Siete personas fueron asesinadas en un nuevo ataque armado en Ecuador, esta vez en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 160 kilómetros de Quito. Lo informó este domingo la Policía Nacional.

El hecho violento ocurrió en la madrugada de este domingo en las instalaciones de un billar, precisó la Policía. Según los primeros reportes, los agentes “verificaron que en el lugar se encontraban siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego”.

Mientras las unidades especializadas investigan el hecho para esclarecer los motivos y los responsables, en redes sociales se viralizó un video en el que se ve cuando un grupo de encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas y disparan a una persona que se encontraba en la puerta del local.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

#URGENTELa madrugada de este 17 de agosto, asesinaron a siete personas que se encontraban al interior de un billar ubicado en la zona rosa de Santo Domingo de los TsáchilasLos sicarios, tuvieron tiempo de entrar al local a rematar a sus víctimas. #Masacre #Ecuador #Seguridad pic.twitter.com/2tV4u21ruG

Hay “siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego” por lo que estamos en “tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables”, dijo la policía nacional en un chat de periodistas, sin dar más detalles.

Según medios locales, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región. A unos 30 kilómetros de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

La Guardia Nacional, alertada por los vecinos, descubrió los cadáveres en varias bolsas abandonadas. Fue en el estado de Jalisco, en el centro-oeste del país.

Los cuerpos de cinco personas decapitadas fueron encontrados este domingo en una ruta del estado de Jalisco, en el centro-oeste de México. Lo informó la Fiscalía General.

El hallazgo lo hicieron pobladores del municipio de Ojuelos, en los Altos Norte de ese estado, asediado en los últimos años por el crimen organizado.

La Guardia Nacional, alertada por los vecinos, descubrió los cadáveres en varias bolsas abandonadas sobre la ruta San Luis Potosí-San Juan de Los Lagos.

”Al servicio acudieron elementos de seguridad, quienes corroboraron el hallazgo de cinco cuerpos. Al parecer todos corresponden al género masculino, envueltos en bolsas de plástico en color negro, vestían con pantalón”, indicó la Fiscalía. Al inspeccionar la zona, los efectos localizaron otra bolsa más que “en su interior contenía, al parecer, las cabezas de las víctimas”, agregó el informe.

El municipio de Ojuelos colinda con el de Lagos de Moreno, conocido por haber sido escenario de numerosos hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron un operativo en la zona para intentar identificar a las víctimas.

Reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan que en esta zona opera el Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI), uno de los principales brazos armados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se presume que al mando de esta célula de sicarios estaría un hombre identificado como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’ o ‘El 90′, supuesto jefe de plaza en Puerto Vallarta que formaría parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Según cifras oficiales, 1415 personas fueron asesinadas en Jalisco entre enero y septiembre de este año.

La acción del crimen organizado y la respuesta militarizada del estado mexicano han generado una espiral de violencia que suma más de 450.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos desde finales del 2006.

Otro alcalde fue asesinado a tiros este miércoles en Ecuador, en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes, según las autoridades, de la ola de violencia que vive el país.

La víctima es José Sánchez, alcalde del municipio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay, según confirmó a través de redes sociales el prefecto provincial, Juan Cristóbal Lloret Valdivieso.

“Entre sollozos e impotencia funcionarios municipales me acaban de corroborar el asesinato a sangre fría del compañero alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez”, anunció Lloret Valdivieso.

“Expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares, amigos y su digno y noble pueblo que lo eligió, al tiempo que exigimos a las autoridades dar con los responsables de este nuevo crimen que enluta Azuay y al Ecuador”, añadió.

La Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez también emitió un comunicado en el que señaló que “en un hecho de violencia, de los que atraviesa el país en estos días, el alcalde fue baleado y producto de ello perdió la vida”.

De acuerdo a medios locales, en el ataque sufrido por Sánchez, a cargo de presuntos sicarios, también murieron dos personas más, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente este punto.

Sánchez, conocido popularmente como ‘Jushico’, había denunciado ante la prensa y la Fiscalía un presunto atentado contra su domicilio ocurrido en la noche del 2 de octubre de 2023.

El municipio de Camilo Ponce Enríquez, situado cerca de la costa de Ecuador, enfrentaba problemas de minería ilegal en su jurisdicción en torno al río Guanache que el alcalde, dedicado también a la minería, había prometido formalizar.

El asesinato de Sánchez se dio apenas tres semanas después de que apareciese asesinada a tiros Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 27 años estaba a cargo del cantón de San Vicente, en la costera provincia de Manabí.

Desde inicios de año Ecuador se encuentra en un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Noboa contra veintidós bandas de crimen organizado a las que el Gobierno ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Estos grupos de delincuencia organizada están dedicados principalmente al narcotráfico, pero también han expandido sus actividades ilícitas hacia otros campos como la minería ilegal o la extorsión.

Con ello el presidente ecuatoriano buscaba abordar una ola de violencia sin precedentes que ha aupado a Ecuador hasta el grupo de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.

Este nuevo atentado contra una autoridad ocurrió además a escasos tres días de la celebración del referéndum convocado por Noboa para realizar reformas en materia de justicia, empleo y sobre todo seguridad, con diversas herramientas ilegales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Un grupo del crimen organizado arrojó dos cuerpos cercenados en la carretera Caborca-Desemboque, mismos que fueron hallados durante la mañana de este sábado 13 de abril.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, las primeras líneas de investigación apuntan a que estos hechos estarían vinculadas con grupos del crimen organizado en Caborca, aunque no precisó el nombre de los grupos criminales involucrados.

Las autoridades estatales mencionaron que se tuvo conocimiento del hallazgo de dos cuerpos de sexo masculino cerca de la 06:30 horas de la mañana de este sábado.

Al acudir al lugar, las autoridades localizaron sobre la carpeta asfáltica “abrojos usados para pinchar neumáticos, sin que se registraran vehículos afectados por estos objetos”

Por parte del Ministerio Público se lleva a cabo la investigación correspondiente, además, un operativo para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y lograr la localización de los posibles responsables de este hecho.

Videos que circulan en redes sociales, presuntamente captados por conductores que pasaban por la zona, se muestran los cuerpos sobre el asfalto.

⚠️#IMÁGENESFUERTES En #Caborca #Sonora, arrojaron dos cuerpos descuartizados a la altura del kilómetro 20 del tramo carretero #Caborca a la #YGriega. Este video fue captado esta mañana por usuarios del tramo carretero.Ayer estuvieron autoridades en el lugar y nada pasó. Hoy… pic.twitter.com/f4dixWAPNr

Cuál es el nuevo cártel en Sonora

El surgimiento del Nuevo Cártel Independiente de Sonora representa un desafío para el dominio del Cártel de Sinaloa en México, específicamente contra la facción conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La Administración de Control de Drogas (DEA) considera que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 de los 32 estados del país.

Este nuevo grupo criminal, reportado en los primeros meses del año actual, surge como un contendiente significativo en el estado de Sonora, un área crítica para las operaciones de narcotráfico.

Esta nueva organización criminal está compuesta por exiliados del Cártel de Sinaloa, entre ellos Los Cazadores, Los Paredes y Los Salazar.

Según el análisis del experto en seguridad Robert J. Bunker, citado por Daily Star, esta situación evidencia una fragmentación y potencial debilitamiento de Los Chapitos en Sonora, un estado también disputado por el Cártel de Caborca.

Bunker destacó que este fenómeno beneficia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principal adversario del Cártel de Sinaloa en México, al sugerir posibles alianzas o apoyos entre el CJNG y el Nuevo Cártel Independiente de Sonora.

“Cualquier cosa que pueda debilitar al Cártel de Sinaloa será vista como un beneficio para el CJNG. Esto sugiere que el CJNG ya habrá hecho acercamientos al Nuevo Cártel Independiente de Sonora y es probable que esté aliada con él, o al menos tratará de proporcionarle algún apoyo”, destacó Robert J. Bunker.

La estructura y liderazgo actuales del Nuevo Cártel Independiente de Sonora permanecen relativamente desconocidos, con figuras clave como Adán Salazar Zamorano y Gildardo Domínguez Soto, alias ‘El Copechi’, enfrentando la justicia en Estados Unidos y México, respectivamente.

A pesar de estos desafíos internos y la emergencia de nuevos grupos criminales, el Cártel de Sinaloa continúa siendo una de las organizaciones delictivas más expansivas, con una red de 26,000 miembros operando globalmente, según un informe de la DEA presentado por el director adjunto George Papadopoulos en julio de 2023.

EEUU va por jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Sonora

El pasado 10 de abril, autoridades de Estados Unidos anunciaron el despliegue de una operación que consideran la “siguiente fase” en contra del Cártel de Sinaloa.

La Operación Plaza Spike contempla revelar los nombre de los denominados “jefes de plaza” de las personas que tienen el control de una zona, siendo Sergio Valenzuela Valenzuela, alias El Gio, y/o Gigio, uno de los principales objetivos de las autoridades al señalarlo como líder criminal en Nogales, Sonora.

Sergio Valenzuela opera bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, considerado como el máximo líder del Cártel de Sinaloa.

Tres periodistas mexicanos del estado sureño de Guerrero fueron atacados a tiros este martes cuando regresaban de cubrir un hecho de violencia en Chilpancingo, la capital estatal, informó la fiscalía local.

La agresión se registró en horas del mediodía cuando los reporteros viajaban en un automóvil a la altura de un cuartel militar en dicha ciudad, agregó la autoridad.

Los atacantes iban en una motocicleta y dispararon contra los hombres de prensa que resultaron lesionados, según el reporte de la fiscalía, informó la agencia de noticias AFP.

Los periodistas agredidos son Jesús Antonio de la Cruz, que presenta una herida en la espalda; Oscar Guerrero, que sufrió una lesión en el brazo izquierdo, y Víctor Mateo Francisco, con herida en el cuello, detalló la dependencia.

Tras el ataque, el estado de salud de los comunicadores se reporta "estable", según informó la organización de defensoría de periodistas Reporteros Sin Fronteras (RSF).

"Pedimos a las autoridades de Guerrero investigar los hechos y brindar la seguridad necesaria a ellos y sus familias", agregó RSF en su cuenta de X (antes Twitter).

Los tres periodistas se dedican a cubrir notas de política y policiales para diferentes medios locales, detalló la organización.

Otros atentados a la prensa mexicana

La agresión ocurre después de que la semana pasada otros tres reporteros, los periodistas Silvia Nayssa Arce, Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo, fueron secuestrados y posteriormente liberados en la ciudad de Taxco, también en Guerrero, un estado golpeado por la violencia ligada al crimen organizado.

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones de protección a reporteros.

El 16 de noviembre, el fotoperiodista de El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez, fue asesinado de un balazo en la fronteriza Ciudad Juárez (norte). Hasta el momento hay tres personas detenidas por el homicidio.

Al menos otros cinco periodistas han sido asesinados en México en 2023, según RSF. Las autoridades investigan si estos hechos están relacionados con su labor informativa.

Una persona fue asesinada cada 69 minutos y si esa media se mantiene en lo que resta del año, el país podría cerrar 2023 con un sangriento récord de siete mil 607 homicidios, indicó el portal digital Primicias que compartió el gráfico con datos del Ministerio del Interior.

Ecuador cerró 2022 con 4603 muertes violentas, por lo que el incremento de los últimos meses sería del 65 por ciento y, si se compara con 2019, el alza sería del 540 por ciento.

Los números revelados indican que esta nación sudamericana concluirá diciembre con una tasa 44,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, con lo cual Ecuador sería el país más violento de Latinoamérica.

Asimismo, los asesinatos se incluyen ahora entre las causas más comunes de muerte en el país, incluso por encima de enfermedades como la influenza, la neumonía y los accidentes de tránsito.

La crisis en materia de seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y será el principal desafío del nuevo gobierno que liderará el recién electo Daniel Noboa.

Este fin de semana, en el municipio Yaguachi, de la provincia costera de Guayas, hubo una decena de muertes violentas que en estos momentos están bajo investigación policial.

Ecuador se encuentra en medio de un estado de excepción renovado por el presidente Guillermo Lasso luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado el 9 de agosto cuando salía de un mítin de campaña.

El actual Gobierno alega que los hechos violentos son consecuencia del avance del narcotráfico y el crimen organizado, aunque expertos apuntan también a otras causas como el incremento de la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.

“El 85 por ciento de las muertes violentas están en las provincias consideradas como la ruta de la droga y, a escala nacional, el 90 por ciento de estas muertes están vinculadas a crimen organizado”, afirmó este lunes el ministro del Interior, Juan Zapata.

En el ataque murieron 12 hombres y una mujer de la misma institución y el mismo ocurrió en el municipio Coyuca de Benítez, una zona  con gran presencia de cárteles del narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.

Al menos 13 policías municipales murieron tras ser atacados a balazos durante una emboscada de un supuesto grupo criminal en el estado Guerrero, en el sur de México, dijo una fuente del Gobierno estatal.

"Fueron al menos 13 policías, entre ellos estaba el secretario de Seguridad Pública de ese municipio", dijo a Reuters una fuente del Gobierno estatal que prefirió no ser identificada y que agregó que entre los fallecidos también se encontraba el director de la Policía.

En más de una decena de imágenes del hecho se observa a los efectivos muertos en varios grupos, al menos siete de ellos boca abajo y sobre un montículo de tierra.

Previo a la emboscada, explicó la fuente, los agentes fueron enviados a atender un reporte de supuestas detonaciones de armas de fuego en esa misma zona.

Guerrero fue por muchos años una de las regiones más violentas del país, donde grupos criminales se disputan las rutas para el trasiego de diferentes drogas.

De enero a septiembre, 1.073 personas fueron asesinadas en el estado que alberga el conocido centro turístico Acapulco, 211 casos más de los ocurridos durante el mismo periodo del año pasado, según datos oficiales.

Restos humanos troceados, embalados y congelados de unas 13 personas fueron localizados en los freezers de dos casas de Poza Rica, una localidad al norte de Veracruz, en el Golfo de México. Una zona donde hay fuerte presencia del crimen organizado.

Según explicó el lunes la fiscal del estado, Verónica Hernández, los restos se localizaron el domingo y todavía no hay datos objetivos y científicos que permitan saber exactamente a cuántas personas corresponden pero indicó que de acuerdo a los primeros estudios forenses “lamentablemente, podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación".

Hernández agregó que seis personas han sido detenidas en relación con los hechos pero no ofreció más información sobre el siniestro hallazgo.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García, atribuyó los hechos a un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado y alertó que la cantidad de muertos puede ser aún mayor. "No se puede hablar de un número específico, pero es probable que ese número cambie", alertó.

“Ya tiene rato que dos grupos criminales que ya están muy enconados, se hacen entre ellos. Ellos atentan contra personas inocentes también. Porque una vez se fueron contra el hijo de uno de ellos. ¿Qué culpa tiene?", agregó el gobernador

"Nosotros reiteramos que vamos a seguir proporcionando seguridad a la población en general. No queremos que este ajuste de cuentas de estos grupos delictivos continúe de esta manera. No les vamos a permitir que queden en la impunidad este tipo de acciones”, dijo García.

Veracruz es un estado que se extiende por gran parte del Golfo de México y es un territorio muy codiciado por los cárteles porque supone la ruta más rápida que conecta el sur del país con la frontera de Estados Unidos. Es por eso que en los últimos meses se repiten los ataques a balazos en bares, desaparecidos y cuerpos mutilados, según consigna el diario El País.

Fue una zona de gran actividad del cártel de los Zetas y uno de los puntos donde tiene su origen el Cartel Jalisco Nueva Generación. También es uno de los estados donde se han encontrado las mayores fosas clandestinas del país. Según datos del Informe de Estrategia de Seguridad Pública, de 2018 a marzo de este año la zona registró un total de 335 fosas clandestinas, correspondiente al 11,97 % de las fosas del país. El punto con más hallazgos en todo México.

Entre las más destacadas aparecen la de Colinas de Santa Fe, en 2016, a las afueras del Puerto, en el centro del Estado. A lo largo de tres años, autoridades y familiares de desaparecidos encontraron los restos de al menos unas 300 personas. Otro punto donde se encontraron cuerpos fue en Alvarado, unos kilómetros al sur del puerto, donde se encontraron los cuerpos de otras 300 personas.

Al menos seis personas murieron, incluyendo funcionarios estatales y policías, y 14 resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, luego de que presuntos miembros del crimen organizado atacaran con explosivos un convoy donde viajaban en el occidental estado mexicano de Jalisco.

El ataque contra miembros de la policía del municipio Tlajomulco y funcionarios de la fiscalía estatal se produjo cuando los uniformados, acompañados de otras personas, acudieron a verificar un supuesto hallazgo de restos humanos pero se trataba de una emboscada, dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"La delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la fiscalía del estado y de la policía municipal de Tlajomulco en un hecho que no habíamos visto antes aquí", relató Alfaro el miércoles, rodeado de autoridades estatales de alto rango.

"Detonaron siete artefactos explosivos improvisados", agregó. "Es un acto de terrorismo total", subrayó.

Más tarde, el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, dijo que el número de heridos había subido a 14, dos más de los que se tenían registrados inicialmente; entre ellos tres menores de edad de nueve, 13 y 14 años quienes, aseguró, ya estaban fuera de peligro. El funcionario agregó que también había "personas lesionadas delicadas".

Respecto a los muertos, Méndez explicó que tres de ellos eran elementos de la fiscalía del estado, uno de la policía de Tlajomulco y dos civiles hasta ahora no identificados.

Jalisco es sede del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México y con presencia en varias naciones en el mundo. El grupo delictivo es responsable de inundar de drogas sintéticas Estados Unidos, de acuerdo a autoridades, y de sembrar el terror en el país latinoamericano.

En las últimas semanas, varios hechos de violencia se han suscitado en distintas regiones de México.

En junio, en el central estado de Guanajuato, la explosión de un automóvil durante la noche hirió al menos a cuatro miembros de la Guardia Nacional. Horas antes, uno de los fundadores de las llamadas autodefensas fue asesinado en el occidental estado de Michoacán y, en el sureño Chiapas, 14 trabajadores de la policía fueron secuestrados por un comando armado.

El reportero, de 64 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital neerlandesa y se encuentra en grave estado.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 (hora local) en Lange Leidsedwarsstraat, una calle en pleno centro de Ámsterdam, cerca de los estudios de RTL Boulevard.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Femke Halsema denunció el ataque y calificó a De Vries como “un héroe nacional” y “un periodista valiente”. “Fue víctima de un crimen brutal y cobarde”, dijo la funcionaria.

El periodista se encuentra “luchando por su vida” después de resultar “gravemente herido” en el ataque, indicó Halsema.

Tres sospechosos fueron detenidos tras el hecho, informó el jefe de la Policía, Frank Paauw. Uno de ellos podría ser quien efectuó los disparos.

La Policía neerlandesa anunció en un principio que buscaba a un hombre de piel blanca, complexión delgada, con un abrigo verde oscuro de estilo camuflaje y una gorra negra, que sería el autor del ataque.

De Vries es un periodista reconocido por sus investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Incluso trabajó como informante en casos policiales y judiciales, entre ellos la causa Marengo, que implicó crímenes vinculados al narcotráfico.

En 2019 se conoció que estaba en la lista negra del narcotraficante y líder de la mafia neerlandesa, Ridouan Taghi, por entonces prófugo de la Justicia. Desde entonces comenzó a estar protegido por la Policía por amenazas de muerte. Se desconoce si mantenía un equipo de guardaespaldas al momento del ataque.

El caso Marengo es uno de los más violentos de los últimos tiempos en el país. El hermano y el abogado del testigo protegido más importante, Nabil B., fueron asesinados a tiros en Ámsterdam hace dos años, en un intento de silenciarlos para que no testificaran en el juicio en marcha con Taghi y sus secuaces.

En tanto, el gobierno convocó a una reunión de urgencia tras el ataque, mientras el líder de la ultraderecha nacional, Geert Wilders, calificó el hecho de “terrible”.

Bruno y Yan, sorprendidos durante un hurto en el centro comercial Atakadão Atakarejo, de Salvador, fueron entregados a unos traficantes que, tras torturarlos, los ejecutaron

Cuatro bandejas con cinco kilos de carne sentenciaron a muerte a Bruno Barros, de 29 años, y a Yan Barros, de 19. Sorprendidos mientras intentaban llevarse los productos en un establecimiento de Atakadão Atakarejo, en Salvador, Bahia, tío y sobrino fueron víctimas de un tribunal del crimen organizado promovido por el propio supermercado. El gerente y los vigilantes de seguridad entregaron a Yan y a Bruno a los traficantes, quienes los torturaron, asesinaron y posteriormente abandonaron sus cuerpos en el maletero de un coche.

El suceso, que ocurrió el 26 de abril en la favela Nordeste de Amaralina, revela cómo los supermercados brasileños pueden ser escenarios de actos de violencia cometidos por sus propios empleados. Casos así no son extraordinarios, tal y como pasó con João Alberto y Pedro Gonzaga, que murierona a manos de los vigilantes de seguridad de Carrefour y la cadena Extra, respectivamente. Alberto fue golpeado hasta la muerte en noviembre del año pasado en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Gonzaga, en un mercado de Barra da Tijuca, barrio rico de Río de Janeiro.

En común entre los tres crímenes, un marcador racial: todas las víctimas eran negras. En Atakarejo, sin embargo, a la situación hay que sumarle un nuevo componente: la asociación entre la empresa y el narcotráfico. Un poder paralelo, en el que parece no haber lugar para la defensa y donde impera la pena de muerte. Una historia que muestra que, como cantó Elza Soares en 2001 en el disco Do Cóccix Ate o Pescoço, “la carne más barata del mercado es la carne negra.”

Familiares y amigos no saben por qué Yan y Bruno salieron del barrio Fazenda Coutos, donde residían, y fueron a Nordeste de Amaralina el lunes. Pero la primera señal de que algo no iba bien se produjo alrededor de las 13.30. Bruno envió un audio por WhatsApp a una amiga, a la que considera una hermana, en el que le pide 700 reales (unos 130 dólares) para pagar la carne que había sustraído en Atakarejo. Como estaba en un salón de belleza, no vio el mensaje.

Al no obtener respuesta, Bruno le llama a las 13.46 y logra hablar con su amiga. Cuenta que a él y a su sobrino les habían sorprendido intentando robar carne y que el gerente y unos vigilantes les habían llevado al estacionamiento del supermercado, donde fueron agredidos. Los empleados les exigen que paguen los 700 reales, el precio del producto, para dejarlos marchar. Si no les daban el dinero, les entregarían a los traficantes de la zona, dominada por el Comando da Paz. A esta banda se la asocia con el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, algo que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía niega.

La amiga de Bruno pone en marcha una operación con parientes y amigos para recaudar el dinero. Al principio, consigue 250 reales (46 dólares). “Le llamé y le pedí a uno de los vigilantes que mandara el número de cuenta para ingresarle el importe, mientras intentábamos obtener el dinero que faltaba. Sería la garantía de que pagaríamos. Los empleados no lo aceptaron, querían todo a la vez”, cuenta.

Bruno se desespera y se pone en contacto con otras personas para pedirles dinero. En un audio enviado a este periódico, él le dice a alguien: “Ella ya tiene 200 reales, mira a ver si consigues ese dinero”. “Él decía: ‘El tiempo está pasando, me van a entregar, van en serio. Si me entregan, voy a morir’”, recuerda la amiga.

Pese al esfuerzo, no les dio tiempo de recaudar la cuantía. A las 14.02, ella recibe una llamada en la que Bruno le cuenta que los empleados habían decido entregar a Yan y a él a los traficantes. Fue la última vez que hablaron. “Me dijo: ‘Llama a la policía para que me detengan, el segurata está entregándome a los traficantes en el aparcamiento. Voy a morir’. Llegué a llamar al 190 [teléfono de la policía], denuncié que había varios hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada.”

Testigos presenciales contaron a los familiares que los jóvenes fueron arrastrados por las calles de Nordeste de Amaralina mientras les pegaban. Entretanto, las fotos de las víctimas circulaban por grupos de WhatsApp y llegaban a los parientes. La familia, sin noticias, tuvo que ver el sufrimiento público de los dos. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran al tío y al sobrino en tres momentos. El primero, nada más haber sido sorprendidos hurtando carne en la cadena de supermercados. Los dos están agachados en un área interna del establecimiento, junto a los productos robados y a un hombre, señalado como vigilante del hipermercado. En un segundo momento, se ve a los dos sentados, ya con los traficantes. Las últimas imágenes exhiben los cuerpos, ambos con los rostros deformados por los disparos.

Los cuerpos de los jóvenes, muertos en Nordeste, fueron colocados en el maletero de un coche que los traficantes abandonaron en la región de Polêmica, localidad del barrio de Brotas. Elaine Costa Silva, madre de Yan, cuenta que los primeros rumores de que los dos habían sido asesinados surgieron en las redes sociales. Fue entonces cuando empezó la búsqueda para confirmar el trágico desenlace. El padre de Yan es hermano de su tío Bruno. “Primero llamamos al DPT [Departamento de Policía Técnica], pero no habían encontrado ningún cuerpo en el Instituto de Medicina Legal. Conseguí el número del DHPP [Departamento de Homicidios y Protección a la Persona], y me dijeron que no había ninguna noticia en Nordeste de Amaralina, pero que habían hallado dos cuerpos en el maletero de un coche en Polêmica”, cuenta. Elaine identificó el cuerpo de su hijo gracias a la ropa que llevaba puesta. Y a Bruno por una cicatriz que tenía en el abdomen. El velatorio de ambos se hizo con los féretros cerrados, debido al estado de desfiguración de sus rostros.

La amiga de Bruno cree que él quería vender la carne para comprar comida. El muchacho, desempleado, pasaba por dificultades. Pedía dinero prestado a sus amigos para pagar las facturas. No podía abonar la pensión alimenticia de su hija de 12 años. Si comía tres veces al día, era por su madre, que siempre le mandaba todo lo que cocinaba. La casa en la que vivía desde que se separó de su exmujer era de Dionésia Barros da Silva, también abuela de Yan. Para ayudar a su hijo, Dionésia se mudó a un inmueble alquilado.

Los dos antecedentes policiales de Bruno, también por hurtos de alimentos, reducían sus posibilidades de conseguir empleo. Con la pandemia de la covid-19, se le hizo aún más difícil. Una esperanza de mejorar su situación era la renta básica de emergencia de 600 reales [110 dólares] del Gobierno Federal, pero el muchacho no consiguió la ayuda.

Elaine todavía no entiende por qué Yan participó en el hurto y tampoco sabe decir lo que haría con la carne, porque nunca tuvo noticias de que su hijo hubiera estado implicado en cualquier clase de delito. Pero la situación financiera de la familia también es difícil. Elaine vive en una casa construida en contrachapado y materiales reciclables, en un área de ocupación en Fazenda Coutos. Su principal fuente de ingresos proviene de la venta de materiales de limpieza en los semáforos, pero su trabajo se vio afectado con la pandemia. Sin ninguna ayuda de sus padres, Elaine tuvo que criar a sus cuatro hijos sola.

Yan no trabajaba. Era integrante del Projeto Axé, ONG internacionalmente reconocida por su trabajo en el área de educación y en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y estaba terminando cuarto de Educación Secundaria. Llegó a vender cacahuetes en el transporte público para ayudar en casa, pero tuvo que dejarlo a causa de la covid-19. Su madre cuenta que él también pasaba dificultades para conseguir algo que echarse a la boca. “Siempre me mandaba mensajes para saber si había hecho algo de comer, para saber cuándo estaría lista la comida. Yo le mandaba fiambreras. Su abuela también ayudaba.”

El joven vivía con su tío y su hermano mayor en la casa de Dionésia, una vivienda precaria de cinco cuartos y pocos muebles. La tinta de las paredes estaba consumida por la humedad y la falta de mantenimiento. El olor a moho se puede percibir por toda la casa. Elaine entra en una de las habitaciones y enseña dos bermudas, dispuestas sobre un colchón manchado por la acción de la humedad y desgastado por el paso del tiempo, donde Bruno dormía. Explica que Yan y su hermano mayor se turnaban las prendas.

El móvil se convirtió en el principal medio de contacto entre Yan y Elaine. Ella vuelve a mirar las conversaciones con su hijo en WhatsApp, buscando audios, fotos y vídeos suyos. “Ahora, para ver su sonrisa, tengo que usar esto”, dice, señalando el teléfono. Conversa con EL PAÍS tras un largo día de entrevistas para exigir justicia y denunciar la tragedia personal que vive desde que perdió a su hijo de forma brutal e inexplicable. La madre de Bruno no pudo realizar la entrevista. Se encuentra bajo los efectos de medicamentos tras la brutal ejecución de su hijo, humillada por la exposición sádica de las imágenes.

El viernes fue un día de protestas por la muerte de los jóvenes. Una de ellas tuvo lugar en Fazenda Coutos, organizada por la propia favela. Entre gritos de “Atakarejo asesino”, los manifestantes bloquearon una calle hasta el final de la tarde y reivindicaron que el crimen se solucione cuanto antes. Por la tarde, varios movimientos sociales hicieron un acto en las puertas de Atakarejo de Nordeste de Amaralina, donde empezó el calvario de Yan y Bruno.

Elaine se mueve entre el dolor y la rabia. Dice que los empleados del supermercado no les dieron a los muchachos la oportunidad de que pudieran pagar la carne. Ya no puede llorar de tanta indignación. “¿Que si estuvo mal lo que hicieron? Sí. Nadie puede hacer eso. Pero ¿para qué tener Policía si mandan matar a la gente? ¿Ellos condenan a muerte a las personas? Mi hijo ha perdido la vida, a los 19 años, por cuatro bandejas de carne.”

Y continúa: “Nunca voy a sacar de mi cabeza las imágenes de la cara de mi hijo en pánico, de la mano de mi hijo totalmente ensangrentada. Ya no puedo llorar de tanta rabia. Desde el lunes, han acabado con mis días de vida. Me han destruido”. Elaine se queja también de que, hasta el momento, no ha recibido ninguna clase de ayuda de Atakarejo, ya sea financiera o psicológica. Vuelve de nuevo a WhatsApp y enseña vídeos de su hijo bromeando en su última fiesta de cumpleaños, el 4 de abril. Recuerda la forma guasona de ser de Yan. “Nunca más veré eso”, lamenta.

En un comunicado, Atakarejo dice no tolerar “ninguna clase de violencia” y que tiene el “compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y con la defensa de la vida humana digna”. Asimismo, el grupo informa que está colaborando con las investigaciones y que le ha entregado a la Policía todos los documentos e imágenes de las cámaras de seguridad. No obstante, la nota no dice si los empleados involucrados en el episodio han sido despedidos. “Atakarejo es una empresa seria, sólida y cumple las normas legales y no consiente ningún tipo acción delictiva. […] La empresa subraya que repudia vehementemente cualquier clase de violencia y se solidariza con la familia de las víctimas en este trance tan difícil. El grupo espera que se concluyan las investigaciones para el esclarecimiento del caso y el castigo de todos los culpables”, dice el fragmento del texto.

Atakarejo pertenece a Teobaldo Costa, empresario que se presentó a alcalde de la ciudad de Lauro de Freitas, en la Región Metropolitana de Salvador, por el partido Demócratas, en las pasadas elecciones. Declaró a la Justicia Electoral 341.286.567 reales [alrededor de 62.750.000 de dólares] en bienes. Teobaldo se dio a conocer también por convertirse en una especie de imagen publicitaria del supermercado, al salir anunciando ofertas de la cadena en varios anuncios en televisión.

La Policía Civil informa en una nota que varios testigos del crimen ya han declarado y que las investigaciones están avanzadas. Asimismo, la Policía asegura que están realizando las diligencias oportunas y que no pueden dar más detalles para no interferir en la marcha de las investigaciones. La Fiscalía de Bahía está siguiendo las investigaciones y ha interpuesto una denuncia, que ya ha sido trasladada al Núcleo del Jurado de la Capital.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Bahía, el diputado regional Jacó (Partido de los Trabajadores), quiere que el supermercado le explique a la población si mantiene alguna relación con el narcotráfico. “Si el gerente los llamó, es porque había algún tipo de autorización por parte de Atakarejo. Ocurrió un incidente, y la dirección de la empresa tomó una actitud cobarde. De haber sido el dueño de algún bar, ya lo habrían detenido. Es el dueño de una cadena de supermercados el que se niega a comentar el caso. Atakarejo hace como si no existiera. ¿Es el narcotráfico quien se encarga informalmente de la seguridad de Atakarejo?”, se pregunta. La comisión sigue la evolución del caso y ha pedido, mediante un oficio, que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía asigne a un comisario especial para dirigir las investigaciones. Mientras no se soluciona el crimen, Elaine intenta prepararse para otra batalla que llegará junto al intento de superar el duelo: el de la exigencia de Justicia. “Quiero que todos y cada uno de los de Atakarejo paguen”.

El mayor juicio a la mafia en Italia en más de 30 años se abre este miércoles en la sureña región de Calabria, con el objetivo de asestar un duro golpe a la temida ‘Ndrangheta, cuyos tentáculos llegan a todo el mundo gracias al tráfico de cocaína.

Trescientos cincuenta y cinco acusados -entre ellos dirigentes políticos, agentes de policía y hombres de negocios-, 900 testigos y 400 abogados serán escuchados en un recinto especialmente preparado para acoger el juicio, el más importante de los últimos tres decenios, que se celebra en el corazón de una de las regiones más pobres de la península, gangrenada por la mafia.

Cincuenta y ocho testigos de cargo aceptaron romper ‘la omertá’, la ley del silencio, para revelar los secretos del poderoso clan Mancuso y de sus asociados.

Una lista amplia y variada de delitos que se remontan a la década de 1990 serán juzgados, entre ellos numerosos sangrientos, así como los cometidos por empresarios de cuello blanco e incluyen asesinatos, tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero y abuso de poder.

El juicio “es una piedra angular en la construcción de un muro contra las mafias en Italia”, aseguró a la AFP el fiscal Nicola Gratteri, quien inició la investigación hace cuatro años.

La batalla histórica del fiscal antimafia

Gratteri, de 62 años, se inspira en los dos legendarios magistrados antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por orden de la mafia y famosos por haber presidido el primer megajuicio contra la mafia siciliana en la década de 1980 con el que lograron desmembrar a la temida organización.

En la sala de audiencias de más de 3.000 metros cuadrados construida para el “maxi juicio”, que deberá durar más de dos años, se sentarán en el banquillo de los acusados figuras claves para el el tráfico de cocaína entre Europa y América Latina.

La ‘Ndrangheta, que se ha enriquecido y expandido gracias al tráfico de drogas y la extorsión, ha logrado entrar en el mundo empresarial, fundando empresas fantasmas y utilizando testaferros para lavar sus ganancias ilegales en la economía legal.

En Calabria llega a todos los rincones de la sociedad, obtiene todas las licitaciones públicas, tanto de los ayuntamientos como de los hospitales, inclusive gestiona los cementerios y hasta los tribunales, recalcan los expertos.

Según estimaciones de las autoridades antimafia, la ‘Ndrangheta en Calabria está formada por unas 150 familias o clanes, que a su vez cuentan con 6.000 miembros y afiliados.

Sin contar con sus socios y aliados en todo el mundo, cifras muy difíciles de determinar.

“Tengo que comenzar con la idea de que se trata de una organización, de tipo empresarial, que funciona como una poderosa multinacional, con un jefe en lo alto de la pirámide, y a seguir todos los demás miembros”, explicó Gratteri a la AFP al ilustrar las razones para celebrar un “maxi-juicio”.

Una organización que forma parte de la sociedad

Serán desveladas las conexiones con la política, la masonería, los empresarios,  a través de abogados, funcionarios y agentes corruptos y se centrará en la familia Mancuso, el sanguinario clan de la provincia de Vibo Valentia.

“Lo que más impresiona es … el poder del clan Mancuso, que logra codearse con los aparatos del Estado, los cuales estaban literalmente a su disposición”, comentó Gratteri tras la ola de arrestos ordenada en diciembre de 2019 en Italia y Europa y que condujo al juicio.

Para el criminólogo Federico Varese, de la Universidad de Oxford, la ‘Ndrangheta forma parte de la sociedad, no solo está integrada sino que está involucrada en todas las actividades legales e ilícitas.

“El poder de esas familias mafiosas es que controlan el territorio y dentro del propio territorio hacen de todo”, aseguró Varese.

“Si quieres abrir una tienda, si quieres construir algo, tienes que pasar a través de ellos. Porque ellos son la autoridad”, lamentó el fiscal antimafia, autor de numerosos libros sobre el tema junto con el escritor Antonio Nicaso.

El ensayista advirtió que está preparando un libro sobre cómo las mafias, incluida la ‘Ndrangheta, se están preparando para infiltrarse y lucrar con la reconstrucción y los fondos para luchar contra la pandemia de coronavirus.

La Fiscalía General del Estado de Baja California ha anunciado la detención de Julio César “N”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa. El implicado está considerado como un importante objetivo generador de violencia en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

El presunto sicario del crimen organizado contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado.

Mediante seguimiento a información recabada en gabinete y campo, el día 8 de diciembre de 2020, se logró dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control dentro de la causa penal: 00108/2020.

Los hechos de la carpeta de investigación ocurrieron el pasado 8 de septiembre de 2019, cuando se recibió un reporte de la Unidad de Homicidio, en el sentido de que había perdido la vida la víctima Bruno Nicasio Gómez Álvarez, en hechos ocurridos en la colonia Rubí Villa del Prado II sección, siendo señalado como autor de los hechos Julio César N.

El operador de la organización dirigida por Ismael el “Mayo” Zambada y los Chapitos, fue puesto a disposición del juez de control del partido judicial de Baja California.