Miembros de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y seguidores de Evo Morales protagonizaron enfrentamientos con la policía en La Paz tras intentar avanzar hacia la plaza Murillo; hubo periodistas y civiles heridos.

El Gobierno de Bolivia y las Fuerzas Armadas alertaron por la aparición de grupos armados en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz y advirtieron que actuarán para garantizar la seguridad y la estabilidad institucional.

En redes sociales se difundieron videos de hombres encapuchados armados con fusiles en la región de Oruro, que lanzaron consignas a favor de una “guerra civil”.

Bolivia: Hasta las 4 de la tarde del sábado 23 de Mayo la operación policial y militar del gobierno para desbloquear los caminos es un fracaso, tuvieron que escapar por la cantidad de gente que los rechazo pic.twitter.com/uwu5cQrJBS

Los bloqueos de rutas y protestas en La Paz y El Alto ya provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal. Según las autoridades, cuatro personas murieron por falta de atención médica oportuna.

El presidente de Bolivia habló sobre las violentas protestas en el país: “Evo Morales quiere volver al poder”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló este sábado con TN en medio de la escalada de protestas, bloqueos y enfrentamientos que afectan a distintas regiones del país.

El mandatario defendió su gestión y aseguró que la crisis económica y social “no empezó ahora”, sino que Bolivia arrastra problemas estructurales desde hace dos décadas. Además, afirmó que “hay grupos que no quieren dialogar” y sostuvo que su gobierno intenta “ordenar el país” en un contexto de fuerte conflictividad.

“El problema de la inseguridad es muy profundo en nuestra sociedad. Necesitamos un liderazgo fuerte, orden y administración para que nos permita comenzar a transitar un camino de solución. Es un proceso a largo plazo”, aseguró la diputada provincial, Betina Florito.

La representante de Miguel Pichetto en Santa Fe hizo esas consideraciones respecto a las modificaciones que Diputados le hizo al mensaje del Poder Ejecutivo que había aprobado el Senado. Ahora el texto deberá volver a la Cámara Alta para su revisión.

“Santa Fe como toda la Argentina, sangra. Es necesario y urgente el retorno a una sociedad pacífica, íntegramente pacífica, donde los valores sean lo prioritario. Valores como el amor al prójimo, la disciplina, el merito, el patriotismo, el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, la fortaleza. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero que se están perdiendo cada vez más. Necesitamos una sociedad donde se combata al crimen y a los criminales con la debida inteligencia, con los recursos necesarios humanos, tecnológicos y de infraestructura. La paz se construye con trabajo, con esfuerzo, con educación de calidad y con la valentía de los que están encargados de protegernos, que son los policías y las fuerzas federales”, aseguró Florito.

Florito: “Un tambo que cierra no se recupera jamás”

Entre los principales aspectos del nuevo texto votado por Diputados se destaca la extensión de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Faculta al Ministerio de Seguridad para refacciones edilicias, renovación del parque automotor, compra de tecnología y mejorar salarios policiales. Crea el Centro de Análisis de Información Penitenciaria con el objetivo de recopilar información planificada…para detectar la actividad de personas privadas de la libertad, de las visitas, del personal penitenciario y de las organizaciones que planean o se involucran en actividades delictivas que puedan considerarse amenazas al orden y a la seguridad interna o externa de un establecimiento penitenciario y a la seguridad pública.

Por último ordena medidas de fortalecimiento del Servicio Penitenciario con el objetivo, entre otras cosas, de generar acciones para la reinserción social de las personas privadas de su libertad, algo que reclamó en varios proyectos presentados oportunamente la diputada Florito cuando se refirió específicamente a la labor del ex Patronato del Liberado. Ya que en palabras de la Defensora Pública Penal, el 85% de los liberados vuelve a reincidir en el delito. “El verdadero problema es el hambre, la pobreza, la falta de educación pública de calidad, la falta de oportunidades, la desesperanza.

Por eso estamos convencidos que la verdadera solución es mucho más profunda. Debemos prevenir los delitos y proteger a los santafesinos con más policías en las calles, pero también debemos brindar más oportunidades y devolver la esperanza a los santafesinos”, afirmó Florito. “El verdadero cambio es atravesar, con políticas públicas, la crisis social y económica”, añadió la legisladora de Encuentro Republicano Federal. “La inseguridad es producto de la crisis social y económica.

Debemos recuperar la educación pública de calidad, para que los jóvenes que lo deseen puedan seguir estudiando o puedan integrarse al mundo laboral. También se requiere el trabajo de compromiso y responsable con los sectores productivos y muy especialmente con las Pymes que generan en Argentina el 70% de empleo.

Florito solicitó seguridad para un sector postergado

La inversión en salud pública debe estar direccionada al trabajo de la salud mental y los consumos problemáticos. En nuestra provincia un adicto tiene que golpear las puertas de una parroquia o de un templo evangélico para buscar ayuda porque no existe nada en el sector público para ese tratamiento”, ejemplificó la precandidata a gobernadora de la provincia dentro de Juntos por el Cambio.

Respecto a lo aprobado en la última sesión, la presidenta del bloque ERF señaló: “el proyecto que votamos es una herramienta para que el gobernador (Omar) Perotti pueda transitar estos 8 meses de gestión de gobierno que le quedan. Pero será fundamental para el plan de gobierno de la próxima gestión ya que le garantiza el ejercicio político del Ministerio de Seguridad y así poder dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos”, concluyó.

Rajapaksa dimite en medio de una inédita revuelta popular que invadió las instalaciones del palacio presidencial, cuando el mandatario ya había sido evacuado mediante un operativo militar de emergencia. Sri Lanka (antigua Ceilán) vive la peor crisis económica desde que obtuvo la independencia en 1948.

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, confirmó que dejará el cargo el próximo miércoles, tal como había anticipado dos días antes el líder parlamentario Mahinda Yapa Abeywardena en medio de una inédita revuelta popular que invadió las instalaciones del palacio presidencial, cuando el mandatario ya había sido evacuado mediante un operativo militar de emergencia.

Así lo comunicaron este lunes el periódico británico Daily Mirror, que afirma haber recibido esa información de fuentes políticas de alto nivel, y el diario digital esrilanqués Ada Derana, que cita a la oficina de prensa del primer ministro.

“En una conversación que mantuvo con el primer ministro Ranil Wickremesinghe después de la protesta nacional del sábado, Rajapaksa confirmó que terminaría su presidencia el 13 de julio, lo que permitiría a Wickremesinghe o a un nuevo líder prestar juramento”, escribe Daily Mirror, citado por la agencia de noticias Sputnik.}

Crisis en Sri Lanka: manifestantes irrumpieron en la residencia del Presidente

Según el periódico, Wickremesinghe cuenta con una mayoría de casi 115 escaños en el Parlamento. Varios diputados le han pedido que asuma la presidencia y no dimita en plena crisis económica, cuando el país continúa las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El presidente del parlamento esrilanqués, Mahinda Yapa Abeywardana, adelantó el sábado en un comunicado televisivo que el jefe de Estado dimitiría el 13 de julio, “para garantizar una transición política”.

También el primer ministro Ranil Wickremesinghe anunció el mismo sábado, en una reunión con los líderes políticos, la disposición de renunciar para allanar el camino hacia un gobierno de unidad.

El presidente Rajapaksa fue evacuado a un lugar seguro el sábado antes de que miles de manifestantes invadieran las residencias oficiales en Colombo y sigue en paradero desconocido.

Para la tarde de este lunes está programada una reunión del líder parlamentario con los jefes de los principales partidos políticos. Las consultas se centrarán en “la formación de un nuevo gobierno” y podrían derivar en un acuerdo definitivo sobre las futuras medidas para zanjar la crisis, reportó el portal Ada Derana.

Sri Lanka (antigua Ceilán) vive la peor crisis económica desde que obtuvo la independencia en 1948

El país sufre una grave escasez de alimentos, combustibles y otros bienes de primera necesidad ante la falta de divisas para sus importaciones.

Los ingresos del país se vieron mermados por la reducción del turismo como consecuencia de las restricciones por la pandemia del coronavirus y otros factores.

Crisis en Sri Lanka: disturbios e intento de asalto a la casa presidencial

La deuda externa

El 12 de abril Sri Lanka suspendió el pago de su deuda externa que asciende a más de 50.000 millones de dólares y actualmente mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar el endeudamiento.

En tanto, se supo que los manifestantes que el sábado invadieron el palacio presidencial (y que continúan allí al menos hasta que el presidente renuncie) encontraron millones de rupias en efectivo (equivalentes a casi 50.000 dólares), que serán entregadas a la justicia, anunció la policía.

Los manifestantes, que ocupan el palacio presidencial desde el sábado, encontraron allí 17,85 millones de rupias (algo menos de 50.000 euros) en billetes nuevos y las entregaron a la policía.

“La policía recibió el dinero en efectivo y lo entregará a la justicia”, dijo un portavoz de la policía.

También se encontró en el palacio presidencial una maleta llena de documentos, según fuentes oficiales, reportó AFP.

La tensión social lleva tres meses. Reclaman la renuncia del mandatario, que por el momento, sigue en el cargo.

Una grave crisis económica y política en Sri Lanka, al sur de Asia, derivó en una ola de protestas que ya lleva tres meses.

En las últimas horas, las manifestaciones escalaron, y miles de manifestantes irrumpieron este sábado en la residencia oficial del Presidente en Colombo, Gotabaya, para exigir su renuncia. La impactante escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales.

Los manifestantes rompieron el perímetro de seguridad que rodeaba la residencia oficial de Rajapaksa en pleno centro de Colombo. La Policía recurrió a gases lacrimógenos para intentar impedir el ingreso masivo, según detalló el diario local Ada Derana, pero no frenó la irrupción.

Crisis en Sri Lanka: disturbios e intento de asalto a la casa presidencial

Aclararon también que el mandatario había previamente abandonado la zona. Según una fuente de Defensa, Rajapaksa seguía siendo presidente del país y se encontraba en un lugar secreto protegido por el ejército.

De manera paralela, las imágenes de los manifestantes adentro de la residencia comenzaron a circular en las redes. Algunos compartieron en directo videos, mostrando a cientos de personas coreando eslóganes en los pasillos y habitaciones.

Incluso se viralizaron algunos videos de la multitud bañándose en la pileta de la casa del mandatario, ingresando a la cocina para buscar comida o hasta llevándose la ropa interior de Rajapaksa.

Como saldo de la jornada, según informó un portavoz del Hospital Nacional de Colombo, al menos doce personas resultaron heridas.

Tres meses de protestas en Colombo

Una gran parte de los manifestantes que se movilizaron este sábado llegó desde otras zonas del país isleño. Marcaron así el tercer mes de protestas continuas, para exigir que Rajapaksa se aparte del cargo.

Ante la caótica situación, el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, convocó a una reunión de emergencia a los líderes de los partidos políticos del país, y pidió además la convocatoria del Parlamento, informó su oficina en un comunicado.

Las autoridades habían impuesto el viernes por la noche un toque de queda en varias partes de la Provincia Occidental, donde se encuentra la capital, tras una marcha organizada por estudiantes universitarios, aunque las restricciones fueron levantadas horas más tarde tras ser duramente criticadas.

Sri Lanka prohíbe cubrirse el rostro tras una semana de mortíferos atentados

La crisis económica en Sri Lanka

La economía de Sri Lanka colapsó por completo, y ahora persiste con ayuda de India y otros países mientras sus líderes intentan negociar un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las negociaciones del gobierno con el FMI fueron complejas porque Sri Lanka entra en las conversaciones como estado “en bancarrota”.

En abril anunciaron que suspenderían los pagos de deudas internacionales debido a falta de divisas. Así, su deuda exterior asciende a 51.000 millones de dólares, de los que debe pagar 28.000 millones para finales de 2027.

El desastre económico llevó a una grave escasez de artículos esenciales y la gente tiene problemas para conseguir comida, combustible y otros productos básicos. La tensión y el descontento aumentó en la isla a finales de marzo, cuando las autoridades impusieron cortes de luz de más de 13 horas.

El Gobierno sudafricano informó hoy la pérdida de 47.500 dosis contra la Covid-19 durante los disturbios desatados la semana pasada por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma en Gauteng y KwaZulu-Natal, al norte y al este del país africano.

El ministro de Salud sudafricano, Mmamoloko Kubayi, dijo en conferencia de prensa que unas 120 farmacias privadas, que apoyan al sector de la salud, fueron destruidas durante los disturbios, informó el medio local The Sowetan.

“Afortunadamente, la mayoría de los sitios de vacunación públicos no sufrieron daños y esto nos permitió reanudar rápidamente la vacunación en KwaZulu-Natal”, rescató Kubayi en referencia a los saqueos que comenzaron después del encarcelamiento de Zuma por desacato en un caso de presunta corrupción durante su Gobierno.

Además, a las autoridades les preocupa que estas dosis puedan ingresar al mercado ilícito y que la gente las compre.

“Una tienda que tenía vacunas fue destripada y vaciada, y esas son las medicinas que nos preocupa que ingresen en algún tipo de mercado ilícito”, dijo el subdirector general del Seguro Nacional, Nicholas Crisp.

Según datos oficiales, Sudáfrica tiene más de 6 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, lo que representa solo el 8,62 % de su población total, un número que se suma al bajo promedio en todo el continente africano.

Apenas un 1,6% de las dosis administradas en el mundo fueron aplicadas en África, pese a que representa casi el 20% de la población mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó recientemente que solo 2% de los africanos, es decir 16 millones de personas, están completamente inmunizadas.

Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado durante la jornada del viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos cuatro personas.

De madrugada, el Ejecutivo ha decretado también la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país.

“Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle”, ha dicho el mandatario al final del día, luego de viajar a la gran urbe del suroccidente colombiano, de más de dos millones de habitantes, donde comenzó a regir un toque de queda nocturno. “Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, agregó.

En su alocución, aseguró que se proponía desbloquear las carreteras, con más de 7.000 hombres desplegados en el Valle para esa labor. “Siempre hemos mantenido canales de deliberación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando los derechos de los ciudadanos. No pueden existir islas de anarquía”, afirmó el presidente. Añadió que las fuerzas armadas deben actuar ante actos de vandalismo “que amenacen la tranquilidad”. Varios asesinatos y enfrentamientos entre manifestantes y civiles armados llevaron a Duque a desplazarse a Cali, encabezar un consejo de seguridad y anunciar el despliegue militar. De madrugada, el presidente expidió un decreto en el que extiende esa figura de asistencia militar a otros siete departamentos: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio caleño de La Luna, donde murieron tres personas. El presidente no ha hecho referencia a ninguna de estas víctimas en su discurso. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil huyendo tras haber disparado contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de encapuchados lo persigue y lincha hasta matarlo. El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que se trataba de un funcionario de la entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. “Fredy Bermudez estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones y, de acuerdo con información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, confirmó Barbosa.

Según las versiones que han trascendido en Cali, Bermúdez se habría molestado por el bloqueo de la vía y usó su arma de dotación contra los manifestantes. En los videos se observa a uno de los jóvenes asesinados en el asfalto. “Esta situación se presentó entre quienes bloqueaban una vía y quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al llamar a la calma y al diálogo. En Candelaria, también en el Valle, se reportó el asesinato de un joven que pertenecía a la llamada ‘primera línea’ de manifestantes. De acuerdo con el alcalde de esa población, Jorge Eliecer Ramírez, se presentó un “enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas”. La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y decretó un toque de queda desde las 7.00 de la noche.

En medio de esa degradación de la situación en algunos lugares, principalmente en departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en días pasados fue incendiada una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro se antojan estancadas. El preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no ha sido refrendado, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Mientras el comité del paro exige como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente Duque sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, en la mayoría del país hubo marchas pacíficas al cumplir un mes del inicio del paro nacional.

Destrabar las carreteras se ha convertido en una prioridad que produce fricciones, y el Gobierno ahora rechaza la figura de corredores humanitarios en la que han insistido los manifestantes. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, ha dicho Emilio Archila, delegado por Duque para los acercamientos. “Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo”, enfatizó el propio mandatario en una entrevista con Blu Radio, antes de la militarización. “No solo tenemos que rechazarlos sino levantarlos con toda la capacidad de la fuerza pública en el territorio”.

Para el Gobierno, la crisis también se ha jugado en el terreno de la diplomacia, pues Colombia ha sido blanco de una infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza a lo largo de este mes. En ese frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado la semana en Estados Unidos, a donde viajó para contener daños tan pronto fue designada también como canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien de acuerdo con su oficina “expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas” y “reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente”. El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el Gobierno Duque y el comité del paro, además de reiterar el compromiso de la Administración Biden con la paz en Colombia.

A pesar de que la gira de la flamante canciller ha estado dominada por el tira y afloje en torno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, como reclaman diversas organizaciones sociales, la reunión con Blinken es un logro de la maltrecha diplomacia colombiana. El Gobierno la exhibió como la primera visita que recibe de un líder latinoamericano. El estallido social se ha producido cuando Bogotá todavía lidia con el reacomodo de las relaciones con Washington después de haber apostado por la reelección del republicano Donald Trump, lo que dejó irritó a muchos líderes demócratas. Medio centenar de congresistas del partido del presidente Biden han fustigado la gestión de las protestas e incluso han pedido suspender la asistencia a la policía de Colombia.

Los defensores de derechos humanos han alertado sobre los peligros del sistema de lanzamiento de cohetes que la policía ha utilizado para dispersar las protestas en Colombia

Las protestas mayoritariamente pacíficas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia, que ya cumplen tres semanas, han dejado también varias escenas de guerra urbana. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías el pasado fin de semana en Popayán fueron particularmente perturbadores, con una ciudad iluminada de madrugada por los fuegos que aún ardían, tanquetas que embestían civiles a toda velocidad y policías antidisturbios que utilizaban un sofisticado sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.

Sobre el asfalto de Popayán murió este viernes otro manifestante. El estudiante Sebastián Quintero Munera, de 23 años, sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios. A raíz de esa muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado para que el Estado de Colombia respete la vida y los derechos humanos, y advirtió sobre el uso indiscriminado de armas consideradas “menos letales” por las fuerzas públicas. Ese uso, sostiene la CIDH, debe desaconsejarse por la imposibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos.

En esa caótica jornada, las imágenes de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios que lanzan proyectiles múltiples desde el suelo y de forma horizontal inundaron las redes sociales. Es el sistema Venom, cuestionado por varias organizaciones. Human Rights Watch ya había denunciado el uso de ese artefacto para dispersar multitudes y había corroborado que también en Bogotá la fuerza pública ha usado tanquetas con esos proyectiles dirigidos a manifestantes.

“No conocemos antecedentes del uso de este lanzador de proyectiles múltiples en ningún otro país de América Latina”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Se trata de un arma con efectos indiscriminados y que, por lo tanto, es completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas o mayoritariamente pacíficas. Además, la policía colombiana está empleando esta arma de forma peligrosa. Los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes, como está ocurriendo en Colombia”, señala. Aunque son consideradas armas “menos letales”, emplearlas de esta forma es riesgoso y podría causar lesiones graves e incluso muertes, alerta.

El sistema Venom puede diseminar grandes cantidades de sustancias químicas irritantes en un área amplia casi al instante. Utilizarlo en zonas residenciales, y durante la pandemia, puede ser especialmente peligroso, advierte la Omega Research Foundation, con sede en Inglaterra, que investiga la fabricación y el comercio de armas y su uso en violaciones de derechos humanos. La organización coincide en que “el uso de estas armas en la aplicación de la ley no es necesario desde el punto de vista táctico y tiene, por naturaleza, un efecto indiscriminado”.

#NoOlvidemosQue que el ESMAD y Policía atentan contra la vida. Anoche en Kennedy y Bosa usaron el Dispositivo VENOM directamente contra los manifestantes, violando cualquier principio y protocolo de DH en el marco de la protesta social. #ParoNacional13M#SOSColombiaDDHH pic.twitter.com/v2DYQcFF9x

#SOSColombiaDDDHH ? En Popayán el ESMAD no respeta protocolos de uso de la fuerza, emplea de manera ilegal y con fines letales sus lanza gases. #ATENCIÓN ?️El arma Venom, diseñada para disparar indiscriminadamente desde las tanquetas, debe ser prohibida. #ParoNacional12M pic.twitter.com/vXNgiTrJBK

En una respuesta al Congreso, el ministerio de Defensa ha detallado que el sistema Venom, compuesto por 30 tubos lanzadores, cuesta 118.000 dólares, y cada cartucho, que puede producir estruendos, destellos o efectos lacrimógenos, otros 71 dólares. “El lanzamiento es parabólico, por lo tanto, no se produce un impacto directo”, ha defendido la policía nacional, que asegura que está contemplado en los protocolos internacionales. La idea es que el cartucho estalle en el aire y no golpee a las personas, pero en muchos de los videos no se observan esas precauciones.

Aunque el Venom es una novedad en esta oleada de protestas, las armas teóricamente “no letales” de la policía colombiana ya han sido cuestionadas en otros sonados episodios de uso excesivo de la fuerza. En las manifestaciones de 2019, un proyectil de los antidisturbios mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz, y el pasado septiembre dos patrulleros sometieron al estudiante de Derecho Javier Ordóñez a incesantes descargas de táser a pesar de sus súplicas, en unas imágenes que desataron la ira ciudadana. Ordóñez murió después bajo custodia policial, víctima de múltiples torturas, y ese crimen provocó dos noches de disturbios en la capital colombiana.

La controversia por el lanzador de proyectiles forma parte del debate más amplio sobre la brutalidad policial que ha dominado la discusión pública en las últimas semanas. Los abusos de los uniformados llevaron a que tanto el Senado como la Cámara de Representantes citaran el lunes y martes al ministro de Defensa, Diego Molano, a sendos debates de moción de censura por “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social”. La Procuraduría ha informado que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la policía por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que HRW ha recibido denuncias que consideran creíbles sobre 55 muertes desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Las evidencias indican que la fuerza pública sería responsable de 14 homicidios.

También se produce en medio de una oleada de críticas externas a Colombia por la represión, que provocaron la renuncia de la canciller. Como parte de los múltiples reparos que ha ventilado la comunidad internacional, más de medio centenar de congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pedían a la Administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. “Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”, aseguran.

El Gobierno colombiano se queda sin respaldo político para recibir partidos internacionales en medio del estallido social en las calles. Nuestro país podría ser sede única del certamen continental que comienza en un mes.La visita de la Selección Argentina a Barranquilla para enfrentar a Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 del próximo martes 8 de junio es una incógnita.

En la prensa colombiana ya empezaron a especular con el cambio de sede y las opciones van desde Lima (Colombia jugará allí contra Perú el martes 4) hasta Miami.

El cambio de localía también podría terminar en la baja de Colombia como sede de la próxima Copa América, una situación que se baraja desde el inicio del estallido social en dicho país.

El Gobierno colombiano tiene cada vez menos respaldo político para recibir el torneo y a esto se le suma que en las próximas horas se confirmará la salida del Gabinete de Ernesto Lucena, ministro de Deporte y una de las caras visibles de la organización, reportaron medios locales.

De hecho, Lucena participó hace diez días del acto de lanzamiento de la canción oficial de la Copa América.

Es posible que en las próximas horas haya una notificación oficial por parte de la Conmebol anunciando que solo Argentina recibirá la Copa América, una versión que hace semanas circula con fuerza.

“Si se cumplen todos los protocolos, estamos dispuestos a ver la posibilidad de ser únicos organizadores”, dijo el presidente Alberto Fernández en declaraciones a Radio 10.

La Conmebol anunció hoy un nuevo cambio de sede de un partido de la Copa Sudamericana que debía disputarse en Colombia. El cruce entre Deportes Tolima y Red Bull Bragantino, de Brasil, por el grupo de Talleres en la Copa Sudamericana, fue trasladado a San Cristóbal, Venezuela.

Este es el segundo partido seguido que Conmebol saca de Colombia ya que este miércoles confirmó que La Equidad – Gremio, por el grupo de Lanús en la Sudamericana, se moverá a la ciudad ecuatoriana de Ambato.

La misma sede recibirá el choque entre Santa Fe y Junior, por el grupo de River en la Libertadores.

Esta semana, además, América de Cali hizo de local por Copa Libertadores en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ante La Guaira.

Esta medida se tomó ya que la semana pasada en los partidos que protagonizaron Junior-River y América de Cali-Mineiro se vivieron momentos de tensión fuera del estadio, en Barranquilla. Las protestas sociales crecieron y los gases lacrimógenos de la policía afectaron a los futbolistas.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que Brasil está “quebrado” y que no puede hacer nada para salir de la crisis generada por la pandemia, en medio de cuestionamientos sobre el cese de las ayudas especiales otorgadas a 68 millones de personas y el aumento de los datos de familias en la miseria.

“Brasil está quebrado, no puedo hacer nada”, afirmó Bolsonaro al dialogar con militantes de la ultraderecha y activistas evangélicos en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.

Bolsonaro dijo que su objetivo era cambiar en 2020 las categorías del impuesto a las ganancias y que la pandemia del coronavirus se lo impidió, además de culpar a la prensa.

“Yo quería cambiar las categorías del impuesto a las ganancias, vino el virus, potencializado por estos medios de comunicación que tenemos. Esta prensa sin carácter. Es un trabajo incesante de intentar desgastar para sacarnos de aquí (del Gobierno) y atender intereses que no pueden revelar”, dijo el mandatario.

El Gobierno decidió no renovar los subsidios dados a las empresas para hacerse cargo de parte de los salarios a cambio de mantener empleos y el auxilio de emergencia de 120 dólares mensuales que había aprobado el Congreso, que en el tercer trimestre del año redujo a niveles de 1980 los índices de pobreza.

El fin del auxilio de emergencia en diciembre más la crisis económica que elevó el índice del desempleo al 14,3 por ciento en el fin de 2020 también tiene su correlato en la cantidad de familias en situación de miseria, según el Ministerio de la Ciudadanía.

El número de familias que piden ayuda del estado no para de crecer desde 2016, época de la megacrisis económica política en la cual fue destituida la presidenta Dilma Rousseff y asumió el vicepresidente Michel Temer, hasta que en 2019 lo hizo Bolsonaro.

En octubre de 2020, 39,9 millones de personas se encontraban en la miseria en Brasil, teniendo en cuenta a los que viven con hasta 89 reales mensuales (16 dólares) por cada integrante de la familia.

Desde que Bolsonaro asumió, 1,3 millones de familias cayeron en la miseria, según datos del Ministerio de la Ciudadanía.

En febrero de 2016, las familias en situación de miseria eran de 11.898.567 y en octubre de 2020 pasaron a ser 14.058.673.

El presidente Bolsonaro hizo las declaraciones, también, en medio de su apuesta para que el “Centrao”, grupos de partidos tradicionales de la derecha, gane la elección para presidir la Cámara de Diputados con Arthur Lira, del Partido Progresista (PP).

Su rival es Baleia Rossi, del Movimiento de la Democracia Brasileña, un aliado del expresidente Michel Temer que agrupó a toda la oposición a Bolsonaro, incluido al Partido de los Trabajadores y otras fuerzas de izquierda como el laborismo de Ciro Gomes.

El PT apareció dividido en la toma de posición y aclaró que no será aliado de la agenda económica de la derecha aunque si vence, podrá tener peso en las decisiones del Legislativo apoyando a Rossi.