El club galés comenzó a saldar la transferencia del exdelantero argentino fallecido en un accidente de avión en enero de 2019.

Tras casi cuatro años del trágico fallecimiento de Emiliano Sala, en enero de 2019, en un accidente aéreo, y su caso aún se mantiene vivo en Gales. El Cardiff City, club que había comprado al delantero, recién pagó la primera cuota de la transferencia tras la sanción impuesta por la FIFA que le prohíbe incorporar jugadores en los próximos tres periodos de mercado de pases.

Según la cadena británica BBC, el conjunto galés abonó en los últimos días cerca de 7 millones de libras (8 millones de euros) en concepto de primer pago. De esta manera, el club busca que el castigo sea revocado en el futuro y que puedan incorporar jugadores en el próximo periodo de transferencias.

El Nantes debería pagar a Cardiff 95 millones de euros tras la muerte de Emiliano Sala

La FIFA mantiene la sanción que pesa sobre el Cardiff

La FIFA aún mantiene la sanción que tiene sobre el Cardiff que le prohíbe incorporar jugadores en las próximas tres ventanas de fichajes.

La sanción fue impuesta por La Liga de Fútbol Inglesa (EFL) y la FIFA en diciembre de 2022 ante la negativa del conjunto galés a pagar los 17 millones de euros que había acordado con el Nantes por el traspaso de Sala en enero de 2019. Pero tras el fallecimiento del futbolista, que se estrelló en una avioneta en el Canal de la Mancha, el Cardiff alegó que aún no era su jugador y que, por lo tanto, no tenía que abonar el fichaje.

Así fueron los últimos minutos de Emiliano Sala antes de morir

El futbolista sufrió “envenenamiento grave por monóxido de carbono” que lo dejó “inconsciente” antes de que el avión que le llevaba a Cardiff se estrellara en el Canal de la Mancha.

Así lo explicó el doctor Basil Purdue en el juicio que se está celebrando en la corte de Bournemouth para esclarecer todos los hechos que ocurrieron en enero de 2019 y que condujeron a la muerte de Sala y del piloto David Ibbotson.

La semana pasada, Purdue argumentó que la causa de la muerte de Sala fueron las “múltiples” heridas en la cabeza y en el torso tras el accidente de avión.

Ahora agregó que antes de su muerte el argentino se envenenó con monóxido de carbono, lo que implicó que estuviera “profundamente inconsciente” antes del impacto en el agua.

Según explicó el doctor, los niveles de monóxido de carbono de las dos muestras analizadas de Sala, una de sangre de la vena iliofemoral y otra de ADN del pecho, mostraron un porcentaje del 58%.

Se difundió un video con la última imagen de Emiliano Sala con vida

Purdue también subrayó lo complicado que fue la obtención de la sangre y el ADN porque el cuerpo de Sala estaba “en descomposición” cuando pudo conseguir las muestras.

Debido a esto, el médico solo pudo conseguir una muestra de la vena iliofemoral, para el análisis de sangre, y otra de la cavidad pectoral, para el análisis de ADN. Esta última estaba tan contaminada que no era “fiable” para el análisis de sangre.

Es para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para ellos, el incremento de la cuota tendrá como tope máximo el 90% del la evolución de los salarios

A partir de febrero, según estableció la Superintendencia de Servicios de Salud, los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga tendrán un tope para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, monto que equivale a $392.562 con el salario de enero. En esos casos, el incremento del valor de la cuota autorizado tendrá como máximo el 90% del índice de evolución de los salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Para acceder a este beneficio, los usuarios del servicio de medicina prepaga deberán declarar su situación en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre el 1 y el 20 de cada mes. El trámite debe realizarse todos los meses en la web https://www.sssalud.gob.ar/misssalud. Antes de ingresar, es requisito tener Clave Fiscal nivel 3 de la AFIP o superior y adherir el servicio “Mi SSSalud” a la clave fiscal.

Cambios en los aumentos de telefonía, cable e internet: serán en cuatro tramos

Hasta el año pasado, las cuotas de la medicina prepaga se actualizaban a partir de un índice de costos de salud. Sin embargo, los altos porcentajes de aumento de los últimos meses del año llevaron al Gobierno a establecer un nuevo mecanismo de subas para las personas que tienen ingresos menores a seis salarios mínimos.

En ese caso, a partir del 1° de febrero de 2023 y por el plazo de un año y medio, el incremento del valor de las cuotas de los contratos individuales con las prepagas o a través de derivación de aportes tendrá como tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) del mes anterior publicado.

El último índice Ripte publicado es el de octubre pasado, que fue de 5,5%. En ese caso, el tope para los aumentos de febrero -con el 90% estimado- sería de 4,95%. Este mes de enero se aplicó la segunda parte del aumento establecido para diciembre 2022 que inicialmente era de 13,8% -de acuerdo a una fórmula que ya dejó de aplicarse- y luego el Gobierno lo desdobló en dos aumentos de 6,9% (uno en diciembre y otro en enero). El año pasado, la medicina prepaga cerró con aumento total en el año de poco más del 100%.

Prepagas van a la justicias para aumentar las cuotas

Por otro lado, las prepagas deberán ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias, a partir de enero de 2023, planes de cobertura con copagos sobre las prestaciones de primer y segundo nivel, a un precio de, como mínimo, un 25% menor al plan sin copagos.

Según datos oficiales, hay más de 6 millones de personas usuarias y consumidoras de servicios de salud. De ese total, más de 1,9 millones de personas se encuentran alcanzadas por planes corporativos que sus empleadores suscriben con las empresas que cubren sus costos en forma total o parcial. El resto, se divide entre los que contratan prepagas en forma directa -más de 1,6 millones- o trabajan en relación de dependencia y derivan sus aportes obligatorios a entidades que suscriben convenios con las prepagas.

Cómo hacer el trámite

1. Una vez que se accede a la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, hacer clic en el acceso a Declaración Jurada para Usuarios de Prepagas.

2. Para acceder al formulario de carga de datos, hacé clic en el botón “nueva declaración”. Esta opción estará visible del 1 al 20 de cada mes. Se puede registrar una declaración jurada por prepaga por período. Del 21 en adelante, de cada mes, la funcionalidad no se encontrará disponible.

El cronograma de pago difundido por Anses, prevé que quienes tengan DNI terminados en 0 cobran hoy; los terminados en 1, el martes 15; en 2, el miércoles 16; en 3 el jueves 17; y quienes tengan documentos que terminen en 4 percibirán la primera cuota el viernes 18.

La primera de las dos cuotas de $ 22.500 del Refuerzo Alimentario comenzará a pagarse desde este lunes a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuentan con ingresos y no perciben asistencia alguna del Estado, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los pagos se harán de acuerdo a la terminación de DNI en la cuenta bancaria declarada en el aplicativo.

De todas formas, la inscripción continuará abierta para que, en caso de que un potencial beneficiario llegara a inscribirse después del primer pago, y reúna los requisitos, pueda percibir las cuotas de noviembre y diciembre en un solo pago de $ 45.000 el próximo mes.

Comienza la inscripción al bono de $ 45.000 del IFE 5 ANSES: cómo anotarse para el Refuerzo Alimentario

El cronograma de pago difundido por Anses, prevé que quienes tengan DNI terminados en 0 cobran hoy; los terminados en 1, el martes 15; en 2, el miércoles 16; en 3 el jueves 17; y quienes tengan documentos que terminen en 4 percibirán la primera cuota el viernes 18.

La semana siguiente se completará el calendario con el pago a los DNI terminados en 5 el martes 22; los terminados en 6 el miércoles 23; en 7 el jueves 24; en 8 el viernes 25 y en 9, el lunes 28 de noviembre.

Si bien Anses no precisó cuántas personas cobrarán finalmente el bono, la primera semana de inscripción se habían informado a 800.000 personas inscriptas que ya tenían aprobado el refuerzo,

Dado el público al que se está apuntando -población sin ningún tipo de ingreso formal ni cobertura previsional, de salud privada o de asistencia social- se espera que aún queden personas que no tomaron conocimiento de la medida o que no cuentan con los recursos para acceder a una inscripción vía web.

Por ello, la inscripción continuará en forma presencial en las más de 400 oficinas de todo el país y operativos móviles durante las próximas semanas, indicó el organismo.

Cómo se acredita el pago

El pago del bono se hará a través de una cuenta bancaria (CBU) y las personas que no cuenten con una son asistidas por Anses para abrirles una en la institución que les quede más cerca o que sea de su conveniencia y se les realiza un seguimiento del proceso de bancarización, para asegurarse que puedan cobrar el dinero.

Pueden inscribirse aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales), y no cobren la prestación por desempleo.

El beneficio excluye a quienes perciben jubilación o pensión contributiva o no contributiva, tanto nacionales como provinciales y municipales, Potenciar Trabajo, Beca Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social y Programas sociales tanto nacionales como provinciales o municipales, o quienes tengan hijos que perciban la Asignación Universal o Salario Familiar.

Aumentarán las jubilaciones en diciembre y darán un bono por tres meses

Asimismo, para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

No podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses, plazos fijos y bonos en los últimos seis meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, compras en moneda extranjera en los últimos seis meses ni obra social o prepaga.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

La primera cuota de $ 9.000 del Refuerzo de Ingresos para 7,5 millones de trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas A, B y sociales, comienzan a pagarse este jueves como parte de un paquete de medidas del Gobierno nacional para asistir a sectores vulnerables ante el aumento del precio de los alimentos y de artículos de primera necesidad.

El bono consiste en una asistencia financiera por $18.000 -a pagarse en dos cuotas de $9.000 cada una, en mayo y junio- que se depositará en las cuentas bancarias (CBU) informadas por los titulares de los beneficios al momento de la inscripción de acuerdo a la terminación del número de DNI.

Según el calendario de pagos informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), este jueves 19 de mayo cobrarán el bono los beneficiarios con DNI terminado en 0, mientras que el viernes 20 de mayo será el turno de los que tengan documentos finalizados en 1.

La semana próxima tendrá lugar el pago para las personas con DNI finalizados en 2 (lunes 23 de mayo), en 3 (martes 24), en 4 (jueves 26) y en 5 (viernes 27), mientras que la última semana de mayo será el turno de lo beneficiarios con documentos terminados en 6 (lunes 30 de mayo), en 7 (martes 31), en 8 (miércoles 1º de junio) y en 9 (jueves 2 de junio).

El Refuerzo de Ingresos fue anunciado el 18 de abril por el presidente Alberto Fernández para “garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables”.

Se trata de un bono para los trabajadores de entre 18 y 65 años en condiciones de trabajo informal o de bajos ingresos y compatible con otras prestaciones sociales como las asignaciones Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), la prestación por Desempleo, el Potenciar Trabajo, la inscripción en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y los planes alimentarios provinciales y municipales, como el Alimentar.

El bono de $18.000 para 7,5 millones de trabajadores se suma a los 6,1 millones de jubilados y jubiladas que están recibiendo el bono de $12.000 en una única cuota junto con sus haberes de mayo, por lo que, en total, serán 13,6 millones de personas las que recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio.

Bono de refuerzo: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse

La medida contempla una inversión social de unos $ 206.000 millones y se suma a las implementadas para asistir a los sectores más vulnerables, como el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados de abril.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, esta política se enmarca “en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”.

La inscripción al Refuerzo de Ingresos estuvo a cargo de Anses, que recibió pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos.

“Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes” como gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, entre otros, detalló el organismo previsional.

A pesar de contar con las oficinas abiertas para hacer la inscripción en forma presencial, Anses destacó que la inscripción virtual a través de su página web logró procesar más del 98% del total de las solicitudes.

“Que casi la totalidad de las y los inscriptos lo haya hecho a través de la página web permitió que las oficinas del organismo continúen con su atención habitual y que, al mismo tiempo, pudieran garantizar la atención de aquellas personas que debían validar datos o necesitaban inscribirse de manera presencial por no contar con acceso a internet”, destacó el organismo que conduce Fernanda Raverta.

❗️Lo recibirán en la CBU que informaron al momento de completar la inscripción.#ANSES #RefuerzoDeIngresos pic.twitter.com/HCV6t5WHY8

— ANSES (@ansesgob) May 17, 2022

A su vez, destacó que la implementación del Refuerzo permitió actualizar los datos personales y familiares de las personas que completaron la solicitud para recibir la ayuda, así como también, la bancarización de aquellas personas que no se encontraban incorporadas al sistema financiero.

Las personas que tengan dudas respecto a la denegatoria de su solicitud, podrán concurrir durante todo el mes de mayo a las delegaciones de la entidad oficial a realizar las consultas correspondientes.

ANSES: la inscripción al bono de $18.000 “puede hacerse las 24 horas del día”

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $ 36.676 y DNI finalizado en 8 cobrarán este jueves 19 los $ 12.000 del bono junto a sus haberes, mientras que el viernes 20 será el turno de los terminados en 9.

Para quienes perciban haberes desde $ 36.676 hasta $ 65.260 cobrarán a partir del lunes 23 de mayo, comenzando por los DNI terminados en 0 y 1, y los que tengan jubilaciones que superen los dos haberes mínimos, la o el titular cobrará un proporcional hasta completar los $ 77.260 junto con su haber.

La Unión Argentina de Salud (UAS) anunció hoy que presentará mañana ante la Justicia una “medida cautelar urgente” en la que solicitará “el cumplimiento de la Ley de Medicina Privada”, con el objetivo de aumentar las cuotas que las prepagas le cobran a sus asociados.

El anuncio fue realizado por presidente de la entidad, Claudio Belocopitt, en una conferencia de prensa realizada esta tarde.

La Ley de Medicina Privada obliga a estudiar las estructuras de costos de las empresas y a otorgar, en consecuencia las actualizaciones necesarias, de acuerdo a lo que se establece específicamente en el artículo 17 de su regulación, según dijo Belocopitt.

El directivo añadió que también solicitará al Congreso que, “al igual que procedió con los laboratorios, se nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación”.

Además, reclamará que “se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen por qué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia”.

Por otra parte, planteó que si el Poder Ejecutivo quiere “un nuevo sistema lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente y que esté dispuesto al debate con la gente”.

“Y si no es así, y nuevamente nos dicen que estamos viendo cosas y proyectos que no existen, que cumplan de una vez por todas con la ley, y que discutamos pautas precisas hacia el futuro, para darle sustentabilidad al sistema”, completó Belocopitt.

En su alocución, Belocopitt recordó que la entidad, en la que conviven pequeñas empresas, medianas o grandes de todo el país, atiende al 70% de los pacientes de la Argentina, alrededor de 32 millones de personas.

“Habiendo agotado todas las instancias de negociación entre el sector privado de la salud y las autoridades gubernamentales, y no habiendo tenido ningún avance ni proyección de soluciones a futuro, no nos han dejado otra opción que la de estar hoy aquí para transmitir a toda la sociedad lo que está ocurriendo”, indicó.

El directivo admitió que el sistema de salud viene arrastrando desde hace años graves problemas de financiamiento, discusión que pasó a un plano muy secundario por la pandemia.

“Lamentablemente los tiempos se acaban; han pasado 15 meses desde el inicio de la pandemia y hemos enfrentado todas las dificultades sin poner ninguna piedra en el camino ante tan dramática situación”, advirtió.

Por último, confió en que “las autoridades entiendan definitivamente este mensaje y que, en lugar de enojarse con los espejos, todos estemos a la altura de las circunstancias para poder encontrar soluciones para un sector que lo ha dado todo y más , y para millones de argentinos cuya salud está en juego”.

Atravesados por las demoras en los pagos, expectantes de una eventual vuelta a la presencialidad y preocupados por la caída de las matrículas, los establecimientos de enseñanza particular viven momentos de incertidumbre. A la compleja ecuación, la provincia agregó un factor exclusivo: autorizó incrementos pese a que hay un acuerdo nacional que lo impide.

Marzo fue de incertidumbre por la suspensión de clases presenciales, mayo de inquietud por retrasos en los pagos de cuotas, julio de preocupación por el estado de las cuentas. Los meses de pandemia transitaron con dificultades para la educación privada. Pero septiembre tuvo una particularidad exclusiva de nuestra provincia. Contradiciendo el decreto nacional de congelar aranceles hasta noviembre, Santa Fe habilitó aumentos en las escuelas de esta gestión.

Semanas atrás, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada autorizó que los colegios privados incrementen valores con un tope del 8%. Los fundamentos abarcaron por la suma extraordinaria entregada a docentes y los reclamos de empleadores del sector. A la decisión del organismo dependiente del Ministerio de Educación provincial, no tardaron en llegarle los rechazos por parte del sindicato y las familias que integran los establecimientos educativos.

A la gestión privada asisten cerca de 250.000 estudiantes, que conforman casi un tercio del sistema educativo santafesino. Y cerca del 90% de estos establecimientos reciben subsidios por parte del gobierno provincial. Este mecanismo permite que las cuotas estén lejos de ser las más altas del país (oscilando entre los 1.500 y los 16.000 pesos por mes), pero también fijó un tope para acceder a las subvenciones nacionales que los representantes del sector piden ampliar.

Aunque gran parte del salario de los docentes de la gestión privada es absorbido por el Estado, los demás gastos corren por cuenta de cada establecimiento que, a causa de la pandemia, ahorran en luz, calefacción y reemplazos. Sin embargo, la solvencia se funda casi en su totalidad en el pago de las cuotas por parte de las familias.

Con una economía doméstica que fue de las más perjudicadas por la transversalidad de la crisis pandémica, la mora en los aranceles escaló en algunos colegios santafesinos a más del 60%, según estudios de FESAIEP. Si bien la cobranza se fue estabilizando en la medida que las actividades diarias recobraron cierta normalidad, la autorización del SPEP ocurrió en momentos en que la curva de contagios comenzó a crecer en el territorio santafesino, con el consecuente retroceso de fase y aumento en las restricciones que ello conlleva.

Por parte de las instituciones, las estrategias implementadas flucturaron entre facilidades de pago, planes sin intereses y hasta descuentos. Pero la realidad de la educación privada es desigual en Santa Fe, dificultando la posibilidad de mantener equilibradas las cuentas. Por caso, la realidad de las escuelas parroquiales, dependientes de las arquidiócesis, se desenvuelve sumida en una gran incertidumbre. De gran extensión en distintos pueblos de la provincia, estos establecimientos hacen equilibrios entre la consideración por los incumplimientos lógicos de sus vecinos y las exigencias sanitarias previstas para un eventual regreso a las escuelas. Por lo que un sacudón en las cuotas, aunque de menor cifra, hace tambalear el funcionamiento de las instituciones en las comunidades locales.

“Crítico” escenario a nivel nacional

En el resto del país, las educación de gestión privada también afrontan un momento “muy crítico”. Pasados más de seis meses de pandemia y sin certezas epidemiológicas que permitan pensar un regreso seguro a las clases presenciales, muchos establecimientos decidieron cerrar sus puertas. De acuerdo a un relevamiento de la agencia estatal Télam, el aumento de la morosidad y la dificultad para costear gastos corrientes son determinantes, pese a los esfuerzos nacionales y/o provinciales para contener la situación.

En Córdoba, los colegios privados afrontan morosidad de ingresos por aportes de cuotas que promedian el 45%. “Solo el 35% de las instituciones educativas privadas recibieron fondos por el ATP, por lo que de cada 100 docentes son 23 los que lo perciben” explicó Javier Basanta Chao de la Caciep.

En San Luis, el gobierno no oficializó ayudas a los colegios privados y autorizó en julio el incremento de cuotas. Sin embargo, hubo una merma en la recaudación ya que, según directivos locales, la morosidad ronda el 60%. Incluso, sin oficializarlo aún, cinco instituciones anticiparon que cerrarán sus puertas próximamente.

En Mendoza, en cambio, el Ejecutivo local otorgó aportes a las instituciones “sin demoras”, explicó Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada de la Dirección General de Escuelas (DGE). Sin embargo, la provincia sureña se encuentra discutiendo una reforma de ley educativa que dominó la agenda y los reclamos.

En Salta, la situación “es complicada”, con una morosidad que oscila entre el 45 y el 50%, según el presidente de la Coprodec, Roberto Suaina. “Realmente, la ayuda es inexistente. El Gobierno provincial paga el aporte en tiempo y forma, pero con los errores de hace diez años. Apostamos al ATP, pero lamentablemente llegó a pocos establecimientos”, agregó Suaina.

En La Pampa, donde la educación de gestión privada cubre al 17,3% del estudiantado con 37 instituciones, la provincia aporta subsidios casi totales. El ministerio de Educación pampeano es el único aporte de siete colegios secundarios que constituyen una opción única en sus localidades. Otros 18 de nivel primario también reciben subsidios totales, otros ocho cuentan con más del 90 por ciento, dos reciben entre el 85% y 87% y el restante, el 18,18%.

En Corrientes, donde no se entregan subsidios a las escuelas privadas, la directora de Enseñanza Privada provincial, Alejandra Moncada, explicó que la Cámara de Jardines de Infantes “que son los más afectados”, solicitó un subsidio en una oportunidad, “que le fue otorgado”, así como a las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), de las zonas rurales, “que son de gestión privada con un subsidio de más un millón de pesos”.

Es para actividades que aún no han vuelto a funcionar. El Ministerio de Producción adelantó, además, que evalúa un incremento en los montos.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, confirmó este sábado que en el transcurso del mes de septiembre pagará una cuarta cuota del Programa de Asistencia Económica de Emergencia (PAEE), en tanto evalúa la posibilidad de un incremento en los montos. A la fecha se llevan invertidos 154,7 millones de pesos. El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, precisó que “la decisión del gobernador Omar Perotti y todo su equipo es acompañar y sostener, dentro de las posibilidades del Estado provincial, a todas las unidades económicas que hoy se ven complicadas por la situación compleja que tenemos por la pandemia y la emergencia sanitaria”.

Y anticipó: “La emergencia económica continúa, por eso la asistencia de la provincia va a continuar; llevamos invertidos más de 154 millones de pesos en subsidios directos a rubros del comercio y servicios, con titulares de locales que han percibido hasta una tercera cuota, y está la decisión de continuar en este mes con una cuarta cuota. Incluso, estamos evaluando la posibilidad de incrementar los montos de los subsidios”.

Por otro lado, Aviano confirmó que se vienen “manteniendo reuniones y diálogo con todos los sectores afectados por las nuevas restricciones, tanto en las etapas de aislamiento como distanciamiento, y mucho más ahora con estas nuevas medidas que van a regir, que son necesarias”.

Para cerrar, señaló que “no fue una medida intempestiva, sino que se venía anticipando, y con todos veníamos trabajando con protocolos, que están diseñados y en funcionamiento; y también están los de aquellas actividades que aún no han vuelto a trabajar. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que cuanto antes vuelvan los que todavía no pudieron hacerlo”.

ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA

El programa provincial de Asistencia Económica de Emergencia consiste en la entrega de aportes no reintegrables (ANR) a los titulares de comercios, servicios y establecimientos turísticos que se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades desde el inicio de la pandemia.

Dichas transferencias son de entre 10 mil y 50 mil pesos mensuales, según la categoría del monotributo de cada beneficiario. Desde su implementación, se destacan los jardines maternales, las canchas de fútbol 5 y los salones de eventos entre los principales demandantes.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, pidió hoy a los padres cuyos hijos asisten a escuelas privadas y sus ingresos no fueron afectados por la cuarentena que “paguen la cuota para garantizar los salarios, el mantenimiento de la institución educativa”, y a los colegios que “desplieguen medidas para acompañar a las familias que no están en condiciones de pagar”.

“Junto a las cuatro cámaras que aglutinan a las instituciones privadas definimos el diferimiento del pago de las cuotas de aquellas familias que no pueden garantizar su ingreso, y que al momento del regreso a la escuela se termine de regularizar, sin intereses, cuando la familia regularice y estabilice sus ingresos”, dijo Trotta en declaraciones a El Destape Radio.

El ministro sostuvo que “también pedimos a las familias cuyas cuarentena no hayan afectado sus ingresos que paguen la cuota porque permite garantizar salarios, el mantenimiento de la institución y que la escuela despliegue estas medidas para acompañar a las familias que no están en condiciones de pagar la cuota”.

Al respecto, el funcionario destacó que “el concepto básico, mucho más en este momento, debe ser la solidaridad”.

Trotta remarcó que “la certeza es priorizar el cuidado de la salud y la incertidumbre es cuándo esa priorización va a permitir volver a las aulas”, en relación al inicio del ciclo lectivo.

Consciente de que es una inquietud global en el marco de la pandemia, resaltó que la escolaridad “no se va a perder porque a la distancia se sigue educando con enorme esfuerzo” de docentes, estudiantes y familias.

“Obviamente nuestro principal objetivo es que no se profundice la desigualdad educativa, la escuela también es irreemplazable como el rol del maestro, el impacto en el proceso de aprendizaje claramente no es lo mismo y nosotros vamos a tener que analizar la trayectoria educativa de cada estudiante”, advirtió.

En ese sentido, destacó que “el ciclo lectivo de toda carrera estudiantil no es sólo el 2020 sino los 14 años de educación obligatoria” y que al momento de regresar a las aulas tendrán que ver “el impacto que ha tenido todo este esfuerzo a la distancia” garantizando los saberes en 2020 y también en 2021.

Por último, resaltó la importancia de “fortalecer el vínculo entre las maestras y maestros con los estudiantes en ese seguimiento diario en una Argentina caracterizada por la desigualdad económica, de acceso a la tecnología y, fundamentalmente, lo que más impacta, la desigualdad del capital educativo de los adultos del hogar al momento de poder acompañar a los más pequeños”.

Las cuotas de los colegios privados quedarán congeladas, según el punto saliente de un acuerdo al que llegaron hoy la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con las asociaciones que agrupan a las instituciones de enseñanza privada.

Fuentes del Ministerio de Educación dijeron a Télam que el acuerdo consta de nueve puntos, entre los cuales figura también el diferimiento del pago de un porcentaje de esos aranceles.

Según informó el Ministerio de Educación, los acuerdos alcanzados comprenden la preservación de las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo, el congelamiento del valor de la cuotas y la suspensión de la facturación o la aplicación de descuentos en los cargos accesorios o adicionales al arancel.

Además, se resolvió diferir a pedido de las familias el pago de un porcentaje del arancel facturado y flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, así como restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses).

Por otra parte, se selló el compromiso de abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles, atender situaciones familiares especiales y analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales.

Según las fuentes del Ministerio, estas medidas se implementarán “durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación”.

El documento fue firmado esta tarde por el ministro Nicolás Trotta, los titulares de las carteras de Educación de las 24 jurisdicciones, el Consejo Federal de Educación; y los representantes Rodolfo de Vincenci, por la cámara CAIEP; Norberto Baloira, por COORDIEP; José Álvarez, por CONSUDEC; y Martín Zurita por AIEPBA/JUNEP.

Un juez de Rosario ordenó a una firma a retrotraer a abril de 2018 el valor de la cuota que había aumentado entre un 300 y un 400 por ciento en el último año.

La Justicia de Rosario ordenó a una empresa automotriz retrotraer a abril de 2018 el valor de las cuotas mensuales que paga un usuario de un plan de ahorro, informaron este martes fuentes judiciales.

La demanda fue interpuesta por una mujer que alegó que los aumentos de las cuotas del plan de ahorro en el que había ingresado eran “abusivas” y que, “pese a tener intención, no podía seguir pagando sin ver comprometidas la cobertura de sus necesidades básicas y el mantenimiento de su familia”.

El fallo del juez civil y comercial, Marcelo Quaglia, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la mujer que vio incrementado el valor de la cuota entre un 300% y un 400% en el último año, indicaron las fuentes.

Para el magistrado, ese porcentaje surgido de la documentación presentada por la demandante, “es notoriamente superior al ritmo de crecimiento inflacionario” y remarcó que la empresa automotriz “no cumplió con el deber de información del aumento”.

La medida se concreta en momentos en que el Gobierno nacional y las automotrices analizan distintas alternativas para rebajar las cuotas de los planes de ahorro para la compra de vehículos 0 kilómetro, centradas en la extensión de plazos y aplicación de bonificaciones.

Quaglia tuvo en consideración que los planes de ahorro se financian con los aportes de los adherentes y que la decisión de retrotraer el valor de la cuota a los montos abonados hace más de un año “evidenciará una repercusión ineludible en los restantes integrantes del grupo, lo que generaría un efecto adverso hacia ellos ya que podrían ver desfinanciado su grupo y, en consecuencia, correr el riesgo de no poder obtener su vehículo”.

Por esta razón, resolvió que la demandante y la empresa automotriz “hagan un esfuerzo compartido en el que ambas partes soporten, al menos en esta instancia cautelar, el incremento que ha sufrido el bien objeto del plan”, para evitar perjuicios a terceros.

La resolución implica que deberá tomarse el valor del vehículo objeto del plan al mes de abril de 2018 y actualizar el mismo a la fecha del dictado de la resolución conforme el índice de Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), añadieron las fuentes.

Además, el magistrado eximió a la demandante de prestar una contracautela (garantía a favor de quien es perjudicado por la medida cautelar) “debido a su situación económica, la calidad profesional y solvencia de los demandados, la existencia de una garantía prendaria a favor de uno de los demandados y la condición de la actora de persona mayor”.

La demandante también había solicitado que se impidieran las ejecuciones o secuestros prendarios en su contra hasta tanto haya sentencia firme, lo que fue rechazado por el magistrado por considerar que estaría interfiriendo en la potestad jurisdiccional de otros jueces y porque impedir que pueda ser ejecutada o prendada implicaría vulnerar derechos de potenciales acreedores.