El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

En tanto, el TOF 4 rechazó además el pedido que había formulado la defensa de De Vido de prisión domiciliaria para que el ex funcionario no tuviera que presentarse mañana.

El abogado Maximiliano Rusconi, que representa al exministro del kirchnerismo, había solicitado este martes que De Vido se presentara hoy para que se hiciera efectiva su detención.

La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión del exfuncionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al exministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

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El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará este lunes con el inicio del alegato de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan al ex funcionario, expondrán ante el Tribunal Oral Federal 2 desde las 9.30 de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se prevé que el alegato se extienda al menos por las jornadas del lunes y martes, explicaron fuentes judiciales.

De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de “asociación ilícita agravada”, por su calidad de organizador y por administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

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Penas

La misma pena se pidió para los también acusados ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sexta en el listado programado de alegatos de las defensas, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel, al igual que para el empresario Lázaro Báez.

La defensa de De Vido tiene como máximo tres días para exponer su alegato en el debate que se realiza lunes, martes y viernes.

Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la vicepresidenta en inmediaciones de su casa cometido el jueves 1º de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.

El ataque ocurrió en medio de una de las manifestaciones de apoyo a la ex presidenta que se sucedieron hasta ese día en adyacencias de su casa del barrio de Recoleta desde que fue acusada en este juicio por los fiscales como supuesta organizadora de asociación ilícita agravada y defraudación fraudulenta.

Los tres defensores que expusieron hasta ahora ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso reclamaron la absolución de sus clientes, todos ex funcionarios que actuaron en Santa Cruz durante el período investigado, que va de 2003 a 2015.

Hasta el momento los únicos que hicieron uso del derecho a ir de manera presencial a Comodoro Py 2002 para hablar de cara a los jueces en la sala de audiencias fueron el ex presidente de la Administración General de Vialidad de esa provincia Héctor Garro y su abogado Mariano Fragueiro Frías.

Quienes lo siguieron en los alegatos, los abogados defensores de Mauricio Collareda y Mario Daruich, ambos ex funcionarios de Vialidad, expusieron de manera virtual.

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En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario y también acusado Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades a través de la firma “Austral Construcciones”, entre otras que adquirió en ese período.

Al igual que los restantes acusados, tanto la vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.

En esta etapa de los alegatos, la ex presidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta ampliara su declaración indagatoria.

El martes 6 será el turno del alegato del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado “distrito 23” en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.

A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó este viernes al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, a ocho años de prisión, y al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a cuatro años de cárcel por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

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En el caso de Jaime se suma en este juicio el delito de enriquecimiento ilícito, ya que utilizó la consultora del español Manuel Vázquez para concretar la maniobra de compra.

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Por su parte, a De Vido se le suma la inhabilitación perpetua por el delito de coautor de la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la compra de trenes a Portugal y España.

De Vido está en su domicilio a la espera de lo que determine la Corte Suprema por la causa de la Tragedia de Once, en la que ya fue condenado a cinco años prisión. Mientras que Jaime se encuentra detenido desde 2016.

Las condenas contra Jaime y De Vido ocurrieron luego de que a mediados de febrero el mencionado tribunal federal rechazara el pedido de nulidad del juicio presentado por ambos exfuncionarios kirchneristas.

El planteo fue a partir de los cambios en la composición del TOF 6 ya que uno de los jueces del Tribunal, José Martínez Sobrino, cumplió 75 años y se jubiló.

Las defensas de De Vido y Jaime plantearon la nulidad de todo el juicio por el juez reemplazante, que no estuvo presente en todas las audiencias.

De acuerdo a la acusación de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, Jaime y De Vido aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada durante el kirchnerismo para comprar coches chatarra a España y Portugal.

Por este motivo los exfuncionarios fueron acusados de “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Para Baigún “se encuentra acreditado que De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, y Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”.

Según la acusación de Baigún, De Vido y Jaime “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban “chatarra”, inútiles para el sistema ferroviario argentino.

Baigún planteó además que Jaime cobró una coima del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

La Cámara Federal de Casación rechazó volver a colocarle una tobillera electrónica de monitoreo al ex ministro de Planificación Julio De Vido para controlar su sujeción a las causas penales en las que sigue imputado, aunque actualmente está en libertad.

El Tribunal Oral Federal número 7 –que tiene a su cargo, entre otras, la Causa Cuadernos- había dispuesto que el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica le colocara el dispositivo que De Vido ya tuvo mientras cumplió prisión domiciliaria en su casa de Puerto Panal, en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia ordenó la liberación de Julio De Vido

El Tribunal 7, por orden de la Cámara de Casación, había dispuesto la excarcelación de De Vido el 13 de diciembre de 2019, pero la libertad no se hizo efectiva pues estaba con prisión domiciliaria por otra causa relacionada con presuntas irregularidades en la explotación de la mina de carbón de Río Turbio.

En marzo de 2020, De Vido fue excarcelado también en ese expediente, por lo que recuperó la libertad.

Pero el Tribunal de la Causa Cuadernos intentó hacer valer las medidas de sujeción al proceso que había dispuesto con anterioridad, entre ellas “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; presentarse ante el Tribunal en forma mensual; la prohibición de salir del país sin autorización previa; la entrega del pasaporte y la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS”.

La defensa de De Vido, a cargo de los penalistas Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló la medida y ahora la Casación, con las firmas de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, entendió que la decisión de volver a colocarle la tobillera no está fundamentada.

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Por ello, anuló ese fallo y ordenó el dictado de uno nuevo, explicando por qué De Vido debe ser nuevamente controlado por un dispositivo satelital, sobre todo porque desde que recuperó la libertad su conducta no ha ameritado una medida de esa naturaleza.

“La resolución puesta en crisis presenta aspectos que resienten su motivación y que por ello la descalifican como acto jurisdiccional válido”, dijeron los jueces.

“La decisión cuestionada contiene una fundamentación insuficiente para cumplir con el estándar necesario de fundamentación exigido”, añadieron los jueces al devolver el expediente al tribunal oral.

El tribunal oral que tiene el caso Río Turbio lo excarceló. El ex ministro de Planificación estaba bajo prisión domiciliaria desde diciembre pasado.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó en libertad por orden del Tribunal Oral Federal 1, que interviene en la causa por malversación de fondos en la obra de Río Turbio, y deja así la prisión domiciliaria que cumplía desde el pasado diciembre.

El organismo dispuso la liberación de forma inmediata de De Vido, quien se encontraba detenido en su propiedad de la localidad boanerense de Zárate, luego de permanecer dos años en la cárcel federal de Marcos Paz.

La Justicia ordenó excarcelar a Julio De Vido, pero seguirá con prisión domiciliaria en otra causa De acuerdo a lo trascendido, los jueces fundamentaron la determinación en que “no existe riesgo procesal”, es decir que no hay posibilidades de una fuga del imputado.

De esta manera, el exfuncionario nacional alcanzó la libertad plena puesto que el 14 de diciembre pasado la Cámara Federal de Casación le había indicado al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la megacausa de los cuadernos, que hiciera efectiva las excarcelaciones de los señalados en la investigación.

En aquella ocasión, el fallo argumentó: “El Tribunal, por mayoría resuelve disponer, siguiendo los lineamientos fijados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el día de la fecha, la inmediata libertad de Julio Miguel De Vido en la presente causa y sus conexas N° 13820/2018 y 10456/2014, la que no se hará efectiva por continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, en la causa N° 5218/2016, bajo la modalidad de arresto domiciliario”.

A pesar de los dos beneficios, de Vido aún sigue implicado en ambas causas y también en una tercera, la conocida como tragedia de Once.