La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos para su comercialización. “Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior en un comunicado.

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En rigor, esta resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.

Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la Subsecretaría “identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo”.

A partir de esta evidencia, “se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021”.

“Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó el área que conduce Paula Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, “se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”, precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, “se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado”.

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, “se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”.

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo “también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”.

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”. De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata “se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”.

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En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, “también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas”.

Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini “no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo”.

“En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100 y modificatorias, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acredite ante la Subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”, remarcó Comercio Interior.

La comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de ley que crea el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que hace dos semanas obtuvo dictamen en la comisión de Turismo y que aún debe ser tratado por la de Presupuesto y Hacienda para poder llegar al recinto.

La comisión, que preside el radical cordobés Diego Mestre, se reunirá desde las 15 para abordar el texto que el pasado 7 de julio se firmó en la comisión de Turismo, y que contempló la iniciativa propuesta por el oficialista Ramiro Fernández Patri.

El texto propuesto por el Frente de Todos se impuso al de Juntos por el Cambio, por 17 firmas contra 14, merced al aporte de los representantes de los bloques pertenecientes a las fuerzas que gobiernan en las provincias de Córdoba y Misiones.

El objetivo es la protección de las empresas del sector, mediante herramientas para la reconstrucción del turismo, con inversiones estatales que permitan a los prestadores privados posicionarse competitivamente después de la pandemia.

El plan contempla el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, destinado a unas 15.000 empresas, lo que representa el 75% del sector, con el compromiso del Gobierno de extenderlo más allá del fin de la cuarentena.

El punto destacado del proyecto del oficialismo es el Programa de Preventa, por el cual se creará un régimen orientado a fomentar y potenciar la demanda en turismo interno nacional, con el aporte de 16.000 millones de pesos.