El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a la intendenta Mayra Mendoza por el manejo irregular de unos $535 millones que la Municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas de trabajo.

También se imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. La fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.

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La investigación no solo apunta a Mendoza, una de las referentes de La Cámpora, sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.

La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

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Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa. Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

Denuncian que el Gobierno de la Ciudad pone en peligro la continuidad del Programa Veredas Limpias, que se ejecuta desde hace 15 años, y contempla tareas de limpieza y desinfección en espacios públicos.

Distintas organizaciones sociales se concentraban esta mañana en las inmediaciones del Obelisco, donde reclaman por la continuidad laboral de 2500 cooperativistas del Programa Veredas Limpias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nos estamos concentrando porque nos encontramos en estado de alerta y movilización, a raíz de un conflicto generado por el Gobierno porteño, que pone en peligro la continuidad laboral de 2500 cooperativistas del Programa Veredas Limpias”, informaron las organizaciones convocantes en un comunicado de prensa conjunto.

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El Programa Veredas Limpias se ejecuta hace hace quince años a través de la firma de convenios anuales con las organizaciones sociales y quienes realizan tareas de limpieza y desinfección en espacios públicos y reciben un ingreso mensual que ronda los 11 mil y 16 mil pesos.

Entre otros, convocan a la protesta las organizaciones Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), FeNaT CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Movimiento La Dignidad Confluencia, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma.

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Las organizaciones sociales señalaron que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta “pretende desvincularnos y conformar polos textiles, con convenios que tendrían tan sólo cuatro meses de duración, donde las propias Cooperativas deberán absorber los costos de maquinarias e insumos para su producción”.

Se trata de un instrumento de financiamiento que destinará 10 millones de pesos a proyectos que incentiven la innovación como motor de desarrollo, haciendo eje en las poblaciones vulnerables o regiones con capacidades productivas poco desarrolladas. Hay tiempo hasta el 24 de noviembre para presentar proyectos.

La Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó ante más de 40 cooperativas de la provincia las nuevas convocatorias de subsidios en el marco del programa Santa Fe de Pie. Las mismas demandan una inversión de 10 millones de pesos y están destinadas a proyectos que incentiven la implementación de prácticas tecnológicas e innovadoras para el desarrollo social y territorial.

Se trata de la herramienta de promoción “Proyectos Orientados a la Economía Social – POES 2020”, que se instrumentará por primera vez. Pueden acceder a ella cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y comunidades aborígenes, en vínculo con el sector científico y tecnológico.

A través de POES se financiará en concepto de Aporte No Reintegrable un monto de hasta un millón de pesos. Los proyectos asociativos que pueden presentarse deben tener como fin la producción y/o aplicación de conocimientos y nuevas prácticas tecnológicas para fortalecer las capacidades tecnológicas, de competitividad y productivas, con eje en poblaciones vulnerables, microemprendimientos, pequeños productores, y/o regiones con capacidades productivas poco desarrolladas.

“Por primera vez la provincia lanza una convocatoria destinada a proyectos de la economía social. Creemos profundamente que la ciencia tiene que llegar a todo el territorio y en ese sentido, las cooperativas y asociaciones son aliadas importantes”, destacó durante la presentación la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima.

“La ciencia para el Desarrollo significa que todo el mundo entienda la importancia de los proyectos de ciencia. Queremos aprender del mundo cooperativo para instalar las asociaciones en todos los proyectos”, agregó Baima.

Por su parte, el director Provincial de Economía Social, Emprendedurismo y Agricultura Familiar, Guillermo Tabernier, remarcó la importancia de este lanzamiento de convocatorias y valoró: “esta es una muy buena noticia para el sector de la economía social, genera una oportunidad para impulsar procesos de desarrollo social y territorial, promover la inclusión y la diversidad, y fortalecer las capacidades tecnológicas y comerciales. El cooperativismo es una herramienta para el desarrollo, celebramos que se considere a los proyectos de la economía social como aliados estratégicos, entendiendo el rol fundamental de las cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico y que están presentes en la mayoría de las localidades provinciales”.

La convocatoria está abierta hasta el día 24 de noviembre y se valorará el impacto de cada proyecto para la promoción del desarrollo territorial y que esté garantizada la diversidad de género en los equipos de trabajo.

Participaron del encuentro que se realizó de manera virtual, por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, la subsecretaria de Proyectos Científico-Tecnológicos del, Eva Rueda y la subsecretaria de Gestión y Planificación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcela Tain; la presidenta de la Cooperativa Communitas, Camila Bettanin.

Para conocer más información sobre la convocatoria y las bases y condiciones para aplicar, hacer clic acá. Para consultas, enviar mail a consulta-agencia@santafe.gov.ar

La Ley presentada por el diputado Maximiliano Pullaro, busca poner en igualdad de condiciones a Aguas Provinciales y cooperativas. La primera recibe subsidios por la prestación del servicio y las otras no. El costo lo termina pagando el usuario, ya que las cooperativas no lo pueden absorber.

El gobierno provincial otorga un beneficio económico a Aguas Provinciales para subvencionar la tarifa de los usuarios en municipios y comunas en donde presta el servicio. Ese mismo beneficio no los perciben las Cooperativas que brindan la prestación en localidades donde la empresa no lo hace. Esto pone en clara desventaja a aquellos santafesinos y santafesinas que viven en localidades en donde ASSA no llega y el servicio es prestado por el cooperativismo, ya que estas últimas no pueden absorber el costo y se traslada al consumidor. A partir de la creación del Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios (FESS)

“Un usuario que vive en una ciudad o en un pueblo donde el servicio lo presta Aguas Provinciales, paga menos que aquél que lo recibe de una cooperativa. Este desfasaje se debe a que la Provincia otorga una compensación económica a Aguas y no hace lo mismo con las cooperativas.” Expresó el líder de la bancada radical. “Esta Ley busca corregir esa diferencia poniendo a todos los santafesinos en igualdad de condiciones.” Añadió.

La iniciativa establece un mecanismo compensatorio de los aportes que el Estado Provincial destina a la empresa AGUAS SANTAFESINAS S.A.; hacia las Cooperativas de Servicios y Municipios y Comunas- prestatarias de los servicios públicos de agua potable por red y/o desagües cloacales.

Tiene como objetivo promover un servicio de agua potable por red y desagües cloacales de calidad equivalente y tarifa uniforme para todos los ciudadanos santafesinos, garantizando el sostenimiento y la sustentabilidad de todos los prestatarios de los servicios sanitarios antes mencionados, equiparando los recursos provinciales destinados para este fin en todo el territorio provincial.

“El proyecto surgió de las reuniones que mantuvimos con miembros de distintas cooperativas. Nos manifestaron la situación, la imposibilidad de compensar el desfasaje que se producía con ASSA y comenzamos a buscar una alternativa desde el Bloque de la UCR.” Detalló Pullaro quien esta semana ingresó la iniciativa a la Cámara de Diputados.

El Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios estará integrado por una partida presupuestaria anual equivalente al 69,2% sobre el aporte del Tesoro Provincial, que se asigne a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. Todo aporte extraordinario equivalentes al 69,2% según la formula instituida, que por ajuste, actualización o asignación específica se otorgue a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) por sobre la partida presupuestaria prescripta en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del anterior inciso, estableciéndose expresamente la previsión presente en la misma norma.

El porcentaje establecido surge de la relación de cantidad de habitantes de localidades por fuera del área concesionada por sobre los del área prestada por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA); y será por la autoridad de aplicación como consecuencia de los cálculos resultantes de los datos actualizados que arrojen los nuevos censos nacionales de población. De la misma manera la autoridad de aplicación efectuará las modificaciones pertinentes consecuencia del reconocimiento de nuevos prestatarios de los servicios sanitarios objeto de la presente.

Los recursos del FESS se asignarán como Aportes No Reintegrables, bajo un criterio de distribución proporcional a la población total de cada localidad servida por los prestatarios fuera del área concesionada por la Ley 11.220, de acuerdo a los índices del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina -INDEC-, según lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley.

El Proyecto estipula que El Poder Ejecutivo reglamente la Ley en el término de 60 días de aprobada.