los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, habrá un tratamiento especial.

Con apoyo de aliados de partidos provinciales, de la UCR y de Evolución Radical; el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica lo rechazó; faltazo de Milei compromete el rechazo opositor al artículo de las retenciones.

Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. La ley establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

La iniciativa fue aprobada a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazado por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

Senadores buscan despejar dudas para aprobar el Presupuesto 2023

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

A raíz del video viralizado en las redes que muestra a una maestra gritándole a un alumno, los legisladores Mario Negri y Alvaro de Lamadrid pedirán a Trotta explicaciones en el Congreso Nacional.

Diputados nacionales de la UCR se opusieron al “adoctrinamiento” de la maestra en la escuela de La Matanza que ayer se viralizó y exigirán que el ministro Trotta de explicaciones en el Congreso.

“El caso de la docente militante en el aula no es el primero ni el único. Han hecho de la educación una cantera de adoctrinamiento del kirchnerismo. Pasa en todo el país. Voy a pedir que el Ministro de Educación dé explicaciones en el Congreso Nacional. Esto se tiene que terminar”, aseguró el titular del bloque, Mario Negri.

“Les robaron un año y medio de clases, los alumnos no se merecen que encima los docentes híper radicalizados les griten y adoctrinen como si fueran soldados. El Gobierno de Kicillof y el ministro Trotta deben tomar cartas en este caso. Dejen de meter a la educación en una guerra”, agregó Negri.

Alfredo Cornejo aseguró que “las escuelas deben ser un espacio para que los estudiantes piensen, reflexionen y formen sus opiniones; no uno donde reciban maltratos por sus ideas o donde intenten adoctrinarlos. Mis felicitaciones al pibe que se planta y no acepta las cosas como se las dicen. #ConLosChicosNo”

“Cerraron las escuelas. En Santa Cruz estuvieron tres años sin clases. No les interesa la educación y el futuro. Para el kirchnerismo educar es aleccionar y adoctrinar. Y después te dicen que son el amor, te hablan de igualdad, género y lenguaje inclusivo”, remarcó Álvaro de Lamadrid.

Con consenso casi total entre el gobierno y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles y envió al Senado el proyecto para postergar por un mes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales legislativas, debido a la segunda ola de contagios de coronavirus.

La iniciativa, que reunió 223 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, determina la postergación de las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre. Los votos negativos fueron de los diputados Fernando Iglesias (JxC), Álvaro de Lamadrid (JxC) y Juan Carlos Giordano (Izquierda). Con el nuevo calendario, la presentación de lista de candidatos tendría como fecha límite el 29 de julio.

Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre oficialismo y oposición fue la incorporación de una cláusula, pedida por Juntos por el Cambio, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

En su artículo 6, el proyecto fija que “la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

La oposición consideró que, de no sumarse a las negociaciones, el oficialismo alcanzaría los números necesarios para aprobar la norma de todos modos, pero que le daría mayor margen de acción para eventualmente suspender las PASO o unificarlas con las elecciones generales.

Aunque todos los bloques destacaron el consenso alcanzado -en medio de un clima de tensiones por el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo reimpulsó en Diputados- la oposición reclamó que se acelere el plan de vacunación para garantizar que las autoridades de mesa lleguen vacunadas al día de la elección. También se oyeron reproches por la negativa del gobierno a incluir la boleta única para estos comicios y reclamos por la restitución del voto en el extranjero.

“Ha primado la cordura”, lanzó por su parte presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos). Y agregó: “Ganamos un mes en medio de este contexto ya que en inviernos se recrudecen las enfermedades respiratorias e inmiscuirse a efectuar una campaña en pleno seria netamente perjudicial para la sociedad”.

“Se tuvieron en cuenta recomendaciones y planteos realizados por la oposición, especialmente la cláusula cerrojo, que tiene que ver con asumir un compromiso político plasmado en la misma ley. Es un acuerdo político que atiende los derechos subjetivos de los partidos políticos, que según los califica la propia Constitución, son instituciones esenciales de la democracia”, celebró el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el radical Gustavo Menna (Jxc).

La Cámara de Diputados abrirá este jueves el debate en comisión del proyecto del Poder Ejecutivo para pasar la fecha de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 8 de agosto al 12 de septiembre próximo y las elecciones legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, debido a la segunda ola de coronavirus.

El proyecto comenzará a analizarse a las 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado del Frente de Todos por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, confirmaron fuentes parlamentarias.

La decisión de avanzar en la convocatoria a la comisión fue adoptada en la mañana de este miércoles en una reunión de bloque encabezada por Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Sesión especial

El camino para abrir el debate quedó allanado este martes, tras el acuerdo logrado por Massa con la oposición para prorrogar el protocolo de funcionamiento mixto de la cámara baja que permitirá avanzar en esta iniciativa y en el debate de otros temas pendientes.

La intención del bloque del Frente de Todos -que conduce Máximo Kirchner- es realizar una sesión especial la próxima semana para debatir esta iniciativa de modificación del calendario electoral y el dictamen sobre ganancias a las empresas para aliviar la carga fiscal a las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo refleja el acuerdo alcanzado el viernes pasado por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, con la conducción de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, ya que se incluye una cláusula pedida por la oposición en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

De esta manera, y en su artículo 6, el proyecto fija que “la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

“Nos encontramos en un contexto de excepción y, en ese marco, en el imperioso desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos propios de nuestro sistema democrático. Ello nos impulsa a establecer las medidas que la situación epidemiológica nos impone para evitar una mayor propagación del virus, sin trastocar las reglas y fundamentos de nuestro régimen electoral”, sostiene la iniciativa.

Aplazamiento y vacunación

En ese sentido, el texto destaca que “el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios”.

A su vez, durante ese lapso de tiempo adicional, “se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las 24 jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico”, añade el proyecto.

La iniciativa propone además reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.

Los números necesarios de Diputados y Senadores

Para ser aprobado, el proyecto requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.

El aval a la iniciativa del Poder Ejecutivo ya fue adelantado por la mayoría de los bloques parlamentarios de la Cámara baja, por lo que se descuenta que el oficialismo logrará avanzar con el dictamen y contará con los votos para aprobarlo la semana próxima en el recinto.

“Tenemos que seguir superando entre todos la emergencia sanitaria”

“Desde el Congreso tenemos que evaluar y respaldar las decisiones del Poder Ejecutivo para seguir superando una emergencia sanitaria que requiere del compromiso de todos los sectores”, dijo Marcos Cleri, al convocar a una nueva sesión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para este miércoles 5 de mayo.

En el encuentro se tratará el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21, en el que se fijan nuevas disposiciones para enfrentar una nueva ola de contagios de coronavirus en todo el país.

“Nuestro deber como legisladores y legisladoras es sostener el funcionamiento institucional para continuar apoyando las decisiones del Presidente ante una coyuntura complicada, que requiere del esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad de todos y todas”, dijo el titular de la Bicameral, al convocar a la reunión que se realizará a partir de las 9 horas del próximo miércoles.El DNU 287/21 establece medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, para mitigar la propagación del virus SARS – COV – 2, desde el 01 de mayo hasta el 21 de mayo de 2021.

La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre el proyecto de ley que propone un nuevo régimen de biocombustibles hasta 2030, que reduce del 10% al 5% el corte obligatorio para el biodiésel.

La comisión que conduce el legislador del Frente de Todos Omar Félix fue citado a las 10:00 para escuchar la opinión de representantes de cámaras empresarias y especialistas.

El debate se realiza en medio de la demanda de productores y legisladores opositores para extender hasta el 2024 el actual régimen -que ya tiene sanción del Senado-, debido a que la norma original vence el 12 de mayo próximo.

El proyecto presentado por Félix junto a diputados del Frente de Todos mantiene el sistema de promoción y fabricación de biocombustibles hasta el 2030 pero modifica el porcentaje de corte obligatorio para el biodiesel.

La Secretaria de Energía podrá elevar el porcentaje mínimo obligatorio en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas

En ese sentido, establece que será del 5% el corte obligatorio para el biodiésel en lugar del 10 como la actual ley y mantiene el del etanol en torno al 12% actual.

Sin embargo, la secretaria de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas”.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras”.

Respecto al bioetanol, la propuesta mantiene el corte nominal actual del 12% y establece bajo qué parámetros se deben cumplir con los cupos.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

En ambos casos, nuevamente la Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje nominal o bien reducirlo hasta un 3%.

Además, el proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

La iniciativa se aprobó por 241 votos, que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio (JxC), Interbloque Federal, Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, y tres abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana con un amplio respaldo político y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias, que eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores, lo que permitirá mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados.

La iniciativa se aprobó por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo, Acción Federal, Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino.

Se abstuvieron tres diputados de Juntos por el Cambio: Luciano Laspina (PRO), Facundo Súarez Lastra (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

La votación del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y apoyado por el oficialismo se efectuó en una sesión maratónica que se extendió por casi 21 horas y en la cual el debate sobre Ganancias consumió unas nueve horas donde expusieron mas de 70 legisladores.

En forma previa, el plenario legislativo sancionó los proyectos de reforma al monotributo, la inclusión de la educación ambiental en todos los colegios públicos y privados, y una actualización de la ley del dopaje en el deporte.

El proyecto aprobado por Diputados exime a los trabajadores que cobran hasta $ 150.000 brutos y los jubilados hasta ocho haberes.

En base a los números informados por el oficialismo, la reforma de Ganancias beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores.

En el tratamiento en particular se decidió, a propuesta de la diputada radical Carla Carrizo, que las rentas vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes paguen el impuesto a las Ganancias.

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anunció que se excluirá del pago de impuestos a las Ganancias a los bonos productivos hasta un monto equivalente del 40% de la ganancia no imponible.También precisó que se eliminó el tope de edad para poder deducir al hijo por discapacidad.

Además, se estableció que los suplementos que reciben las Fuerzas Armadas. como título o plus por zona desfavorable o desarraigo, no pagarán el tributo.

La reforma beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, con lo que quedarán exentos de Gananciasel 93% de los trabajadores.También se eximirá de Ganancias las horas extras que realizan los recolectores, como había solicitado el diputado y sindicalista Facundo Moyano.

Otro punto que se agregó es que quedarán excluidas del pago de Ganancias las herramientas educativas para los hijos del trabajador.

El despacho contempló, además, excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo, cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos, de ocho haberes jubilatorios mínimos y la deducción por concubino.

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años, con un monto anual de hasta $67.400, y por elementos de trabajo o capacitación.

En el último tramo del debate, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró que “los desafíos que Argentina necesita (resolver) son bastante complejos” y cuestionó al expresidente Mauricio Macri por haber dicho que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias, cuando, por el contrario, en su gestión “se duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados” por ese gravamen.

Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos.

En su discurso de cierre, el legislador oficialista cuestionó al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, por “decir ‘quiero ayudar’, después ‘¿dónde está el piloto?’ y al final terminar diciendo nada”.

Negri, a su vez, dijo que “no haber abordado la actualización del mínimo no imponible es una limitación de carácter negativa que puede estar en peligro rápidamente. El achatamiento de la pirámide tiene consecuencias negativas, lo vimos durante muchos años”.

El presidente del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, lamentó “que no se haya incorporado a aquellos trabajadores en relación de dependencia que no llegan al piso mínimo de Ganancias”, al sostener que “no es para todas las familias argentinas”. Además,propuso además “a las PyMEs que reinviertan en capital y generen trabajo, que fue una ley de Néstor Kirchner”.

El titular de Unidad Federal y Equidad, José Luis Ramón, aseguró que “hoy hemos logrado ponernos de acuerdo en un proyecto que protege los ingresos de las familias”.

En el inicio del tratamiento, Heller dijo que “con este proyecto volveríamos a la situación histórica donde solo el 7% de los trabajadores quedarían alcanzados con el impuesto a las Ganancias”.

Por el lado de la oposición, el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, dijo que “Ganancias es un impuesto que se aplica en todo el mundo y es el más progresivo que se conoce”.

“Parece que fue un impuesto ideado para los gerentes de las multinacionales y no es así, está hecho para que paguen más los que más pueden pagar”, consideró el legislador opositor.

Los puntos centrales

•Los expresidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

• La ley tendrá vigencia al 1° de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.

•El aguinaldo de los sueldos de hasta $ 150.000 brutos no pagará impuesto a las Ganancias.

•El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar el gravamen por las guardias u horas extras.

•Los gastos de guardería para niños y niñas de hasta tres años no pagarán Ganancias hasta un tope anual de $ 67.000.

•Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de $ 78.833, y se eliminó el tope de edad.

•Los bonos productivos no pagarán Ganancias hasta un tope del 40% de la ganancia.

•Los trabajadores de recolección no pagarán el impuesto por las horas extras.

•Se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados.

•Se permitirá la deducción por concubino, cualquiera fuera su sexo.

•La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación, no pagará el impuesto a las Ganancias.

•Se mantiene el incremento del 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región.

•Los trabajadores que cobren entre $ 150.000 y $ 173.000 pagarán Ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones a fin de evitar grandes diferencias entre quienes deben tributar y los que están exentos.

•La actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial, que elabora la de Secretaría de Seguridad Social).

•El personal de las Fuerzas Armadas no pagará Ganancias por los suplementos por título, zona desfavorable o desarraigo.

Con media sanción del Senado, el proyecto comenzará a debatirse próximo a las 14 en un plenario informativo de las comisiones de Previsión Social, que conduce Marcelo Casaretto.

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este lunes con el debate del proyecto que establece la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con el objetivo de tratarla en el recinto de la cámara baja el próximo martes 29 de diciembre y convertirla en ley antes de fin de año.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará a debatirse este lunes próximo a las 14 en un plenario informativo de las comisiones de Previsión Social, que conduce Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos-Ciudad de Buenos Aires), con la presencia de funcionarios nacionales.

El encuentro, que se realizará a través de una teleconferencia, contará con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, según informaron fuentes parlamentarias.

“Nuestro objetivo es tratar la ley de movilidad antes de fin de año para sancionarlo como ley y que tenga vigencia el año que viene, de manera de que podamos dar el primer aumento en marzo de 2021”, aseguró Casaretto en declaraciones a Télam.

El diputado nacional, presidente de la comisión de Previsión, estimó que “además de los diputados del Frente de Todos vamos a tener el acompañamiento de bloques provinciales para garantizar la sanción de la ley”.

Este viernes por la tarde, las autoridades de ambas comisiones citaron a los diputados para el martes 22 a las 10 para analizar el texto y, un día después, el miércoles 23 de diciembre, volverán a reunirse para emitir dictamen de manera presencial en el recinto de la cámara baja.

Los detalles del proyecto

Fuentes parlamentarias anticiparon a Télam que si bien no está citada aún la sesión, la intención del oficialismo es tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el recinto de la cámara baja el martes 29 de diciembre para convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene sanción del Senado.

El proyecto modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Para avanzar en el dictamen y en la sanción del texto, el oficialismo deberá lograr el respaldo de los bloques provinciales de la oposición, ya que tanto Juntos por el Cambio como parte del interbloque Federal, anticiparon que rechazan la nueva fórmula enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

“La fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados”. ALEJANDRO CACACE

Alejandro Cacace (UCR-San Luis), vicepresidente de la comisión de Previsión Social de la cámara baja, adelantó el rechazo a la iniciativa de Juntos por el Cambio y sostuvo que “la fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados, como pasó durante todo este año”.

En tanto, los bloques de Consenso Federal, del Socialismo y del Frente Progresista adelantaron días atrás que no acompañarán la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación y sostuvieron que “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados” con ese índice.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, anticipó que ese espacio presentará un dictamen alternativo para rechazar la fórmula impulsada por el Poder Ejecutivo “en defensa de los ingresos de los jubilados y jubiladas”, al adelantar que ese espacio prepara una marcha para el lunes 22 frente al Congreso para manifestarse contra el índice propuesto por el gobierno.

La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo recibió, a sugerencia del Frente de Todos, algunos cambios sustanciales en el Senado para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

Si bien el proyecto original establecía que los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses, la decisión de fijar como trimestrales esos aumentos, fue tomada para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización.

Es que, la fórmula anterior aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, empezó a regir en marzo de 2018.

De no mediar sorpresas, el proyecto de legalización del aborto contará con 11 votos a favor y ocho en contra por parte de los diputados nacionales por Santa Fe, una suma de voluntades diferente a la registrada en la Cámara baja durante el debate de la misma iniciativa en junio de 2018. 

El oficialismo vuelve a centralizar la mayoría de las adhesiones al proyecto, excepto Massetani, del Frente Renovador (FR). Juntos por el Cambio (JxC), en tanto, tributará cuatro respaldos a la IVE y seis rechazos.

Durante la sesión, Massetani disparó una de las frases que generó revuelo en las redes sociales. Es que, al ratificar su negativa al aborto legal, la legisladora argumentó que “el Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir”.

Con un pañuelo celeste en una de sus muñecas, la diputada cimentó su posición: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que decir en esta banca. Ellos fueron elegidos a dedo, a mí me eligió el pueblo”.

Si bien Massetani saludó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear un Ministerio de la Mujer, marcó su disconformidad con la prioridad para debatir la legalización del aborto.

El espacio frentista, a su vez, aportará el voto positivo de Estévez, al tiempo que Contigiani reeditará un rechazo que -dos años atrás- generó controversia en la coalición progresista.

Durante la maratónica sesión del 14 de junio de 2018, los representantes de la provincia por el peronismo y Cambiemos también se repartieron a favor y en contra de la legalización del aborto. Y el frentista Contigiani, único representante de la coalición, rechazó la iniciativa. El saldo santafesino fue de nueve votos positivos y diez negativos.

Por entonces, también levantaron sus manos los justicialistas Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Lucila De Ponti y el radical Hugo Marcucci, mientras que el rechazo corrió por cuenta de los macristas Astrid Hummel y Lucas Incicco, el massista Alejandro Grandinetti y Silvina Frana (PJ).

En ese contexto, el aborto legal se aprobó en Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. Pero luego naufragó en el Senado, donde obtuvo 38 rechazos, 31 respaldos y dos abstenciones. Y hubo una ausencia.

Respecto de la inminente cita en la Cámara alta, y a diferencia de lo que hizo en 2018 su antecesor y jefe político, el gobernador Omar Perotti, el senador nacional Roberto Mirabella votará a favor del proyecto de IVE.

La Cámara trata este jueves la ley que impulsa Alberto Fernández. Hay 123 legisladores a favor, 109 en contra y 24 indefinidos. Con 129 votos se asegura la aprobación.

El debate del proyecto de legalización del aborto llegará esta semana al recinto de la Cámara de Diputados con el sector “verde” sacando ventaja sobre el “celeste”. El resultado final está nuevamente en manos de la veintena de indefinidos y legisladores que aún no quieren develar su postura. Sin embargo, más de la mitad de ese grupo pertenece al oficialismo que impulsa la iniciativa desde la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández a la cabeza.

De acuerdo al conteo de Clarín, los diputados que están a favor suman 123, mientras que hay 109 en contra y 24 indefinidos, entre ellos el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa que, salvo en caso de empate, no vota. “Como presidente no se va a pronunciar y va a mantener la neutralidad para garantizar un ámbito de debate ecuánime”, aseguraron en su entorno.

Con estos números, se necesitaría el apoyo de solo 6 legisladores más para garantizar la aprobación del proyecto. Para el cálculo, se tuvo en cuenta cómo votaron los legisladores que ya participaron del debate de 2018 y cómo se fueron pronunciando los que ingresaron tras el recambio electoral. No se contó al oficialista Ignacio de Mendiguren que, si bien está a favor, permanece de licencia desde que asumió frente al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

En los últimos dos años, igualmente, hubo algunas sorpresas. Dos diputadas que habían votado a favor de la legalización se dieron vuelta y aseguraron que esta vez votarán en contra.

Se trata de la chaqueña Aida Ayala y la correntina Sofía Brambilla, ambas del PRO.

“Es un mecanismo de distracción. No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca”, aseguró Brambilla en declaraciones a medios de su provincia.

En la misma línea se expresó Ayala, quien consideró que en su provincia el rechazo a la iniciativa es muy alto.

Los grupos autodenominados “provida” esperan que otros legisladores hagan lo mismo: priorizar el electorado de su provincia. Consideran que es un tema que tendrá peso de cara a la elección legislativa del año que viene, sobre todo para los que terminan su mandato.

Pero, en contrapartida, socialmente la “marea verde” sigue cobrando dimensión y la gran diferencia respecto al debate de hace dos años es que esta vez el proyecto en discusión lo mandó el propio Presidente y tiene detrás a un Gobierno buscando que la promesa de campaña se cumpla.

De hecho, la primera jornada del debate en comisiones contó con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García; la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta defendiendo la iniciativa.

Teniendo esto en cuenta no es menor que en la masa de indefinidos, más de la mitad (15) son del Frente de Todos; legisladores sobre los que el oficialismo puede tener mayor influencia.

Entre ellos se encuentra la ex gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci; dos santiagueños y dos formoseñas –los ocho diputados restantes de esas dos provincias están en contra- y el mendocino Alejandro Bermenjo, al que lo cuentan entre los “verdes” pero no se pronunció.

Tampoco está clara la postura de la diputada cordobesa Alejandra Vigo, quien en 2018 fue la única que se abstuvo de la votación. Sin embargo, en esta ocasión presentó, junto a sus tres compañeros de bancada un proyecto propio que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14, pero solo en situaciones demostradas “de exclusión y vulnerabilidad”. De ese bloque, Paulo Cassinerio rechazó el texto en 2018. Claudia Márquez dijo estar en contra y Carlos Gutiérrez no se pronunció.

En la oposición no quedan muchas dudas. Uno de los que guarda silencio es el presidente de la UCR, el mendocino Alfredo Cornejo, quien en varias oportunidades pidió una consulta popular. El pampeano Martín Berhongaray, el chaqueño Gerardo Cipolini, y el jujeño Jorge Rizzotti son otros radicales que no se pronunciaron, aunque en el caso de Cipolini dan por sentado que votará en contra.

En el PRO, el ex viceministro de Interior, Sebastián García de Luca dijo estar a favor de la despenalización, pero no anunció cuál será su postura en el recinto sobre la legalización.

Otra incógnita es Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica y mano derecha de Elisa Carrió, férrea opositora del proyecto, quien sin embargo todavía no adelantó postura.

En el bloque lavagnista de tres diputados, solo Jorge Sarghini no se expresó. Los otros dos integrantes-Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño- son “celestes”.

En caso de ser aprobada por Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.

En una sesión histórica que lleva más de 17 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para morigerar los efectos de la pandemia y el de Ley del Manejo del Fuego.

La Diputada Nacional por el Frente de Todos, Patricia Mounier, se refirió al proyecto que prevé recaudar 307 mil millones de sólo 9300 personas con fortunas de más de 200 millones de pesos. “El Aporte Solidario y Extraordinario prevé un 20% para el fortalecimiento de las becas Progresar que acompaña a jóvenes para finalizar la educación obligatoria o para que puedan continuar sus estudios terciarios o universitarios. El alcance y la potencia del Progresar fue devaluado durante la gestión de Cambiemos y hoy se convierte en una herramienta fundamental para afrontar la deserción educativa producto de la pandemia. Este refuerzo económico es un acto de justicia y una garantía del derecho a la educación”, señaló Mounier.

Cabe destacar que la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario será destinada, también, a equipamiento, medicamentos y vacunas para el sistema sanitario; mejoras en la infraestructura de los barrios populares; apoyo a las pymes; aumentar la producción y la distribución de gas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, también, el proyecto de Ley sobre modificación sobre lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas y, aún continúa con el debate del proyecto de la Ley Yolanda para garantizar la formación integral en ambiente para personas que se desempeñen en la función pública.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Ley que establece la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

Tras un debate de trece horas –se inició a las 14,30 del martes-, el oficialismo consiguió 133 votos para aprobar el proyecto con el apoyo de representantes de bloques provinciales.

En tanto que Juntos por el Cambio encolumnó a 115 diputados detrás del rechazo, entre ellos la representante del Movimiento Popular Neuquino y la lavagnista Graciela Camaño.

Los dos diputados de la Izquierda se abstuvieron al momento de votar, en tanto que se registraron cinco ausencias.

El primer tramo la sesión fue conducida por el vicepresidente de la Cámara baja, Alvaro González (PRO), pero a las 21 se incorporó el presidente del cuerpo, Sergio Massa, luego de que los médicos consideraran que no debía seguir el aislamiento debido a que el hisopado que le hicieron a un miembro del FMI con el que había estado en contacto finalmente dio negativo en coronavirus.

El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios. pic.twitter.com/kcKwyHeE4G

— Gustavo Rojas (@Gustavo79892303) November 18, 2020

A lo largo del debate los legisladores oficialistas defendieron el proyecto con el argumento de reforzar las arcas públicas debido a la caída de la recaudación, y la necesidad de asistir al sistema sanitario y productivo, mientras desde la oposición sostuvieron que es un “impuesto confiscatorio”.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), dijo que “no somos hinchas del déficit sino que somos enemigos del ajuste”.

Tras reiterar el carácter “solidario y extraordinario de la iniciativa”, el diputado puso de relieve que el país está “ante una situación de emergencia” y se pretende con el aporte “alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas” para “morigerar” en los sectores más vulnerables “los efectos de la pandemia”.

Su compañera de bloque y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, aseguró que el proyecto representa “un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad”.

Desde la oposición, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), en su discurso adelantó el rechazo de Juntos por el Cambio.

Dijo que se trata de “un impuesto a la inversión en la Argentina”.

En la misma línea se expresó el radical Luis Pastori, quien justificó su rechazo al afirmar que se trata de una iniciativa con un “sesgo claramente antiempresa y antiinversiones”.

El titular del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, adelantó el voto favorable de la mayoría de su bancada pero dijo que “no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo que son las pymes”.

Mientras, su compañera de bloque Graciela Camaño rechazó el proyecto por considerar que “desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país”.

Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) anticipó también su rechazo por considerar que “vuelve a gravar la misma capacidad contributiva”, y cuestionó que “la recaudación de este impuesto, como debe ser llamado en realidad, no sea coparticipable”.

La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá expresó el rechazo de su espacio al proyecto porque “no se trata de una verdadera recaudación o afectación a las grandes fortunas de algunos ricos”.

En el cierre de la jornada, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, insistió en llamar al Aporte Solidario y Extraordinario como un “impuesto” y consideró que “es ineficaz por más que tenga un nombre bonito, y por más que sea épico”.

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que se retiró del Congreso por haber estado en contacto cercano con un portador de Coronavirus, expresó vía Zoom: “Los argentinos y argentinas necesitamos encontrar un punto de equilibrio y acuerdo. Necesitamos del sector privado y del sector público invirtiendo juntos. Se trata de encontrar entre todos y todas una salida en común”.

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) tras haber protagonizado ayer una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo.

El diputado oficialista había sido suspendido ayer a las 18 tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos.

La votación contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota -del día de ayer-. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, señala el texto de la renuncia enviada por el salteño a la presidencia de la Cámara.

En un segundo párrafo, expresa: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Pasada la 1 de la madrugada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios.

Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

Según fuentes de la bancada oficialista, tras la emisión del comunicado en el que pidieron “que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos”, al diputado Ameri le quedaba “poco margen de maniobra”.

“O mandás la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy”, fue el mensaje de los referentes más importantes del Frente de Todos a Ameri, según confiaron a Télam fuentes de ese espacio.

Pasadas las 3 de la madrugada, el presidente del cuerpo puso a consideración la renuncia del diputado, lo que fue avalado por todos los interbloques de la Cámara.

“Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno mereció el bochorno que provocó la inconducta del diputado renunciante, e igualmente esperamos que la comisión se expida como una señal para que quede claro que la Cámara no va a tolerar este tipo de acciones”, dijo la diputada del PRO Silvia Lospennato antes de votar.

Desde el Frente de Todos, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, expresó: “Vivimos un día con acontecimientos atípicos; donde el presidente de la Cámara ha estado a la altura de las circunstancias y queremos felicitarlo”.

“Siendo Ameri un diputado de nuestra bancada no dudamos un segundo y decidimos en consecuencia”, agregó.

Por el interbloque federal, Graciela Camaño confesó: “Nunca viví lo que viví en el día de hoy, me conmocionó mucho lo que pasó. No podemos sólo aceptar una renuncia, sino que ésto nos tiene que convocar a una introspección, a una suerte de código ético”.

Más allá de la votación de aceptación de la renuncia de Ameri, la comisión integrada por Lospenato, Moreau, Camaño, el radical Miguel Bazze y la oficialista Cristina Alvarez Rodriguez se reunirá en los próximos días para dictaminar una contundente resolución sobre los hechos.

El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus.

En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.

Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.

No obstante, Parrilli afirmó que “las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces” existen y manifestó que su inclusión funcionó como “un anzuelo” para descubrir a los dirigentes de la oposición que son “voceros” de algunos medios de comunicación.

La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.

Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de “oponerse por oponerse” y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.

El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree “en las casualidades” respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo “no hace lo que ellos dicen”, y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández “está midiendo una barbaridad” de cara a los comicios del año próximo.

En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy “es una primera ley” pero que harán falta más para “completar” una reforma del Poder Judicial.

La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca “garantizar la independencia de los jueces” y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.

En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es “un intento de colonizar la justicia” con “un reparto de cargos” para “proteger a los autores de delitos de corrupción”.

La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

La idea pretende modificar el 17 de agosto, 12 de octubre, el 20 de noviembre y el “puente” del 8 de diciembre. El principal fundamento que busca el proyecto es que no se frene la actividad económica en el contexto de la crisis.

La crisis económica que atraviesa la República Argentina, debido al cierre casi total de la actividad comercial e industrial en tiempos de cuarentena estricta, obliga a repensar los días feriados en el país. Así lo propone un diputado nacional de Juntos por el Cambio al elaborar un proyecto de ley que busca cambiar feriados en días no laborables por lo que resta del año 2020.

Según esta idea, los días implicados son el lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín) el lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), el lunes 23 de noviembre, trasladable del 20 por el Día de la Soberanía Nacional, y el de fines turísticos del lunes 7 y martes 8 de diciembre a efectos del homenaje a la Inmaculada Concepción de María.

Entre los principales fundamentos, José Luis Patiño, el legislador que elaboró esta iniciativa se considera: “Es importante destacar que dada la abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores, resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al aislamiento preventivo y obligatorio, la actividad turística que originariamente se buscaba promover se encuentra restringida”.

Además, se agrega: “Diversas estimaciones indican que cada día laboral equivale al 0,38% del PIB y, por otra parte, el costo laboral en días feriados, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, se incrementa sustancialmente para aquellos que presten servicios en estos días. Dinamizar nuestra economía en este contexto resulta indispensable para paliar las consecuencias de la crisis económica que nos deja la pandemia”.

Por qué “no laborable”

La figura que eligió Patiño se fundamenta en que en la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 176 se establece que “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación’.

Es decir, en caso de aprobarse este proyecto, en los feriados del 17 de agosto, 12 de octubre y 20 de noviembre, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.

Alternativa

En otro de los artículos de la propuesta, se explica que en caso de aprobarse se podrían aplicar medidas alternativas para la concientización y la promoción de la educación en relación a la memoria del General Don José de San Martín, la Diversidad Cultural y la Soberanía Nacional, las razones de los próximos tres feriados.

El proyecto

La Cámara había establecido que cada legislador tendrá $100.000 para destinar a organizaciones que combatan la pandemia.

Los diputados de Juntos por el Cambio solicitaron ante las autoridades legislativas que los 11,6 millones de pesos en subsidios que le corresponden al interbloque se destinen al Instituto Malbrán para facilitar la detección de los casos sospechosos del coronavirus.

Los legisladores de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica recordaron que la resolución 611/20 firmada el martes no requiere el consentimiento de las otras bancadas sino simplemente el visto bueno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que firmó ayer aquella iniciativa.

Los diputados de ese interbloque criticaron que sea discrecional el criterio para repartir esos fondos públicos para combatir la pandemia y por eso pidieron que “la totalidad de la partida”, es decir los 11,6 millones que les corresponden a ellos, sea transferida al Instituto Malbrán.

El objetivo es que ese establecimiento epidemiológico pueda vencer el cuello de botella de los últimos días y pueda realizar más exámenes diarios de muestras tomadas a pacientes y a la vez ayudar a que las provincias puedan hacerlo en sus organismos correspondientes.

El coronavirus, una pandemia según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya le provocó la muerte a dos argentinos de los 79 casos positivos detectados durante marzo.

La carta fue firmada por el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri; por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y por el presidente del bloque Coalición Cívica – ARI, Maximiliano Ferraro.