Joven libertario se tatuó la cara de Javier Milei: Me trasmite idealesDesde la coqueta localidad bonaerense de San Isidro, un joven se volvió viral tras lucir de forma orgullosa, en su pecho, un enorme tatuaje de la cara de Javier Milei.

"Me tatué al mejor presidente de la historia argentina", dice "Igna" en el video que no tardó en viralizarse y en generar todo tipo de reacciones.

Tras el veto de Milei, la UBA convocó a la marcha universitaria: "Esta ley es a favor de todos"A la hora de defender al mandatario libertario, y argumentar su decisión de inmortalizarlo en su piel, el chico sostuvo: "Creo que Milei es la única salvación y el único al que no le tiembla el pulso para tomar las medidas brutas".

Consultado sobre cuál fue el qué dejó "el kirchnerismo", ya que fue uno de los argumentos del joven libertario, solo se limitó a decir que "dejaron el país en la mierda", y señaló: "Admito que soy un poco privilegiado por la vida que tengo, pero eso no descarta mi posibilidad de apoyar a Milei".

Cuando el entrevistador le mencionó el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, "Igna" aseguró que "no es verdad" y avisó: "Vamos a ver lo que dice la Justicia".

"Soy un pibe que cambió su mentalidad. Esos ideales me los transmite Javier Milei", destacó el chico viral. Para cerrar la nota, el entrevistador aprovechó para chicanearlo. "No importa la corrupción si viene de Milei...", dijo.

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Las autoridades chinas arrestaron a seis personas e iniciaron procesos disciplinarios contra casi 30 tras el envenenamiento con pintura industrial de plomo que afectó a más de 230 niños en una guardería de la provincia de Gansu a principios de este mes. El incidente expuso graves deficiencias en la supervisión de seguridad alimentaria escolar y provocó una investigación nacional.

Quisieron ocultar todo:Un informe del comité del partido provincial de Gansu reveló múltiples fallas en seguridad y supervisión, intentos de encubrir la situación, sobornos a responsables y manipulación de pruebas. Los investigadores concluyeron que la directora del jardín de infantes quiso atraer más inscripciones “mejorando” el color y la apariencia de los alimentos.

La cocinera compró pigmento industrial en línea pese a la advertencia “no apto para consumo” en los envases. El colorante se añadió a pasteles de dátiles al vapor y a rollos de maíz servidos en el desayuno y en otra comida. Las muestras superaron en más de 2,000 veces el límite nacional de plomo en trigo y almidón, fijado en 0.5 miligramos por kilogramo.

Las pruebas de laboratorio hallaron 1,052 mg/kg en los pasteles y 1,340 mg/kg en los rollos. Otro pigmento alcanzó niveles 400,000 veces por encima del tope legal seguro. Un total de 233 niños presentaron plomo en sangre, según la televisora estatal CCTV, y 201 requirieron hospitalización para tratamiento.

Imágenes de seguridad mostraron al personal mezclando colorante amarillo con harina antes de cocinar. La directora, identificada como Zhu, y un inversionista apellidado Li quedaron detenidos junto a otras seis personas. Dos sospechosos más quedaron en “libertad bajo fianza pendiente de juicio”.

Inicialmente, 235 estudiantes ingresaron en hospitales tras ingerir los alimentos coloreados. Un padre declaró que los menores sufrieron dolor de estómago, náuseas y oscurecimiento dental. Finalmente, 247 alumnos y empleados, incluida la directora, registraron niveles elevados de plomo.

El informe criticó al Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Gansu por manejar mal el caso. Se señalaron errores en la toma de muestras, que llevaron a discrepancias entre resultados de laboratorio y niveles reales de plomo.

En el Hospital Popular Segundo de Tianshui, al menos dos pruebas de sangre de menores fueron “modificadas” ilegalmente para reflejar lecturas más bajas. “La gestión del hospital y su laboratorio fue caótica. No aplicaron controles de calidad ni entrenaron al personal de inspección”, dijo el informe.

También se culpó a la oficina de educación local por permitir que el jardín operara sin licencia y sin inspecciones de seguridad alimentaria en casi dos años. Varios funcionarios de educación preescolar fueron señalados por presuntos sobornos recibidos del inversionista principal y de otros vinculados al centro escolar.

Las autoridades anticorrupción chinas abrieron una revisión del caso contra funcionarios de distintos niveles y comenzaron a investigar a la alta gerencia del hospital implicado. Además, se evaluó la responsabilidad de la supervisión educativa y sanitaria en toda la cadena de producción y respuesta.

No es la primera vez

China sufrió un escándalo similar en 2008, cuando la leche contaminada enfermó a cientos de miles de bebés y causó seis muertes. Aunque los estándares de seguridad alimentaria mejoraron desde entonces, revelaciones recientes sobre aceite de cocina transportado en bidones de combustible volvieron a inquietar a la población.

Un final no tan amargo

Pruebas realizadas en otros jardines vinculados al de Peixin arrojaron resultados normales. El informe indicó que todos los niños, salvo uno, fueron dados de alta tras la primera ronda de tratamiento, que redujo los niveles de plomo en sangre en un promedio del 40 %.

¿Por qué esto fue tan grave?:

La exposición al plomo puede causar daños al sistema nervioso, problemas de aprendizaje y otros efectos permanentes en la salud infantil. Por ello, la comunidad médica urgió a reforzar las medidas de control en comedores escolares y a mejorar la formación del personal.

Los investigadores recomendaron establecer inspecciones más frecuentes, controles de calidad obligatorios y sanciones más severas contra quienes manipulen alimentos con sustancias tóxicas. También sugirieron crear canales de denuncia anónimos para trabajadores y padres.

El caso de Gansu motivó protestas de padres y críticas en redes sociales chinas. Muchos reclamaron mayor transparencia en las investigaciones y compromiso de las autoridades para evitar nuevas tragedias.

En última instancia, el envenenamiento masivo en el jardín de Peixin dejó al descubierto cadenas de negligencia que abarcaron desde la compra de pigmentos hasta la manipulación de datos de laboratorio, subrayando la urgencia de reformar el sistema de seguridad alimentaria escolar en China.

Pedro Sánchez atraviesa el momento más crítico de sus siete años al frente del gobierno español. Un informe de la Guardia Civil vincula a dos figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que él lidera, con una red de cobro de sobornos para adjudicar contratos públicos.

La investigación, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), señala al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como protagonistas de la trama. Ambos habrían participado en el cobro de comisiones ilegales para beneficiar a determinadas empresas con obras públicas en distintas ciudades del país.

La relación personal y política entre Sánchez, Ábalos y Cerdán es estrecha. En 2016, los tres recorrieron juntos España en busca de apoyos para que Sánchez recuperara la jefatura del PSOE. Hoy, esa alianza está en el centro de la tormenta.

Sánchez intentó controlar el daño con una breve intervención desde la sede del partido, donde se mostró visiblemente afectado. Sin embargo, las disculpas no convencieron a sus aliados ni a la oposición.

“Las explicaciones son insuficientes”, afirmó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en televisión. “No es cierto que la corrupción sea inevitable”, advirtió, marcando un claro límite: “Si esto se extiende al Partido Socialista, estamos ante un mecanismo irregular de financiación política. Y eso es gravísimo”.

La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, agregó incertidumbre al declarar: “¿Van a aparecer más nombres? No lo sé”. Esa respuesta alimentó la desconfianza de Sumar, coalición de 15 partidos de izquierda, algunos de los cuales ya barajan abandonar el gobierno.

En señal de protesta, los ministros de Sumar —salvo quienes debían responder preguntas parlamentarias— no asistieron este miércoles a la sesión de control al gobierno en el Congreso.

Sánchez llegó temprano, a las 8:15, para una sesión que comenzaba a las 9. En el exterior del Parlamento, vehículos con carteles lo señalaban directamente como “corrupto”.

Es la tercera aparición pública del presidente en menos de una semana. El próximo 9 de julio volverá al Congreso para una sesión especial dedicada exclusivamente a responder sobre el caso.

Ante los rumores de una posible convocatoria electoral, el presidente fue claro: “El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones. Es el de sentencias, después del verano, contra el Partido Popular”, dijo.

Y defendió la respuesta de su partido: “La corrupción cero no existe. A diferencia de ustedes, nosotros la expulsamos”. Agregó que su gobierno ha actuado frente a este caso, y que la crisis no debe eclipsar “el extraordinario momento económico y social que atraviesa nuestro país”.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desafió a Sánchez en el Congreso: “No me faltan ganas (de presentar una moción de censura). Me faltan cuatro votos”. Añadió: “Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final”.

Feijóo lo acusó directamente: “Usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años”, y emplazó a los socios de Sánchez a decidir si seguirán siendo cómplices: “Tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción”.

La bancada del PP acompañó sus palabras con gritos de “¡Dimisión!”.

Desde Vox, su líder Santiago Abascal lanzó duras acusaciones: “Mientras su entorno robaba, los españoles hacían la declaración de la renta. Es usted un indecente, un corrupto y un traidor”. Luego abandonó el hemiciclo sin escuchar la réplica del presidente.

La crisis ha profundizado las tensiones entre Sánchez y sus socios parlamentarios. Ione Belarra, líder de Podemos, fue contundente: “Políticamente, la legislatura ya está muerta”. Su partido no participará en las reuniones que Sánchez inició con las fuerzas que apoyaron su reelección en 2023.

Tampoco se sumará el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Junts per Catalunya, en cambio, sí se sentará a dialogar, aunque condiciona su apoyo: exige la aplicación efectiva de la ley de amnistía para líderes independentistas catalanes y que el catalán sea reconocido como lengua cooficial en la Unión Europea.

Esquerra Republicana, más moderada, pide eliminar los fueros que protegen a políticos implicados en corrupción y sancionar a las empresas que pagaron sobornos. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, fue directo: “Ustedes actúan contra la corrupción cuando la UCO la detecta”.

Aunque ninguno de estos partidos desea un adelanto electoral —porque aún esperan que se cumplan concesiones pactadas—, la sospecha de que Sánchez conocía o toleraba las prácticas ilícitas inquieta a muchos.

Las críticas también surgen dentro del propio Partido Socialista. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, declaró: “Este es el momento más grave de credibilidad del PSOE en su historia reciente”. Y añadió: “Sánchez nos está metiendo en un laberinto sin salida. Lo dramático es que no hay salida digna”.

El alcalde socialista de Ames, Blas García, pidió elecciones anticipadas antes de que termine 2025: “Debe poner fin a este barullo y a la situación política irrespirable”, escribió en redes sociales.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu confirmó este martes la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien ya cumple su condena de seis años en el marco de la causa Vialidad. 

La medida se implementa en el departamento de su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria deberá permanecer con una tobillera electrónica.

El dispositivo permite controlar en tiempo real los movimientos de la persona condenada, emitiendo alertas automáticas si se incumplen restricciones. 

Funciona a través de una unidad transmisora en el tobillo y una base instalada en el domicilio. Además, puede registrar horarios autorizados de ingreso y egreso para evitar falsos positivos en el sistema de monitoreo.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y  es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes todos los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como “Vialidad”. También ratificó su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El fallo fue firmado de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes señalaron que "el debido proceso fue respetado" y que la sentencia se basó en “profusa prueba producida” durante el juicio.

Además, el tribunal rechazó un recurso del Ministerio Público Fiscal que buscaba que se revise la absolución de la ex mandataria por el delito de asociación ilícita, al considerarlo inadmisible según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por favorecer al empresario Lázaro Báez mediante la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus gobiernos. El fallo incluyó un decomiso de más de $84.000 millones y también alcanzó a ex funcionarios como José López, entre otros.

La defensa había cuestionado la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte consideró que no hubo violaciones a las garantías constitucionales ni arbitrariedades en el proceso judicial. En su resolución, los jueces indicaron que las objeciones eran una "reedición" de argumentos ya descartados en instancias anteriores.

Con esta decisión, se agotan las vías ordinarias de apelación y queda firme una de las condenas más significativas contra una ex presidenta en ejercicio democrático.

Robert Harrison no solo preside la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF); según una reciente investigación del medio chileno CIPER, es el eje central que maneja todos los niveles del fútbol paraguayo, desde la liga y las contrataciones hasta la selección nacional y el creciente negocio de las apuestas deportivas.

Filtraciones de audios y chats revelan que Harrison influye directamente en decisiones clave, como las convocatorias para la selección dirigida por Gustavo Alfaro, y mantiene vínculos estrechos con representantes de jugadores como Pedro Aldave y Juan Appleyard. En estas conversaciones, se evidencian maniobras para inflar precios, bloquear transferencias internacionales que no favorecen a su círculo, e incluso la creación de ofertas falsas para presionar negociaciones.

Por ejemplo, Appleyard reconoce haber presentado una oferta ficticia a nombre del club Udinese para el jugador Cristian Colman, con la intención de generar presión sobre otros interesados: “Se la estoy diciendo que sacaste del club, que es oficial, pero que es para hacerle correr a los otros boludos”.

Aunque Harrison forma parte del Consejo de la FIFA y mantiene una relación estrecha con la Conmebol, no ha dejado de favorecer intereses particulares ligados a su antiguo club, Nacional. Desde su posición de poder, negocia con agentes que influyen tanto en clubes como en la selección paraguaya, configurando un sistema donde los intereses económicos prevalecen sobre la meritocracia deportiva.

El alcance de su control se amplió recientemente al adquirir el 50% de Solbet, una plataforma de apuestas deportivas y casino online líder en la región. Esta compra se concretó poco después de una reforma gubernamental que facilitó la entrada de nuevos competidores en el mercado de juegos de azar, tradicionalmente dominado por Daruma SAM (Apostala).

La incursión de Harrison en el negocio de las apuestas abre un conflicto ético grave, pues las normas de la FIFA prohíben que dirigentes de fútbol participen en actividades relacionadas con apuestas para evitar manipulación y conflictos de interés. No obstante, Harrison ignoró esta prohibición y ahora domina no solo el fútbol paraguayo, sino también las plataformas que lucran con los resultados de los partidos.

Aunque la compra fue presentada como una apuesta a la innovación tecnológica, en la práctica implica que Harrison puede beneficiarse económicamente si un jugador que él influye anota un gol o realiza una acción relevante en el campo.

En Paraguay, donde las apuestas deportivas crecieron exponencialmente en los últimos años, esta operación marca un punto de inflexión. El fútbol local ya no es solo un deporte: bajo el mando de Harrison, se ha convertido en un ecosistema en el que se combinan poder institucional, influencia política, intereses empresariales y control financiero directo.

Robert Harrison dejó de ser simplemente un dirigente para convertirse en el verdadero dueño del juego.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha sido formalmente imputada tras una denuncia que involucra presuntas irregularidades en la compra de alimentos para el plan social contra el hambre implementado en 2024. La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, señala millonarias transferencias de fondos que podrían estar relacionadas con un posible delito de malversación de fondos públicos.

Según la acusación, se habrían cometido irregularidades en el manejo de los recursos destinados al programa, lo que podría incluir abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de la ministra. La investigación está siendo dirigida por el juez federal Ariel Lijo, quien actúa como subrogante del juzgado 12, junto con el fiscal Franco Picardi.

La causa, que se inició en febrero de 2025, ha generado un gran revuelo tanto en el ámbito judicial como político, dado que involucra un programa de gran relevancia social. Mientras las investigaciones siguen su curso y las pruebas continúan siendo analizadas, especialmente por la Jefatura de Gabinete y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pettovello aún no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones.

De confirmarse las irregularidades, la ministra podría enfrentar consecuencias legales graves, lo que pondría en riesgo su cargo y su futuro político.

El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco de las investigaciones por corrupción que ambos enfrentan en Argentina. La medida, que incluye la prohibición de entrada a Estados Unidos, será formalmente anunciada por el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., la ex presidenta y su ministro abusaron de sus cargos para beneficiarse de varias tramas de sobornos relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino. "Múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina", señalaron.

La sanción no solo afectará a Kirchner y De Vido, sino también a sus familiares directos, incluidos Máximo Kirchner, diputado nacional, su hermana Florencia, y la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli.

El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente tras el anuncio, compartiendo el comunicado en sus redes sociales con la leyenda “Che Cristina”, en referencia a una frase que la ex presidenta utiliza para criticar las políticas del gobierno libertario.

El gobierno estadounidense destacó que "Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio", reafirmando su compromiso en la lucha contra la corrupción global, incluso a los más altos niveles gubernamentales. Las sanciones fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que autoriza al Secretario de Estado a designar a funcionarios extranjeros y sus familiares directos involucrados en actos significativos de corrupción o violaciones de derechos humanos.

Cabe recordar que, bajo la administración del presidente Joe Biden, también fueron sancionados otros ex mandatarios como Horacio Cartés de Paraguay, Ricardo Martinelli de Panamá, Rafael Correa de Ecuador y su vice Jorge Glas.

En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Julio De Vido, por su parte, fue absuelto en esta causa, pero sigue cumpliendo una pena de cinco años y ocho meses por su responsabilidad en la tragedia de Once y está procesado por fraude contra el Estado en diversas causas, incluidas las de Río Turbio y los Cuadernos de las Coimas.

Un escándalo ha estallado en el mundo del esquí alpino después de que se revelara que el equipo noruego de saltos de esquí manipuló los trajes de sus competidores durante el Campeonato Mundial de Esquí Alpino en Trondheim, Noruega. La polémica surgió después de que un periodista polaco grabara un video que mostraba a miembros del equipo técnico noruego alterando los trajes de los competidores.

La manipulación incluía costuras adicionales, cordones para endurecer el material y un alambre reforzado, todo con el objetivo de mejorar la estabilidad de los saltadores en el aire. Además, se evidenció que los chips de homologación de los trajes fueron cambiados, lo que contraviene las normativas establecidas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

La FIS anunció el inicio de una investigación oficial para esclarecer las circunstancias de la manipulación y determinar posibles sanciones contra el equipo noruego. La Federación Noruega de Esquí suspendió a los entrenadores involucrados y los deportistas afectados, Marius Lindvik y Johann Andre Forfang, fueron descalificados.

El escándalo también ha tenido repercusiones en el ámbito comercial, con la pérdida de patrocinadores y la suspensión de acuerdos comerciales. La reputación del equipo noruego, considerado uno de los más destacados en el mundo del salto de esquí, ha sido afectada y la Federación Noruega de Esquí enfrenta el desafío de recuperar la confianza de sus seguidores y socios comerciales.

Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de lavado de dinero. 

La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal 7, que también ordenó el decomiso de sus bienes por un monto superior a los 395 millones de pesos.

Caballero había intentado justificar su incremento patrimonial alegando que provenía del ejercicio de la prostitución. Sin embargo, la fiscalía no creyó en su argumento, ya que los empresarios que supuestamente le habían pagado por sus servicios ya habían fallecido.

La condena incluye la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal durante tres años. Además, se ordenó el decomiso de varios bienes, incluyendo un inmueble rural, un cuatriciclo y cuatro vehículos.

La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la captura inmediata del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, condenados por delitos de corrupción. La orden se enmarca en la causa que acreditó el uso indebido de fondos públicos por Urribarri para financiar sus campañas electorales.

Urribarri, quien fue embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, fue sentenciado a ocho años de prisión y inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en 2022. La condena fue ratificada por la Casación de Entre Ríos en 2023.

La fiscalía solicitó la detención después de que el Superior Tribunal de Entre Ríos desestimó el recurso extraordinario local presentado. Aunque inicialmente la Cámara rechazó la petición, la fiscalía apeló y finalmente se ordenó la captura.

Este caso está vinculado con la remoción de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien lideró la investigación contra Urribarri. Goyeneche espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituya en su cargo después de solicitar el expediente completo para evaluar la apelación contra su destitución.

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, solicitó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del régimen. Según la Cancillería, las pruebas reunidas en las investigaciones de la Fiscalía de la Corte, junto con los eventos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, justifican la necesidad de estas órdenes.

Esta acción del Gobierno argentino se produce semanas después de que, junto con varios países de la región, Centroamérica, África y Europa, se instara al cese de la represión contra los ciudadanos venezolanos tras las elecciones. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro fue declarado ganador con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% obtenido por su principal rival, Edmundo González Urrutia, quien actualmente enfrenta una orden de captura emitida por el régimen de Maduro.

El resultado electoral ha sido ampliamente cuestionado, ya que las actas de los fiscales de la oposición indicaban una ventaja abrumadora a favor de González Urrutia, con un 70% frente al 30% de Maduro. Este hecho desencadenó movilizaciones masivas y denuncias tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, liderado por Diana Mondino, también condenó la orden de detención emitida contra González Urrutia, respaldando a la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado. "Argentina rechaza la solicitud de aprehensión contra el ganador de las elecciones del 28 de julio y alerta sobre la creciente radicalización del régimen de Maduro, que busca criminalizar a las fuerzas democráticas en Venezuela", destaca el comunicado oficial.

Ángel de Brito compartió en LAM el expediente de la exposición voluntaria que realizó en la mañana del lunes Marley en la denuncia por abuso sexual y corrupción de menores que presentó Adrián Molina en su contra.

El periodista leyó las pruebas que presentó el conductor para demostrar su inocencia, entre las que se encontraban los chats que mantuvo con el denunciante, los que sirven al animador para asegurar que tienen un carácter extorsivo.

“Me involucra porque dice ‘si no me pagás voy a ir a contarle todo a Ángel de Brito’. No podemos zafar nunca”, arrancó el conductor del ciclo de América, antes de mostrar las conversaciones que Marley expuso. “Ale, estoy en una situación complicada de salud. Estoy con problemas de corazón y tuve una caída de depresión y algo más que no quiero mencionar. Necesito un lugar para vivir y vos sos una de las pocas personas con confianza para pedir ayuda”, leyó el chat, con lo que habría dicho el denunciante.

“Hola, pero no entiendo. ¿Cómo un lugar para vivir? ¿En dónde vivís ahora? Yo tengo un depto vacío en venta pero que no se vendió aun en Capital”, es la respuesta del animador en su conversación. “Sigo viviendo con mi ex lo cual es un atraso. Mudarme en algún momento sería ideal, pero no es bueno que deje Miami porque mis doctores están aquí, mi terapista y mi psiquiatra porque no puedo trabajar”, afirmaría Molina.

“Mis tarjetas están todas afuera por cargos y porque después de separarnos legalmente a mi ex no le importa mucho lo que nos comprometimos financieramente juntos”, continúa. “Mi única opción en este momento después de hablar con un asistente financiero es bancarrota, lo que me dejaría como indocumentado y tener que pedir prestado dinero para poder seguir pagando mis tarjetas, mejorar mi crédito. Debo aproximadamente 28 mil dólares. Volver a la Argentina es un atraso. Ya lo resolveré, Ale. Estoy bien”, continúa Molina.

En otro chat que mostró De Brito al aire, el denunciante le pide que se comunique directamente con su abogado. “Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos esto va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el Dr Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás. Espero que te conectes con el Dr o conmigo en las próximas 24 horas”, le pide al presentador. Mientras que el 9 de noviembre de 2023 le envía el mismo texto en inglés, lo que Marley interpreta como una extorsión.

Ángel de Brito también se hizo eco de otras pruebas que expuso Marley, entre las que se encuentra una biografía que el denunciante le habría presentado sobre su vida que demostrarían que la edad en la que comenzó su relación Molina él tenía 20 años y no 17 como asegura.

Además, dentro del material probatorio presentó las escrituras de la casa en la que el querellante afirma que se dio el abuso sexual, en donde asegura que las fechas no coinciden dado que cuando se habría dado esta situación todavía Alejandro Wiebe, su verdadero nombre, no había adquirido el terreno donde terminó construyendo su vivienda.

“Adquirí la casa en el Barrio La Colina en Don Torcuato el día 19 de enero de 1998 y anexo la escritura. Sobre dicho terreno se construyó la propiedad en la que vivo dando fin a la primera etapa de la obra a fines del 98 y los primeros meses del 99, oportunidad en la que me mudé a dicho domicilio”, asevera.

🔴 EXCLUSIVO LAM: Las PRUEBAS que presentó MARLEY ante la justicia para defenderse de la denuncia de Adrián Molina por CORRUPCIÓN DE MENORES en su contra Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/oFjeu89fDY

“Molina decía que chateábamos por ICQ. ICQ se lanzó al mundo el 15 de noviembre de 1996, razón por la cual jamás podría haber utilizado dicha aplicación para conocer a otra persona a principios de ese año”, afirma a modo de defensa.

“Vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en el plazo de un mes, según recuerdo, cuando nos conocimos personalmente ya que un simple cotejo de fechas demuestra que esto sucedió siendo ambos mayores y plenamente conscientes,. Si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero del 79 para el año 1999 contaba con 20 años de edad”, declara.

El exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, conocido por su brutalidad y temido por su apodo “El Matamigos”, ha sido liberado de una prisión federal en Indiana, Estados Unidos, este viernes 30 de agosto.

Cárdenas, de 57 años, cumplió solo 17 de los 25 años a los que fue sentenciado en 2010 por una serie de delitos graves relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Su liberación ha generado controversia y confusión tanto en Estados Unidos como en México, donde Cárdenas enfrenta varias acusaciones pendientes.

La liberación fue confirmada por el Buró Federal de Prisiones (BOP), que detalló que el exlíder del cártel del Golfo se encuentra ahora bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado si Cárdenas será deportado a México, donde podría enfrentar nuevos cargos, o si permanecerá en Estados Unidos bajo un régimen de libertad supervisada.

La noticia de su liberación había sido anticipada por el periodista mexicano Humberto Padgett en julio de 2024, quien advirtió que el narcotraficante, a quien calificó como uno de los más peligrosos y sanguinarios de México, podría salir en libertad antes de cumplir la totalidad de su condena. Padgett indicó que la liberación sería un golpe significativo en la lucha contra el narcotráfico, dada la influencia y el historial violento de Cárdenas.

Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde enfrentó cargos que incluían conspiración para poseer y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana, conspiración para lavar dinero, y amenazas de asesinato contra agentes federales estadounidenses.

El proceso judicial que culminó en su sentencia a 25 años de prisión fue un hito en la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su liderazgo en el Cártel del Golfo, Cárdenas fue responsable de la creación de Los Zetas, un grupo paramilitar inicialmente compuesto por exmiembros de las fuerzas armadas mexicanas, que se encargó de la seguridad del cártel y que rápidamente se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas de México.

Bajo su mando, el cártel controló rutas clave de tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos, acumulando millones de dólares en ganancias ilegales.

El FBI documentó que entre 2000 y 2001, más de 2.000 kilogramos de cocaína vinculados directamente a Cárdenas fueron incautados por las autoridades estadounidenses. En un período de solo tres meses y medio en 2001, el Cártel del Golfo generó más de 41 millones de dólares en ganancias gracias al tráfico de drogas, según los registros federales.

La condena de Cárdenas en 2010 fue vista como una victoria significativa en la guerra contra las drogas, pero su liberación anticipada reaviva el debate sobre la efectividad de las sentencias y las negociaciones judiciales en casos de narcotráfico.

Aunque su liberación ha sido confirmada, el destino de Osiel Cárdenas Guillén sigue siendo incierto. El BOP no ha revelado detalles sobre su paradero exacto o si será deportado a México.

Expertos señalan que podría permanecer en Estados Unidos bajo un régimen de libertad supervisada, lo que podría implicar ciertas restricciones y vigilancia por parte de las autoridades estadounidenses.

La liberación de Cárdenas ha causado preocupación en México, donde algunos temen que pueda intentar retomar su papel en el narcotráfico. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente desde su detención, con nuevos líderes y facciones en el Cártel del Golfo y Los Zetas, lo que podría limitar su capacidad para influir en el escenario actual.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal condenó a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio durante la administración kirchnerista, a tres años de prisión por manipulación de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, se le prohibió ocupar cargos en la Administración Pública durante seis años.

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski habían solicitado una pena más severa, de cuatro años de prisión y una inhabilitación de diez años para Moreno, quien fue acusado de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica en siete ocasiones distintas.

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, también impuso la misma sentencia a Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, considerándola coautora de los delitos. Sin embargo, las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas.

Esta es la tercera condena que recibe Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006, y de Comercio Interior desde 2006 hasta 2013, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Anteriormente, fue condenado por el uso de fondos públicos para el cotillón "Clarín miente" y por amenazas en el caso "¿Casco o guantes?" en una asamblea de Papel Prensa.

Aunque las primeras dos condenas están bajo revisión, los abogados de Moreno, titular de Principios y Valores, podrán apelar la sentencia emitida este miércoles.

Vecinos de barrio Roma denunciaron que una mujer, trabajadora sexual, abandonó a sus siete hijos, todos menores de edad y tres de ellos discapacitados. Los vecinos han asumido la responsabilidad de cuidar a los niños y exigen que el Estado intervenga de inmediato.

Una vecina, que ha sido testigo de la situación, relató: "Son siete chicos que están siempre solos y sin alimento. Tres de ellos son discapacitados. La casa está en Juan Díaz de Solís 2300, y los chicos fueron dejados ahí abandonados".

La vecina explicó que la situación se ha denunciado desde 1999, y que la madre ha sido cómplice de abusos cometidos por su último marido. "Los niños declararon que su madre veía todo y se reía", añadió.

La madre de los menores se ausenta frecuentemente, viajando a Buenos Aires para desempeñar su "oficio", y deja a los niños sin supervisión ni comida. "Tengo videos de las condiciones deplorables en las que viven", indicó la vecina, quien junto a otros vecinos ha organizado colectas para proveerles alimento.

A pesar de numerosas denuncias y la intervención de asistentes sociales, la situación persiste. "La policía ha intervenido, pero nunca se ha hecho nada definitivo. El marido fue preso por violaciones anteriores, pero ella sigue suelta", dijo la vecina.

Los vecinos, cansados de la inacción, demandan una intervención urgente del Estado para proteger a los menores y asegurarles un entorno seguro y saludable.

La subsecretaria de Control Policial, a través de la delegación Zona Centro Norte de la Unidad Especial de Asuntos Internos llevó a cabo una serie de allanamientos y detuvo a un empleado policial de la Dirección General de Seguridad Rural (Los Pumas), quien se desempeñaba como jefe de la Sección San Jorge.

La medida fue ejecutada tras el allanamiento de su residencia personal, en el marco de una investigación dirigida por el Fiscal Ezequiel Hernández de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía de Delitos Complejos de la 1ra. Circunscripción Judicial.

La investigación se originó a raíz del robo de cables pertenecientes a la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.), los cuales eran presuntamente vendidos en una chatarrería de la ciudad de San Jorge.

Además, los efectivos descubrieron la quema ilegal de animales para la extracción de grasa en el mismo lugar. Durante las pesquisas, determinaron que el funcionario policial detenido visitaba regularmente el predio y la vivienda del propietario para recibir dinero, con el objetivo de encubrir estas actividades ilícitas.

Empleados bajo sospecha

En el contexto de esta misma causa, también se encuentran bajo investigación empleados de la Empresa Provincial de la Energía y de la Municipalidad de Sastre y Ortíz, por su presunta participación en el comercio ilegal de cobre y aluminio.

Los efectivos allanaron también los domicilios de los implicados y confiscaron teléfonos celulares y material de interés para la investigación.

El empleado policial detenido enfrentará múltiples cargos adicionales, que serán formalizados durante la audiencia imputativa a cargo del Fiscal Hernández.

En un operativo dirigido por Prefectura Naval, el comisario mayor José Luis Segovia, jefe de la Departamental Mar del Plata de la Policía bonaerense, fue arrestado este miércoles en el marco de una causa por "asociación ilícita, estafas procesales y encubrimiento agravado". La detención se llevó a cabo mediante siete allanamientos, seis de ellos en Mar del Plata y uno en Santa Clara del Mar. Además de Segovia, fueron detenidos el policía Gastón Moraña, el ex efectivo Javier González y el integrante de la Policía Federal Nicolás Rivademar.

La investigación también implicó la detención del abogado Lautaro Resúa, Jorge Toletti y Christian Holtkamp, quienes ya se encontraban con prisión preventiva en el marco de la investigación por el secuestro y extorsión a un ladrón que cometió un millonario robo en un departamento de Cabo Corrientes.

La causa está a cargo del fiscal general adjunto Marcos Pagella y del Cuerpo de Ayuda Técnica de Instrucción (CATI). Según una fuente judicial citada por el sitio 0223, "los protagonistas se cruzan en la investigación de la banda que robó más de un millón de dólares y 42 millones de pesos en departamentos durante 2022 y en el secuestro y extorsión a Carlos Juárez por el que hay cuatro personas detenidas y un prófugo".

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, calificó la detención del jefe policial como "muy grave" y destacó la importancia de que "el que comete el delito tiene que ir preso". 

En una conferencia de prensa, Montenegro expresó: "Sobre la detención del jefe de la departamental, es grave, es muy grave. La verdad que yo soy sumamente cuidadoso en cuanto a la investigación judicial y que está en secreto el sumario, pero es grave, obviamente que nos afecta. Obviamente tiene que tener que defenderse de todo, pero es grave, en una situación como nuestra ciudad, o cualquier ciudad, pero nosotros, parece grave".

El ex intendente del pueblo salteño de Iruya, Alfredo Daniel Soto, ha sido condenado a 4 años de prisión efectiva por denuncias de corrupción. La sentencia se basa en su culpabilidad por dos hechos de peculado, por los cuales se ha ordenado su inmediata detención.

Las investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos comenzaron a raíz de una denuncia presentada por la apoderada de la Municipalidad de Iruya el 18 de febrero de 2020 ante el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Salinas Odorisio sostiene que Soto, en su función de Intendente, emitió tres cheques a favor del municipio por un total de $970,000, los cuales cobró personalmente sin que exista constancia de su destino ni una rendición de cuentas ante la Municipalidad.

En otro caso, se determinó que Soto recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social por un total de $14,594,982.93 correspondientes a programas sociales, de los cuales solo rindió cuentas por $8,716,909.50, dejando un saldo pendiente de rendir de $5,878,073.43. La auditoría municipal reveló un faltante adicional de $7,773,758.89, y posteriormente se detectaron cheques rechazados por un valor de $5,397,032.62 emitidos un día antes de finalizar su gestión.

Las investigaciones del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales señalan un faltante total de $6,848,073.43, cuya administración y custodia estaban a cargo del exintendente. Según la fiscal, los montos, actualizados al valor actual, podrían alcanzar aproximadamente los 100 millones de pesos.

La condena de Soto es un paso importante en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal, demostrando que aquellos que abusan de su posición para beneficio propio serán llevados ante la justicia y enfrentarán las consecuencias de sus actos.