A partir de este lunes, se venció el congelamiento de los aumentos de los créditos hipotecarios UVA, que había sido dispuesto dispuesto primero por el ex presidente Mauricio Macri y luego por su sucesor Alberto Fernández.

Desde hoy, el 1º de febrero, las cuotas volverán a actualizarse y los deudores también deberán comenzar a pagar la deuda pendiente de los meses anteriores, donde estuvo vigente el congelamiento.

Los aumentos que los deudores comenzarán a pagar en febrero serán “escalonados”, de acuerdo a un esquema de convergencia al nivel del UVA vigente que ya estaba contemplado en el Decreto 767 publicado el 24 de septiembre pasado en el Boletín Oficial.

Extensión del congelamiento de las cuotas de créditos UVA

Según cifras oficiales, hay unos 105.000 préstamos hipotecarios otorgados bajo la modalidad UVA, de los cuales el 70% fue otorgado por la banca pública.

De acuerdo con el monto recibido, hay casos –como los créditos para vivienda única menores a 120.000 UVA– donde el congelamiento arrancó en agosto de 2019 y otros en marzo de 2020. Según detalló la semana pasada el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el aumento de las cuotas oscilará entre el 6% y el 9% e irán convergiendo a lo que estipula cada contrato entre febrero y julio de 2022.

Los bancos descongelarán las cuotas de manera gradual hasta llegar a agosto de 2022, donde el valor de la UVA respetará la cotización del momento. Mientras que las diferencias de lo que no se cobró durante todo este período de congelamiento se pasará al final de los préstamos vigentes.

El Decreto 767 también estableció que la cuota no podrá superar el 35% del ingreso familiar. En ese caso, la diferencia también podrá pasar a extender el plazo final del crédito. Sobre este punto, el Gobierno está trabajando en una normativa que saldría en los próximos días y que además de reforzar esta exigencia, dará precisiones respecto de los parámetros que se tendrán que tener en cuenta.

Es decir: qué ingresos, qué parte de la cuota se mide, qué sucede con lo que no se paga, entre otros detalles.

Por otra parte, en el Gobierno señalaron que de acuerdo al último registro publicado por el Banco Central para créditos hipotecarios, de agosto de 2020, la mora de los créditos UVA es de 0,8%, y, a pesar de la pandemia, solo se incrementó 0,2 puntos porcentuales interanual.

El fin de semana, en varios puntos del país, hubo protestas de los deudores hipotecarios contra el descongelamiento de las cuotas. Una de las manifestaciones se llevó a cabo en la Quinta de Olivos, donde pidieron una “solución definitiva” y una reestructuración del sistema de crédito.

El Decreto 767 también estableció que la cuota no podrá superar el 35% del ingreso familiar. En ese caso, la diferencia también podrá pasar a extender el plazo final del crédito

Desde la agrupación Hipotecados UVA señalaron que el esquema de convergencia al valor del UVA vigente morigera las subas en las cuotas durante los primeros meses, pero en el caso de que durante 2021 haya una inflación del 3% mensual promedio, las cuotas subirían 65%, según explicó el abogado Marcelo Mercere.

“Es decir, los primeros meses suaviza, pero luego la cuota va convergiendo hacia el valor real según contrato y eso hace que la persona vaya pagando por encima de la inflación, hasta que en agosto de 2022 la cuota ya se va a calcular según el contrato. En cuanto a las diferencias generadas, se transforman a UVA y te agregan cuotas al final del crédito”, agregaro.

Créditos UVA: se trabajará en una fórmula que genere alivio

El DNU que permitía acceder a este beneficio para el locatario vence en septiembre. “El camino es la mediación para buscar equilibrios y no imponer decretos”, remarcó el Presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.

La Federación de Inmobiliaria de la República Argentina le está pidiendo públicamente al gobierno nacional que no extienda el congelamiento en los alquileres para evitar distorsiones en el golpeado mercado inmobiliario.

Eduardo Brigada, Presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, explicó por “El Cuarto Poder” los motivos de este pedido.

En primer lugar, sostuvo que “el DNU fue oportuno y paliativo. Hoy, ya no es necesario prorrogarlo. Hay que entender que la pandemia no va a terminar en un mes determinado; finalizará en el momento que esté la vacuna”.

Además, Brigada señaló que “para dar porcentajes, en julio, sólo el 8,5% de los inquilinos de alquileres habitacionales y el 23% en de los comerciales se acogió al congelamiento. Muy pocos quieren acumular deuda para octubre”.

Finalmente, el dirigente empresarial remarcó que “el camino es la mediación para buscar equilibrios y no imponer decretos. Los alquileres están ajustados a lo que se puede pagar. No hay margen para la especulación si la gente no lo puede pagar”.

Un informe de Idesa analiza cómo afectaría un DNU presidencial al sector con alta dependencia a la sostenida inversión. En la provincia de Santa Fe hay 557 mil conexiones fijas y 2,4 millones de accesos móviles a Internet. El 30,5 % de los hogares están “fuera de línea”.  

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino advirtió en un reciente informe que, tal como ya ha sucedido en la historia reciente por el congelamiento de tarifas eléctricas, el retraso en el precio del servicio de tecnologías de información y comunicación traería un deterioro en la calidad de conexiones a internet y en las señales de telefonía móvil.

“Con un Decreto de Necesidad de Urgencia, titulado Argentina Digital, el gobierno nacional estableció que las conexiones de internet y la telefonía móvil son servicios públicos esenciales. Con este encuadre legal, el Estado regulará una prestación básica universal y obligatoria y controlará los precios. En simultáneo, se estableció un congelamiento de tarifas de estos servicios más los de televisión por cable hasta diciembre”.

Idesa considera “pertinente” categorizar las conexiones tecnológicas como un servicio esencial. Pero en cambio advierte que el “diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación” podrían ser contradictorios, tal como lo demuestra el “caso paradigmático de la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares”.

El informe recuerda que sólo en el área metropolitana, entre 2003 y 2015, según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las tarifas residenciales se ajustaron un 36% “lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación”.

“Los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas (en todo el país) para compensar por este atraso tarifario pasaron de cero a $ 511 mil millones por año a precios actuales. Los reclamos de los usuarios pasaron de 56 a 1.889 por día”, recuerda Idesa.

La experiencia promete más costos para la realidad santafesina. Ante la consulta de El Litoral, el director de Idesa –Jorge Colina- estimó que dos tercios de aquellos subsidios fueron para el área metropolitana del Gran Buenos Aires. “El costo para el interior es la inflación, porque la Nación está subsidiando con déficit y lo está financiando con emisión”.

Señaló que también en materia de tecnologías de conexión, “si mantiene el congelamiento, y es lo más probable, va a caer la calidad. Además, los subsidios a empresas digitales van a agrandar el problema fiscal e inflacionario; los grandes beneficiados van a ser los habitantes del Amba por la discrecionalidad de las decisiones. Se beneficiará más a Buenos Aires que a otras provincias”, sostuvo.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en la provincia de Santa Fe cayeron 0,6 % las conexiones fijas a Internet, que alcanzaron 557.952 puntos de acceso residencial al servicio. En el territorio hay 2,4 millones de conexiones móviles, siempre de acuerdo al Indec.

“Cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio”.

OBJETIVOS Y ESCOLLOS

El desafío en la prioridad que se impuso Omar Perotti tiene números. El mismo gobernador informó que 30,5 % de los hogares no tienen conexión (fija o móvil) a Internet y que sólo el 18,9 % cuenta con una buena conexión. Apenas 28 % de las escuelas públicas tiene acceso a Internet para uso pedagógico. Más de la mitad de los alumnos santafesinos (383.954) no tienen herramientas digitales en el aula. A las escasas reservas, la alta inflación y el financiamiento incierto, se le suma el congelamiento de tarifas que desalienta la inversión. Eso sin contar el lento paso del proyecto de ley en el Senado.

El diagnóstico santafesino

En el Senado santafesino, la reconversión de la empresa de Gas Enerfe en Santa Fe Redes y Servicios no tiene un presente muy activo. Pero el gobernador Omar Perotti ha creado por decreto el Programa Estratégico de Conectividad de Santa Fe, que procura el acceso universal a un servicio de calidad.

Sergio Bleynat, subsecretario de Tecnologías para la Gestión de la provincia, y responsable del programa, señaló que la iniciativa está en etapa de diagnóstico para determinar “cuál es la realidad en el territorio y cómo ven la problemática” tanto las empresas privadas como las cooperativas, así como Arsat (la empresa nacional tiene red de fibra óptica) y el Enacom, que es autoridad de aplicación del decreto presidencial que encuadró al sector como servicio público esencial en competencia.

“Tenemos el trazado de la red, dónde están desplegados los nodos, hay muchos actores trabajando fuerte para mejorar las condiciones tecnológicas”, explicó el funcionario. Consultado sobre cómo afectará el congelamiento tarifario al programa santafesino, en un contexto de restricciones de divisas ante insumos en su mayoría importados, confió en que el Enacom asumirá una política especial ante el tema y recordó que la provincia está buscando financiamiento para sus fines.

“El estado nacional contemplará el tema. Nadie quiere que los empresarios pierdan plata ni que el servicio se vea debilitado”, expuso. Bleynat señaló que el Estado santafesino procurará el acceso a sectores sociales que no pueden pagar el servicio. Y explicó que la empresa pública se encargará de una red propia y de las conexiones a la propia administración pública, escuelas, hospitales y policía, preservando datos sensibles como historias clínicas o comunicaciones de seguridad y vigilancia.

“Trabajamos en contacto con Arsat, Enacom, la jefatura de ministros, tratando de alinearnos con las políticas nacionales”, subrayó Bleynat. Refirió a una red de fibra óptica propia de Santa Fe pero insistió en que “en el despliegue de la última milla no competimos”, excepto en lugares “donde los privados decidan no invertir”.

Resaltó que los empresarios “han hecho el esfuerzo desde el primer momento” y “no sería lógico en un escenario con recursos finitos” que el Estado les haga competencia. “Es un tema delicado y merece un análisis serio y responsable de cada caso. Lo que puedo decir que Santa Fe es una de las capitales con peor relación entre el ingresos salariales y precio de conectividad”

Lo resolvió el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Es para mitigar los perjuicios económicos durante la cuarentena. Se ratificó el cierre de shoppings, bingos y casinos; y el no dictado de clases en todos sus niveles.

El Poder Ejecutivo resolvió congelar por 120 días más los cuadros tarifarios de los servicios esenciales en la provincia. La medida regirá tanto para la Empresa Provincial de la Energía, como para Aguas Santafesinas S.A. Y se hará extensiva a los valores del peaje de la autopista Santa Fe-Rosario, y de los demás corredores viales provinciales comprendidos en el régimen de la ley 11.204.

La decisión está contenida en el decreto Nro. 323 firmado este miércoles por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Infraestructura Silvina Frana, y al que pudo acceder El Litoral.

Fundamentos

Según plantea el texto en sus considerandos, “las medidas fueron dispuestas para contribuir a la atención de la situación de vulnerabilidad económica y social de la población y a dar viabilidad a los sectores productivos, en cuanto a aliviar el peso de los gastos vinculados a las tarifas de los servidos públicos”.

Se trata, dice el decreto, de mitigar el peso de “la economía de los hogares santafesinos, y de la estructura de costos de las empresas, industrias y comercios de la provincia”.

Asimismo, recuerda la norma que en el marco de la pandemia se resolvió que ni ASSA ni EPE podrían “disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios, en caso de mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 10 de marzo de 2020”.

La disposición cita jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que establece que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados, con especial atención en los sectores más vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria”.

Por todo ello, se resuelve mantener los cuadros tarifarios vigentes por los próximos cuatro meses.

Sin clases

En otro orden, el Ministerio de Educación ratificó que se mantiene la suspensión del dictado de clases presenciales en los establecimientos de gestión oficial y privada de todos los niveles y modalidades, hasta tanto el gobierno nacional disponga lo contrario en forma total, parcial o paulatina.

Además, se prorroga por el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cierre al público de shoppings y la actividad de casinos y bingos que funcionen en el territorio provincial.

Municipios controlan precios

La provincia confirmó que, como surge de la normativa nacional correspondiente, el Ejecutivo delegó en los municipios y comunas la facultad de ejercer las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo precios. Dichos controles serán sobre hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas, supermercados mayoristas y demás establecimientos comerciales.

En ese marco, los gobiernos locales pueden recibir denuncias, realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales, labrar actas de infracción mediante inspectores autorizados al efecto, formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de prueba y disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.

El 25% del monto que la autoridad provincial efectivamente perciba en concepto de multa será asignado al municipio o comuna que emita el acta de infracción que justifique la aplicación de la sanción.

La clave: Intervención

El Poder Ejecutivo resolvió postergar por otros dos meses la intervención a la Empresa Provincial de la Energía. La medida inicial había sido adoptada a tan sólo días de que asumiera Omar Perotti como gobernador. El plazo había sido estipulado en 120 días que vencieron esta semana. Frente a ello, el gobierno decidió posponer la intervención. Según se explicó, la irrupción de la pandemia y la cuarentena “descontaron” días de ese plazo inicial, por lo que en acuerdo con los sindicatos del sector, se resolvió la prórroga.

Dato: Comité

La próxima semana sería convocado el Comité Provincial de Crisis. Según pudo saber El Litoral, la reunión sería entre martes y miércoles, con el objetivo de dejar constituido el organismo. Lo integran el gobernador de la provincia, Omar Perotti; y la titular del Senado, Alejandra Rodenas; y el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. Además, representantes de los comités departamentales.

Silvina Frana, ministra de Infraestructura

La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, sostuvo que la extensión del congelamiento se apoya en la normativa nacional y también se realiza al amparo de la ley de Necesidad Pública.

En tal sentido, en declaraciones a CyD Litoral admitió que “éstas y otras medidas van a generar perjuicios económicos al Estado, que esperamos se puedan resolver cuando salgamos”, pero que “hoy todo el esfuerzo está destinado a atender los casos y dar auxilio a la gente”.

De la misma manera, enmarcó prórroga de la intervención de la EPE en la situación de emergencia por la epidemia. “Lamentablemente esta circunstancia hace que acciones previstas o programadas se suspendan”, consignó.

Los concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto solicitando la adhesión de la Municipalidad al congelamiento de la tarifa de colectivos por 120 días dispuesto por el gobierno nacional y suspender la vigencia de la Ordenanza que delega en el Intendente la potestad de fijar la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

“Proponemos suspender por 120 días la vigencia de la Ordenanza que delega en el Intendente la potestad de fijar la tarifa del TUP, para de esta manera proteger el bolsillo de los usuarios mientras se articula una nueva política de subsidios con los otros niveles del Estado”, señaló el edil Eduardo Toniolli.

En la última sesión del 2019, el Concejo aprobó el proyecto de Presupuesto 2020 donde, con algunas disidencias del peronismo, se le delegaron al Ejecutivo las facultades para actualizar la tarifa del colectivo.

“En esta etapa de transición, creemos que el mejor lugar para lograr consensos en torno al sistema de transporte que Rosario necesita y sobre la forma de sostenerlo económicamente, es el Concejo, con la participación de los rosarinos y las rosarinas, a plena luz del día, de manera transparente y con los números en la mano, lejos de los acuerdos opacos con los que se viene gestionando el transporte de nuestra ciudad en los últimos años”, afirmó el secretario general del PJ rosarino, a través de su cuenta de Twitter.

Según recordó el edil, que presentó la iniciativa junto a Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, en 2015, con un Salario Mínimo se podían comprar 971 boletos en la ciudad, hoy solamente 519. “Esto explica en parte la caída de 26% de usuarios en 3 años, y hace imprescindible la revisión integral de una política de transporte que no solo perjudica a quienes lo utilizan a diario, estudiantes y trabajadores, sino también al mismo sistema, que está al borde del colapso”, indicó.

Por su parte, desde la Municipalidad le confiaron a Rosarioplus.com que están “a la espera” de reuniones pendientes con Nación para volver a poner sobre la mesa una serie de pedidos ya conocida, que incluso están en agenda desde antes del cambio de gobierno.

Lo que repiten desde el entorno del intendente -tal como ocurría en tiempos de Mónica Fein- es que se hace imperioso un “trato igualitario” para Rosario a la hora de repartir subsidios o beneficios para mantener el precio del boleto de transporte urbano a un precio accesible.