El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, denunció este jueves por la tarde que delincuentes violentaron la puerta de un departamento que tiene en la ciudad de Santa Fe y que habitualmente utiliza para trabajar cuando se encuentra en la capital provincial.

No está claro si los malvivientes alcanzaron a llevarse objetos de valor o documentación de gran relevancia que el constitucionalista guarda en el inmueble, que está ubicado en un lugar que no fue dado a conocer por razones de seguridad.

Trascendió que para abrir la puerta del domicilio, fueron vulneradas dos cerraduras, una de ellas reforzada.

El gravísimo incidente está siendo investigado por el fiscal federal Walter Rodríguez, auxiliado por la Policía Federal local.

Se supo que en el edificio no hay cámaras de seguridad, pero los uniformados analizan imágenes de dispositivos públicos y privados de la zona para tratar de identificar a los responsables.

El caso pone en alerta a uno de los tres poderes del Estado, que ahora espera que rápidamente se determine si se trató de un robo común o de algo más complejo.

En esa "oficina", el doctor Rosatti tendría una biblioteca, un escritorio y apuntes sobre causas sensibles en las que interviene.

Se tuvo acceso al documento que detalla la resolución sobre un reciente planteo realizado por la defensa de los condenados.

Este jueves, se accedió al fallo de la Corte Suprema sobre un pedido posterior al rechazo de un hábeas corpus planteado por la defensa de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, llevado a cabo en enero de 2020 en Villa Gesell.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo en el marco de un hábeas corpus presentado por la defensa de Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomas Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, el 19 de enero de 2020″, señala el comunicado.

Cabe mencionar que la defensa de los condenados interpuso la acción de hábeas corpus ante la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Invocando a una “supuesta privación ilegal de la libertad de los imputados”, ante la “manifiesta arbitrariedad” en las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción provincial, en cuanto “dispusieron y confirmaron la prisión preventiva de sus defendidos”.

“El 6 de julio de 2020, la Sala II del Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible dicho hábeas corpus. Ello derivó en que la defensa presentara un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Corte bonaerense rechazó sin más trámite ese recurso extraordinario local y, contra esa decisión, la defensa presentó un recurso extraordinario federal. Un nuevo rechazo motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indica el comunicado de la Corte.

“La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, también declaró inadmisible el planteo de la defensa de los rugbiers.

El Presidente consideró que el fallo que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y en San Juan “deja a la democracia como rehén de un grupo de magistrados”

La decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y de Tucumán generó un terremoto político y provocó la reacción del gobierno nacional.

En un mensaje emitido por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández señaló que “los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri (en referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) siguen respondiendo a sus órdenes”.

El jefe de Estado consideró además que la resolución del máximo tribunal de Justicia “deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia”.

La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan

En otro fragmento de su discurso, Fernández apuntó que “se trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales”.

“Se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático”, remató el mandatario.

La suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén.

Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. pic.twitter.com/EEtDrWeLNT

— Alberto Fernández (@alferdez) May 10, 2023

Noticia en desarrollo

El máximo tribunal de la Nación suspendió los comicios del domingo en ambas provincias  argentinas, haciendo lugar a cautelares presentadas por la oposición. Los fundamentos.

La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes suspender las elecciones del próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, donde los mandatorios provinciales se candidateaban para ser reelectos. Lo hizo al hacer lugar a sendas medidas cautelares solicitada por la oposición. El primer requisito para avanzar en el análisis del tema fue pedirle a esas provincias informes de la situación que deberán entregarse en los próximos cinco días. Por lo tanto, las elecciones no podrán realizarse hasta tanto la Corte dicte sentencia sobre el tema.

En Tucumán, el conflicto gira sobre la candidatura del ex jefe de Gabinete Juan Manzur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación de Tucumán durante dos períodos consecutivos. En San Juan, la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente después de haber ocupado ese cargo por dos períodos consecutivos. Antes había sido vicegobernador de la provincia.

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Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema declaró “la competencia originaria” del máximo tribunal y ordenó requerir a las dos provincias “el informe circunstanciado” para ser entregado en los próximos cinco días.

TUCUMÁN

En Tucumán, Germán Enrique Alfaro, en su carácter de consejero y presidente de la Mesa Ejecutiva del Partido por la Justicia Social y en representación de esa agrupación política, promovió una acción de amparo contra la Provincia de Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad de la habilitación de Juan Luis Manzur como candidato al cargo de vicegobernador para el período 2023-2027.

Allí se explicaba que en 2007 se celebraron elecciones provinciales para diversos cargos, en las que resultaron elegidos José Alperovich y Juan Manzur como gobernador y vicegobernador, respectivamente, los cuales ejercieron el poder durante el mandato de cuatro años; que en 2011 se repitió esa fórmula, que obtuvo el triunfo electoral y completó el período correspondiente hasta 2015; que en ese año, Juan Luis Manzur se presentó como candidato a gobernador acompañado por Osvaldo Jaldo como candidato a vicegobernador, quienes ganaron las elecciones y ejercieron tales cargos por otros cuatro años hasta 2019; y que en dicho año, se presentó a las elecciones la misma fórmula y nuevamente resultaron electos Manzur como gobernador y Jaldo como vicegobernador, por el mandato que culmina en 2023.

En las instancias dentro de la provincia, se rechazaron los recursos. La Corte de Tucumán habilitó a Manzur para postularse y el caso llego a la Corte Suprema.

SAN JUAN

En San Juan, la agrupación Unidos por San Juan -la alianza del PRO y la UCR en esa provincia- presentó una acción declarativa ante la Corte Suprema para impugnar la candidatura de Uñac. Para la oposición la nueva postulación del gobernador viola la Constitución de la provincia. Y sostiene que la habilitación del Tribunal Electoral de la Provincia de San Juan a una nueva candidatura del actual gobernador desconoce el límite a la posibilidad de la reelección establecido en el artículo 175 de la Constitución provincial, violando el principio republicano de gobierno contemplado en la Constitución Nacional que exige la periodicidad en los cargos públicos.

Es que, según señalaron, el artículo 175 de esa constitución establece que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”. Uñac fue vicegobernador de la provincia de 2011 a 2015 y gobernador en los períodos 2015-2019 y 2019-2023. Así ya tuvo dos reelecciones y la presentación en la elección de este año sería por un cuarto mandato consecutivo.

Desde el gobierno de San Juan rechazaron esa interpretación. Señalaron que la oposición cuenta los mandatos de vicegobernador y gobernador de Uñac cuando en rigor son categorías distintas.

QUÉ DIJO LA CORTE

En esas condiciones la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver. Fueron dos resoluciones diferentes. El fallo de San Juan se extiende por nueve páginas. “Al encontrarse en curso un cronograma electoral estructurado en diversas etapas que se integran con plazos breves y perentorios explícitamente contemplados, solo la decisión final de este Tribunal sobre las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos en juego. En tales condiciones, la inminencia de las elecciones previstas para el próximo 14 de mayo y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986 y, en ejercicio de las facultades conferidas por su artículo 8°, abreviar los plazos para integrar el contradictorio”, dijo la Corte.

Rosatti, Rosenkratnz y Maqueda afirmaron que “se encuentra acreditado el peligro que causaría la demora en dictar la medida solicitada” porque “el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del gobernador lo habilitó para competir en las elecciones que tendrán lugar el 14 de mayo próximo en búsqueda de un cuarto mandato”.

“Es evidente entonces que ese acto electoral podría producir en breve un trastorno institucional de difícil reparación. Ante ello, esta Corte debe asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible dentro del sistema representativo republicano que las provincias se comprometieron a garantizar (artículo 5° de la Constitución Nacional)”, se sostuvo.

El fallo añadió que “esta medida de orden excepcional se dicta en el entendimiento de que nuestro texto constitucional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal en el artículo 122″. “Sin embargo, en el presente se denuncia que han sido afectadas expresas disposiciones de la Constitución Nacional que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno que las provincias se obligan a respetar en el citado artículo 5°. Es por ello que la intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino”.

Al analizar el caso de Tucumán, la Corte resuelve en cinco páginas. Por razones “análogas” a la de la provincia de San Juan, la Corte consideró que corresponde hacer lugar a la cautelar. Y resuelve suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la protección, dijeron fuentes del máximo tribunal citadas por diarios porteños.

El jueves de la semana pasada, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron “balas y granadas”.

Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Rosatti se solidarizó con Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que se comunicó con Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

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Solidaridad del Colegio de Magistrados

En tanto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresó su solidaridad para con la fiscal Pepino, el Juez Federal Cuello Murúa y el fiscal federal Arzubi Calvo, como así también con el delegado del Ministerio de Seguridad, el Intendente de Venado Tuerto y con el Senador por el Departamento General López, quienes han sido, nuevamente, destinatarios de graves amenazas.

“Hacemos público nuestro reclamo a las autoridades competentes para extremar las medidas de seguridad de los referidos funcionarios/as y magistrados a fin de que puedan seguir cumpliendo con las distintas obligaciones a su cargo” resalta el texto que reitera “la máxima preocupación ante la sistemática repetición de estas intimidaciones cada vez que distintos órganos judiciales direccionan su accionar contra integrantes de bandas de criminalidad organizada”.

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Acotan que “tal preocupación se profundiza a poco que se repare en que, de acuerdo a información que es de público conocimiento, los actos intimidatorios se ordenan y/o planifican desde el interior de instituciones penitenciarias, tanto federales como provinciales”. El Colegio hizo pública “nuestra convicción en cuanto a que resulta necesaria una reacción enérgica y homogénea de los distintos poderes estatales, sin distinción de niveles y más allá de intereses políticos coyunturales, a fin de neutralizar el accionar de organizaciones criminales que pretenden imponer una lógica de violencia totalmente inaceptable en un estado constitucional y democrático de derecho”.

A menos de 11 meses del final de su mandato, el dirigente subió un video en el que defiende su gestión

El presidente Alberto Fernández subió a sus redes sociales un spot en tono de campaña, en el que criticó a Mauricio Macri y a la Justicia. En el video, aparece junto a su pareja, Fabiola Yañez, y el hijo de ambos, que da sus primeros pasos.

Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó.

Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos. pic.twitter.com/p9g6dJ9jHi

— Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2023

“¿Es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?”, se pregunta el mandatario, que mira en su celular un fragmento de una entrevista de hace tres meses atrás a su antecesor, Mauricio Macri, en el que el exmandatario habla de los “fracasos” de la sociedad argentina en las últimas décadas.

Durante el spot, que dura dos minutos y 57 segundos, se mezclan algunos actos oficiales y logros de su gobierno, con otros que no tienen que ver con su gestión, como el juicio a las Juntas, la obtención del Globo de Oro por la película Argentina 1985, o los festejos en el país por la Copa del Mundo de Qatar.

También aparecen videos del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el viaje que Alberto Fernández hizo a Brasil para recibir al nuevo presidente Lula Da Silva. Incluso, sube una foto de un saludo entre Macri y Jair Bolsonaro mientras dice la frase: “Los que no aprecian la democracia”.

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Qué dice Alberto en el video

Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años

Mientras juego con Francisco busco una respuesta, lo miro, y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca.

¿Fracasaba la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una Educación Pública que dio cinco premios nobeles? ¿Fracasaba la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Que recuperó la democracia el grito de “Nunca más” y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador?

Todos los días los hijos y las hijas de la patria hacen una mejor Argentina impulsados por la fuerza de nuestra historia, que es una historia de victorias colectivas, de sueños realizados, de Justicia social, de orgullo nacional en todas partes del mundo.

Desde hace tres años construimos los cimientos de un país que a todos y todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sobre estos cimientos, el crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas, es que podemos proyectar nuevos horizontes.

La Argentina de hoy trabaja para crecer. Brinda cada día más derechos, no los quita. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la justicia.

Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos, lo celebra. Esta Argentina no deja su pueblo a la deriva, le tiende la mano. Somos una sociedad solidaria y fraterna. Estamos orgullosos de esta Argentina que habitamos y que construimos cada día.

Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la patria hablando de nuestra historia como un fracaso. Los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos, sin salud pública, sin educación, con una Justicia que sirva a los poderosos y sin derechos para quienes trabajan.

Empiezo este año con mis fuerzas renovadas y mi compromiso inalterable, estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo.

Yo creo en el pueblo argentino. Creo en mi pueblo. Creo en nuestra capacidad de hacer posible lo imposible. Confío en nuestra fortaleza para seguir adelante.

Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un futuro mejor.

Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos.

La decisión de la Corte indicaba devolver los fundos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, Fernández también recusará a los miembros del máximo tribunal

Después de un extenso análisis jurídico, y de una reunión con 14 gobernadores que incluyó durísimas críticas a la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández definió que no acatará el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, al que calificó de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, y anunció que buscará recusar “a los miembros” del máximo tribunal “y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, resaltó el Gobierno en el comunicado firmado por el Presidente y los 14 gobernadores que participaron durante todo el jueves del debate interno.

Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca), que estuvieron en Casa Rosada en la reunión convocada por Fernández para analizar el fallo de la Corte, que este miércoles dispuso que el Gobierno debería restituirle el 2,95% de los fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, tras el reclamo judicial presentado por el jefe de Gobierno en septiembre del 2020.

El texto también fue rubricado por Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), que participaron de la cumbre de manera virtual. No acompañaron el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti. Tampoco el neuquino Omar Gutiérrez, la rionegrina Arabela Carreras -fue contactada por la Casa Rosada- y el salteño Gustavo Sáenz. Mucho menos los de la oposición de Juntos por el Cambio.

“(El fallo) Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”, agregó el comunicado, difundido ya entrada la noche, tras horas de discusión.

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“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, insistió la Casa Rosada, que abre ahora un sorpresivo conflicto de poderes con el Poder Judicial que este jueves ya había recibido una catarata de reproches por parte de la oposición.

Al mediodía, Fernández había recibido en Casa Rosada a los gobernadores. El encuentro, según reconstruyó Clarín, fue muy duro. Las críticas fueron airadas y unánimes. Hubo reproches en tonos muy elevados y se plantearon diferentes alternativas, todas ellas lapidarias en torno al vínculo con la Corte Suprema.

“Estuvieron todos durísimos”, reconoció a este diario un funcionario que participó de la reunión. Todas las fuentes consultadas coincidieron en la crudeza de los planteos, en algunos casos, incluso, a los gritos.

Según confiaron, Zamora, Jalil, Quintela y Capitanich fueron los más vehementes. En especial el de Santiago del Estero, que, según trascendió, pidió una respuesta extrema al fallo de la Corte que definió elevar del 2,32% al 2,95% los fondos coparticipables que recibe Rodríguez Larreta. Se habló de no dejarse correr por “cuatro jueces”. Y se presionó al jefe de Estado para avanzar con un mensaje contundente, como finalmente se acordó, y dar una señal de “peronismo”.

Algunos plantearon, de hecho, la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que 24 horas antes fallaron por unanimidad. El Frente de Todos no tiene los votos. Otros presionaron por desconocer el fallo. Es decir, no acatarlo. Fue la moción que al final se impuso, después de seis horas de negociaciones y de llamados frenéticos con los jefes provinciales.

En el Salón Eva Perón, el Presidente estuvo acompañado por el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. También se sumó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Olmos e Ibarra estuvieron abocados a la confección del comunicado. En particular Olmos, que se instaló buena parte de la tarde en el despacho presidencial. Kicillof se quedó en Casa de Gobierno más que el resto. El gobernador bonaerense se manifestó furioso con el fallo: por la mañana, había calificado a la resolución como una “inmundicia”.

La cautelar de la Corte no resolvió la cuestión de fondo, pero sí obligó a aumentar -y devolver- fondos a la Ciudad. La puja comenzó cuando Fernández, para apoyar a Kicillof en medio de una intempestiva rebelión de la Policía de la Provincia -en septiembre del 2020, en plena pandemia-, dispuso por decreto la quita del 1,18% de los fondos que Nación enviaba a la Ciudad. Mauricio Macri había aumentado esos fondos del 1,4% al 3,75% primero, y luego al 3,5%, justificado por el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.

Luego, el kirchnerismo impulsó una ley que dio marcha atrás con todas las modificaciones en torno a la coparticipación en virtud del traspaso de la Policía a la Ciudad y estableció que el monto para garantizar el funcionamiento de la fuerza era de $24.500 millones al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente mixto.

El fallo del Tribunal de este miércoles dejó todo sin efecto. Y la respuesta del Gobierno, decidido a no ceder en su postura de no incrementar ni un peso la cuota de coparticipación a la Ciudad, inaugura un escenario incierto.

Luis Juez se presentó este jueves a la Justicia, y otro tanto hizo José Luis Espert. A la vez, se aguarda la decisión del Alto Tribunal sobre la asunción de los consejeros legisladores.

Emerio Agretti

En una jornada caracterizada por la expectativa política sobre lo que pueda resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a la jura de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, dos legisladores presentaron sendas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner por incumplimiento del fallo del Máximo Tribunal sobre ese mismo tema.

Precisamente, una de las denuncias fue presentada por el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez, que fue quien en su momento reclamó la intervención de la Corte para que se le asigne el asiento correspondiente a la segunda minoría, para el que la vicepresidenta designó a un tercer kirchnerista, Martín Doñate, sumándolo así a los dos que ya tenía la mayoría.

En el fallo dictado el 8 de noviembre pasado, la Corte dijo que la presidenta del Senado actuó con falta de “buena fe” y que la división en dos del bloque del Frente de Todos (para que una de sus partes sea “la mayoría” y la otra “la segunda minoría”), lo hizo como “una maniobra” o “un ardid” para quedarse con tres de los cuatro consejeros del Senado. Por esa razón consideró que la división del bloque, si bien es prerrogativa parlamentaria y como tal totalmente válida, era “inoponible” a los efectos de respetar el mandato legal sobre la representación del Congreso en el Consejo, por lo cual ordenó que Doñate debía ser reemplazado. A pesar de la orden de la Corte, Cristina no lo hizo antes del vencimiento de los mandatos originales. Y ahora, en oportunidad de la renovación del Consejo, volvió a enviar a tres senadores kirchneristas (junto a solo uno de la oposición), esta vez mediante un decreto votado por el oficialismo en el recinto.

Juez denunció este jueves en los tribunales de Comodoro Py a la vicepresidenta por no cumplir el fallo de la Corte Suprema en torno a la designación en el Consejo de la Magistratura, sumándose a otras denuncias previamente presentadas. Entre ellas la del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, que este jueves también estuvo en el edificio de Retiro para ratificar su acusación contra la ex jefa de Estado y miembros de la Cámara Alta por el delito de sedición.

Cristina Kirchner fue denunciada penalmente por desobedecer el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

“Habiendo desobedecido Cristina Elizabeth Fernández, la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo el dominio del hecho, conducta ilícita concretada en el dictado del DPP 86/22, reclamo al Sr. Procurador Fiscal Federal, se forme causa contra la misma, por violación del art. 239 del Código Penal”, dice la presentación de Juez. Además de la denuncia penal, Juez fue a la justicia en lo contencioso administrativo para allí impugnar la designación de Doñate para el nuevo período en el Consejo de la Magistratura.

“La Presidenta del Senado, Cristina Elizabeth Fernández, nada hizo, desobedeciendo sin más la orden de la Corte Suprema, pasando a preparar la reiteración de la maniobra, pero atrás de un cortinado”, sostuvo Juez. Y añadió que “de inmediato, empezó a funcionar el mecanismo de la patente de corso, que no es otra cosa que la piratería disfrazada de legalidad por usar bandera de Estado”, agregó en referencia a que la presidencia del Senado llevó el tema al pleno de la Cámara para su aprobación.

Por su parte, Espert denunció a Cristina Kirchner y a todos los senadores oficialistas que votaron por la nominación de Doñate. El legislador denunció que siendo segunda minoría el bloque del PRO había anunciado que el senador Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura, conforme a la ley vigente y que, sin embargo, Cristina Kirchner designó a Doñate del bloque Unidad Ciudadana.

El Consejo está integrado por 20 miembros y hasta ahora hay 12 que ya prestaron juramento, por los estamentos de jueces, abogados, académicos y el Poder Ejecutivo, más el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Restan los representantes del Congreso, que son cuatro diputados y cuatro senadores. Los nombres ya están en la Corte Suprema y se espera que el máximo tribunal fije fecha para su jura, aunque la expectativa es qué hará la Corte con la situación de Doñate: si le tomará juramento junto a los demás, de manera provisional y atendiendo a cómo avance la presentación judicial en su contra, o si dejándolo a la espera, por la misma razón.

La decisión del magistrado ocurre luego de que el Presidente criticara la liberación de los miembros de la organización investigada por incitación a la violencia

El juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia demandará por daños y perjuicios al presidente Alberto Fernández. Fue después de la serie de tuits que el jefe de Estado publicó este miércoles para cuestionarlo tras el fallo que ordenó la libertad de los integrantes de Revolución Federal. El jefe de Estado aseguró que “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”. Pero Bruglia advirtió la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”.

“No soy ilegítimo”, sostuvo el juez en una presentación en donde advirtió que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia el que ordenó restituirlo en su cargo, luego de que se revocara su traslado, hasta que el concurso para designar un nuevo magistrado avance. “Constituye un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado”, advirtió.

En ese contexto, el juez anticipó que demandará por daños y perjuicios al presidente de la Nación por difamación.

Las críticas de Bruglia hacia el Presidente se conocieron a través de la carta que envió esta mañana a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial para presentar su renuncia y a la que accedió este medio Es que el juez manifestó su desconcierto por la falta de reacción de la entidad ante las críticas de Ejecutivo luego de las resoluciones tomadas en las últimas horas por el tribunal que integra, en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner y las excarcelaciones ordenadas para los detenidos en la causa Revolución Federal.

“Vengo por la presente a renunciar formalmente a esa Asociación de Magistrados y debo, necesaria y lamentablemente, fundarla. No haré referencias ni alusión a cuestiones ya históricas y seré breve. Uds. no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tweets del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables”, afirmó.

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La carta siguió: “Saben Uds. muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme. Allí señaló el Supremo que debía permanecer en el sitio que actualmente ocupo, hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. Así concretamente lo dice el fallo. No soy ilegítimo, como falazmente lo afirman los funcionarios; la Corte expresamente así lo dijo y sólo consideró que el cargo que legalmente ocupo lo es en forma transitoria”, señaló.

Bruglia sostuvo: ”El Presidente de la Nación y el Ministro de Justicia (Martín Soria) han sido claramente ofensivos con sus dichos hacia un juez integrante de esa institución, y constituye además un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado, lo cual debería -cuanto menos- haber generado en Uds. algún tipo de alarma, …aunque parece que no”.

Y añadió: “No creo que deba extenderme más, sin duda concebimos y sentimos la Justicia de una forma distinta, motivo por el cual no tiene ningún sentido permanecer en esa institución”.

Bruglia y su colega Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura ,Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de trasladados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.

Un fallo de la Corte Suprema, vía per saltum, se pronunció sobre el tema en noviembre del 2020: decidió terminar con el sistema de traslados. Dijo que Bruglia y Bertuzzi, pero también el resto de los jueces trasladados, debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal. Por eso, indicó que debía abrirse un concurso para los cargos de la Sala I de la Cámara Federal e impidió de esta manera que se pudieran sumar sus vacantes a un concurso ya abierto, algo que frustró los planes iniciales en el oficialismo.

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El fallo enojó al Ejecutivo. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura activó la puesta en marcha del concurso para elegir a los futuros integrantes de ese tribunal clave. Pero la oposición rechazó votar la terna propuesta.

En paralelo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron una denuncia ante la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Esa denuncia está activa. Allí los jueces sostuvieron: “Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos. Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.

“Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos”, se añadió.

Este martes, y luego de su encuentro con Alberto Fernández, el intendente dialogó con el presidente de la Corte Suprema argentina, Horacio Rosatti, en pos de incrementar los recursos del poder judicial federal en la ciudad de Rosario.

Dentro de las distintas reuniones que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires, este martes sostuvo un encuentro con el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, con el fin de fortalecer la estructura de la justicia federal en la provincia y particularmente en la ciudad.

Más gendarmes para Rosario y reforzar la Justicia Federal en Santa Fe

En el encuentro hablaron sobre la elaboración del proyecto especial para la justicia federal de Santa Fe, el cual el presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar a la legislatura por fuera del paquete nacional. El mismo buscaría dotar de más recursos a dicho poder en el territorio.

Además, el cónclave sirvió de previa del encuentro que se realizará el 12 de mayo próximo, en el que la Asociación de Jueces Federales de la Argentina (AJUFE) reunirá en Rosario a todos los jueces federales del país.

El diálogo de este martes se sumó al encuentro que sostuvo en la jornada de lunes en Casa Rosada, junto al gobernador Omar Perotti, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. En dicho encuentro, se manifestó la necesidad de dotar de más recursos a la justicia federal, como así también poder poner lo antes posible en funcionamiento el destacamento de Gendarmería Nacional en zona norte, para el cual el municipio cedió el terreno.

Cannabis medicinal: 16 oradores inscriptos para la audiencia del 27 de abril

De este modo, el laboratorio público de Santa Fe se presentó en calidad de amicus curiae (amigo de la corte), con el objeto de exponer ante el tribunal sus competencias específicas en materia de producción y distribución de cannabis medicinal, que le reservan un rol de especial trascendencia en el sistema público de salud de la provincia, dentro de la ejecución de las políticas públicas relacionadas con el caso.

Aprueban la prescripción de aceite de cannabis elaborado por el LIF

Entre los puntos que se expusieron ante el tribunal, se explicaron los antecedentes normativos y administrativos, describiendo también el recorrido científico y técnico que transitó el equipo de trabajo del LIF, para concretar el primer lote de ACEITE DE CANNABIS LIF (CBD 100 mg/ml – Solución Gotas Vía Oral x30 ml), dando respuesta a una demanda histórica del sistema público de salud.

El aceite de Cannabis LIF, al igual que todos los medicamentos que se producen en el laboratorio público de Santa Fe, se elabora cumpliendo con los más elevados estándares de fabricación y controlado bajo estrictas normas de calidad. Las denominadas Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos, son un conjunto de especificaciones, protocolos y normativas que aseguran la calidad farmacéutica. De esta forma se garantiza la seguridad y la eficacia del aceite, asegurando siempre la misma identidad y pureza de los componentes de su formulación.

Construyendo soberanía sanitaria

Otro de los puntos centrales de la exposición ante la Corte, fue la descripción del lugar protagónico que ocupa el LIF en los denominados Proyectos Estratégicos Provinciales (PEP), que son los planes de acción que marcan el rumbo de las políticas públicas que el Gobierno de Santa Fe articula en torno a la producción de cannabis medicinal. Tanto en el PEP 1 (“Desarrollo y producción de preparados medicinales a base de cannabis a partir de principios activos de grado farmacéutico”), como en el PEP 2 (“Cultivo de cannabis y producción de aceite a partir de materia prima vegetal dentro de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe”) el laboratorio público de la provincia es un actor protagónico, materializando el conocimiento en soluciones concretas para la salud pública, gracias a su constante interacción con el ecosistema científico-tecnológico de la provincia, la región y del país.

Compromiso con la Salud Pública

Es importante destacar que ambos proyectos comprenden diferentes líneas de acción sostenidas en el tiempo, en las que el equipo técnico especializado del LIF, seguirá trabajando articuladamente con diferentes instituciones científicas y tecnológicas de la esfera provincial y nacional, para responder a las demandas del sistema de salud en materia de preparados medicinales de cannabis.

Con respecto a su exposición en la audiencia pública, Elida Formente sostuvo: “Como representante de la Comunidad LIF, es un orgullo exponer parte del trabajo realizado en el laboratorio público de Santa Fe, en este caso relacionado al desarrollo del aceite de cannabis de uso medicinal, porque implica que la producción pública es fundamental para la salud de nuestra gente; así como contribuir al conocimiento y, principalmente, dar respuesta a las demandas de la sociedad que avanza a pasos gigantes. Nuestra contribución desde el LIF, es la evidencia de un Estado presente y un Gobierno que escucha.”

Se reunieron frente a los Tribunales de Oroño, donde pidieron “una Corte Suprema del pueblo” y se expresaron contra el acuerdo con el FMI

Militantes kirchneristas rosarinos se sumaron a la movida nacional contra la Corte Suprema de Justicia, organizada por el juez Juan Ramos Padilla y el piquetero Luis D’Elía.

Movimientos sociales, sindicatos y sectores marchan en contra de la Corte Suprema

Los manifestantes rosarinos se reunieron frente al edificio de Tribunales federales de bulevar Oroño al 900, donde hicieron sentir sus bombos y desplegaron pancartas en reclamo de “una Corte Suprema del pueblo” y donde también se manifestaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rosario marcha por la paz mañana a las 19 hs

Mientras tanto, en Buenos Aires, la marcha dio comienzo a las 18 en los Tribunales de Talcahuano 550, con consignas como desplazar al Máximo Tribunal y el fin del “lawfare”.

Los únicos tres oradores serán el propio juez Ramos Padilla y las actrices Cristina Banegas y Luisa Kuliok, que leerán un documento consensuado en demanda de la “Democratización de la Justicia”.

#1F ATE se movilizó a Tribunales junto a la CTA-A para exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, la democratización del Poder Judicial y el fin del Lawfare.#1FMarchamosALaCorte #MarchamosALaCorte #1Feb #ReformaJudicial #Lawfare #Tribunales pic.twitter.com/42QJLPPNM8

— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) February 1, 2022

A la convocatoria de Ramos Padilla y D’Elía se sumaron en los últimos días representantes del Frente de Todos, como Aníbal Fernández y Juan Martín Mena, mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestó a favor de la manifestación.

La movilización en Rosario. (Twitter)

En Rosario también adhirió la Corriente de Mujeres y Disidencias con un rechazo a “la Justicia Patriarcal, Corrupta y Antipopular”.

El #1FMarchamosALaCorte porque el sistema judicial debe ser capaz de gestionar los conflictos de quienes sufren diferentes tipos de violencia y resolverlos, desde una perspectiva de Derechos Humanos y de género.#ConEstaCorteNoHayDemocracia

Por todo esto exigimos ?? pic.twitter.com/hXlL5oQBAJ

— Norma López (@NormaLopezSF) January 31, 2022

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura.

La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación.

Cómo quedará conformado el Consejo de la Magistratura

El fallo del máximo tribunal fue unánime: los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia parcial en cuanto al rol que tendrá ahora el Congreso.

La sentencia surge en un momento sensible en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La semana pasada, el ministro de Justicia, Martín Soria, había criticado a los ministros del tribunal en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales. Anoche, Alberto Fernández volvió a plantear la necesidad de reformar la Corte Suprema. Y esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti confirmó que están estudiando modificaciones.

El Consejo de la Magistratura le pide a la Corte que anule los traslados

El fallo

En la parte dispositiva de la resolución, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7 inc. 3° de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6 y 8 de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Además, exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El gobernador se reunió con Juan Manzur. El concepto de la deuda por las detracciones de recursos coparticipables supera los $132.000 millones. Ahora, se espera que el Ministerio de Economía nacional instrumente la forma de pago, tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, mantuvo este miércoles por la mañana, una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, con quien abordó entre otras cuestiones, el pago de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe en concepto de coparticipación. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la provincia y definió la forma de ajuste a la deuda, según la sentencia de 2015 por las detracciones de recursos coparticipables, estableciendo la tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina.

Pago de la deuda histórica: piden que una parte se destine a seguridad

Tras ello, el Ministerio de Economía de la provincia realizó las proyecciones para actualizar la deuda, que es lo que el gobernador presentó este miércoles al jefe de Gabinete: “Trajimos como provincia la presentación formal después del fallo de la Corte Suprema para instrumentar el cumplimiento de la sentencia”, dijo Perotti, quien mencionó que el monto “supera los $132.000 millones en el cálculo que se realiza con el último fallo de la Corte, estableciendo la taza de actualización”.

El mandatario provincial explicó que el máximo tribunal de Justicia del país “falló en el mismo sentido que lo había hecho con la provincia de San Luis, definiendo la modalidad de ajuste. Esa modalidad la hemos practicado, se la entregamos al jefe de Gabinete y de aquí la va a conducir al Ministerio de Economía de la Nación, que es el encargado de la instancia final de instrumentación de la sentencia de parte de la Corte”, dijo Perotti. Y agregó que la disposición judicial “establecía 120 días para proceder a la cancelación, y ese es el trámite que continuará a partir de ahora”.

Al respecto, el gobernador santafesino indicó que Manzur “tiene muy claro este tema, lo veníamos conversando con él. Había sido un partícipe directo en tratar de generar las condiciones para un acuerdo de la Nación con la provincia, por lo cual tiene pleno conocimiento”, y en ese sentido mencionó que el jefe de Gabinete “estuvo presente en reuniones que mantuvimos con el ministro de Economía en las que se había analizado la modalidad de pago que se utilizó con San Luis, el tipo de bonos del Tesoro; esa es la instancia que Economía empezará a instrumentar”, recordó Perotti.

Deuda histórica: la Corte obliga a la Nación a pagarle a Santa Fe

El gobernador sostuvo además que esos fondos “que la provincia ha recuperado van a volver y con la utilización que ya se ha definido, teniendo como prioridad obras de infraestructura y en materia de seguridad, en el sistema penitenciario, en el trabajo de una mirada integral de la seguridad en muchos de los barrios con altos índices de violencia”, anticipó, y remarcó la “necesidad importante de generar oportunidades y mejora del hábitat en cada uno de esos barrios. Allí va a haber una prioridad”, dijo.

Por otro lado, el gobernador anunció que Manzur “seguramente la semana próxima va a estar en nuestra provincia para hacer un repaso respecto de la situación en materia de seguridad, y sobre un tema de real interés: cómo trabajamos juntos para que la Nación siga teniendo una presencia de acompañamiento a los sectores productivos en la provincia que vienen en franca recuperación”.

Sobre ese punto, el mandatario destacó que “tenemos hoy a la provincia al tope de los índices de recuperación económica, de inversiones y de recuperación de trabajo registrado. Hay potencialidad como para seguir creciendo y toda la coordinación que podamos tener, el acompañamiento financiero, de mejoras de infraestructura, y de acuerdo en la búsqueda de mayor competitividad en cada sector, es de interés del Jefe de Gabinete conversarlo directamente con las entidades de la producción”.

SEGURIDAD Y JUSTICIA Luego, Omar Perotti mencionó que uno de los principales objetivos de la provincia para el 2022 será “abordar de manera integral el tema de la seguridad para implementar lo que el presidente de la Nación ha definido: que Argentina no puede permitir que en su territorio se generen hechos de violencia fruto de la acción de bandas narcocriminales”.

En ese sentido, explicó que “abordar de esa manera implica una fuerte presencia federal, tanto en efectivos como en la instrumentación de la Justicia”, sumado a “la generación de oportunidades para nuestra gente, porque no hay mejor política social que un puesto de trabajo” para lograr el objetivo final de “ir ganando calidad de vida y disminuyendo la violencia en los sectores más críticos, particularmente de Rosario y Santa Fe”.

“También hablamos de la otra parte de la presencia federal, que es el de la Justicia -continuó el gobernador-. Para nosotros es clave reforzar la estructura federal y la puesta en marcha del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Tuvimos una reunión con legisladores nacionales de todos los partidos, deseamos que rápidamente el Congreso de la Nación defina la integración de la comisión de seguimiento del sistema acusatorio y ponga una fecha de inicio”.

Con ello, “necesariamente allí podremos tener una mejor estructura federal para combatir la narcodelincuencia y, fundamentalmente, los delitos conexos vinculados, casi en su gran mayoría, a causas federales”, aseguró Perotti, quien recordó que en la ciudad de Rosario hay solo tres fiscales federales y esa “estructura federal no tiene cambios desde hace 30 años, aproximadamente. Es decir, la misma estructura federal de hace muchísimos años para una complejidad delictiva que ha crecido”.

Por úlitmo, el gobernador de la provincia de Santa Fe destacó que “ayer la Procuración generó un hecho positivo en la comunicación de un pedido que se había hecho de que se fortalezca la tarea de los fiscales, designándoles auxiliares y secretarios a cada uno de ellos en Santa Fe y Rosario. Eso, para nosotros, es clave. Y el otro abordaje es la presencia y la vinculación fuerte de nación, en todo lo que tienen que ver los programas de desarrollo social y el acompañamiento que consideramos, es lo de fondo. Entendemos que la Argentina tiene que expresarse en que esto que nos está pasando en la provincia, en una parte de nuestro territorio, no se expanda al resto. Para eso necesitamos la solidaridad y el acompañamiento de todos los argentinos y, particularmente, esta decisión del gobierno nacional”, concluyó Perotti.

El máximo tribunal determinó quiénes son las personas consideradas de riesgo que podrán seguir trabajando a distancia.

En sintonía con las disposiciones del Poder Ejecutivo ante la pandemia, la Corte Suprema de Justicia dispuso, mediante la acordada N°24/2021, que desde el 20 de octubre regrese el trabajo presencial en los tribunales federales y nacionales. De esta manera, deberán asistir a sus despachos los jueces, funcionarios y empleados de manera constante. El máximo tribunal, a la vez, definió quiénes son los trabajadores que podrán pedir licencia por presentar factores de riesgo o cormobilidades: las personas inmunodeficientes, pacientes oncológicos y trasplantados.

La determinación fue tomada el jueves por la noche por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Elena Hihgton, los cinco jueces que componen la Corte. En la misma, se establece que corresponde a la Corte Suprema, “como cabeza de este poder del Estado y en ejercicio de sus funciones de superintendencia, adoptar las medidas tendientes a la normalización de la prestación del servicio de justicia”, tras las medidas que se tomaron para evitar contagios masivos de coronavirus.

Renunció la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema

Quiénes podrán gestionar la “licencia extraordinaria” en el Poder Judicial

Al mismo tiempo, dispuso que “solo podrán solicitar la licencia extraordinaria prevista en las acordadas 4/2020 (modificada por la 6/2020), 31/2020 14/2021, que los habilita a prestar funciones de manera remota exclusivamente, los magistrados, funcionarios y empleados que padezcan alguna inmunodeficiencia o sean pacientes oncológicos o trasplantados, en los términos y alcances de la resolución 627/2020 (y sus modificatorias) del Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo, se determinó que se mantiene “la delegación de facultades de superintendencia en las autoridades de las cámaras para normalizar la prestación presencial del servicio de Justicia en el ámbito de sus fueros y jurisdicciones”.

También recordó a “todo el personal judicial que concurra a los tribunales y dependencias para prestar servicios que deberá adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes, como así también los protocolos establecidos por esta Corte y las respectivas autoridades de superintendencia”.

Horacio Rosatti es el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Los exceptuados de concurrir que pueden pedir licencia son las personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH (de 350 CD4 o con carga viral detectable), personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis; los pacientes oncológicos y trasplantados con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento, trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

En la actualidad, la Corte atraviesa un proceso de cambio e internas con la elección de Rosatti como presidente y la renuncia presentada por Higthon, días más tarde.

El ciclo del juez Carlos Rosenkrantz al frente de la Corte Suprema de Justicia  concluye el 30 de septiembre y este jueves se reunió el máximo tribunal de manera virtual  para elegir su presidente por los próximos tres años. 

Antes de convertirse en presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti desarrolló una carrera política, judicial y académica siempre ascendente, aunque no exenta de matices e interregnos.

Designarían a Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema

Desde la Corte suscribió fallos que contradijeron planteos de Amado Boudou y de Milagros Sala, y recientemente otros que generaron críticas de Mauricio Macri (quien lo propuso para el cargo) por ser supuestamente “anticapitalistas” (uno en perjuicio de la petrolera Esso y otro de Molinos). Como juez y como jurista, sostiene el criterio de que los magistrados sí deben pagar Impuesto a las Ganancias y propicia el juicio por jurados.

Dura crítica de Alberto Fernández a la Corte Suprema argentina

Y así como fue funcionario municipal, provincial y nacional, incluyendo los cargos de intendente de Santa Fe, secretario general de la Gobernación, convencional constituyente, Procurador del Tesoro Nacional y ministro de Justicia de la Nación, hubo etapas de su trayectoria que lo encontraron apartado de la política y dedicado a la vida universitaria y a la escritura, hasta llegar a ocupar su lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de 2016.

Solicitaron un “retorno seguro de la menor, resguardándola de una situación que puede resultarle traumática”, en un fallo que ratificó otros previos de la Justicia argentina y la francesa.

La Corte Suprema de Justicia decidió que una niña de tres años deberá regresar a Francia a vivir con su padre, quien fue acusado por violencia de género, y solicitó un “retorno seguro de la menor, resguardándola de una situación que puede resultarle traumática”, en un fallo que ratificó otros previos de la Justicia argentina y la francesa al que este viernes tuvo acceso Télam.

Se trata de la resolución que tomó el máximo Tribunal el jueves 8 de julio en la causa que inició el padre de la niña, oriundo de Francia, caratulada como “Pichon, Fabien Nicolas y otro c/ Troszynsky, Sofía Belen por restitución internacional de niños”.

“El Tribunal estima conveniente reafirmar que el objetivo del Convenio de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores radica en garantizar el regreso del niño no solo inmediato sino también seguro”, señaló la Corte en el fallo firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, tras dos sentencias previas en primera y segunda instancia adversas que fueron apeladas por Sofía Troszynsky, madre de la menor de edad.

La Corte estableció, según establece el documento al que tuvo acceso Télam, que el magistrado a cargo del proceso “determinará la forma, el modo y las condiciones en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquéllas que resulten menos lesivas para el niño”.

Los familiares, los involucrados en el juicio y los letrados tienen bozal legal, por lo que no pudieron responder las consultas realizadas por Télam.

El caso llegó a la Corte luego de que Sofia, la madre de la niña, interpusiera un recurso de queja en el que se opuso al regreso alegando violencia de género, tanto física como verbal, por parte del padre, y otro en el que pedía el “regreso seguro” debido a la condición que tiene su hija, por lo que solicitó que no se interrumpa su tratamiento médico.

“El padre es diplomático y no es raro que hayan conseguido esta sentencia sin especificar las causas de la responsabilidad parental exclusiva para el padre”

FAMILIARES DE SOFÍA TROSZYNSKY

Sofía adujo ante la Justicia argentina motivos médicos por los que su hija debe vivir en el país, debido a que tiene un trastorno del Espectro Autista y cuenta con un certificado de discapacidad, pero tras la decisión de la Corte todo queda encaminado para la restitución.

“El recurso extraordinario deducido por la demandada, dirigido a cuestionar la orden de restitución y, en subsidio, a formular planteos vinculados con el regreso seguro de su hija a Francia, resulta inadmisible”, dijo el máximo Tribunal, que además dispuso “esclarecer y solucionar” otras “situaciones de índole penal” de la demandada en Francia para concretar el retorno seguro de la niña a ese país.

Ese punto se relaciona con el juicio iniciado por el padre de la niña en Francia, en el que se ordenó la detención de la madre por sustracción de menores, además de fallar a favor de la restitución.

Por eso, la Corte pidió “asegurar el retorno seguro de la menor, resguardándola de una situación que puede resultarle traumática en el supuesto de que fuese separada de su madre en la misma oportunidad del regreso, extremo que no hace al interés superior de la niña”.

Fuentes de la familia de Troszynsky, antes de tener bozal legal, indicaron a medios argentinos que “el padre es diplomático y no es raro que hayan conseguido esta sentencia sin especificar las causas de la responsabilidad parental exclusiva para el padre”.

Asimismo, la familia también había informado que reciben a diario amenazas de muerte anónimas al igual que todos los abogados de la defensa mientras que los médicos que tratan a la niña fueron notificados con Cartas documento.

La palabra de la madreLa disputa comenzó en enero de 2019, cuando Sofía, una ingeniera industrial, decidió regresar a la Argentina con su hija luego de denunciar, en Francia, a su pareja por violencia de género y sostuvo que su hija también fue víctima de la violencia del padre.

Ambos se habían conocido en 2013 en París, donde él vivía y ella había viajado para realizar un Master, a los dos años comenzaron a salir y dos años después tuvieron a su hija.

Según relató Sofía en su momento, tras el nacimiento se agudizaron los hechos de violencia -también hacia la bebé- y por esa razón la mujer quiso volver a la Argentina, por lo que su pareja pidió “un pase” en su trabajo, un puesto diplomático, y decidió acompañarlas, según relató el abuelo.

Pero las dificultades en la pareja crecieron, ella no quiso regresar a Francia con su hija y tras la presentación judicial en Francia, el 15 de febrero de 2019, la mujer realizó otra denuncia en la Argentina y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema dictó una orden de restricción perimetral contra el hombre.

Con la batalla judicial en marcha, el padre regresó a París y comenzó un juicio en Francia por la restitución de la niña, que ganó. En mayo de ese año el Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, a cargo de Alejandro Hagopian, determinó también en la Argentina que la niña debía volver a Francia.

Ese fallo fue ratificado el pasado 29 de diciembre por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, sala H, que dispuso que la niña tenía plazo hasta el 22 de marzo para regresar a Francia, fecha que fue postergada por el recurso ante la Corte.

Primer caso sobre restitución internacionalEl primer caso sobre restitución internacional en llegar a la Corte Suprema fue el de Gabriela Oswald, quien en 1995 pidió que el máximo tribunal interceda por la tenencia de su hija, en disputa con su padre, Eduardo Wilner, quien vivía en Canadá.

En ese caso, la Corte falló a favor del padre argumentando que la “residencia habitual” de la niña era Canadá, y para ello se amparó en la Convención de la Haya.