Una mujer de 40 años fue arrestada en La Banda, Santiago del Estero, después de robarle 180 mil pesos a una jubilada que le había pedido ayuda para retirar dinero de un cajero automático. La ladrona se aprovechó de la confianza de la víctima y se quedó con el dinero.

La investigación, llevada a cabo por personal de Delitos Económicos, incluyó el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y permitió identificar a la autora del hecho. 

La mujer fue detenida y trasladada a una comisaría, donde quedó a disposición de la justicia.

La detenida fue identificada como una mujer de 40 años, imputada por el robo a la jubilada.

La policía allanó un domicilio en el barrio Agua y Energía, donde se cree que la mujer podría haber escondido parte del dinero robado.

María Eugenia Leyes, la exnovia del médico traumatólogo Sebastian Grin, fue imputada el jueves de los delitos de Desobediencia al mandato judicial; daños y lesiones leves dolosas calificadas por ser cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja.

La audiencia encabezada por la jueza Susana Luna se realizó en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Apullán, fue quien le atribuyó los cuatro delitos ya mencionados.

En la audiencia se determinó otorgarle libertad bajo estrictas normas de conducta.

No obstante, se decidió que la imputada transite el proceso en libertad, aunque con una serie de condiciones:

Por su parte, el fiscal Roberto Apullán brindó detalles sobre la audiencia en la que se imputó a María Eugenia Leyes.

"En la audiencia se abordaron dos cuestiones principales: primero, atribuir el hecho a la persona detenida, y segundo, resolver su situación procesal", explicó Apullán en rueda de prensa.

La mujer fue detenida tras estrellar su vehículo contra el frente de un comercio.

Finalmente, se determinó otorgarle libertad bajo estrictas normas de conducta, incluyendo la prohibición de acercarse al denunciante y a otras personas vinculadas a él, además de la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico y no utilizar redes sociales.

El fiscal destacó que la víctima había denunciado constantes agresiones, lo que motivó la detención inicial de Leyes y su posterior imputación. Sobre la decisión de evitar la prisión preventiva, Apullán señaló: "Es una medida de última instancia. Consideramos que los riesgos procesales pueden ser abordados con medidas alternativas".

La investigación continúa para asegurar el cumplimiento de las normas impuestas y prevenir nuevos episodios de violencia.

El operativo lo hizo Gendarmería Nacional en el edificio de la Justicia federal de Oroño al 700, donde también se incautó el celular de uno de sus secretarios. 

El despacho del juez federal Marcelo Bailaque fue objeto de un procedimiento de Gendarmería Nacional en la mañana de este jueves en el edificio ubicado en bulevar Oroño al 700, donde se le secuestró su teléfono. Se trata del magistrado que había sido denunciado por haber tenido el mismo contador que llevaba los números a empresas relacionadas con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado.

Por los datos recolectados, los procedimientos fueron motivados por una causa federal por delitos tributarios, donde se detectaron presuntas irregularidades. De acuerdo a las primeras informaciones, el operativo había sido solicitado por la Procelac, la Procunar y la unidad fiscal del Ministerio Público Fiscal distrito Rosario.

En la requisa dentro del edificio de la Justicia federal también se le secuestró el celular a G. G., uno de los secretarios de Bailaque, y documentación.

También se hicieron inspecciones en oficinas de organismos nacionales de la ex Afip y Aduana, actualmente reconvertida bajo el nombre de Arca, donde también se incautaron teléfonos a personal de alta jerarquía, según adelantaron fuentes judiciales a Rosario3. Se allanó también un estudio jurídico que podría tener conexión con el legajo, aunque no sería el único.

El juez había sido noticia en agosto, después de que el diario La Nación publicara que había tenido de contador a Gabriel Mizzau, quien llevaba también los números a empresas relacionadas con Alvarado, sobre quien Bailaque tenía causas en su escritorio. A su vez, un hijo de Mizzau fue empleado del propio Bailaque desde 2017 hasta hace pocos meses, cuando pasó del Juzgado al Tribunal Oral Federal Nº 3.

Mauro Emilio Schechtel, un hombre de 44 años conocido como el "Monstruo de Dorrego", ha sido condenado a 40 años de prisión por un delito cometido en 2008 contra una menor de edad en Coronel Dorrego. A pesar de su condena, Schechtel se ha afiliado a La Libertad Avanza y se presenta como candidato en la lista universitaria para las elecciones en la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca.

Según informes, Schechtel ocupa el puesto 12 en la lista de Libertad UNS, el brazo universitario del partido oficialista. 

Sin embargo, se estima que la agrupación libertaria obtendrá solo tres o cuatro bancas, lo que reduce las posibilidades de Schechtel de ingresar a la Asamblea.

En 2010, Schechtel recibió una histórica pena de 40 años de prisión por su delito. Los jueces determinaron que presenta actitudes "sádicas" hacia los menores de edad y es un "alto riesgo" para otras potenciales víctimas. Además, se estableció que Schechtel tiene plena conciencia de sus acciones y no padece ninguna enfermedad mental.

Es importante destacar que Schechtel actualmente cumple su condena en prisión, donde lleva 14 años tras las rejas.

Las autoridades francesas detuvieron ayer en la noche a Pável Dúrov, cofundador de Telegram, la plataforma de mensajería instantánea encriptada de origen ruso.

El hecho ocurrió cuando Dúrov descendía de su avión privado en la pista del aeropuerto de París-Le Bourget, proveniente de Azerbaiyán, según reportes de medios locales.

El multimillonario franco-ruso, de 39 años  fue detenido por la Gendarmería de Transportes Aéreo. La fuerza de seguridad francesa tenía una orden de arresto emitida por la oficina de menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal sobre la base de una investigación preliminar.

La Justicia  sostiene que la falta de moderación en Telegram y la falta de cooperación de Pável Dúrov con las autoridades, junto con las herramientas que la plataforma ofrece, como números desechables y criptografía, lo convierten en cómplice de delitos como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude.

Se espera que el cofundador de Telegram se presente ante un juez de instrucción en las próximas horas porque podría enfrentar acusaciones que incluyen terrorismo, tráfico de drogas, complicidad, fraude, lavado de dinero, y distribución de contenido pedófilo, entre otros cargos, según reportes de medios franceses.

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos lanzada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái como una alternativa a la aplicación WhatsApp.

Con sede en Dubai y traducida a más de 20 idiomas, si algo caracteriza a Telegram es la sincronización a la nube de forma permanente, algo que WhatsApp no tiene, de manera que sus usuarios pueden acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y ordenadores, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos de hasta 2 GB cada uno.

Pero la plataforma ofrece también la creación de mensajes automáticos, la implementación de chats secretos que protegen la privacidad de los usuarios con un cifrado exclusivo entre el emisor y el receptor y la limitación de hasta 200.000 personas por grupo.

Por todas esas características , no es de extrañar que la plataforma se haya convertido en un elemento atractivo para delincuentes de todo tipo y extremistas.

Por otra parte, Telegram emitió hoy un comunicado donde expresó que su director ejecutivo "no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa" y que "Telegram cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Sus acciones de moderación están dentro de los estándares de la industria". Además, agregó la compañía, “es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos”.

A raíz de la detención, las autoridades rusas dijeron que habían solicitado acceso a Durov, pero no obtuvieron respuesta de Francia. "Pedimos inmediatamente a las autoridades francesas que explicaran las razones de esta detención y exigimos que se protegieran sus derechos y se concediera acceso consular. Hasta ahora, la parte francesa se niega a cooperar en esta cuestión", declaró la Embajada de Rusia en París en un comunicado difundido por la agencia de noticias Ria Novosti.

La ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Moscú había pedido un acceso consular a Durov, pero que como el empresario tiene también la nacionalidad francesa, "Francia considera que es su nacionalidad principal".

A la ola de reclamos por su liberación, se sumó Elon Musk, dueño de la red social X (antes Twitter), publicó la etiqueta #FreePavel (#PavelLibre) y comentó en francés "Liberté Liberté! Liberté?" (Libertad ¡Libertad! ¿Libertad?).

Decenas de grandes globos con forma pene sobrevolaron este jueves las inmediaciones de la corte donde se juzgó al expresidente Donald Trump en Nueva York, lo que movilizó al grupo de policías que prestan vigilancia fuera de la corte.

En el lugar, un partidario de Trump que asiste regularmente a la corte abrió la puerta de una furgoneta de la que salieron los globos de color rosa (con tamaño de un metro de largo) que se esparcieron por toda la zona, llamando además la atención de la prensa que aguardaba fuera del tribunal, según pudo apreciarse en varios vídeos aparecidos en las redes sociales.

Los globos llevaban sobreimpresas las caras de personas como el juez Juan Marchand, que preside el juicio a Trump, o la del fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que presentó la acusación que llevó a juicio al exmandatario.

🇺🇸 | NUEVA YORKSueltan 100 globos en forma de penes, adornados con las caras de críticos de Trump, incluyendo al Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg, al Consejero Especial Jack Smith y a los jueces de Manhattan Juan Merchan y Arthur Engoron.pic.twitter.com/4fesvChbq7

Otro rostro fue el de Jack Smith, el fiscal especial que procesa a Trump en Washington por el asalto al capitolio del 6 de enero del 2021.

En un primer momento, un grupo de trumpistas que también estaban en las inmediaciones, interpretaron equivocadamente que se trataba de un ataque contra su líder y comenzaron a gritar “qué vergüenza, qué vergüenza”, pero callaron cuando vieron los rostros en los globos, de acuerdo con un periodista que presenció lo ocurrido.

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales como parte de un presunto plan para silenciar las denuncias de encuentros sexuales extramatrimoniales durante su campaña presidencial de 2016. 

Durante la mañana del viernes agentes de la Policía de Investigaciones concretaron 12 allanamientos en la ciudad de Santa Fe por distintas causas.

Para las requisas domiciliarias se contó con la colaboración de los grupos de irrupción de la Unidad Regional I, tales como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), entre otros.

Cuatro de los allanamientos están vinculados a hechos de Robo, entre ellos una chaterreria en dónde los delincuentes podrían haber vendido algo de lo sustraído (canillas).

Otros 6 allanamientos son por el delito de Estafa. Engañaron a una víctima que solicito un crédito de 30 mil pesos cuando en realidad era de mucho más dinero. Además incluía la prenda de un automóvil del que ahora es titular registral pero no tiene en su poder y nunca quiso comprar.

Otra de las requisas refiere a una causa por el delito de Amenazas Verbales.

El último de los procedimientos se concretó en barrio Villa del Parque, más precisamente en un domicilio de calle Centenera 4300, por el delito de Tentativa de Homicidio (hecho ocurrido el 16 de febrero de 2024, en bulevar Gálvez 2200).

La Policía de la Ciudad, en un trabajo articulado con la PFA, desbarató una banda criminal en el Barrio Zavaleta dedicada a robos, entraderas y secuestros extorsivos.

Durante los ocho allanamientos se detuvo a seis delincuentes, entre mujeres y hombres, que se dedicaban a robos, entraderas, engaños del tipo “viuda negra” y hasta secuestros extorsivos.

Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que la investigación comenzó por un hecho ocurrido en mayo de este año cuando dicha banda privó de la libertad a una mujer, a quien golpearon y amenazaron con armas de fuego.

Luego del hecho se radicó una denuncia que fue tomada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 10, a cargo del Dr. Vismara, conjuntamente con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 31, a cargo de la Dra. Galletti, quienes dieron intervención a ambas fuerzas para que procedan a investigar ante la hipótesis de que sería la misma banda que venía atemorizando en la zona.

En este sentido, tras analizar las cámaras de seguridad ya con la identificación de los involucrados, "se realizaron tareas de inteligencia que permitieron identificar los domicilios de los imputados, donde finalmente fueron detenidos".

Los seis delincuentes están acusados de "tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, robo a mano armada, robo en ausencia de moradores, viudas negras, entre otros, además del secuestro de armas de fuego, municiones y celulares".

Dos mujeres con antecedentes penales fueron detenidas en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Avellaneda, acusadas de robarles a hombres, a quienes conocían y seducían por redes sociales y luego adormecían con alguna sustancia cuando las invitaban a sus casas, informaron fuentes policiales.

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y se realizaron en los domicilios de ambas imputadas, uno en la calle Iriarte al 1700, de Barracas, y la otro en Alem al 1700, de Avellaneda.

Ambas mujeres tenían antecedentes penales y una de ellas, incluso, había sido condena a tres años de prisión en suspenso por haber cometido un robo a un hombre al que había seducido y despojado de sus bienes bajo la misma modalidad.

Al respecto, las fuentes dijeron que para no ir a prisión la condenada debía realizar tareas comunitarias, aunque nunca lo hizo.

Las dos acusadas tenían varios perfiles en aplicaciones de citas y lograban así conocer, a veces de manera individual y, en otras oportunidades, las dos juntas, a hombres a quienes les proponían tener una cita en algún bar o local bailable.

Luego, lograban que las víctimas las invitaran a sus domicilios, donde les colocaban somníferos en las bebidas para dormirlas y robarles, explicaron las fuentes.

Tras las denuncias de damnificados, los detectives de la policía porteña iniciaron una pesquisa y lograron identificar a las sospechosas, por lo que el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33, Darío Bonanno, dispuso que sus domicilios fueran allanados y las mujeres detenidas.

De acuerdo a los informantes, a la mujer detenida en Barracas se le atribuyen cinco robos cometidos mediante la modalidad antes mencionada, mientras que a la otra se le imputan cuatro.

En los allanamientos, los oficiales secuestraron dos teléfonos celulares y una máquina de cortar el pelo que le había sido robada a una víctima.

El Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Resolución 575/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, creó el "Comando Unificado de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales," el gobierno busca fortalecer la prevención de delitos y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Esta agrupación tiene un objetivo específico llevar a cabo tareas destinadas a prevenir delitos contra la propiedad y asegurar situaciones que puedan amenazar los derechos y garantías consagrados en la Constitución. La medida apunta a racionalizar y maximizar los recursos disponibles de las fuerzas de seguridad para un enfoque más efectivo en la prevención y protección.

El Comando estará integrado por varios actores clave en el ámbito de la seguridad nacional y local. Entre ellos se encuentran la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, así como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, representantes de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y otras provincias del país también formarán parte del Comando, asegurando una colaboración integral en todo el territorio.

Características de la iniciativa

Una característica clave de esta iniciativa es otorgar a los funcionarios designados capacidad decisoria sobre el personal y los recursos utilizados en las operaciones de seguridad. Esto permitirá una mayor agilidad y coordinación en la respuesta a situaciones de riesgo y delitos.

La resolución también destaca la inclusión de representantes del Ministerio Público en el Comando Unificado. Se espera que esta inclusión facilite la comunicación y coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la lucha contra el delito.

La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y el Ministro de Seguridad tendrá la facultad de disolver el Comando Unificado a propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal.

Lleva casi tres meses en prisión preventiva, acusado de prender fuego a su ex pareja. La semana pasada, la Fiscalía de Coronda le atribuyó nuevos delitos y ordenó una requisa carcelaria en la que se secuestraron dos teléfonos.

Juliano Salierno

“Me tomé unas vacaciones en el penal amiguita, je muy pronta libertad”, responde en un chat de Facebook Marcelo Nahuel Escalante (29), preso por un intento de femicidio, cometido en vísperas de Año Nuevo, en el barrio Basualdo de la ciudad de Coronda.

Su perfil en redes sociales continuó activo desde su encarcelamiento a fines de 2022. De hecho, circularon fotos desde la Unidad Penal Nº 1 de Coronda, el lugar de encierro más grande de la provincia de Santa Fe.

Las imágenes son elocuentes en cuanto al contexto carcelario en el que fueron tomadas y en algunos casos se encuentran acompañadas por frases tan singulares como la siguiente: “La verdad, que lindo día para estar en cana”.

Requisa y secuestro

El material gráfico fue puesto a disposición del fiscal de Coronda, Marcelo Nessier, quien además de investigarlo por violencia de género, abrió un nuevo legajo por una denuncia por presuntas amenazas desde la cárcel.

Una de las medidas adoptadas fue preservar el perfil con el nombre del imputado de la red social Facebook, pero también se ordenaron dos requisas en el pabellón 5, Ala Norte. Ambas se llevaron a cabo la semana pasada y fue en la segunda cuando el personal policial secuestró dos celulares desde la celda que comparte con otro interno.

Los equipos fueron enviados para ser peritados y se desconoce el resultado por el momento, no obstante, se cree que al menos uno de ellos pertenecía a Escalante y que podría haber material de relevancia para la investigación.

Puñalada y fuego

Mientras tanto, el pasado viernes el fiscal Nessier amplió la atribución imputativa para Escalante, que permanece en prisión preventiva desde el lunes 2 de enero de este año, por el delito de “homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, ensañamiento y violencia de género” en grado de tentativa; “violación de domicilio” e “incumplimiento de mandato judicial”.

El hecho principal y por el cual se encuentra detenido, se remonta a la mañana del 29 de diciembre de 2022, cuando sorprendió a su ex pareja, que desde un tiempo atrás se mudó junto a su pequeño de 8 años a la casa de su madre.

Primero la atacó con un cuchillo de cocina, con el cual alcanzó a lastimarla en la espalda, sobre el hombro derecho. No conforme con ello, la corrió y la roció con un líquido inflamable que activó con un encendedor, quemándole los brazos y la cabeza. Luego se fue a entregar a la comisaría diciendo: “Señor me vengo a entregar, le prendí fuego con alcohol a mi novia”.

Angustia y miedo

La víctima declaró por videoconferencia el mismo día de la audiencia y en esa oportunidad puso en conocimiento a los presentes una serie de episodios violentos que se venían registrando desde meses antes del desenlace casi fatal.

Con el rostro quemado y recuperándose desde la cama de un hospital, la mujer de 27 años dijo sentirse “angustiada y asustada”. “Siempre viví con miedo, me amenazaba, me hostigaba, me humillaba. Él siempre fue muy violento conmigo, pero nunca pensé que iba a llegar a esto, tiene que estar preso”.

Su declaración, sirvió además para ampliar la atribución imputativa, la cual se formalizó el viernes pasado, en el subsuelo de tribunales.

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Abuso sexual y más

Según expuso el fiscal Nessier ante el juez Nicolás Falkenberg, Escalante amenazó de muerte a su ex pareja durante septiembre de 2022. Fue durante una discusión en la que le reclamaba que volviera a vivir con él, luego de que ella decidiera irse a la casa de su madre producto de los reiterados episodios de violencia.

Días antes, el 20 de agosto, la pareja había mantenido otra pelea, porque él le cuestionó un mensaje de texto que había recibido de parte de un tercero. Como corolario la obligó a mantener relaciones sexuales.

En octubre de 2022 la llamó y la hizo ir a su casa diciéndole que su hijo se había quebrado. Pero al llegar la tomó por la espalda y con una cuchilla apoyada en la cintura le dijo: “Yo te llego a ver con alguien y te mato a vos y al que esté al lado tuyo”, recriminándole un contacto de la red social Facebook. Luego la violó.

Por último, el 16 de diciembre de 2022 en horas de la tarde, mientras ella estaba en la casa de su madre, Escalante comenzó a escribirle desde una cuenta de Facebook. “Siempre estoy ahí cerca viendo que estés bien”; “gracias por no contestar, morite” y “me buscaste como enemigo, ahora a aguantársela”, fueron algunas de las frases empleadas. Para rematarla, fue hasta la casa de su madre donde le arrebató el celular y se lo hizo estallar contra el piso, en este caso, violando una medida de distancia ordenada el 5 de octubre de 2022 por el Juzgado de Circuito de Coronda.

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Delitos

Traducido en términos legales, Joaquín Nahuel Escalante fue señalado el viernes pasado como autor de los delitos de “amenazas coactivas”; “lesiones leves dolosas calificadas y abuso sexual con acceso carnal”; “amenazas calificadas por uso de arma y abuso sexual con acceso carnal”, “incumplimiento del mandato judicial, amenazas y daño”, todos “en contexto de violencia de género”.

Antecedentes

Escalante cuenta con una condena en juicio abreviado, alcanzada el 21 de marzo de 2016 a 3 años de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de “extorsión” en grado de tentativa y “robo calificado con arma de utilería” en carácter de autor.

Apelación

El nombre de Joaquín Escalante volvió a aparecer esta semana en la grilla de audiencias del Poder Judicial de Santa Fe. La Oficina de Gestión Judicial Nº 2 de los tribunales locales fijó para este martes 21 de marzo una audiencia de apelación de prisión preventiva y rechazo de medidas cautelares, la cual estuvo a cargo del camarista Sebastián Creus y contó con la intervención del fiscal Jorge Nessier y el abogado particular Iván Carthery, cuya resolución se dará a conocer dentro del plazo legal.

Fuentes policiales confirmaron que una pariente encontró a la mujer tendida en el suelo sin signos vitales.

Ayer por la mañana, encontraron a una pareja de abuelos asesinada en Formosa y el caso conmovió a la región por la criminalidad del hecho. Los cuerpos fueron hallados en un corral de bovinos con heridas de arma de fuego y de arma blanca.

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Los investigadores aún desconocen como pudo haber sucedido el crimen pero sospechan que los agresores podrían haberse transportado en una motocicleta.

El matrimonio fue descubierto en un establecimiento ganadero en la jornada matutina del miércoles, tras un llamado de los familiares de las victimas a la policía, de la localidad formoseña de Pozo del Tigre, denunciando la aparición del cuerpo de una mujer.

La desgracia continuó con el hallazgo del cadáver del esposo de Galván. Se trata de Siriaco Mario Roldán, de 70 años de edad, quien fue encontrado a 60 metros de la su vivienda, tendido en el suelo en una represa seca. En este caso, la víctima exhibía heridas de cortes profundos con un arma blanca.

La victima en cuestión fue identificada como Nélida Galván, una señora de 65 años que presentaba heridas de armas de fuego. Rápidamente, intervino la jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas, Gabriela Soledad Plaza, quien dio la orden para que la Policía Científica y el fiscal de la causa, Rubén Darío Gon, continuarán inspeccionando el lugar del crimen.

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Durante el allanamiento, la investigación por parte de la Policía Científica confiscó tres armas de fuego, dinero en efectivo, dos celulares, dos vainas de una pistola calibre 22 y otras piezas que podrían resultar útiles para esclarecer la causa.

Por ahora, se sabe que el matrimonio sufrió el robo de pertenencias en el momento del ataque, y se intenta indagar el modus operandi de los agresores, de quienes se sospecha que actuaron a bordo de una motocicleta.

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La pareja de uniformados fue arrestada por personal de Asuntos Internos en la comisaría 10ª. La detención la pidieron dos fiscales que acusarán este viernes. También inspeccionaron Jefatura

Dos policías del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario fueron detenidos este martes bajo sospecha de extorsión, abuso de autoridad y otros delitos.

Los fiscales José Luis Caterina y Gonzalo Fernández Bussy los acusarán el viernes en una audiencia, indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos) detuvo a la pareja de uniformados del Comando en la comisaría 10ª de barrio Alberdi, donde se encontraban realizando un acta de procedimiento.

Verónica R. y Héctor M. están sospechados de extorsión, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Los detalles serán revelados en la audiencia, que se prevé será este viernes.

Imputaron a los policías detenidos de la Policía de Seguridad Vial por más de 40 delitos

También fue allanada la vivienda de los uniformados, en Hilarión de la Quintana al 1400, barrio Tiro Suizo. De allí secuestraron una pistola 9 milímetros, 40 mil pesos y dispositivos informáticos. Además los de Asuntos Internos requisaron varios móviles en la base del CRE en la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200.

En este domicilio, según trascendió, la ACP se topó con otra pareja de uniformados del Comando. Por ello, el fiscal ordenó el secuestro de celulares y ficharlos por presunto incumplimiento de deberes.

También fueron acusados tres policías que prestaban funciones en esa dependencia. Operaban en rutas del centro norte provincial

Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados este jueves por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

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La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

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Uno de los hombres investigados es el ahora ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la DGPSV. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15 mil pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

Con relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó este jueves la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30 mil pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados este jueves. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30 mil pesos cada uno.

Este viernes se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, pidió debatir una reforma de la Ley Penal Juvenil y se pronunció a favor de la baja de la edad de imputabilidad. “En el Congreso nos podemos sentar a discutir el Día de la Mandioca, pero no podemos discutir una Ley Penal Juvenil”, se quejó.

“Vengo a los gritos pidiendo que discutamos una Ley Penal Juvenil. La ley que nos rige hoy la dictó Videla”, reclamó el titular de la cartera de Seguridad porteña. En diálogo con Animales Sueltos, el funcionario explicó que con la legislación vigente, un menor que delinque “no tiene castigo”.

Espert: “Hay que reducir la edad de imputabilidad a los 14 años”

“La Policía llegó a detener, en el mismo día, tres veces al mismo menor. Te dicen: ‘La sociedad le dio la espalda, tenemos que protegerlo, no lo castiguemos’. El menor no tiene castigo. Y ese menor mata o muere. Mata, porque siente que no importa, o muere en un enfrentamiento”, graficó.

Ante el panorama que planteó, D’Alessandro se mostró a favor de bajar a los 14 años la edad de imputabilidad. “Comprende la criminalidad del acto”, dijo. No obstante, señaló que esa medida, por sí sola, no va a solucionar esta problemática, sino que debe abordarse de manera “integral”.

El Gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Asimismo, cuestionó al Congreso por no encarar el debate: “Nos podemos sentar a discutir el Día de la Mandioca, pero no podemos discutir una Ley Penal Juvenil con una mesa interdisciplinaria que lo que haga es proteger a ese pibe”.

“Hagamos una mesa de verdad, discutámoslo de verdad. (El menor que delinque) va a un instituto donde lo más probable es que vuelva con sus padres, al mismo nodo delictivo en que se crió. No le quedan ni antecedentes, es inimputable”, insistió.

Este viernes se conoció la sentencia al presunto líder narco por homicidios, balaceras y lavado de activos. La pena de prisión perpetua también fue para Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Facundo Almada y Germán Fernández, todos considerados coautores del homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado

Esteban Lindor Alvarado fue condenado a prisión perpetua por la Justicia provincial este viernes. Es por haber instigado el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018, por liderar una banda dedicada a cometer delitos violentos, por maniobras de lavado de activos, y por balaceras (una contra Tribunales provinciales, una contra el Centro de Justicia Penal y otra contra la casa de una empleada de la Fiscalía).

La resolución por unanimidad estuvo a cargo del tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta. En tanto, la acusación fue de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Por lavado de activos, detienen a la ex pareja de Esteban Alvarado

Alvarado suma así su tercera condena. La primera fue en Rosario el 28 de diciembre de 2007 por haber robado un Fiat Duna en Cochabamba al 800, en barrio Abasto, por la que recibió 3 años de prisión condicional.

La segunda sentencia en su contra fue de la Justicia de San Isidro, donde “El Esteban” fue acusado como uno de los integrantes de “La banda de los rosarinos”, dedicada al robo de autos en Buenos Aires y posterior desguace en Rosario, según la causa que llevó adelante el fiscal Patricio Ferrari. Por esa investigación le dieron una pena de seis años que terminó de cumplir en 2018.

La pena de prisión perpetua también fue para Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Facundo Almada y Germán Fernández, todos considerados coautores del homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la zona sur de Rosario. Entre sus prendas tenía un cartel que decía “Con la mafia no se jode”. Se probó que antes de ser asesinada, la víctima fue secuestrada en la puerta de su casa y llevada al domicilio de Alvarado en el paraje “Los Muchachos” de la jurisdicción de Piñero.

A Laferrara también lo consideraron autor material del asesinato de Cristian Enrique, secuestrado el 23 de octubre de 2018 y hallado muerto al mes siguiente con signos de tortura.

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Además, el constructor Miguel Grecci Hazzi fue condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión como miembro de la asociación ilícita y por maniobras de lavado de activos. Deberá pagar una multa de 76 millones de pesos en el término de 90 días.

Grecci Hazzi llegó en libertad a la lectura del veredicto y terminó esposado.

En tanto, Damiana Ghirardi fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional más el pago de una multa por 46 millones de pesos que también tendrá que abonar en 90 días.

El diputado Gerardo Milman envió la iniciativa al Congreso, la misma que estableció el gobierno de Cambiemos por decreto y fue anulado por el Frente de Todos.

El diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, envió un proyecto de ley al Congreso para expulsar de la Argentina a los extranjeros que hayan cometido delitos. El vicepresidente del bloque del PRO formalizó la propuesta luego de que la última semana 50 hinchas de Deportivo Cali fueran detenidos con armas blancas. Muchos de ellos tenían un ingreso irregular y fueron deportados.

Quien fuera exsecretario de Gestión Federal de Seguridad entre 2016 y 2018, anunció en las redes sociales. “No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sido cometidas por ciudadanos extranjeros. Que además poseen diversos estatus migratorio en nuestro país”.

“Presenté un proyecto para convertir en Ley el decreto sancionado por Mauricio Macri en 2017 y luego derogado por este gobierno. El Estado Nacional debe velar por la Justicia y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta directamente contra este objetivo”, agregó.

El decreto sancionado por Mauricio Macri al que hizo referencia el legislador, fue la creación de un “procedimiento especial sumarísimo”. Dicho mecanismo trataba de negar el ingreso de extranjeros o expulsarlos del país con mayor facilidad. En el momento de su ejecución se fundamentó que había crecido la población carcelaria con extranjeros y los procesos judiciales eran muy extensos.

Con la llegada de Alberto Fernández, el decreto que había firmado el expresidente quedó sin efecto. En el año 2021, el Gobierno nacional decidió derogar ese DNU y la justificación que utilizaron desde la Casa Rosada fue que “resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

El exjuez federal santafesino Víctor Hermes Brusa, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, regresará a una cárcel común.

Condenas por los delitos de Lesa Humanidad en Laguna Paiva

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en un fallo unipersonal firmado por la jueza de Ejecución Penal Lilia Canero, tras sendas decisiones que anularon la concesión de la prisión domiciliaria de la que gozaba desde hacía tres años.

Conceden la prisión domiciliaria al exjuez Víctor Hermes Brusa

La jueza ordenó su “traslado y alojamiento definitivo” a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, después de que recayera sobre Brusa la cuarta condena, en esta oportunidad a ocho años de prisión en un caso por torturas contra tres detenidos ilegalmente.

El exmagistrado había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por un fallo dividido de la Cámara de Casación cuando cumplió 70 años.

En aquella ocasión, el hoy presidente de la Cámara, Alejandro Slokar, había advertido que el límite etario no significaba la concesión automática del arresto domiciliario. Brusa gozaba de ese beneficio en razón de supuestas afecciones de salud que, según el nuevo fallo, “pueden ser adecuadamente tratadas” en la cárcel.

A fines del año pasado, la Corte Suprema anuló la concesión de la domiciliaria y ordenó que se dictara un nuevo fallo, que finalmente terminó ordenando el alojamiento de Brusa en una cárcel común.

La decisión se basó en el informe médico que sostiene que el exjuez padece “afecciones que podrían ser tratadas adecuadamente en un establecimiento penitenciario que cuente con equipo de salud mental o extramuros, si su situación procesal lo permite”.

La agencia dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, realizó un rimer balance de gestión. Llevan más de 600 allanamientos efectuados en lo que va del año, con un alto porcentaje de resultados positivos.

En el marco de la presentación del primer balance del año por los meses de enero y febrero de 2022, la Agencia de Investigación Criminal contabilizó que lleva realizados 619 allanamientos, correspondientes a la Dirección Operativa, la Dirección de la Agencia de Investigación contra el Narcotráfico, la Dirección de Inteligencia y la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género, que integran el organismo de investigación criminal de la provincia.

En los procedimientos, los agentes detuvieron a 535 personas, y secuestraron un total de 99 armas de fuego y 3.118 municiones. Además, también fueron incautados 108 rodados y 615 aparatos celulares para las pericias e intervenciones telefónicas.

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En cuanto a material estupefaciente, la AIC lleva secuestrados 695 gramos de cocaína, 38.515 gramos de marihuana junto a 50 plantas. También, la fuerza policial incautó, hasta el momento, $8.764.904 de pesos en efectivo y 3.768 dólares estadounidenses.

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De la presentación participó el Ministro de Seguridad, Jorge Lagna; el Subsecretario de Investigación Criminal, Andrés Rollandeli; el Director General de la Agencia de Investigación Criminal, Marcelo Zoratti; y la Subdirectora General de la Agencia de Investigación Criminal, Dorys Del Valle Abdala.

Fue este viernes en barrios de la ciudad de Santa Fe con el fin de reducir los índices de delito y evitar nuevos robos, sobretodo los relacionados con motovehículos.

El Ministerio de Seguridad realizó el viernes una serie de operativos preventivos y de saturación en diversos barrios de la ciudad de Santa Fe. Los procedimientos se realizaron en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe con el fin de reducir los índices de delito y evitar nuevos robos, sobretodo los relacionados con motovehículos. Al respecto, el secretario de Política y Gestión de la Información, Jorge Fernández, indicó que “estamos iniciando una serie de operativos que se van a realizar todas las semanas en distintos puntos de la ciudad, y que tienen relación con un problema que es prioritario para el Ministerio de Seguridad como son delitos que se cometen con motos y el robo de motos”.

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“Trabajamos en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe y constituimos una mesa con la Fiscalía Regional 1 para tratar este tema que hoy nos aqueja en toda la provincia y atacar estos delitos con grandes despliegues policiales en diversos puntos de la ciudad”, agregó Fernández.

A su vez, el funcionario expresó que “este flagelo se ve reflejado diariamente en los números que manejamos en el Ministerio de Seguridad y en las demandas que surgen de las reuniones con vecinos e instituciones, por ello a partir del mapa del delito planificamos estos operativos y vamos a continuar intensificándolos”.

Por su parte, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos, explicó que “la seguridad la construimos entre todos, por ello enfatizamos en que se deben denunciar todos los delitos al 911 o en los edificios afectados a la seguridad para que podamos armar el mapa del delito y planificar estos operativos dinámicos y sorpresivos”.

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“Venimos teniendo reuniones con diferentes actores de la sociedad, entre ellos los cadetes, que nos expresaron su preocupación por los delitos. Dispusimos diferentes dispositivos y corredores seguros para la prevención de este flagelo”, concluyó Bustos.