Este martes 1 de octubre, Venezuela inició sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo, siguiendo el decreto del presidente Nicolás Maduro. El mandatario dio inicio a las festividades con una presentación especial de un coro y acompañado de su esposa, Cilia Flores.

Las celebraciones, que se extenderán hasta el 15 de enero de 2025, han generado controversia en una parte de la sociedad venezolana. La oposición ha criticado la medida, especialmente en medio de la polémica por la orden de arresto para Edmundo González Urrutia, candidato opositor que se exilió en España después de que se anunció el decreto presidencial.

El presidente Maduro defendió su decisión, asegurando que el espíritu navideño debe comenzar en octubre. "Está llegando septiembre y ya huele a Navidad... en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre", declaró.

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ironizó sobre la situación, expresando: "Hoy es la Navidad insólitamente decretada por el régimen chavista: ¡feliz Navidad a todos! Quiero desearles a los venezolanos que recuperen su libertad y pedirle a Papá Noel que le regale al dictador Nicolás Maduro la dignidad que perdió".

La Navidad en Venezuela es una celebración tradicional y significativa, llena de música, comida y reuniones familiares. Sin embargo, este año, la decisión de adelantar la fecha ha generado más división que unidad.

El influencer argentino Diego Omar Suárez, conocido como "Michelo 2.0", ha generado malestar en las redes sociales después de expresar su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una sesión ordinaria del Parlamento Nacional de Venezuela.

Michelo, originario de Salta, comparó la situación política en Venezuela con la crisis en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, y afirmó que "los comunicadores deben salir a desmentir las fake news y combatir los mensajes de odio" en la "guerra digital" actual.

Su declaración ha sido criticada por muchos, incluyendo algunos de sus seguidores, quienes consideran que su apoyo a Maduro es inapropiado, especialmente en un momento en que el líder venezolano enfrenta críticas internacionales por fraude electoral.

Michelo, conocido por su personaje inspirado en Michael Jackson y su popularidad en TikTok, ha acumulado millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, su reciente declaración ha generado una división entre sus fans y ha puesto en duda su credibilidad como influencer.

La comunidad internacional ha condenado el fraude electoral en Venezuela, y la posición de Michelo sobre este tema ha sido vista como una muestra de apoyo a un régimen autoritario. Se espera que el influencer clarifique su postura y explique sus razones para apoyar a Maduro.

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, solicitó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del régimen. Según la Cancillería, las pruebas reunidas en las investigaciones de la Fiscalía de la Corte, junto con los eventos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, justifican la necesidad de estas órdenes.

Esta acción del Gobierno argentino se produce semanas después de que, junto con varios países de la región, Centroamérica, África y Europa, se instara al cese de la represión contra los ciudadanos venezolanos tras las elecciones. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro fue declarado ganador con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% obtenido por su principal rival, Edmundo González Urrutia, quien actualmente enfrenta una orden de captura emitida por el régimen de Maduro.

El resultado electoral ha sido ampliamente cuestionado, ya que las actas de los fiscales de la oposición indicaban una ventaja abrumadora a favor de González Urrutia, con un 70% frente al 30% de Maduro. Este hecho desencadenó movilizaciones masivas y denuncias tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, liderado por Diana Mondino, también condenó la orden de detención emitida contra González Urrutia, respaldando a la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado. "Argentina rechaza la solicitud de aprehensión contra el ganador de las elecciones del 28 de julio y alerta sobre la creciente radicalización del régimen de Maduro, que busca criminalizar a las fuerzas democráticas en Venezuela", destaca el comunicado oficial.

Venezuela se encuentra atravesando uno de los períodos más oscuros de su historia, comparable en gravedad a los golpes de estado chavistas o a la dictadura militar del Nuevo Ideal Nacional entre 1948 y 1958.

#URGENTE 2:06pm Persiguen a @BiagioPilieri para secuestrarlo. El dirigente de @ConvergenciaVe salía de la movilización por el mes del 28 de julio. Alertamos a la comunidad internacional y responsabilizamos al régimen por lo que pueda pasarle. pic.twitter.com/KUb1AMpko2

En medio de esta crisis, después de una masiva marcha opositora en Caracas con la destacada presencia de María Corina Machado, un destacado referente de la movilización ha sido secuestrado por un grupo de tareas asociado con las fuerzas del régimen.

En un video reciente, se observa a Biagio Pilieri siendo perseguido por agentes que aparentemente pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

#URGENTE 2:06pm Persiguen a @BiagioPilieri para secuestrarlo. El dirigente de @ConvergenciaVe salía de la movilización por el mes del 28 de julio. Alertamos a la comunidad internacional y responsabilizamos al régimen por lo que pueda pasarle. pic.twitter.com/KUb1AMpko2

Es importante mencionar que desde ayer ambos organismos están bajo la dirección de Diosdado Cabello, uno de los líderes más poderosos y estrechamente vinculados al régimen en Venezuela.

Mientras regresaba a su hogar después de la protesta, Pilieri notó que una de las camionetas blancas características utilizadas por los agentes del régimen lo seguía. Parece que, bajo la creciente influencia de Diosdado Cabello, las operaciones de cacería de opositores se han intensificado, resultando en el secuestro de Pilieri, según ha confirmado la coalición liderada por María Corina Machado.

El régimen chavista ha trasladado a Biagio Pilieri al El Helicoide, el principal centro de detención y tortura del gobierno bolivariano. Además, se frustró el intento de secuestro de Juan Pablo Guanipa, quien logró escapar de los agentes del régimen cuando también intentaron detenerlo.

El presidente Nicolás Maduro ofreció una conferencia de prensa el martes durante una reunión con el Consejo de Estado y de Defensa de la Nación. Esto ocurrió poco después de que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hablaran ante una multitud en Caracas. 

¡RUGE VENEZUELA 🇻🇪!HASTA QUE CAIGAN TODOS.HASTA CADA PIEZA DE LA DICTADURA SE ROMPA. pic.twitter.com/HWvI8XyjrI

Maduro acusó a la oposición de intentar desestabilizar el país y afirmó que "las redes sociales están complotadas para tratar de desestabilizar a Venezuela porque no soportan que nos hayamos recuperado y estemos en la senda de recuperación total". Aseguró que la disidencia, junto con Estados Unidos y el narcotráfico colombiano, han invertido dinero y drogas de Colombia en esta supuesta maniobra.

Maduro también denunció una "arremetida internacional, mundial, del imperialismo de Estados Unidos y la extrema derecha fascista" para apoderarse de Venezuela a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira. Alegó que estos grupos buscan tomar el poder de manera violenta, como cuando incendiaron varias sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), destruyendo máquinas y agrediendo a funcionarios electorales.

Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó que 11 personas murieron en las protestas que se desencadenaron tras los resultados electorales. Romero señaló que la ONG ha confirmado 177 detenciones, mientras que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de 749 arrestos. Romero subrayó la necesidad de que el fiscal publique la lista de detenidos y sus ubicaciones, para garantizar el derecho a la defensa de los implicados.

El reciente triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela ha generado controversia en la región, con siete países, incluidos Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, demandando una revisión exhaustiva de los resultados por observadores independientes. Estos países han decidido no reconocer a Maduro como presidente hasta que se realice la revisión electoral solicitada.

Argentina desconoce los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela La República Argentina rechaza y desconoce el resultado anunciado por el Gobierno venezolano en el que se adjudica el triunfo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el día… pic.twitter.com/8onLTS6WKm

En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, anunció este lunes la expulsión de todo el personal diplomático de las embajadas de estos países en Venezuela, y exigió la retirada inmediata de sus representantes diplomáticos del territorio venezolano. 

Gil expresó un fuerte rechazo a lo que calificó como acciones injerencistas de gobiernos alineados con Washington y comprometidos con ideologías de extrema derecha, mencionando al desmantelado Grupo de Lima.

El canciller también subrayó que Venezuela se reserva el derecho de tomar acciones legales y políticas para defender su soberanía y autodeterminación, y aseguró que el gobierno de Maduro enfrentará cualquier acción que amenace la paz y la convivencia en el país.

#Comunicado 📢 Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando… pic.twitter.com/l0dAaNSnEA

Las elecciones en Venezuela han sido objeto de críticas debido a denuncias de irregularidades, dificultades para votar, especialmente para ciudadanos en el exterior, y falta de transparencia en el recuento de votos. Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro ganador con el 51% de los votos, las encuestas preelectorales sugerían que la oposición contaba con una ventaja significativa.

"La investigación no se encuentra agotada".

Con esas palabras la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este martes reabrir la investigación por la muerte del poeta chileno Pablo Neruda el 23 septiembre de 1973, 12 días después de que el golpe militar de Augusto Pinochet derrocara al gobierno socialista de Salvador Allende.

El mandato se produce meses después de que la jueza Paola Plaza cerrara el sumario del caso en septiembre de 2023, concluyendo que no había ningún hallazgo que rebatiera la causa de muerte por "caquexia cancerosa" por un "cáncer de próstata" con "metástasis" que se indica en su certificado de defunción.

Esta versión "oficial" sobre la muerte de Neruda permaneció indiscutida durante 38 años, pero en 2011 su chófer y asistente, Manuel Araya, aseguró que el premio Nobel de Literatura había sido asesinado con una inyección letal en la clínica donde se encontraba internado.      

Desde entonces se sucedieron años de declaraciones, estudios forenses y pesquisas judiciales que no han hecho sino alimentar los misterios que han rodeado a la muerte de uno de los escritores más reconocidos en Chile y América Latina.

Las nuevas diligencias denotan que el caso está lejos de acabar.

Entre la siete diligencias ordenadas por el Tribunal integrado por las ministras Maritza Villadangos y Elsa Barrientos y el abogado Jorge Gómez se encuentra "un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción que habría sido extendido por el Dr. Vargas Salazar".

En el certificado se menciona como causa la "caquexia cancerosa", la cual médicamente significa una pérdida severa de peso corporal.

Sin embargo, el poeta pesaba más de 90 kilogramos al morir, lo cual sembró dudas entre especialistas y allegados.

Del mismo modo, el Tribunal ordenó una "metapericia" para revisar e interpretar los resultados de unos estudios de un equipo de forenses de las universidades de McMaster en Canadá y Copenhague en Dinamarca, quienes tras varias investigaciones concluyeron que el poeta no murió de cáncer y que encontraron Clostridium botulinum en uno de sus molares, una bacteria que puede producir toxinas peligrosas.

Los expertos no lograron determinar cómo llegó la sustancia a Neruda, pero no descartaron la presencia de "terceras partes" involucradas en su muerte.

Los instructores piden que la revisión de esos estudios sea realizada "únicamente por expertos propuestos" por las universidades de McMaster y Copenhague.

En esta línea, citaron a declarar judicialmente a Eduardo Adolfo Arriagada Rehren" sobre su trabajo de inteligencia en base al costridium botulinum y se le expongan los sucesos idénticos por los que fue condenado respecto de la víctima Archivaldo Morales Villanueva".

Morales Villanueva fue un locutor radial detenido, interrogado y torturado por funcionarios pinochetistas que finalmente murió después de que Arriagada le administrara una "inyección letal", en lo que fue considerado como "muerte en custodia".

Sobre Arriagada, el Tribunal también ordenó que se "realice un peritaje de regresión de edad a la época de 1973" y que se efectúe un "análisis policial" para ver si "existen similitudes" entre los hechos que originan la causa sobre Neruda y los que afectaron a Morales Villanueva.

Peter Kornbluh, Director del Proyecto de Documentación de Chile, también fue citado a declarar.

Neruda era un miembro prominente del Partido Comunista de Chile y amigo de Allende cuando se produjo el golpe de Pinochet.

La razón oficial por la que Neruda fue internado en la Clínica Santa María de Santiago a días de su muerte fue su delicado estado de salud.

Pero según su chofer Araya y algunos de los más cercanos al poeta, Neruda estaba enfermo pero no terminal y existía un plan para sacarlo lo antes posible hacia México, ya que era considerado como blanco potencial de la represión del gobierno de facto por su liderazgo político y cultural.

El gobierno militar de Pinochet duró 17 años.

De acuerdo con varias Comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente en Chile es de 40 mil 175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. Muchas de las víctimas eran izquierdistas.

Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin haber sido condenado por los crímenes cometidos durante su mandato.

Neruda fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1971 y es recordado especialmente por su obra "20 poemas de amor y una canción desesperada".

Sin embargo, su imagen romántica se vio empañada después de que la descripción de una "violación" de una mujer de la limpieza en Sri Lanka apareciera en un libro póstumo de memorias y cobrara relevancia a raíz del surgimiento del #MeToo.

Sucedió este lunes. Los chicos son de 6to grado y fueron invitados a una charla en el marco de los 40 años de Democracia.

Este 30 de octubre, para rememorar los 40 años del retorno de la democracia, el Nivel Superior de la escuela Nacional N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal organizó una serie de actividades para las que invitó a los 6tos y 7mos grados de las distintas instituciones educativas de la localidad.

La actividad central se realizó en la escuela vieja, un edificio lindero a la institución donde luego de una charla, procedieron a realizar una “actividad interactiva”. La misma consistía en ingresar a un aula a oscura, con los ojos cerrados, donde recrearon las torturas sufridas durante la última dictadura militar.

La madre de una alumna de 6to grado de la Escuela N° 409 Manuel Belgrano contó que recibieron la invitación a través del cuaderno de comunicaciones y autorizaron la participación ya que consistía en una charla, pero nunca se imaginaron lo que iba a suceder.

“Cuando sale mi hija de la escuela le pregunto qué hizo, cómo le fue y me cuenta que fueron al colegio, que tuvieron una charla, después les hicieron pasar a unos lugares separados por cortinas, con estaciones. Les taparon los ojos y pidieron que hagan caso a todo lo que ellos iban diciendo. Entraban de a grupos de a 6. Les gritaron tírense al piso, les rociaron la cara con agua, simularon pegarles con palos, se los tocaba y les hicieron escuchar el audio de una persona que estaba sufriendo ese episodio” relató la mujer.

Esto generó indignación en los padres ya que desconocían de la actividad y no les pareció correcto “hacerlos participar de una experiencia así a criaturas de 11 años”.

“Los chicos como que no tomaron dimensión de los que estaban viviendo. Mi hija no lo tomó mal. Los padres sí, lo tomamos muy mal. También sé que hay nenes que han salido llorando de la experiencia. Había otro tipo de estaciones muy fuerte, la mía pasó por esa” detalló la madre que se manifestó y espera una reunión con autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación para que den explicaciones.

“Nos dijeron que está avalado por el Ministerio de Educación, que se estaba trabajando desde mayo, que todos estaban al tanto de esto. Cuando me manifesté me pedían videos, y yo les dije que no necesitaba, que mi hija estuvo ahí” agregó.

El nieto recuperado 133, cuya restitución de identidad fue presentada este mediodía por Abuelas de Plaza de Mayo, es el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de la abuela Nélida Navajas, ex secretaria de la organización y quien falleció en 2012, y hermano de Miguel “Tano” Santucho, también miembro de la organización de derechos humanos.

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El nieto restituido, cuyo nombre aún no fue dado a conocer, tiene dos hijos. Fue anoticiado de su identidad el 26 de julio pasado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y ya se reunió con su padre y sus hermanos, Miguel y Camilo.

Según la reconstrucción de su historia, aún no había nacido cuando su madre fue desaparecida el 13 de julio de 1976 por una patota del Ejército conducido por el gobierno militar de facto.

Cristina Navajas nació en 1949 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 26 años al momento de su secuestro, era maestra y estudiante de sociología en la Universidad Católica Argentina (UCA).

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En esa universidad se conoció con Julio Santucho, séptimo hijo de una familia de diez hermanos y cuyo miembro más reconocido fue Mario Roberto Santucho, un dirigente clave del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Julio, quien estuvo en la conferencia donde se presentó la restitución de identidad, había sido pupilo de un colegio católico y luego seminarista para ser sacerdote. Pero cuando conoció a Julia abandonó esa vocación.

La pareja, que militaba en el PRT, tuvo dos hijos, que estuvieron presentes en el momento en que su madre fue secuestrada de la casa de su cuñada, Manuela, en la calle Warnes 735, donde se encontraba de casualidad junto a otra compañera de la organización, Alicia Raquel D´Ambra.

Julio se encontraba en Italia y allí se enteró del secuestro de Cristina pero aún no de su embarazo. Se supo que ella esperaba un nuevo hijo poco tiempo después, cuando su madre Nélida encontró una carta que ella había preparado para Julio anoticiándolo de un retraso y sus sospechas de estar embarazada.

Compartimos el comunicado por la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nuestro #Nieto133 🤍https://t.co/GMA26TZ41d pic.twitter.com/SopBrEnkF7

Cristina fue secuestrada y llevada Coordinación Federal y luego al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Allí fue torturada junto con sus compañeras. Sus captores la trasladaron luego a Protobanco y estuvo allí hasta diciembre de 1976.

Sus compañeras de cautiverio contaron que durante su secuestro ella se identificó ante los represores con la determinación de dejar clara cuál era su condición y su voluntad de tener a su hijo: “Soy Cristina Navajas, militante del PRT y estoy embarazada”.

Más tarde fue llevada al Pozo de Banfield. Mientras tanto, su madre, Nélida comenzó su incansable búsqueda. Llegó hasta Italia, donde estaba Julio e inició con él una serie de denuncias sobre lo que ocurría en la Argentina.

Julio había querido volver al país cuando se enteró de que Cristina había sido secuestrada pero, según contó, las autoridades del partido se lo impidieron. “Otro Santucho más no vamos a perder”, le dijeron. Por esos días, su familia ya había sido diezmada por la represión de Estado.

Entre secuestrados, asesinados y desaparecidos, los Santucho perdieron a casi una veintena de sus familiares.

"Disfrutemos juntos este encuentro. No puedo dejar de decirles que es un chico hermoso física y espiritualmente", cierra Estela de Carlotto y pide que el que tenga un dato o una duda lo acerque para seguir encontrando a los que faltan#Nieto133 pic.twitter.com/2BVRXxmPXy

Cuando Julio por fin pudo reencontrarse con sus hijos en Europa, porque fueron llevados por miembros de la organización, él les dijo que su madre “había sido llevada por los militares”.

“Ellos pensaban que ella los había abandonado. Yo preferí decirles que habían perdido a su mamá por culpa de los militares”, narró y afirmó que luego de ello comenzó con Nélida la búsqueda de Cristina y el hijo que estaba en su vientre.

El comienzo de la restitución de identidad del nieto 133 comenzó hace casi cinco años cuando, como tantos otros, sospechó de sus orígenes y se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo.

Según se supo, su apropiador siempre aseguró haber sido su padre biológico. Pero él siguió abriéndose camino hacia la verdad. Luego de Abuelas, siguió todos los pasos del proceso en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante).

La noticia de que era hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho le fue comunicada hace dos días atrás, el 26 de julio último. Inmediatamente quiso tomar contacto con su familia y se comunicó con su hermano Miguel, el “Tano”.

“Es uno de los momentos más luminosos de nuestra vida, lo esperé tanto que me cuesta creerlo. Mi primer pensamiento fue y va a ser para mi mamá y mi abuela, que siguen viviendo en mí”, dijo el "Tano" durante la conferencia encabezada por Estela de Carlotto y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Y añadió: "No tengo dudas de que vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas. Nos buscamos, nos quisimos encontrar y el abrazo que nos dimos es para siempre".

Miguel que su hermano tiene dos hijos, deslizó que se parece mucho a él y prefirió no dar más información hasta tanto se asiente todo el proceso que implica una restitución de identidad. Pero celebró que ambos comparten la misma pasión futbolera: "Es bostero, como yo".

Su padre, Julio, añadió que su hijo parece tener “un carácter firme y fuerte, más que el mío”. Comentó que habló con él y que le manifestó el deseo de conocer a su familia biológica.

“Estaba sorprendido de la magnitud de lo que encontró”, bromeó Miguel en alusión a la amplísima cantidad de integrantes que tiene la familia Santucho. “Tengo la sensación de haber encontrado un ser luminoso, especial”, con el que “nos buscamos y nos quisimos encontrar”, concluyó.

Emilio Parodi, de 82 años, es señalado por estar involucrado en el “armado de listas”, con los nombres de trabajadores para su secuestro.

Parodi fue detenido en Olivos e indagado por el juez Ernesto Kreplak. Está imputado por “favorecer y facilitar” la privación ilegal de la libertad agravada de 23 trabajadores de la planta.

Emilio Parodi, exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata durante la época de la dictadura militar, fue detenido por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada de un grupo de 23 trabajadores de la planta, ubicada en Avellaneda.

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En 2021, ya la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción había imputado al empresario por haber favorecido y facilitado los secuestros del personal, mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas que eran entregadas a las fuerzas armadas.

El juez Kreplak le tomó declaración indagatoria al imputado, de 82 años de edad, este martes 4 de julio, luego de su detención en un domicilio de la ciudad de Olivos, en el partido de Vicente López, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La orden incluyó una comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la prohibición de salida del país del Parodi.

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El proceso judicial que derivó en la detención del exgerente de Molinos Río de La Plata. La causa tuvo su origen en una denuncia formulada en junio de 2013 por los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos.

En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda, consignó el sitio Fiscales.gob.ar.

Al instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima “pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes”.

Al respecto, agregó: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

En octubre de 2019, el juez, la fiscalía, las querellas testigos y víctimas realizaron una inspección judicial en el predio fabril de Avellaneda y en marzo de 2021 la Unidad Fiscal requirió el llamado a declaración indagatoria del exgerente hoy detenido, al señalar que el imputado “favoreció y facilitó las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y la consolidación de esta situación mediante el impedimento al acceso a la información de los familiares”.

Parodi, argumentó la fiscalía, “fue mencionado en diversos testimonios por un lado como eslabón central dentro del sistema de circulación de información que se iniciaba con los agentes de vigilancia (‘bomberos’) y finalizaba con la entrega de listas a las fuerzas armadas de la represión. Por el otro, como aquel representante de la empresa encargado de negociar indemnizaciones para obtener la renuncia de determinados trabajadores”.

Murió el empresario Carlos Pedro Blaquier, uno de los más importantes empresarios de la Argentina. Tenía 95 años y era propietario del ingenio azucarero Ledesma.

Blaquier fue señalado de apoyar a la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Del mismo modo, estaba siendo procesado por su supuesta participación en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Jujuy, durante la denominada “Noche del Apagón”, un plan criminal contra opositores al gobierno de facto.

En septiembre del año pasado fue señalado de ser uno de los clientes de la secta Escuela Yoga Buenos Aires (EYBA), que explotaba sexualmente a mujeres.

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Murió el empresario Carlos Pedro Blaquier, uno de los más importantes empresarios de la Argentina. Tenía 95 años y era propietario del ingenio azucarero Ledesma, el más grande del país, que lideró durante más de cuatro décadas. En 1952 empezó a trabajar en Ledesma SAAI, diez años después lo designaron director y Gerente General de la compañía y en 1970 lo nombraron Presidente del conglomerado.

Blaquier era dueño de la empresa agroindustrial argentina con 111 años de historia, líder en la producción de azúcar y papel y una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne y cereales.

El empresario completó en 1947 sus estudios en el Instituto Superior de Filosofía, en 1951 se graduó de Abogado en la Universidad de Buenos Aires y en 1955 obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la UBA.

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Blaquier fue autor de libros de filosofía e historia, en 1990 recibió el Doctorado Honoris Causa en Filosofía de la Universidad Lateranense de Roma, y dos premios Konex, en 1988 y el de Platino, en 2008.

El empresario fue miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de la de Ciencias de la Empresa, académico de Número en la Academia Argentina de la Historia, integrante de Número del Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales y socio Honorario de la Sociedad Científica Argentina, entre otras actividades.

Blaquier estaba procesado por delitos de lesa humanidad en Jujuy, en lo que se conoció como “La Noche del Apagón”, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en los inicios de la dictadura militar a cargo de Jorge Rafael Videla, con secuestros y desapariciones.

Tanto Blaquier como el exadministrador de la empresa, Alberto Lemos, habían sido procesados como partícipes necesarios del operativo de arrestos ilegales de 400 personas en 1976.

En 2021 la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto las sentencias de la Cámara Federal de Casación que revocaron los procesamientos de Blaquier y Lemos.

El empresario debía ser juzgado pero finalmente no llegó a someterse al proceso, porque el Tribunal Oral Federal de Jujuy decidió por mayoría “suspender la tramitación de la causa” respecto a Blaquier “por incapacidad mental sobreviniente”.

La Justicia tomó esta decisión después de ordenar la realización de una junta médica para un peritaje psiquiátrico y exámenes complementarios sobre la salud de Blaquier, que había sido declarado no apto para afrontar un proceso penal en instancia de debate.

José Antonio Dias Toffoli, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, consideró que Argentina tiene a “una sociedad atrapada en el pasado” porque ha juzgado a los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El magistrado del Supremo aseguró que su país “es mucho más grande” y no caerá en la misma situación en la que “desgraciadamente” cayeron sus vecinos.

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“No podemos dejarnos llevar por lo que pasó en Argentina […] una sociedad que está atrapada en el pasado, en la venganza, en el odio, mirando hacia atrás en el retrovisor, sin poder superarlo”, dijo Dias Toffoli durante un evento con empresarios brasileños esta semana en Nueva York, EE.UU.

Durante su intervención, el juez aseguró que su país “es mucho más grande” y “más fuerte que todo eso”, tras afirmar que la justicia de Brasil no emulará los procesos que “desgraciadamente” realizaron sus vecinos.

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En el evento, en el que también estuvieron otros jueces del STF, como Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes y Luís Roberto Barroso, así como el expresidente brasileño Michel Temer, Dias Toffoli insistió en que Brasil no puede vivir en “extremismos”.

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“No podemos permitir que el odio entre en nuestro país. No podemos vivir solo en extremismos”, manifestó.

Este magistrado es miembro del STF desde 2009 y fue nominado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresará a la Presidencia en enero próximo. Sin embargo, a partir de 2018 comenzó su acercamiento al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Hasta ahora, en Argentina se han desarrollado más de 600 juicios que culminaron con la condena a 1.088 autores de crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, incluyendo al exdictador Jorge Rafael Videla.

Las fuerzas irrumpieron a las 3 de la madrugada de este viernes en el Episcopado de Matagalpa y se llevaron al prelado junto con ocho personas que lo acompañaban.

La irrupción de las fuerzas sucedió a las 3:00, hora local; y cientos de personas se acercaron al lugar para intentar resguardar la seguridad del Monseñor y otros religiosos cuando escucharon sonar las campanas de la iglesia. Álvarez se encontraba en el lugar junto a ocho colaboradores desde hacía 16 días. Familiares del obispo denunciaron que también fue allanada la casa de los padres del Monseñor.

El medio local 100% Noticias informó que antimotines rompieron los portones de la curia para llevarse preso al obispo y a sus acompañantes. “¡Urgente! En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”, denunció la diócesis en Facebook a las 3:20 de la madrugada.

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El citado portal indicó que en la zona hay un gran temor e incertidumbre por lo que le pueda ocurrir al obispo, los sacerdotes, seminaristas y laicos que estaban al interior de la curia.

URGENTE. Policía asaltó la curia episcopal de Matagalpa está madrugada. Se llevaron secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en una camioneta, con rumbo desconocido. Los demás sacerdotes y laicos fueron llevados en vehículos separados. En la cura solamente quedó Mons. Oscar Escoto.

— Carlos F Chamorro (@cefeche) August 19, 2022

El padre Edwin Román, exiliado en Miami, manifestó: “DIOS MIO. Qué indignante. Se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez con los sacerdotes que estaban con él. ¡Basta ya de tanto silencio! Hablen quienes tienen que hablar y dar la cara, a eso se le llama pecado de omisión”.

100 % Noticias consignó que testigos vieron salir a un convoy policial de al menos ocho patrullas, donde iba Monseñor Rolando Álvarez y ocho acompañantes.

Por su parte, Diócesis Media-Radio Stereo Santa Lucía informó: “Al sonar las campanas de la iglesia de la Parroquia Santa Lucía, la madrugada de este viernes el pueblo se acerca para resguardar la seguridad de nuestro párroco, ahora que con angustia recibimos la noticia de que la Policía ingresó a la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa. Oremos por nuestro Obispo Monseñor Rolando Álvarez Lagos”.

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La dictadura de Daniel Ortega citó a decenas de personas de Matagalpa para interrogarlas. Distintas fuentes indicaron que están buscando “testigos” que declaren en contra del caso que armaron contra Monseñor Rolando Álvarez, a quien señalaron de “organizar a grupos violentos”, “incitar al odio” y crear “zozobra”.

“La presión sobre Monseñor está bien fuerte. Ellos (el régimen) saben que no lo van a poder doblegar”, expresó a 100% Noticias Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

En tanto, el periodista Carlos Chamorro indicó en Twitter: “URGENTE. Policía asaltó la curia episcopal de Matagalpa está madrugada. Se llevaron secuestrado a Monseñor Rolando Álvarez en una camioneta, con rumbo desconocido. Los demás sacerdotes y laicos fueron llevados en vehículos separados. En la curia solamente quedó Mons. Oscar Escoto”. El arresto de Álvarez se produjo luego de que el Ministerio Público de Nicaragua pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar una investigación contra el sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, detenido desde el domingo pasado por un caso aún no precisado, informó este jueves el Poder Judicial.

El Estado de Nicaragua se considera “víctima/ofendido” por el sacerdote, de 49 años, que se encuentra detenido en calidad de “investigado”, aunque el expediente judicial, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, no especifica el presunto delito que se le investiga al religioso.

El fiscal del caso, Manuel de Jesús Rugama Peña, presentó la solicitud de ampliar el plazo para la investigación complementaria y detención judicial durante una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, la cual se encuentra en trámite.

La titular del juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, Gloria María Saavedra Corrales, que está a cargo del caso, aún no se pronuncia.

El presbítero Benavidez, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, fue detenido la tarde del domingo pasado, informó la Diócesis de Siuna, a la que pertenece, y que dijo desconocer las causas o motivos del arresto del sacerdote.

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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó al día siguiente que el sacerdote “fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla (policial) con rumbo desconocido” y luego apareció en la cárcel conocida como “El Chipote”, en Managua, sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

La denuncia del clérigo se dio en medio de tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica de Nicaragua.

“Tenemos probada la existencia de los vuelos de la muerte en la zona y creemos que se realizaron con la participación de personal y medios del Primer y el Segundo Cuerpo del Ejército”, dijo la Fiscal Minatta.

La investigación sigue arrojando resultados positivos. “Entre los cementerios de Paranacito e Ibicuy, son diez en total los cuerpos que están siendo analizados” en el marco de la causa por vuelos de la muerte en el delta entrerriano que investiga la Dra Josefina Minatta, Fiscal Federal de Concepción, afirmó que se aguardan las identificaciones de los restos para formular imputaciones en la causa.

Ataque a la memoria: vandalizan el cartel que señala el Campo Militar San Pedro

Minatta confirmó, “Tenemos probada la existencia de los vuelos de la muerte en la zona y creemos que se realizaron con la participación de personal y medios del Primer y el Segundo Cuerpo del Ejército. También pudo haber implicación de la Armada. Necesitamos establecer la identificación de los restos que hallamos para comenzar con las imputaciones”.

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“Resta determinar si son cuerpos de desaparecido. Podría tratarse de otro tipo de víctimas, hay que ser precavidos, tal vez sean personas que murieron ahogadas o en algún accidente de tránsito. Los análisis llevan entre 6 y 7 meses hasta que se obtienen los resultados”, dijo en declaraciones a Radio Máxima.

Sobre el trabajo iniciado el lunes pasado, pero ya en el cementerio de Ibicuy, la Fiscal manifestó que “Nosotros teníamos la información por el Registro Civil de cuatro cuerpos, tres rescatados del río y uno de la ruta. Pero como el Cementerio de Ibicuy había perdido toda la documentación por un incendio, no teníamos manera de localizar dónde habían sido enterrados. Sin embargo, a partir del testimonio de los nuevos sepultureros, supimos que no habían sido enterrados en tumbas convencionales, sino que habían quedado en un lugar que estaba a un costado de un paredón del cementerio”.

Asimismo agregó que “ahora procedimos a las excavaciones sobre la base de los puntos anómalos que tenía el cementerio y dimos con un cuerpo enterrado en ese lugar señalado. Nos falta ubicar tres cuerpos que estarían en el cementerio de Ibicuy. El Equipo Argentino de Antropología Forense marca como una línea de inhumación posible a continuación de estos cuerpos, pero sucede que hay tumbas posteriores construidas, así que el criterio ha sido primero analizar el cuerpo que encontramos, y luego veremos si tiene sentido continuar la búsqueda como posibilidad”.

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El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe volvieron a denunciar que fue nuevamente vandalizado el cartel de señalización vial referido al Campo Militar San Pedro, situado en la ruta 2 a la altura de Arroyo Aguiar, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho personas enterrados en una fosa común, seis de los cuales fueron identificados como militantes políticos y dos aún permanecen sin identidad.

“Manos anónimas como siempre, esta vez escribieron con aerosol la sigla “AAA” sobre este símbolo de memoria. Se trata de un símbolo siniestro que identificó a una organización parapolicial que asesinó a centenares de militantes populares entre los años 1974 y 1976 en la Argentina. En nuestra ciudad se cobraron entre otras la vida de las compañeras Marta Zamaro y Nilsa Urquía, brutalmente torturadas y asesinadas”, destacó el organismo de derechos humanos en un comunicado.

Y agregaron: “El hecho de que durante esos años las fuerzas de seguridad no hayan detenido a ningún integrante de esa banda, es una de las tantas pruebas que ratifican que su accionar tuvo la cobertura del entonces gobierno de Isabel y López Rega, que fue su mentor. Además se integró con policías y militares que les proveían toda la información necesaria de la llamada ‘inteligencia'”.

Además, sostuvieron que “sin duda los crímenes de la Triple A formaron parte del primer capítulo del genocidio que después terminó de ejecutar la dictadura de los monopolios y el coloniaje. De ahí la gravedad de esta escalada que ha pasado del Negacionismo a la apología descarnada del Terrorismo de Estado”

“Para revertir esta situación se requieren acciones contundentes, ya que nunca se sabe cuando puede pasar de la agresión simbólica a la física. Cuestiones que atañen a los tres poderes del Estado Provincial: investigar, identificar a los responsables para juzgarlos y condenarlos, y pronunciarse con claridad y firmeza sobre estos hechos. Al respecto destacamos la iniciativa de investigación que ha comenzado a desarrollar la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad”, concluyeron desde el Foro.

En este predio del Ejército Argentino se realizaron enterramientos clandestinos durante la última dictadura cívico militar Argentina.

El Campo Militar San Pedro es un predio de más de 2000 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la capital de Santa Fe. Este lugar era utilizado para prácticas de combate  por el Comando de Artillería 121 dependiente del II cuerpo del Ejército, con sede en Rosario.

A partir de una investigación y una denuncia de organismos de derechos humanos de Santa Fe, y gracias a un intenso trabajo de búsqueda del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en junio de 2010 se encontraron en el lugar los restos óseos de 8 militantes políticos y sociales de la región, con evidencia de haber sido asesinados y asesinadas. Hasta el momento pudieron identificarse 6 personas: Oscar Federico Winkelmann, María Esther Ravelo, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Gustavo  Adolfo Pon y Miguel Ángel D’Andrea. Se trata de militantes políticos secuestrados en la ciudad de Rosario y que estuvieron detenidos en 1977 en el centro clandestino de detención conocido como “La Calamita” en la localidad de Granadero Baigorria. Aún restan por identificar dos de los restos encontrados. Aún continúa el trabajo de sondeo en el predio.

En noviembre de 2019 se presentó un proyecto a la Cámara de Diputados Nacional para la expropiación del predio con el fin de crear un Espacio de Memoria como lugar organizado para visitas escolares y públicas; como Sitio de búsqueda permanente de desaparecidos y desaparecidas y como  Escuela de Campo y Experimental en ciencias Forenses para unidades de búsqueda de personas desaparecidas.

El proyecto fue impulsado por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Equipo de Antropología Forense.

La artista Clotilde Acosta, más conocida como “Nacha Guevara”, recibirá una millonaria indemnización por exilio, a partir de una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmada por el ministro Martín Soria.

En las últimas horas, se viralizó una resolución por la que la actriz recibirá 11.466.268,80 de pesos por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983.

El texto del documento, que fue publicado por el portal Periodismo y Punto, reza: “Otórgase a Da. Clotilde ACOSTA (D.N.I. N° 3.944.825) el beneficio previsto por la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 1023 del 24 de junio de 1992 y su modificatorio, correspondiente a DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (2856) días indemnizables, por el período comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983”.

El artículo segundo de la resolución —N° 75/2022— establece: “La suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.466.268,80) se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley 24.043 y estará sujeta a las prescripciones de la Ley 23.982”.

La noticia, que había sido anticipada en redes sociales, generó controversia ya que Nacha Guevara se exilió en medio de amenazas de la Triple A, en pleno gobierno de Isabel Perón, antes de que llegara el golpe militar, según la propia actriz recordó en 2020.

“La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general. Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país”, sostuvo en aquel entonces.

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano aseguró que entre la última dictadura militar y el Gobierno de Cambiemos “la raíz política es la misma” y remarcó que el objetivo de perseguir a sindicalistas era “avanzar con políticas en contra de los trabajadores”.

El referente del Sindicato de Camioneros se refirió a los videos que trascendieron sobre una reunión en la que el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hablaba sobre una Gestapo para perseguir a gremialistas: “Y lo que debe haber… Ojalá sigan saliendo videos y audios y la Justicia pueda avanzar”.

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“¿Qué diferencia hay entre Marcelo Villegas y el ministro de Trabajo de la dictadura, (Horacio Tomás) Liendo? La raíz política es la misma”, lanzó el dirigente gremial.

En declaraciones radiales, Pablo Moyano definió a los dirigentes de Cambiemos como “ratas”. “Cuando están en el poder son soberbios y llevan adelante políticas en contra de los trabajadores”, destacó. Y agregó: “No era contra Moyano o un dirigente, querían avanzar con políticas en contra de los trabajadores, pero no lo pudieron hacer porque hubo un sector del movimiento obrero que resistió en las calles”.

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Al ser consultado sobre los escasos comentarios que realizaron los referentes de la oposición sobre el tema, el integrante de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) indicó: “Con la contundencia de las pruebas, ¿qué pueden decir? Seguramente van a seguir saliendo otras pruebas”.

El ex teniente coronel Carlos Ignacio “Calele” Cialceta fue uno de los jefes del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, y está procesado en la causa por secuestro, torturas y homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

El ex teniente coronel Carlos Ignacio “Calele” Cialceta fue detenido esta tarde en la ciudad de Salta, por orden de la jueza federal de Garantías Mariela Giménez en una causa en lo que se lo investiga por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

Según trascendió, Cialceta estaba residiendo en una casa sobre la calle General Güemes, en el centro de la ciudad de Salta. El dato llegó esta misma tarde al área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal federal de Salta y el fiscal general Carlos Amad solicitó el allanamiento, que fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional.

El mismo fiscal informó que que el militar retirado quedó alojado por ahora en dependencias de esa fuerza nacional.

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Calcieta está procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del también gremialista petrolero Jorge René Santillán, hechos cometidos el 10 de agosto de 1976, desde su casa en la localidad de General Mosconi, que en el organigrama represivo de la dictadura quedó bajo el ámbito del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, donde revistaba Calcieta.

El militar retirado venía eludiendo la orden de detención dada por la jueza Giménez a principios de año, en respuesta a un pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Amad el 29 de marzo pasado, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito.

En ese momento la jueza dispuso también medidas para determinar el paradero de Cialceta. Entonces su pareja informó que ya no vivía más en la casa común, que estaban separados de hecho y desconocía su paradero, igual que sus hijos. Sin embargo, se supo que en realidad la pareja no estaba separada y había un contacto permanente, también con los hijos.

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Cialceta está procesado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Santillán. Ya al pedir que se ordenara la captura nacional e internacional, en abril pasado, el fiscal había advertido que por la entidad de los delitos de lesa humanidad que se le imputan “resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”.

Y había destacado que por el interés público nacional e internacional “de impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”, frente a hechos como se le imputa a Cialceta, “se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía”.

El caso

Santillán fue secuestrado la madrugada del 10 de agosto de 1976, de su casa en el pueblo de General Mosconi, a diez kilómetros de Tartagal. Cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda familiar. El militante les opuso resistencia, ayudado por su mujer, Irma Yolanda Prado; lucharon durante dos horas, hasta que lograron arrebatarlo y se lo llevaron con rumbo a Tartagal.

Su cuerpo fue encontrado horas después en el camino al paraje Acambuco, a 20 kilómetros de General Mosconi, con signos de haber sido sometido a una explosión, igual que días antes se había hecho con Menena Montilla y el médico Pedro Urueña, también militantes peronistas del norte provincial.

En ese momento Cialceta integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte 28. Revistaba con el grado de subteniente como Oficial de Personal (S-1) y Ayudante del Jefe de Regimiento -Compañía de Comando.

Ya está probado que este Regimiento fue parte del terrorismo estatal. Su jefe, el general Héctor Ríos Ereñú, fue condenado como autor mediato del secuestro y posterior homicidio de Santillán.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hoy que “resulta reconfortante” que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar”, tras haberse conmemorado ayer el 45 aniversario del golpe de Estado.

“Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar”, afirmó la exmandataria en su cuenta de Twitter.

La Vicepresidenta se refirió de esta manera al relato que ayer hizo el jefe de Gobierno porteño a través de su cuenta en Twitter, en la que recordó cómo la dictadura secuestró a su padre, quién estuvo en condición de detenido-desaparecido durante algunas jornadas en el centro clandestino conocido como “El Pozo de Banfield”.

El tuit de la Vicepresidenta, que remarca la condición de referente opositor de Rodríguez Larreta, llega luego de que el expresidente Mauricio Macri no se expresara públicamente sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemoró ayer.

Ayer, Rodríguez Larreta recordó cómo, a los 12 años, vivió el secuestro y la desaparición de su padre.

Según relató el dirigente de Cambiemos, una noche, a las 3 de la mañana, un grupo de personas llegó hasta su casa y se llevó a su padre “en un Falcon verde”.

“Me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente o a la tarde siguiente o posterior, vino como un montón de gente a casa que yo sentía que nos daban el pésame. Una situación… Obviamente a los 12, uno entiende todo y sentí que perdí a mi papá en esa situación, donde nadie te cuenta, como que quieren preservar a los chicos, pero uno a esa edad capta”, recordó Larreta.

A pesar de las gestiones realizadas, nada se conocía del paradero del empresario petroquímico y, en ese entonces, presidente del Racing Club.

“Pasó que se jugaba Racing-River, un partido muy visible. Y fue toda una noticia que el presidente de Racing no fue a la cancha y ahí se empezaron a armar noticias ¿Dónde estaba el presidente de Racing? Por la parte deportiva, apareció la desaparición del presidente de Racing y entonces se hizo público que el presidente de un club de fútbol había desaparecido. Al hacerse público por un tema distinto a la política, eso le salvó la vida”, continuó en el relato.

Según afirmó el jefe de Gobierno, la vivencia lo “dejó muy marcado”: “No sé si decirle suerte porque la situación fue horrible. (Pero) la visibilidad de mi viejo por presidente de un club de futbol le salvó la vida. Muchos otros no tuvieron esa suerte y hoy se lamenta”, aseguró.

Entre los inhabilitados figuran Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, vicepresidentes de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) que presidía Guaidó y cuyo mandato venció el 5 de enero pasado, cuando asumió la legislatura electa en diciembre, con amplia mayoría chavista.

La oposición y algunas decenas de países no reconocen las elecciones parlamentarias de diciembre y consideran vigente a la AN vencida y al “gobierno interino” que esa legislatura -entonces con mayoría opositora- había creado en 2019 con Guaidó como presidente.

También fueron inhabilitados, entre otros, Julio Borges, “canciller” del gobierno paralelo de Guaidó, y Américo De Grazia, principal denunciante de la actividad ilegal y las masacres ocurridas en los últimos años en el Arco Minero del Orinoco, según lo anunciado por Amoroso y reproducido en la cuenta de la Contraloría en Twitter.

En los últimos 12 años, los sucesivos gobiernos chavistas inhabilitaron para ejercer la función pública y postularse a cargos electivos a decenas de dirigentes opositores, entre los que figuran el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el ex alcalde Leopoldo López.