El Observatorio del Clima, una ONG que lucha contra la crisis climática, calificó como “surrealista” el registro del territorio devastado.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe), a través de su sistema de alerta Deter, indican que la deforestación de la Amazonía brasileña en abril de 2022 superó los 1.000 kilómetros cuadrados, cifra que representa un récord histórico para el mismo mes con respecto a años anteriores.

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Hasta el 29 de abril de 2022, el total de bosque detruido —según los gráficos divulgados por el Deter—, llegó a los 1.012,5 kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio que se deforestó en abril de 2021, cuando se arrasaron 579,98 kilómetros cuadrados.

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El Observatorio del Clima (OC), una Organización No Gubernamental que lucha contra la crisis climática, calificó la deforestación registrada en abril como “surrealista” e indicó que con este nuevo récord el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, “dobló el gol”.

“Jair Bolsonaro dobló el gol. En plena temporada de lluvias, el área de alertas de deforestación en la Amazonía en abril alcanzó unos surrealistas 1.012 km2, un 74% superior al anterior récord de la serie histórica, establecido el año pasado por el propio Bolsonaro (580 km2). En comparación con el promedio de seis años anterior de abril, el área de alerta es un 165 % más grande”, dijo el Observatorio.

E #sextou para grileiros, madeireiros ilegais e assassinos de índios com o recorde absoluto de alertas de desmatamento para abril: 1.012 km2, 165% a mais que a média para o mês. É a primeira vez na série que os alertas nesse mês, que ainda é de chuva, ultrapassam 1.000 km2. pic.twitter.com/5uXAxa1yPq

— Observatório do Clima (@obsclima) May 6, 2022

La ONG también alerta que la cifra es aún más “grave” porque abril es parte del llamado “invierno amazónico”, el último mes lluvioso en la Amazonía, un periodo en el que “el ritmo de las motosierras naturalmente se enfría”. Además, señala, que antes del gobierno de Bolsonaro, “era raro” que las alertas mensuales de deforestación superaran los 1.000 kilómetros cuadrados, incluso en la estación seca.

De acuerdo a los registros del Deter, los estados con mayor área bajo alertas de deforestación en abril fueron: Amazonas, con 346,89 km²; Pará, 241,92 km²; Mato Grosso, 286,68 km²; y Rondonia, con 107,86 km².

Entre tanto, el OC advierte que, en el acumulado del año, que para el Deter comienza en agosto de 2021, la extensión de territorios deforestados ya se ubica en 5.070 km².

La cifra, según la OC es “5% más que la temporada pasada y la segunda cifra más alta de la serie histórica —superada solo por la récord de 5.680 km2 establecido por el propio gobierno de Bolsonaro en 2020. Desde agosto pasado, las alertas vienen batiendo récords: en octubre, enero, febrero y ahora en abril”.

Marcio Astrini, secretario ejecutivo del OC, responsabilizó al presidente Bolsonaro por el récord de deforestación e indicó que el próximo mandatario que se instale en Brasil, tendrá “una dificultad extrema” para revertir la situación del Amazonas.

“El causante de este récord tiene nombre y apellido: Jair Messias Bolsonaro. El ecocidio en jefe de Brasil ha triunfado al convertir el Amazonas en un territorio sin ley, y la deforestación será lo que los ocupantes ilegales quieran que sea. El próximo presidente tendrá una dificultad extrema para revertir esta situación, porque la delincuencia nunca ha estado más cómoda en la región que ahora”, señaló Astrini.

En 2021, la deforestación en la Amazonía brasileña marcó su nivel anual más alto en toda una década. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, este territorio perdió 10.476 kilómetros cuadrados de bosques, la tasa anual más alta desde 2012.

Una investigación del Instituto Gulich, realizada con imágenes satelitales y datos a campo, determinó cómo los cambios en el uso del suelo, por la deforestación, los incendios y la urbanización, afectaron la biodiversidad en las últimas tres décadas.

Los cambios en la estructura y en la cobertura de los suelos producidos en los últimos 30 años en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, por la urbanización, el desmonte, los incendios y la invasión de árboles exóticos, estarían afectando a las comunidades de aves, especialmente a las denominas especialistas de bosque, que dependen de los recursos que brindan las especies vegetales nativas.

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Esta tendencia podría acentuarse en los próximos años, a menos que se pongan en marcha estrategias de manejo para conservar y restaurar el monte, y se implementen medidas de planeamiento urbano.

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Estas son algunas de las principales conclusiones a las que arribó una investigación del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (IG), creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los estudios estuvieron a cargo de la becaria doctoral de CONICET Luna Silvetti, bajo la dirección de Laura Bellis (CONICET) y Gregorio Gavier (INTA), en el marco del Doctorado de Ciencias Biológicas, de la UNC, con lugar de trabajo en el Instituto Gulich.

El trabajo contempló tres grupos de aves residentes de las sierras de Córdoba, según sus hábitos más característicos: las especialistas de bosques (como el carpintero negro y el anambé común) que habitan principalmente en montes nativos; especies de arbustal (como el corbatita común y el pepitero de collar), que frecuentan hábitats más abiertos; y las aves generalistas (como el chingolo y el benteveo), que se adaptan a cualquier ambiente, ya sea urbano o de bosque.

“Evaluamos cómo se modificó la configuración y la estructura del paisaje en los últimos 30 años, mediante la realización de tres mapas de cobertura correspondientes a los años 1989, 2004 y 2019, en base a imágenes captadas por los satélites Sentinel 2 y Landsat 5. Luego analizamos cómo esos cambios afectaron la biodiversidad, con el aporte de datos tomados a campo”, explicó Silvetti.

Mapas de coberturas y usos del suelo de las sierras chicas de Córdoba para los años 1989, 2004 y 2019, realizados en base a imágenes captadas por los satélites Sentinel 2 y Landsat 5.

Para obtener información a campo se realizaron diferentes puntos de muestreos en las zonas de bosque, entre las localidades de Bajo de Olmos y La Calera. Allí se registró la cantidad y variedad de especies de aves, y se tomaron datos de la estructura del bosque y de la cantidad de especies nativas, así como de la cobertura del dosel (capa superior de un bosque) y del suelo, entre otros aspectos. “El objetivo era complementar los datos locales de la vegetación que tomamos a campo, con información a gran escala de los mapas satelitales de cobertura, a partir de la cual podemos observar el contexto”, detalló. Además destacó los aportes de los becarios Mauro González, Cecilia Fernández y Jimena Albornoz, del IG, entre otros que colaboraron en los estudios.

Mapa de coberturas (izq.) e imagen satelital (der.) de las Sierras Chicas de Córdoba, correspondiente al año 2019. A la derecha se observa la localidad La Granja.

Entre las principales conclusiones de la investigación, se advierte que las especies especialistas de bosques, que son muy sensibles al disturbio humano y a los cambios en el uso del suelo, disminuyeron su presencia en zonas de las sierras donde se expanden los conglomerados urbanos y donde el bosque nativo fue desplazado por especies exóticas, como el Siempreverde y la Acacia Negra.

“El avance de estas especies vegetales invasoras modificó la cobertura y la estructura del bosque, disminuyendo el estrato medio (sotobosque) y haciéndolo más cerrado, dificultando el ingreso de la luz y el acceso a recursos que son básicos para estas aves. Estos cambios no sólo han perjudicado la presencia de aves especialistas, sino también las de arbustal, ya que se alimentan y nidifican en arbustos del estrato medio del bosque, siendo un hábitat clave para su supervivencia. En cuando a las generalistas, si bien se benefician con la presencia de bosque nativo, no se ven tan afectados por otros tipos de cobertura e incluso podrían aumentar su presencia porque se adaptan fácilmente a cualquier tipo de ambiente y a los recursos que pueden aportar”, informó Silvetti.

La investigación también tuvo en cuenta la “deuda de extinción”, un concepto de la Ecología referido al tiempo en el que las especies responden a un cambio en la configuración del paisaje. “Muchas veces hay especies que, pese a un disturbio, no desaparecen inmediatamente, sino que tienen un retraso de tiempo hasta extinguirse a nivel local. Estas extinciones futuras se lo denomina deuda de extinción y lo podemos determinar de acuerdo a si estas especies responden mejor a la configuración del paisaje pasado o del actual. Si responden al paisaje actual, significaría que están en equilibrio. Si en cambio responden mejor al pasado, significa que potencialmente podrían extinguirse localmente, incluso si no hubiera nuevos disturbios”, explicó.

En relación a este aspecto, las especies especialistas de bosque estarían en una deuda de extinción porque responderían mejor a paisajes pasados. “En el mapa de cobertura de 2004 se observa que los bosques estaban más conectados a lo largo del corredor de las Sierras Chicas. Hoy sigue habiendo bosque, pero los incendios, el crecimiento de los árboles exóticos y de la urbanización, provocaron que se vayan generando parches de bosque nativo cada vez más alejados entre sí, y eso ha perjudicado a algunas especies de aves que necesitan grandes extensiones de bosque”, indicó. “Sucede que estas especies de animales se movilizan bastante. Las aves paseriformes (un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo) que habitan en la zona, por ejemplo, tienen un radio de acción acotado en época reproductiva (en primavera y verano), cuando están enfocados en la construcción del nido y búsqueda de alimento. Pero en invierno, esa área aumenta a casi 80 hectáreas a la redonda”, agregó.

El objetivo final de este trabajo es generar una propuesta para las Sierras Chicas que ayude a evitar una mayor pérdida a futuro de estas comunidades de aves. La idea es elaborar mapas con escenarios de aquí a 15 y a 30 años y proponer estrategias de manejo para frenar o revertir la situación actual de pérdida de biodiversidad, con un plan de ordenamiento territorial que contemple la conservación y restauración del bosque nativo, tratando de evitar la expansión de especies exóticas y la urbanización no planificada en el monte.

“Cuando empecé a estudiar Biología en la UNC sólo me imaginaba realizando trabajos a campo porque, hasta ese momento, no conocía cómo funcionaban las imágenes satelitales. Luego me acerqué a esta herramienta por mi profesora Bellis y la incluimos en mi plan de trabajo para la tesis”, recordó Silvetti. Actualmente realiza la investigación con base en imágenes satelitales y datos tomados a campo.

Curutié blanco posado en manos de la investigadora Luna Silvetti.

“La información satelital es un gran aporte que se complementa con el trabajo de campo, porque permite observar el entorno del paisaje”, afirmó. Ahora, con la constelación de satélites SAOCOM en órbita, prevé ampliar sus estudios con información radar, para realizar una clasificación más exacta de la cobertura y la densidad de los bosques. “Será útil, por ejemplo, para determinar la altura de los bosques, en algunas zonas de las sierras a las que se me hizo imposible acceder para tomar datos a campo”, adelantó.

La deforestación de la Amazonía de Brasil alcanzó niveles sin precedentes en octubre con la pérdida de 877 km2 de cobertura forestal.

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Los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales (INPE) ponen bajo la lupa los ambiciosos compromisos anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro durante la cumbre climática de la ONU en Glasgow.

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Hace unos días el gobierno de Brasil se comprometía a eliminar la deforestación ilegal en el territorio para 2028, adelantando dos años la meta climática. El gigante sudamericano alberga un 60 por ciento de la selva amazónica. Sólo en octubre de 2021 el país perdió 877 kilómetros cuadrados, un 5 por ciento más de lo que se deforestó ese mismo mes en 2020 cuando se perdieron 836 kilómetros cuadrados de vegetación nativa.

En lo que va del año las actividades ilegales de minería y ganadería llevaron a la deforestación de unos 7.880 km2, un número similar al que se registró en 2020 con la pérdida de 7.890 km2 de zona boscosa. Según los datos del INPE, el estado de Pará fue el de mayor deforestación en octubre, con 501 kilómetros cuadrados, seguido por Amazonas con 116, Mato Grosso con 105 y Rondonia con 100.

At #COP26, the Brazilian government has acted to encourage deforestation, greenhouse gas emissions and the land chaos in the Amazon.  

No more false solutions, we need real climate action for a green and healthy future! #TodosPelaAmazônia

Illustration by @desenhosdonando pic.twitter.com/Eui4a7YF5V

— Greenpeace (@Greenpeace) November 11, 2021

Para las organizaciones defensoras del medio ambiente el último reporte del INPE contradice el discurso de los funcionarios de Bolsonaro en la COP26 que aseguraron que las tasas de deforestación vienen en caída por la intensificación de las acciones de control y vigilancia para frenar la devastación de la Amazonía. “Las emisiones ocurren en el suelo del bosque, no en las plenarias de Glasgow “, dijo Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 70 organizaciones ecologistas.

Durante la gestión de Bolsonaro los índices de deforestación llegaron a níveles inéditos.. Imagen: AFP

A su vez, desde la ONG Greenpeace indicaron que los anuncios del gobierno brasileño en Glasgow no modifican la realidad que se vive en el territorio donde los incendios sin control y la violencia contra pueblos indígenas va en aumento.

A juventude do @ENGAJAMUNDO e do @fridaysfuturebr critica a #MaquiagemVerde promovida por @joaquimleitemma na @COP26. O ministro afirmou que o Brasil é uma potência verde mas dados do DETER (@inpe_mct) mostram que o desmatamento continua batendo recordes na Amazônia! #COP26 pic.twitter.com/kvF4yNhiR4

— Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) November 12, 2021

“Mientras el Gobierno federal intenta vender a Brasil como potencia verde en la COP26, la deforestación en octubre rompió otro récord y ha sido impulsada por la política antiambientalista del presidente y del ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de parte del Congreso nacional”, señaló Rómulo Batista, portavoz de la campaña Amazonía de Greenpeace. Según consigna el matutino Folha de Sao Paulo, cuando se le consultó al ministro por el aumento de la deforestación de la Amazonía, Leite no respondió, “según sus colaboradores porque estaba involucrado en las negociaciones financieras del mercado de carbono”.

Además, organizaciones indígenas repudiaron el discurso de la Leite en la COP26. Treinta organizaciones firmaron un comunicado en el que rechazan las declaraciones del ministro de Medio Ambiente por ser “alejado de la realidad” y “distorsionado”. En uno de los pasajes de su discurso, Leite dijo “reconocer también que donde hay mucho bosque hay también mucha pobreza”.

30 entidades repudiam o discurso do Ministro @joaquimleitemma durante a #COP26, incluindo o Greenpeace Brasil. Confira íntegra da carta: https://t.co/2c70LXPvTO

— Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) November 12, 2021

En el comunicado las organizaciones señalaron que “tal afirmación es diametralmente opuesta al propio concepto de sostenibilidad, como si una supuesta solución a la grave crisis ambiental que azota al país fuera, en realidad, la profundización de un proceso ya acelerado de deforestación y desmantelamiento de la gobernanza ambiental de Brasil”.

A su vez, reprocharon que el gobierno no acredito a ningún integrante del movimiento indígena. En cambio, la delegación gubernamental que estuvo compuesta por militares, agroindustriales y otros actores de la industria, lo que “revela las verdaderas intenciones del gobierno en la COP”.

Desde el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) remarcan la falta de control sobre la tala ilegal del bosque puede perjudicar los compromisos realizados en la cumbre climática. “En las dos últimas semanas hemos visto al gobierno brasileño decir en la COP26 que tiene la deforestación bajo control”, afirmó Ane Alencar, la directora de ciencia del IPAM citada por Folha. “El verdadero Brasil es el que muestran los satélites”, añadió.

“El hecho de que la deforestación haya aumentado incluso con más lluvias de las previstas demuestra que las actuales acciones del gobierno federal no están funcionando”, aseguró Alencar.

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2019 los índices de deforestación llegaron a níveles inéditos en la última década. Ese mismo año fueron talados más de 10.100 kilómetros cuadrados de árboles nativos de la Amazonía. La cifra llegó a 10.900 kilómetros cuadrados en 2020.

El ultraderechista defiende la explotación de recursos naturales en la región boscosa, incluso en los territorios resguardados por pueblos indígenas. Además flexibilizó el control de actividades como las mineras y madereras, éstas últimas en general se realizan de forma ilegal en la Amazonía.

La acelerada propagación de las actividades agrarias y pecuarias hacia la región amazónica transformó a Brasil en una amenaza global al clima, acentuada por el gobierno de Jair Bolsonaro y sus políticas.

El Amazonas, que ocupa 5 millones de kilómetros cuadrados del lado brasileño, ya muestra síntomas de  fatiga. Así lo afirma el climatólogo Carlos Nobre, miembro del panel climático de las Naciones Unidas: “Va en aumento la mortalidad de árboles del clima amazónico húmedo. Y la floresta recicla menor cantidad de agua”.

A los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales les alarma otro dato: la región sur de la selva disminuyó su capacidad de absorber carbono. Hoy extrae de la atmósfera solo 1.000 millones de toneladas; es decir, cayó a la mitad de la capacidad de aspirar gas carbónico, que en su momento llegó a alcanzar los 2.000 millones.

“El Amazonas, que ocupa 5 millones de kilómetros cuadrados del lado brasileño, ya muestra síntomas de  fatiga“

Paralelamente el registro regional de la temperatura trepó 1,5 grados en menos de una década; y esto se viene a sumar al impacto del calentamiento global, que crea condiciones para la extrema sequía. De hecho, hay una combinación de factores que favorecen el peor de los escenarios: “El sector agrícola y ganadero es la causa principal del avance de la deforestación de la selva” advirtió Nobre; al punto que el país sudamericano ocupa el segundo lugar en la lista de naciones con mayor pérdida de cobertura forestal desde 2001. 

Esa acelerada propagación de las actividades agrarias y pecuarias hacia la región amazónica transformó a Brasil en una amenaza global al clima, acentuada por el gobierno de Jair Bolsonaro. De continuar la apropiación ilegal de vastas regiones amazónicas, a manos de hacendados y buscadores de oro y piedras preciosas, la mitad de la selva se transformará en un páramo. Y a partir de ese punto no habrá retorno.

Hay datos concluyentes sobre el impacto que provocan la tala de árboles y los incendios forestales amazónicos. 45% de las emisiones de gases estufa derivan en Brasil de la producción de proteínas animales y granos; en cambio, en el resto del mundo, tales gases proceden del uso de combustibles fósiles.

Del Amazonas hacia el Sur, una amplísima región productiva de granos y ganado puede sufrir la falta del insumo principal: el agua que procede de los ríos de vapor circulantes en la atmósfera. Tales “ríos” son generados en el verano por la gigantesca selva sudamericana.  De allí se abastecen el sur de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay.

¿Cuánto influye este proceso en el reducido caudal del Río Paraná? Los científicos son cuidadosos, pero ya admiten la existencia del factor amazónico. La acción de las madereras asiáticas, los estancieros brasileños y los “garimpeiros”, principales responsables de la devastación de la Amazonia, podría explicar la intensa bajante de las aguas en un río que comienza en el norte de San Pablo, en una zona limítrofe con Mato Grosso y Goiás.

Desde agosto del año pasado fueron derribados casi 9 mil kilómetros de selva. Es lo que indican los datos del INPE. El Instituto destaca que, en el primer semestre de 2021, la deforestación resultó la más alta desde 2015.

Inclusive, los científicos indican que el resultado total de la derribada de la floresta amazónica es el peor desde el inicio de la serie histórica. Y el gobierno de Jair Bolsonaro encontró una respuesta al enviar a los militares para controlar la región. E indicó a su vicepresidente Hamilton Mourao como jefe máximo del operativo.

“Desde agosto del año pasado fueron derribados casi 9 mil kilómetros de selva”

La medida recibió críticas ácidas de parte de los especialistas, por la escasa eficiencia.  Al toparse con ese escenario, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, decidió tener un informe de situación directo de parte de los gobernadores de los cinco estados de la Amazonia Legal. Luego de reunirse con Bolsonaro, en el Palacio del Planalto, el funcionario estadounidense se comunicó con Helder Barbalho, gobernador de Pará; Marcos Rocha, de Rondonia; Waldez Goes, de Amapá y Wilson Lima de Amazonas. De acuerdo con Barbalho, Sullivan “quiso oír y demostrar la intención de llevar al presidente Joe Biden un retrato real”. Esto podría sugerir que Sullivan no confiaba plenamente en los informes provistos por el jefe de Estado brasileño y por su vice.

Ante la cada vez más alarmante destrucción de los bosques a nivel mundial, la Fundación Banco de Bosques, entidad sin fines de lucro que se dedica a identificar y proteger a las zonas de bosques nativos en peligro, acaba de lanzar una muy  original propuesta para alentar tanto a las personas como a las empresas a comprar, a través de su página web,  esas hectáreas comprometidas, para evitar que desaparezcan.

“Ya salvamos más de 130 mil hectáreas con donantes grandes, medianos y pequeños”, afirmó Emiliano Ezcurra, fundador y director ejecutivo de mencionada institución en una nota concedida al portal Ambito.com

Según el especialista, además de ser el lugar de vida de muchísimos personas, los bosques son una gran fábrica de comida y un aporte decisivo para la industria turística. “En nuestro país no habría Parque Nacional Nahuel Huapi sin el bosque andino patagónico, ni Parque Nacional Iguazú sin la selva misionera”, advirtió.

Delimitan bosques nativos a la vera de la Laguna Setúbal

El principal objetivo que buscan con esta iniciativa es que las hectáreas que se encuentren en serio peligro de extinción dentro de los bosques pasen a  ser propiedad de la fundación, que no puede venderlas sino donarlas a terceros que se comprometan a crear en el lugar un área protegida.

Ser parte de esta gran iniciativa es muy sencillo. “Entrás  a nuestra página web oficial (https://www.bancodebosques.org), ves el bosque que está en peligro y el sistema te indica con cuadritos verdes, amarillos y rojos cuáles hectáreas están salvadas, cuáles se encuentran en proceso de salvarse y cuáles están en riesgo. Si querés participar, elegís el importe que querés donar, que arranca en 140 pesos, que equivale a un bosque del tamaño de una cancha de tenis, elegís la forma de pago y listo”, explica.

También existe la posibilidad de llevar a cabo proyectos con la mentalidad de la ingeniería forestal, apicultura orgánica o el ecoturismo. “Nuestra misión es juntar la mayor cantidad de gente posible, armar una inmensa red, que en muy poco tiempo sea capaz de salvar un bosque entero de ser desmontado”, concluyó..

Video: Banco de Bosques

Malas noticias para el planeta. La deforestación de la Amazonia —la cifra anual por la que el resto del mundo mide el desempeño medioambiental de Brasil— se ha disparado en el último año hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 12 años. La mayor selva tropical del mundo, clave para frenar el cambio climático, perdió 11.088 kilómetros cuadrados de árboles, según el balance anual difundido este lunes por las autoridades. Este aumento del 9,5% respecto al año anterior pone en evidencia los graves efectos de la política del presidente, Jair Bolsonaro, de debilitar las inspecciones medioambientales, alentar la impunidad para los invasores de tierras y despreciar a los indígenas que quieren preservar sus tierras.

La Amazonia es tan inmensa que Greenpeace ha hecho unas cuentas para que sea más fácil entender el calibre de la pérdida. Son 626 millones de árboles talados. Es como si cada minuto del último año la Amazonia hubiera perdido el equivalente a tres campos de fútbol, hasta sumar cerca de 1,58 millones de estadios. La ONG sostiene en una nota que “el desmantelamiento de los órganos y las políticas medioambientales nos ha llevado a una tasa casi tres veces mayor que la meta de reducción de la deforestación para el año 2020 establecida por ley”.

El responsable del Observatorio del Clima, Marcio Astrini, sostuvo el lunes en el principal informativo nocturno de Brasil que el “preocupante” aumento de la deforestación es “resultado de un proyecto que está siendo implementado por el Gobierno”. Y enumeró algunas de esas acciones: “Por ejemplo paralizó el cobro de multas, debilitó el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), echó fiscales que combatían los delitos ambientales, redujo las operaciones sobre el terreno, el presupuesto… El Fondo Amazonia (con dinero noruego y alemán) está congelado, existen una serie de medidas de incentivo al grilagem (usurpación) de tierras, a la extracción ilegal de madera…”.

La cifra conocida este lunes es resultado de las mediciones que realiza mediante satélites el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE). Es un balance anual que abarca la superficie de árboles destruida entre agosto de 2019 y julio de 2020. Siempre tardan varios meses en ser públicas. Y suponen un balance preliminar que solo se consolida con los datos definitivos en el primer semestre del año.

El Gobierno de Bolsonaro es perfectamente consciente de que la política medioambiental es crítica en sus relaciones exteriores, tanto con la Unión Europea como los será con Estados Unidos cuando Joe Biden asuma la presidencia en enero. La ecología tiene un enorme peso en el proceso de ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El despliegue de miles de soldados brasileños en las zonas más sensibles y la creación del Consejo de la Amazonia para coordinar a todos los organismos implicados en el cuidado del medioambiente y la lucha contra los incendios no ha revertido el aumento de la deforestación que comenzó antes de que Bolsonaro llegara al poder, pero que se ha acelerado en estos dos años.

La destrucción de la Amazonia superó en 2004 los 27.000 kilómetros cuadrados (casi el triple que ahora). Fue el primer año de Lula da Silva como presidente. A partir de entonces la destrucción anual de árboles fue disminuyendo hasta alcanzar en 2012 los 4.570 kilómetros cuadrados (el mínimo desde que hay mediciones). Y a partir de ahí, con Dilma Rousseff en el poder, comenzó de nuevo el aumento hasta alcanzar la cifra actual.

La organización ecologista WWF destaca en un comunicado que la deforestación registrada desde que Bolsonaro gobierna indica la desconexión del Gobierno de los desafíos y oportunidades (también económicas) que supone la Amazonia.

El INPE tiene otro sistema, que contabiliza alertas cada mes y sirve para movilizar a los inspectores ambientales o la policía, que ya había indicado que la deforestación seguía en aumento. Greenpeace critica que pese a eso “la respuesta del Gobierno federal al aumento de la deforestación ha sido maquillar la realidad, militarizar cada vez más la protección ambiental y trabajar para frenar las acciones de la sociedad civil, dañando nuestra democracia”, según una portavoz.

Mientras que los focos en la Amazonía crecieron un 34 % en septiembre, comparado con el mismo mes del año anterior, en el Pantanal se ha quemado el 16 % del ecosistema.El humo por los incendios de Brasil se extiende 4.000 kilómetros.

Los incendios registrados en la Amazonía y el Pantanal brasileños están causando una importante humareda que en los últimos días llegó a territorios de países vecinos como Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, al extenderse unos 4.000 kilómetros hacia el sur.

En efecto, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil señala que en septiembre se detectan, por ahora, 26.656 puntos calientes en la Amazonía. Eso significa que, a pesar de la pandemia, este mes registra un ascenso del 34 % si se lo compara con el mismo período del año pasado, cuando había 19.925 focos de incendios.

En cuanto al Pantanal, considerado el humedal más grande del mundo, compartido con Bolivia y Paraguay, acumula 15.756 incendios en 2020. Según el INPE, este año se quemaron 23.500 kilómetros cuadrados, lo que representa casi el 16 % de este ecosistema en el sector brasileño. Ello, sumado a las fuertes ráfagas de viento, hicieron que las llamas y el humo se expandieran.

Con ese marco, recientemente un grupo de siete países, denominado Alianza de las Declaraciones de Ámsterdam, instó a Brasil a tomar políticas firmes contra la deforestación. La organización, conformada por Alemania —que lidera el organismo—, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido, también contó con la firma de Bélgica en su declaración.

Así, estas naciones esperan “un compromiso político renovado y firme del Gobierno brasileño para reducir la deforestación, que se refleje en medidas concretas y oportunas”, cita Reuters.

“Mientras que los esfuerzos europeos tienen como objetivo lograr cadenas de suministro libres de deforestación, la tendencia actual de aumento de la deforestación en Brasil está haciendo cada vez más difícil para las empresas e inversores cumplir con los criterios ambientales, sociales y de control”, advirtieron.

Surge a partir de una denuncia contra Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En esa zona, sólo quedan 20 yaguaretés.

Los desmontes aumentaron durante el período de la cuarentena en la Argentina, según consta en la denuncia de la organización ecologista Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es frenar la deforestación por afectar el hábitat de los últimos 20 yaguaretés que quedan en la región del Gran Chaco.

La medida cautelar presentada es por “daño grave e irreversible” e informa que entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 se deforestaron 21.275 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco (superficie similar a la de la ciudad de Buenos Aires).

La organización advirtió al máximo tribunal del país que “dichas zonas desmontadas coinciden con el territorio y hábitat del yaguareté, poniendo cada vez más en riesgo su supervivencia, su propia existencia”. Frente a esta situación, Greenpeace solicitó a la Corte que dicte “el inmediato cese, en la totalidad del territorio de las cuatro provincias demandadas, de cualquier tipo de actividad de desmonte de bosque nativo”.

“El desmonte no es una actividad esencial. Todo lo contrario, lo esencial es detenerlos. Más desmontes significan más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y la desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté”, aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Vía País.

“Resulta increíble que el desmonte no se detenga ni en cuarentena. Es por ello que necesitamos una rápida intervención de la Corte para detener los desmontes que están generando un daño gravísimo e irreversible”, dijo por su parte Enrique Viale, asesor legal de Greenpeace y letrado patrocinante de la causa, en declaraciones a este medio.

Argentina es el país de América del Sur en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en los últimos diez años y hoy hay menos de 20.

Para poder sobrevivir, cada animal necesita aproximadamente 40.000 hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación, una superficie similar a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.

Reclamo judicial

Se trata de la primera vez en la historia jurídica de la Argentina que se realizó una acción judicial en nombre de una especie animal y de los Derechos de la Naturaleza.

La demanda fue realizada contra las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley Nacional de Bosques Nativos y no garantizar la supervivencia de la especie en la región del Gran Chaco argentino. En ese sentido, la Procuración General de la Nación ya dictaminó que la causa es jurisdicción de la Corte.

El amparo incluye el pedido para que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios donde vive la especie, se prohíba su degradación, fragmentación y deforestación; y se implemente un Plan de Manejo sobre el Yaguareté, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.

La deforestación en la Amazonía brasileña creció un 54 % en los últimos diez meses, en relación con el período inmediatamente anterior, con un total de 4.567 kilómetros cuadrados de selva devastados entre agosto del año pasado y mayo de 2020, según un estudio privado divulgado este martes.

Tan solo en mayo, la Amazonía perdió 649 kilómetros cuadrados de selva nativa, la segunda tasa más alta de deforestación para este mes en la última década.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta de Deforestación del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), en el período acumulado entre agosto del año pasado hasta mayo de este año la destrucción de la selva siguió aumentando.

Aunque los 649 kilómetros de árboles devastados en mayo suponen una reducción del 19 % en relación con el mismo mes de 2019, fue la segunda tasa más alta de deforestación registrada en el mes en los últimos diez años.

Los datos indican que el avance de la deforestación ilegal continúa planteando riesgos para las tierras indígenas, principalmente por el peligro de contagio del COVID-19 en las aldeas.

En funcionamiento desde 2008, el Sistema de Alerta de Deforestación es una herramienta de monitoreo desarrollada por Imazon que, con base en imágenes satelitales, detecta zonas desforestadas a partir de una hectárea, así existan condiciones de nubosidad.

Los estados brasileños de la Amazonía que fueron más afectados con la tala de árboles en mayo fueron Pará, que registró el 40 % de la deforestación, seguido de Amazonas (25 %), Mato Grosso (19 %), Rondonia (10 %), Acre (4 %) y Roraima (2 %).

Desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó a la Presidencia brasileña, el 1 de enero del 2019, la deforestación en la Amazonía del país se ha disparado.

La sociedad civil responsabiliza de ese incremento al discurso de Bolsonaro, un defensor de la explotación de los recursos naturales en busca del “progreso” de la Amazonía. 

Solo entre el 15 de marzo y 31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, lo que equivale a tres cuartas partes de la capital. 

La pandemia del coronavirus frenó casi todo en Argentina, pero no la deforestación. Solamente entre el 15 de marzo y 31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, según el monitoreo de Greenpeace, un espacio similar a tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho de otro modo, el Estado permitió que durante la emergencia sanitaria más importante del tiempo reciente se arrasara con casi 200 hectáreas de bosque al día.

A poco tiempo de haberse iniciado la crisis del coronavirus en el país sudamericano, el Gobierno peronista de Alberto Fernández dispuso la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo para todo el territorio, medida que sigue vigente en las zonas más afectadas por el covid-19. También deprisa, el 3 de abril, el Ejecutivo lanzó un decreto aclarando que las “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal” estaban incluidas dentro de las tareas permitidas, y quedaron exentas de las restricciones.

Así, según la Decisión Administrativa 450/2020, Presidencia considera que cortar árboles es un trabajo esencial durante la emergencia sanitaria.

Pero, veamos las fechas. Antes de la publicación en el Boletín Oficial, las topadoras ya estaban limpiando todo vestigio de naturaleza: entre el 15 y el 31 de marzo se barrieron 2.172 hectáreas, un promedio de 128 diarias. Y, más allá de días exactos, desde la ONG ambientalista le dicen a este medio que apenas se lanzaron las primeras medidas de aislamiento social, igualmente se deforestó de forma continua.

Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco, todas en el norte argentino. “El problema no es de ahora, es de siempre”, señala Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no gubernamental. “Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las regiones. Los beneficios económicos no quedan en la zona impactada”, acota.

Con ese marco, el mapa argentino se divide en tres colores:

Sin embargo, la experta alerta que en algunas provincias se cambian los colores de cada sector, según la necesidad o vocación de explotar los recursos naturales. A su vez, en terrenos amarillos también se registraron incendios no controlados, junto a otras maniobras que Cruz califica como “desmontes encubiertos”.

Obviamente, destruir el medio ambiente afecta a las comunidades indígenas y su estilo de vida ancestral: “La tala perjudica la provisión de alimentos y medicinas. También los lugares sagrados, que son bienes insustituibles a nivel espiritual”, subraya Cruz.

Para la entrevistada, la situación de los desmontes es mucho más grave, porque termina corriendo a los aborígenes de sus territorios habituales: “Son desplazados. No tienen manera de vivir en un lugar desmontado, donde se siembra pasto o soja. Y si se quedan cerca, son víctimas de fumigaciones, entonces la mayoría de las veces se van”.

Así, se producen migraciones desde el bosque hasta las periferias de las ciudades, en algunos casos explicado por la contaminación o escasez de un recurso tan básico como el agua, todo en nombre del trabajo y el progreso.

“Vamos a poner nuestro propio cuerpo para frenar el desmonte”, le dice a RT el cacique Sabino Benítez, de la comunidad myba guaraní de Ka’a Kupe. Se trata de un territorio que abarca más de 5.600 hectáreas en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones, donde viven 126 personas.

Su enemiga es CARBA, una empresa que tras ser autorizada por el Ministerio de Ecología local está cortando árboles a diestra y siniestra. “Ya sacaron muchísimos, es explotación masiva. Por eso estamos reclamando, es nuestro territorio”, destaca el referente, rememorando los tiempos de la conquista en pleno siglo XXI.

Para un citadino puede resultar difícil dimensionar la relevancia de estos espacios en la cosmovisión aborigen, pero Benítez lo resume bastante bien: “Nos afecta porque somos parte de la naturaleza. La cultura indígena, la salud, educación y realización personal, están dentro del monte. Es vida”.

Mientras, entre ruidos de motosierras, miembros de la comunidad afirman haber sido amenazados por un trabajador de la compañía. Intentaron tomarle una fotografía cortando un árbol, pero el empleado al servicio del capital habría contestado exhibiendo un rifle: “¡Si me sacás una foto, te pego un tiro en la cabeza!”.

Son muchas las normativas violadas en Argentina de forma sistemática, sobre este caso y tantos otros. Repasemos solo algunas de ellas, para tenerlas presentes:

Roxana Rivas, la abogada que representa a la comunidad, le dice a este medio que las autoridades desoyeron todas las negativas que plantearon ante el avance de la deforestación. Esa letrada subraya que, aunque la compañía sea titular dominial de las tierras, se debe consultar a las comunidades que viven allí adentro antes de actuar.

“Mientras se discute nuestro recurso de reconsideración, no tiene que tocarse ningún árbol”, sostiene, aunque la realidad es bien distinta. Por eso, Rivas denuncia que hay “connivencia” entre el Estado provincial y la empresa, y “denegación de justicia” para los indígenas.

Según esa integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la falta de acceso a los tribunales “es un problema sistemático” en las comunidades: “No tramitan las denuncias y no impulsan los procesos”, alerta la defensora. En medio de la angustiante lentitud, presentaron un amparo solicitando, como medida cautelar urgente, que se frene el desmonte mientras se discute la presentación anterior. Y ya pasó un mes: “No lo decretaron, lo que significa que al momento en que se les ocurra resolverlo, ya no habrá árbol que defender”.

Frente a este engranaje elusivo, lanzaron un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, de forma veloz y con carácter preventivo, se frene la deforestación del lugar, y están aguardando la respuesta. Por ahora, impera la ley del más fuerte.

También hubo otros planteos judiciales en estos días: la asamblea Somos Monte Chaco, provincia donde continúa la cuarentena, pide una medida cautelar para no considerar a la actividad forestal como actividad esencial. Además del conflicto ambiental, aparece “el riesgo de contagio” por los camiones que van y vienen en aquella jurisdicción, explica Riccardo Tiddi, referente de la organización.

Como trasfondo, remarca “el interés de empresas agrarias para convertir bosques nativos en pampa”. Además, cambiar las condiciones naturales del suelo puede contribuir en inundaciones, que ya son parte de la realidad chaqueña.

En la zona del Gran Chaco —compuesta por Argentina, Bolivia y Paraguay— entre 2010 y 2017 se perdieron unas 4 millones de hectáreas, “que significa una superficie grande como Suiza”, señala Tiddi. Y solo en la provincia argentina, dice que durante el último tiempo se desmontó un promedio de “40.000 hectáreas cada año”.

Generalmente, esta barrida territorial se usa para la industria del carbón y la expansión del agro, con la ganadería, el cultivo de soja y el maíz como actividades principales. Se trata de productos típicos de la exportación argentina, con poco valor agregado.

Por su parte, Global Forest Watch registró la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2019.

A su vez, entre elecciones y disputas políticas, el año pasado se desmontaron 80.938 hectáreas en todo el país, publicó Greenpeace en enero. Si bien la cifra se está reduciendo desde 2014, un tercio pertenece a sitios resguardados por la legislación. De hecho, desde 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, se desmontó casi un millón de hectáreas que debían estar protegidas. Así las cosas, la actividad continúa.