Desde las 11 horas, el presidente y un grupo de mandatarios provinciales se encontrarán en Casa Rosada. No estará presente Omar Perotti.

César Rodríguez

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó a los gobernadores a una reunión para este martes por la mañana en Casa Rosada con el objetivo de avanzar con el juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El 1 de enero, aún con los vestigios del festejo de Año Nuevo en el país, el jefe de Estado anticipó en un escrito que compartido en sus redes sociales que convocaría a los mandatarios que acompañaron “al Estado Nacional en su planteo contra la ciudad Autónoma de Buenos Aires” por el fallo que emitió el Tribunal Supremo en favor del gobierno porteño.

Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos. pic.twitter.com/rsHKFc2BvI

— Alberto Fernández (@alferdez) January 1, 2023

El encuentro se da en el marco de la guerra entre la Nación y la Ciudad, la cual se disparó cuando el Tribunal Supremo dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, y por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

En la reunión no estará presente el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el cual ha logrado establecer una leve lejanía para con los otros 14 mandatarios peronistas que sí se manifestaron a favor del desacato del Poder Ejecutivo al Judicial.

“Es el reconocimiento a la institucionalidad de la provincia”, dijo Perotti sobre el pago de la Deuda Histórica

En declaraciones periodísticas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y espada de la vicepresidenta Cristina Kirchner declaró: “Estamos citados para el martes, ahí conoceremos la presentación”. En la misma línea, apuntó contra la Corte y Horacio Rodríguez Larreta, que pelea -casi en soledad- contra la Casa Rosada: “Parece absolutamente decidida a pagarle la campaña al jefe de Gobierno”.

El ex ministro de Economía de la titular del Senado fue el primero en llegar a la reunión en Balcarce 50 del 22 de diciembre pasado, a la que asistieron también Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja). También estuvieron presentes en el intercambio Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Mientras que, de forma virtual, hicieron su aporte Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Desde el Poder Ejecutivo, esperan que los mismos reafirmen el compromiso de ir contra la administración de la CABA y la Corte Suprema. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó la embestida de Fernández contra Rosatti.

En principio, Alberto Fernández se negó a acatar la decisión de la Corte, lo que derivó en un mar de críticas por parte de la oposición. Si bien se respaldó en los gobernadores, al poco tiempo el mandatario cambió de opinión y comunicó que cumpliría con la cautelar, pero los pagos los ejecutaría con bonos públicos. Aunque la decisión del Presidente de la Nación fue rechazada por la Ciudad mediante un comunicado.

El Presidente comunicó que depositará los fondos en una cuenta del Banco Nación, y reveló además que irá por un recurso “in extremis”, que recusará a los jueces del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto para tratar en sesiones extraordinarias.

El presidente Alberto Fernández finalmente comunicó que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia e informó que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó la Justicia a través de bonos. Además, reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

“Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”, planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.

Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

Días después de haber calificado el fallo de “imposible cumplimiento”, planteó: “Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

Alberto Fernández anunció que rechaza el fallo de la Corte Suprema luego de reunirse con gobernadores

“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, aclaró.

En la misma línea, recordó que los bonos TX31 fueron aceptados por la Corte ante una demanda por coparticipación planteada por la provincia de Santa Fe. “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, ironizó Fernández.

Se trata de bonos del Tesoro que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.

Manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación “se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo el Presidente sobre el método para reintegrarle a la Ciudad el 2.95%.

A su parte, reveló que instruyó al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución.

De la misma forma, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.

Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, denunció.

“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, cerró el mandatario.

A finales de la semana pasada, el Gobierno había anunciado a través de un comunicado firmado de forma conjunto con 14 gobernadores que no acataría el fallo. A su parte, desde la administración porteña estudiaban alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo y avanzaban con denuncias penales contra el Presidente.

La dirigente social jujeña, Milagro Sala, sostuvo hoy que se “esperaba” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena a 13 años de cárcel por la causa “Pibes Villeros”, y aseguró que “solo muerta” la van a “callar”.

“Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: ‘Es lo que tenía que pasar’, ya me lo esperaba. Nosotros no armamos pelotones de desocupados, sino que creamos consciencia”, dijo Sala en declaraciones para AM750 y agregó: “Por más que me digan que soy una negra coya engreída. Muerta me van a callar”.

Este jueves, la Corte Suprema dejó firme la condena a 13 años de cárcel impuesta a Milagro Sala en la causa “Pibes Villeros”, en la que se la acusó de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, un fallo que la dirigente social jujeña rechazó por considerar que fue emitido por un tribunal que responde “a la derecha”.

Para Sala, el gobernador jujeño Gerardo Morales “no respeta ni siquiera a sus socios y amigos, traiciona a todos. Es él, su familia y nadie más”.

Además consideró que la organización social Tupac Amaru “es mucho más” que ella y “se rebelaron contra quienes siempre pisaban la cabeza”.

Confirmaron la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala

“Mirá si no tendrá odio Gerardo Morales, que ayer mandó un proyecto para expropiar cosas de las Túpac”, señaló.

Por otra parte, Sala hizo referencia a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad.

“Cuando escuché el fallo contra Cristina Kirchner sentí bronca. Más bronca que la que sentí ayer”, dijo la dirigente.

Asimismo, cuestionó la falta de movilización en defensa de la vicepresidenta: “Decían que no había que movilizar. Otros que había que movilizar. Nunca nos olvidemos cuando Perón y Evita pedían no movilizar y el pueblo pasó por arriba de las órdenes”.

Organizaciones políticas y sociales marchan por la libertad de Milagro Sala

Y añadió: “Acá había que salir a la calle, a defender a Cristina y los 12 años de kirchnerismo que nos entregó progreso y los mismos derechos”.

Sala aseguró que, una vez que salga en libertad, “va a seguir militando” .

“Voy a seguir gritando. Por más que me digan que soy una negra coya engreída, muerta me van a callar”, concluyó.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social jujeña

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala y de esa manera dejó firma la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019 el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”.

“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas. En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa. En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, argumentó. el tribunal en la sentencia a la que accedió este medio.

Sala tiene varios procesos penales. El más grave es el de los llamados “Pibes Villeros” donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación y extorsión. Durante el proceso se comprobó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las que nunca se realizaron. Para el Tribunal que la condenó, Sala había sido la jefa de esta asociación ilícita, que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los que “fueron utilizados con otros fines”.

El caso llegó a la Corte después que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy rechazara un pedido de Milagro Sala -quien a través de su defensa había solicitado que se declarara inconstitucional el juicio en el que fue condenada- y ratificó el fallo que había sido dictado por el Tribunal Oral Criminal 3. Antes, el caso había sido revisado por la Cámara de Casación de Jujuy y también confirmado. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia remitió a fines de diciembre del 2020 las actuaciones a la Corte Suprema. Es que -acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- la defensa de Sala asegura que fue sometida a varios procesos de criminalización como consecuencia de su activismo político, que se violaron sus garantías constitucionales y que la condena en su contra había sido arbitraria.

En febrero de este año, Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación y en carácter de fiscal ante el máximo tribunal, se había pronunciado por la desestimación de la queja presentada por Sala ante el Alto Tribunal.

“En mi opinión, la queja debe ser desestimada. En primer lugar, corresponde recordar aquí que, tal como lo ha sostenido reiteradamente Vuestra Excelencia, el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es de naturaleza excepcional, pues no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de las provincias en temas de prueba y de derecho común y procesal local, que son propios de éstos, salvo que hubieran incurrido en desaciertos u omisiones de tal gravedad extrema, que no pueda predicarse de sus fallos que son la sentencia fundada en ley que garantizan los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional”, había dicho Casal en su dictamen de febrero.

La defensa de la dirigente jujeña -quien está detenida con prisión domiciliaria- había planteado quejas por las restricciones al público y la prensa para cubrir el debate, la expulsión de Sala, la extensión en el plazo para dar a conocer los fundamentos de la sentencia o el rechazó durante la preparación del debate, de medidas de prueba que había ofrecido la defensa a fin de acreditar el desempeño lícito de la organización Tupac Amaru.

“Todos esos argumentos en los que el a quo (la Corte jujeña) fundó el rechazo de pretensiones de la defensa, lucen sobradamente razonables y, en todo caso, no han sido objeto de una refutación específica por parte de los recurrentes -quienes se limitan en gran medida a reiterar lo dicho en las instancias anteriores- lo que de por sí impide juzgar la arbitrariedad que se alega ante la Corte”, había sido la respuesta de Casal.

https://notife.com/800928-milagro-sala-critico-al-gobierno-nacional/

Casal le había dado razón a un planteo de la defensa de Sala en torno a los cuestionamientos por “los hechos de estafa que afectaron fondos dispuestos por el municipio de la ciudad de Palpalá” y en donde el tribunal jujeño “confundió el acuerdo del que provenían los fondos sobre los que recayeron las maniobras fraudulentas realizadas mediante” una cooperativa durante 2013 y 2014. Sin embargo, el Procurador interino afirmó que “el error apuntado no conlleva la invalidación de lo resuelto en el sentido pretendido por los apelantes”.

En febrero pasado, había señalado que no se había demostrado “en qué sentido pudo haber afectado decisivamente su posibilidad de defensa” ni se exhibió si “el trámite que ha seguido la causa generó restricciones atendibles a la capacidad efectiva para defenderse de la acusada, pues -más allá de las objeciones consideradas en las secciones anteriores de este dictamen- tuvo aseguradas posibilidades suficientemente amplias de ofrecer y producir prueba de descargo”. Según aquel dictamen del procurador, “la imprecisión acusatoria que se objeta es insuficiente para producir una violación al derecho constitucional de defensa en juicio. ”

“Esa conclusión conlleva, a su vez, una respuesta negativa al postulado de violación de los principios de congruencia entre acusación y sentencia, y de legalidad que la defensa aduce en su recurso, en tanto éste depende enteramente de la atribución a la acusación de un grado indebido de indeterminación respecto de los hechos por los cuales la acusada fue llevada a juicio. La invocada conculcación de tales principios no guarda, pues, relación con los acontecimientos de la causa. Entiendo, por lo tanto, que en el caso en examen no hay razón alguna para predicar una denegación del derecho de defensa en juicio en virtud de las violaciones procesales alegadas”, había dicho Casal.

La compañía señaló que el Máximo Tribunal confirma “su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información”. La conductora de TV había pedido el “derecho al olvido”.

Google Argentina celebró este martes el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de Natalia Denegri “que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información”.

De esta manera la compañía resaltó la decisión del máximo tribunal de revocar hoy, en forma unánime, los fallos que favorecían a la empresaria y conductora de TV Natalia Denegri en la demanda que presentó contra Google para pedir “derecho al olvido”.

“Valoramos positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información en Internet y el derecho de los ciudadanos a buscar y acceder a contenidos de interés público”, publicó Google en su cuenta de Twitter.

Valoramos positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información en Internet y el derecho de los ciudadanos a buscar y acceder a contenidos de interés público.

— Google Argentina (@googleargentina) June 28, 2022

También señaló que la Justicia “ratifica así que los motores de búsqueda como Google cumplen un rol esencial para la libertad de expresión, pues potencian el ejercicio de su dimensión social”.

Por último, Google expresó: “Coincidimos además en que el mero paso del tiempo no implica que las noticias ni la información pierdan su relevancia ya que son fundamentales para el ejercicio de la memoria social”.

En declaraciones a Télam, Denegri dijo hoy que los videos vinculados por Google cuando se realiza una búsqueda de su persona “fomentan la violencia de género y la estigmatización de la mujer”.

“Hoy en la Argentina volví a ser víctima por segunda vez en mi vida. No respetaron que por aquellos años era menor de edad y víctima de un delito terrible”, sostuvo Denegri en declaraciones a Télam.

Revocaron el fallo a favor de Natalia Denegri por el “derecho al olvido”

El derecho al olvido y Natalia Denegri Invocando el “derecho al olvido”, la mujer de 46 años había reclamado que se quiten de los buscadores de internet las notas y videos que hacen referencia a su vinculación con el denominado “caso Coppola”.

Para la Corte, la libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet y los motores de búsqueda, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información, según se explicó en el fallo.

La Corte evaluó que Denegri es una persona pública que cobró notoriedad en esa época, y se expuso voluntariamente a los programas de televisión que transmitían un caso que tuvo “gran interés público en la sociedad”.

El encuentro de jueces federales abrió con discurso del presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, quien exigió la cobertura de vacantes y una acción coordinada de todos los poderes y estamentos del Estado.

Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, y la mayor parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, jueces federales de todo el país se reunieron en Rosario para abordar en profundidad y de manera coordinada la problemática del narcotráfico. Participaron también el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, legisladores nacionales, jueces y fiscales santafesinos y la Corte Suprema provincial, encabezada por Rafael Gutiérrez.

En ese marco, el presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosatti, produjo un enfático llamado a la cobertura de vacantes en la Justicia Federal que, según hizo notar, oscilan en un porcentaje que va del 30 hasta en determinadas ocasiones el 50 %.

En su discurso de apertura de las deliberaciones, Rosatti remarcó que para combatir el narcotráfico es necesario dar “una batalla cultural”, que debe ser asumida por “un Estado cohesionado, con recursos inteligentemente utilizados y una sociedad comprometida”.

“La decisión política no debe limitarse a la etapa represiva del delito, es decir una vez que este se ha consumado o cuando está consumándose; tampoco debe circunscribirse a la etapa previa o anticipatoria del crimen. Todo ello es necesario pero insuficiente”, explicó.

Rosario: se reúnen jueces federales con integrantes de la Corte Suprema de la Nación

Rosatti recalcó que esto “debe comenzar con el sistema cultural, educativo y económico. Lo primero que hay que pensar (y sobre lo que hay que actuar) es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico. Lamentablemente, ello no ha ocurrido en la Argentina. Es un camino que Argentina no recorrió, o lo recorrió mal, No lo hicimos, o no lo hicimos con la eficacia necesaria. ¿Significa que nunca más podremos hacerlo? De ninguna manera; es imprescindible dar también la batalla cultural y educativa, aquella que reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo y que procure activamente la inclusión social. Y es preciso hacerlo ahora, aunque los frutos se vean dentro de varios años”.

Coordinación y herramientas

El presidente de la Corte reclamó una acción coordinada, que en lo que hace a los tribunales atañe al mapa judicial y también a la implementación generalizada del sistema acusatorio. Y, fundamentalmente, a la cobertura de vacantes, “con jueces idóneos y comprometidos”, y la creación de los juzgados y fiscalías necesarios.

Pero también, con “la provisión de las herramientas tecnológicas que nos permitan combatir a esta delincuencia sofisticada en condiciones -al menos- de paridad. Ofrecemos federalizar, desde la Corte, nuestras oficinas técnicas, en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Técnicas que tienen que ver con lo criminológico, pero también con lo contable. Podemos anunciar hoy, por las gestiones realizadas por el Consejo de la Magistratura, la instalación de un salón multimedia con la última tecnología (la segunda en el país, la primera se instaló en Casación). Y esto se debe a la gestión del Consejo de la Magistratura, y yo agradezco profundamente la presencia de los consejeros hoy y aquí, como muestra de compromiso”, añadió.

“La cárcel no debe controlar a la calle, para lo cual es necesario contar con las herramientas de información necesarias, como ocurre en todos los países interesados en combatir este flagelo, obtenidas dentro de los parámetros constitucionales. Una inteligencia inteligente –si se permite la expresión- y democrática, cuya relevancia no debe ser subestimada. Y si se ha hecho de otra manera, debe corregirse. Pero esto no invalida el instrumento”, sostuvo.

Rosatti puso como ejemplo de ésto “que a la par del seguimiento territorial del fenómeno se siga el camino económico, financiero y contable, el del tráfico del dinero y los activos que genera la actividad ilícita. Se está trabajando muy bien con Procelac, Procunar y otras oficinas”, a la vez que destacó “la capacitación que brinda la Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura en materia de recupero de activos”.

Para concluir, el jurista remarcó que “es tramposo reducir este fenómeno a una lucha tribal entre clanes. Porque quien crea que la sociedad está al margen de este fenómeno, y que sólo debe mirar como espectadora una batalla ajena, donde unos habrán de eliminar a los otros, está condenando a esa sociedad a ser víctima del flagelo.

Sin neutralidad

“Aquí no hay neutralidad posible. Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad. La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad en las instituciones que deben combatirlo. Caldo de cultivo para la acción psicológica, terrorista, de estos grupos. Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional y calidad de vida.

“En definitiva, lo que quiere saber la gente común es de qué lado está cada uno. Y esto nos involucra a todos. A los funcionarios públicos de los tres poderes y de todos los estamentos territoriales; y también, por supuesto, al resto de las organizaciones sociales.

Este es el mensaje que queremos dar. Estamos del lado de la ley, de la defensa de la cultura del trabajo lícito, de la inclusión y de la convivencia pacífica. Para que se note. Para que se note quienes están de este lado, y para que se note también quienes, aparentando estarlo, por acción u omisión, no lo están”, concluyó.

Se esperaba una conferencia de prensa del gobernador Omar Perotti junto al ministro de Economía provincial, Walter Agosto.

La Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.

Se trata de un expediente que debe establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se fue dilatando en el tiempo, y que representa un reclamo por casi $ 70.000 millones.

Cabe recordar que el gobierno de Santa Fe con Omar Perotti en persona formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia.

Deuda Histórica: instan al gobierno nacional a cumplir el fallo de la Corte

En 2015, el máximo tribunal había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por AFIP, y que además se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.

Tras el Pacto Fiscal de 2017 firmado por el gobierno de Mauricio Macri, se les restituyeron recursos a los gobernadores, pero nunca se resolvió la cuestión de fondo judicial que reclamaban San Luis y Santa Fe. En el caso del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, no se adhirió al acuerdo con Nación, mientras que el santafesino, que encabezaba el socialista Miguel Lifschitz sí lo hizo. Así, los tiempos para San Luis fueron más rápidos y en marzo de este año el Gobierno nacional acordó el pago de una deuda de $ 25.749 millones, en bonos.

La Corte definirá en las próximas horas de qué manera se deberán pagar esos montos y en qué plazos, aunque se estima que será una resolución que inste a tomar una medida similar a la que adoptó Nación con San Luis, en bonos.

CONFERENCIA DE PRENSA Para este martes por la tarde, se espera una conferencia de prensa del propio gobernador Perotti junto con el ministro de Economía, Walter Agosto.

Marzo de 2021 fue el mes en el que se registró el mayor número de acusaciones, con un total de 835, mientras que en noviembre y diciembre de 2020 se recibieron cifras superiores a las 760. El 58% de las personas afectadas son mujeres adultas.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia recibió un total de 10.919 denuncias entre marzo de 2020 y septiembre de este año, de las cuales el 78% de las víctimas fueron niñas, adolescentes y mujeres adultas.

En el informe difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se indica que marzo de 2021 fue el mes en el que se registró el mayor número de denuncias, con un total de 835, mientras que en noviembre y diciembre de 2020 y en enero de este año se recibieron cifras superiores a las 760.

También se establece que el 58% de las personas afectadas son mujeres adultas; el 29% niñas, niños y adolescentes; el 6% adultos mayores (5% mujeres y 1% hombres) y el 7% restante varones adultos.

Conforman una mesa para el abordaje de la violencia de género en Santa Fe

“Una vez ingresadas las denuncias y realizado el informe de riesgo, la OVD deriva los casos a la justicia penal y/o civil, según corresponda, o a otros organismos que dependen de los poderes ejecutivos nacional y local”, especificó la Oficina de Violencia Doméstica del máximo tribunal, que destacó que siempre mantuvo la atención presencial durante la pandemia las 24 horas.

En ese marco, en el 78% de los casos en los que intervino la Justicia Civil, se dictaron prohibiciones de acercamiento de los agresores y en el 68% se prohibió el contacto telefónico o por vías digitales, mientras que en el 27% de las denuncias se suministró un botón antipánico a las personas afectadas.

Además, en el 19% de los casos se ordenó la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes para las personas denunciadas y en el 17% la exclusión del hogar, de acuerdo al reporte de la OVD.

Desde su creación hace 13 años, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema lleva atendidos un total de 124.930 casos, “con un proceso en el que intervienen profesionales de distintas disciplinas y que demanda cerca de dos horas de entrevistas con cada afectado/a”.

En el 96% de los casos se registró violencia psicológica, en el 61% violencia física y en el 47% violencia simbólica, según se especificó.

Las mujeres se animaron a acusar por primera vez ante la Justicia a sus parejas o exparejas luego de haber sufrido en promedio “entre cinco y seis años” de maltrato y un 45% “lo hizo antes de los dos años de iniciado el vínculo”.

“Una vez ingresadas las denuncias y realizado el informe de riesgo, la OVD deriva los casos a la justicia penal y/o civil, según corresponda” Informe de la OVD

El documento de la OVD recordó que profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina integran equipos interdisciplinarios que reciben las denuncias por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

“A partir del relato de las personas afectadas y/o terceras” se labran actas y se evalúa el nivel de riesgo, con la confección de un informe médico si es necesario constatar lesiones”, se recordó.

Y se agregó que “una vez finalizada la entrevista y realizada la derivación correspondiente (judicial y no judicial), desde la OVD se realiza un seguimiento de la actividad judicial desplegada a partir de la recepción de la denuncia”.

Analía Monferrer, responsable de la OVD, recordó que tienen competencia en la Ciudad de Buenos Aires; que en Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Cruz y Salta hay oficinas con iguales fines, y que en la provincia de Buenos Aires funcionan “Comisarías de la mujer”.

El presidente Alberto Fernández les dijo “basta” a los jueces y les pidió que “paren” de “dictar sentencias para favorecer a candidatos que les gustan”, en un acto en el que el Gobierno ratificó sus cuestionamientos al Poder Judicial en general, y a la Corte Suprema en particular, a la vez que alertó sobre el riesgo de emitir fallos según intereses políticos y económicos.

“No usen las sentencias para favorecer a un candidato porque eso los degrada”, afirmó el Presidente en un acto público en Ensenada, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese escenario -que el propio Fernández reivindicó como muestra rotunda de la unidad del Gobierno-, el jefe de Estado marcó su postura frente al fallo de la Corte Suprema que respaldó la decisión del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener la presencialidad en los colegios de la Ciudad en esta etapa de la segunda ola de coronavirus.

Además, reafirmó la convicción del Frente de Todos (FdT) de orientar sus políticas “en favor de los argentinos”, aun cuando sean adversos al Gobierno los “titulares de los diarios y los fallos de los tribunales”.

Fernández cuestionó que el máximo tribunal del país haya validado ayer la decisión del Gobierno porteño de no acatar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la presencialidad en las aulas del AMBA hasta el 30 de abril pasado.

“Yo respeto la sentencia de la Corte, pero están hablando de un DNU que estaba caducado. ¿Por qué lo hicieron? Todos lo saben. Hay un DNU vigente que nadie cuestionó. Por qué opinaron sobre una norma que ya no estaba vigente. Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen las sentencias”, sentenció el Presidente.

Es que el fallo de la Corte estuvo referido al decreto cuya vigencia ya había finalizado y que el Gobierno luego reemplazó por otro, que establece parámetros específicos y define a los partidos, departamentos y aglomerados urbanos en alto, mediano o bajo riesgo epidemiológico y sanitario o en alerta epidemiológica y sanitaria.

En esta última categoría está contenida el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), de acuerdo con el DNU vigente, que no fue impugnado judicialmente por Rodríguez Larreta.

“Le digo a la justicia basta, paremos, han hecho mucho daño, el estado de derecho necesita de una institucionalidad adecuada”, afirmó el Presidente y alertó: “Cuando toman estas decisiones no saben cuánto juegan con la vida de los argentinos”.

En este punto, contrastó la mirada del máximo tribunal contenida en el fallo de ayer con los métodos llevados adelante por su Gobierno para definir su política sanitaria: “Yo hablo todos los días con epidemiólogos, me explican y lo vuelco en un decreto; es muy triste ver esa decrepitud (del derecho) firmada en una sentencia”, advirtió.

Con todo, Fernández aseguró que “nadie” hará cambiar de idea al Estado nacional en su objetivo de priorizar la salud de los argentinos y tampoco lo hará “ni el fallo de un tribunal ni el titular de un diario”.

“Si van a fallar como lo están haciendo, quiero decirles, solo fallan”, dijo el mandatario en un juego de palabras.

Fernández tomó palabras también del gobernador Kicillof, quien había pronunciado minutos antes un discurso en el acto de Ensenada, y adhirió a la idea de que la oposición judicializa sus diferencias con el Gobierno “cuando los argumentos políticos tambalean”.

Con su mensaje, el jefe de Estado explicó los vínculos, no sólo entre determinados resortes de la justicia con dirigentes políticos, sino también con las “corporaciones económicas” y alertó que, cuando ello ocurre, “el precio lo pagan los argentinos”.

“Le digo a la justicia basta, paremos, han hecho mucho daño, el estado de derecho necesita de una institucionalidad adecuada.”

ALBERTO FERNÁNDEZ

“(Las empresas) van a la justicia y esos jueces, en el medio de la pandemia deciden que el Estado no puede regular el precio del cable, de internet, de las telecomunicaciones, que es un servicio publico; dicen que el Gobierno abusa cuando toma decisiones”, planteó, y reivindicó su decisión de considerar “prestación básica universal” a esas plataformas.

“El último recurso que tiene un argentino cuando se ve avasallado es ir a los jueces y si los jueces están al servicio de los poderosos entonces estamos en el peor de los mundos”, lamentó Fernández.

Además, planteó incongruencias del propio Poder Judicial, que desarrolla su actividad en forma mayoritariamente virtual por el crecimiento de contagios de Covid-19.

“Con asombro veía ayer que un procurador dice no está probado que la circulación complica los contagios, mientras está encerrado en su casa y a la Procuración no va, como tampoco van a los tribunales porque la circulación contagia”, graficó el Presidente, en alusión a Eduardo Casal.

Junto al Presidente, la cúpula del Gobierno reafirmó su estrategia sanitaria frente a la Covid-19 y marcó el rechazo a la decisión de la Corte en un acto que además sirvió para presentar el programa Reconstruir, una iniciativa destinada a finalizar la construcción de 55 mil viviendas que quedaron paralizadas y abandonadas desde el 2016 durante el Gobierno de Cambiemos.

El Presidente lanzó duras críticas contra el máximo tribunal, luego de la resolución que avaló las clases presenciales en la Ciudad. “Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos”, aseguró.Luego de que la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en Capital Federal, Alberto Fernández lanzó duras críticas hacia el máximo tribunal al asegurar que “lo apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia”.

La frase del mandatario se produjo durante un acto en Ezeiza, en donde se anunció la entrega de 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad.

“La pandemia no nos da respiro, y voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias”, aseguró el Presidente en el inicio de su presentación.

Y continuó: “Reivindico el estado de derecho y respeto las sentencias judiciales, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias, pero bueno, también deberemos luchar contra eso”.

“Nada de lo que hacemos, lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente y contra eso, dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, manifestó el Presidente.

En un fallo de alto impacto político y social la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en Capital Federal. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

El máximo tribunal determinó que “se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que respaldaron la autonomía de la Ciudad. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte. El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

“En la Provincia se cerraron escuelas, ahora se suspende la educación. Es difícil sostener un debate con quienes atacaron a las maestras, a los maestros”, lanzó Kicillof, que habló antes de que inicie la presentación de Alberto Fernández.

“Estamos junto con la comunidad educativa, trabajando entre todos y todas para garantizar el derecho a la educación y cuidar la salud, no hay discusiones que nos impidan tener la claridad de los desafíos que tenemos por delante”, señaló Trotta durante su presentación.

Alberto Fernández, en una conferencia junto a Nicolás Trotta (Foto: NA – Esteban Collazo).Respecto a la entrega de computadoras, la prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020, y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico, y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados.

La iniciativa, que fue presentada junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, incluirá también formación docente y una plataforma federal educativa que permitirá la creación de aulas virtuales.

El plan se iniciará con una primera entrega de 80 mil equipos en julio y continuará con nuevas entregas cada 30 días. La fabricación de las netbooks generará 2000 puestos de trabajo y se llevará a cabo en plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y las provincias de Tierra del Fuego y de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021, cuya vigencia finalizó el viernes último pero cuyo objeto fue prorrogado con otra norma, el DNU 287/2021, que dispuso que en las zonas bajo “alerta epidemiológica y sanitaria” por la pandemia de coronavirus, las clases serán dictadas “exclusivamente a distancia” en todos los niveles educativos.

El 16 de abril pasado, el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, había presentado ante la Corte una “acción declarativa de inconstitucional” contra el Poder Ejecutivo Nacional, al afirmar que la norma presidencial había sido dictada “sin necesidad” y que lo que se dispuso por decreto “debió hacerse con intervención del Congreso Nacional”.

En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021

En coincidencia con un dictámenes previos de la Procuración General de la Nación, la Corte primero declaró su competencia originaria en la causa y este martes, al término de un acuerdo virtual, la decisión hizo lugar a la demanda, a la que Estado Nacional se había opuesto a partir de la situación epidemiológica y la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

En el marco del proceso “sumarísimo”, el gobierno porteño sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del “AMBA” que, si bien la abarca, no debe ser contemplada de manera genérica debido a que “la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden”.

La Corte recordó que, “a partir de la reforma del año 1994 la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129, según el cual “tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró “competente” para dirimir el conflicto generado por el Gobierno porteño contra el Estado Nacional por la suspensión de clases presenciales durante 15 en el Área Metropolitana de Buenos Aires dispuesta por el Gobierno nacional ante el aumento récord de casos de coronavirus.

La Corte Suprema de Justicia dio este lunes el primer paso para resolver la acción declarativa de certeza presentada por el gobierno porteño en el marco del conflicto por las clases presenciales. El máximo tribunal aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas.

El fallo, al que accedió a este medio, fue dictado con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal. Se descuenta que adoptará el mismo criterio cuando se discuta el fondo de la cuestión y no votará.

El voto mayoritario decidió además dejar sin efecto el traslado -notificación- que había ordenado la semana pasada al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, para que interviniera en la cuestión en virtud del artículo 11 de la ley 25.344, que especifica excepciones en el trámite de amparos y procesos sumarísimos.

El gobierno nacional tendrá ahora cinco días para responder -a través de la Jefatura de Gabinete- los argumentos esbozados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Luego, la Procuración General de la Nación tendrá la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión. El viernes, en tiempo récord, se había manifestado a favor de que la Corte tomara el caso en un dictamen firmado por Laura Monti, una funcionaria de carrera en el Ministerio Público.

La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema surge del artículo 117 de la Constitución Nacional, que establece que el tribunal entenderá en forma directa -no por apelación- “en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte”.

Highton de Nolasco y parte de la doctrina entienden que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ser considerada jurídicamente con el mismo estatus que una provincia y por tal motivo no podría accionar en forma directa ante la Corte. Los restantes cuatro integrantes del tribunal tienen una mirada distinta de la cuestión y por eso decidieron intervenir en el conflicto.

Fuentes judiciales aclararon que esta definición de la Corte no invalida el fallo de la Cámara porteña que habilitó las clases presenciales.

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El Pte. del Bloque de senadores de la UCR, Felipe Michlig, solicitó que “se instrumente el pago de la deuda que tiene el Gobierno Nacional para con la Provincia de Santa Fe, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo monto actualizado a marzo del corriente año estaría trepando a $ 101.700 millones, de lo que el 13,43% le corresponde al conjunto de Municipios y Comunas de la Provincia, o sea $13.665 millones”.

“El pago a la Provincia de San Luis, -que era el otro caso gemelo al santafesino- allanó los puntos donde faltaba certeza y ahora la hay. De ahora en adelante es solo cuestión de voluntad del Gobierno Nacional de pagar y voluntad del Gobierno Provincial para no colaborar a la demora con su pasividad”.

“Los municipios y comunas también son parte interesada en este tema y se perjudican por esta demora. No quisiéramos pensar que esto se dilata porque desde ambos gobiernos se quiere evitar que los gobiernos locales tengan los recursos y sea más difícil subordinarlos”, indicó el legislador.

Detracción ilegal

“Es hora de cerrar para siempre el tema de la deuda de la Nación con Santa Fe. El conjunto de los santafesinos merecemos que tanto el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional instrumenten el pago de la deuda con Santa Fe, que deviene de la detracción ilegal de la coparticipación federal durante gran parte del primer gobierno del Kirchnerismo”.

“Cabe recordar que esa detracción ilegal mereció una demanda por inconstitucionalidad ante la CSJ de la Nación, presentada por la Provincia de Santa Fe, entre otras, instada por el entonces gobernador Hermes Binner, con el acompañamiento de los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann y sostenida en el tiempo por el ex gobernador Antonio Bonfatti; lo cual derivó en un fallo a favor de nuestra Provincia. Luego el exgobernador Miguel Lifschitz continuó las gestiones para su cobro, llegándose a este momento auspicioso para su concreción”.

El antecedente de San Luis

Michlig señaló que “el pago de la deuda del Estado Nacional con San Luis es una excelente noticia para la Provincia de Santa Fe y para los municipios y comunas a quienes les corresponde el 13,4372% en forma directa, automática y sin ningún requisito previo”.

El antecedente de San Luis es sumamente valioso para nuestra provincia por las siguientes razones:

1) Porque para el pago a San Luis, la CSJN definió que para la actualización de deuda se aplique la tasa promedio pasiva del BCRA, e intereses no capitalizables, dirimiendo el único punto sobre el que restaba tenerse certeza y donde había disensos entre Nación y provincias acreedoras.

“Esta definición de la Corte allana el camino del reclamo de la Provincia de Santa Fe, por ser un caso con similares variables jurídicas en cuanto al origen y devenir del hecho litigioso que derivó en los fallos favorables de la CSJ para ambas provincias. A partir de ahora la demora en encontrar una forma de pago sólo puede entenderse desde un ‘acuerdo de demora’ de ambos gobiernos.

2) Porque el pago a San Luis utiliza una forma de pago concreta: Paga con entrega de bonos del Tesoro Nacional ajustados por CER y que son de especies ya existentes en el mercado y con circulación entre inversores. Lo que se llama, títulos con mercado secundario. Casualmente el mismo mecanismo que el Gobierno de Santa Fe propuso al Gobierno Nacional en 2017.

El pago con bonos de tipo ya existentes y con mercado secundario es muy importante porque la Provincia puede optar entre esperar a cobrar capital e intereses del bono en sus vencimientos o vender los bonos en el mercado secundario o securitizarlos para dinamizar proyectos.

El monto que le correspondería a Santa Fe

En tal sentido, desde el bloque de senadores de la UCR se entiende que el monto final que le corresponda a la Provincia de Santa Fe “dependerá de la fecha que se tome para el corte de la actualización”. En tal sentido se estima que tomado al mes de marzo del corriente año, con el criterio fijado por la CSJ, el monto actualizado ascendería a $105.300 millones”.

“A dicho monto debe deducirse lo cobrado por bono recibido en función del Consenso Fiscal 2017 ya que allí se estableció que, cuando el Estado Nacional pagará la deuda a Santa Fe, dichos bonos (y lo cobrado por ellos) deberían redistribuirse entre las otras provincias firmantes (otras ganadoras en este tema).

De manera tal que, el monto actualizado neto a cobrar por Santa Fe sería de unos $101.700 millones a marzo de este año; correspondiendo $ 88.035 millones para el Tesoro Provincial y $13.665 millones para los municipios y comunas”.

“De lo que le corresponde a cada municipio y comuna se debe deducir lo cobrado a cuenta, en caso de que haya recibido fondos de la Provincia para obras de pavimento, en el marco de la ley 13751” agregó Felipe Michlig.

La Corte Suprema adoptó la medida en el marco del conflicto de competencia surgido entre la justicia federal y la provincial en torno al habeas corpus presentado por el senador nacional formoseño Luis Naidenoff, quien denunció la falta de salubridad e higiene, entre otros aspectos, en los centros de aislamiento instalados en la provincia para combatir al coronavirus,

En su requerimiento, la Corte pidió a las autoridades formoseñas que informen si el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el “Estadio Polideportivo Cincuentenario” fue “desactivado de manera definitiva o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios y, en tal caso, bajo qué pautas se procedería a su reapertura”.

Además, el máximo tribunal solicitó saber “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa”, respecto del “Estadio Polideportivo Cincuentenario”.

Exhortó asimismo al gobierno provincial a controlar y prevenir la pandemia “con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales” que respeten “los derechos humanos”, y recordó “el deber impostergable que pesa sobre los tribunales de justicia de todo el país”, dentro de sus respectivas competencias, de “brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados.

Esta es la segunda intervención de la Corte Suprema en la situación registrada en Formosa ante las medidas implementadas para el control de la pandemia de coronavirus, ya que en noviembre del año pasado había ordenado al gobernador Gildo Insfrán que permita el ingreso a la provincia de las personas que se encontraban varadas en los límites y que estaban impedidas de acceder al territorio.

En su presentación, efectuada a principios de este mes, Naidenoff había denunciado las condiciones de alojamiento en el estadio Cincuentenario de la capital formoseña, que no cumplirían con los estándares mínimos de salubridad e higiene, lo cual “expone a los alojados a una mayor posibilidad de contagio de Covid-19”, y posteriormente amplió el hábeas corpus para extenderlo a otros centros.

El conflicto de competencia se originó cuando la justicia federal de Formosa rechazó la presentación y la envió a la justicia provincial, ante lo cual Naidenoff, apeló ante la Cámara de Casación Federal, que determinó que quien debía intervenir en el caso era la justicia federal.

Sin embargo, la justicia federal formoseña volvió a rechazar su competencia y así, con la apelación de la fiscalía de Estado de Formosa, se llegó a la Corte con el planteo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una condena a dos años de prisión por amenazas contra la dirigente social jujeña Milagro Sala, quien cumple arresto por domiciliario por esta y otras causas.

Esta es la primera vez que queda firme una condena contra la líder de la agrupación Tupac Amaru, que enfrenta otros procesos penales donde tiene otras condenas.

Con el voto de todos sus integrantes, el Máximo Tribunal rechazó los recursos de queja de Sala contra la sentencia, con lo que el fallo condenatorio adquirió firmeza.

“No se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”, dijeron los jueces en las 13 carillas del fallo, donde fundamentaron las razones del rechazo.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había opinado en el mismo sentido: que debía rechazarse el recurso que intentó Milagro Sala ante la Corte Suprema de Justicia para revisar una pena a dos años de prisión efectiva que le fue impuesta. Este caso estaba a punto de prescribir, por lo que el máximo tribunal lo incorporó a su agenda.

En 2018, Sala fue juzgada y absuelta por el delito de amenazas. Se trató de una causa en la que llegó a juicio porque llamó por teléfono a una comisaría, que estaba haciendo un procedimiento policial contra otra dirigente social, y les dijo a los policías que la atendieron que abandonaran el operativo. Supuestamente, sus palabras fueron: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda”.

Dirigentes kirchneristas pidieron la liberación de Milagro Sala a través de una carta

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, por mayoría, la absolvieron porque dijeron que las únicas pruebas de las amenazas eran el relato de los policías. Y otra mujer, que escuchó la charla mientras Sala hablaba, dijo que no recordaba que se hubiera expresado de manera amenazante.

La fiscalía apeló y la Casación provincial revocó la absolución de Sala y le impuso una condena de tres años y dos meses de prisión. Evaluó que el testimonio de los dos policías era creíble y a ello se sumó una anotación en un parte diario de la comisaría donde se anotó que “con palabras obscenas con insultos hacia el of. de servicio y la jefa titular de esta unidad amenazó con tomar represalias en cuanto al destino de trabajo”. Además, entendieron que la mujer que dijo no recordar las amenazas era justamente allegada a Sala y quien le pidió ayuda por el procedimiento policial.

Con estos elementos, revocaron la absolución y la condenaron a tres años y dos meses de prisión por amenazas. El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que revisó el asunto y decidió imponer a Sala una condena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo en arresto domiciliario.

La defensa de Sala presentó un recurso extraordinario, que le fue rechazado, tras lo cual llegó a la Corte con un recurso de queja. El procurador Casal, que actúa como fiscal ante la Corte, entendió que debía rechazarse el recurso de queja porque no estaba suficientemente fundado y la Corte compartió sus argumentos.

Organizaciones políticas y sociales marchan por la libertad de Milagro Sala

Los argumentos de Sala son que la revisión de su caso no fue integral, por lo que se violó su derecho de defensa; que el parte policial no había sido mencionado por la acusación en el juicio, que los principios de oralidad e inmediación de los testimonios no pueden reemplazar la evaluación de los jueces que no asistieron al proceso y que existió arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Casal había rechazado todos esos argumentos. Las cuestiones de prueba no son de índole federal, sino local, expresó. En cuanto a la falta de revisión integral, defendió los puntos en los que la Casación se apoyó para dar credibilidad a los testimonios de los policías y dijo que existe una falta de fundamentación de Sala en cuanto a que el uso del parte diario policial implica una violación al derecho de defensa. Sostuvo en cambio que ese documento era parte de las pruebas admitidas en el juicio.

Sala tiene otras causas con sentencias aún no firmes y otras están todavía en plena investigación. Fue acusada de haber conformado una asociación ilícita, de fraude y de agresión. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de prisión por el caso conocido como “pibes villeros”, en el que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por unos 60 millones de pesos entre 2011 y 205.

El dinero fue recibido a través de cooperativas para la construcción de viviendas sociales, que finalmente nunca se hicieron. La investigación forma parte de una “megacausa” que investiga el desfalco de 700 millones de pesos y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales.

Además, la Justicia condenó a Sala a tres años de prisión por ser la instigadora de un ataque con huevos contra el gobernador Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy, en 2009. Fue también condenada a cuatro años de cárcel por el delito de “lesiones graves” contra otro dirigente social, en 2006.

En una entrevista con el diario Página 12 el Presidente habló de la percepción social sobre el máximo tribunal y de la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala.

El presidente Alberto Fernández dijo que la Corte Suprema “está mal” y que se convirtió “en un tribunal muy poco calificado socialmente”, y por otro lado afirmó que “si hay un caso del lawfare por antonomasia, es el de Milagro Sala”.

“Lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, sostuvo Fernández en una entrevista con Página/12.

“Hoy la Corte está funcionando mal”, afirmó el Presidente

En relación a la dirigente social jujeña, condenada por la justicia jujeña a 13 años y con prisión domiciliaria, el Presidente aseguró que la Corte “debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”.

La situación del Poder Judicial

Luego, sobre la actualidad del Poder Judicial, señaló: “La Justicia tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así”, puntualizó.

Y agregó: “Acá los impunes son algunos opositores porque saben que tienen una Justicia que les responde y todos los medios que los protegen”.

“Cuando yo le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es porque estoy presionando a la Corte. La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, aseguró.

Dirigentes kirchneristas pidieron la liberación de Milagro Sala a través de una carta

El caso de Milagro Sala

También opinó de la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala y remarcó: “Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña, con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia”.

Al ser consultado sobre si habló este tema con el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, Fernández señaló: “Sí, pero él no comparte mi opinión. Y a Morales lo eligieron los jujeños. Y yo tengo que respetar eso. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta lo que ha pasado con Milagro Sala”.

Recordó una situación que vivió cuando fue a visitar a Sala y relató que “cuando pedí autorización para ir a verla (en 2016), me la dieron para el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Me presenté con mi credencial de abogado, me hicieron pasar a una sala donde me sacaron toda la ropa para controlar. Nunca en mi vida profesional viví eso. Nunca. Aún así, la vi y pude dar testimonio ante la CIDH de lo que estaba pasando”.

Además opinó que la Corte Suprema debería “revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagro Sala, con cuidado y con atención”.

El número de miembros de la Corte

En otro tramo de la entrevista, Fernández se refirió a una eventual ampliación de la Corte. “Supongamos que ampliamos a 9, a 12, a 44 miembros la Corte Suprema. Mientras siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario y con arbitrariedad dicen cuál toman y cuál no, nada va a servir. Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario”.

“En el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26 mil fallos, pero sólo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un exvicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima”, continuó Fernández.

“Hay que revisar el recurso extraordinario. Yo creo que la Corte tiene que volver a hacer lo que originalmente fue en la Constitución. La crisis de la justicia es un tema que no se debatía y que hoy se debate. Es un tema que estaba oculto y que hoy está presente. Y yo lo he puesto en el escenario. Esto antes no se hablaba así y así habla el Presidente. Ahora, claro, tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República y como yo soy un republicano de verdad, respeto esa autonomía, pero no quiere decir que yo avale lo que ellos hacen”.

La mayoría de los ministros falló porque los camaristas, desplazados por el gobierno a partir de una decisión del Senado de la Nación, sigan ocupando su puesto, hasta que se designe a otros a través del procedimiento dispuesto por la Constitución Nacional. A la vez, habilita a los propios jueces a presentarse al concurso llegado el momento.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi seguirán desempeñándose como camarista en la Sala I de la Cámara Federal, adonde fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri, y de donde el actual gobierno dispuso desplazarlos, luego de un planteo del Consejo de la Magistratura y una decisión en el mismo sentido del Senado de la Nación.

Los magistrados, junto a Germán Castelli, atacaron esta decisión por vía judicial, reclamando ser restituídos de manera definitiva en el cargo. Y, tras un fallo adverso en primera instancia, acudieron a la Corte Suprema de Justicia, que concedió el recurso del per sáltum y tomó la causa sí que ésta haya pasado por la Cámara de Apelaciones.

Ahora, con fallo de una mayoría compuesta por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, y voto concurrente (con divergencias en algunos aspectos) de Elena Highton de Nolasco, se dispuso que Bruglia y Bertuzzi sigan como camaristas en la Sala I, de manera provisoria, hasta que se designe a otras personas para el puesto, de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional. El presidente de la Corte, Carlos Ronsenkrantz, consideró que el regreso debía ser definitivo, como pedían los propios jueces.

La decisión del Tribunal no hace lugar al pedido, pero a la vez supone un rotundo freno a la intención del gobierno nacional de desplazar a los camaristas de ese cargo, y también contradice lo dispuesto en ese sentido por el Senado de la Nación.

Gravedad

En los numerosos considerandos del extenso fallo, la Corte se hace cargo del contexto de gravedad institucional dentro del cual se inserta la situación, y de resolverla con juridicidad e igualdad, para evitar que cada gestión utilice la transitoriedad para moldear el Poder Judicial a su gusto. Por ello es que también pone límites objetivos a los traslados (serán siempre provisorios, y dentro del mismo fuero), a la vez que exhorta al Congreso a dictar una reglamentación clara para manejar estos casos.

En la parte resolutiva, la Corte declara la inconstitucionalidad de la Resolución n° 183/20 del Consejo de la Magistratura, en tanto convalida un procedimiento diferente al previsto constitucionalmente para acceder al nombramiento del cargo de juez, y revoca la sentencia de primera instancia que se funda en ella.

También rechaza la acción de amparo promovida por los jueces desplazados, en cuanto al pretendido carácter definitivo de los cargos que ocupan en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

A la vez, declara inconstitucional el Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura con la modificación impulsada por el gobierno anterior, y exhorta al Congreso de la Nación para que dicte una Ley que reglamente el traslado de magistrados judiciales.

En tal sentido, dispone expresamente que el Consejo de la Magistratura de la Nación promoverá y activará la realización de los concursos de los cargos vacantes y restringirá al máximo la promoción de nuevos traslados; tanto en éste caso como en todos los que estén en la misma situación.

En plenitud

Aclara que los jueces recurrentes (en este caso Bruglia y Bertuzzi, aún no hubo pronunciamiento sobre Castelli), y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional de los arts. 114 incs. 1º y 2º y 99 inc. 4º, en todas sus etapas.

Declara también que tendrán validez todos los actos procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación definitiva de los magistrados titulares de esos cargos.

El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte Suprema que confirme el fallo de la jueza de primera instancia María Biotti, que rechazó las pretensiones de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en sus cargos.

Los tres jueces esperan una definición del máximo tribunal, y a partir de ahora corre el plazo de 48 horas para que se pronuncie sobre el tema la Procuración General de la Nación.

La Corte ya aceptó el per saltum y tiene que definir la cuestión de fondo. Una vez que la Corte tenga la respuesta de la Procuración, estará en condiciones de emitir un nuevo fallo, que finalmente anulará o confirmará los traslados de los jueces. El Consejo pidió que se le dé la razón al Gobierno Nacional, que mediante un decreto y con el aval de la mayoría oficialista en el Senado dejó sin efecto los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

A diferencia de lo que consideró la Corte el martes, el Consejo de la Magistratura señaló que no hay gravedad institucional para hacer lugar al per saltum presentado por los jueces. La postura de este organismo ya se expresó claramente en contra de lo solicitado por los jueces en ocasiones anteriores, cuando éstos pidieron que sus traslados no fueran revisados por el Senado mediante una acción de amparo. Mediante la resolución 183 -recurrida por Bruglia, Bertuzzi y Castelli- el Consejo aprobó que el Senado pudiera revisar los pliegos.

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Pero Lugones indicó a la Corte que los jueces deberían haber dirigido su demanda al Senado o al Poder Ejecutivo, que decretó la suspensión de sus traslados, y no al Consejo de la Magistratura, que hizo una “mera recomendación”. Sin embargo, los jueces apelaron a la Justicia la resolución 183 dictada por el Consejo, y es por eso que la Corte le dio intervención sobre el caso.

“Debe ponerse de relieve que la intervención que le cabe a este Cuerpo en el procedimiento de traslado de magistrados se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional -como tal de carácter no vinculante- y de esa circunstancia se deriva con claridad que la pretensión actual de los recurrentes no se identifica con acto alguno atribuible a este órgano de la Constitución Nacional”, sostuvo.

El titular del Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace el per saltum de los jueces trasladados; Lugones juega con el oficialismo en el tribunalEl titular del Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace el per saltum de los jueces trasladados; Lugones juega con el oficialismo en el tribunal Fuente: LA NACION “La acción intentada mediante el presente recurso extraordinario por salto de instancia es inadmisible por ausencia de agravio concreto, efectivo y posible”, señaló el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, al referirse al caso de Bruglia y Castelli. Lugones juega en tándem con el oficialismo en el tribunal.

“Mal direccionada” “Evidentemente, y tal como ha sido señalado en intervenciones anteriores, a más de adolecer de razón jurídica sustantiva y de no haberse escogido la vía jurídica adecuada, la presente acción se encuentra mal direccionada y por ende condenada a su fracaso definitivo”, concluyó Lugones ante la Corte Suprema.

Al referirse al caso de Castelli -que fue trasladado al TOF 7 durante el gobierno de Macri y ahora fue regresado a su tribunal de origen en San Martín-, el titular del Consejo escribió: “La medida cautelar reclamada no verifica la concurrencia de ninguno de los supuestos de admisibilidad y procedencia que le resultan exigibles, a punto tal de haber incluso quedado demostrada la falta de sustento jurídico de la acción cuya eventual procedencia pretendió asegurar

Y sostuvo: “la acción intentada mediante el presente recurso extraordinario por salto de instancia es inadmisible por ausencia de agravio concreto, efectivo y posible”.

Ayer, en declaraciones radiales, Lugones dijo que si la Corte Suprema acepta el per saltum de los jueces “abriría una caja de pandora”.

Ahora resta que el procurador Eduardo Casal se pronuncie sobre el tema. Tiene un plazo máximo de 48 horas por lo que el lunes los jueces de la Corte ya estarían en condiciones de evaluar las respuestas y dictar un nuevo fallo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, anunció que convocó a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para que el máximo tribunal se expida sobre el caso de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Rosenkrantz destacó que realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que tiene como presidente del tribunal, según el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional, y dijo que esa atribución ya fue empleada en otras ocasiones.

Tras la caída de los traslados, el Gobierno le pidió al Consejo de la Magistratura ajustar los trámites de cobertura de vacantes

“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”, dijo Rosenkrantz.

Y agregó: “Tenemos, como en otras circunstancias de la vida institucional argentina, la enorme responsabilidad de decidir”.

La Corte Suprema se reunió hoy durante más de una hora, por Zoom, para debatir la situación de los tres camaristas trasladados por el Gobierno de los cargos que ocupaban en la Cámara Federal y en un tribunal oral federal.

Los jueces acudieron a la Corte con un recurso de per saltum mientras está a estudio su reclamo en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte tiene el asunto desde el 25 de agosto, casi un mes, sin definir qué va a hacer, mientras todo indica que la la Cámara va a rechazar los amparos de Bruglia y Bertuzzi. El viernes pasado, la Cámara quedó en condiciones de resolver, pero decidió pedir las versiones taquigráficas de la sesión en la que el Senado les negó el acuerdo. Si la Cámara falla contra Bruglia y Bertuzzi, ellos podrán presentar un recurso extraordinario para que la Corte se pronuncie.

El trámite del recurso extraordinario tiene procesos y plazos que cumplir. Aunque esos tiempos se acortaran (la Corte puede disponer una abreviación de plazos), la respuesta de la Corte demorará, de mínima, algunas semanas. Mientras tanto, Bruglia, Bertuzzi y Castelli dejaron de ir a trabajar. No se presentaron en los tribunales a los que fueron trasladados ni en los que ocupaban antes, a los que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, dijo que deben volver. Le pidieron a la Corte licencia por vacaciones no gozadas.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli solicitaron una licencia extraordinaria ante la Corte Suprema de la Justicia luego de ser desplazados por el Gobierno y aguardan la decisión del Tribunal sobre si vuelven a sus cargos de origen o aquellos que ocuparon por designación durante el macrismo.

El pedido de licencia fue hecho para ganar tiempo y no acatar de forma inmediata la decisión que se tomó en el Senado nacional por imposición del oficialismo y el decreto posterior del Ejecutivo, que dispuso que los tres jueces vuelvan a sus cargos de origen ya que el traslado hecho durante el macrismo lo consideraron irregular.

Este martes es día de acuerdo en la Corte Suprema y los jueces aguardan la decisión sobre si volverán a sus cargos o no.

La decisión más inmediata esperable por los magistrados es la consulta que hicieron ante el Tribunal, como cabeza del Poder Judicial, sobre dónde pasan a desempeñar funciones: en los cargos que ocuparon hasta ahora o volver a sus orígenes tal cual dispuso el Ejecutivo.

No obstante, la decisión de fondo que luego deberá tratar la Corte es los amparos que cada uno de ellos presentaron en contra de la medida del Ejecutivo para volver a sus cargos anteriores.