La Justicia argentina confirmó la condena de ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves en el marco de una causa que involucra a varias pacientes que sufrieron daños tras someterse a intervenciones quirúrgicas estéticas.

Lotocki, de 55 años, había sido condenado inicialmente a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 en febrero de 2022 por las lesiones que sufrieron sus pacientes, entre ellas Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi. Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena a ocho años en noviembre de 2023 al considerar que también había cometido el delito de estafa.

La condena se fundamentó en la falta de información proporcionada a las pacientes sobre los riesgos asociados con el uso de Polimetilmetacrilato (PMMA) en las intervenciones quirúrgicas. Además, se destacó la falta de empatía del médico hacia sus pacientes y la gravedad de los daños ocasionados.

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación también desestimó un recurso del médico para que interviniera otra sala de Casación.

Actualmente, Lotocki se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cumpliendo prisión preventiva en el marco de otra causa relacionada con el homicidio simple con dolo eventual de un paciente.

La Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra Felipe Pettinato por el abuso sexual de una menor de 15 años en marzo de 2018. Pettinato, hijo del famoso conductor, fue sentenciado a nueve meses de prisión en suspenso en abril del año pasado.

Según la sentencia, Pettinato deberá cumplir con ciertas medidas, como realizar tratamiento y fijar domicilio. La pena es en suspenso, por lo que no irá preso siempre y cuando cumpla con los requisitos impuestos. De lo contrario, podría enfrentar la cárcel.

El hecho ocurrió en la casa de su entonces pareja, Sofía Colosante, cuando Pettinato se levantó en la madrugada y se cruzó con la hermanastra de ella. 

La denuncia indica que Pettinato la tocó en sus partes íntimas por sobre sus prendas, lo que llevó a la denuncia tiempo después.

Un hombre de 34 años identificado como Rolando Ernesto Bianciotto Domínguez fue condenado a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido física y verbalmente a su madre, a la pareja de ella y a sus hermanos en la ciudad de San Cristóbal. La sentencia fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore estuvo a cargo de la investigación de lo ocurrido y también representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia en la que se resolvió la condena.

Bianciotto Domínguez admitió expresamente su culpabilidad en los hechos que le fueron atribuidos. Además, junto con su abogado defensor aceptaron las calificaciones legales seleccionadas por la Fiscalía, el monto de la pena y el procedimiento elegido.

Por su parte, las víctimas prestaron su conformidad con lo resuelto.

La fiscal Fissore indicó que "alrededor de las 23:30 del domingo 4 de febrero de este año, el condenado ingresó a la casa de su madre, la agredió físicamente y le provocó lesiones en el rostro". La funcionaria del MPA remarcó que "Bianciotto Domínguez actuó con pleno conocimiento y voluntad respecto al alcance de sus actos"

"En ese contexto violencia familiar, también amenazó de muerte a su madre mientras le exhibía un machete, con el que además causó daños en muebles y aberturas de la vivienda", añadió la fiscal.

Fissore señaló que "en ese momento llegaron al lugar tres hermanos del condenado, a los que también amenazó de muerte y les dijo que incendiaría la casa si lo denunciaban, al tiempo que le provocó lesiones con golpes de puño y con un cuchillo a uno de ellos".

"Las víctimas radicaron la correspondiente denuncia y se dispuso una prohibición judicial de acercamiento de Bianciotto Domínguez a su madre y de cese de todo acto de hostigamiento hacia ella", remarcó la fiscal. "Si bien el condenado fue notificado de la resolución judicial, al día siguiente volvió a ir a la casa de su madre, nuevamente la amenazó de muerte a ella y a su pareja".

Bianciotto Domínguez fue condenado como autor de los delitos de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo); lesiones leves dolosas simples; amenazas simples reiteradas; amenazas reiteradas y calificadas (por el uso del cuchillo); violación de domicilio; daños y desobediencia de mandato judicial.

El cineasta y comunicador científico Hashem Al-Ghali mostró este lunes en sus redes sociales su concepto de prisión futurista, donde los reos podrían cumplir sus condenas en minutos, en lugar de pasar años en una celda real.

En este innovador centro de detención, denominado 'Cognify', se buscará tratar a los prisioneros como pacientes. De acuerdo con Al-Ghali, a los presos se les implantará directamente en sus cerebros "recuerdos complejos, vívidos y realistas", los cuales serán generados en tiempo real a partir de contenido creado mediante inteligencia artificial (IA).

Al mismo tiempo explicó que, con base en la gravedad del delito y sentencia, estos recuerdos artificiales podrían ser adaptados a las necesidades de rehabilitación. El científico enfatizó que Cognify ofrecerá un nuevo método relacionado con la rehabilitación criminal, puesto que se transformará la manera "en que la sociedad trata a los delincuentes, al centrarse en la rehabilitación en lugar del castigo".

Elegir entre la realidad y la ficción

En un video compartido por Al-Ghali se describe el proceso que se seguirá para el uso de Cognify. En primer lugar, menciona que a los reclusos se les dará a elegir la opción de cumplir sus condenas en una celda o buscar ser rehabilitados rápidamente a través de la implantación de recuerdos artificiales.

En caso de que opten por utilizar el método de Cognify, los presos se someterán a escáneres cerebrales de alta resolución para elaborar un mapa detallado de sus vías neuronales. Este recurso permitirá que el dispositivo se enfoque en las regiones del cerebro que son responsables de la memoria, el razonamiento y el pensamiento lógico.

Recordar los crímenes desde la perspectiva de sus víctimas

Posteriormente, una vez que se identifiquen estas regiones cerebrales, se implantará el Cognify en la cabeza del detenido. Según la grabación, dentro de la mente del preso, el tiempo transcurrirá de forma "diferente y más lenta" en comparación con lo que sucedería en la vida real.

Esto les hará experimentar como si hubieran pasado varios años, aunque solamente fueran minutos. Por otro lado, se detalló que el dispositivo proyectará a los prisioneros los recuerdos de los crímenes cometidos desde la perspectiva de sus víctimas. Esto se realizaría con el propósito de provocar empatía y remordimiento en ellos.

Mientras los reos observan los recuerdos vívidos, una computadora central se encargará de recopilar los datos para determinar qué los motivó a cometer sus delitos. Se especifica que Cognify contará con almacenamiento cifrado para proteger la información personal de los presos, así como los datos de su rehabilitación.

"El concepto Cognify podría revolucionar el sistema de justicia penal, al reducir significativamente la necesidad de encarcelamiento a largo plazo y sus costos asociados", se precisa en el video, argumentando que en las prisiones tradicionales es necesario contar con recursos destinados para la construcción, mantenimiento, personal y cuidado de los reclusos, incluyendo sus alimentos y atención sanitaria.

La hija del conductor Jorge Rial, More Rial, está imputada por ser presunta partícipe necesaria del delito de daño y coautora de robo y amenazas, hurto reiterado y coacción. 

Dos de sus amigas también enfrentan la misma acusación. 

Es por hechos ocurridos en 2022 contra su exnovio Dylan Omar Rodríguez y la familia de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. Las amigas de More Rial son Camila, Joana Velázquez y a Helen del Valle Castro.

Según detallaron en el programa, una jueza de garantía, la doctora Laura Varales, rechazó el recurso interpuesto por Morena Rial, que había sido imputada y elevada a juicio oral y público por varios delitos.

More Rial está acusada de una serie de delitos:

un robo vinculado a un episodio acontecido la noche del sábado 13 de agosto de 2022 en la zona exterior de un boliche.

Por este hecho, en su oportunidad se le imputó los delitos de robo, daño y amenazas.

También se le imputan dos hechos de hurto calificado: 

Las imputaciones se desprenden a consecuencia de la denuncia formulada por Facundo Antonio Ambrosioni, bajo la asistencia técnica del abogado Carlos Nayi.

“La sustracción de siete equipos móviles marca iPhone el 15 de diciembre de 2022, y 19 de diciembre de 2022, provechando la relación sentimental que había mantenido con el señor Ambrosioni y la desprevención de los encargados de dos locales comerciales de Ambrosioni”, afirmó el denunciante.

Según la denuncia, en esa circunstancia fue que Rial se apoderó de los aparatos, secuencias que quedaron captadas por las cámaras de seguridad de los locales, afirmó

Por último, también se dispuso imputarla por los delitos de Coacción y Amenazas en perjuicio de Facundo Ambrosioni y su padre, habida cuenta que había advertido que si la denunciaban no iba a quedar “nadie vivo ni siquiera el hijo de la ex pareja”.

¿Qué condena podría recibir More Rial?

La elevación del caso a un juicio oral y público genera el siguiente escenario con las posibles condenas por los delitos que se le imputan:

Robo (según el artículo 164 del Código Penal): La condena por este delito varía en una escala que va desde un mínimo de 1 mes hasta un máximo de 6 años de prisión.

Hurto calificado (según el artículo 163 del Código Penal): En el caso de una condena por hurto calificado, las penas oscilan entre 1 año y 6 años de prisión.

Coacción (según la segunda parte del artículo 149 bis del Código Penal): Para el delito de coacción, las posibles sentencias van desde un mínimo de 2 años de prisión hasta un máximo de 4 años de prisión.

Amenazas (según el artículo 149 bis del Código Penal): Las amenazas pueden conllevar penas que oscilan entre 6 meses como mínimo y 2 años como máximo de prisión.

Se tuvo acceso al documento que detalla la resolución sobre un reciente planteo realizado por la defensa de los condenados.

Este jueves, se accedió al fallo de la Corte Suprema sobre un pedido posterior al rechazo de un hábeas corpus planteado por la defensa de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, llevado a cabo en enero de 2020 en Villa Gesell.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo en el marco de un hábeas corpus presentado por la defensa de Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomas Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, el 19 de enero de 2020″, señala el comunicado.

Cabe mencionar que la defensa de los condenados interpuso la acción de hábeas corpus ante la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Invocando a una “supuesta privación ilegal de la libertad de los imputados”, ante la “manifiesta arbitrariedad” en las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción provincial, en cuanto “dispusieron y confirmaron la prisión preventiva de sus defendidos”.

“El 6 de julio de 2020, la Sala II del Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible dicho hábeas corpus. Ello derivó en que la defensa presentara un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Corte bonaerense rechazó sin más trámite ese recurso extraordinario local y, contra esa decisión, la defensa presentó un recurso extraordinario federal. Un nuevo rechazo motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indica el comunicado de la Corte.

“La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, también declaró inadmisible el planteo de la defensa de los rugbiers.

Tras días de escándalo y tensión en Colón por la detención de dos dirigentes y nueve barrabravas a los que aquéllos habrían beneficiado de diversas formas, ambas autoridades de la institución rojinegra lograron acordar con Fiscalía la realización de  juicios abreviados, que tuvieron lugar esta tarde. Horacio Darrás fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional y por cinco años no podrá ni ser dirigente ni asistir a espectáculos deportivos. El resto de las penas en la nota.

En esta instancia judicial se definió para Horacio Darrás vicepresidente tercero una condena de dos años y seis meses de prisión condicional, con inhabilitación por el termino de cinco años para asistir a espectáculos deportivos y ser dirigente. La calificación legal es por facilitamiento a la creación de grupos que cometían delitos en el marco de espectáculos deportivos y encubrimiento.

Imputaron a dirigentes y barras de Colón por amenazas a jugadores

También se contempló que deberá pagar una multa de 700.000 pesos.

Barrabravas de Colón interrumpieron el entrenamiento e increparon a los jugadores

En tanto para Lucas Paniagua se dictó una pena de un año y medio de cumplimiento condicional y se lo inhabilitó a formar parte de cualquier dirigencia futbolística y concurrir a espectáculos deportivos por tres años. Además deberá pagar una multa por 100.000 pesos.

Los delitos atribuidos a los dos dirigentes fueron cometidos de forma continua desde, al menos, octubre del año pasado y hasta el lunes de esta semana. Facilitaron a Los de Siempre y la oficial La Negrada. dando recursos de dinero, indumentaria y carnet de socios.

A Nano Leiva se le pagaba 150 mil pesos. Con Banfield ingresaron las personas cercanas a Leiva dónde se produjeron enfrentamientos con personal policial

“En función de sus cargos, los dos dirigentes facilitaron la formación y mantenimiento de grupos destinados a cometer delitos, lo cual está penado por la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184”, planteó el MPA. “Quien tiene el cargo de vocal mantuvo comunicación y trato directo permanente con los líderes de Los de Siempre y de La Negrada, relación que era conocida y aprobada por quien es Vicepresidente Tercero del club”, se agregó en la audiencia.

La Fiscalía sostuvo que “los dos dirigentes imputados proveyeron de indumentaria deportiva oficial del club para su reventa; carnet de socios y entradas para los miembros de las facciones y entradas para la reventa previa a los partidos”. En tal sentido, se indicó que “de esta manera, las autoridades de la institución investigadas pusieron a disposición medios económicos que permitieron la formación, mantenimiento y financiamiento de actividades delictivas”.

En la audiencia también se indicó que “al líder de Los de Siempre se le pagaban periódicamente 150 mil pesos en concepto de ‘sueldo’ sin que hubiere contraprestación alguna”.

Los dos dirigentes del club imputados también son investigados por el delito de encubrimiento. En los dos casos fue por su accionar a raíz de las citaciones a declarar que hizo la Fiscalía a víctimas y testigos de las amenazas sufridas por el plantel profesional de fútbol de Colón el martes de la semana pasada en el predio “4 de Junio”.

“El vicepresidente tercero le indicó al manager del fútbol profesional de la institución que debía concurrir a declarar, pero que de ninguna manera podía identificar a las personas que habían estado presentes y que tampoco podía dar cuenta de haber escuchado amenazas”, sostuvo la Fiscalía. “Además, el dirigente hizo hincapié en que, puntualmente, no se mencione al líder de Los de Siempre”, se agregó.

Por su parte, el vocal de la comisión directiva que fue imputado “se comunicó telefónicamente con el otro líder de Los de Siempre, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Coronda”.

Según expuso la Fiscalía, “en ese contacto, el detenido le dijo al dirigente que hable con los jugadores y personas citadas a declarar y les manifieste que si no identificaban a los presentes en el ‘apriete’ a los jugadores, Los de Siempre los dejarían tranquilos. También se le planteó que si los citados a declarar sí identificaba a los autores de las amenazas, Los de Siempre se encargarían de tirar bombas en cada uno de los partidos para que Colón no juegue más de local. Asimismo, le dijo que sabían donde viven las familias de los jugadores y a qué escuelas van sus hijos”.

Finalmente, según relató la Fiscalía en la audiencia, “se contactó con el capitán del plantel profesional de fútbol con el objetivo de ayudar a los autores de las amenazas coactivas”.

Cabe destacar que las audiencias de medidas cautelares contra los nueve barrabravas

Se cumple un año del asalto al Capitolio realizado por adeptos del entonces presidente Donald Trump, luego de diversas denuncias por supuesto fraude en las elecciones que dieron por ganador a Joe Biden y que dejó cinco muertos y más de 140 agentes policiales heridos.

Ese 6 de enero Trump realizó un discurso en el cual trató nuevamente de anular los comicios, pero antes de que finalice el mismo, los manifestantes marcharon hacia el Capitolio y muchos de ellos evadieron a la seguridad e ingresaron al edificio.

Asalto al Capitolio: Donald Trump pidió bloquear la divulgación de registros

A un año de ese hecho, muchos de los acusados argumentan que fueron a manifestarse de manera pacífica y que pensaron que la policía los estaba dejando ingresar al edificio, aunque las cámaras muestran como algunos llevaban hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas.

Actualmente hay 700 personas imputadas por planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden y agredir a la policía. Según datos del Departamento de Justicia, del total de imputados, 165 se declararon culpables de los cuales cuatro recibirán una condena de casi 20 años de prisión y 71 una pena de hasta cinco años.

Desde hace seis meses, un Comité investiga exhaustivamente el caso: recaudó más de 35 mil documentos y entrevistaron a más de 300 testigos y ahora comenzará la segunda fase que corresponde a las audiencias abiertas que serán televisadas. Se estima que en estos días comenzaran las primeras audiencias.

Los miembros del panel son nueve legisladores, siete demócratas y dos republicanos, que están a cargo de revelar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Pero como suele suceder, muchos de los ciudadanos creen que dicho panel está integrado por un grupo parcial hacia un pensamiento y por eso desde un comienzo los miembros trataron de llevar tranquilidad de que son imparciales y sus investigaciones corresponden a documentos existentes y creíbles en un ciento por ciento.

Por asalto al Capitolio de EE. UU hay más de 150 acusados

Desde el Comité señalan que este hecho estuvo armado desde un principio por la Casa Blanca y es por eso que faltan recaudar datos sobre los preparativos del ataque y como Trump incitó a sus seguidores para que lleven el ataque hacia donde se estaban contabilizando los votos.

El expresidente iba a realizar una conferencia de prensa este miércoles, pero la suspendió sin dar mayores justificativos. Según un comunicado que circuló, Trump señaló que los medios de comunicación y el comité de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio, están actuando con “total parcialidad y deshonestidad

El Gobierno de Bolivia anunció hoy que sentenciará con hasta 10 años de cárcel a quien no presente el certificado de vacunación contra el coronavirus o prueba PCR negativa para asistir a eventos sociales masivos y a ciertas instalaciones públicas y privadas, que entrará en vigor el 1 de enero, ya que estaría atentando “contra la salud pública”.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo en una entrevista con Bolivia TV que respetar el decreto sancionado por la Cámara de Diputados el pasado jueves para contrarrestar el avance de la pandemia “no es chiste” y quien no la cumpla estará arriesgando su “situación legal”.

Argentina donará un millón de vacunas AstraZeneca a Bolivia

#EnDirecto ? | El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, anuncia que la determinación del Gobierno nacional de presentar el carnet de vacunación en lugares públicos y privados es en beneficio y protección https://t.co/GHdB364d2i

— Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) December 26, 2021

“En este caso estaríamos frente al atentado contra la salud pública. Si yo tengo Covid y no tengo mi carnet de vacuna ni mi PCR negativo (…) estoy atentando contra la salud pública de la población”, mencionó el viceministro al ser consultado por la penalización a quienes no respeten la ley. “De acuerdo al Código este delito está sancionado con hasta 10 años de cárcel”.

Bolivia comienza a vacunar a menores de 5 a 11 años contra el coronavirus

“No es chiste. No es una cosa que salió y el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple. Están poniendo en riesgo no solamente la salud de las otras personas que pueden concurrir no solo a fiestas sino a otro tipo de establecimientos tanto del sector público como el privado”, profundizó.

En ese sentido, si una persona no cuenta con su certificado de vacunación o PCR negativo, las autoridades pueden de acuerdo al código penal detectar, identificar e iniciar un proceso penal y poner en riesgo la “situación legal con una sanción de hasta 10 años de cárcel”, detalló Silva.

El 23 de diciembre, la Cámara de Diputados boliviana dictó el Decreto Supremo 4641, que establece la necesidad de presentar como primera opción un certificado de vacunación y como segunda una prueba PCR negativa para ingresas a instituciones públicas y privadas, y para viajar entre departamentos.

Silva explicó que la alternativa de un PCR negativo responde a la noción de que mucha gente elige no vacunarse o no puede hacerlo por creencias religiosas o recomendaciones por antecedentes médicos.

“Hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y a las vacunas. Hay gente que por creencias religiosas no quiere vacunarse (…) Por lo tanto se respeta esa decisión de los ciudadanos”, señaló.

Hasta el momento, más de 3,5 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en el país, con casi medio millón de ciudadanos inmunizados con la dosis de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud boliviano.

A la fecha, Bolivia acumula un total de 576.602 infectados por coronavirus, 19.546 muertos y 519.431 pacientes recuperados.

La fiscalía general de Brasil apeló hoy el fallo del juez del Supremo Tribunal Federal que el lunes pasado anuló las condenas contra el expresidente Luiz Lula da Silva al considerar que se había violado la competencia jurisdiccional y los cargos en su contra eran ajenos a los desvíos de la estatal Petrobras.

La subprocuradora general informó en un comunicado que en caso de que la apelación sea rechazada pidió que se mantengan todas las pruebas aceptadas por el exjuez de Curitiba, estado de Paraná, Sérgio Moro.

“La fiscalía general entiende que la competencia del juzgado 13 de Curitiba debe ser mantenida”, dice el comunicado, que alerta sobre la “seguridad jurídica”.

Edson Fachin, juez de la Corte, acató un pedido de la defensa de Lula cinco años después para sostener que estos procesos no tienen nada que ver con la corrupción de Petrobras, por lo que los derivó al fuero de Brasilia.

La fiscalía general quiere que el fallo de Fachin sea puesto a consideración de los 11 jueces de la Corte y en caso de rechazo que todo sea enviado a San Pablo, donde se encuentra la sede del Instituto Lula, entidad que dirige el exmandatario.

Anularon todas las condenas a Lula da Silva

La decisión de Fachin permitió no declarar sospechoso o parcial al exjuez Sérgio Moro y al fiscal Deltan Dallagnol contra Lula, en medio del escándalo por la filtración de mensajes de un chat de Telegram en la cual aparecen arreglando un complot y medidas para perjudicar a Lula en el juicio sin participación de la defensa.

El martes pasado, la sala II del tribunal supremo trató la parcialidad de Moro y postergó una decisión cuando el resultado estaba 2 a 2, porque el quinto juez, Kassio Nunes Marques, colocado en la alta corte por el presidente Jair Bolsonaro, pidió tiempo extra para expedirse.

Militantes bolsonaristas y seguidores de Moro escracharon esta semana a Fachin frente a su casa en la ciudad de Curitiba por la anulación de las condenas y permitir que Lula vuelva a tener sus derechos políticos, con los que puede ser candidato en 22.

Moro condenó a Lula a 8 años de cárcel -cumplió 580 días de prisión- con lo cual le impidió participar de las elecciones de 2018, a las cuales era favorito. En esos comicios, finalmente resultó electo Bolsonaro.

La fiscalía general está a cargo de Augusto Aras, colocado en el cargo en 2019 por el actual mandatario brasileño.

El 24 de diciembre pasado, Rubén Alejandro Rivas, de 46 años, un comisario mayor de la Policía Bonaerense, aprovechó su franco para ir a saludar a su mamá y a su hermana en su casa en San Justo. Rivas había dejado su Chevrolet Aveo estacionado sobre la vereda.

Cerca de las 20, mientras el policía se despedía de sus familiares, fue sorprendido por un grupo de ladrones a bordo de un Fiat Siena que le intentó robar el auto. Allí se identificó, tomó su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y comenzó a disparar: el tiroteo terminó con el policía muerto de tres disparos al pecho. Los delincuentes escaparon en el Siena.

La investigación por el crimen quedó a cargo del fiscal Federico Medone, titular de la Fiscalía Temática de Homicidios de La Matanza, quien en las últimas horas encontró a uno de los presuntos asesinos de Rivas: Pablo Ariel Papadopulos, de 27 años, arrestado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, quien, según confirmaron fuentes judiciales y policiales a Infobae, es el primo de Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que el 17 de diciembre pasado atropelló y mató a Isaac Sus, de 5 años en Flores y que tras permanecer prófugo por varios días se entregó a la Justicia en la mañana de Navidad.

Papadopulos, de 27 años, oriundo de Lomas del Mirador, cuenta con un pesado prontuario: causas por robo, lesiones agravadas. Sus registros muestran que pasó al menos cinco años en una cárcel federal, entre 2012 y 2017, con antecedentes que datan desde que era menor de edad y una condena a ocho años que unificó dos penas distintas y que fue anulada parcialmente en septiembre de 2016 por la Sala III de la Cámara de Casación. Operaba bajo un viejo alias: Pablo Ariel Miguel.

Un día antes del crimen del policía supuestamente robó una camioneta Volkswagen Amarok: intentó eludir un control en la zona de Parque Avellaneda a bordo de ese vehículo y chocó contra un poste. Medone lo acusa de homicidio criminis causa por la muerte del comisario, matar para ocultar: su pena podría ser la de prisión perpetua.

Así, Papadopulos fue allanado. Lo que encontró la Policía Bonaerense fue al menos interesante.

La abuela del sospechoso fue sorprendida por una brigada de la DDI de La Matanza en la casa familiar de los Papadopulos sobre la calle O’Gorman en Lomas del Mirador. Una vieja pistola Mauser calibre 7,65 con tres balas en el cargador fue encontrada dentro de un Volkswagen Bora. Encontraron también un curioso lote: 40 llaves de ignición de distintos autos, varias marcas y modelos.

Fueron entonces por otro domicilio de la familia, un galpón en la calle Australia, también en Lomas del Mirador. Allí, según confirmaron fuentes policiales a Infobae, encontraron 16 autos, entre ellos un Peugeot 208, un viejo Fiat 600 y dos Fiat Uno, modelos de alta gama como una impactante Dodge Ram que, curiosamente, tenía la prohibición de circular, así como otros dos Volkswagen Vento en el lote.

Otros vehículos, en cambio, venían mucho más flojos de papeles.

Un Volkswagen Gol Power, reveló su patente, tenía un pedido de secuestro activo tras ser denunciado por hurto el 2 de octubre en una comisaría porteña. Lo mismo ocurrió para un Ford Fiesta: su pedido estaba activo desde mismo día, el 30 de diciembre, una solicitud de la Policía de la Ciudad, esta vez por robo automotor.

¿Fueron robados por Pablo Papadopulos? En todo caso, el delito es coincidente con su historia.

El 1° de junio de 2015, mientras estaba encerrado en el penal de Ezeiza, el Tribunal N°25 con los jueces Goerner, Dieta Herrero y Bustos Lambert lo condenó a una pena unificada de cinco años y seis meses de cárcel. Los magistrados computaron los cinco años que le dictó el 9 de abril de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 y los tres años de prisión en suspenso del 5 de julio de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza, cuya condicionalidad fue revocada.

Lo habían encontrado manejando un Fiat 128 robado a una mujer en la esquina de Castro y Estados Unidos: lo hicieron bajar y abrir el capot, el número de chasis estaba limado e ilegible. La patente tampoco correspondía.

La condena que recibiría posteriormente, un cómputo de ocho años, sumó siete hechos en total: hurto, robo agravado, encubrimiento, todos delitos relacionados con automóviles. Los antecedentes marcan al menos once años de carrera. Sus primeros ingresos datan de 2009, cinco hechos entre junio y septiembre de ese año como menor, cuando tenía 17 años.

Un viejo sumario reflejado en documentos judiciales recuerda que el 12 de agosto de 2010 entre las 2 y las 3 horas en la calle Cafayate n°1496, Papadopulos y un cómplice se apoderaron de un automóvil “marca Fiat Duna, mediante una llave de automotor que portaban y ejerciendo fuerza en las cosas violentado la cerradura de la puerta delantera derecha y del baúl y una vez adentro del vehículo, cortaron una cadena que sujetaba el volante con un alicate y encendieron el automotor con la llave de otro vehículo” para darse a la fuga. Pablo Ariel había cumplido la mayoría de edad apenas tres meses antes.

Su cómplice, un extranjero que fue a juicio junto a él, era algunos años mayor. De toda la lista hubo un solo hecho en disputa en la Justicia con un planteo que llegó hasta Casación, por el cual fue condenado y absuelto por la Sala III en 2016. Sin embargo, todo el resto del proceso, un juicio abreviado, fue anulado.

La defensa del hoy detenido llegó hasta Casación. El planteo, a nivel jurídico, es fuerte. Infobae encontró el fallo:

La Sala III criticó que “los magistrados también introdujeron los acuerdos de juicio abreviado firmados por otros siete hechos independientes de aquel, incorporando así, por fuera de la etapa de producción de prueba del juicio oral, con desconocimiento de las reglas de continuidad e inmediación, elementos que confluyeron a integrar y fundar una única sentencia de condena, que dio lugar, posteriormente, a la impugnación del recurrente”. Así, hablaron de a “un pronunciamiento definitivo de carácter ilegal”.

Hoy, Pablo Papadopulos, con su primo preso por matar a un nene y huir cobardemente, espera en una celda del conurbano a ser indagado por algo mucho peor que abrir un coche y hurtarlo con un poco de habilidad callejera.

El fiscal Maximiliano Hairabedian solicitó condenas para 16 de 18 imputados en el marco del juicio por las causas unificadas denominadas “Diedrichs-Herrera” por crímenes de lesa humanidad cometidos en el excentro clandestino de detención de La Perla, durante la última dictadura cívico-militar.

En su alegato en el debate que se realiza en los tribunales federales de Córdoba, el fiscal Hairabedian consideró que, con los fundamentos de los 11 juicios anteriores, ya había quedado “acreditado” el “plan sistemático de exterminio del terrorismo de Estado” que había montado la estructura dictatorial.

Por lo tanto, centró sus alegatos en sostener y consolidar los elementos probatorios de cada uno de los hechos de la causa, tanto documentales como las testimoniales que aportaron los 48 testigos durante las audiencias.

En ese sentido, solicitó al tribunal que se aplique “prisión perpetua” a los militares acusados Ernesto Barreiro, Jorge Acosta, Alberto Díaz, Luis Diedrichs, José Herrera, Héctor Vergez; el policía Ricardo Lardone y el personal civil de inteligencia, Arnoldo López y Emilio Morard.

Asimismo pidió penas de 18 años de cárcel para los policías Calixto Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Juan Molina, Alberto Lucero y Carlos Yanicelli, en tanto para Fernando Rocha solicitó cuatro años.

Para los militares Carlos Meira y Arturo Grandinetti, el fiscal consideró que corresponden las “absoluciones”.

Las semana pasada ya habían alegado los abogados querellantes, Lylian Luque y Claudio Orosz, en representación de los organismos de derechos humanos y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, con pedido de prisión perpetua por los hechos de las que fueron víctimas Hugo Donenberg, Claudio Román, Miguel Ángel Arias y Sebastián Soulier.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), integrado por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.

Mañana jueves y el lunes 21 continuarán los alegatos con los abogados defensores.

Son 43 las víctimas entre ambas causas, que abarcan hechos ocurridos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976.