El presidente en licencia de San Lorenzo, Marcelo Moretti, fue denunciado penalmente por los dirigentes opositores César Francis y Pablo García Lago, luego de la difusión de un video en el que presuntamente se lo ve recibiendo dinero en efectivo en un contexto poco claro, vinculado al fichaje de jugadores en el club.

Francis, excandidato a presidente y abogado, anunció la presentación de la denuncia a través de su cuenta de X (antes Twitter), en la que también participa el abogado Christian Mera. “Presentamos una denuncia penal para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta”, escribió.

“El video difundido conlleva a la necesidad de esclarecer lo allí acontecido a fin de determinar si se está o no en presencia de un delito y si se ha perjudicado al club”, expresó Francis, exigiendo transparencia en la conducción de San Lorenzo.

Por su parte, Pablo García Lago, exsecretario del club y también denunciante, hizo pública su presentación judicial, en la que solicita investigar posibles delitos de administración fraudulenta, lavado de activos y, de forma subsidiaria, estafa, según los artículos 173, 303 y 172 del Código Penal.

“La transparencia institucional y la rendición de cuentas no son optativas: son obligaciones ineludibles”, declaró García Lago, quien además aclaró que renunció a su cargo meses atrás por diferencias con la actual dirigencia y para preservar su integridad personal.

Frente a la polémica, Marcelo Moretti se presentó espontáneamente ante la Justicia, donde negó cualquier tipo de irregularidad. Según explicó, fue víctima de una maniobra de extorsión y aseguró tener en su poder la versión completa y sin edición del video difundido por el programa “TL9 Denuncia”, el cual —sostiene— desmentiría las acusaciones en su contra.

Moretti afirmó que se trató de un “armado con el fin de extorsionarlo e instigarlo a renunciar”, y pidió que se investigue el origen y la intencionalidad del material audiovisual.

La causa ya está en manos de la Justicia y podría marcar un punto de inflexión en la conducción del club azulgrana, en medio de un fuerte clima político interno.

En las últimas horas, Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara y respondió a la denuncia penal que habría iniciado la empresaria en conjunto con Maxi López, luego de que el colegio denunciara que el futbolista ejerció violencia en uno de sus tres hijastros.

Con un extenso texto, el futbolista trató de mentirosa a Wanda y mostró pruebas de que ella aún continúa pidiéndole que vaya a visitar a los jóvenes: “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”.

“¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro, no?”, expresó a sus seguidores.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. ¿Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor?”, ironizó sobre los movimientos de su ex pareja.

En la misma línea, siguió preguntándose: "¿La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja…pero claramente en sus leyes reina el ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Mmm, ¿raro también verdad?”.

“Tranquilos, que falta poco… les muestro una mínima prueba de las tantas que tengo…Ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo…¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo?”, disparó.

A continuación, mostró capturas de pantalla del pasado 20 de febrero, en las cuales Wanda le preguntaba si quería pasar a saludar a Benjamín.

Por último, posteó una foto de Johnny Depp y escribió: “Buenas noches. Tic tac. Atentos que pronto se caen las caretas”.

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En las últimas semanas, María Fernanda Callejón y su expareja Ricky Diotto se trenzaron en declaraciones cruzadas que finalmente derivaron en una denuncia por violencia de género por parte de la actriz.

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“Los últimos años de matrimonio, Diotto comenzó a maltratarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su propiedad. El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos”, reveló Callejón.

Pero lo más duro fue lo que siguió, según consta en su relato judicial. “Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared”.

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Al tiempo que agregó: “Tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme”. Según ese mismo documento, esa persona la ayudó a “Tomar conciencia de la situación de violencia que había vivido y que ponía en riesgo mi integridad física y psíquica”.

En tanto, eso no fue todo. Porque una vez que se fue de la casa, Fernanda hizo saber que siguió recibiendo agresiones a través de su teléfono celular: “Fueron varios mensajes agraviantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes”.

El abogado de los papás de la víctima adelantó que acusará de “falso testimonio” al profesional convocado por la defensa de los ocho imputados.

Fernando Burlando anunció que denunciará penalmente a uno de los peritos que presentó la defensa de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. El denunciado será el perito forense Juan José Fenoglio.

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EL CRUCE ENTRE BURLANDO Y FENOGLIO

Las declaraciones de dos médicos forenses aportados por la defensa de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, quienes cuestionaron la autopsia realizada al cuerpo de la víctima por el perito de parte, generaron algunos cruces entre testigos, fiscales y abogados del particular damnificado, en los que incluso debió intervenir la presidenta del tribunal.

“No pueden discutir entre ustedes”, exclamó en un momento la jueza María Claudia Castro cuando el experto en medicina legal Juan José Fenoglio y el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, tuvieron un cruce sobre uno de los puntos relacionados con la autopsia.

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Es que Burlando cuestionó al testigo por el uso de “conceptos confusos” y por su falta de definición respecto de las posibles causales de la muerte en caso de que no fueran correctas las determinadas por el perito oficial que realizó la autopsia, Diego Duarte, a lo que Fenoglio expresó: “Usted entiende cualquier cosa”.

En otro tramo de la audiencia, el querellante insistió en que el perito no era preciso en sus respuestas, por lo que se generó otro momento tenso: “A ver doctor: pupilas midriáticas, sin signos vitales, sin pulso, no responde a ningún tipo de estímulo, una persona que está inmóvil, inerte, ¿qué diagnóstico me da?”, le preguntó, a lo que el médico respondió: “Según el estado en que se encuentre. La medicina no es una cosa exacta. Puede estar viva. Hay criterios”.

Antes, cuando ya había pasado más de una hora y media de exposición, se había registrado otro contrapunto con el fiscal Gustavo García, quien le preguntó al mismo perito si tenía conocimiento y habían podido analizar cerca de 60 fotografías de la autopsia que el Ministerio Público pidió incorporar a la causa dos semanas antes del inicio del juicio.

“Para nosotros, las fotografías que ilustran la autopsia van en la autopsia, no tres años después”, respondió el forense, quien agregó: “Si me viene un alumno con esta autopsia, la nota es cero”.

Por su parte, la presidenta del tribunal debió intervenir también en otro momento para pedirle al forense que se limitara a responder por sí o por no, sin “explicaciones” que no sean solicitadas, cuando Fenoglio se encontraba parado con el puntero en la mano junto a la pantalla donde se exhibía la imagen del cuerpo de Fernando.

Luis Juez se presentó este jueves a la Justicia, y otro tanto hizo José Luis Espert. A la vez, se aguarda la decisión del Alto Tribunal sobre la asunción de los consejeros legisladores.

Emerio Agretti

En una jornada caracterizada por la expectativa política sobre lo que pueda resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a la jura de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, dos legisladores presentaron sendas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner por incumplimiento del fallo del Máximo Tribunal sobre ese mismo tema.

Precisamente, una de las denuncias fue presentada por el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, que fue quien en su momento reclamó la intervención de la Corte para que se le asigne el asiento correspondiente a la segunda minoría, para el que la vicepresidenta designó a un tercer kirchnerista, Martín Doñate, sumándolo así a los dos que ya tenía la mayoría.

En el fallo dictado el 8 de noviembre pasado, la Corte dijo que la presidenta del Senado actuó con falta de “buena fe” y que la división en dos del bloque del Frente de Todos (para que una de sus partes sea “la mayoría” y la otra “la segunda minoría”), lo hizo como “una maniobra” o “un ardid” para quedarse con tres de los cuatro consejeros del Senado. Por esa razón consideró que la división del bloque, si bien es prerrogativa parlamentaria y como tal totalmente válida, era “inoponible” a los efectos de respetar el mandato legal sobre la representación del Congreso en el Consejo, por lo cual ordenó que Doñate debía ser reemplazado. A pesar de la orden de la Corte, Cristina no lo hizo antes del vencimiento de los mandatos originales. Y ahora, en oportunidad de la renovación del Consejo, volvió a enviar a tres senadores kirchneristas (junto a solo uno de la oposición), esta vez mediante un decreto votado por el oficialismo en el recinto.

Juez denunció este jueves en los tribunales de Comodoro Py a la vicepresidenta por no cumplir el fallo de la Corte Suprema en torno a la designación en el Consejo de la Magistratura, sumándose a otras denuncias previamente presentadas. Entre ellas la del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, que este jueves también estuvo en el edificio de Retiro para ratificar su acusación contra la ex jefa de Estado y miembros de la Cámara Alta por el delito de sedición.

Cristina Kirchner fue denunciada penalmente por desobedecer el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

“Habiendo desobedecido Cristina Elizabeth Fernández, la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo el dominio del hecho, conducta ilícita concretada en el dictado del DPP 86/22, reclamo al Sr. Procurador Fiscal Federal, se forme causa contra la misma, por violación del art. 239 del Código Penal”, dice la presentación de Juez. Además de la denuncia penal, Juez fue a la justicia en lo contencioso administrativo para allí impugnar la designación de Doñate para el nuevo período en el Consejo de la Magistratura.

“La Presidenta del Senado, Cristina Elizabeth Fernández, nada hizo, desobedeciendo sin más la orden de la Corte Suprema, pasando a preparar la reiteración de la maniobra, pero atrás de un cortinado”, sostuvo Juez. Y añadió que “de inmediato, empezó a funcionar el mecanismo de la patente de corso, que no es otra cosa que la piratería disfrazada de legalidad por usar bandera de Estado”, agregó en referencia a que la presidencia del Senado llevó el tema al pleno de la Cámara para su aprobación.

Por su parte, Espert denunció a Cristina Kirchner y a todos los senadores oficialistas que votaron por la nominación de Doñate. El legislador denunció que siendo segunda minoría el bloque del PRO había anunciado que el senador Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura, conforme a la ley vigente y que, sin embargo, Cristina Kirchner designó a Doñate del bloque Unidad Ciudadana.

El Consejo está integrado por 20 miembros y hasta ahora hay 12 que ya prestaron juramento, por los estamentos de jueces, abogados, académicos y el Poder Ejecutivo, más el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Restan los representantes del Congreso, que son cuatro diputados y cuatro senadores. Los nombres ya están en la Corte Suprema y se espera que el máximo tribunal fije fecha para su jura, aunque la expectativa es qué hará la Corte con la situación de Doñate: si le tomará juramento junto a los demás, de manera provisional y atendiendo a cómo avance la presentación judicial en su contra, o si dejándolo a la espera, por la misma razón.

La denuncia la realizó José Luis Espert también incluye a los senadores que votaron la designación de Claudio Martín Doñate como consejero por el sub bloque kirchnerista “Unidad Ciudadana”

El diputado nacional denunció penalmente a la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Cristina Kirchner por desconocer el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cual hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y removió a su par del Frente de Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

La denuncia del legislador liberal es también incluye a los senadores Guillermo Andrada, Daniel Basusuan, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Cristina López Valdeverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder, Silvia Estela Sapag, Guillermo Snopek, Magdalena Solari Quintana, Lucia Belén Corpacci, Juliana Di Tulio, Claudio Doñate, Maria Eugenia Dure, Carlos Espínola, Ana María Ianni, Edgardo Kueider, Sergio Leavy, Marcelo Lewandoski, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, Matias Rodriguez, José Rubén Uñac, María Clara Vega, Alberto Weretilnek y Pablo Rubén Yedin.

Espert denunció que siendo segunda minoría el bloque del PRO había anunciado que el senador Luis Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura, en representación de la segunda minoría, conforme la ley vigente, sin embargo esto no fue escuchado y Cristina Fernández de Kirchner designó a Claudio Martin Doñate del bloque Unidad Ciudadana, como miembro titular del Consejo de la Magistratura por la segunda minoría.

El legislador consideró que se trata de procedimiento absolutamente inusual, que fue votado en la sesión del pasado miércoles por los senadores arriba mencionados en la sesión presidida por la Claudia Ledesma Abdala.

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En su denuncia, el diputado José Luis Espert sostuvo que “esta conducta prolongada en el tiempo, constituye a mi juicio un hecho único continuado que se encuadra en el art. 230 inc. 2 del Código Penal que sanciona con prisión de uno a cuatro años a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.” Y añade “en efecto los aquí denunciados mediante el ardid y las maniobras descriptas impidieron la ejecución -en primer termino- de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, la actitud asumida por parte de los 37 Senadores en violar la normativa vigente (ley 24.937), frente a una rara interpretación de la regla, claramente constituye un ataque al sistema democrático que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley.”

Asimismo, señaló que “el acto de la Presidente Provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala y el insólito y carente de sustento constitucional procedimiento posterior que se analiza, constituyen -sin duda alguna- actos de fuerza y rebeldía contra el orden institucional y el sistema democrático, que la Constitución reputa como insanablemente nulos”.

En diálogo con Infobae el diputado nacional por Avanza Libertad consideró que “su traducción de la Constitución es un atentado a la democracia. No puede ser que Cristina Kirchner llegue al punto de atentar a la democracia con tal de quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que la involucran. Es de una gravedad extrema lo que esta ocurriendo en Argentina, y eso es lo que estamos denunciando penalmente.”

Tras realizarse el sorteo la causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini.

La misma fue desarrollada junto al municipio de Reconquista por los focos ígneos que tuvieron lugar del 7 al 13 de septiembre.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, junto al intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, realizaron este viernes una denuncia penal conjunta ante el Ministerio Público de la Acusación por los focos ígneos que tuvieron lugar entre el 7 y el 13 de septiembre en el norte santafesino. Los incendios afectaron parte de la reserva provincial Virá Pitá, ubicada en el departamento General Obligado.

Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se presentó información georreferenciada sobre los focos y la evolución de los mismos.

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El texto

La denuncia penal se centra en los perjuicios que provocan los incendios, desde la destrucción de la biodiversidad hasta el deterioro de la salud de la población, incorporando la escasa visibilidad en rutas y accesos de la región, que, a su vez, podría producir accidentes.

“Los incendios provocados por quemas de pastizales se verifican desde antaño, se hacen indiscriminadamente y sin la debida autorización de la administración pública competente, perjudicando a quienes circulan por las rutas cercanas con la potencialidad de causar accidentes, afectando la salud de los habitantes ribereños, y la destrucción de la Flora y Fauna nativa, que se considera son bienes protegidos, concurriendo con el delito de daño, justamente por la afectación en un sistema que está protegido”, enumera la presentación firmada por Gonnet y Vallejos.

En tanto, el escrito también remarca que la situación se ve agudizada por la sequía y la bajante histórica del río Paraná.

Por otra parte, establece la necesidad imperiosa de identificar a los potenciales responsables: “Es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor, responsables del área, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder”.

Este jueves se hizo efectiva una grave denuncia penal contra Zulemita Menem, por serias irregularidades detectadas en el proceso sucesorio de su padre Carlos Menem.

Según el texto de la denuncia se imputan los delitos de “Circunvención de Incapaces y Administración Fraudulenta” en concurso real.

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Los letrados patrocinantes se encuentran a la espera de que sea designado el juzgado de instrucción que tendrá a cargo la investigación.

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La presentación fue realizada por el hijo del ex presidente de la república Carlitos Nair Menem y lleva la firma de su renombrado abogado Alejandro Cipolla y del ex fiscal Javier Ignacio Baños.

Diputados del espacio opositor pidieron que se cite a prestar declaración a Alberto Fernández; Cristina Kirchner; Santiago Cafiero; Carla Vizzotti y Ginés González García.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron hoy en los tribunales federales una denuncia penal para que “se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 en tiempo y en forma” y los motivos por el que no se llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer.

El escrito de los legisladores opositores reclama que se cite a prestar declaración testimonial al presidente Alberto Fernandez; a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a su antecesor en el cargo, Ginés González García, como también a representantes de distintos laboratorios.

En ese marco, la denuncia pide se investigue el comportamiento de funcionarios públicos que negociaron con laboratorios y “han actuado, aparentemente, en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas”.

Al respecto, Juntos por el Cambio solicitó iniciar una investigación sobre la posible comisión del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

“También podrá surgir la posible comisión del delito de tráfico de influencia prevista en el artículo 258 y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248, y luego en los delitos que reprimen los homicidios hay un abanico de posibilidades que van desde el art 84, que reprime al que por imprudencia, negligencia o impericia causare la muerte a otro”, se agregó.

En la denuncia se lamentó que “la República Argentina pudo contar con, por lo menos, y en forma anticipada, 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría, contando solo a Pfizer y la provisión de Fondo Covax, que hubieran evitado muchísimas muertes que efectivamente ocurrieron, ya que personas que se infectaron de Covid-19, pudieron estar vacunados a tiempo”.

Y recordó que el laboratorio Pfizer “había ofrecido 13,3 millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna”, pero “no se logró contar con esas ni con otras vacunas a tiempo”.

Los diputados firmantes de la denuncia penal son Omar De Marchi, Waldo Wolff, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sanchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.

En tanto, el escrito planteó que el Gobierno “privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina ‘socios locales’, dejando fuera a quienes no los tenían”, en referencia a Pfizer. Y agregó: “Al mismo tiempo, Hugo Sigman se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas (Sinopharm y AstraZeneca)”.

Además los opositores se quejaron de que existió “una notable falta de información por parte de los funcionarios de gobierno que mantienen los hechos en la oscuridad, y que no pueden explicar de forma cierta y precisa los motivos por los que no se adquirieron las vacunas que estaban disponibles en Pfizer y Fondo Covax, que provocaron miles de muertes que eran evitables”.

“Queremos saber que pasó, a través de una investigación judicial transparente y rigurosa”, finalizaron los representantes de Juntos por el Cambio.

Fue este viernes, ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se solicita que se inicie una investigación penal.

El intendente Emilio Jatón presentó este viernes, una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la quema intencional de pastizales en la zona de humedales del sistema hídrico del río Paraná. La situación se evidencia desde los primeros días del mes de julio en la capital de la provincia, por la presencia de densas columnas de humo.

El escrito, que cuenta con el patrocinio letrado del Fiscal Municipal Leandro Maiarota, solicita que se investigue la posible comisión de actos que podrían tipificarse como delitos penales de acción pública perseguibles de oficio, según el Código Penal. El objetivo es procurar una protección integral del ambiente y preservar la salubridad de los habitantes de la ciudad de Santa Fe, la cual se ve afectada como consecuencia de la agresión constante y permanente al ecosistema.

En la denuncia, se considera que la situación perjudica no solo a la flora y la fauna nativa de la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas, sino también a los pobladores de la capital y del área ribereña. A manera de ejemplo, se menciona que el humo junto con la niebla dificulta la visibilidad en las rutas y calles propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos. Del mismo modo, el aire contaminado afecta el sistema respiratorio, entre otras cuestiones de salud.

En cuanto a los incendios, se evalúa que en algunos casos, están vinculados a la expansión ganadera y surgen como una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales, lo que se hace indiscriminadamente y sin la debida autorización de la administración competente. A su vez, el riesgo de daño es mayor, dado las escasas precipitaciones y las aguas bajas que propician la propagación del fuego.

Por lo expuesto, se considera de marcada urgencia constatar, por parte de las autoridades de contralor, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder, individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población y el medio ambiente. En ese sentido, se solicita la intervención efectiva del Estado para sancionar a los responsables a fin de evitar impunidad.

La denuncia se acompaña con imágenes escaneadas en las que puede apreciarse la situación descripta durante los días previos y verificar las fechas en las cuales recrudece el fenómeno.

Tras el reclamo de un médico que se hizo viral, se realizó la denuncia penal contra el Pami II. La presentación fue realizada por un abogado rosarino luego de conocerse el testimonio que expuso situaciones de precariedad.

El testimonio de un médico del Pami II, quien se filmó mostrando las malas condiciones en que se encuentra la sala de descanso de los profesionales del efector de Olivé al 1100 levantó polémica tras viralizarse por WhatsApp y las redes sociales. “En este lugar están mandando a la gente a morir”, sostuvo y, tras sus dichos, se realizó una protesta en la puerta del policlínico. Es más, un abogado denunció el problema en la Justicia federal y provincial para que el hecho “no quede en la nada”.

El video realizado por Daniel Mettifogo, donde muestra las condiciones en la que descansan los médicos de guardia y la precariedad de los elementos sanitarios y de seguridad con los que deben trabajar estalló en las redes.

En una filmación de alrededor de siete minutos, el médico contó y mostró las mañas condiciones en las que trabajan los profesionales en el marco de la pandemia de coronavirus. Tras presentarse con su nombre, número de documento y matrícula, el referente sanitario contó que decidió hacer la filmación porque necesitaba “que la gente entienda lo que está pasando con el personal de salud”.

Por eso, el abogado Fernando Sirio realizó una presentación tanto en la Justicia federal como en la provincial para que el hecho pueda ser investigado. El letrado afirmó a La Capital que lo hizo para “darle un continente al contenido que exhibió el médico y para la cuestión que no quede en la nada”, además de remarcar que no tiene “nada que ver” con él.

“Sólo tenemos gente conocida en común, que me refirió que es una excelentísima persona”, dijo Sirio, y manifestó: “Planteé la figura de estrago para que los fiscales la analicen. Pido que se investigue lo que pasa con los médicos”.

El abogado afirmó que “esto es para que los jóvenes fiscales tengan en cuenta viejos delitos que hoy volvemos a ver”. A su vez, indicó que resta conocer “la competencia” de la investigación, aunque insistió en que las presentaciones se orientaron a la Justicia federal y la provincial.

“Este hombre (Mettifogo) merece la urgencia de que esto se investigue y que no quede en la nada. Mi intención fue darle un continente al contenido que exhibió, y que no lo sancionen. Hizo lo que tenía que hacer y la Justicia tiene que actuar”, aseveró.

“Esto no es la cárcel de Coronda, este es el lugar donde duermen los médicos que están de guardia”, puso de manifiesto Mettifogo y mostró una habitación con tres cuchetas y un pequeño cuarto de baño.

El médico señaló: “El video no tiene ningún tinte político, porque no lo soy, ni ningún tinte sindical porque no estoy afiliado a ningún gremio. No creo en esas cosas, sólo soy un profesional de la salud pública”.

Después exhibió los barbijos que usan tanto él como sus colegas: “Esto no es un mosquitero, es el barbijo que nos dan en la institución. Lo peor de todo es que quien los entrega es un colega, aunque me cuesta decirlo así. Estoy cansado de que hablen de la salud pública como si fuésemos nada. Antes no me quejé porque pensaba que era lo que tenía que hacer. Pero lo enfrentamos ahora puede quitarnos la vida a mí y a las personas que estamos acá”.

“Me hago cargo de todo lo que digo, hagan lo que se les ocurra, pero para enfrentar a este bicho, que ya entró, porque tenemos una colega en esa situación, hay que estar preparados. Lo que interesa es lo que nos dan para enfrentar a ese virus, que todo el mundo sabe que mata”, se quejó el profesional.

También destacó que su decisión de realizar el video no tiene que ver con una cuestión personal: “Lo hago por todos los colegas que están acá adentro, por mis amigos, para que todo el mundo sepa que en este lugar están mandando a la gente a morir. Lo único que quiero es que nos respeten, que hay personal acá adentro que es de mucha valía. Y que para enfrentar al virus no voy a ser Robin Hood”.

El video de Mettifogo se hizo viral y ayer a la mañana varios de sus colegas y personal del área de Salud realizaron una protesta en la puerta del efector, y pudieron relatar y ratificar la situación que contó su compañero.