Mediante la Disposición 8618/2024, publicada el martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un jabón blanco líquido que se encuentra disponible en varias plataformas de ventas digitales.

Esta medida surgió tras una denuncia presentada ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, que cuestionó la legitimidad del producto.

Detalles

El jabón blanco líquido en cuestión es de la marca “Más Vida”, que se describe en su etiqueta como “Hipoalergénico, ecológico, sin parabenos ni conservantes. Apto para lavarropas automático y lavado a mano”.

Sin embargo, tras la evaluación realizada, quedó prohibido su “uso, comercialización, publicidad y distribución” en todo el territorio nacional, así como en plataformas de venta electrónica.

La resolución de la Anmat señala que el departamento correspondiente “verificó que el producto cuestionado no se encuentra inscripto ante la Anmat y que el rótulo no cuenta con datos identificatorios del establecimiento responsable habilitado por administración”. Esto significa que el producto no cumplía con las normativas necesarias para su comercialización, lo que llevó a la prohibición.

Protección al consumidor

La decisión de la Anmat se fundamenta en la necesidad de “proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura”.

En este sentido, se enfatiza que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que puedan ser comercializados de manera segura.

Además, la falta de registro y de información clara sobre el fabricante plantea serios riesgos para los consumidores.

Por su parte, los enlaces que permitían la comercialización del jabón “Más Vida” fueron enviados a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de la Anmat.

Los productores misioneros realizaron una protesta con cese de comercialización y pidieron que el precio de la hoja verde pase de $230 a $500.  

Con un incremento de esta magnitud, el precio de la yerba mate en góndola sufriría un incremento superior al 100%. 

Parece como si hubieran pasado años, pero en realidad fue hace muy poco tiempo. En octubre del 2023, el Gobierno de Alberto Fernández estableció el precio de la yerba mate en $169 con aumentos escalonados hasta llegar a $250 en marzo de 2024.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) advirtieron que el proceso inflacionario de los últimos meses incrementó los costos productivos, donde la mano de obra, los fertilizantes y herbicidas, el combustible, los neumáticos y repuestos de maquinaria tallan fuerte en las estructuras económicas de cada explotación agrícola. 

Al afrontar estos incrementos, los productores se ven obligados a trabajar por debajo del costo de producción y ante la necesidad de revisar los precios de venta.

Claudio Hacklander, director del INYM por parte de la producción, aseguró a Ámbito que comenzaron el año realizando reuniones en varias zonas yerbateras para debatir acerca de cómo lograr que se les pague un precio justo por la yerba mate. 

Es que con los altos niveles de inflación cualquier precio pactado con anterioridad queda retrasado y el negocio productivo carece de rentabilidad.

Hasta hace pocos días un productor cobraba $ 210 por kilo de hoja verde, es decir que el eslabón primario recibía un 10 % del precio que un consumidor paga por la yerba mate en góndola.  

Según conversaciones previas, a partir de ahora debería concretarse un incremento del 10 % que se repetiría mes a mes hasta mayo. Es decir que el precio de la materia prima debería pagarse $ 230, sin embargo queda claro que ese incremento queda extremadamente corto sólo con tener en cuenta que en diciembre la inflación general fue del 30% y que en enero se presume que sería cercana al 20%. 

Con estos números, es imposible creer que quien produce pueda mantenerse en el sistema con una suba de apenas 10% en el precio que recibe por lo que hace.

Para saber cuál es el precio real que necesitan los yerbateros para tener rentabilidad, se reunieron todas las asociaciones de productores y los autoconvocados, trabajaron en sus grillas de costos y resolvieron que para las entregas de febrero y marzo deberían cobrar $505 por kilo y revisar nuevamente transcurridos esos meses en función de los incrementos inflacionarios que informe el INDEC.

Hoy en día un paquete de yerba de un kilo oscila entre los $2800 y $3200, dependiendo de la marca, el lugar de venta y la variedad que se busque, con lo cual -si seguimos una lógica aritmética- un incremento de más del 100 % llevaría el producto por encima de los $6.000/Kg.

Al ser consultado sobre este tema, Hacklander señaló que el incremento de aproximadamente $ 200 en el producto bruto no debería tener un gran impacto en la góndola, sin embargo en la práctica las subas de precio no funcionan de esa manera sino que obedecen a la ley de oferta y demanda y a la realidad argentina, donde fundamentalmente los productos de la canasta alimentaria suelen sufrir incrementos más altos que la propia inflación mensual.

El espacio nuclea a los actores que trabajan en la temática. Se empezó a planificar una agenda con acciones de concientización.

Con el fin de promover y defender los derechos de las vecinas y los vecinos en los diferentes barrios de la ciudad, se pone en marcha el programa “Los derechos en tu barrio”. Se trata de una iniciativa de escucha y asesoramiento en materia de convivencia, derechos humanos y de consumidores que impulsa la Municipalidad y que se llevará a cabo en las Estaciones de la ciudad.

A través de esta propuesta de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, se busca garantizar en cada barrio el acceso a herramientas de promoción y defensa de derechos. Comienza hoy -martes 24- en la Estación de Coronel Dorrego, de 9 a 11.30, y en la de Loyola, de 11.30 a 13.

La iniciativa busca descentralizar los servicios municipales enfocados en derechos ciudadanos con el fin de acercarle a las y los santafesinos la información necesaria para empoderarse como consumidores, usuarios o inquilinos. “Los derechos en tu barrio” tiene como objetivo potenciar lo logrado en esta materia, y llevarlo a cada rincón de la ciudad. En cada lugar, intervendrán especialistas que trabajan desde lo local en estas temáticas.

Al respecto, el director de Derechos y Vinculación Ciudadana, Franco Ponce de León, resaltó: “Desde el comienzo de la gestión fue un objetivo, e inclusive un pedido del intendente Emilio Jatón, brindar herramientas para lograr articular la relación entre el gobierno local con las y los ciudadanos”.

En tal sentido, el funcionario afirmó: “Con esta propuesta, estamos garantizando la vinculación ciudadana, poniendo en el eje la dificultad de algunos sectores para acceder a las oficinas situadas en el centro, sin perder de vista, además, que por lo general quien nos necesita es aquel que ya encuentra alguno de sus derechos vulnerados; esto nos mueve a llevar adelante la escucha activa en las Estaciones, que son espacios de encuentro y convivencia”.

Cronograma

Las áreas que participarán de la iniciativa son: Oficina de Información y Protección a Usuarios y Consumidores, la Oficina del Inquilino, Mediaciones Comunitarias, y la Dirección de Derechos Humanos e Integración.

El cronograma es el siguiente:

– Martes 24 y 31 de agosto, y 7 de septiembre: de 9 a 11.30 horas en la Estación Coronel Dorrego (Larrea 1735).

– Martes 24 y 31 de agosto, y 7 de septiembre: de 11.30 a 13 horas en la Estación Loyola (Furlong 8400).

– Miércoles 25 de agosto, y 1 y 8 de septiembre: de 9 a 11.30 horas en la Estación Alto Verde (Manzana 6).

– Miércoles 25 de agosto, y 1 y 8 de septiembre: de 11.30 a 13 horas en la Estación Varadero Sarsotti (Tacuaritas S/N).

– Jueves 26 de agosto, y 2 y 9 de septiembre: de 9 a 11.30 horas en el Distrito Noreste (Avenida Aristóbulo del Valle 9260).

– Jueves 26 de agosto, y 2 y 9 de septiembre: de 11.30 a 13 horas en la Estación San Agustín (Fray Francisco de Aroca 9549).

Cabe destacar que en la sede de calle Salta 2840, como también por oficina virtual, se pueden realizar las consultas, denuncias y reclamos de manera gratuita, recibiendo asimismo el asesoramiento jurídico y la asistencia profesional para su resolución, a través de derivaciones, mediaciones, facilitaciones y conciliaciones según corresponda.

El índice de confianza de los consumidores de Alemania cayó a menos 15,6 puntos debido a las restricciones impuestas en diciembre para contener la propagación del coronavirus, según un estudio divulgado hoy por el instituto de investigación de mercado GfK.

“La disposición a comprar se desploma”, indicó GfK sobre el pronóstico de consumo para febrero.

El estudio detalló que aproximadamente cuatro de cada cinco habitantes de Alemania (81%) considera que la pandemia supone una amenaza grande o muy grande para el país, la cifra más alta registrada desde que se comenzó a realizar este tipo de encuesta a mediados de abril de 2020.

Además, el 54% dijo estar preocupado por sus futuros ingresos y perspectivas económicas, debido al temor a una oleada de quiebras en los sectores más afectados por la pandemia que lleve a un incremento del desempleo.

“El cierre de los restaurantes y de gran parte del sector minorista a mediados de diciembre golpeó al consumo con tanta fuerza como lo hizo durante el primer cierre en la primavera boreal de 2020”, indicó el experto de GfK, Rolf Bürkl, según la agencia de noticias DPA.

En la primavera boreal de 2020 el consumo cayó por debajo de -20, luego se recuperó hasta casi cero durante el verano y ahora volvió a caer a -15,6.

La confianza de los consumidores en Alemania suele ser estable, situándose en torno de los +10 puntos.

El clima de consumo se enfrenta a tiempos difíciles en el primer trimestre de este año, y la recuperación que muchos esperan para este año tardará en llegar, sostuvo Bürkl.

“Para una recuperación sostenible, es necesario que las cifras de contagios desciendan más de lo que lo han hecho hasta ahora para que las medidas (restrictivas) puedan suavizarse notablemente”, añadió.

Los resultados del informe de GfK son un extracto de un estudio encargado por la Comisión Europea, realizado en base a unas 2.000 entrevistas a consumidores entre el 7 y el 18 de enero.

Las empresas deberán instalar en su página web un “botón de arrepentimiento” para simplificar el derecho de los consumidores a revocar una compra o devolver un producto que se haya adquirido de manera online, en base a una resolución tomada por la Secretaría de Comercio Interior y publicada hoy en el Boletín Oficial.

La empresas contarán con un plazo de 60 días corridos a partir de hoy para que adecúen sus sitios de Internet de acuerdo a los términos establecidos en la medida.

La resolución apunta a transparentar y facilitar la devolución y reembolso de las transacciones y se enmarca en el derecho que está establecido en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la nación Ley 26.994.

La Ley 24.240 establece en el artículo 34 que en las ventas “por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar” el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de diez días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna.

En tanto, el Código Civil y Comercial de la nación Ley 26.994 señala en el artículo 1.110 que “en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración del contrato”.

De este modo, la resolución publicada hoy por la Secretaría de Comercio Interior complementa esto para simplificar el trámite en favor de los consumidores.

El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último.

En la resolución, Comercio Interior indicó que en “en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social, cobran relevancia los conflictos en las relaciones de consumo en entornos digitales, fundamentalmente se suscitan por problemas de información por parte de los proveedores a las y los consumidores”.

Subrayó que, “en la relación de consumo, las y los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, teniendo en cuenta que el derecho a la información es uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre consumidoras, consumidores y proveedores”.

Consultado por Télam, el director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, dijo que a partir de la resolución se encuentran “analizando el tema”, para evaluar la implementación de la medida.

De acuerdo con información de la cámara, la facturación de empresas de comercio electrónico creció 106% en el primer semestre, en cierta medida por la mayor utilización del canal desde el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, el representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, dijo a Télam que la iniciativa “es positiva, es una medida que contempla derechos de los usuarios y consumidores”.

Polino consideró que al brindar más tranquilidad al consumidor sobre la posibilidad de revocar la compra “eso puede aumentar las ventas” y afirmó que los mecanismos de devolución funcionan bien en otros países “sobre todo en los europeos”.

“Siempre desde las cámaras empresarias tratan de ver el aspecto negativo de las medidas, todo depende en qué vereda uno se pone; en las relaciones de consumo hay intereses contrapuestos”, observó.

Consideró que “lo que hay que poner a tono en Argentina es el órgano al que uno va a llevar el tema en caso de incumplimiento por parte de la empresa, es ahí donde tenemos los problemas los consumidores, en los organismos de control”.

“Es importante dotar a los organismos de control de los elementos tecnológicos y humanos necesarios para que en caso de incumplimiento obliguen a las empresas a cumplir”, añadió.

Por otra parte, Polino dijo que “todas estas medidas están destinadas fundamentalmente a los sectores más jóvenes, son los que tienen acceso a la tecnología” y afirmó que “habría que habilitar mecanismos que faciliten a adultos mayores para acceder a la defensa de sus derechos”.

La norma dispone que el “botón de arrepentimiento” debe alojarse en la página de inicio del sitio de Internet institucional de los proveedores de productos y servicios, o en la sección principal de las aplicaciones.

El mismo deberá contar con un link de acceso fácil y directo, que deberá ocupar un lugar destacado, que no deje dudas respecto del trámite seleccionado.

A partir de la solicitud de revocación de la aceptación, el proveedor dentro de las 24 horas y por el mismo medio, deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento o revocación.

Esta medida se suma a otra disposición tomada el mes pasado por Comercio Interior, cuando estableció a través de la Resolución 271/2020 que las empresas que proveen servicios a través de Internet deben publicar y exponer de manera accesible en la página principal de sus sitios web los contratos de adhesión y el botón de baja de usuarios.

Además de las empresas de telefonía fija y móvil, las de internet, las de radiodifusión por suscripción y las de medicina prepaga que hasta ahora estaban obligadas a visibilizar el botón de baja, se agregaron las suscripciones a diarios y revistas, en soporte papel o digital, y de bases de datos.

También se incorporaron los servicios de asistencia al viajero; los de emergencias médicas o traslados sanitarios de personas; la asociación a clubes y gimnasios; las tarjetas de crédito emitidas por empresas no bancarias; y las donaciones periódicas con débito automático a asociaciones civiles.