El Presidente comunicó que depositará los fondos en una cuenta del Banco Nación, y reveló además que irá por un recurso “in extremis”, que recusará a los jueces del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto para tratar en sesiones extraordinarias.

El presidente Alberto Fernández finalmente comunicó que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia e informó que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó la Justicia a través de bonos. Además, reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

“Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”, planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.

Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

Días después de haber calificado el fallo de “imposible cumplimiento”, planteó: “Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

Alberto Fernández anunció que rechaza el fallo de la Corte Suprema luego de reunirse con gobernadores

“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, aclaró.

En la misma línea, recordó que los bonos TX31 fueron aceptados por la Corte ante una demanda por coparticipación planteada por la provincia de Santa Fe. “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, ironizó Fernández.

Se trata de bonos del Tesoro que nunca fueron licitados y fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.

Manifestó también que las políticas del Poder Ejecutivo se aplican en todo el territorio nacional y planteó que si se afectan los recursos de la Nación “se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte actuando como instancia única sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, sostuvo el Presidente sobre el método para reintegrarle a la Ciudad el 2.95%.

A su parte, reveló que instruyó al procurador Carlos Zaninni para que efectúe una presentación formal de recursos de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial, y además, ordenó recusar a los integrantes de la Corte que firmaron la resolución.

De la misma forma, le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley.

Aunque el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo, no se privó de cuestionar a la Corte: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, denunció.

“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, cerró el mandatario.

A finales de la semana pasada, el Gobierno había anunciado a través de un comunicado firmado de forma conjunto con 14 gobernadores que no acataría el fallo. A su parte, desde la administración porteña estudiaban alternativas para exigir ante la Corte la ejecución del fallo y avanzaban con denuncias penales contra el Presidente.

Es a través de un proyecto presentado por la concejala Laura Mondino y que acompañan sus pares del Frente Progresista. “Pedimos que la provincia habilite al municipio de manera efectiva el acceso a los fondos que le corresponden por el acuerdo firmado entre los gobiernos nacional y provincial”, alegan.

La concejala Laura Mondino (Frente Progresista) presentó hoy un proyecto de declaración en el que el Concejo Municipal vería con agrado que la provincia efectúe la transferencia efectiva de la totalidad de los fondos que le corresponden a la ciudad de Santa Fe, a partir del acuerdo rubricado entre los gobiernos provincial y nacional por la deuda por coparticipación. La iniciativa, que cuenta con el aval de todos los concejales y concejalas del Frente Progresista, se suma al proyecto presentado ayer por el diputado Nicolás Aimar en la Legislatura Provincial.

“Los gobiernos locales están a la espera de los fondos que les corresponden y que en su momento fueron retenidos indebidamente. A pesar de que no hemos visto aún los términos del acuerdo, estimamos que los fondos para la totalidad de los municipios y comunas ascienden aproximadamente a 26 mil millones de pesos y que representarían, para la ciudad de Santa Fe, más de 2.300 millones. Eso va a servir para crear infraestructura que mejore la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas y en esto los municipios y comunas juegan un rol fundamental, ya que son quienes conocen de cerca las realidades y necesidades de cada comunidad”, indicó la concejala Mondino.

Santa Fe y Nación firmaron los convenios para regularizar la deuda de coparticipación

Por otro lado, explicó que “a diferencia de la provincia, no es propio de los gobiernos municipales vender bonos, ya que esto representa un problema y no una ventaja. La provincia tiene las herramientas, la capacidad y la responsabilidad de garantizar a los gobiernos locales las transferencias para que puedan invertir rápidamente esos fondos en beneficio de la gente”.

La edila recordó que “el reclamo por el pago de la deuda por coparticipación es una postura que el socialismo ha mantenido históricamente. Todos y todas tenemos en nuestra mente esa foto de Hermes Binner ante la Corte Suprema de Justicia, en un gesto ejemplar de un gobernador defendiendo los intereses de su provincia. Así lo hicieron también Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, retomando esa causa y dando las batallas necesarias para que el tema se sostuviera en agenda a lo largo de todos estos años”.

Finalmente, agregó que “así como le pedimos al gobierno nacional mayor federalismo, también le solicitamos al gobierno provincial que distribuya esos recursos de manera ecuánime y efectiva entre todos los municipios y comunas que forman parte de la provincia y que hoy esperan respuestas”.

En oportunidad de participar del Foro – debate sobre “La deuda del Estado Nacional con Santa Fe” realizado en el día de la fecha, el Senador Felipe Michlig, (Pte. del Comité Provincial de la UCR), expresó -ante la requisitoria periodística- su “absoluta disconformidad” con el acuerdo firmado en Buenos Aires. 

Durante el concurrido encuentro desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL expusieron sobre el particular especialistas en materia económica y financiera de distintos espacios políticos, entre ellos: Adriano Mandolesi, Valeria López Delzar, Pablo Olivares y Gonzalo Saglione. Mientras que el ex ministro de Economía Ángel Sciara, formuló algunas consideraciones finales.

El tema en cuestión, reunió un amplio y calificado auditorio conformado por legisladores nacionales, provinciales y locales, Intendentes y presidentes   comunales, autoridades académicas y territoriales, representantes de distintos partidos políticos, de instituciones intermedias, entre otros.

Santa Fe y Nación firmaron los convenios para regularizar la deuda de coparticipación

“De rodillas ante el poder central”

El titular de la UCR provincial aseguró que “no hemos sido consultados, una vez más hay una medida y un procedimiento unilateral, inconsulto, del gobernador Omar Perotti”. Además, agregó que “algo que podría ser una oportunidad para los santafesinos la anula y hace un acuerdo que no beneficia a los santafesinos, además se ignoró la opinión de los intendentes y presidentes comunales que son coacreedores de la Nación porque son recursos coparticipables”.

Michlig detalló que “con este acuerdo estamos cobrando solamente el 25% de los casi 600 mil millones de pesos, si se lo hubiese actualizado por inflación. Aparte, el valor real de estos bonos hoy es apenas un poco menos del 50% del valor nominal”. En este sentido, también agregó que “otras de las grandes desventajas es la aceptación de hacer pagos a la AFIP del 1,9% que se realizará en efectivo todos los meses, cuando la provincia no estaba obligada a realizarlo”.

“El Gobernador aquí declama federalismo, pero cuando va a Buenos Aires se arrodilla ante el poder central. Esto lo vemos con este tema, pero también pasa con la hidrovía, la falta de gasoil, por los subsidios para el transporte, y así con tantos otros temas” sentenció el titular de la UCR.

“Empate Financiero”

Por su parte, uno de los expositores y representante de la UCR, Lic. Pablo Olivares, (exsecretario de Finanzas de la provincia) aseguró que “a largo plazo (unos 16 años), lo que se va a dar es un “empate financiero”. Esto se debe a que con el acuerdo aceptado ayer, se estableció el pago de la deuda que tiene Nación con la provincia en bonos, pero al mismo tiempo la aceptación voluntaria del pago, “colaboración al presupuesto de la Afip del 1,9% de la recaudación de impuestos nacionales que se coparticipan y que no estaba obligado a hacerlo, pero ahora, la provincia aceptaría cobrar en bonos y comenzar a pagar en efectivo para el presupuesto de la Afip, un monto que ronda los 8 mil millones de pesos al año a perpetuidad”. “O sea, fuimos a cobrar y quedamos debiendo” señaló.

“El gobierno de Omar Perotti acepta pagar 1,9% de la coparticipación, cuando la Corte ya lo había dejado sin efecto. Esto no solo es pérdida para la Provincia, si no que los Municipios y Comunas van a tener que compartir esa pérdida”, añadió Olivares.

Cabe recordar que según el anunció realizado ayer en Buenos Aires, consolida un monto por la deuda de 151.800.000.000 de pesos “que serán cancelados a través de bonos actualizables por el CER” (Coeficiente de Estabilización de Referencia), el índice de ajuste diario, elaborado por el Banco Central.

“Otra entrega de los intereses de los santafesinos”

Por su parte el Pte. del Bloque de Diputados de la UCR, Maximiliano Pullaro opinó que “el gobierno de Omar Perotti es por lejos el peor de la historia.

A casi un año de finalizar su mandato y con un fracaso rotundo en todas sus políticas, intenta mostrar algo positivo presentando como un triunfo lo que en realidad es otra entrega de los intereses santafesinos al gobierno kirchnerista que lo tiene sometido”, manifestó el legislador.

“Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”, dijo la diputada provincial, al tiempo que alertó por la detracción de casi 2% de la recaudación santafesina que Perotti aceptó para financiar a la Afip.

La diputada provincial Clara García sostuvo que el acuerdo que el gobierno Provincial cerró con la Nación para cobrar la deuda de coparticipación reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “debe ser una verdadera política de Estado, porque involucra el futuro de Santa Fe”.

En este sentido, criticó al gobernador Omar Perotti por las condiciones en la que se cerró el acuerdo y señaló que la discusión “debe pasar por la Legislatura para conocer las condiciones y otorgarle legitimidad. Queremos saber qué plazos y condiciones se acordaron para pagar con bonos y no en efectivo”.

“La deuda de Nación que la Corte Suprema reconoció a Santa Fe no es propiedad de un gobernador. Es una lucha de 15 años por los fondos que los gobiernos kirchneristas le sacaron a nuestra provincia. Mientras Hermes Binner fue a la justicia con (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid, Perotti va solo a negociar con (el presidente) Alberto Fernández”, cuestionó García, en el marco de un foro de debate sobre el tema que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe con la participación de expertos y representantes de distintas fuerzas políticas.

Santa Fe y Nación firmaron los convenios para regularizar la deuda de coparticipación

“Encima –añadió la legisladora-, nos enteramos de que el acuerdo incluye, a modo de Caballo de Troya, una nueva detracción de casi el 2% de la recaudación santafesina para financiar el régimen de autarquía de la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos), algo que nosotros nunca hubiéramos permitido”.

Según estimó el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, esa deducción –para cuya instrumentación la Corte Suprema exige la conformidad de la provincia-, representa entre 7.000 y 8.000 millones de pesos menos por año para Santa Fe.

Saglione marcó, además, “el trato diferencial” que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a Santa Fe a la hora de cobrar fondos adeudados por la Nación. “A nosotros nos dicen que no hay plata sino bonos. Hay que ver de qué calidad son porque lo que estamos viendo es que los títulos CER están siendo muy castigados por el mercado. Si uno va hoy al mercado, de cada 100 pesos, le pagan 70. Es decir, que Santa Fe estaría perdiendo el 30% de la deuda. Por eso queremos ver el texto del acuerdo antes de dar nuestra conformidad”.

Quien fuera ministro de Economía de la gestión de Miguel Lisfchitz recordó que el ex gobernador “siempre opinó que una decisión de este tipo debía ser consensuada con todos los sectores porque involucraba a los más de 3,5 millones de santafesinos y santafesinas. Un tema así requiere de distintas miradas y las distintas miradas están en la Legislatura”.

García reforzó esa posición al señalar que “la Constitución provincial establece que una de las funciones de la Legislatura es dar acuerdo a firmas como esta donde se compromete a la provincia a futuro, como lo ha hecho este mismo gobierno con acuerdos como el de la deuda de la EPE con Cammesa o el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones”.

Para cerrar, la diputada provincial sostuvo que “así como Binner fue el padre del federalismo fiscal al presentar el reclamo ante la Corte en 2010, Perotti es responsable de una firma que nos devuelve al centralismo fiscal”. Asimismo, hizo suya una expresión del constitucionalista Domingo Rondina sobre el tema: “Santa Fe lo ganó en la cancha y Perotti lo perdió en el escritorio”.

Los concejales Juan José Saleme y Jorgelina Mudallel celebraron el acuerdo al que arribó el estado provincial con Nación por la deuda por fondos indebidamente detraídos. El estado nacional devolverá $ 151.000 millones.

“El acuerdo para la cancelación de estos fondos era un compromiso de la actual administración nacional con el Gobernador Omar Perotti y se cumplió. Un día histórico para donde se repara un reclamo que venía de años y gestiones atrás; es una gran alegría y también una nueva oportunidad para nuestra ciudad”, dijeron.

Para Saleme y Mudallel “después de mucho trabajo se llega a esta instancia final que servirá para potenciar e inyectar recursos en bienes de capital, -equipamiento y obras- para municipios y comunas santafesinos”, señalaron.

“Hoy, entre otras obras estratégicas en Santa Fe se están ejecutando la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas en Barrio Candioti, el Gasoducto Metropolitano para llevar el servicio a la costa, el Plan Circunvalar ferroviario de la ciudad; la revitalización de una parte importante en el oeste en el Viejo Camino a Esperanza y calle Beruti; tenemos un puerto operativo, en pleno funcionamiento; este reembolso de Nación seguramente potenciará con nuevos proyectos a la ciudad”, dijeron.

Santa Fe y Nación firmaron los convenios para regularizar la deuda de coparticipación

Coparticipación para la ciudad Según Saleme y Mudallel “este acuerdo también significará expectativa para nuevos desarrollos y obras emblemáticas en nuestra ciudad. Tenemos un Plan Director de Desagües que continuar; hemos pedido al municipio que prepare el proyecto técnico para entubar el zanjón de Aristóbulo del Valle y revitalizar toda la avenida en su tramo superior hasta el límite para potenciar el desarrollo de una de las entradas de la ciudad”

“Nación ha cerrado el compromiso de pago y esto impactará con recursos para todos los santafesinos de la capital porque parte de esos fondos son coparticipables. Es una oportunidad para generar infraestructura y mejores condiciones para todos”, finalizaron.

Se acordó un esquema de servicios de desembolso del pago de la deuda con la provincia de Santa Fe. “El monto llega a los 151.800 millones de pesos, que serán cancelados con bonos actualizables por CER”, precisó el gobernador Perotti.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunciaron este miércoles la firma de convenios para regularizar la deuda de coparticipación, luego de la reunión que mantuvieron con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perotti precisó que “la deuda se ha actualizado, y al día de hoy el monto llega a los 151.800 millones de pesos, que serán cancelados con bonos actualizables por CER”; y destacó que esto es “el cierre de varios meses de trabajo con los equipos de la provincia y del Ministerio, detrás de llegar a un acuerdo ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a fines del año pasado”.

Acuerdo con Nación: se dieron precisiones sobre el pago de deuda por coparticipación

A continuación, el gobernador señaló que “para nosotros es la instancia final de un proceso que tuvo a la provincia de Santas Fe en un reclamo de largo tiempo ante la Nación”, que comenzó con el “reclamo administrativo que iniciara el ex gobernador Jorge Obeid, la presentación ante la Corte Suprema que hiciera el ex gobernador Binner; y un proceso donde Santa Fe a lo largo del tiempo mantuvo esa vocación intacta de alcanzar un acuerdo detrás de lo que entendía un legítimo reclamo”, dijo.

Por último, el mandatario santafesino destacó que “llegar a esta instancia ha sido un compromiso asumido por el presidente de la Nación en su campaña; y nos permite regularizar una situación y alcanzar un acuerdo en el que resguardamos el valor de la deuda”.

Por su parte, el ministro Guzmán explicó que “estos convenios son para regularizar la situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con estos convenios se acordó un esquema de servicios de desembolso del pago de la deuda con la provincia de 132 mil millones de pesos. Junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación”, expresó el funcionario.

“Consideramos que este es un buen resultado para regularizar esta situación, y que permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva que en la provincia de Santa Fe, vemos que es fuerte desde el empleo. Junto al gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina”, concluyó el ministro de Economía.

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; y el fiscal de Estado, Rubén Weder; brindaron precisiones a legisladores provinciales sobre el acuerdo de la provincia con la Nación para el pago de la deuda de coparticipación.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; y el fiscal de Estado, Rubén Weder; encabezaron este miércoles un encuentro con legisladores provinciales para explicar los detalles del acuerdo de la provincia con la Nación para el pago de la deuda de coparticipación.

Se presentó el monto final de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe

En la oportunidad, Somaglia sostuvo que “el objeto del encuentro con los legisladores que estuvieron presentes fue hacerles saber el estado de la negociación actual y, sobre todo, algunos interrogantes planteados sobre facultades del Poder Ejecutivo para poder cerrar el convenio con Nación, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Lo que estamos en condiciones de afirmarles es la facultad total y única del Poder Ejecutivo de la provincia en llevar adelante el acuerdo con la Nación . Acá no hay incumplimiento por parte de la provincia, la Corte dio un plazo y estamos dentro de los mismos que se vencen en el mes de julio. Si se vencen tampoco hay consecuencias negativas para el erario púbico, por cuanto esto queda abierto hasta que la Corte lo pueda validar”, manifestó el secretario de Justicia.

A su turno, el fiscal de Estado explicó que “estamos en el ámbito de la ejecución de una sentencia que fue dictada en un proceso judicial en el año 2015 y que la Corte decidió reintegrarle a la provincia lo retenido a la provincia, en la forma y en los plazos que las partes acuerden. No hay una sentencia a dar sumas de dinero, sino a acordar entre las partes”.

“Después de analizar este tema en el marco de una ejecución de sentencia y de que lo acordado tiene que pasar por un control de legalidad y de congruencia por parte de la Corte Suprema de Justicia Nacional, quien homologará lo que se acuerde, a partir de ahí, el interés público está garantizado por la decisión de la Corte”, sostuvo Weder.

Deuda histórica: la Corte obliga a la Nación a pagarle a Santa Fe

“El antecedente inmediato que tiene la misma naturaleza -explicó Weder-, es el caso de la deuda de San Luis, donde estaban en juego las mismas normas y la sentencia fue dictada el mismo día que la de Santa Fe, que acordó un pago en bonos”.

Somaglia sostuvo que “no se trata de un contrato o un acuerdo donde alguien cede o alguien concede, ni hay quita de ninguna naturaleza ni resignación de ninguna posición jurídica o económica por parte del Estado de la provincia. Acá lo que se esta haciendo es cumplir una sentencia judicial, en la que la Corte ha marcado pautas y ha dejado en libertad a la Nación y a la Provincia, para poder acordar”.

“Una vez que eso se acuerde, será supervisado por la Corte en cuanto a la legitimidad de los firmantes. El Poder Ejecutivo, como representante de la provincia, es quien está facultado para llevar adelante la negociación, así lo marca la Constitución y son las atribuciones que cada uno de los poderes tienen y, en el caso de que se cerrara, aún por la Ley de la Fiscalía de Estado, el fiscal tiene facultades para firmar un acuerdo de estas características”, concluyó el secretario de Justicia.

PRESENTES

De la actividad participaron la diputada Agustina Donnet, los diputados Oscar Martínez y Ricardo Olivera, y los senadores Armando Traferri y Alcides Calvo.

El presidente le dijo al gobernador Omar Perotti que será “la semana que viene” y que “vamos a pagar toda la deuda”, calculada en unos 130 mil millones.

El presidente Alberto Fernández aseguró que “la semana que viene” se va a firmar el acuerdo por la deuda de coparticipación que la Nación tiene con Santa Fe, que cuenta con un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia, por un monto estimado en unos 130 mil millones de pesos, y que “vamos a pagar toda”.

Lo hizo en el marco del discurso que dio en el acto en la planta potabilizadora de ASSA, donde invocó al federalismo, citando correspondencia entre el brigadier Estanislao López y José de San Martín, algo que “se dio en las normas, pero no en la realidad” y que debe concretar. Y lo rubricó estrechando las manos con el gobernador Omar Perotti.

Con palabras afectuosas para el intendente Emilio Jatón, tanto como para el rosarino Pablo Javkin, Fernández recordó su visita a la ciudad junto a Néstor Kirchner en contexto de las inundaciones y marcó “en qué ciudad inmensa se ha convertida, que linda, que pujante. Esta ciudad tiene que tener los mismos derechos que un porteño”.

Alberto Fernández está en Santa Fe en el acto por el inicio de obras en la planta potabilizadora

Destacó que “hemos hecho mucho en favor del federalismo. Hoy tenemos cerca de 5 mil obras en todo el país. Cada distrito, cada intendencia tiene alguna obra pública del gobierno nacionales. Veo ahí a los compañeros de la UOCRA y nada me hace más feliz. Porque cuando llegamos eran 100 mil y hoy hay 400 mil, la mitad de los cuales trabajan en obras públicas”.

También, en el mismo orden, reprochó que “yo mandé una reforma judicial que Diputados no trató, con la excusa de que buscaba la impunidad de alguien. Y sólo logró la impunidad de los narcos. Ahora el gobernador me comentó la idea acordada con legisladores de tomar de esa ley la parte de la creación de juzgados. Yo le pido al Congreso que aprueben cuanto antes esa ley”, expresó, desatando aplausos en a concurrencia.

La enumeración abarcó también que, en materia de corredores viales, “tiramos abajo los acuerdos de obra con participación público privada de la gestión anterior, y los estamos haciendo con Vialidad, y nos cuesta un 30 %. Eso es para señalar a los ladrones de guante blanco que tanto se ofenden”.

“Nos está yendo mejor. Y vamos a seguir trabajando para que ningún argentino esté sin agua o sin gas. No comparen nuestros números con los de Macri, ni con los de nadie, porque solo nosotros tuvimos la pandemia, somos sobrevivientes de ella, y la guerra”, definió Fernández.

Sobre el final de su alocución remarcó que “queremos el crecimiento y que el campo crezca, por eso nos preocupa lo que pasa con el gasoil, pero hay muchos que especulan, que contrabandean a sus país. Mañana vamos a dictar una serie de normas para reordenar todo esto, y vamos a autorizar un aumento significativo del corte del biodiesel”, anunció, luego de que el jefe de Gabinete Juan Manzur dijese que va a ser del 7,5 %.

Se estima que en la actualidad el total que se le adeuda a la provincia es de 120 mil millones de pesos.

A la fecha, el Estado Nacional le debe a la provincia de Santa Fe derivado de la retención indebida del 15% de los fondos coparticipables de ANSES y AFIP, alrededor de 120 mil millones de pesos.

De ese total, se estima que a la ciudad de Santa Fe le corresponden aproximadamente $ 1.360 millones de pesos.

La cifra la aportó el presidente del Concejo Municipal, Leandro González, quien le pide al gobierno provincial “pero también a todas las fuerzas políticas de la provincia y de la ciudad” mantener el reclamo iniciado hace más de 10 años por la provincia de Santa Fe, así como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“En épocas donde vemos por los medios nacionales que se habla de quita de coparticipación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para darle a provincia de Buenos Aires, entiendo que como santafesinos y dejando de lado las banderas políticas tenemos que reclamar por algo tan justo que la propia Corte Suprema de Justicia avaló hace casi cinco años”, afirmó el concejal.

“En su momento, Hermes Binner y el gobierno provincial realizaron un reclamo que llegó hasta la Corte y que le sirvió de antecedente a otras provincias que atravesaron la misma marginación de parte de aquel gobierno. Situación de deuda que se mantuvo inalterable durante los últimos 12 años, tanto en los gobiernos kirchneristas como macristas”, agregó González.

“Por encima de la grieta”

En 2010, Hermes Binner expuso el pedido de la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia, acompañado por los exgobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann. “La sala estaba repleta en buena medida por dirigentes y legisladores de todos los partidos políticos”, recordó González.

“¿Por qué no podemos, diez años después, volver a unirnos en esta causa común y retomar este reclamo, de forma conjunta, seria y responsable?”, se preguntó el Presidente del Concejo.

En ese sentido, González reflexionó: “Atravesamos una crisis económica sin precedentes, con una pandemia que atenta hace seis meses contra la salud y contra las actividades económicas, ¿cómo hubiera repercutido en el estado actual de la estructura de salud de la provincia disponer de esos ingresos? Una devolución a tiempo al menos de una parte de la deuda hoy podría significar más respiradores y camas de terapia intensiva, y por qué no un respaldo al personal médico que hace seis meses está esforzándose al proteger a toda la sociedad”.

“Esos $ 1.360 millones significan más de 220 cuadras de pavimento, pueden significar obras de gas, de cloacas. No estamos pidiendo un ingreso extraordinario, estamos reclamando lo que es justo y le pertenece a esta provincia desde hace más de 15 años”, reclamó el edil.

“Lo hicimos ante los últimos dos gobiernos nacionales que alimentaron y fomentaron la grieta en Argentina, y hoy volvemos a hacerlo: cuando escuchamos el dicho popular que dice que ‘Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires’ deseamos que el presidente Fernández no siga ese camino y mire para el resto del país. Es más justo acatar un fallo de la Corte Suprema y generar un esquema de devolución del dinero que le corresponde a Santa Fe, que continuar el camino de los últimos gobiernos manejando la coparticipación a discreción y mediante decretos. Es un momento para lograr acuerdos que no discriminen a los santafesinos”, cerró González.

El presidente Alberto Fernández defendió hoy su decisión de traspasar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 la gestión macrista había establecido por decreto para la Ciudad, mientras el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que irá a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre la legalidad de esa medida.

El Presidente aseguró que la determinación adoptada no busca “intranquilizar ni jorobar a nadie” y que “nadie se puede sorprender” por la decisión de reducir un punto de coparticipación al distrito porteño para destinarlo a la provincia de Buenos Aires.

“Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole ‘Quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intranquilizarte'”, reseñó el jefe de Estado en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese sentido, el mandatario repasó: “En el inicio de la gestión, planteamos que había una necesidad de revisar esos 2,4 (puntos porcentuales) de la coparticipación que habían sido transferidos a la Ciudad en la gestión anterior, porque era un exceso”.

Por su parte, Rodríguez Larreta anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre esa determinación, por entender que se trata de una medida “inconstitucional”.

En una conferencia de prensa, Rodríguez Larreta cuestionó lo resuelto ayer por el Gobierno nacional, definió esa decisión como “errada e inapropiada” y, si bien se quejó de no haber sido consultado en los últimos días sobre esa cuestión, reivindicó el “consenso como único camino para sacar a la Argentina adelante”.

Rodeado de funcionarios de su Gabinete y referentes de Juntos por el Cambio del Parlamento porteño, Rodríguez Larreta aseguró que no convertirá las diferencias con el Gobierno nacional en una “disputa personal” porque, dijo, “es lo último que necesita la gente son políticos peleándose”.

“Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo; se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado, se eligió la división”, planteó el jefe de Gobierno porteño.

La decisión presidencial respecto de la coparticipación quedó plasmada hoy a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 735/2020.

En términos prácticos, el decreto reduce la coparticipación de la Ciudad del 3,50% al 2,32% y crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

También se explica que el coeficiente de la Ciudad antes de recibir la Policía era de 1,40% y, según los cálculos del Gobierno, la inversión en Seguridad alcanza al 0,92%.

“De la suma de estos dos coeficientes surge el 2,32% que el Gobierno ahora destinará al distrito porteño”, completó.

En sus considerandos, el decreto explica que la Ciudad recibió en su momento un mayor coeficiente al tener que hacerse cargo de la Policía local, aunque señala que “la incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados no condice con las necesidades reales para cumplir con el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”.

También se señala que “el presupuesto per cápita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendía en el año 2019 a $106.472, mientras que en la provincia de Buenos Aires era de $53.509″.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró hoy la decisión del Gobierno nacional y señaló que “empezó el camino de recuperación de la provincia”.

Agregó que la insuficiencia de recursos en la provincia “impide muchas veces hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses” y atribuyó ese problema al hecho de que mientras Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables, “recibe sólo el 22%”.

La medida fue avalada también por los gobernadores de 19 provincias.

Mientras tanto, el PRO emitió un comunicado en el cual calificó de “inconstitucional, injusta y prepotente” la decisión presidencial, a la vez que consideró que “envía una pésima señal para la convivencia política y democrática en la Argentina”.

La asistencia discrecional del gobierno nacional achicó esa pérdida en $ 3,5 mil millones con aportes no reembolsables. Además la Casa Rosada le “prestó” a la administración Perotti, otros $ 4,6 mil millones.

La provincia de Santa Fe dejó de recibir del gobierno nacional unos $ 12.742 millones entre marzo y agosto, por efecto de menor recaudación en el marco de las políticas de aislamiento ante el Coronavirus -y la consecuente paralización económica- según calculó la consultora Aerarium.

Los economistas Paulino Caballero y Guillermo Giussi señalaron que para el período, la provincia tenía proyectados (CFI) Recursos de Origen Nacional por $ 98.379 millones, y recibió efectivamente $ 85.638 millones.

Advierten sin embargo que Santa Fe recibió del gobierno central $ 3.523 millones que no debe devolver, y otros $ 4.600 millones “reembolsables”, en el marco del Programa de Emergencia Financiera Provincial.

Descontada esta ayuda, la cuenta termina en un rojo de $ 4.619 millones (una caída nominal del 6,7 %). Es el saldo entre lo que Santa Fe pudo haber recibido de manera automática en una economía sin pandemia, y lo efectivamente percibido entre coparticipación automática y fondos discrecionales, es decir a voluntad política de la Casa Rosada.

La cuenta es similar a la de Córdoba -una economía de escalas equiparables a la de Santa Fe- con apenas matices. La administración Schiaretti debió recibir en cuatro meses unos $ 95.855; percibió en forma automática $ 83.273 millones y perdió $ 12.582 millones. A su vez obtuvo $ 3.518 no reembolsables y $ 4.800 millones que debe devolver, por lo que la “pérdida” de recursos federales terminó en -4.264 millones, un rojo del 6,2% nominal.

La ayuda paralizada

Según Aerarium, el Programa para la Emergencia Financiera Provincial (PEFP) contempla una asignación de recursos -para todas las jurisdicciones subnacionales- por un total de $ 170.000 millones: $ 60.000 millones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y $ 110.000 millones (se agregaron $ 50.000 millones en agosto por art. 11 de la ley 27.561 de ampliación presupuesto) del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), vía préstamos a 36 meses ajustados por CER.

“En el mes de agosto el PEFP no tuvo movimientos, registrando un nivel de ejecución que solo compensó en un 56% las pérdidas generada por la cuarentena. En efecto, frente a una caída en la coparticipación de $ 156.832 millones entre marzo a agosto (periodo ASPO), el ejecutivo nacional compensó esta pérdida con $ 87.850 millones del PEFP ($ 40.000 millones de ATN y $ 47.850 millones de préstamos), que sigue siendo la única política de asistencia financiera a provincias en el marco del ASPO”.

Al 31 de agosto el PEFP “muestra un parate total en su ejecución del 52% ($ 87.850 millones). Se llevan asignados préstamos del FFDP por $ 47.050 Millones y las transferencias de $ 40.000 millones de ATN. Permitió compensar en un 26% la caída de recursos coparticipables con ingresos no reembolsables y un 31% con préstamos del FFDP”.

ATN

La consultora de Caballero y Giussi sugiere que “de manera excepcional se debería distribuir la totalidad de ATN acumulados, lo cual sería lo adecuado dada la gravedad de la situación que se encuentra atravesando las provincias. Todavía quedan sin distribuir $ 50.000 millones de ATN. Asimismo, insistimos en que se debería avanzar en la distribución automática del flujo corriente, de forma de fortalecer los envíos por coparticipación. Esto aportaría unos $ 3.500 millones adicionales por mes”.

El Gobierno auxiliará económicamente a Axel Kicillof con más partidas para ayudarlo a resolver el conflicto con la Policía Bonaerense.El Gobierno auxiliará económicamente a Axel Kicillof con más partidas para ayudarlo a resolver el conflicto con la Policía Bonaerense.

En un mismo movimiento, Alberto Fernández auxiliará económicamente a Axel Kicillof para que pueda resolver el conflicto con la Policía Bonaerense y le dará el zarpazo a la coparticipación de la Ciudad. Una decisión política que el Presidente tenía definida desde el verano, pero que había dejado en suspenso por la pandemia del coronavirus, que inauguró una amigable y pragmática convivencia con Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno le quitará un 1% de la coparticipación a la Ciudad y se lo dará al gobernador bonaerense para lo que llamó “Fondo de Fortalecimiento Fiscal”. Este año, es el equivalente a más de 31.000 millones de pesos, pero para 2021 ese monto podría significar unos $45.000 millones.

“La Ciudad recibió 2,1% más de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero advertimos que había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido”, anunció Fernández en la quinta de Olivos, escoltado por Kicillof; el presidente de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner e intendentes oficialistas y de Juntos por el Cambio.

Un importante ministro nacional aseguró a LA NACION que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, le “avisaron antes” a Rodríguez Larreta de la decisión. En la Ciudad replicaron: “Tres minutos antes”.

“Nadie del gobierno porteño estaba al tanto de esto”, reaccionó el senador nacional por la Ciudad Martín Lousteau, aliado de Rodríguez Larreta y de buen diálogo con el Presidente, con el que se reunió semanas atrás en Olivos. Ayer, temprano, en la Ciudad habían manifestado a LA NACION: “En febrero tuvimos la última reunión de trabajo por el tema de la coparticipación. Después el tema no se tocó más”.

Los intendentes de Juntos por el Cambio tampoco estaban al tanto de los detalles del anuncio del Presidente cuando ingresaron por el portón de Olivos. “El Presidente solamente nos pidió que estemos”, comentó uno de los jefes comunales invitados.

El anuncio

En medio de la tensión por la protesta de la Policía Bonaerense, Fernández cuestionó la metodología y dijo no aceptar “ciertas formas de demanda que no tienen que ver con la vida democrática”. Pero luego reconoció que los uniformados bonaerenses están “retrasados en su salario” y agregó: “No soy un necio, hay que encontrar una solución”.

“Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia de Buenos Aires. Estamos intentando reponer un equilibrio que resignó la provincia a mediados de los 80 cuando perdió ocho puntos de coparticipación”, dijo el Presidente.

Buenos Aires arrastra un reclamo histórico por el sistema de coparticipación. La gestión de María Eugenia Vidal se jactó de haber recuperado una parte, al llevarla del 18,4% al 23,3%. Pero la administración de Kicillof siempre aseguró que esa recomposición formó parte de un “marketing” y que la provincia seguía atrasada.

La discusión de Nación con la Ciudad siempre versó sobre los puntos de coparticipación que, por decreto, Macri le aumentó a la Capital Federal en 2016 para financiar la creación de la policía porteña. La Ciudad -que por entonces recibía el 1,4% sobre el total de recursos que se distribuyen entre las provincias- pasó a recibir el 3,75 por ciento, un número que luego se redujo al 3,5% en 2018.

A principios de año, trascendió que el recorte que meditaba el Presidente era de un 1%. Asimilado el golpe, en la Ciudad aspiraban a negociar un monto menor. Incluso se habían realizado mesas de trabajo entre ambas jurisdicciones para alcanzar a un acuerdo. Pero, en rigor, la decisión siempre estuvo a tiro de decreto de Fernández.

Con esta sorpresiva decisión, el Gobierno le dará más fondos a la provincia a pesar que el viernes pasado había anunciado el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad, que contemplaba una inversión de $37.700 millones de pesos para equipamiento, formación de nuevos policías e inversiones edilicias.

“La voluntad política es ayudar a la provincia. En estos nueve meses asistimos todo el tiempo a Buenos Aires”, señaló a LA NACION un portavoz de la Casa Rosada. Tal como informó este medio, Buenos Aires es la provincia que más recursos recibió del Estado nacional: de los $177.295 millones de las transferencias corrientes que se repartieron entre las provincias, el 52,1% ($92.362 millones) fueron para Kicillof.

El Presidente invitó dos veces a conversar a los policías que protestaban en Olivos, pero rechazaron los ofrecimientos

Con el espaldarazo de la Nación, a partir de ahora Kicillof quedará encargado de resolver el conflicto con la Bonaerense. En la Provincia quieren manejar el tema con extrema cautela, y no convalidar la metodología de protesta de los uniformados, ya que puede asentar un peligroso antecedente. “Si damos todo lo que pide la policía ¿qué nos queda para los estatales y los maestros?”, reflexionaba ayer un colaborador de la gobernación bonaerense.

En los tres primeros meses los recursos del gobierno central a los estados subnacionales ya habían retrocedido 8 % en términos reales. Pero en el cuarto mes el virus se hace sentir en las arcas públicas. 

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que con medio mes de impacto de la pandemia, en el mes de abril de 2020, el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales alcanzó los $ 131.791 millones, presentando un crecimiento del 20% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior.

El documento firmado por Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Alex Zayat señala que si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes registró una caída del 18% en términos reales. Analizando los valores correspondientes al primer cuatrimestre de 2020, el consolidado provincial recibió $ 588.525 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales.

El crecimiento registrado en los envíos de los primeros cuatro meses del año fue de 34%, 12 puntos por debajo de la inflación que hubo en el período. Así, en términos reales, la coparticipación cayó 10,5% interanual.

Dado que la recaudación de los principales impuestos que conforman la masa coparticipable (IVA y Ganancias) se deriva de las declaraciones juradas del mes previo, en abril se vieron reflejados los efectos en la recaudación del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, que comenzó en la segunda mitad de marzo.

Sin embargo, se puede apreciar que la coparticipación ya mostraba caídas interanuales en los meses previos: en los tres primeros meses, los envíos habían caído un 8% en términos reales (en marzo, la recaudación también se vio afectada por la cuarentena, principalmente debido a la falta de liquidez de las empresas). Esta situación pone de manifiesto que el nivel de actividad ya estaba decaído, incluso antes del brote de Covid-19, y estaba afectando negativamente las arcas de los gobiernos provinciales por la vía de la coparticipación (además de la recaudación propia provincial, lógicamente).

Por provincia

Tornando la atención hacia las provincias por separado, se encuentra que el comportamiento se diferencia en dos grupos de jurisdicciones: por un lado, 20 de ellas vieron su coparticipación crecer entre un 19% y un 21%, mientras que las otras cuatro (San Luis, C.A.B.A, Córdoba y Santa Fe) observaron un crecimiento inferior, alrededor del 16% y 17%.

Estas diferencias se deben principalmente a la diferencia del esquema de devolución de la precoparticipación: mientras que a Córdoba, Santa Fe y San Luis se les devolvió la totalidad de los 15 p.p. desde 2016, el resto de las provincias ven esa devolución de a 3 p.p. por año, durante 5 años. Así, estas provincias reciben este año (último año de devolución) un concepto 3 puntos superior al del año pasado, distorsionando la comparación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, evidenció una evolución similar a las tres provincias separadas, pero se debe a las diferencias en el reparto de Leyes Especiales y Compensación, y el peso relativo que tienen estas en cada jurisdicción.

Descontando los efectos de la inflación sobre los fondos coparticipados, todas las jurisdicciones perdieron coparticipación en términos reales. En el siguiente gráfico pueden apreciarse las variaciones interanuales nominales y reales.

Primer cuatrimestre

En la evolución de los envíos en los primeros 4 meses del año 2020 puede apreciarse que la caída, al igual que para el mes de abril, es compartida por todas las jurisdicciones. Dada la convergencia en el sistema de coparticipación, el comportamiento de los recursos para cada provincia irá homogeneizándose, hasta moverse todas prácticamente a la par.

El crecimiento acumulado en el cuatrimestre se separa en 3 grupos. Por un lado, los que no perciben nuevas devoluciones de la precoparticipación, que se encuentran en los últimos puestos del ranking (+31% nominal).

El otro grupo es de aquellas jurisdicciones que perciben los 3 p.p. adicionales de precoparticipación explicados anteriormente, y que vieron un crecimiento nominal de entre 33% y 36%.

Sin embargo, de este conjunto se separan Buenos Aires y C.A.B.A., quienes tuvieron, excepcionalmente, diferencias del resto de las provincias en los meses de febrero y abril, respectivamente, por las razones expresadas en la sección anterior.

Cuando se tienen en cuenta los efectos de la inflación sobre los envíos a provincias se observa que en los primeros cuatro meses del año todas las jurisdicciones perdieron recursos por entre un 12% y un 9%.

-28 mil millones 

En abril, las provincias perdieron el equivalente a $ 28.515 millones, y se acumulan $ 71.288 en lo que va del año. Aunque Buenos Aires fue la provincia que perdió el monto más significativo calculado en pesos de abril de 2020, su caída en monto por habitante es la menor de todas, y lo inverso para Tierra del Fuego. De todas formas, no se debe inferir por estos cálculos cuál provincia se vio más afectada, pues más allá de los diferentes coeficientes de coparticipación y la población de cada distrito, también debiera relativizarse por el costo de los bienes y servicios prestados en cada jurisdicción.

Pérdida santafesina 

Por coparticipación y leyes especiales, Santa Fe recibió en abril $ 10.795 millones; Iaraf calculó que hubiera recibido $ 14.595 millones, lo que supone que la pandemia le costó a al administración santafesina $ 3.800  millones, es decir un 26 % de la “cuota mensual”. En comparación con el mismo mes de 2019 la caída interanual fue del 20 % (hubiera crecido +5 % de no mediar la pandemia).

-12,2% perdió Santa Fe en coparticipación sumando leyes especiales en el primer cuatrimestre, según el Iaraf.

Luego de las gestiones del gobernador Omar Perotti, lo confirmó desde Buenos Aires el titular del Ministerio de Economía de la provincia, Walter Agosto.

El gobierno de la provincia de Santa Fe informa que culminaron exitosamente las gestiones que el gobernador Omar Perotti inició con los ministros del Interior y Economía de la Nación, Eduardo de Pedro y Martín Guzmán, respectivamente, para que la provincia de Santa Fe reciba un anticipo de coparticipación por la suma de 2.500 millones de pesos.

Dicho adelanto, que se hará efectivo a partir de la semana próxima, permitió acortar los plazos del cronograma de pago a agentes estatales. Lo confirmó desde Buenos Aires el titular del Ministerio de Economía de la provincia, Walter Agosto.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal sobre coparticipación federal a provincias, revela que en Santa Fe -a excepción del año de la crisis en 2002- la administrción nacional kirchnerista (2003 a 2015) le remitió los menores montos de transferencias automáticas como porcentaje de la recaudación total de impuestos nacionales, sin seguridad social ni comercio exterior.

La cifra osciló entre 3,1 y 3,5 % de esa proporción. En 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirle a Santa Fe el 15 % de la coparticipación que ilegalmente recortaron los gobiernos de Néstor y Cristina, el reparto trepó a 4 % y se mantiene en 4,1 % desde 2018.

Según repasa el Iaraf en el trabajo que firman Nadin Argañaraz y Ariel Barraud, las provincias fueron perdiendo “participación primaria” en los ‘90. Fueron los pactos fiscales de Menem-Cavallo para financiar el déficit de la Anses; fue entonces que se recortó el 15 % de la coparticipación a todas las provincias mediante “leyes convenio”. Desde 2006 Santa Fe dejó de consentir ese recorte porque la seguridad social tenía superávit (se nacionalizaron las AFJP); pero Néstor y Cristina continuaron efectuando recortes unilateralmente al dinero de los santafesinos.

Córdoba, que también hizo el reclamo como Santa Fe, también se benefició con una sentencia de la Corte nacional. La demanda a la que fueron juntos Hermes Binner, Jorge Obeid y Carlos Reutmeann tuvo su fallo a favor en noviembre de 2015, pero en la gestión Macri -si bien se restituyeron las cuotas mensuales- la deuda acumulada no se pagó. La administración Lifschitz calculó que -actualizada- es de unos $ 90 mil millones.

La Nación desestimó ese cálculo y ahora es otra vez la Corte la que tiene -en el manejo de sus tiempos discrecionales- el gatillo legal para decidir cuánto Alberto Fernández le pagará a Omar Perotti. La Casa Gris se escuda en esa indefinición, y mientras tanto le pide “adelantos” al gobierno nacional (su deudos) por $ 8 mil millones.

Foto: Infografía El Litoral

El deterioro de las cuentas provinciales en general, frente al gobierno central, se produjo en los ‘90 junto a las transferencias de los sistemas de salud y educación durante el menemato. A eso se sumaron “la asignación específica de impuestos y la sucesiva inclusión de impuestos no coparticipables o con un elevado porcentaje no coparticipable (el caso del impuesto al cheque en 2001)”.

Así, lo que era tradicionalmente mitad-mitad para Nación y provincias, pasó a ser 60-40 en detrimento de los distritos subnacionales. Hasta que llegaron los fallos como los de Santa Fe y el pacto fiscal del macrismo con los gobernadores. Eso más la restitución del “Fondo de Reparación Histórica” para Buenos Aires y un decretazo de Mauricio Macri que elevó del 1,4 % al 3,75 % (luego bajó a 3,50 %) la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la excusa del traspaso de la Policía Federal.

De esta manera, durante la presidencia de Mauricio Macri, “la participación del Consolidado provincias + CABA” en la coparticipación fue “la más alta de los últimos 27 años”. Iaraf estima que “esta participación volverá a subir (o lo que es lo mismo, la participación del Tesoro Nacional volverá a bajar), en tanto que es el último año de restitución gradual de la precoparticipación”. (devolución del 15 % a todas las provincias).

Foto: Infografía El Litoral

Detalla Iaraf que “La participación máxima de provincias en la coparticipación primaria fue de un 48,6% en 1993. Tocó un  piso del 35,7% en el año 2002. Entre el año 2015 y el año 2019 la participación de las provincias + CABA en la masa de recursos recaudados a nivel nacionales (sin los recursos de Seguridad Social y del Comercio Exterior) aumentó nada más y nada menos que 9,1 puntos porcentuales, pasando del 40,5% al 49,6%”.

Iaraf resume que en los últimos 4 años “se pudo apreciar un claro aumento en la participación de las provincias en los recursos recaudados por impuestos nacionales,que tuvo como contrapartida, como no podía ser de otra manera, una resignación de participación del nivel nacional (Tesoro nacional y ANSES)”.

Explica el informe que “tres elementos clave contribuyeron a esta modificación: la restitución a provincias de la precoparticipación del 15% de la masa coparticipable bruta, el aumento del coeficiente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la reposición a la provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano Bonaerense bajo las condiciones del consenso fiscal de 2017.

“Si sólo se hubiera producido la devolución de la precoparticipación, el aumento de la participación de provincias en 2020 cuando se complete la misma no hubiera producido modificaciones en el reparto interprovincial. La suba del coeficiente de CABA y el Consenso Fiscal llevaron a que la mayor participación de las provincias se distribuyera asimétricamente a favor de CABA y la provincia de Buenos Aires, respectivamente”.

El sistema de coparticipación de impuestos actualmente vigente, está fundado en una Ley (23.548 del año 1988) y sus modificatorias y complementarias, “las cuales -advierte Iaraf- están permanentemente sujetas a debate en tanto que no se apoyan en bases objetivas para establecer el reparto de recursos, a la vez que por mandato constitucional en la Reforma de 1994 debieran haber sido reemplazados en 1996 por un nuevo arreglo institucional.

El reparto de recursos entre el nivel nacional y las provincias se denomina distribución primaria, mientras que el reparto de los fondos que les toca a las provincias entre las propias jurisdicciones se denomina distribución secundaria. En ambos casos, considerados individualmente, se trata de “juegos de suma cero”, es decir que en el reparto primario todo lo que ganen de participación las provincias lo resignará el nivel federal (y viceversa), y en el caso de la distribución secundaria, el aumento de la participación de una jurisdicción sólo podrá ocurrir si cae la porción que se lleva el resto.