El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, quedó hoy en libertad, más de 24 horas después de un fallo que lo benefició y que generó una ardua polémica de la que participaron incluso organismos internacionales.

Fujimori salió a bordo de un automóvil del penal policial de Barbadillo, en el barrio limeño Ate, minutos antes de las 18.30 (las 20.30 en la Argentina), cerca de dos horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que se disponía a cumplir la resolución adoptada ayer por el Tribunal Constitucional (TC).

Viajó en el asiento trasero del vehículo, flanqueado por dos de sus cuatro hijos, el exdiputado Kenji y la también exdiputada y tres veces candidata presidencial derrotada Keiko, líder del partido populista de derecha Fuerza Popular, que recoge el ideario del exmandatario.

"Gracias a todas las autoridades que permitieron que mi padre esté en casa", afirmó Keiko en conferencia de prensa en su residencia, donde el expresidente quedó descansando esta noche.

"Siento una profunda gratitud hacia (el expresidente) Pedro Pablo Kuczynski", quien indultara a Fujimori en 2017, agregó Kenji.

Poco antes de que la liberación se hiciera efectiva, el INPE dijo en un comunicado que "en cumplimiento del mandato del TC que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad".

La noticia fue celebrada inmediatamente por familiares y abogados de Fujimori que, junto a simpatizantes, se reunieron en los alrededores del penal de Barbadillo, a la espera de que el exmandatario saliera de allí.

La salida de Fujimori de la cárcel se demoró debido a que las huellas dactilares del exmandatario no coincidían con las registradas años atrás en la misma cárcel, posiblemente debido a su avanzada edad, según el diario local La República.

El TC ordenó ayer la liberación "inmediata" de Fujimori y remarcó que la medida debía ejecutarse "en el día", aunque uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, avisó que probablemente la medida se cumpliera hoy, debido a que fue publicada después del horario de atención de la autoridad penitenciaria.

La decisión del TC provocó una intensa polémica en la que intervinieron incluso la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la reprobaron.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en una declaración que la orden de liberar a Fujimori "es un revés preocupante para la rendición de cuentas" y agregó que "cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional".

En tanto, la Corte IDH pidió al Estado peruano que se abstuviera de soltar al exmandatario hasta que ese tribunal "cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones" de su propia jurisprudencia.

Fujimori, de 85 años, cumplía desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando Kuczynski lo indultó, hasta que pocos meses después la Justicia revocó el beneficio.

En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.

Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.

Desde que volvió a la cárcel, su defensa presentó diversos recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori.

Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte IDH ordenó al Estado peruano que no liberara al exmandatario.

Para liberar a Fujimori, el TC declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto, que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.

Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.

De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.

Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.

Asimismo, el fallo del TC publicado ayer considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado

Hamás cifra en 400 el número de víctimas mortales e Israel afirma haber acabado con un comandante del grupo islamista durante el bombardeo.

Al menos 150 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza. Sin embargo, el número puede incrementar a medida se encuentran cadáveres entre los escombros y las víctimas van llegando a los hospitales. Hamás cifra el 400 el número de víctimas mortales e Israel afirma haber acabado con un comandante del grupo islamista durante el bombardeo.

En imágenes publicadas en distintos medios y en redes sociales pueden verse dos enormes cráteres del tamaño de dos edificios, donde decenas de personas buscan cuerpos o supervivientes.

Tras el rezo de la tarde, "comenzaron a llegar un gran número de heridos al Departamento de Urgencias, llegaban por cientos, la mayoría eran menores y mujeres", destacó la fuente a la agencia EFE.

El portavoz de la cartera de Interior de Hamás, Iyad Bozum, dijo en una rueda de prensa que hay 400 muertos y heridos por la caída de seis bombas "de fabricación estadounidense" arrojadas por aviones israelíes contra zonas residenciales de Yabalia.

El número de muertos en Gaza ya supera los 8500 desde que Israel comenzó los ataques en la Franja después de que Hamás entrase en su territorio matando a 1400 personas. El Ejército israelí ha anunciado la muerte de dos de sus soldados en los combates en Gaza mientras luchaba contra militantes de Hamas y atacaba complejos subterráneos en el norte de la Franja.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES

Residentes evacuan los cuerpos de los niños que fueron asesiandos durante los bombardeos israelíes en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza. pic.twitter.com/WdF9MNSFAL

🇵🇸🇮🇱 | EN VIVO - GUERRA ISRAEL-GAZA: Se teme más de 100 palestinos hayan muerto tras un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza.https://t.co/1JMwXQaoZz

Israel intensificó sus operaciones terrestres rechazando los llamados a un alto el fuego.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó el martes a su gabinete socioeconómico en Jerusalén, con el objetivo de mantener el marco macroeconómico de Israel y proteger a los soldados movilizados para la guerra.

El jefe del consejo de seguridad nacional de Israel dijo que no ve cerca un acuerdo para la liberación de rehenes, ya que Israel calcula que actualmente hay 240 detenidos en Gaza.

"Estos edificios albergan a cientos de ciudadanos", ha denunciado el director de Defensa Civil de Gaza, Ahmad al-Kahlout, al subrayar que la Fuerza Aérea de Israel "destruyó este distrito con seis bombas de fabricación estadounidense".

También ha afirmado que este ataque de las FDI contra el campo de refugiados es "la última masacre causada por la agresión israelí en la Franja de Gaza". "La comunidad internacional debe actuar inmediatamente para detener a Israel antes de que sea demasiado tarde", ha instado el funcionario palestino.

Cadáveres en la puerta del hospital. Familiares de los palestinos que perdieron la vida tras los ataques israelíes frente a los cuerpos que son trasladados para su entierro desde el Hospital Indonesio, en Gaza. Getty Images

De acuerdo con los datos de la ONU, el campo de Jabalia es el mayor de los ocho campamentos de refugiados de la Franja de Gaza y está situado en el norte del enclave, cerca de un pueblo con el mismo nombre. La población del campamento, antes de la última escalada del conflicto, se situaba en 107.590 habitantes.

La Unión Europea no se ha inmunizado ante las crisis, pero sí parece haberse acostumbrado a convivir con ellas, incluso en aquellas en las que la unidad no está tan clara como pasó con la invasión rusa de Ucrania. Eso es precisamente lo que sucede respecto a la guerra entre Israel y Hamás y con esa división sobre la mesa se han reunido este jueves los líderes de los 27 en una nueva cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. 

El objetivo era encontrar un lenguaje de consenso para pedir una respuesta humanitaria, ya fuera llamándolo "pausa", "alto el fuego humanitario" o "pausas humanitarias", en plural. Ahí se encallaron los jefes de Estado y de Gobierno, con posturas más duras como las de Austria o Alemania, y otras más livianas como las de Francia o Italia. Finalmente, los Estados miembros han acordado pedir "una pausa por necesidades humanitarias" en los bombardeos con el objetivo "de abrir corredores" para la salida de los civiles, de acuerdo a las conclusiones.

En el documento final, los 27 abogan por la "protección de los civiles", así como por la búsqueda de una salida diplomática con un diálogo con la Autoridad Palestina. Además, se comprometen a trabajar en la solución de los dos Estados, que la UE defiende desde hace décadas. En el último punto avisan también de la necesidad de combatir la desinformación que existe en torno al conflicto. En el panorama actual, apuestan asimismo por celebrar "pronto" una conferencia de paz, una idea que ya ha puesto España sobre la mesa.

Fuentes de la delegación española reconocieron que se está haciendo hincapié en el esfuerzo negociador y en ese escenario la UE tiene que tener una posición clara, afrontando la crisis humanitaria que se está dando y en la que se tiene que hacer llegar la ayuda a los civiles afectados. El debate estuvo en el cómo: si con pausas humanitarias, una pausa humanitaria o con un alto el fuego, siempre teniendo en cuenta el derecho de Israel a defenderse de acuerdo al Derecho Internacional. España está a favor de un "alto el fuego humanitario", tal como ha repetido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, desde hace días.

El Ejecutivo español no dio importancia al lenguaje sino a que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Las fuentes defendieron, no obstante, que el primero que habla de este concepto es Sánchez, al tiempo que insiste en la defensa de los dos Estados como la vía más factible para la paz y que además España ve más cercana casi que nunca en este momento. Así, el presidente ha insistido en la celebración "en seis meses" de una conferencia de paz entre Israel y Palestina precisamente en España, para dar un horizonte concreto a la resolución del conflicto.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que "la unidad es nuestra fuerza" como Unión Europea, y desde Moncloa celebraron el acuerdo. "Estas conclusiones dan una respuesta a lo urgente y a lo importante", resumieron, al tiempo que añadieron que los puntos "ofrecen una perspectiva para alcanzar una solución al conflicto" mediante la "materialización de los dos Estados". Asimismo, acogieron de muy buen grado la opción de una conferencia de paz, a propuesta precisamente de España.

Unity, agreement at #EUCO on Middle East conclusions. pic.twitter.com/sC8zUuiZlI

Ya antes de la cumbre, el propio Michel aseguró que los 27 tienen que evitar los "dobles raseros" respecto a la situación entre Israel y Palestina. "Algunos en el mundo usan estas circunstancias para unir a parte de la comunidad internacional para atacar a la UE y generar dudas sobre nuestra credibilidad", sostuvo el dirigente belga, al tiempo que apoyó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras las críticas recibidas por parte del Gobierno israelí.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó por su parte que la Eurocámara "ha demostrado que se puede tener una posición unida para denunciar los ataques de Hamas y denunciar la situación humanitaria en Gaza", porque ambas cosas, reiteró, "no son excluyentes". La dirigente maltesa añadió que es "importante lanzar un mensaje de unidad" como el que se ha visto en otras situaciones similares, como la invasión rusa de Ucrania. 

Metsola, de hecho, pidió a los líderes que tomaran nota de la posición del Parlamento, y también de su lenguaje. "Mi llamamiento será a no subestimar lo difícil y delicado que fue adoptarlo, pero lo hicimos, y pedimos a otras instituciones que se fijen en ese lenguaje", expuso. Otros dirigentes como el canciller alemán Olaf Scholz o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también eran optimistas sobre el acuerdo, y esta última incluso defendió una posible mediación de la UE en el conflicto a medio plazo.

Ucrania también ha estado en la agenda de los líderes, y el encuentro de hecho se dio en paralelo al anuncio del nuevo primer ministro eslovaco, Robert Fico, que comunicó el final de la ayuda de su país a Kiev, algo que ya había avisado en campaña. Quien celebró este paso de manera implícita fue el líder húngaro, Viktor Orbán, que se vio la semana pasada con Vladimir Putin en Pekín. "Yo tengo una estrategia de paz", aseguró ante los periodistas el primer ministro magiar, equiparando el conflicto entre Israel y Hamás con la invasión rusa. 

"¿Apoya un alto el fuego?", le preguntaron los periodistas a Orbán. "Entre Rusia y Ucrania sí", respondió rápidamente, después de defender abiertamente su encuentro con el presidente ruso. "Tenemos una política clara y transparente que se diferencia de la de la mayoría. Tenemos que hacer todo para tener paz. Por eso mantenemos todas la líneas de comunicación con los rusos, sino no habrá oportunidad para la paz", resumió. Además, esta es la última cumbre de otro de sus grandes socios hasta ahora, Mateusz Morawiecki, que dejará el testigo al frente de Polonia para Donald Tusk en las próximas semanas, a tenor del resultado de las últimas elecciones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también intervino al inicio de la cumbre. No quiere que la Unión Europea se olvide de que Rusia sigue invadiendo Ucrania mientras ahora todos los focos se ponen en la guerra entre Israel y Hamás. Kiev mantiene que la adhesión al bloque comunitario es uno de sus grandes objetivos para el corto y el medio plazo, y así se lo hizo saber este jueves el presidente a los líderes de los 27. "Incluso a pesar de la guerra a gran escala, no pedimos excepciones a las normas generales", expuso Zelenski sobre la entrada.

Emilio Parodi, de 82 años, es señalado por estar involucrado en el “armado de listas”, con los nombres de trabajadores para su secuestro.

Parodi fue detenido en Olivos e indagado por el juez Ernesto Kreplak. Está imputado por “favorecer y facilitar” la privación ilegal de la libertad agravada de 23 trabajadores de la planta.

Emilio Parodi, exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata durante la época de la dictadura militar, fue detenido por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada de un grupo de 23 trabajadores de la planta, ubicada en Avellaneda.

El hermano de Miguel Cherutti bajo búsqueda internacional por crímenes de lesa humanidad

En 2021, ya la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción había imputado al empresario por haber favorecido y facilitado los secuestros del personal, mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas que eran entregadas a las fuerzas armadas.

El juez Kreplak le tomó declaración indagatoria al imputado, de 82 años de edad, este martes 4 de julio, luego de su detención en un domicilio de la ciudad de Olivos, en el partido de Vicente López, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La orden incluyó una comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la prohibición de salida del país del Parodi.

Identificaron los restos de una joven catamarqueña desaparecida en la dictadura militar

El proceso judicial que derivó en la detención del exgerente de Molinos Río de La Plata. La causa tuvo su origen en una denuncia formulada en junio de 2013 por los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos.

En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda, consignó el sitio Fiscales.gob.ar.

Al instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima “pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes”.

Al respecto, agregó: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

En octubre de 2019, el juez, la fiscalía, las querellas testigos y víctimas realizaron una inspección judicial en el predio fabril de Avellaneda y en marzo de 2021 la Unidad Fiscal requirió el llamado a declaración indagatoria del exgerente hoy detenido, al señalar que el imputado “favoreció y facilitó las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y la consolidación de esta situación mediante el impedimento al acceso a la información de los familiares”.

Parodi, argumentó la fiscalía, “fue mencionado en diversos testimonios por un lado como eslabón central dentro del sistema de circulación de información que se iniciaba con los agentes de vigilancia (‘bomberos’) y finalizaba con la entrega de listas a las fuerzas armadas de la represión. Por el otro, como aquel representante de la empresa encargado de negociar indemnizaciones para obtener la renuncia de determinados trabajadores”.

El ex teniente coronel Carlos Ignacio “Calele” Cialceta fue uno de los jefes del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, y está procesado en la causa por secuestro, torturas y homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

El ex teniente coronel Carlos Ignacio “Calele” Cialceta fue detenido esta tarde en la ciudad de Salta, por orden de la jueza federal de Garantías Mariela Giménez en una causa en lo que se lo investiga por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

Según trascendió, Cialceta estaba residiendo en una casa sobre la calle General Güemes, en el centro de la ciudad de Salta. El dato llegó esta misma tarde al área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal federal de Salta y el fiscal general Carlos Amad solicitó el allanamiento, que fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional.

El mismo fiscal informó que que el militar retirado quedó alojado por ahora en dependencias de esa fuerza nacional.

La Pampa liberó a represor que cumplió con las dos terceras partes de su condena

Calcieta está procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del también gremialista petrolero Jorge René Santillán, hechos cometidos el 10 de agosto de 1976, desde su casa en la localidad de General Mosconi, que en el organigrama represivo de la dictadura quedó bajo el ámbito del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, donde revistaba Calcieta.

El militar retirado venía eludiendo la orden de detención dada por la jueza Giménez a principios de año, en respuesta a un pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Amad el 29 de marzo pasado, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito.

En ese momento la jueza dispuso también medidas para determinar el paradero de Cialceta. Entonces su pareja informó que ya no vivía más en la casa común, que estaban separados de hecho y desconocía su paradero, igual que sus hijos. Sin embargo, se supo que en realidad la pareja no estaba separada y había un contacto permanente, también con los hijos.

Comienza el traslado del represor “Chispa” Sánchez a Argentina

Cialceta está procesado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Santillán. Ya al pedir que se ordenara la captura nacional e internacional, en abril pasado, el fiscal había advertido que por la entidad de los delitos de lesa humanidad que se le imputan “resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”.

Y había destacado que por el interés público nacional e internacional “de impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”, frente a hechos como se le imputa a Cialceta, “se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía”.

El caso

Santillán fue secuestrado la madrugada del 10 de agosto de 1976, de su casa en el pueblo de General Mosconi, a diez kilómetros de Tartagal. Cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda familiar. El militante les opuso resistencia, ayudado por su mujer, Irma Yolanda Prado; lucharon durante dos horas, hasta que lograron arrebatarlo y se lo llevaron con rumbo a Tartagal.

Su cuerpo fue encontrado horas después en el camino al paraje Acambuco, a 20 kilómetros de General Mosconi, con signos de haber sido sometido a una explosión, igual que días antes se había hecho con Menena Montilla y el médico Pedro Urueña, también militantes peronistas del norte provincial.

En ese momento Cialceta integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte 28. Revistaba con el grado de subteniente como Oficial de Personal (S-1) y Ayudante del Jefe de Regimiento -Compañía de Comando.

Ya está probado que este Regimiento fue parte del terrorismo estatal. Su jefe, el general Héctor Ríos Ereñú, fue condenado como autor mediato del secuestro y posterior homicidio de Santillán.

El represor siguió la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto desde el penal de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido. El tribunal condenó también a otros seis acusados, en el marco del juicio por secuestros, torturas y crímenes contra 84 víctimas en el centro clandestino de detención Brigada San Justo.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y a otros nueve represores que cometieron secuestros, torturas y crímenes contra 84 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada San Justo durante la última dictadura militar.

También, el tribunal impuso una pena de 25 años a otros 6 represores y absolvió a un imputado, en el marco del juicio.

Se trata de la octava condena a perpetua que recibe Etchecolatz por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

En este proceso, el represor siguió la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto desde el penal de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido por otras causas.

Para escuchar la pena, Etchecolatz se puso de pie y mostró, colgado de su cuello, un cartel blanco con la leyenda: “Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa”.

Los delitos

El represor fue hallado responsable del delito de coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia e imposición de torturas y por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de 54 víctimas, siete de ellas muertas a raíz de los tormentos.

El TOF 1, integrado por Pablo Vega, Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris, impuso también la pena de prisión perpetua para el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el excapitán del Destacamento de Inteligencia 101 Emilio Herrero Anzorena; y el exjefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Carlos María Romero Pavón.

También fueron condenados a esa pena el exjefe de contrainteligencia Ricardo Fernández; el exjefe de la Policía Bonaerense Leopoldo Baume; el exguardia Raúl Carballo; Héctor Carrera y el exmédico de la Policía bonaerense, Jorge Vidal.

Además, los jueces impusieron 25 años de prisión al exagente de la Policía bonaerense Ricardo García; al exteniente primero Roberto Balmaceda; al exguardia Rubén Boan; al exjefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo Alejandro Menichini y al excapitán de Artillería Jorge Di Pasquale.

Respecto al imputado exjefe de la Brigada de Investigaciones 1 de Morón-San Justo Roberto Félix, el Tribunal dispuso su absolución e inmediata libertad tras evaluar las fechas de su legajo, que no lo ubican cumpliendo funciones en esta Brigada.

#BrigadaDeSanJusto #Sentencia El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó por los delitos del #lesahumanidad a:Jaime Lamont Smart, a: prisión perpetua.Rodolfo Enrique Godoy, a: 25 años de prisión.Roberto Armando Balmaceda, a: 25 años de prisión. pic.twitter.com/7HSKWURfh7

— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) December 2, 2020

Al genocida, Miguel Osvaldo Etchecolatz, a: prisión perpetua.Alejandro Alberto Menichini, a:25 años de prisión.Leopoldo Luis Baume, a: prisión perpetua.Raúl Carballo, a: prisión perpetua.Héctor Horacio Carrera, a: prisión perpetua.

— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) December 2, 2020

En su fallo, que fue seguido desde las puertas del tribunal por familiares y sobrevivientes, el TOF1 exhortó al ministerio de Seguridad bonaerense a que desafecte como dependencia policial a la Brigada San Justo para que sea convertida en Sitio de Memoria.

La Brigada San Justo se encontraba bajo control operacional del Primer Cuerpo del Ejército, que alcanzaba toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y a La Pampa.

El tribunal juzgó lo ocurrido con 84 personas que estuvieron cautivas allí, 19 de las cuales siguen desaparecidas.

Entre las imputaciones estuvieron los homicidios de los perseguidos políticos Alejandro Aibar, Sonia Von Schmeling, Marcelo Moglie, Jorge Luis Fernández González, Juan Alejandro Fernández González, Enrique Ricardo Rodríguez, Luis Ángel García, Herman Von Schmeling y Rubén Cabral.

Además, se juzgaron los secuestros de María Asunción Artigas, Mónica Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, quienes permanecieron detenidas embarazadas en la Brigada de San Justo y fueron trasladadas al Pozo de Banfield.

Allí, María Asunción y Mónica dieron a luz a sus hijas, Victoria Moyano Artigas y María José Lavalle Lemos, restituidas en 1988 y 1987, respectivamente.

Por otra parte, se investigaron los hechos en torno a las hijas de Lemos: María Lavalle, luego de ser secuestrada junto a sus padres, permaneció en la Brigada de San Justo hasta ser entregada días después a unos vecinos, y su hermana, María José Lavalle Lemos, fue entregada en aquella Brigada a quien la inscribió como hija propia, Teresa Isabel González.

También se incluyeron los secuestros de Claudio Ernesto Logares y Gustavo Antonio Lavalle. Ambos fueron secuestrados con sus compañeras e hijas.

La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo, en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1 de La Matanza.

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en París con organizaciones de derechos humanos, ante quienes se comprometió a impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura, similar a la que está en vigor en Francia, que contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.

“El presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo”, dijo Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del ex policía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.

El reclamo fue planteado por los organismos de derechos humanos en la reunión que mantuvieron con el mandatario, en el marco de su gira por Europa que culmina durante la jornada.

La ley francesa, que se creó para que no haya posibilidades de negar el Holocausto en medio de una fuerte corriente negacionista en el país que ponía en cuestión su existencia, también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.

El ultraderechista Jean Marie Le Pen, padre de la actual líder del Frente Nacional francés, fue condenado en varias ocasiones desde que la norma francesa entró en vigor en Francia en julio de 1990 y es conocida como Ley Gayssot, por el nombre del diputado comunista que la propuso, Jean Claude Gayssot.

“La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe”, explicó Thonon.

Jean Marie Le Pen es la personalidad pública que más condenas acumula por palabras racistas o negacionistas del Holocausto.

En 2015, cuando Le Pen padre volvió a declarar que las cámaras de gas no fueron más que “un detalle” de la Segunda Guerra Mundial, su hija y aspirante a la Presidencia de Francia, decidió expulsarlo de su propio partido.

Otro de los asuntos que plantearon los representantes de organizaciones de derechos humanos en la reunión con Fernández fue la necesidad de evitar que los genocidas que están presos puedan obtener los beneficios de los condenados por otros delitos.

“El pedido se fundamenta en el hecho de que Argentina firmó el Tratado de Roma”, dijo Thonon, refiriéndose al acuerdo internacional por el que se creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, que establece la obligación del cumplimiento efectivo- completo de la condena”.

Ambas propuestas cuentan con el apoyo de la Acaf (Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia), varios de cuyos miembros participaron del encuentro con el presidente en el Hotel Regina de Paris.

“El presidente fue muy sensible con nuestras inquietudes, y nos dijo que estas cuestiones entrarían en su agenda”, explicó por su parte María Laura Stirnemam, de la asociación Hijos.

Los miembros de la Acaf llevaron a la reunión con Fernández su emblema, que es el pedido de liberación de la detenida dirigente social jujeña Milagros Sala. El presidente recibió como regalo el libro “Milagro Sala, la chispa de un pueblo”, cuya investigación y publicación financiaron.

Finalmente, el presidente se comprometió a seguir el caso de Sergio Apablaza, el ex militante del FPMR chileno, acusado en su país por delitos cometidos en 1991, cuya extradición reclama la justicia chilena y a quien el presidente Mauricio Macri quitó el estatus de refugiado en 2017.

En el marco de su visita, Alberto Fernández planeaba visitar la plaza Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, uno de los tres lugares emblemáticos de la Argentina en París.

Los hizo llegar a través del obispo castrense, Santiago Olivera, con quien tuvo una audiencia en privado.

El obispo castrense Santiago Olivera fue recibido por el papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano y dijo que el pontífice “se interesó sobre el caso de quienes están presos sin condena” y le entregó rosarios para los militares que se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario por causas de lesa humanidad.

“Con mucha alegría he sido recibido por el santo padre Francisco, lo primero que puedo contarles es que en verdad, me confirmó en la fe y el trabajo pastoral”, expresó Olivera en declaraciones reportadas en un comunicado del obispado castrense.

En ese sentido, agregó: “Con su santidad, hablamos sobre las particularidades de nuestra diócesis Castrense de Argentina, también recordando que este año, en el mes de marzo, voy a cumplir tres años de que fui nombrado por él, obispo Castrense de Argentina”. El obispo manifestó que con el pontífice analizó además, la situación de muchos de sus fieles, y que el Papa se interesó por “quienes están presos y por los que sin condena están en prisión preventiva”.

“Sobre este aspecto, el Santo Padre, me animó a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos”, afirmó el religioso tras la audiencia que se extendió por 45 minutos en la Biblioteca Privada de Palacio Apostólico.