Si bien en la última semana vienen creciente las denuncias de casos de sabotajes a silobolsas en la zona central del país, la inseguridad rural es mucho más amplia y afecta a cada rincón de la Argentina.

Apoyada en la información de las 16 Confederaciones de productores que la integran, con cobertura sobre 22 provincias, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizó un mapa del delito rural donde se localizan los casos ocurridos en el primer semestre del año.

El tipo de delito es variado: asesinatos (en Misiones y Tucumán), incendios intencionales, abigeato, roturas de silobolsas, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos y usurpación de campos. Es decir, conviven hechos vandálicos con fin de daño (a veces individuales y espontáneos) con organizaciones criminales.

En total, CRA lleva contabilizados más de cien delitos de todas las índoles, en la mayoría de las provincias del país.

En relación a la rotura de silobolsas, en los más de 60 casos sufridos en el primer semestre del año, resultaron dañadas 5.700 toneladas de granos, estimó el Depto. Económico de CRA. En ese sentido, explicó que “en cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo. Sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente”.

Es importante destacar que, en la gran mayoría de los casos, el objetivo es provocar daños y solo en unos pocos se concreta el robo de la producción.

Una de las excepciones se dio a fines de mayo en un establecimiento de la localidad de Zenón Pereyra, Santa Fe, donde, tras la rotura de varios silobolsas, los atacantes cargaron aproximadamente dos camiones con granos.

En el otro extremo, se ubica un reciente caso en San Gerónimo, también Santa Fe. Allí, además de la rotura de los silobolsas se les aplicó curasemillas a los granos, provocando la destrucción comercial de la mercadería. No quedan dudas de que la intensión fue solamente hacer daño.

A la cabeza de los delitos figura el abigeato (robo de ganado), práctica de la que no escapa ninguna de las provincias relevadas. Estos hechos, no afectan solo a la ganadería bovina, sino que también es habitual en los planteles de ovejas de la Patagonia.

Un dato a tener en cuenta, es que el abigeato no es perpetrado por delincuentes que actúen individualmente. Detrás de quienes entran a los campos hay una red de distribución y comercialización final de la carne obtenida, incurriendo en otros delitos de orden sanitario y fiscal. Por este motivo, el abordaje debe hacerse de forma integral, con controles en los puntos de venta, además del patrullaje rural.

Lo mismo ocurre en el robo de agroquímicos y cosecha, detectados mayormente en el norte del país y Cuyo, donde los productos vuelven a ingresar en una cadena de comercialización ilegal.

En este ítem, CRA destacó un hecho curioso ocurrido en Mendoza, donde a un productor le robaron la totalidad de la cosecha ajo, unos 8.000 kg.

La usurpación de campos es otra de las problemáticas denunciadas por los productores, fundamentalmente en Tucumán y Chubut. Los hechos, mayormente si vinculan con reclamos de comunidades originarias sobre la propiedad ancestral de la tierra.

Sin embargo, los productores denuncian que detrás de muchos casos hay organizaciones mafiosas con respaldo político.

Por último, la peor de las estadísticas, la de los productores asesinados. El primer caso ocurrió en marzo, al norte de Misiones, cuando Rodolfo Weber fue ultimado por cuatreros cuando ingresaron a robarle hacienda.

El más reciente ocurrió hace una semana en Tucumán, cuando José Porcel, fue asesinado un intento de robo en su casa.

“Hace meses venimos alertando acerca de la inseguridad que sufren los productores agropecuarios a lo largo y ancho del país”, indicaron desde CRA, destacando que “los productores agropecuarios “también somos ciudadanos merecedores de todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y la seguridad es uno de ellos”.

Además, dejaron un mensaje para el Gobierno: “sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”.

Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas cuestionaron la medida de cerrar el registro de exportadores, manifestaron la voluntad de dialogar y pidieron tratar al sector productor “sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”. Mañana, encuentro clave entre el ministro de Agricultura y la Mesa de Enlace.

Los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionaron el anuncio del Gobierno de cerrar los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior hasta nuevo aviso. Esta medida es el paso previo al anuncio del aumento de las retenciones, que lo realizaría el Presidente de la Nación el domingo al inaugurar un nuevo período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación.

Todo esto sucede en la previa a la reunión que había convocado para mañana el titular de la cartera agropecuaria, con los dirigentes que integran la Mesa de Enlace. En principio el encuentro se realizará en el ministerio a las 16:30.

En un comunicado de prensa, titulado “Una nueva traición”, los dirigentes de la Confederación, que integra la Mesa de Enlace, manifestaron: “Es una medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tienen retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado”.

Y agregaron: “Siempre hemos asistido a reunirnos con el gobierno nacional, en el marco de la buena fe, la intención dialoguista, el fundamento de cada posición y la voluntad solidaria en el marco de lo razonable. Aguardamos la racionalidad de quienes gobiernan, para no caer en situaciones ya transitadas y que oscurecen el futuro económico del país”.

De cara a la reunión de mañana entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, las autoridades de CRA expresaron: “Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero también advertimos que queremos ser respetados, no permitiremos ni engaños ni dilaciones”.

“La presión fiscal es ya insostenible, lo saben quienes producen y quienes recaudan, por lo tanto, es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”, enfatizaron desde la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes.

En un escenario donde el interior productivo, con los productores autoconvocados a la cabeza, vienen reclamando desde hace tiempo una profundización del reclamo gremial, desde Confederaciones Rurales Argentinas solicitaron al resto de las entidades que conforman la Mesa de Enlace acordar fecha y modalidad para un cese de comercialización de granos y hacienda.

Más repercusiones

Otra de las entidades de la Mesa de Enlace que rechazó el cierre del registro de exportaciones, fue la Federación Agraria Argentina. Los representantes de los pequeños y medianos productores, comentaron que la decisión del gobierno “fue inconsulta y ha sido siempre la antesala de situaciones complicadas para los productores agropecuarios”, y agregaron, “hemos sido respetuosos de las instancias de diálogo con el gobierno nacional, donde alertamos sobre las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos productores de todo el país, que se profundizarían si se siguen tomando medidas contra el sector”.

En relación a este último planteo de la Federación, pidieron a los funcionarios que “no repitan errores del pasado y que podamos dialogar para encontrar los caminos y alternativas que no paralicen al sector. Es por lo que venimos bregando desde que asumieron al frente del Ejecutivo y lo que seguimos esperando”.

Por su parte, productores de Coninagro de Buenos Aires y La Pampa también expresaron su malestar por el cierre de los registros de exportaciones y el inminente aumento de las retenciones.

En un documento expresaron: “Rechazamos las retenciones y cualquier incremento sobre las existentes. Es un impuesto que termina impactando en el precio que recibe el productor sobre su cultivo, quitándole el mayor incentivo para aumentar la productividad. La experiencia ya indica que, a mayor impuesto, menos producción. Cualquier supuesta compensación también genera inequidades entre productores, explotaciones y regiones”.

Además, manifestaron: “Una vez más, los productores agropecuarios somos testigos directamente perjudicados de cómo se considera al campo para financiar las débiles cuentas fiscales, cuando la política no ha dado muestras de adecuarse a la realidad del país. La solidaridad debe ser más equitativa”.

“Creemos que una economía sustentable debe considerar también la equidad de los esfuerzos, sin ganadores ni perdedores, con un Estado que no discrimine entre campo y ciudad, reavivando antinomias que parecían superadas. Con esta medida se está matando al campo. Por mirar la coyuntura nos olvidamos del futuro”, agregaron.

También se pronunció en contra de la decisión oficial el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, quien dijo: “Pareciera ser que el acercamiento con la Mesa de Enlace no es más que una maniobra dilatoria. No hay una voluntad auténtica de diálogo por parte del Gobierno”.

“Lo único que está haciendo el Gobierno es echar más leña al fuego. Este aumento de los 3 puntos a la soja hace aun más inviable la producción. Lo peor de todo es que se genera una incertidumbre, que es imposible de sostener. Que entiendan que este tipo de medidas frenan inversiones y repercuten en el ánimo de los productores. La paciencia tiene un límite”, enfatizó el dirigente cordobés.