Se trata del brigadier Hernán Chacón Soto, de 86 años, a quien la Corte Suprema del país austral sentenció a 25 años de cárcel.

Medios chilenos reportaron este martes el fallecimiento en Santiago del brigadier en retiro Hernán Chacón Soto, que en la víspera recibió una condena de 25 años de presidio por el asesinato y el secuestro del cantautor Víctor Jara y de Littré Quiroga, director de Gendarmería del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).   

De acuerdo con informes preliminares, Chacón Soto murió mientras agentes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraban en su vivienda, localizada en la comuna de Las Condes, a donde habían acudido para trasladarlo a un recinto penitenciario. 

Muere uno de los militares en retiro condenado por asesinato de Víctor Jara. Te actualizamos con las informaciones de este martes 29 de agosto en nuestra nueva señal en TV abierta #T13ENVIVO» https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Zw9l9LukHu

Este 28 de agosto, el máximo tribunal chileno anunció sentencias definitivas contra siete exmilitares por el homicidio y secuestro de Jara y Quiroga, perpetrados durante los primeros días de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). 

Seis de los responsables, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, fueron condenados a 15 años y un día de prisión por ser "autores de los homicidios", y a otros 10 años y un día de presidio por el delito de "secuestro calificado" contra ambas víctimas.

La prensa local recoge que en la sentencia se indica que al momento de los hechos, Chacón Soto disponía de conocimientos tácticos y de inteligencia, "que le permitieron intervenir directamente en el desarrollo de los interrogatorios –realizados en los camerinos del Estadio Chile– así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos".

Además, según el documento judicial, era el encargado de separar a los detenidos que serían sometidos a interrogatorios y tenía en sus manos "el destino último de estos, siendo de toda evidencia que al interior del Estadio Chile existía un orden impuesto por la estructura rígida del mando existente". 

Hernán Chacón Soto fue brigadier del Ejército en retiro, en su grado de mayor del Ejército y cumplió con custodiar el perímetro externo del Estadio Chile.

Hernán Chacón Soto, uno de los militares condenados por el homicidio del cantautor Víctor Jara, se suicidó la mañana de este martes.

El soldado en retiro fue encontrado sin vida en su departamento de la comuna de Las Condes, al parecer se quitó la vida para evitar ir a la cárcel.

Chacón Soto tuvo formación de conocimientos tácticos y de inteligencia, “condiciones que le permitieron intervenir directamente en el desarrollo de los interrogatorios (que realizaban en los camarines del estadio), así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos”, indica el fallo de la Corte Suprema.

Según el mismo documento judicial, el uniformado en retiro decidía quiénes eran separados para ser llevados a interrogatorios y finalmente, “el destino último de éstos, siendo de toda evidencia que al interior del Estadio Chile existía un orden impuesto por la estructura rígida del mando existente”.

El brigadier en retiro Hernán Chacón Soto fue uno de los condenados por el homicidio del cantautor chileno. (ANDRES PINA/ATON CHILE/ANDRES PINA/ATON CHILE)

Testimonios aseguran que el brigadier cumplió un rol en la selección de detenidos. Por lo mismo, ”resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo sólo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado, ni con los diversos elementos de convicción reunidos”, se lee en el fallo del tribunal del alzada.

En esa época, portaba una pistola STYER calibre 9 milímetros, que coincide con la descripción técnica de las lesiones que le causaron la muerte a Jara y Littré Quiroga.

El suicidio del militar en retiro se dio a conocer luego que la Corte Suprema dictara este lunes sentencia definitiva por los homicidios y secuestros calificados del cantautor Víctor Jara y del director de Prisiones a la época de los hechos, Littré Quiroga, por lo que había sentenciado a Chacón Soto y otros cinco condenados a un total de 25 años de presidio a cada uno.

Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la identidad del nieto 133, apropiado durante la última dictadura cívico militar. 

El anunció formal se realizará en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex Esma.

"Con inmensa felicidad, anunciamos el encuentro del nieto 133", confirmaron a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"A casi 40 años del inicio del período democrático más largo de nuestra historia, seguimos buscando a nuestros nietos y nietas, todos los días. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar", señalaron.

Por este motivo, convocaron a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa para este viernes 28 de julio a las 12.30 horas en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. Libertador 8151, CABA).

Emilio Parodi, de 82 años, es señalado por estar involucrado en el “armado de listas”, con los nombres de trabajadores para su secuestro.

Parodi fue detenido en Olivos e indagado por el juez Ernesto Kreplak. Está imputado por “favorecer y facilitar” la privación ilegal de la libertad agravada de 23 trabajadores de la planta.

Emilio Parodi, exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata durante la época de la dictadura militar, fue detenido por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada de un grupo de 23 trabajadores de la planta, ubicada en Avellaneda.

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En 2021, ya la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción había imputado al empresario por haber favorecido y facilitado los secuestros del personal, mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas que eran entregadas a las fuerzas armadas.

El juez Kreplak le tomó declaración indagatoria al imputado, de 82 años de edad, este martes 4 de julio, luego de su detención en un domicilio de la ciudad de Olivos, en el partido de Vicente López, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La orden incluyó una comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la prohibición de salida del país del Parodi.

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El proceso judicial que derivó en la detención del exgerente de Molinos Río de La Plata. La causa tuvo su origen en una denuncia formulada en junio de 2013 por los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos.

En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda, consignó el sitio Fiscales.gob.ar.

Al instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima “pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes”.

Al respecto, agregó: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

En octubre de 2019, el juez, la fiscalía, las querellas testigos y víctimas realizaron una inspección judicial en el predio fabril de Avellaneda y en marzo de 2021 la Unidad Fiscal requirió el llamado a declaración indagatoria del exgerente hoy detenido, al señalar que el imputado “favoreció y facilitó las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y la consolidación de esta situación mediante el impedimento al acceso a la información de los familiares”.

Parodi, argumentó la fiscalía, “fue mencionado en diversos testimonios por un lado como eslabón central dentro del sistema de circulación de información que se iniciaba con los agentes de vigilancia (‘bomberos’) y finalizaba con la entrega de listas a las fuerzas armadas de la represión. Por el otro, como aquel representante de la empresa encargado de negociar indemnizaciones para obtener la renuncia de determinados trabajadores”.

La aeronave turbohélice, que permaneció casi 30 años fuera del país, fue utilizada en diciembre de 1977 para arrojar al mar a un grupo de 12 personas, incluidas tres integrantes de la asociación Madres de Plaza de Mayo, así como a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domón

Fue el último espacio en el que estuvieron con vida los doce secuestrados de la Iglesia de la Santa Cruz antes de que los represores los arrojaran a las frías aguas del Mar Argentino. El Short Skyvan, que supo ser el PA-51 de la Prefectura Naval Argentina (PNA), aterrizó este sábado en el Aeroparque Jorge Newbery después de casi 30 años fuera del país. La repatriación –reclamada por las hijas de las Madres de Plaza de Mayo que fueron víctimas de uno de los vuelos de la muerte que realizó– fue motorizada por el gobierno para que el avión quede como un símbolo del horror de la última dictadura, como la materialización de la fase final del exterminio.

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El 14 de diciembre de 1977, a las 21.30, despegó el PA-51 desde la parte militar del Aeroparque porteño. Llevaba a doce personas que habían sido secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año –después de la infiltración de Alfredo Astiz– y trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde habían sido torturadas y sometidas a condiciones inhumanas de vida. Entre ellos estaban tres Madres de Plaza de Mayo –su fundadora, Azucena Villaflor, y otras dos integrantes, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco– y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, cuyo secuestro había generado un verdadero escándalo internacional para la dictadura.

En la tarde de este sábado, el avión volvió al mismo lugar. El viaje demoró 20 días. El Skyvan despegó el 3 de junio pasado desde Estados Unidos –donde era usado para entrenamiento militar–. Por averías estuvo unos días frenado en Jamaica. El viernes último aterrizó en Tucumán, proveniente de Bolivia. Allí estuvo unas horas para seguir hasta la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación de que el gobierno del Frente de Todos repatriaría el avión llegó en enero de este año. Las gestiones quedaron en manos del ministro de Economía, Sergio Massa. Fue a partir de un pedido de Cecilia De Vincenti, hija de Azucena, y de Mabel Careaga, hija de Esther. Taty Almeida, referente de Madres-Línea Fundadora, fue otra de las impulsoras de recuperar el avión.

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Se espera que el lunes o martes se haga una recepción formal en la que participarán familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. Está previsto que el Skyvan sea trasladado al Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA– para ser exhibido allí como una prueba material del horror. Todavía no se conoce cuándo sería la instalación.

EL AVIÓN

En 1971, la Prefectura incorporó a su flota cinco aviones Skyvan, las PA-50, PA-51, PA-52, PA-53 y PA-54. Todas estuvieron operativas durante los años de la dictadura, cuando la Prefectura estaba al servicio de la Armada –y ponía a disposición sus aviones y sus pilotos–. Durante la Guerra de Malvinas, dos de ellas fueron destruidas, PA-50 y PA-54. Las tres restantes fueron vendidas en 1994 a CAE Aviation SRL, una empresa con sede en Luxemburgo.

La búsqueda del avión fue impulsada por el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo y la periodista argentina Miriam Lewin, quien también es sobreviviente de la ESMA. En 2010, encontraron uno de los Skyvan en Fort Lauderdale, Florida. Había sido comprado por GB Airlink, una compañía que se dedicaba al correo aéreo. Al hallar la aeronave encontraron los papeles de vuelo. Allí figuraba, por ejemplo, el vuelo que hizo el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30.

En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 dio por acreditado que ese avión fue el que se usó para desaparecer a las Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, entre otros. A partir de esa sentencia, Mabel Careaga y Cecilia De Vincenti empezaron a pensar en la importancia de recuperar el avión –donde estuvieron por última vez con vida sus madres–. Los cuerpos de Azucena y de Esther fueron identificados en 2005 gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Lo mismo que el de Mary Ponce de Bianco, la tercera integrante de Madres de Plaza de Mayo, y los restos de Ángela Auad y de Leonie Duquet.

Gran parte de la mecánica de los vuelos de la muerte pudo reconstruirse con las planillas de vuelo que aportó la Prefectura durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que analizó la Unidad de Coordinación de causas de lesa de la Procuración. En general, estos vuelos tenían lugar de noche y duraban más de dos horas y media. Según esos registros, los Skyvan realizaron 53 vuelos nocturnos en 1976; 64 en 1977 y 94 en 1998. El único vuelo que llevaba la anotación de “navegación” era el del 14 de diciembre de 1977. Un vuelo anómalo dentro de los vuelos anómalos.

La justicia argentina condenó a dos de los pilotos que estuvieron a bordo de ese vuelo, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. Solo D’Agostino está vivo y en mayo recibió la noticia de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su sentencia a prisión perpetua.

Arribo al Aeroparque Jorge Newbery el SC-7 Skyvan N190WW que durante la dictadura militar fue utilizado para realizar algunos de los "Vuelos de la Muerte" en ese entonces operaba para la Prefectura Naval con la matrícula PA-51 pic.twitter.com/raIp1PKLzI

— Mariano Gomez (@_MarianoGomez_) June 24, 2023

LOS VUELOS DE LA MUERTE

En la ESMA, los “traslados” se producían los miércoles generalmente. Ese día, los represores avisaban qué secuestrados debían alistarse porque supuestamente iban a ser trasladados al sur o a una prisión legal. Antes de salir, les daban una inyección –que los adormecía–.  En la ESMA, la llamaban “pentonaval” –la droga, en realidad, es pentotal–. Después eran trasladados hasta el área militar del Aeroparque, desde donde partían los “vuelos de la muerte”.

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A partir del testimonio de algunos detenidos-desaparecidos que lograron salir con vida de la ESMA se conoció esta mecánica. Muchos lo escucharon a Jorge Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas, decir que él hablaba con Jesús y él le decía quién se iba para arriba o mencionar a las “monjitas voladoras” –en alusión a Domon y Duquet–.

En 1976, la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) hizo un informe sobre cómo funcionaba ese campo de concentración y, en marzo de 1977, en su carta abierta a la Junta Rodolfo Walsh habló de los cuerpos que aparecían en la costas.

En marzo de 1983, el exinspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Peregrino Fernández brindó una declaración en el exterior en la que mencionó que un capitán de navío le había hablado de los vuelos para hacer desaparecer prisioneros. Concretamente mencionó aviones de fabricación irlandesa –los Skyvan– que servían para lanzar carga en vuelo.

En enero de 1984, el entonces ministro del Interior de Raúl Alfonsín, Antonio Troccoli, recibió una carta de la “oficialidad joven y no corrupta” de la Prefectura en la que se hablaba que se usaban los Skyvan para arrojar al mar a la gente que había estado secuestrada en la ESMA.´

Fue recién en 1995 cuando se tomó socialmente dimensión de esta fase final del exterminio. En marzo de ese año, el periodista Horacio Verbitsky publicó la confesión de Adolfo Scilingo, quien le reconoció que había estado en dos vuelos –uno a bordo de un Skyvan y otro a bordo de un Electra de la Armada–. Scilingo contó también que los habían convocado a principios de 1976 en la base Belgrano de Bahía Blanca y que allí el entonces comandante de Operaciones Navales Luis María Mendía les habló de prisioneros que iban a volar pero que no iban a llegar a destino. Ante lo que podía inquietar las conciencias de los marinos, Mendía les aclaró que era una “forma cristiana de muerte”.

LA JUSTICIA Y LOS VUELOS

La primera sentencia que contempló los vuelos de la muerte fue la de ESMA Unificada de 2017, en la que se condenó a D’Agostino y Arru por el vuelo del 14 de diciembre de 1977.

El año pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a cuatro militares por los vuelos de la muerte que salían de Campo de Mayo. Tres de los sentenciados pertenecían al Batallón de Aviación 601. A diferencia de lo que sucedió en ESMA –que se investigó a los pilotos–, en San Martín se hizo foco en los altos mandos de la estructura de Ejército que fueron responsables por los vuelos.

En Dolores, avanza una causa contra los policías, los médicos y el juez Carlos Facio que encubrieron los vuelos de la muerte. Es decir, que participaban en los enterramientos como víctimas sin identificar de los cuerpos que aparecían en las playas. La Cámara Federal de Mar del Plata debe aún revisar los procesamientos que dictó el juez Martín Bava pero puso en suspenso el trámite a partir de una presentación que hizo uno de los policías.

Hoy es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

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Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos sociales y políticos participarán en los actos conmemorativos del Día de la Memoria este viernes 24 de marzo, cuando se cumplen 47 años del último golpe de Estado en Argentina.

La convocatoria de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora será a las 14 horas en avenida de Mayo y Piedras en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará desde el Congreso a las 12.

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La Asociación Madres de Plaza de Mayo llevará a cabo un acto político en la Casa de las Madres a las 15 horas, “en apoyo a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y en contra del vergonzoso fallo de los jueces de la mafia judicial”.

En el resto del país, también habrá marchas en las provincias de Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.

Las consignas centrales de los actos son: “Por juicio y castigo contra todos los responsables militares, civiles y eclesiásticos de la última dictadura y la represión y criminalización de la protesta social en la actualidad”, “Contra la impunidad de ayer y de hoy” y “No al FMI, no al pago de la deuda externa”.

José Antonio Dias Toffoli, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, consideró que Argentina tiene a “una sociedad atrapada en el pasado” porque ha juzgado a los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El magistrado del Supremo aseguró que su país “es mucho más grande” y no caerá en la misma situación en la que “desgraciadamente” cayeron sus vecinos.

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“No podemos dejarnos llevar por lo que pasó en Argentina […] una sociedad que está atrapada en el pasado, en la venganza, en el odio, mirando hacia atrás en el retrovisor, sin poder superarlo”, dijo Dias Toffoli durante un evento con empresarios brasileños esta semana en Nueva York, EE.UU.

Durante su intervención, el juez aseguró que su país “es mucho más grande” y “más fuerte que todo eso”, tras afirmar que la justicia de Brasil no emulará los procesos que “desgraciadamente” realizaron sus vecinos.

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En el evento, en el que también estuvieron otros jueces del STF, como Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Luís Roberto Barroso, así como el expresidente brasileño Michel Temer, Dias Toffoli insistió en que Brasil no puede vivir en “extremismos”.

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“No podemos permitir que el odio entre en nuestro país. No podemos vivir solo en extremismos”, manifestó.

Este magistrado es miembro del STF desde 2009 y fue nominado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresará a la Presidencia en enero próximo. Sin embargo, a partir de 2018 comenzó su acercamiento al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Hasta ahora, en Argentina se han desarrollado más de 600 juicios que culminaron con la condena a 1.088 autores de crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, incluyendo al exdictador Jorge Rafael Videla.

Las autoridades dieron a conocer los nombres en vísperas del 45 aniversario del último golpe militar.

Secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a personas, se apropiaron de menores de edad. Y están prófugos.

Son 25 represores acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina y por los que se ofrecen recompensas de entre 500.000 y un millón de pesos (de 5.600 a 11.000 dólares aproximadamente).

Los delitos se cometieron durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), pero siguen siendo juzgados más de cuatro décadas después gracias a que son considerados imprescriptibles, es decir, que se pueden investigar sin importar el tiempo transcurrido.

Por eso ahora, cuando se acerca el 45 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer los nombres de los 25 exmiembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las fuerzas de Seguridad y civiles que son buscados para sentarlos en el banquillo de los acusados.

[Lesa Humanidad]

‼️Buscados: los 25 prófugos por crímenes de lesa humanidad por los que se ofrecen recompensas de hasta 1 millón de pesos.

**Accedé a la galería de imágenes de los buscados con sus datos personales en nuestra nota completa: https://t.co/IhpOuavof2??Hilo:

— Fiscales (@FiscalesGobAr) February 18, 2021

El organismo explicó en un comunicado que las preguntas acerca del rumbo del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado siguen teniendo eje en el destino de las y los desaparecidos, y las y los niños robados, así como en la profundización de diferentes aspectos relacionados con todos los delitos cometidos.

“La continuidad de esa búsqueda incluye la necesidad de localizar a presuntos responsables que deben rendir cuentas ante el Poder Judicial. Los prófugos que buscan diferentes juzgados y fiscalías federales del país por crímenes de lesa humanidad son 25 en total, las personas que puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134”, señaló la institución.

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En esa línea se recibe la información que forma parte del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, que a su vez depende de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.

De acuerdo con la información oficial, las causas de los 25 prófugos se tramitan en 10 jurisdicciones del país.

En Rosario, el Juzgado Federal número 4 ordenó las capturas de los expolicías César Heriberto Peralta y Antonio Tuttolomundo; los civiles Carlos Gabriel Jesús Isach y Eduardo Rebechi, y los exmiembros del Ejército Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno.

Por otra parte, juzgados de Mendoza buscan a los exmiembros del Ejército Jorge Gallo Linares, Alberto Horacio Silva Julita, José Luis Piedra y Héctor Adán Giménez y al expolicía Alejandro Vicente Michelutti

En Bahía Blanca son buscados los exintegrantes del Ejército Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno, mientras que en La Plata la orden es para el ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Jorge Luis García y el expolicía federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga; y en Mar del Plata, para los ex integrantes de la Armada Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg.

Los otros prófugos son el civil Fernando Federico Delgado, en San Juan; y los exmiembros del Ejército Oscar Chapur (Salta); Héctor Mario Schwab (Tucumán) y Ángel Ervino Spada (Formosa)

Por último, en la ciudad de Buenos Aires hay orden de captura por el expolicía federal Juan Carlos Linarez; el ex miembro de la Armada Jorge Vildoza; y el exmiembro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

De todos ellos, las recompensas más altas de un millón de pesos se ofrecen por Kyburg, Bueno, Chapur y Vera.

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Los prófugos forman parte de la lista de 3.448 personas que han sido imputadas en los últimos 14 años en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y de las cuales 1.013 ya fueron condenadas y 164, absueltas.

A pesar de estos avances en el proceso de justicia, un informe de la Procuraduría ya había advertido que el 70 % de las sentencias espera revisión, ya que las etapas recursivas tienen demoras que implican que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de cinco años y dos meses.

Además, 638 condenados se encuentran en condiciones de arresto domiciliario, mientras que solo 225 cumplen sus penas en cárceles comunes o establecimientos especiales, como el excomplejo militar Campo de Mayo, en donde una de las zonas se adaptó como prisión exclusiva para represores.

Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y sus familiares han denunciado de manera reiterada que las postergaciones de los juicios y de las sentencias definitivas obstaculiza la justicia, ya que, por su avanzada edad, muchos de ellos mueren sin haber sido condenados.

El informe confirma estas acusaciones, ya que revela que en estos 14 años de procesos han muerto 904 de los acusados, 692 de ellos antes de haber recibido una sentencia.

Actualmente hay 373 causas que todavía no tienen sentencia, 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y solo dos de ellas tienen fecha de inicio para 2021.

Del resto de las causas, unas 280 apenas se encuentran en etapa de instrucción, por lo que ni siquiera tienen fecha para llegar a un tribunal, mientras que solo en 22 se dispuso elevación o requerimiento de juicio.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos organizan un nuevo acto para pedir memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. Ese 27 de junio, el entonces presidente constitucional Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con el encargo de hacer una reforma constitucional.

En la misma madrugada en que se gestó el golpe de Estado, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la Universidad de la República comenzaron una huelga en resistencia al sublevamiento que duró quince días. En respuesta los militares realizaron detenciones a numerosos opositores, como al líder del Frente Amplio Líber Seregni, un antecedente que abrió la puerta a las desapariciones forzadas de personas.

En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones a la Primera Marcha del Silencio

La fecha elegida, el 20 de mayo de 1976, conmemora los asesinatos del senador del Frente Amplio Zelmar Michelini, del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires, Argentina.

Con la consigna “Por verdad, memoria y nunca más”, y en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos, todos los 20 de mayo se realiza la marcha en silencio, mientras los altavoces pronuncian el nombre de cada uno de los desaparecidos, y al unísono todos gritan ¡Presente!.

En esta ocasión y en el marco de la pandemia por Covid-19, las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones convocan a participar a una Marcha virtual. En los días previos se invitó a colocar en cada hogar, espacio, lugar de trabajo, distintivos de esta lucha como lo son la Margarita deshojada, las fotos de los detenidos desaparecidos, las siluetas, las consignas permanentes de verdad, justicia, memoria y nunca más.

La margarita fue elegida como símbolo femenino e imagen representativa de una organización social, cuyos reclamos son compartidos por amplios sectores del pueblo uruguayo. Se trata de una flor en parte deshojada, que identifica a las madres y los familiares de detenidos desaparecidos. Un colectivo que desde sus orígenes (en los ’70), demanda investigación sobre el paradero de personas, la separación de niños de sus familias, y el juicio de crímenes o violaciones a los derechos humanos cometidos por el propio Estado. El logotipo fue elaborado por una ex presa política.

Desde 1989 aparece como elemento de unificación del colectivo, siendo utilizado masivamente en documentos y declaraciones, como por ejemplo, frente a los resultados de una instancia electoral que, hasta la fecha, impide condenar los delitos cometidos por militares y policías durante el período dictatorial. A partir de entonces, la margarita ha sido utilizada sistemáticamente y desde 1996 es una imagen directamente asociada a ´la marcha del silencio’, manifestación pública y pacífica, memorial viviente donde decenas de miles de uruguayos se pronuncian con consignas vinculadas a la verdad histórica.

“Imágenes del Silencio” es un proyecto fotográfico, dirigido por Annabella Balduvino, Elena Boffetta, Ricardo Gómez, Federico Panizza y Pablo Porciúncula, que busca mantener viva la memoria sobre los desaparecidos por la dictadura uruguaya y en el marco de la 25° Marcha del Silencio, toma la forma de una intervención callejera y ocupa las redes para invitar a reflexionar en  gestos de encuentros aún en la diferencia.

En ese gesto, los retratos de los 196 desaparecidos que cada 20 de mayo encabezan la Marcha del Silencio son abrazados por referentes de distintos sectores de la cultura y del espectáculo, como lo son el cantautor Rubèn Rada, Jorge Drexler, Emiliano Brancciari, el entrenador de la selección Uruguaya Oscar Tabárez, actores como Daniel Hendler, Nicolás Furtado, y el reconocido bailarín Argentino Julio Bocca, quien hoy es director del Teatro Solis de Montevideo, también se autoconvocaron diferentes personalidades de la sociedad como periodistas, escritores, amas de casa, estudiantes, entre otros, con un objetivo en común: la defensa de los Derechos Humanos y el reclamo de Verdad, Justicia y Nunca Más terrorismo de Estado. Las fotos, en las que se abraza a una persona desaparecida, oficiaron como cuenta regresiva para la 25º Marcha del Silencio.

Uno de los directores del proyecto, Pablo Porciúncula, le expresó a Télam que la iniciativa tuvo una buena recepción debido a “la diversidad de los referentes, que se comprometieron con el proyecto y esto nos ha permitido llegar a gente que ni se cuestionaba este tema. Ese fue el objetivo de Imágenes del Silencio”. El equipo realizador se completó con Soledad Acuña, como asistente de producción y con la colaboración de Juan Maldonado, Graciela Escuder, Paola Melgar y Alejandro Cabrera (Radio Pedal), Daniel Porciúncula.

“La marcha del silencio de este 2020 es diferente, pero más gigantesca. Imposible de medir en cuadras, imposible de fotografiar, imposible de cuantificar en franjas etarias o económicas para una estadística. Este año el silencio marcha en nuestras conciencias y cada uno esta solo consigo mismo en su andar. Respirando memoria detrás de un tapabocas, para que el recuerdo se haga presencia ante el olvido. Para que la lucha continúe, hasta encontrarlos.”

“Algún día, más importante que los desaparecidos será el hecho de que las nuevas generaciones los porten amorosamente en su memoria. Entonces nuestros desaparecidos dejarán de ser carteles y Marchas del Silencio para que “los enganchemos al tejido del sueño general”, decía Juan Gelman.”

“Este 20 de mayo no podremos marchar, pero no será un obstáculo para que se renueve con más fuerza el reclamo que nuestro pueblo grita hace décadas, la tan necesaria Verdad y Justicia para los familiares que aún siguen esperando saber dónde están sus seres queridos. ”

Sus restos fueron hallados en el año 2005