Una vivienda del barrio Tablada fue blanco de un ataque a balazos este miércoles por la mañana. Se trata del domicilio de Norma Acosta, una mujer que en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia con el delito. Hace tres meses había realizado una presentación por corrupción policial y desde entonces recibió amenazas.

"No me mataron de casualidad", contó Norma Acosta a La Capital luego del ataque contra su casa. La mujer también es viuda de Miguel "Japo" Saboldi, quien murió en un incendio en su celda de la ex alcaidía de la Jefatura de Policía en abril de 2013, donde estaba detenido por una causa narco.

Acosta contó que este miércoles su casa fue atacada a tiros. "Estaba hablando por teléfono, corté y cuando iba a salir dispararon", explicó la mujer. "Fueron cinco tiros contra la puerta, a media altura, con balas 9 milímetros", agregó.

Según información preliminar el ataque se produjo a media mañana. Los autores de la balacera fueron dos hombres que se movían en un auto blanco.

Una denuncia reciente

Acosta contó a La Capital que tres meses atrás realizó una denuncia por un caso de corrupción policial. En ese marco es que relaciona la balacera de este miércoles a una represalia por aquella presentación.

Desde que hizo la denuncia hasta el ataque contra su casa, la mujer recibió algunas advertencias. En una de ellas dejaron un mensaje relacionado a su nieto. También explicó que desde entonces su hijo fue detenido en varias ocasiones y luego liberado, lo que también consideró como un mensaje entre líneas de la policía.

Una de las última amenazas que recibió previo al ataque de este miércoles fue un mensaje que halló en la puerta de su casa. Le dejaron un ataúd de miniatura con insultos y "saludos" para su nieto.

Amenazas y asesinato de su padre

Luego de la muerte de Japo Saboldi, Norma Acosta pasó a ser una persona pública y conocida en el ámbito del sistema penal rosarino. Tras su reclamo de justicia por la muerte en custodia de su pareja, se convirtió también en una referente de reclamos para privados de la libertad.

Acosta también tiene una condena cumplida en una causa por comercialización de drogas, impuesta en agosto de 2013 por la Justicia federal de Rosario. Actualmente integra una agrupación denominada "La Ranchada" junto a familiares de detenidos y trabaja junto al abogado penalista Mariano Cabrerizo.

En los últimos años tanto ella como su familia protagonizaron varias crónicas policiales, siempre enmarcadas en su rol de denunciante de grupos narcos. En ese contexto en diciembre de 2014 fue asesinado su padre Aldo Acosta, atacado a tiros en el Fonavi Guereño de Villa Gobernador Gálvez.

Años después, en marzo de 2018, Acosta denunció que su casa fue atacada a tiros en otro episodio que relacionó a denuncias contra bandas vinculadas al narcotráfico. Un episodio similar al ocurrido este miércoles en la misma vivienda.

El oficial Fernando Molina fue acusado este martes por haber buscado entre mayo y julio pasado sumas de dinero semanales de un kiosco de estupefacientes ubicado en Juan B. Justo al 8300.

Fernando Abel Molina, el policía de 49 años que fue detenido el sábado pasado luego de haber sido denunciado por recaudar recibir coimas semanales para dejar funcionar un búnker de droga de Juan B. Justo al 8300, en la zona noroeste, fue imputado este martes y quedó preso. La fiscal Viviana O’Connell lo acusó de haber recibido dinero entre mayo y julio de este año.

Molina, que ostenta una antigüedad de 22 años en la fuerza de seguridad, fue arrestado el fin de semana pasado en un operativo de la Agencia de Control Policial en la subcomisaría 21ª de Ayala Gauna al 7900. Dicho procedimiento se dio como consecuencia de la denuncia que radicó un joven, que lo sindicó como el recaudador de plata de ese kiosco de droga, donde lo habían mantenido cautivo durante dos meses obligándolo a vender estupefacientes para una banda.

La fiscal O’Connell no solo lo acusó por cohecho. También le atribuyó el incumplimiento en los deberes de funcionario público y el delito de encubrimiento. 

De acuerdo a los indicios ventilados, el oficial se negó a entregar su celular al momento del operativo en la subcomisaría 21ª y también intentó golpear al denunciante.

La jueza penal de primera instancia Silvia Castelli le dio 90 días de prisión preventiva efectiva. 

En paralelo, interviene la Justicia federal por la denuncia del joven que apuntó contra el policía, ya que se debe seguir la pista de la organización que expende estupefacientes en la zona de los barrios 7 de Septiembre y Stella Maris.

Bogotá registró una nueva muerte violenta durante la primera semana de septiembre, luego de que un hombre de aproximadamente 30 años fuera asesinado en un bici taxi, en la localidad de Bosa.

Así lo dieron a conocer las autoridades tras recibir una llamada de emergencia, desde el barrio Brasilia, en el suroccidente de la capital, con la que habitantes del sector reportaban un breve, pero intenso tiroteo.

El incidente ocurrió sobre las 10:30 p. m. del martes 5 de septiembre, cuando al vehículo de transporte informal se acercó un grupo de motorizados, de manera sospechosa.

Sin mediar palabra, abrieron fuego en contra del bici taxi e impactaron la cabina de pasajeros en donde se encontraba una persona, que murió antes de poder recibir atención médica, por cuenta de sus heridas.

Impotentes, algunos testigos del hecho se quedaron observando mientras los motorizados huían con dirección al barrio Bosa Santa Fe, tal y como la Policía logró constatar al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

De momento, la identidad de la víctima es desconocida, pero, podría tratarse de un reciclador, a quien habrían asesinado en un ajuste de cuentas: 

“Lamentablemente se nos presenta un hecho de sangre, en la jurisdicción de Bosa Brasilia, las primeras investigaciones de campo indican que es un ajuste de cuentas”, indicó para el medio citado el coronel Alejandro Rodríguez, oficial de inspección de la metropolitana de Bogotá.

Además de su trabajo como primer eslabón en la cadena de reciclaje, el hombre de nacionalidad extranjera estaría involucrado en actividades como el tráfico de estupefacientes. 

Lo que, según el coronel Rodríguez, pudo haberle ocasionado problemas con bandas de microtráfico en la zona:

“Al parecer este ciudadano extranjero con, aproximadamente, 32 años de edad, comercializaba estupefacientes. Posiblemente fue por este hecho que generaron estas lesiones que ocasionaron su deceso”, puntualizó.

¿Quiénes está detrás del aumento en los casos de homicidio en Bogotá?

De acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, desde el 1 de enero y hasta el 11 de julio fueron registrados 529 homicidios violentos en la capital, de los cuales, al menos 252 estaba relacionados con el sicariato.

Es decir que, casi la mitad de los asesinatos que figuran en las bases de datos de la Policía fueron cometidos por encargo, a través de un trabajo de seguimiento e identificación de las victimas.

Un fenómeno que ha seguido una tendencia al alza que se traduce en un incremento del 11,1%, con respecto al mismo periodo del 2022, cuando fueron registrados 53 casos de homicidio menos, para un total de 476 personas asesinadas.

Dicho incremento, según dijo el experto en seguridad, Daniel Mejía, en entrevista Colombia, responde al incremento de grupos armados con presencia en Bogotá, luego de que migraran de las regiones al centro económico y político del país.

Además, el creciente poderío de los grupos armados, que han sembrado temor entre los habitantes de distintas regiones, ha influido en que las cifras de sicariato se incrementen en la ciudad. 

Lo que, sumado a que ha sido un tema sobre el que las autoridades locales no parecen haberse enfocado los últimos meses, desemboca en un mar de sangre.

Su tesis, se sustenta en descubrimientos de carteles y vallas alusivas a organizaciones armadas de carácter nacional, como las AGC, el ELN, las disidencias y Los Paisas, y carácter internacional, como el Tren de Aragua y Los Maracuchos, cuya presencia en la capital ha sido denunciada en campaña por candidatos como Rodrigo Lara y el general en retiro Jorge Luis Vargas.

Tres personas quedaron demoradas este miércoles en una redada por extorsiones a comerciantes rosarinos; puntualmente, a peluquería y a pyme metalúrgica. En los allanamientos secuestraron dos millones de pesos y tres personas quedaron demoradas

Una saga que comenzó en diciembre y llega hasta estos días. Las víctimas sufrieron tres balaceras en la zona noroeste y el pedido de 100 mil dólares por protección .

Tres personas quedaron demoradas este miércoles en una redada por extorsiones. Una de ellas es una suboficial de Policía en disponibilidad a la que personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos) le secuestró 2 millones de pesos en efectivo. El fiscal Federico Rébola investiga una serie de aprietes a un empresario pyme radicado en zona noroeste, que sufrió tres balaceras desde diciembre y notas mafiosas amenazas a sus nietos.

Rosario: dos detenidos tras los allanamientos realizados por extorsiones a un empresario

Uno de los procedimientos de este miércoles tuvo lugar en Guatemala al 300 bis, de donde personal de Balaceras de Agencia de Investigación Criminal (AIC) se llevó demorado a un hombre de 66 años y secuestró un revólver 32.

En tanto, en calle Casilda al 7400, fue demorada la suboficial Aldana B. y Darío S. El fiscal pidió el secuestro de 900 dólares y poco más de dos millones de pesos hallados en poder de los sospechosos.

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Según deslizaron voceros de la AIC, Aldana B. se encontraba en disponibilidad, aunque las fuentes no se explayaron sobre los motivos.

Las víctimas poseen una peluquería, pero también una pyme de revestimiento y trabajos de metales en general ubicada en un galpón de Méjico al 148. Este emprendimiento fue blanco de balazos en la madrugada del 15 de junio. Jorge, el damnificado, salió a enfrentar las cámaras de televisión y dijo que no era la primera vez que sufría este tipo de aprietes. El martes, dos días antes, habían atentado contra su casa en Arévalo al 7100.

Los procedimientos formaron parte de investigaciones que la Agencia de Control Policial realizó en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, a raíz de las denuncias recibidas en el 0800.

La provincia, a través de la Agencia de Control Policial dependiente del Ministerio de Seguridad, realizó 68 allanamientos y detuvo a 120 policías, personal del Servicio Penitenciario y policías retirados durante el 2022.

Hubo un total de 754 denuncias. También estuvieron involucrados personal del Servicio Penitenciario y policías retirados

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En el último año el organismo recibió 754 denuncias, de las cuales 173 fueron recibidas en la línea gratuita 0800-444-3583, que luego derivaron en allanamientos, detenciones y secuestros de armas de fuego, dispositivos informáticos y documentación.

Entre los delitos más comunes se encuentran los robos calificados, incumplimiento a los deberes de funcionario público, homicidio calificado, exacciones ilegales, entre otros.

Rosario: detuvieron a dos policías y buscan a un ex oficial por formar parte de Los Monos

La Agencia cuenta actualmente con dos delegaciones principales radicadas en Santa Fe y Rosario, dos nuevas subdelegaciones en las ciudades de Reconquista y Venado Tuerto y próximamente abrirá una nueva sede en la ciudad de Rafaela.

A través de la mencionada línea 0800-444-3583, se pueden realizar denuncias anónimas y de carácter confidencial. Es gratuita y está al servicio de la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana y es atendido por profesionales de la Agencia de Control Policial, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Allí se puede reclamar o denunciar el accionar policial o reconocer la labor que realiza el personal de la fuerza provincial.

La pesquisa por un resonante asesinato de 2021 de un barrabrava de Newell’s descubrió hace 3 meses una trama de presunta corrupción policial que generó desde este viernes una batería de allanamientos.

Personal de la Agencia de Control Policial (ACP) realizó diversos allanamientos en el marco de una causa que investiga el homicidio de Guillermo Sosa y Nelson Saravia (alias chivo), este último, exintegrante de la barra de Newell´s. Ordenan la detención del oficial exonerado Juan José Raffo quien está prófugo.

Rosario: detuvieron a una policía por filtrar información a una banda narco

Este sábado, personal de la Agencia de Control Policial (ACP) realizó diversos allanamientos por orden del fiscal José Luis Caterina, de la Agencia Contra la Criminalidad Organizada, por una causa que investiga el homicidio de Guillermo Sosa y Nelson Saravia (alias Chivo), este último, exintegrante de la barra de Newell´s. En los operativos, detuvieron a dos policías, mientras que el oficial exonerado de la fuerza, Juan José Raffo se encuentra prófugo. Este viernes por la noche lo fueron a buscar a su vivienda y no estaba.

Como resultado de los procedimientos, detuvieron a dos empleados policiales: subinspector D.L.E.A., con prestación de servicio en el puesto Verificador y el Suboficial de Policía M. E. B., con prestación de servicio en comisaría 9na. de Rosario. Además, se allanaron las viviendas de altos funcionarios y exfuncionarios policiales.

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Los investigadores de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur, cumplimentaron la medida judicial en los domicilios: Guatemala al 2200 en Rosario, lugar donde se encontraban varias personas entre ellos empleados policiales y civiles, donde incautaron más de una decena de teléfonos celulares; más de un millón y medio de pesos en efectivo, un revólver calibre 38; una pistola calibre 9mm, un motor-Home, documentación de interés a la causa. En función a las medidas practicadas, el fiscal dispuso el traslado de todos los masculinos hacia la sede de la Agencia de Control.

Los fajos de dinero secuestrados en el allanamiento efectuado este viernes a la medianoche por efectivos de la Agencia de Control Policial.

Luego, en Catriel al 600 de Granadero Baigorria, secuestrando una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre 11.25, marca FM, una pistola en desuso, marca Steyr 1916, gran cantidad de municiones y cartuchos, dinero en efectivo, dólares y teléfonos celulares.

Otra comitiva de efectivos de la agencia de control policial procedió a la requisa de la casa sita en Junín 700 de Rosario y secuestraron un revólver documentación de interés para la investigación, computadoras, pendrive y equipos de telefonía celular.

En la vivienda de Constitución al 4000 de Rosario se procedió a la detención e incomunicación del Suboficial de Policía M.E.B. por el delito de asociación ilícita, el secuestro del arma reglamentaria, dos teléfonos celulares, el arma y documentación varia. Misma medida se llevó a cabo en la finca de calle Salta al 300 de Villa Constitución donde se formalizó la detención e incomunicación del Subinspector D.L.E.A., a quien se le traibuye responsabilidad penal en orden al delito de asociación ilícita, encubrimiento agravado y violación de secreto. Y el secuestro de cinco teléfonos celulares y documentación de interés.

Asimismo, Caterina dispuso formar causa penal por tenencia indebida de arma de fuego, al director de Policía M.M. actualmente en funciones en la U.R.VI Villa Constitución y a C.R.D., propietario de la finca sita en Guatemala 2200 de Rosario, en estado de libertad. Como así al Crío. Gral. A. F. por el delito de tenencia indebida arma de guerra, con identificación dactilar, en estado de libertad. Quienes se encontraban en la finca requisada compartiendo una comida.

El ex subjefe policial de la Unidad Regional V (URV – Departamento Rafaela) Ariel Timoteo Palomeque fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber incumplido sus obligaciones como funcionario público y por peculado –malversación de fondos públicos–. Además, debió abonar los gastos procesales generados a partir de su conducta ilícita y donar un millón de pesos al Samco de Rafaela.

Ariel Palomeque aceptó la pena de tres años condicional en juicio abreviado. Le atribuyeron peculado e incumplimiento de deberes cuando fue jefe de la División Logística de la Unidad Regional V entre 2016 y 2019, y cuando fue subjefe del departamento entre diciembre de 2019 y octubre de 2020

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La fiscal Gabriela Lema, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dirigió la investigación que llegó a la condena. La jueza Cristina Fortunato fue quien dictó la sentencia en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales rafaelinos.

“Palomeque cometió los ilícitos mientras cumplía funciones en dos dependencias policiales: cuando fue jefe de la División Logística de la Unidad Regional V entre marzo de 2016 y octubre de 2019, y cuando fue subjefe de toda la Unidad Regional V entre diciembre de 2019 y octubre de 2020”, precisó la fiscal Lema.

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La funcionaria del MPA explicó: “En la investigación que realizamos pudimos comprobar que cuando estaba al frente de Logística, Palomeque sustrajo para provecho propio algunos de los efectos que estaban depositados en esa división policial”. En tal sentido, indicó que “el 10 de octubre de 2020, se apoderó ilegítimamente de electrodomésticos, herramientas y 28 baldes de aceite. Los cargó en un trailer que remolcó con un automóvil y los retiró del lugar”.

Lema agregó: “El condenado tampoco cumplió con sus deberes de funcionario público porque omitió registrar los bienes de uso de Logística y de la URV, no dejó asentado el movimiento de esos bienes, omitió asignarlos a las diferentes unidades de Orden Público y no distribuyó equipos de protección para los grupos tácticos de la policía”.

Un comisario de la policìa bonaerense fue separado de la fuerza y detenido en La Plata, acusado de aceptar un dinero del dueño de supermercado por seguridad. A cambio le llevaba a un persona sin arma reglamentaria y con un chaleco de goma espuma.

Un comisario de la policía bonaerense fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de haberle cobrado a un comerciante 100 mil pesos por ponerle custodia adicional y enviarle a un civil que portaba una pistola de juguete y un chaleco de gomaespuma que simulaba ser antibalas.

Detienen a dos comisarios que encubrieron el crimen de Lucas González

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que la detención fue solicitada por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 15 de La Plata, Cecilia Corfield, quien le imputó el delito de “estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Condenaron a 6 años de prisión a un comisario por abusar de tres policías

En tanto, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ya inició una investigación administrativa y dispuso el pase a disponibilidad del titular de la comisaría segunda de La Plata, Diego Bálsamo.

Según las fuentes, la causa comenzó a raíz de la denuncia del dueño de un supermercado que denunció que el comisario le cobraba 100 mil pesos por supuestas horas Polad, un adicional que la policía percibe por tareas de custodia en comercios, empresas o edificios públicos.

Sin embargo, los pesquisas determinaron que en vez de enviar a un efectivo policial, el comisario mandaba al comercio a un civil que portaba un arma de juguete y que llevaba un chaleco similar a los que utilizan los policías, pero que en realidad estaba rellenado con gomaespuma.

La fiscal Cortfield, además de detener al policía, aprehendió al civil que actuaba en connivencia para el cobro de los adicionales, y ordenó un allanamiento en la comisaría 2a. de La Plata, ubicada en la calle 38, entre 8 y Plaza Olazábal, en pleno barrio norte de la capital bonaerense.

El corresponsal de FM9 93.7 Rafaela, Miguel González, informó esta mañana que las autoridades se encuentran investigando a 13 policías que prestan servicio en Frontera y Josefina por la presunta comisión de varios delitos.

Destituyeron a fiscal de Venado Tuerto por sospechas de corrupción

Tres de ellos ya se encuentran detenidos, acusados de liderar una asociación ilícita para perpetrar todo tipo de ilícitos, como la adulteración de actas, apremios ilegales y pedido de coimas.

Una encuesta reveló que la corrupción ligada al narcotráfico es el mayor problema de la policía

Al respecto, el reportero de LT9 dijo en Primera Mañana que la fiscal Lema pedirá la prisión preventiva para los máximos responsables de las comisarias de estas localidades.

“Hay una cantidad de delitos, dentro de ellos asociación ilícita, golpes a detenidos, para liberarlos pedían que les den a los policías una moto o algo como parte de pago por limpiarles las causas. Y como si todo esto fuera poco, a quienes les ‘esclarecían’ los papeles le pedían algún ‘agradecimiento’, como comprarle asado a todos los policías de la repartición”, relató González.

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto ordenó seis allanamientos simultáneos en la Alcaidía de Melincué (cabecera del departamento General López), donde secuestraron droga, dinero en efectivo, armas, computadoras y teléfonos celulares.

La orden surge luego de una investigación donde se determinó que personal policial, incluido el Jefe del lugar y personal, lideraban una banda que vendía drogas dentro del penal.

Fue allanada la Alcaidía -particularmente el sector destinado al personal policial-; la oficina del jefe y los domicilios de todos los efectivos sospechosos (uno de ellos en Melincué y otros en Fortín Olmos, Díaz, y Santa Fe Capital). El hecho sacudió a la Unidad Regional VIII de la Policía, cuyas autoridades asumieron en septiembre pasado.

Y es que además del narcotráfico, se supo que la droga era recolectada por los propios patrulleros y que además, los efectivos cobraban un canon especial a los reclusos para facilitarles elementos tecnológicos o bien permitir el alojamiento de familiares durante el aislamiento estricto por COVID-19 en Santa Fe.

El comienzo

La causa fue iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo, a partir de la evidencia recolectada en distintas investigaciones en trámite. Se determinó -principalmente de escuchas telefónicas ordenadas en otras causas- que a partir de la suspensión de las visitas de familiares a las unidades de detención dispuestas, los empleados policiales y el Jefe de la Alcaidía, comenzaron a ingresar la droga a la penitenciaría.

Este mecanismo, se conoce en la jerga como “la colada”, teniendo distinto precio de acuerdo al tipo de estupefaciente. La droga era adquirida por los celulares de los propios reclusos, a vendedores en la ciudad de Venado Tuerto, a 55 kilómetros. Luego, era enviada en vehículos de alquiler al cruce de las rutas donde aguardaban los propios móviles policiales para luego ingresar el material a los pabellones.

Tarifas

Ya sea si se trataba de marihuana o cocaína, el precio lógicamente se pagaba. También los propios detenidos hablaban con sus familiares y otros detenidos en distintas cárceles sobre las tarifas que el personal cobraba por el ingreso de teléfonos. Pero no solo eso: también existía la posibilidad de que entren familiares durante la etapa que estuvieron suspendidas las visitas. El alojamiento en distintos pabellones o incluso para la permanencia en el lugar, oscilaban desde los $700 a los $10000.

Una de esas causas de las que la Fiscalía obtuvo indicios, se originó a partir de la detención en horario nocturno de dos personas, a bordo de un vehículo utilizado como remís que transportaban únicamente una caja de cartón que contenía una bolsa de galletitas abierta. Dentro de la bolsa había tres envoltorios con cocaína, dos con marihuana, la suma de $3300 y algunas masitas.

Al ser consultados previo a la requisa sobre el destino del viaje la persona que conducía manifestó que se dirigían al cruce de rutas cercano a Melincué, al encuentro de un móvil policial a quien debían entregar la bolsa de galletitas. Agregando el acompañante que “él era personal policial retirado”. Además, por las escuchas telefónicas ordenadas en la propia causa, se tomó conocimiento de las oportunidades en que se procedía al secuestro de estupefacientes a los internos sin dar conocimiento a la Justicia Federal.

La investigación fue llevada a cabo por la ex Brigada Antinarcóticos VIII, dependiente ahora de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Los allanamientos fueron solicitados para ser realizados en forma simultánea y ordenados por el Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Aurelio Cuello Murúa, quedando todas las personas imputadas sujetas a la causa, quienes serán indagadas en los próximos días por video conferencia.

La investigación, a cargo de Gendarmería Nacional, comenzó tras la denuncia de dos oficiales de esa comisaría, ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Posadas.

Los oficiales aseguraron ante la Jefatura de Policía que Salazar participaba de manera directa del desguace parcial de automóviles y motocicletas secuestradas para venderlos a vecinos de la zona.

En una oportunidad, uno de ellos se habría negado a asumir un turno de guardia porque al requisar el parque o predio donde se guardan motocicletas secuestradas por diversas infracciones detectó que faltaban ocho vehículos, dijeron las fuentes policiales.

En allanamientos llevados a cabo por Gendarmería, bajo la orden y supervisión del juez, se secuestraron los libros de guardia y una motocicleta de la dependencia.

Mientras que en varios talleres mecánicos de la zona se logró secuestrar un Fiat 147 y una Honda Twister que le faltaban piezas y accesorios.

En tanto que de la casa del jefe policial se llevaron documentación y herramientas de taller.

El jefe de la Policía de Misiones, Zenón Víctor Manuel Cabrera, firmó el pasado sábado la disponibilidad del comisario y de otros dos policías involucrados en la investigación, un sargento de 38 años y una cabo primera de 28.

Salazar permanece alojado en la comisaría de Ruiz de Montoya a la espera de nuevas actuaciones.

Se hacía llamar Susana Altamirano, Rosario Insegura o Vení Que Te Atiendo, pero una investigación determinó que era administrada por Claudio Rubén Lentini, un policía retirado condenado por corrupción. Difundía información semipública o falsa de funcionarios o periodistas y exhibió el cuerpo de Eduardo Trasante tras el crimen.

El domicilio del ex comisario Claudio Rubén Lentini, condenado años atrás por coimear a un transportista cordobés para devolverle su camión robado, fue allanado el pasado viernes a raíz de una investigación del Ministerio Público de la Acusación por amenazas desde una cuenta de Twitter anónima.

Desde la Justicia local detectaron que el comisario retirado de 61 años creó en los últimos tres años distintas cuentas truchas de Twitter en las que se hacía llamar Susana Altamirano, Susana Stewart, Rosario Insegura o Vení Que Te Atiendo.

Desde el anonimato, publicó información falsa y algunos datos semipúblicos –como las patentes de los vehículos, los Cuits o las multas de tránsito– de periodistas, empresarios, abogados, policías, políticos, empleados judiciales y personal de la Afip.

Ese hostigamiento fue previo a la presunta comisión del delito de amenazas contra una funcionaria judicial, lo que derivó en el avance.

El viernes, de la casa de Claudio Rubén Lentini de Paraguay 2550, efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) secuestraron seis teléfonos, una tablet, una CPU de escritorio, 37 municiones calibre 38 Special en una caja de debía contener 50 cartuchos, pen drives, 226.300 pesos y varios cuadernos de anotaciones.

No pasó desapercibido que en sus cuadernillos estaban anotados con su puño y letra los nombres y teléfonos de distintos fiscales, entre ellos, el de María Eugenia Iribarren, fiscal regional interina de Rosario.

La medida, solicitada y fundamentada por el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos, fue autorizada por el juez penal Florentino Malaponte.

En los últimos tres años, Lentini desde el anonimato de distintas cuentas truchas de Twitter –en las que siempre se identificó como “Susana Altamirano” o “Susana Stewart”– publicó en reiteradas ocasiones información falsa y otros datos semi públicos sobre periodistas, empresarios, abogados, policías, políticos, empleados judiciales y personal de la Afip.

Desde esos perfiles también promovió falsas movilizaciones por inseguridad o hechos inexistentes. Una acción que generó repudio unánime fue que tras el crimen del ex concejal Eduardo Trasante fue quien publicó la foto del cuerpo dentro de la casa.

El ex comisario, de 61 años, se hizo tristemente conocido a nivel nacional tras una cámara oculta que difundió un programa ADN de Canal 10 de Córdoba en agosto de 2011.

Dicha filmación fue hecha el 21 de julio de 2011 en su despacho por un transportista cordobés a quien Lentini –por entonces jefe de la comisaría 32ª– le pidió una coima de 6.000 pesos para devolverle su camión robado.

“¿En cuánto cerrás? Dale, aprovechá que hoy estoy bueno por el Día del Amigo“, le dijo Claudio Rubén Lentini al camionero, quien abonó por entonces una suma de 2.500 pesos para conseguir su vehículo.

Por esa coima filmada y televisada se le abrió una causa judicial al ex comisario que llegó a sentencia en 2016. La jueza María Isabel Más Varela lo condenó a 3 años de prisión en suspenso por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes de funcionario público, más una inhabilitación especial 5 años.

Luego, Lentini apeló y la Cámara Penal en mayo de 2017 redujo la condena a dos años y ocho meses de prisión, aunque mantuvo la inhabilitación especial.

Por la nueva causa, en el Ministerio Público de la Acusación analizan por estas horas los pasos a seguir.