En medio de temores de que el país pudiera entrar en default por las sanciones occidentales que mantienen parte de sus reservas en el exterior congeladas, el Ministerio de Finanzas anunció que cumplió con sus pagos.

El Ministerio de Finanzas ruso dijo este jueves que pagó los intereses de dos bonos extranjeros, en medio de temores de que Rusia pudiera entrar en default por las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania.

“La orden de pago para el reembolso de los intereses de los bonos (…) con un valor total de 117,2 millones de dólares (…) se llevó a cabo”, dijo el Ministerio de Finanzas ruso en un comunicado.

Rusia podría entrar en default si no abona el vencimiento de su deuda

El Ministerio indicó que había enviado los fondos a un “banco extranjero” el 14 de marzo, informó la agencia de noticias AFP.

Moscú tenía hasta el 16 de marzo para pagar los 117 millones de dólares, el primero de una serie de pagos previstos en marzo y abril.

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Parte de las reservas rusas en el extranjero, unos 300.000 millones de dólares, está congelada como parte de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania.

Las sanciones también han paralizado parte del sistema bancario y financiero del país y provocaron el desplome del rublo.

El Banco Central anunció que los emisores pueden decidir pagar los cupones en moneda extranjera pero los depositarios de los valores no harán efectivo el pago. Si eso pasa, sería la primera vez desde 1998 que el país declara un default.

Rusia entrará en cesación de pagos si este miércoles abona en rublos, en lugar de dólares, el vencimiento de 117 millones de deuda previsto en la moneda estadounidense.

Si este fuera el caso, sería la primera vez que Rusia declara un “default” desde 1998.

A comienzos de mes, el gobierno ruso prohibió que los emisores de deuda rusa, ya sea soberana o corporativa, paguen intereses a inversores extranjeros.

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En realidad, el Banco Central de Rusia explicó que los emisores pueden decidir pagar los cupones, pero los depositarios de los valores no harán efectivo el pago.

En ese sentido, las dos principales cámaras de compensación del mundo, Euroclear y Clearstream, dejaron de operar con deuda rusa.

Putin sostiene que la economía rusa “se está adaptando” a las sanciones

Por su parte, la calificadora de riesgos Moody’s y la agencia Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) colocaron a Rusia en el último escalafón de sus calificaciones como “Mercado aislado”, no apto para realizar inversiones ni comprar deuda.

Mientras que la agencia de calificación Fitch revisó a la baja dos veces en una semana la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un impago de la deuda soberana es “inminente”.

Senadores estadounidenses llegaron este jueves a un acuerdo para evitar la suspensión de pagos del país, después de que el oficialista Partido Demócrata aceptara la oferta de la oposición republicana de aumentar el límite de deuda durante dos meses.

“Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre, y tenemos la esperanza de que podamos aprobarlo”, anunció Chuck Schumer, jefe de los demócratas en la Cámara Alta, informó la agencia de noticias AFP.

El acuerdo, alcanzado tras días de negociaciones entre demócratas y republicanos, permitirá a la mayor economía esquivar el fantasma del default el 18 de octubre, fecha en la que el Departamento del Tesoro estadounidense estimaba que el país se iba a quedar sin liquidez.

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Esta cantidad máxima de deuda, gestionada por el Congreso, está fijada en algo más de 28 billones de dólares.

El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció el miércoles que su partido permitirá a los demócratas “aprobar una extensión del límite de deuda de emergencia a un monto fijo en dólares para cubrir los niveles de gasto actuales hasta diciembre”.

Con el plazo final del 18 de octubre cada vez más cerca, el presidente Joe Biden empezó a perder su temple e hizo público su irritación no solo con la oposición republicana, sino con el par de demócratas que se negaban a aprobar un aumento del límite del endeudamiento público y también uno de sus principales proyectos económicos, su ambicioso plan de infraestructuras.

La semana pasada, la secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, le pidió oficialmente al Congreso que aumente el límite de endeudamiento del Gobierno y fue contundente al afirmar que, si esto no pasaba, el país podría entrar en una crisis financiera y una recesión sin precedentes.

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Estados Unidos, que, como casi todas las grandes economías, financia el gasto público con créditos, elevó ya varias veces este “techo”.

El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán habían anunciado la semana pasada que los acreedores habían aceptado reestructuración de la deuda externa.

Argentina salió oficialmente del default tras el canje de la deuda. El ministro Martín Guzmán había dado la noticia de la reestructuración de la externa la semana pasada en una conferencia en Casa Rosada.

Los dos fondos Attestor Master Value y Trinity Investments, que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 ni en el arreglaron en2016, recibirán US$67,9 millones y US$156,3 millones, de forma respectivaLos dos fondos Attestor Master Value y Trinity Investments, que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 ni en el arreglaron en2016, recibirán US$67,9 millones y US$156,3 millones, de forma respectiva.

Casi 19 años después de que el expresidente Adolfo Rodríguez Saá anunciara la suspensión del pago de la deuda externa en medio de aplausos de los legisladores, la Argentina sigue pagando las consecuencias. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sentenció que el país pague US$224,2 millones a dos fondos litigiosos (llamados holdouts) que no entraron a los canjes de reestructuración de 2005 y 2010, ni cerraron un acuerdo en 2016 con el entonces gobierno de Mauricio Macri.

Los dos fondos son Attestor Master Value y Trinity Investments, por los cuales la Argentina les deberá pagar US$67,9 millones y US$156,3 millones, de forma respectiva. Al monto final de pago llegaron a través de un acuerdo entre los estudios de abogados que defienden al país y los fondos litigiosos, por lo cual no hay una instancia de apelación.

Sebastián Maril, director de Fin.Guru, comentó que estos dos fondos eran los que quedaban sin arreglar con mayor deuda nominal en su poder. “Después quedan puchitos de diferentes cantidades de inversores privados, que sumados podrían alcanzar otros US$300 millones. Pero estos dos fondos eran los últimos de peso importante”, explicó el economista.

En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los famosos bonos Globales, que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca reestructurar también, junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

Eso permitió que el entonces juez Thomas Griesa, fallecido en 2017, levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas y el país salió del default. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.

Sin embargo, todavía quedaban demandas por bonos que tienen un valor nominal de menos de US$250 millones, entre ellos, Attestor Master Value y Trinity Investments.

Que todavía haya fondos buitres litigando contra el país fue lo que popularizó en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC), un instrumento que establece que si el país deudor realiza una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática. Con los canjes que había realizado el país en 2005 y 2010, se había logrado que acepten la oferta los titulares del 92,4% de la deuda en default.

Preska, quien sucedió a Griesa en 2017, está a cargo además de dos juicios más contra la Argentina : la demanda por le cupón PBI y por la expropiación de YPF, en 2012. La magistrada tomaría, a su vez, las demandas que se generarían si se acelera el default actual de la Argentina, lo que ocurriría si el país no llega a un arreglo exitoso por la reestructuración de US$66.238 millones.

El domingo Alberto Fernández garantizó que la Argentina presentará una nueva oferta de canje de deuda “que se acerque un poco más a los acreedores”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con el equipo de asesores, trabaja aceleradamente para definir la última oferta de pago a los acreedores, ya que este martes vencen los acuerdos de confidencialidad y el viernes terminará el plazo para definir la propuesta final.

En las últimas horas, funcionarios del Palacio de Haciendo mantuvieron tensos intercambios con representantes de los bonistas para intentar acercar posiciones, ante la intransigencia de un sector de los acreedores.

De acuerdo con trascendidos, la oferta que se prepara a presentar Guzmán rondaría los 50 dólares de VPN (Valor Presente Neto) por cada 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias, aunque muchos bonistas exigen un número mayor.

“Las conversaciones con los acreedores continuarán también hasta esa fecha “, en referencia a este martes, dijo el viernes el ministro, quien este lunes volvió a tener un explícito respaldo por parte de la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se tomó la decisión de extender la fecha de cierre de la oferta –hasta el 19 de junio próximo– para poder enmendarla luego de este martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad.

Con el grupo que están más avanzadas las negociaciones es el conocido como Exchange Bondholder Group, que posee más del 16% del total de bonos soberanos del país y está conformado por los fondos Monarch Alternative Capital, HBK Capital y Cyrus Capital Partners.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández garantizó que la Argentina presentará una nueva oferta de canje de deuda “que se acerque un poco más a los acreedores”, e insistió con que el Gobierno busca evitar el default.

“Con todas las dificultades, hicimos una oferta que no fue aceptada, pero sirvió para que los acreedores entiendan la gravedad de la situación en la Argentina. Por eso ahora estamos tratando de hacer una nueva oferta, demostrando nuestra buena fe de acordar, con una propuesta que se acerque un poco más a los acreedores”, sostuvo el jefe de Estado.

Así lo especificó el sacerdote Juan Antonio Guerrero Alves, máximo responsable de la Economía vaticana, en una entrevista en medio de la crisis por el coronavirus que podría triplicar su déficit de 2020, pero negó la posibilidad de un posible default.

El Vaticano admitió hoy la preocupación por sus finanzas, en medio de la crisis por el coronavirus que podría triplicar su déficit de 2020, pero negó la posibilidad de un posible default.

“El Vaticano no corre el riesgo de un default. Esto no significa que no debamos afrontar la crisis tal como es”, aseveró el sacerdote Juan Antonio Guerrero Alves, máximo responsable de la Economía vaticana, en una entrevista con la prensa oficial de la Santa Sede.

Las declaraciones de Guerrero se dan luego de que se conociera que el déficit calculado por el Vaticano para 2020, de unos 53 millones de euros, puede hasta triplicarse por la pandemia.

“Ciertamente tenemos años difíciles por delante. La Iglesia cumple su misión con la ayuda de las ofrendas de los fieles. Y no sabemos cuánta gente puede donar” debido a la pandemia, dijo Guerrero con preocupación.

En ese marco, planteó: “Precisamente por este motivo debemos ser sobrios, rigurosos. Debemos gestionar con la pasión y diligencia de un buen hombre de familia. Hay tres cosas que no se discuten, ni siquiera en este momento de crisis: los salarios de los trabajadores, la ayuda para personas en dificultades y el apoyo a las iglesias necesitadas”.

“Ningún recorte afectará a los más vulnerables. No vivimos para ahorrar presupuestos. Tenemos fe en la generosidad de los fieles”, agregó.

Con los Museos Vaticanos, que generan más de 400.000 euros al día de ingresos por sus 27.000 visitantes diarios que pagan una entrada de 17 euros, aún cerrados, además de la restricción de las donaciones, Guerrero admitió que el déficit de las cuentas vaticanas podría aumentar severamente.

“Hemos hecho algunas proyecciones, algunas estimaciones. Las más optimistas calculan una disminución de los ingresos en torno al 25%. Las más pesimistas alrededor del 45%”, agregó el prefecto de la secretaría para la Economía, designado en 2019 por el papa Francisco.

En ese marco, el sacerdote jesuita explicó que en los últimos cinco años los ingresos del Vaticano rondaron los 270 millones de euros anuales, y las salidas fueron en torno a los 320 millones por año, con un déficit “que ha oscilado entre los 60 y los 70 millones de euros”, añadió.

De todos modos, Guerrero planteó que el Estado más pequeño del mundo “no tiene como objetivo la ganancias”.

“Cada Dicasterio, cada ente, cumple un servicio, y cada servicio tiene sus costos”, concluyó.

Se trata de la empresa Dulcor que elabora distintos productos, entre los cuales se destacan sus mermeladas y distintas preparaciones para la marca del reconocido nutricionista Dr. Cormillot.

En las últimas horas, la fabricante cordobesa de mermeladas Dulcor entró en default. La compañía, que tiene 57 años de historia, posee su casa matriz en la ciudad de Arroyito, allí donde se levanta el gigante alimentario Arcor. Se trata de la empresa que elabora distintos productos, entre los cuales se destaca su mermelada y distintas preparaciones para la marca del reconocido nutricionista Dr. Cormillot. Su producción, según detallaron, se exporta a 25 países.

A pesar del default, la entidad aclaró que su funcionamiento industrial se está efectuando en condiciones normales, según publicó el diario BAE. Al finalizar el tercer trimestre del año pasado, la compañía tenía un pasivo de $1.060 millones. De ese total, $719 millones son préstamos bancarios y unos $44 millones obligaciones negociables. El resto son deudas con diferentes proveedores.

En los primeros nueve meses del año pasado tuvo una pérdida de $83 millones. Hasta no hace tanto tiempo, la compañía llegó a tener 1.000 empleados y facturar u$s100 millones. En la actualidad exporta a 25 países sus diferentes líneas de productos. Además de los dulces y mermeladas, venden -también en una alianza con Cormillot- el aceto balsámico, las salsas y las aceitunas Vanoli; los grisines y budines Veneziana y las especias y los condimentos Yuspe.