El martes por la tarde, la ex fiscal Anabel Matilde Orozco, de 73 años, fue encontrada sin vida dentro de su propiedad en el barrio privado Dalvian, en Mendoza. La mujer tenía un golpe en la cabeza y rápidamente comenzó una investigación para descubrir cómo se produjo el hecho. En 2017 había sido destituida de su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza por un escándalo que llevó a que reciba el apodo de la “fiscal viajera”.

Lo primero que hizo la Justicia fue activar el protocolo por un posible femicidio, dado que fue hallada con un golpe en la cabeza. Sin embargo, las pericias arrojaron que la víctima murió por causas naturales: se desvaneció y la caída le provocó una lesión mortal.

Según informó el medio local Los Andes, en el lugar del hecho no se encontraron signos de violencia, ni de participación de terceros. Esto llevó a que se desestime también la hipótesis de una muerte en ocasión de robo.

“El motivo del deceso responde a causas naturales. No se evidencian pruebas que indiquen la participación de terceros en el hecho”, indicaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. El fiscal Carlos Torres quedó a cargo de la causa y está a la espera de tener todos los resultados de las pericias para decidir cómo avanza la investigación.

La funcionaria estuvo en el ojo de la tormenta entre 2016 y 2017, cuando fue destituida de su cargo por “desorden de conducta”.

En noviembre de 2016, Orozco había pedido una licencia por enfermedad, presentado un certificado médico por una lumbalgia. Lejos de quedarse haciendo reposo en su hogar, la mujer se fue de vacaciones a Florianópolis, Brasil, con sus amigas, y participó de un torneo de bridge en Potreros de los Funes, San Luis, compartiendo imágenes de todas estas aventuras en su cuenta de Facebook.

Fue suspendida de sus funciones a principio de 2017 y el Tribunal de Enjuiciamiento le redujo su salario a la mitad mientras se resolvía su situación. En octubre de ese mismo año, con 17 votos a favor y 4 en contra, fue encontrada culpable de incumplir sus deberes como funcionaria y el juez tomó la decisión de apartarla definitivamente por fraude a la administración pública.

Orozco explicó los motivos de su viaje: “depresión y angustia”, que aparecieron luego de enviudar y sufrir cáncer de mamas. “Mis amigos me dieron alegría y las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales”, explicó ante los miembros del Jury.

Además, agregó: “Yo no estaba en funciones, y el reposo para mi tratamiento no es estar tirada en una cama. Tenía un certificado desde una semana antes del viaje, que duró solo cinco días hábiles, y para días después por mi tratamiento.

“Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro, debo decir que el propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador, que soy una ‘papelonera’, que contamino el Poder Judicial. Solo espero que fallen con valentía, en contra de condicionamientos o animosidades personales”, concluyó.

Orozco hizo su declaración acompañada por el abogado Juan Day, que apuntó contra las autoridades provinciales al acusarlas de “negarle la jubilación por querer darle una paliza pública”.

Así fue como perdió su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza, donde tenía 25 años de antigüedad. Tras la destitución, Orozco comentó: “Me encuentro sola; mujer; enferma; sin contactos políticos ni tratos o favores que ofrecer a cambio de justicia que merezco; en instituciones dominadas por los hombres que sacan el pecho ante los medios pidiendo mi cabeza”.

Magalí Banejam, la joven que representó a Argentina en el último certamen de Miss Universo 2024, fue destituida por la organización. La durísima e inédita sanción ocurrió casi dos meses después del tradicional certamen celebrado en México, en el cual la joven terminó dentro del top 12. La joven cordobesa de 30 años, hoy en Barcelona, realizó polémicas declaraciones que le costaron su lugar.

“Después de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por la señorita Magali Benejam basada en nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirar inmediatamente el título de Miss Universo Argentina de la señorita Benejam”, indicó la organización en un comunicado oficial.

Además, en el documento oficial se destacó que la Organización Miss Universo era reconocida por promover la inclusión, celebrar la diversidad y respetar las creencias y experiencias de todas las personas. De este modo, todos los representantes también debían reflejar aquellos principios.

La representante de Argentina había terminado en el Top 12 del tradicional certamen celebrado en México.

Aunque el certamen se realizó en noviembre de 2024 y dejó como ganadora a Victoria Kjaer, de Dinamarca, el conflicto surgió semanas después, cuando Benejam concedió una larguísima entrevista al creador de contenido argentino King Lucho. Allí habló abiertamente sobre su experiencia en el certamen y dio opiniones que incomodaron a muchas personas, incluidos los organizadores.

La Organización Miss Universo echó a Benejam por sus dichos en un streaming.

Durante la entrevista, Magali analizó a varias de sus compañeras, mencionando tanto experiencias positivas como conflictos. Entre los comentarios que desataron la polémica, se refirió a Jennifer Colón, Miss Puerto Rico, afirmando que dejó de hablarle sin razón aparente en los últimos días del concurso.

Por ahora, la joven no ha hablado sobre la revocación de su título como Miss Argentina.

Además, criticó el vestido de noche que utilizó la representante de Puerto Rico, señalándolo como “el peor del certamen”. “No creo que ella haya tenido decisión sobre eso porque su estilo personal era mucho mejor”, comentó Benejam.

Magalí Benejam, cordobesa de 30 años, fue destituida por la Organización Miss Universo.

La ahora ex Miss Argentina también cuestionó los resultados finales del certamen, insinuando que algunas participantes no merecían avanzar posiciones en la clasificación general. También hizo alusión a la posibilidad de que el certamen de belleza estuviera arreglado: “(Los jueces) se empezaron a mirar como diciendo esto no es lo que nosotros elegimos. Eso fue lo que se sintió desde afuera”.

Entre sus declaraciones, también realizó críticas hacia la actitud de Miss República Dominicana, a quien acusó de tener una “mala actitud” durante la competencia.

En diálogo con el creador de contenido King Lucho, Benejam compartió polémicas opiniones.

Magalí Benejam, de la provincia de Córdoba, era la representante de Argentina para Miss Universo 2024.

Benejam causó polémica al hablar sobre sus compañeras y criticar a algunas de ellas

Benejam tiene 30 años y es oriunda de Villa María en Córdoba, La ex representante de Argentina en Miss Universo es modelo y estudia coaching y astrología. En mayo de 2024 había ganado el certamen para representar al país en el tradicional concurso.

En esa oportunidad, la cordobesa se había llevado el premio mayor frente a otras 27 competidoras.

Jorge Macri echó al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires tras la fuga de 17 presos de la comisaría 9, ubicada en el barrio porteño de Liniers.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad local, Waldo Wolff presentó a las nuevas autoridades: el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor, Carla Mangiameli, se desempeñarán como jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, respectivamente.

“Estos cambios que estamos proponiendo no son solamente en la cúpula, si no también en la plana mayor y que vamos a definir en las próximas horas. Tenemos sobrepoblación, pero eso no quita que tengamos la obligación de preservar a los vecinos. Nos hacemos cargo y vamos a ser sumamente inflexibles”, advirtió Wolff.

Además, informó que están realizando una investigación penal y reiteró que van a “remover a la cúpula” porque “no se pueden fugar 17 personas a través de un boquete y enterarnos dos horas después”. No obstante, reconoció que la Ciudad tiene “problemas edilicios”.

Desde el Ejecutivo porteño, comunicaron que se puso en marcha “una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio” y que, para ello, se encuentran trabajando con el fiscal general, Juan Mahiques, con la intención de realizar una investigación “exhaustiva al interior de la fuerza para determinar responsabilidades”, informó la Agencia NA.

Paralelamente, la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) están llevando adelante “requisas y controles” de manera “intensiva y profunda”. Los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a través de la Policía Federal, están trabajando mancomunadamente en la búsqueda de los evadidos.

1. Romero, Axel (Recapturado)

2. Petrarca, Matías Daniel

3. Alet, Jorge Nahuel

4. Villaba, Kevin Gastón

5. Adaro, Davis Roger. 

6. Zavala Ramírez, Cristian Ignacio

7. Alina, Jorge Gabriel

8. Cordero, Maximiliano Sergio

9. Pavez Uribe, Nicolás Alejandro

10. Meléndez Molina, Rodrigo Nicolás

11. Espinoza Vílchez, Jonathan Cristofer 

12. Maidana, Brian Leonardo

13. Serra Yoborny, Alfredo Daniel

14. Riquelmes, Alan Gastón

15. Valdebenito, Brian Jonatan

16. Franco, Agustín Esteban

17. Leiva Galván, Luis Alejandro

La Legislatura de Misiones formalizó la expulsión de Germán Kiczka como diputado por la causa en la que está detenido y se lo investiga, junto con su hermano, por el delito de "tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil".

Este jueves, en una sesión ordinaria, los legisladores confirmaron que Kiczka deja su banca como diputado tras una extensa discusión, que generó polémica por la tardanza, aunque todavía resta un paso más para su definición.

Fue por medio de un proyecto de resolución impulsado por el diputado Carlos Rovira y otros legisladores que se llevó a cabo dicha sesión en la que se proponía “la expulsión de la Cámara de Representantes del diputado Germán Kiczka en virtud de los hechos aberrantes que involucran su accionar delictivo”.

Desde el recinto, Anazul Centeno sostuvo: “La responsabilidad que nos cabe como Poder Legislativo, siendo nosotros soporte de la Justicia, respetando los tiempos procesales y de investigación y, sobre todo, respetando la independencia de los Poderes, para que no haya ni un ápice de dudas ni especulaciones al respecto de este caso que es gravísimo”.

“Hemos accionado como las normas lo determinan procediendo al desafuero, inmediatamente después de recibir el pedido judicial, y creando una comisión investigadora en ese mismo acto; y mientras eso sucedía y nadie más decía nada, Kiczka ya estaba prófugo, en rebeldía y desoyendo a la Justicia”, explicó la diputada.

A su vez, Centeno anunció que la formalización ya fue ingresada a la comisión investigadora, “cuyos miembros ya han sido debidamente notificados para que dicha comisión se expida de manera inmediata”.

Por último, la diputada expresó con enojo: “En nuestra Legislatura, en nuestra provincia, no hay lugar para estos delincuentes, el lugar es la cárcel”.

La Legislatura de Misiones sesionará este jueves para tratar la destitución del diputado Germán Kiczka, quien se encuentra detenido acusado de pedofilia junto con su hermano Sebastián.

La Cámara de Representantes debatirá este jueves a las 18 sobre tablas un pedido del Frente Renovador de la Concordia que solicitó la "inmediata expulsión" del legislador de 44 años.

La petición será elevada a la Comisión Investigadora presidida por Anazul Centeno que se reunirá el viernes 6 para tratar el asunto.

En este sentido, el pedido del bloque oficialista mencionado anteriormente cuenta con 25 de los 39 votos totales si concurren a la sesión todos los diputados.

Se necesitan dos tercios de los legisladores para aprobar la destitución, algo que puede llegar a ocurrir tras el antecedente del desafuero que se votó por 37 a 0 y los ex compañeros de banca de Kiczka, integrante del partido Activar, no tienen ninguna intención de diferenciarse en la condena.

El debate de la posible expulsión sería el jueves 12, al tiempo que el artículo 90 de la Constitución de Misiones otorga a la Cámara la facultad de sancionar a sus miembros por mala conducta con medidas que pueden incluir la expulsión, siempre que la medida cuente con el respaldo de dos tercios de los votos.

En esa línea, el documento argumenta que la permanencia de Kiczka en el cuerpo legislativo es insostenible y que su expulsión es una medida necesaria para preservar la integridad institucional y la confianza pública en las instituciones.

Este martes, a través del Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza formalizó la reincorporación de la oficial subayudante Shirley Chanta, conocida como la "policía hot". Cabe destacar que Chanta había sido despedida de la fuerza policial cuando se encontraba en su octavo mes de embarazo. Mediante el decreto 3268, el Ministerio de Seguridad acató la decisión de la Suprema Corte de Justicia, restituyendo a la agente en su puesto.

El origen de este caso se remonta al año 2022, cuando Chanta fue despedida tras ser denunciada por agredir a otra mujer en Tunuyán. A pesar de que la oficial negó su participación en el incidente y la causa judicial fue archivada, el proceso administrativo continuó, y la Inspección General de Seguridad recomendó su destitución del cargo.

Chanta, quien estaba de licencia por maternidad cuando se propuso su destitución, llevó el caso ante la Justicia argumentando que la administración actuó en contravención al debido proceso y sin tener en cuenta su condición de maternidad.

“La administración atenta severamente contra el debido proceso adjetivo, no otorgando la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y sin tener presente que se encontraba de licencia por maternidad al momento de lo sugerido, afectando derechos que le asisten ante esa eventualidad”, se defendió Chanta, ya que llevó su caso a la Justicia.

La Suprema Corte emitió un fallo a favor de Chanta, destacando que la decisión de despedirla "carecía de perspectiva de género". El fallo subraya la falta de consideración hacia la protección constitucional de la maternidad, diseñada para resguardar tanto a la mujer embarazada como al nonato.

En consecuencia, la Corte ordenó la suspensión del decreto de destitución y la reincorporación de Chanta en su posición original. El decreto 3268, publicado posteriormente, materializó esta orden judicial, poniendo fin a una prolongada disputa legal.

El episodio que llevó al despido de Chanta tuvo lugar el 29 de noviembre de 2022. Según el expediente, la oficial participó en una pelea junto a otras mujeres, resultando en lesiones a una joven. La confrontación ocurrió en el puente sobre la ruta 40, entre Tunuyán y San Carlos.

La Inspección General de Seguridad argumentó que, al estar en su primer año de servicio, Chanta estaba en un período de prueba, y el incidente violó esta condición. La investigación se centró en la participación de la policía en la agresión a la joven, lo que llevó a su separación de la fuerza.

Es importante señalar que, además del caso judicial, la presencia activa de Chanta en redes sociales, incluyendo la publicación de videos vistiendo su uniforme policial, generó atención y controversia. Sin embargo, estos elementos no fueron determinantes en la decisión de la Corte.

Continuará mañana martes el jury de enjuiciamiento contra la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán, por el presunto mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021.

Por el homicidio, fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Durante esta jornada, se realizará un careo entre Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio, y su abogada Adriana Mascaró. El punto es que Dupuy señaló en audiencia que entregó en su momento documentación, “un montón de pruebas, fotos donde ellas (la madre del niño y su pareja) hacían cosas delante de Lucio, plantas de marihuana en macetas, chats agresivos con Christian, todo eso no sirvió de nada” y que “esas pruebas Mascaró se las llevó a Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

Lo curioso es que ello fue desmentido por la propia abogada. En el expediente, tampoco consta ese material. Ya la defensora de Catán, Carolina Díaz, había pedido que se le dé vista del testimonio del abuelo a la fiscalía de turno por considerar que pudo existir un falso testimonio.

Finalmente, se harán los alegatos de las partes, después de haberse agotado la ronda de más de 30 testigos que pasaron por el recinto de la Legislatura provincial.  

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut destituyó a la jueza en lo penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suarez, después de que fuera filmada besando a un peligroso delincuente, Cristian Bustos, a quien asesinó a su hijo de 9 meses y mató un policía que intentó capturarlo mientras estaba prófugo. La jueza lo juzgó por el último crimen.

La destitución se basó en mal desempeño, considerando que el acto comprometió la imparcialidad de la jueza y cuestionó su conducta ética. El beso ocurrió en la cárcel de Trelew y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La votación para la destitución fue llevada a cabo por el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta, quienes votaron a favor. En contra estuvieron la legisladora Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

La jueza Suarez había juzgado a Bustos por el asesinato del policía Leandro Roberts en 2009, cuando intentaba arrestarlo por el crimen de su propio hijo.

El descargo de la jueza

En una entrevista televisisva, la jueza dio su versión sobre lo que pasó: “No he tenido relación sentimental ni relación con él. Mi vínculo nada más ha sido en el ámbito laboral”.

Luego comentó que está trabajando en un libro de investigación sobre el “hecho criminal y la vida que rodea a esta persona”.

Sobre el beso dijo: “Nosotros no teníamos la privacidad suficiente como para poder conversar sobre el libro y algunas circunstancias que me tenía que comentar con la autorización de su defensora. Fue esa la idea: que me empiece a contar cosas relacionadas con los hechos en los que se vio involucrado”.

Suarez siguió su relato: “Como pueden ver en las imágenes, yo tenía que estar si o si enchufada la computadora en el lugar, había una ventana, pasaba personal policial. No sabíamos si las cámaras grababan voz, teníamos que tener ese acercamiento para poder hablar”. Luego la periodista le preguntó si hubo beso y la mujer contestó: “No hay un beso de pareja, saludos con abrazos y besos, él me dio”.  

En un sorprendente movimiento, el papa Francisco ha destituido al obispo Joseph E. Strickland de Tyler, Texas, conocido por ser uno de los críticos más fervientes entre los conservadores católicos estadounidenses. La medida, inusual en la Iglesia Católica, se produce sin la tradicional solicitud de renuncia y resalta tensiones en torno a divergencias doctrinales y una reciente investigación sobre la administración diocesana.

El papa Francisco ha tomado una medida extraordinaria al destituir al obispo Joseph E. Strickland de Tyler, Texas, uno de los críticos más contundentes entre los conservadores católicos en Estados Unidos, según un comunicado emitido por el Vaticano el sábado.

Esta decisión es particularmente inusual en la Iglesia Católica, ya que normalmente a los obispos con desacuerdos significativos se les pide que presenten su renuncia antes de ser relevados de sus funciones, renuncia que el Papa generalmente acepta.

El obispo Strickland, de 65 años, 10 antes de la edad habitual de jubilación episcopal, ha sido una figura destacada en la diócesis de Tyler desde que asumió el cargo en 2012. Su destitución se produce después de expresar públicamente su rechazo al "programa que socava el Depósito de la Fe" del Papa, a través de mensajes en sus redes sociales.

La decisión de destituir a Strickland se enmarca en una investigación del Vaticano este año sobre la administración de la diócesis de Tyler, que incluyó una revisión de sus asuntos financieros, según informes de medios católicos. La destitución fue anunciada simultáneamente por el Vaticano y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, sin proporcionar una razón específica.

En respuesta a la destitución, el papa Francisco ha nombrado al obispo Joe Vasquez de Austin, Texas, como administrador interino de la diócesis de Tyler. La reacción de Strickland aún no se ha hecho pública.

Esta medida del Papa subraya las tensiones dentro de la Iglesia Católica en relación con diferencias doctrinales y plantea preguntas sobre el manejo interno de la administración diocesana. La destitución de Strickland es un acontecimiento inusual que captará la atención de la comunidad católica en todo el mundo.

Laura Verónica Buyatti se desempeñaba en el juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela. El año pasado, le mandó audios agresivos al obrero que le pidió que le pague $300.000 pesos por un trabajo que realizó.

“Te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”. Así amenazó por audios la jueza chaqueña Laura Verónica Buyatti (51) a un albañil que le reclamaba una deuda por los trabajos que le había hecho a su exmarido. El caso provocó un gran revuelo y la Fiscalía abrió una investigación por amenazas agravadas y abuso de poder, y es por este motivo que fue destituida de su cargo como jueza de Niñez, Adolescencia y Familia.

El escándalo se desató el 21 de diciembre de 2022, según detalla la sentencia del jurado. Ese día, Buyatti llamó a Marcelo Acosta. La ex jueza estaba enojada debido a que el trabajador había amenazado con encadenarse en su casa por una deuda de unos $300.000, que Buyatti negaba. Y el hombre grabó toda la comunicación telefónica.

Luego de una investigación, Daniel Zalazar, Iride Isabe Grillo, Gloria Zalazar, Ana Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Reguera y Carim Peche decidieron que la jueza sea removida de su cargo.

“Te mando en cana toda la feria”, “te encajo un tiro en la cabeza” y “yo manejo el poder”, fueron algunas de las frases que la jueza chaqueña le dijo al albañil.

La jueza Laura Verónica Buyatti fue destituida de su cargo.

En el audio se escuchó decir a la jueza haciendo uso de su poder: “Vos me seguís mandando estos audios, son cuatro negros de mie***. Vos me seguís mandando estos audios, yo los agarro como prueba. Tengo todo confirmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana”, comenzó la conversación.

“Usted me amenazó”, le contestó Acosta. “Son cinco negros de m... que arruinan el país”, le retrucó la Buyatti. “Yo quiero que su esposo me pague”, respondió el albañil.

En ese momento, Buyatti le volvió a decir que su trabajo ya está pago y le insistió que si la seguía molestando lo iba a meter preso: “Enseguida te va a caer la cana, papi. Vos me seguís molestando, te juro que te hago pasar toda la feria en cana”.

Marcelo Acosta es el albañil que fue amenazado por la jueza chaqueña. 

El hombre siguió insistiendo y le aseguró que se encadenaría en su casa hasta que le pagara. Tras calificar este acto como “violación de domicilio”, la magistrada lo amenazó directamente con matarlo: “Vos te venís a encadenar a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Total, yo lo conozco al sistema, papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder”.

A pesar de que Acosta le pidió “que no la amenazara”, la jueza volvió a la carga: “Yo soy una jueza, así que conmigo atenete. Vos me nombraste, conmigo atenete a las consecuencias. No me mandes más, porque yo te mando hasta después de Año Nuevo, no, hasta después de la feria, que yo quedo de feria... ¿me escuchaste?”.

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.

El Congreso peruano destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Pedro Castillo disolvió el Congreso y decretó toque de queda en Perú

La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

Boluarte, una abogada de 60 años, se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Bilingüe en español y quechua, fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el 28 de julio de 2021.

Poco antes Boluarte había rechazado en su cuenta de Twitter la decisión del mandatario porque “agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

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En un mensaje por la televisión pública Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluidos el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.

El presidente del Congreso, José Williams, canta el himno nacional junto a otros legisladores dentro del Congreso después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolviera el hemiciclo el día en que tenían previsto votar por la destitución del presidente en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre. Castillo también llamó a nuevas elecciones legislativas, antes de que los legisladores pudieran debatir el tercer intento de removerlo del cargo. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, publicó Landa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrentaba a un quiebre constitucional “que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”. El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición de la justicia por incumplimiento de la constitución “al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo”.

“El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos”, indicó la Defensoría.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda a partir de las 22 hora local (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT). A su vez exigió la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

“Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, publicó en Twitter Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú.

Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.

Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.

En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.

Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.

El encuentro fue convocado por las autoridades de la Cámara para producir un pronunciamiento conjunto sobre el intento de homicidio. Pullaro llamó a “bajar un cambio, escucharnos y reflexionar”. Es por sus manifestaciones sobre el atentado contra Cristina, según confirmó Leandro Busatto. 

El bloque justicialista de la Cámara de Diputados pidió hoy, en la reunión de las autoridades de la Cámara con todos los bloques parlamentarios, la separación del cuerpo de la diputada de Somos Vida, Amalia Granata, por sus manifestaciones en redes sociales a propósito del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Así lo anticipó el diputado del Frente de Todos Leandro Busatto, con el acompañamiento de todos los integrantes de su bancada, y confirmó que la intención es que en el curso de la próxima semana se lleve a cabo una sesión especial para analizar la conducta de la legisladora.

Polémicos tuits de Amalia Granata sobre el ataque a Cristina Kirchner

Esto fue en el marco de una reunión de jefes de bloque a la que convocó el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, con el objetivo de tratar las implicancias del intento de homicidio contra la vicepresidenta, y a cuyo término se produciría un comunicado conjunto.

Previo a ello, y con el trasfondo de una manifestación que se concentró en la explanada de la Legislatura, el diputado provincial y ex ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro fue categórico en el sentido de que “tenemos que reflexionar juntos sobre lo que hicimos mal para pensar de qué manera mañana somos mejores. Tenemos que bajar un cambio, escucharnos y reflexionar. Así no va más la cosa”.

El legislador dijo estar “angustiado” por el ataque sufrido este jueves por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al ser consultado sobre las expresiones de su par Amalia Granata que calificó de “pantomima” el atentado y sobre la posibilidad de que sea separada de la Cámara baja, consideró que “es un error y se lo manifesté a la diputada Granata con mucha humildad”, pero “también entiendo que es un error hablar en este momento de una cuestión de privilegio para sacarla de la Cámara”.

Cinthia Fernández manifestó su apoyo a los polémicos tuits de Amalia Granata

– ¿No es el momento o es una postura exagerada?, insistió El Litoral.

– No quiero parecer como que entro en una pelea en un día en el que siento una profunda angustia por lo que sucedió. Siento que se intentó atentar o al menos amedrentar a la vicepresidenta de los argentinos con un arma. Es un nivel de escalada de violencia que llegó a tal punto que nos tiene que encontrar a los dirigentes políticos en otro lugar. Reflexionando juntos sobre lo que hicimos mal para pensar de qué manera mañana somos mejores.

La mayoría de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Ecuador resolvió en las últimas horas remover a su presidenta Guadalupe Llori, primera mujer indígena en llegar al cargo, por “incumplimiento de funciones” al no haber habilitado en sesiones anteriores a mociones en las que debían tratarse los pedidos de destitución en su contra.

Con 81 votos de la oposición, el pleno del Legislativo resolvió remover a Llori, cercana al presidente Guillermo Lasso, de la titularidad del Congreso, integrado por 137 asambleístas.

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Pese a la destitución, Llori, del fraccionado partido indígena Pachakutik, continuará desempeñándose como asambleísta, mientras que la presidencia del Parlamento quedó a cargo del diputado independiente y hasta ahora segundo vicepresidente de la Cámara, Virgilio Saquicela.

“En democracia se toman decisiones con votos y el día de hoy han existido votos suficientes” para la destitución, dijo a la prensa Saquicela, al adelantar que buscará dialogar con el Ejecutivo para “coincidir en una agenda legislativa”.

Tras su posesión pidió respetar “la división de poderes, porque ese contrapeso es necesario”, de acuerdo a declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

Llori, una indígena amazónica, no se presentó a la sesión en la que fue removida del cargo para ejercer su derecho a la defensa y tampoco estuvieron presentes los asambleístas del oficialismo y sus aliados.

La expresidenta del Congreso, que hasta el momento no se pronunció sobre la destitución, recibió los votos en contra de los diputados de Unión por la Esperanza (del expresidente Rafael Correa), el conservador Partido Social Cristiano (exaliado de Lasso) y de fracciones de la Izquierda Democrática y Pachakutik.

Llori, que es representante de la provincia amazónica de Orellana, fue designada como presidenta de la Asamblea el 15 de mayo del año pasado y desde entonces respaldó la gestión de Lasso, lo que le generó problemas en su propio grupo parlamentario de Pachakutik, ahora dividido en dos facciones antagónicas.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo -donde las fuerzas de oposición están dispersas pero tienen la mayoría- no es sencilla.

La Asamblea Nacional rechazó casi todas las propuestas de ley de Lasso, quien denunció un “boicot” en contra de su plan de gobierno.

La situación empeoró cuando en marzo el Congreso amnistió a 268 personas, entre ellas indígenas y manifestantes que participaron en las violentas protestas de octubre de 2019, que dejaron 11 muertos.

Destituyen a Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción que investigó a Uribarri

“Salvo honrosas excepciones, a la Asamblea Nacional no le importa el Ecuador. Lo único que les interesa son negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos”, apuntó en ese momento Lasso.

Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos presentaron ya sus votos y el jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche definió que será destituida.

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La votación, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, fue por cinco votos contra dos. Ahora, el jurado trabaja en la redacción final del fallo, que sería dada a conocer hoy o mañana.

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Goyeneche es la procuradora adjunta (número dos de la Procuración de Entre Ríos) y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Fue una de las fiscales que consiguió la condena del exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión.

El cargo principal en su contra fue no haberse excusado en una causa pese a que tenía relación con uno de los investigados, con quien compartió la propiedad de dos inmuebles.

El reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé ningún recurso contra la decisión de remover al funcionario acusado, pero en casos similares, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se admitió que quien fue echado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia. Una vez que sea notificada de la remoción, Goyeneche tendrá ocho días hábiles para presentar su recurso.

Después, si el Superior Tribunal rechaza su planteo, podrá interponer un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional.

Goyeneche sabía que iba a perder en el Jurado. “Me van a echar”, dijo a LA NACION hace tres semanas. Tiene de todos modos la esperanza de recuperar su cargo y jura que no analiza como alternativa iniciar una carrera política. “Ya vi demasiado”, sostiene. “Tarde o temprano voy a tener una sentencia favorable”, afirma. Piensa en la Corte Suprema o en tribunales internacionales.

La acusación principal contra la fiscal fue por no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal.

El nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de este acusado y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de Goyeneche (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado). En cuanto al otro inmueble compartido, la fiscal le cedió su parte a una sobrina, con la causa ya avanzada, con el propósito -afirmó- de no tener nada más que ver con Opromolla. Quienes la defienden sostienen que ella no quería dejar la investigación de lo que define como “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” porque era consiente de la trascendencia del caso, cuyo objeto es una presunta estafa de más de 50 millones de dólares en la Legislatura.

Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostuvo en su alegato de defensa que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido y que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, sostiene, no pasó en este caso.

Fue por mal desempeño, tomando en cuenta nueve resoluciones en las que no tuvo en cuenta la perspectiva de género.

El juez Rodolfo Mingarini fue destituido de su cargo por unanimidad de los integrantes del jury de enjuiciamiento, que avaló las acusaciones por mal desempeño del magistrado, sobre todo en casos de violencia de género.

Ofició de vocero del tribunal el diputado Maximiliano Pullaro, uno de los integrantes del cuerpo, que formuló declaraciones a la prensa al término de la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas, mientras fuera de Tribunales se manifestaban organizaciones de mujeres.

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El legislador indicó que se unificó el pronunciamiento, al que algunos miembros del tribunal adhirieron en su totalidad, y otros lo hicieron con sus propias consideraciones. Pero que se trató de una decisión unánime, que tuvo en cuenta “la falta de perspectiva de género en diferentes fallos, pero además la existencia de un patrón. Por eso se entendió que no podía permanecer como juez de la provincia de Santa Fe”.

La denuncia fue formulada por el procurador Jorge Barraguirre y toma en cuenta nueve resoluciones en las que intervino Mingarini. En términos generales, Barraguirre denunció al juez por falta de idoneidad técnica al momento de resolver en los conflictos judiciales por lo que incumplió el artículo 88 de la Constitución Provincial que argumenta que los “magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”. Además, considera que cometió una falta grave al Código de Ética que tienen los jueces y magistrados del Poder Judicial y que fue adaptado por la Corte Suprema de Santa Fe en el acuerdo N°10 del 20 de marzo del 2002. El mismo contempla los derechos de las mujeres.

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El tribunal estuvo integrado, además de Pullaro (en representación de la Cámara de Diputados), por el senador Armando Traferri (por Senadores), Julio Pagano y Héctor Ferrero, de los Colegios de Abogados de Reconquista y Rafaela; y los seis ministros de la Corte, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi.

En trámite exprés, la Legislatura entrerriana aprobará entre hoy y mañana la intervención al municipio para desplazar a Fabián Constantino, quien cumple prisión domiciliaria El Poder Ejecutivo provincial que encabeza Gustavo Bordet envió a la Legislatura un pedido de intervención al Municipio de Gilbert, localidad de un millar de habitantes ubicada a unos 75 km al norte de la ciudad de Gualeguaychú en el sur entrerriano.

La medida desplazará del cargo de intendente a Fabián Constatino, acusado por tres mujeres de abuso sexual. Una de ellas, María Luján Aguirre, había cuestionado que el acusado siga en un lugar de poder en el pueblo pese al tenor de las acusaciones.

“Él está en un lugar donde, lamentablemente, puede conseguir cualquier cosa. En Gilbert la mayoría de la gente tiene una relación laboral o algo que ver con el Municipio. Para nosotras es doblemente difícil. Tengo mucho miedo. No merezco lo que estoy viviendo”, dijo.

La intervención tendrá un tratamiento exprés: a las 10 de la mañana de hoy sesionará el Senado, por donde ingresará el proyecto de intervención del Ejecutivo. Será tratado sobre tablas y girado a Diputados, que sesionará durante el sábado.

La determinación de Bordet se sumó a la de remover al comisario de Gilbert, Humberto Javier Salomón, por sus vínculos estrechos con las autoridades municipales. En su lugar fue colocado Luis Edgardo Ramírez.

Fuentes oficiales indicaron que la decisión del Gobernador de apelar a este recurso que le habilita la Constitución se debió a la situación institucional del Municipio. “Esto no podía continuar así”, expresaron a este medio desee el entorno de Bordet.

La intervención se extenderá al menos por 180 días, hasta que se aclare la situación procesal del mandatario local. Aún no está definido quién se hará cargo del municipio durante este período especial.

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La marcha de la causa

Constantino, que llegó al gobierno local en 2019 como candidato del peronismo, está actualmente en prisión domiciliaria, medida acordada por su defensa y la fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, luego de que violara la orden judicial de no acercarse a las víctimas ni a los testigos del caso. En agosto del año pasado había ocurrido un episodio similar que le valió pasar 24 horas tras las rejas.

Mientras, se espera que la Fiscal Cedrés termine de redondear la acusación en contra del intendente y que el próximo viernes 20 pida al Juez de Garantías, Ignacio Telenta, la elevación de la causa a juicio. La representante del Ministerio Fiscal indicó a Infobae que la remoción de Constantino no impactará en la marcha del caso. El intendente enfrentará cargos que le podrían valer una pena de hasta 10 años de prisión.

Sobre el jefe comunal aún en funciones pesan tres cargos de abuso sexual con acceso carnal. El primero de ellos ocurrió en 2018, cuando aún no había sido electo, mientras que los restantes se concretaron en 2021. Hay seis testimonios más que detallaron conductas aberrantes, pero que no están tipificadas en el Código Penal y, por lo tanto, no pueden ser consideradas como delitos.

El Concejo Deliberante local había votado hace unas semanas un pedido para que el intendente pida licencia en el cargo, pero Constantino continuó en funciones.

Días atrás, la “Red Entrerriana de Concejalas del Frente de Todos” exigió a las autoridades partidarias del PJ que el intendente acusado sea apartado del cargo y desafiliado.

“Este pedido se sustenta en su proceder frente a la sociedad, respetando el principio de inocencia que le asiste pero con la convicción de que nuestro espacio no puede seguir amparando actitudes de abuso de poder”, consigna el documento.

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, evitó este lunes ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político que mantuvo al país en vilo.

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

“No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”, declaró la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, tras la votación efectuada después de las 23h hora local (las 1 de la madrugada en la Argentina).

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El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al gobernante, un maestro rural de 52 años, refirió la agencia de noticias AFP.

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes en ocho meses, algo inédito en Perú.

Castillo acudió al Congreso ayer por la tarde a presentar sus descargos -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, José Félix Palomino.

El mandatario se presentó luciendo la banda presidencial y acompañado por media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares, según la televisora local RPP.

Otra novedad la constituyó la presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería, según un documento al que tuvo acceso Télam.

La sesión se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento.

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Esta fue la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.

De haber sido cesado, Castillo habría tenido el mismo destino que el de dos de sus predecesores: el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde que asumió hace 8 meses. Se necesitan 87 de los 130 votos para que se logre la solicitada.

A ocho meses de haber asumido, Pedro Castillo afronta un segundo juicio político en Perú para tratar su destitución. La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde su llegada a la presidencia y, para que se logre la solicitada, se necesitan 87 de los 130 votos del congreso.

En el juicio, Castillo estará presente junto a su abogado en la etapa inicial para defenderse de los cargos a los que se lo acusa. Primero, el Presidente comenzará con un discurso y tendrá una hora para responder las acusaciones en su contra. En la etapa siguiente, solo estará su abogado para defenderlo de los pormenores que surjan en el debate.

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Pese a que en el último tiempo muchos de los congresistas se manifestaron a favor de la destitución, los votos no alcanzarían, ya que hasta el momento habría 76 diputados que darían su apoyo, pero no todos dieron una respuesta firme de cual es el destino que elegirán.

Pedro Castillo llegó al poder hace 8 meses, luego de haberle ganado la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori. Si el juicio alcanza los votos necesarios, el presidente será destituido y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

Si Boluarte renuncia, el cargo lo ocuparía el segundo vicepresidente, Maricarmen Alva, quién deberá solicitar de manera inmediata nuevas elecciones. “Si Pedro Castillo cae, caemos todos”, expresó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

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Hace una semana, Castillo sostuvo en relación a su disputa que está desde que asumió y fue acusado de fraude: “Estoy seguro de que el Congreso no va a caer”.

El causal sería la “incapacidad moral”, pero el constitucionalista Omar Cairo indicó que los fundamentos son insostenibles, ya que no apuntan a un problema mental del mandatario, que es lo que determina la incapacidad al cual es apuntado.

Un video captado por una cámara de seguridad del penal de la ciudad chubutense de Trelew desató el escándalo.

En las imágenes, parece que la jueza de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez se besa con el preso Cristian Omar “Mai” Bustos. La magistrada dijo que no lo hizo y que, en cambio, se hablaban al oído por la delicadeza del tema tratado para “un trabajo académico” que ella elaboraba sobre la vida del interno.

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Pero pocos le creyeron. En esa línea, primero el Superior Tribunal de Justica de Chubut comenzó actuaciones administrativas contra la magistrada, alegando “conductas inadecuadas” de Suárez.

Ahora, se suma al cuestionamiento el senador nacional de Juntos por el Cambiro Ignacio Torres y Paula Cardozo, integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia del sur del país.

Ambos anticiparon que en las próximas horas pedirán formalmente un juicio político y la destitución de Suárez ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

Torres, por su parte, argumentó que “el de Suárez es un perfil de jueza que carece de objetividad y deja de manifiesto el mal accionar utilizando su propio cargo para cuestiones personales”.

“Por más que diga que no besó al preso, las imágenes son claras en su acercamiento”, expresó el legislador en declaraciones reproducidas por LaBrújula24.com. Para el senador nacional por Chubut, los dichos de Suárez tras la viralización del episodio “la dejan expuesta negando lo que vio todo el país”.

El legislador añadió: “Una jueza no puede entrar a una penitenciaria y estar a los besos y a los abrazos con un preso”.

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“(La magistrada) justificó el asesinato de un policía diciendo que va a escribir un libro contando su historia”, finalizó el senador.

En la filmación, captada el 29 de diciembre pero difundida esta semana, se ve a Suárez, quien ocupa el cargo desde 2009, en la visita que realizó al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew para ver a Bustos con un distanciamiento casi inexistente.

El preso fue condenado en diciembre último a prisión perpetua por el crimen del policía Leonardo Roberts. La magistrada participó en el proceso, pero votó por una pena menor.

La oposición fracasó este martes en su intento de imponer una acusación constitucional destinada a destituir al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al no lograr en el Senado, como se preveía, los votos necesarios.

El oficialismo abroquelado salvó a Piñera, acusado por la revelación de presuntos negocios en paraísos fiscales, y aún antes de la votación, por los adelantos de los senadores, estaba claro que el juicio político no tenía los respaldos necesarios.

Chile: el Senado inició la acusación constitucional contra Piñera

Pasadas las 21.30 (misma hora en la Argentina), cuando el debate no había terminado, los votos anticipados por cada legislador hacían aritméticamente imposible que la acusación alcanzara los 29 sufragios necesarios.

La parte clave de la sesión avanzaba lenta y llegó después de que, por la mañana, expusiera una comisión compuesta por tres diputados que entregó sus argumentos a favor de la moción de destitución, y de que la defensa de Piñera mostrara luego sus razones a favor de descartar la acusación.

Una votación favorable a la destitución hubiera dado paso a la integración de un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso eligiera por mayoría absoluta a un nuevo presidente.

Pero por los números previos, ratificados en la sucesión de pronunciamientos, la suerte de la acusación parecía echada: la oposición no lograría los 29 votos que necesitaba, ya que únicamente tenía 24 senadores.

Chile: diputados aprobaron el juicio político de destitución de Sebastián Piñera

Según la investigación denominada “Pandora Papers”, a Piñera se lo acusa de vender la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial, entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Al mandatario lo respaldó una decena de ministros, subsecretarios y delegados, que volcaron en las redes sociales el apoyo con el menaje coincidente de “Cuidemos la democracia”.

Los senadores votaban por separado respecto de los dos capítulos que se sostienen en la acusación: haber infringido la Constitución y las leyes, por un lado, y haber comprometido gravemente el honor de la Nación.

Hasta este martes por la noche ya habían adelantado su voto en contra todos los senadores de la alianza de Gobierno excepto uno, Manuel Ossandón, que se abstendrá, por lo que ya estaba claro que la oposición no conseguiría los cinco votos oficialistas que necesitaba.

Se habían pronunciado en contra de las dos acusaciones Iván Moreira, Carmen Gloria Aravena, Felipe Kast, José García Ruminot, David Sandoval, Juan Castro, Kenneth Pugh, Ena von Baer, José MIguel Durana, Jacqueline van Rysselberghe, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea, Marcela Sabat, Luz Ebensperger, Francisco Chahuán y José García Huidobro.

Votarían a favor de los dos capítulos, en cambio, los opositores Alejandro Guillier, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Yasna Provoste, Jorge Soria, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Guido Girardi, José Miguel Insulza, Carolina Goic, Ximena Órdenes, Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti, Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Lagos Weber.

Pese a que cada senador tenía 15 minutos para explicar su postura, la mayoría usó menos tiempo, según reportó el diario El Mercurio.

Con este paso, Piñera se quedará en la Casa de la Moneda hasta el fin de su mandato, el 11 de marzo del año próximo.