Lo anticipó Jorge Henn, Defensor del Pueblo a/c, al confirmar que como siempre ha hecho esa institución estará presente en la audiencia convocada por el Ente Regulador de Servicios sanitarios (Enress) para evaluar una posible actualización tarifaria al servicio de agua potable.

El pedido de aumento de algo más de 60 por ciento en dos tramos para este año que formula la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) será puesto en debate este miércoles desde las 10 hs. en forma online para que los actores sociales hagan conocer sus opiniones sobre el mismo.

“La Defensoría del Pueblo es una constante caja de resonancia sobre la calidad de los servicios públicos porque los usuarios nos cuentan a diario sus falencias tanto como las peripecias que tienen para hacerse oír sobre las mismas y reclamar que se tengan en cuenta a la hora de evaluar las tarifas. Es por eso que nunca la Defensoría ha faltado a una audiencia pública convencida de su función de llevar esas voces que están más allá de las valoraciones económicas y financieras”, explicó el Defensor del Pueblo.

El defensor a/c participó de la audiencia pública convocada por la EPE para tratar el cuadro tarifario. Allí también planteó la necesidad de crear un Ente Regulador.

El defensor del Pueblo de Santa Fe a/c Gabriel Savino participó este viernes de la audiencia pública que convocó la Empresa Provincial de la Energía (EPE) donde se expresaron las posturas sobre el plan de actualización tarifaria y remarcó: “No basta con aprobar un aumento por debajo de ciertos índices económicos, éste debe tener correlación también con el servicio que reciben los usuarios y evaluando la capacidad de pago de la factura de energía”.

El defensor a/c, que participó de manera virtual, también recordó que “desde el año 2016 cuando la Corte anuló el aumento tarifario del gas natural por falta de audiencia pública previa decidimos desde la Defensoría del Pueblo participar en cada una de ellas”, y especificó: “Debemos recordar que los parámetros fijados por la Corte Suprema respecto a la tarifa de servicios públicos son: proporcionalidad, razonabilidad, certeza y gradualidad”.

En referencia al apartado de la propuesta presentada por la EPE donde manifiestan que habrá 150 mil usuarios beneficiados nuevos Savino enfatizó: “A veces el relato no se condice con la práctica, y sobre estos nuevos beneficiarios que señalan pregunto ¿Qué va a pasar con los usuarios que soliciten adherirse a los beneficios si tienen alguna deuda? ¿Cuáles son los trámites que deben realizar y cuál será la metodología? ¿En cuánto tiempo va a impactar el beneficio? ¿Cómo se van a aplicar los beneficios en las cooperativas de servicios?”.

En este sentido, alertó: “Todos estos son interrogantes nos alertan porque al no haber respuesta de la empresa los ciudadanos y ciudadanas van a volcarse a instituciones como la nuestra”, y detalló: “Dentro del apartado de tarifas que compete a la EPE se encuentra, además de la prestación del servicio, el cumplimentar y garantizar el derecho a la información y a una adecuada atención de sus reclamos”.

“Durante el 2021 –continuó- se abrieron casi 500 expedientes en nuestra institución iniciados por usuarios y se emitieron al menos 24 resoluciones instando a la empresa a dar respuesta a los oficios cursados”, y expuso: “No es que no se llega a lo peticionado por la Defensoría del Pueblo, sino que ni siquiera responden a los oficios cursados”.

Por otra parte, también hizo hincapié en que “mayor transparencia democratiza las prestaciones de servicios públicos”, y convocó a asumir el compromiso de “crear un Ente Regulador con participación de los actores estatales, privados, sociales, gremiales y los usuarios y consumidores”.

Por último, Savino señaló: “Todo aumento tarifario debe tener correlación con la prestación de un servicio público eficiente, que cumpla con las características de todo servicio público domiciliario, como ser suministrado en forma continua, permanente, regular y sin alteraciones”.

La institución sigue de cerca la situación de la bajante del río Paraná e insta a tomar las medidas necesarias para asegurar la extracción y distribución de agua potable para consumo. En tal sentido, recibió información sobre la situación de la bajante del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales dependiente de la UNR.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió información al Centro Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales (Curiham), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, vinculada a la bajante del río Paraná. Desde la institución señalaron que el objetivo es sostener una comunicación permanente con el gobierno y las distintas instituciones vinculadas a la temática para que se establezcan todas las medidas necesarias para garantizar la calidad y cantidad de agua para el consumo, tanto de la extracción del río como de los sistemas que utilizan la extracción de las napas.

En respuesta a esta inquietud, el docente e investigador del Curiham, Pedro Basile, envío un informe a la institución donde explica que “durante los últimos 50 años los niveles mínimos pocas veces descendieron por debajo de un metro. Esto indica que el cambio producido no es transitorio o estacional, sino que es sostenido y permanente”.

El informe, también indica que “si bien la situación es bastante seria y crea distintos tipos de problemas (navegación fluvial, tomas para abastecimiento de plantas de agua potable, impactos en morfodinámica fluvial, etc.) no escapa a la realidad de cualquier río. O sea, siempre van a estar sujetos a crecidas extraordinarias y a bajantes extraordinarias”.

En cuanto a las bajantes históricas, el investigador señaló que “en el pasado han existido bajantes extraordinarias del río Paraná mucho peores que esta actual, claro que en el contexto de otro régimen hidrológico”, y en cuanto a la evolución en los próximos meses de los niveles hidrométricos en el tramo Argentino del río Paraná sostuvo que “va a depender sustancialmente de la distribución espacial de las lluvias y de la magnitud de las mismas en esas zonas de la cuenca”.

Orientados por el informe, desde la Defensoría del pueblo solicitaron a todos los estamentos del gobierno involucrados en la captación y distribución de agua potable a que tomen todas la medidas necesarias para garantizar el pleno funcionamiento de las tomas de agua tanto las instaladas sobre el río como aquellas que obtengan su caudal de las distintas napas que también se ven afectadas por la bajante.

Explotación ictícola

En lo referido a la explotación ictícola la institución solicitó al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia un pedido de informe sobre la explotación ictícola actual y si puede haber un impacto negativo por el bajo caudal de aguas.

En tal sentido, desde el Ministerio señalaron que tras analizar la temática en conjunto con distintos estamentos gubernamentales y académicos concluyeron que con los “datos de fiscalización de tránsito, Aduana y Senasa; se detecta que las capturas durante enero-abril 2020, fueron 50% menores a las obtenidas durante enero-abril del 2019 bajo un estadio de aguas medias-altas”.

En este sentido, enfatizaron en que “una visión que tenga en cuenta pura y exclusivamente la conservación, sin consideración adicional alguna, conduciría a disponer una medida extrema sobre los recursos ictícolas, pero como ya se ha observado en otras provincias que sí han declarado este tipo de medidas, se considera que tal decisión extrema no resuelve el problema, por lo que se ha resuelto aumentar la fiscalización con las fuerzas provinciales y federales”.

La entidad financiera, luego de un oficio remitido por la institución tras recibir denuncias de usuarios, le comunicó a la Defensoría del Pueblo que para contratar los seguros en los cajeros las personas deben efectuar dos acciones positivas.

En respuesta a un oficio dirigido por la Defensoría del Pueblo, el Banco Santa Fe informó este miércoles a la institución los canales habilitados para dar de baja seguros que los usuarios de servicios financieros hayan contratado por error o confusión a través de cajeros automáticos. Además, la entidad bancaria señaló que para contratar este servicio se deben efectuar “dos acciones positivas” en las terminales electrónicas, aunque admitió que recibieron 12 reclamos formales por este tema en el último trimestre.

De acuerdo a lo informado por el banco, para dar de baja los seguros los ciudadanos pueden comunicarse en forma telefónica al contact center de la empresa al número 0800 444 6273, también pueden realizarlo a través del homebanking. En última instancia, una vez que finalice el aislamiento, el trámite puede llevarse a cabo en las sucursales de la entidad financiera.

El 1 de abril, la Defensoría le había remitido al banco un oficio donde le manifestaba su preocupación luego de recibir numerosos reclamos de usuarios que señalaron que, al efectuar operaciones en cajeros automáticos de esa entidad, se les ofrecía la contratación de seguros de forma confusa e, incluso, en algunos casos estos fueron otorgados pese a no ser aceptados.

“Entendemos que lo expuesto merece de la urgente intervención del banco a los fines de dar de baja esos ofrecimientos mediante terminales automáticas, convencidos de que esas acciones no proceden en ninguna circunstancia, pero mucho menos en los tiempos que transcurren, donde a causa del aislamiento muchas personas, generalmente sectores vulnerables, están operando por cajeros automáticos cuando habitualmente lo hacen mediante ventanilla”, expresó la institución en esa oportunidad.

En su respuesta de este miércoles, el Banco Santa Fe dijo: “Informamos que el ofrecimiento de seguros que estamos realizando por medio de cajeros automáticos se efectúa en forma cierta, clara y precisa; haciéndolo mediante una serie de pantallas en las cuales se requiere la conformidad expresa del cliente. Cabe aclarar que una primera pantalla se le exhibe la posibilidad de solicitar la contratación del seguro y, si el cliente acepta dicha posibilidad, se le indican las condiciones del mismo. Es decir, el cliente debe efectuar dos acciones positivas para contratar el seguro: primero acceder a las condiciones y luego confirmar su solicitud”.

A través de los diversos canales de contacto que la defensoría dispuso para el período de aislamiento, varias personas manifestaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se les solicitaban datos personales y números de cuentas bancarias para realizarles una supuesta transferencia.

Ante denuncias recibidas por parte de varias personas, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reiteró la advertencia a la ciudadanía por los intentos de estafas telefónicas que, bajo el argumento de facilitar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, intentan obtener datos personales y hasta números de cuentas bancarias. De acuerdo con las presentaciones, quienes llaman por teléfono aducen que solicitan los datos bancarios para realizar el depósito de los 10.000 pesos del IFE.

La Defensoría del Pueblo recomendó, en caso de recibir una llamada de este tipo y que se pueda identificar el número telefónico desde el que se efectúa la llamada, hacer la denuncia respectiva ante la Policía o ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A través de los canales electrónicos habilitados por la defensoría ante la pandemia del Covid 19, los ciudadanos relataron que quienes llamaban decían formar parte del Ministerio de Salud y, argumentando que la página web de ese organismo estaba colapsada, se comunicaban para informar que el ciudadano se encontraba en condiciones de percibir la IFE. “Entonces le preguntaron el nombre, si tenía hijos y con quién vivía. Le explicaron que cumplía los requisitos para recibirlo, por lo que le pidieron un número de cuenta propia para transferir inmediatamente el dinero y, si no tenía, le pidieron el número de la de algún familiar”, relataron en uno de los casos.

El organismo advierte que esta no es la modalidad oficial para acceder a la IFE y que en ninguna circunstancia se deben suministrar datos personales de manera telefónica y menos aún de cuentas bancarias, ya que se puede tratar de una estafa.

Días atrás la Ansés presentó denuncias penales ante la Justicia para que esta investigue los intentos de estafar a potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en distintos puntos del país.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a quienes tienen alguna duda que se comuniquen con la institución a través de los canales digitales habilitados o bien hagan la consulta respectiva a la Ansés.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recuerda cuáles son las acciones de inmunización necesarias para no contraer la enfermedad, que en el país tuvo un rebrote durante el año 2019.

Ante el brote de sarampión registrado en el país durante 2019, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recuerda que la única medida efectiva para prevenir esta patología es la vacunación, que es obligatoria y gratuita en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye 2 dosis de triple viral a los 12 meses y a los 5 años de edad. Entre los 12 meses y los 4 años inclusive los niños deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).

Por su parte, los mayores de 5 años, incluidos los adultos, deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. Las personas nacidas antes de 1965, en tanto, no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona. Las manifestaciones clínicas son: fiebre alta, erupción, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Sus complicaciones son respiratorias como neumonía y neurológicas como meningoencefalitis. No tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas que tienen la enfermedad.

Durante 2019 en Argentina se registraron un total de 97 casos de sarampión, 95 casos detectados en nuestro país y 2 casos en España. De los 95 casos registrados en el país, los primeros 7 ocurrieron entre las semanas epidemiológicas (SE) 8 a 33 y se definieron como casos importados o relacionados con la importación. Argentina se encuentra atravesando el mayor brote de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es por ello que el Ministerio de Salud de la Nación emitió recientemente una alerta para aquellos que viajen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, donde hay casos confirmados de sarampión.

Para esos casos, el Ministerio aconseja, para los menores de 6 meses de vida, aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad. Y para los casos de niños de 6 a 11 meses de vida, aplicarles una dosis de vacuna doble viral o triple viral considerada “dosis cero”, ya que esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación del calendario descripto anteriormente.

Es importante recordar que para adquirir una correcta inmunidad, toda vacuna debe ser aplicada por lo menos 15 días antes de la realización del viaje.