En Colombia, un paciente podrá ahora suministrarse un fármaco letal con la supervisión de un médico, lo que lo convirtió en el primer país en América Latina donde los doctores podrán ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, según determinó el máximo tribunal constitucional.

”El médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, actúa dentro del marco constitucional”, señaló la Corte Constitucional en un fallo difundido este jueves. Por una votación de seis a tres, los magistrados derogaron un artículo del código penal que castigaba con 12 a 36 meses de prisión a quien asistiera un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma.

De acuerdo con la Fundación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la diferencia entre la eutanasia -legal en Colombia desde 1997- y el suicidio asistido “es, básicamente, quién administra el fármaco”.

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”En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte y en el caso del suicidio asistido es el o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado”, explica la ONG internacional.

A pesar de ser el único país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en despenalizar la eutanasia, la ley colombiana sancionaba a quien ayudara a cometer un suicidio. Sin embargo, la inducción al suicidio, o persuasión de un paciente para llevarlo a cabo, seguirá siendo delito.

Un 69,2% de los colombianos está de acuerdo con la eutanasia, incluso en pacientes no terminales, según una encuesta de la firma Invamer.

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Con el fallo, “la ayuda al suicidio, cuando es llevado a cabo por un médico y se cumplen unos requisitos estrictos, deja de ser un delito”, resumió en la emisora W Radio el abogado Lucas Correa, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), que impugnó la ley.

Según el tribunal, esta práctica será permitida solo para personas que estén bajo “intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”. Se trata de las mismas condiciones vigentes para acceder a la eutanasia, que en principio estaba reservada para pacientes terminales, pero fue flexibilizada el año pasado por el mismo tribunal.

Quienes incumplan estos requisitos seguirán siendo procesados y eventualmente condenados a penas de hasta nueve años de prisión.

La justicia colombiana despenalizó la muerte médicamente asistida Aunque Colombia da un nuevo paso en el reconocimiento de derechos relacionados con la muerte digna, en la práctica existen vacíos legales que minan el acceso a los procedimientos.

”Si una persona quiere en este momento acceder al suicidio asistido, como no existen protocolos, muy seguramente las instituciones de salud (…) van a negarlo y los pacientes tendrán que acudir a un recurso de protección para exigirlo”, dijo a la AFP Diana Bernal, directora de la Maestría en Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario.

Según la experta, el ministerio de Salud deberá definir dentro del marco regulatorio los fármacos que podrán ser empleados en estos casos.

España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo también permiten la eutanasia, mientras que Suiza, Austria, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y algunos estados de Estados Unidos y de Australia reglamentan el suicidio asistido bajo diferentes condiciones, según datos de la Fundación DMD.

La Corte Constitucional de Colombia amplió este lunes la práctica del aborto libre y legal hasta la semana 24 de gestación luego de cerca de 500 días de controversias y discusiones, y ratificó que la interrupción del embarazo seguirá siendo admitida en cualquier momento en las tres causales existentes: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre.

La votación fue dividida, por cinco a cuatro, tras estudiar el tribunal una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, compuesto para varias organizaciones de mujeres y que pedía eliminar el delito por completo del Código Penal, según el diario colombiano El Tiempo.

La decisión implica que a partir de ahora regirá un modelo mixto para realizar la interrupción del embarazo: será libre y legal hasta los seis meses de gestación por cualquier motivo y tras ese período seguirán vigentes las tres causas que regían desde 2006 y que permiten hacer un aborto legal cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental de la mujer, fue fruto de abuso sexual o hay malformación del feto incompatible con la vida.

En paralelo, el tribunal exhortó al Congreso y al gobierno nacional para que, “sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso”, según el diario El Espectador.

La política debe contener la divulgación de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, detalló la Corte en un comunicado.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, saludó el fallo a través de Twitter: “Este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. ¡Gracias mujeres! ¡Gracias, Corte Constitucional!”, celebró.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, dijo que se trata de “un triunfo histórico de las mujeres y de la acción colectiva”.

Katherine Miranda, representante (diputada) por Bogotá, celebró y agradeció a la Corte Constitucional: “Ganamos mujeres”, afirmó.

Martha Peralta Epieyú, líder indígena y actual presidenta del Movimiento MAIS, criticó al Congreso por no haber reglamentado el aborto en sus legislaciones pasadas, pero se unió a los festejos.

“Una victoria para las mujeres que tanto han luchado derechos y libertades”, comentó.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, subió en las redes sociales un video en el que se ve a un grupo de mujeres celebrado el anuncio frente a la sede de la Corte Constitucional, en Bogotá.

“Vamos por más, la marea verde es imparable, gracias hermanas colombianas”, sentenció.

José Miguel Vivanco, exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, por su parte celebró la ‘buena noticia’ y recordó que la Argentina y México también despenalizaron el aborto.

A su vez, un 7% está totalmente en contra de interrumpir el embarazo, en cualquier circunstancia, y un 12% está en contra, excepto cuando la vida de la madre corra peligro, de acuerdo al sondeo de la consultora Ipsos.

El 73% de los chilenos está a favor del aborto en general, de los cuales un 41% piensa que debería ser completamente libre y un 32% cree que debe permitirse en ciertas circunstancias, como en casos de violación, según una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos.

Por el contrario, un 7% está totalmente en contra de interrumpir el embarazo, en cualquier circunstancia, y un 12% está en contra, excepto cuando la vida de la madre corra peligro, informó este domingo la agencia ANSA.

El Congreso de Chile aprueba la despenalización del aborto

En Chile, el 14 de septiembre de 2017 fue promulgada la ley 21.030 sobre despenalización del aborto en tres causales: inviabilidad fetal, peligro de la vida de la madre y violación

El proyecto enviado el 31 de enero de 2015 -en el primer año del segundo gobierno de Michelle Bachelet- tuvo una larga tramitación y debió sortear la oposición de la derecha que tras la aprobación en el Congreso interpuso dos recursos de nulidad ante el Tribunal Constitucional, lo que finalmente fue desechado.

En este último año, la aprobación hacia la legalización del aborto tuvo un aumento de 5 puntos porcentuales, pasando de 68% en 2020 a 73% este año.

Esto se produjo por un incremento en el porcentaje de chilenos que está a favor del aborto libre, que en 2020 marcaba un 36% y en 2021 alcanzó el 41%, mientras la aprobación del aborto con causales se mantuvo en 32%.

Las mujeres son quienes más se muestran a favor del aborto en general con un 74%, y solo un 19% se muestra contraria a esta acción. Asimismo, un 73% de los hombres apoya el aborto y un 19% opinó en contra de esta medida.

Aprobación en el mundo

Desde el 2014 hasta la fecha la aprobación del aborto ha aumentado un 8% en Chile, siendo Corea del Sur (20%), Argentina (15%) y Brasil (11%) los países que más aumentaron en este período de tiempo.En contraparte, los que más bajaron fueron Turquía (-15%), Francia (-9%) y España (-8%).

Los datos en Chile sobre la aprobación del aborto -resaltó Ipsos- se mantuvieron relativamente estables a lo largo del tiempo, registrando su pico en 2017 cuando llegó a 75%.

En 2016, la aprobación por la legalización del aborto era de 73% indicando la presencia de grupos con opinión consolidada, y una consistencia en la opinión pública sobre esta materia.

“El acuerdo con el aborto en Chile se ha estabilizado en general en el último quinquenio por sobre el 70%, exceptuando el año 2020 donde descendió a 68% producto de una agenda pública que giró en torno a la pandemia”, comentó Alejandra Ojeda, gerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile.

Añadió que “para la ciudadanía, la discusión hoy está en torno a si la legislación debe permitir el aborto libre o sólo el aborto en tres causales. Y en ese contexto, el apoyo al aborto libre ha ido aumentando en el tiempo, pasando de 36% a 41% en un año”.

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El estudio “Miradas globales sobre el aborto en 2021” encuestó a más de 20 mil personas adultas de 27 países mediante su plataforma en línea Global Advisor.

El sondeo arrojó que el promedio global de países frente a la aprobación del aborto es de 71%, generando más aceptación en países europeos como Suecia (88%), Holanda (85%), Francia (81%) y Alemania (81%).

En contrapartida, los países donde produce menos acogida en la población son Malasia (30%), Perú (53%) y Turquía (56%).

Como era de esperarse tras el antecedente de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la despenalización del aborto en Coahuila, por lo que marcó precedente para todo el país.

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De esta forma, el máximo tribunal del país modificó varios artículos del Código Penal de esa entidad que criminalizaban la interrupción del embarazo voluntario y sancionaban la violación entre personas unidas en matrimonio, concubinato o pacto civil con una pena menor que la establecida para el delito de violación en general.

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Al confirmar que la actual legislación vulnera los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres, los togados aprobaron la propuesta del magistrado Luis María Aguilar Morales con 10 a 11 votos; el sufragio faltante fue por la ausencia del jurista Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Tras avanzar el visto bueno, ahora se la sentencia e alega que no debe pesar ninguna sanción penal en contra de las mujeres o personas con la capacidad de gestar que decidan “sobre su vida, su cuerpo y su elección a ser o no madre”.

Las normas impugnadas establecían que: “Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” (artículo 195) y que: “Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella” (Artículo 196).

RESOLUCIÓN HISTÓRICA

Una vez que se fijó jurisprudencia, se obliga al resto de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que buscan criminalizar al aborto.

Fue un largo proceso, dado que en 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad asegurando que el Código Penal de Coahuila atentaba contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.

De todos modos, el referente oficialista reconoció que la decisión del Gobierno genera cuestionamientos de parte de distintas cúpulas religiosas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró hoy que “es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización” del aborto, ya que ratificó que para el Gobierno se trata de una cuestión de “salud pública”.

“Es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización”, sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio Continental, el ministro coordinador remarcó que la intención oficial de avanzar en una legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo se debe a que son “cuestiones de salud pública”.