Adrián Galigani e Iván González fueron destituidos como jefe y subjefe.

Este martes confirmarán a Daniel Acosta y Mariano Gobi. Se da tras las balaceras casi simultáneas contra el Order y la comisaría 16ª

Cambios en la conducción de la Unidad Regional II de Policía, con asiento en Rosario, precipitados por la doble balacera de este lunes contra instituciones de seguridad. Adrián Galigani e Iván González fueron destituidos como jefe y subjefe, respectivamente, y este martes se anunciarán los reemplazos.

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Según se pudo saber, dichos cargos quedarán en manos de Daniel Acosta y Mariano Gobi. Ambos serán confirmados oficialmente en un acto que se llevará a cabo a las 10 en Jefatura.

Las modificaciones en los más altos mandos de la región ya se venían diagramando pero se vieron acelerados a partir del doble ataque, casi en simultáneo, contra la comisaría 16ª de la zona sur y el Order en zona oeste, cerca de las 20, sin personas heridas pero con notas de amenaza.

Además, se da en un contexto donde no merman los homicidios, con tendencia récord otra vez en las cifras de este año, y con otros episodios resonantes como ataques o amenazas a escuelas.

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Acosta, nuevo titular de la UR II desde este martes, ya condujo la Policía rosarina durante la gestión de Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Fue removido por una supuesta reunión con dirigentes políticos sin autorización, algo que hasta la fecha no pudo ser probado.

Tanto él como Gobi eran actualmente jefe y subjefe de la Unidad Regional del departamento General López, con cabecera en la ciudad de Melincué.

También fueron acusados tres policías que prestaban funciones en esa dependencia. Operaban en rutas del centro norte provincial

Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados este jueves por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

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La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

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Uno de los hombres investigados es el ahora ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la DGPSV. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15 mil pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

Con relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó este jueves la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30 mil pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados este jueves. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30 mil pesos cada uno.

Este viernes se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

El Ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, designó a las nuevas autoridades de en la Policía de Seguridad Vial. Tomó esa decisión tras la investigación realizada por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivó en diligencias probatorias y detenciones de agentes policiales pertenecientes a ese sector de la fuerza.

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Lagna designó como director de dicha dependencia a Daniel Borovachi, quien hasta el momento se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional XIII. Además, dispuso el cese de la continuidad de la directora Marcela Muñoz, y del subdirector Carlos López.

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En cuanto a este cambio en la cúpula de la fuerza, el Ministro manifestó que “es una muestra clara de la decisión de este gobierno de acompañar la labor del Ministerio Público de la Acusación para que todo aquel policía que no honre su cargo y responsabilidad, sea investigado y, en su caso, sancionado conforme a las leyes lo indican.”

Y agregó: “Seguimos siendo inflexibles y firmes con la decisión de acompañar a todos las policías que con su esfuerzo hacen grande a la institución, y de disponer todas las medidas necesarias para sancionar u acompañar las investigaciones de aquellos que incumplan las normas”.

Las medidas de las investigación fueron dispuestas por el fiscal de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y llevadas a cabo por Agencia de Control Policial. Por su parte, la Subsecretaría de Control Policial, Raquel Cosgaya, dispuso las medidas precautorias necesarias en relación a los agentes policiales investigados, a fin de esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y las potenciales sanciones consecuentes.

El Director General Martín Musuruana dejará su cargo de Subjefe provincial de la Policía de Santa Fe, por orden del Ministerio de Seguridad.

Lo reemplazará en sus funciones la Directora Emilce Chimenti, que se desempeñaba hasta la fecha como Jefa de la URIV, en el Departamento Caseros.

La decisión tiene que ver con el avance de las investigaciones que determinaron la intervención de la Unidad Regional I del departamento La Capital, según confirmaron a La Capital fuentes del gobierno provincial.

Relevaron a la plana mayor, pero también a autoridades de la segunda línea. Trascendió que el “descabezamiento” se produjo por serias irregularidades que están siendo investigadas.

Este miércoles por la tarde se conoció la decisión ministerial de relevar a la cúpula policial de la Unidad Regional I (departamento La Capital) y también a otros mandos de la segunda línea dentro de la fuerza.

Según trascendió, las profundas modificaciones en la estructura jerárquica tendrían su origen en una serie de irregularidades detectadas y que están siendo investigadas.

Asimismo, si bien esta tarde no había sido confirmado de manera oficial, quien quedaría al frente de la Unidad Regional I sería una mujer, Marcela Muñoz, quien se desempeñaba como titular de la Dirección General de Coordinación y Gestión Judicial.

Vaccaro es oriundo de la localidad de Sierra Chica, en el partido de Olavarría, y en la actualidad ocupaba el cargo de Director General de Seguridad, tras haber sido director de la Unidad 17 Urdampilleta; Director de Operaciones y subdirector General de Seguridad y de Complejos Penitenciarios.

Según las fuentes, además de Vaccaro, asumió Cristina Córdoba como Directora General de Coordinación; Roberto González como Director General de Seguridad; Pablo Bonafé como Director General de Asistencia y Tratamiento y María Luján Arbe como Directora General de Institutos de Formación y Capacitación.

Una fuente de la cartera de Justicia explicó a Télam que los cambios “obedecen al pase a retiro habitual de los funcionarios y no tienen nada que ver con la situación de crisis que atraviesan las cárceles bonaerenses por la superpoblación”.

Además de la renovación en la Plana Mayor, Alak dispuso cambios en 13 subdirecciones generales que quedaron a cargo de Raúl Gómez (Seguridad), Carlos González (Supervisión Electrónica), Cecilia Suárez (Operaciones), Javier Cáceres (Resolución de Incidentes), Norma Díaz (Asistencia y Tratamiento), Carina Dopta (Gerenciamiento Asistencial y Tratamental) y María de los Ángeles González Nuevo (Políticas de Género).

La lista de nuevos subdirectores generales continúa: Marcos Blanes (Eduación), Néstor Gascué (Trabajo Penitenciario), Eduardo Acuña Laz (Coordinación), Juan Carlos Torres (Complejos Penitenciarios), Carlos Piralí (Política y Desarrollo de Recursos Humanos) y Magno Fabián Giménez Villalba (Institutos de Formación y Capacitación).