El rugbier Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del crimen de Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell, habló desde la cárcel, dijo estar arrepentido y dio su versión de lo ocurrido aquella madrugada.

“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”, manifestó Lucas Pertossi, quien aseguró que no existió “ningún plan” para concretar el asesinato de Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique.

En diálogo con el periodista Mauro Szeta, Pertossi contó cómo fueron los minutos previos al crimen dentro del local bailable: “Hay un altercado delante mío, no se veía bien qué pasaba. Querían sacar a Matías Benicelli. Uno de los chicos preguntó por qué, si no había hecho nada. Ahí un patovica dijo que saquen a Máximo Thomsen”.

Lucas fue quien grabó con su celular el momento en el que el personal de seguridad del lugar los sacó y justificó que lo hizo “por si pasaba algo grave”, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su relato, comentó que pensaba regresar a la casa que habían alquilado con los otros jóvenes, pero vio que enfrente había una pelea, por lo que decidió grabar, pero frenó cuando “reconozco a mi primo, Ciro”.

“Atrás de un auto tenían a Blas Cinalli. Un chico lo agarraba de los pies para tirarlo. Me acerqué y le dije ‘soltalo’. Le pegué una o dos patadas, no para lastimarlo, sino para que lo suelte”, remarcó Pertossi, y señaló que se trataba del amigo de la víctima, Tomás D’Alessandro.

“Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo. No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”, señaló.

📢 LUCAS PERTOSSI: "ME ARREPIENTO DE NO HABER HECHO NADA PARA EVITAR LO QUE PASÓ"Dijo sobre él y sus amigos: "ninguno tomó dimensión de lo que había pasado", "no hubo ningún plan de matar a nadie".@mauroszeta pic.twitter.com/hfNZO0Lmb8

“Caducó”

Acerca del polémico audio que envió minutos después al grupo de WhatsApp, en el que decía “caducó”, aseguró: “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”.

Luego, fue hasta la casa y contó cómo estaban los otros jóvenes: “Los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Creo que ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

Pertossi también habló sobre la salida que realizó horas después con Thomsen a una conocida cadena de hamburguesería y sostuvo que “no se habló de la pelea” si no de “la noche y de chicas”.

Defensa de Hugo Tomei

En su relato, el joven sostuvo que desde antes del juicio “quería declarar” y hasta expresó que se sintió “mal defendido” por Hugo Tomei: “Quería contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta”.

“La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, planteó, lo que refuerza la hipótesis del famoso “pacto de silencio”.

Por último, en el cierre de la entrevista, manifestó su punto de vista sobre el caso: “No fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”. 

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind que fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su entonces pareja, se expresó tras conocerse la sentencia y se desligó de las acusaciones: “Jamás hubo peligro de muerte”.

El hombre de 30 años fue condenado este miércoles en los Tribunales de Morón por el intento de femicidio de Emily Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix en donde personas solteras buscan el amor. Luego del fallo, decidió expresarse públicamente.

“¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado este viernes en su cuenta de Instagram.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

El casoTodo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo. El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal.

Este miércoles se dio a conocer la condena para Santiago Martínez, tras el intento de femicidio a Emily Ceco. La Justicia condenó a Martínez, el exparticipante de Love is blind Argentina (Netflix), a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja, Emily Ceco. Apenas se conoció el fallo, la joven se mostró muy conmovida por la decisión: “Por fin voy a tener paz”, afirmó.

Hace un año y un mes, Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez, a quien conoció dentro del reality. El juicio se llevó a cabo en Morón y su abogado, Roberto Castillo, pidió 16 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

Para este miércoles 25 de marzo estaba prevista la resolución. Unas horas antes, Ceco compartió en sus historias de Instagram una imagen del interior de la Basílica de Luján y escribió: “Es hoy, virgencita”. La justicia finalmente condenó a Martínez a 15 años de prisión.

“Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe“, sostuvo Ceco en diálogo con Puro Show (eltrece) tras escuchar la sentencia.

Emily remarcó que está contenida psicológicamente y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Pero también reconoció que siente mucho temor por lo que pueda suceder en el futuro: “Si él intentó matarme cuando le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo y con la familia que tenga”.

"Emily Ceco":Porque Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio pic.twitter.com/Rau3a3bkiO

En cuanto a lo que sucedió en la sala, contó que cuando vio a Martínez personalmente, le empezó a “temblar todo el cuerpo y tenía muchísimo miedo”. En su declaración, él le pidió disculpas tanto a ella como a su familia y le dijo que la amaba. En cuanto a la familia de él, aseguró que recibió agresiones de su parte a través de las redes y que escuchó risas de la madre durante su declaración: “Quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Ceco y Martínez se conocieron en la versión argentina del reality Love is Blind, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. Ambos se inscribieron para encontrar el amor. Ella ingresó con 24 años. Se presentó como hincha de Boca Juniors y aseguró que deseaba hacer carrera en los medios como actriz y periodista. Él lo hizo con 29 años. Fanático de River Plate, dijo que trabajaba como empresario y que le encantaba viajar.

En su primer encuentro a ciegas, él la enamoró cuando le dijo que soñó con ella, escena que se viralizó en las redes. Tuvieron una primera cita, y en tres semanas se casaron. No obstante, ya antes de la denuncia, hubo varias actitudes de él que llamaron la atención. Los usuarios destacaron los malos tratos que tenía con ella y los berrinches que casi lo llevan a abandonar el reality.

En febrero de 2025, Ceco denunció a su marido por violencia de género. Detalló los abusos verbales y físicos a los que fue sometida. “Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía, por favor, que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”, relató en El ejército de la mañana (Bondi Live). Tras dos días de encierro, se escapó de su casa, hizo la denuncia y, además de la perimetral, le dieron un botón antipánico. El abogado Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, se hizo cargo de su defensa.

“Mi versión es la única real”, aseguró Ceco en La mañana con Moria (eltrece) la semana pasada. “La relación fue violenta desde el principio de parte de él. Sufrí muchas veces violencia de género hasta el 8 de febrero de 2025 que intentó matarme”, expresó y reflejó la gravedad de las lesiones que sufrió a partir de los golpes de su exmarido: “Yo me tengo que maquillar muchísimo todos los días porque me rompió los vasos capilares de los ojos. Me quedaron como unas ojeras marcadas muy profundas. Me hizo muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible“.

João Ferreira da Silva fue asesinado frente a un hotel un día después de haber salido de la cárcel. Había estado preso 20 años.

João Ferreira da Silva, un hombre condenado por violar y matar a un nene de 9 años, fue asesinado en plena calle en la ciudad brasileña de Sinop, en el estado de Mato Grosso, un día después de haber salido de la cárcel.

El estremecedor crimen ocurrió este miércoles por la mañana y quedó grabado por una cámara de seguridad.

El hombre, que había sido condenado por el brutal crimen de Bruno Aparecido dos Santos en 2005, fue asesinado en plena calle, frente a una posada, apenas unas horas después de haber recuperado la libertad.

En el video se ve cómo dos hombres con la cara tapada con gorras y tapabocas se acercan a Ferreira da Silva, lo empujan y uno de ellos le dispara varias veces.

Menos de 24 horas após deixar a Penitenciária Osvaldo Ferreira Leite, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, o pedreiro João Ferreira da Silva, de 46 anos, acusado de estuprar e matar Bruno Aparecido dos Santos, de 9 anos, em 2005, foi morto a tiros.Ele havia sido liberado por meio de… pic.twitter.com/dxCzt4AWsN

El otro acompaña la acción y le da cobertura. La víctima cae en la vereda y los agresores huyen rápidamente del lugar.

Tras el ataque, equipos de la Policía acordonaron la zona y encontraron al menos tres casquillos de bala en la escena del crimen.

Los agentes intentan identificar a los autores y esclarecer el motivo del asesinato, además de analizar si existe una conexión directa con la reciente salida de prisión de Ferreira da Silva.

El caso que conmocionó a Sinop: el crimen de Bruno

El albañil João Ferreira da Silva fue condenado a 42 años de cárcel por el asesinato de Bruno Aparecido dos Santos, ocurrido el 28 de octubre de 2005.

Según la investigación, Ferreira da Silva atrajo al nene a una casa en construcción, donde lo agredió, abusó y finalmente lo mató. Luego, enterró el cuerpo cerca del lugar.

La familia de Bruno denunció su desaparición ese mismo día, lo que desató una intensa búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Diez días después del brutal crimen, Ferreira da Silva fue detenido tras intentar atacar a otro nene.

En la obra donde trabajaba, la policía halló pruebas que lo vinculaban con el caso, como canicas que pertenecían al chico. El propio acusado confesó el crimen y señaló el sitio donde había enterrado el cuerpo.

La indignación pública fue tan intensa que unas 500 personas intentaron irrumpir en la comisaría para lincharlo.

Debido a esto, fue trasladado a Cuiabá, donde logró escapar, pero fue recapturado horas después en una terminal de autobuses.

Aunque en un primer momento Ferreira da Silva admitió su responsabilidad, más tarde, ante la Justicia, declaró que “no recordaba si fue o no el autor de los hechos”.

Un final violento tras años de condena

En 2008, João fue condenado a 42 años de prisión por el asesinato de Bruno. En otro juicio, recibió una condena adicional de 10 años por atentado contra el pudor contra un segundo nene.

El asesinato de Ferreira da Silva, ocurrido a menos de un día de su liberación, reavivó el dolor y la indignación en la comunidad de Sinop.

Ahora, la policía busca respuestas sobre quiénes lo mataron y si el crimen fue una venganza por el caso que marcó a la ciudad hace casi dos décadas.

Mario Humberto “Baracus” Romero fue hallado culpable por el jurado en el juicio oral que se realizó esta semana por el crimen de Erminda Dominga Favot, una mujer de 79 años que fue asesinada a fines de 2022 adentro de su propia casa en la ciudad de San Javier.

El proceso, que fue presidido por el juez Lisandro Aguirre, se llevó adelante en los tribunales de la capital provincial, comenzó el lunes y terminó este martes.

Según logró demostrar la fiscalía, Romero trabajaba haciendo changas -fundamentalmente como jardinero- para la víctima. Este hombre se ganó la confianza de la mujer y así logró -veinte días antes de su muerte- que ella le permitiera ingresar a su casa para ir al baño.

El hombre aprovechó esa oportunidad para entrar a la pieza de la propietaria y robarle la tarjeta de débito con la que la víctima cobraba su jubilación.

Ella se dio cuenta y denunció el hecho. Ante el banco, inhabilitó el plástico; y ante la policía, apuntó contra Romero. Por este "hurto", también fue hallado culpable Romero este martes.

Este hombre intentó en los días siguientes hacer extracciones desde la cuenta de la víctima. Así lo confirmó la entidad crediticia, al cotejar los datos del sistema con las grabaciones de las cámaras de un cajero sanjavierino, en donde se lo ve al acusado haciendo fallidos intentos de retirar efectivo.

Dos personas que vivían con Romero por aquellos días, su hijastra que tenía 17 años y el novio de ella, contaron como testigos que horas antes del crimen de Dominga el hombre lanzó frases que resonaron luego en el recinto durante la audiencia del lunes por la tarde.

Contaron que él les dijo que sabía que “la vieja” tenía plata, que le iba “a entrar”, que sabía como hacerlo por la ventana de la cocina, que si era necesario la iba a atar.

Justamente por esa abertura entró el criminal. Sobre la mesa de ese ambiente de la casa, en el mantel de hule, quedó la marca de una pisada que fue clave. Esa huella coincidió con la de las zapatillas que solía usar Romero, tipo botitas, de color negro. Este calzado fue secuestrado en la casa del acusado.

Por otra parte, varias cámaras de vigilancia privadas de propiedades cercanas a la de la víctima tomaron en horas próximas al momento del crimen a un hombre deambulando. Este sujeto estaba vestido con un buzo azul deportivo (pantalón y campera) igual a uno que solía usar Romero y que fue hallado luego del hecho en su vivienda.

Un elemento clave durante el juicio fue el análisis de ADN que se realizó sobre pelos que los peritos hallaron en la mano izquierda de Dominga. Los exámenes determinaron que pertenecían a Romero.

“Fue el último y desesperado acto de defensa de Erminda. Una mujer de 79 años, en la soledad de su casa, frente a un hombre joven, más fuerte y más alto. Intentó una defensa que no iba a tener éxito para evitar que la matara. En su terror, debió saber que su fin estaba sellado. Pero logró agarrar esos pelos del pecho de Romero para asegurar que su muerte no quede impune.

"La única manera de honrar a Erminda y ese último intento de defensa está en sus manos ahora”, le dijo al jurado el fiscal Francisco Cecchini al concluir su alegato de clausura.

Las pruebas presentadas por los fiscales (también representó al Ministerio Público de la Acusación el doctor Guillermo Persello) fueron cuestionadas por la defensa, que estuvo a cargo de los abogados del servicio público Virginia Segado y Nicolás Mosconi.

Finalmente, a pesar del planteo de inconstitucionalidad presentado por los defensores de Romero, el juez Aguirre le impuso al condenado la pena de prisión perpetua, la única posible que establece la legislación para el delito que cometió el "jardinero": homicidio criminis causae.

"La mató para poder robarle y para que ella no lo denuncie, porque lo conocía y ya lo había denunciado antes", aseguró el fiscal Cecchini en los alegatos.

En un caso que ha generado conmoción en la comunidad educativa de Illinois, Estados Unidos, una docente suplente identificada como Alley Bardfield, de 34 años, fue condenada a 10 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un alumno de 11 años. La mujer, quien trabajaba en escuelas públicas del distrito de Decatur, utilizaba supuestas "tardes de juegos" en su casa para cometer los delitos, según revelaron las investigaciones policiales.

Bardfield, una ex maestra sustituta en el sistema de Escuelas Públicas de Decatur, mantenía una relación inapropiada con el menor, un estudiante de sexto grado. De acuerdo con los detalles del caso, la docente invitaba al chico a su residencia en Mt. Zion bajo el pretexto de "citas para jugar", donde se produjeron los abusos. Las autoridades confirmaron que el menor visitó la casa de Bardfield en varias ocasiones durante 2023 y al menos dos veces en mayo de 2024, incluyendo una pernoctada el 29 de marzo de ese año. En una de estas visitas, la mujer mantuvo relaciones sexuales sin protección con el niño, según admitió ella misma ante la policía.

El abuso salió a la luz gracias a la alerta de la madre del menor, quien notó un cambio drástico en el comportamiento de su hijo tras una de las estancias en la casa de la docente. Preocupada, la mujer revisó el teléfono del chico y descubrió transferencias de dinero por un total de 700 dólares a través de la aplicación CashApp, enviadas por Bardfield. Además, encontró mensajes de texto explícitos, fotos inapropiadas e interacciones sexuales en plataformas como Snapchat. 

Ante esta evidencia, el niño confesó a su madre lo ocurrido, lo que llevó a la familia a denunciar el hecho ante el Departamento de Policía de Mt. Zion.

La investigación policial incluyó un análisis exhaustivo del teléfono del menor, que corroboró la versión del chico y proporcionó pruebas suficientes para emitir una orden de arresto contra Bardfield. Durante el registro en su domicilio, las autoridades recopilaron más evidencia que respaldaba las acusaciones. 

En su declaración inicial, la docente admitió haber tenido relaciones sexuales con el menor en al menos una ocasión, pero intentó culpar al niño alegando que él "había hecho avances sexuales" hacia ella. Esta versión fue desestimada por los investigadores, quienes destacaron la posición de poder y confianza que ocupaba Bardfield como educadora.

Bardfield fue acusada formalmente de abuso sexual infantil agravado y, como parte de un acuerdo judicial, se declaró culpable del delito de asalto sexual depredador contra un menor, un cargo grave de clase X. El juez, al considerar la gravedad de los hechos y la imposibilidad de una condena en suspenso, dictó una pena de diez años de prisión efectiva en el Departamento Correccional de Illinois. Además de la cárcel, la condenada deberá cumplir con una libertad supervisada obligatoria que podría extenderse de tres años hasta cadena perpetua, registrarse como delincuente sexual de por vida y recibir tratamiento de salud mental durante su tiempo en prisión.

"Estas acusaciones son impactantes, especialmente cuando el presunto autor es una persona de confianza", expresó el Departamento de Policía de Mt. Zion en un comunicado oficial tras la detención. El caso ha reavivado debates sobre los mecanismos de control en el ámbito escolar y la importancia de detectar señales tempranas de abuso en menores. Bardfield, representada por su abogada, ya cumple tiempo en prisión preventiva, que se le computará en la sentencia final.

Thabo Bester, conocido en Sudáfrica como el “Facebook rapist”, construyó durante años una oscura reputación al utilizar las redes sociales como su principal herramienta para captar víctimas. Bajo un perfil de falso empresario exitoso, ofrecía empleos y oportunidades de negocios que nunca existieron. Con un discurso convincente y una imagen cuidadosamente fabricada, lograba que mujeres jóvenes confiaran en él. Una vez que caían en la trampa, eran sometidas a abusos sexuales, estafas y, en el caso más extremo, la muerte.

Bester nació el 13 de junio de 1986 en Sudáfrica. Desde muy joven se vinculó con pequeños delitos y estafas, desarrollando una notable habilidad para manipular y engañar. Con el tiempo trasladó esas prácticas al mundo digital, encontrando en Facebook el escenario perfecto para expandir su red de engaños. Su modus operandi consistía en crear perfiles falsos en los que se mostraba como un empresario internacional, con contactos de alto nivel y proyectos atractivos.

Prometía entrevistas de trabajo, contratos y negocios. Muchas mujeres lo contactaban ilusionadas, pero tras citarse con él en hoteles o casas particulares, eran víctimas de violaciones, robos o estafas. Su peligrosidad quedó al descubierto en 2012, cuando el caso de una de sus víctimas terminó en tragedia.

En julio de ese año, Bester fue declarado culpable del asesinato de su exnovia, la modelo Nomfundo Tyhulu. La investigación reveló que la había citado en un lugar apartado, donde discutieron y él la atacó sexualmente antes de matarla. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que lo vinculaban no solo con este crimen, sino también con una serie de violaciones y fraudes previos.

La Justicia fue contundente: lo condenó a cadena perpetua más 75 años de prisión por la multiplicidad de delitos. Bester fue enviado a la cárcel de máxima seguridad Mangaung Correctional Centre, en la provincia de Free State, un penal privado administrado por la compañía británica G4S.

Todo parecía indicar que Bester pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sin embargo, el 3 de mayo de 2022 se produjo un incendio en su celda. Tras sofocar las llamas, los guardias aseguraron que el cuerpo calcinado hallado en el lugar era el suyo. Durante meses, esa versión fue aceptada como oficial.

Pero con el correr del tiempo surgieron dudas: no había pruebas concluyentes de su identidad. En marzo de 2023, una autopsia independiente confirmó lo impensado: el cadáver correspondía a otra persona y había sido colocado en la celda antes del fuego. Bester, lejos de estar muerto, había ejecutado una fuga minuciosamente planeada.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a Nandipha Magudumana, una reconocida cirujana estética de alto perfil social y mediático, que mantenía una relación sentimental con el criminal. Según la fiscalía, ella colaboró activamente en la fuga, utilizando documentos falsos y contando con la complicidad de funcionarios penitenciarios sobornados.

La escapada no duró demasiado. En abril de 2023, Bester y Magudumana fueron detenidos en Arusha, Tanzania, a pocos kilómetros de la frontera con Kenia. Intentaban huir con pasaportes falsos cuando la policía local, en un operativo conjunto con fuerzas sudafricanas, los interceptó.

Tras su captura, Bester fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Kgosi Mampuru II, en Pretoria. Magudumana, en tanto, fue enviada a un penal femenino. Paralelamente, varios funcionarios de la cárcel Mangaung fueron arrestados bajo sospecha de haber participado en el plan de fuga.

El escándalo generó un terremoto político y social en Sudáfrica. El gobierno abrió una investigación interna y revisó los contratos con G4S, acusada de graves fallas en la supervisión y seguridad del penal. El caso expuso la vulnerabilidad de un sistema penitenciario privatizado y dejó al descubierto una red de corrupción que habría facilitado la evasión.

Actualmente, Bester cumple su condena original de cadena perpetua, pero también enfrenta nuevos cargos por fuga, fraude, incendio intencional y corrupción. Magudumana, por su parte, fue procesada por fraude, encubrimiento, complicidad en la evasión y hasta “violación de cadáveres”, por el traslado ilegal del cuerpo utilizado en la simulación de la muerte.

En 2025, la Corte Suprema de Apelaciones rechazó su pedido de anular la extradición desde Tanzania, lo que habilitó el avance de las causas judiciales. El proceso contra ambos, junto con sus coacusados, continúa en desarrollo y se espera que se prolongue debido a la magnitud de las imputaciones.

El referente de la hinchada de Rosario Central Lautaro “Laucha” Ghiselli, ungido recientemente como jefe de la barra brava, quedó finalmente detenido por el plazo máximo, al considerar el juez provincial Fernando Sosa las evidencias que lo señalan como un hombre que responde a los intereses del prófugo Matías Gazzani, cabecilla de la banda de los Menores.

La imputación de los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra lo ubicó como “organizador” de una asociación ilícita que, entre otros negocios ilegales, llegó a copar el paravalanchas canaya tras el homicidio del histórico barra Andrés “Pillín” Bracamonte y de su ladero Andrés Attardo.

Junto a Ghiselli estuvieron frente al juez otros nueve presuntos integrantes del grupo delictivo surgido en barrio 7 de Septiembre, entre ellos el sindicado homicida Ezequiel “Menor” Dilascio, de 20 años. El imputado número once, Cristian Emanuel S., no fue considerado parte del grupo criminal. Todos ellos también quedaron detenidos, señalados por cometer delitos de violencia altamente lesiva o bien venta de drogas. Estos son Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón, Matías Guerra (ambos considerados organizadores). Y los supuestos miembros Dylan “Sarampa” Bartozzeti, Diego “Ceja” Aguirre, Kevin “Hueso” De Los Santos, Mirko “Yedro” Benítez, Lucas Medina y Germán Hermosín.

Ghiselli, que desde principios de 2025 oficiaba de referente máximo de la barra, cayó detenido en un departamento de Salta al 2400 el 13 de agosto. De allí la PFA se incautó, a pedido de los fiscales, de una VW Amarok, dos millones de pesos, tres celulares y una notebook. Laucha recién escuchó los cargos en su contra el 1º de septiembre, pero el trámite de audiencia imputativa se prolongó hasta este miércoles.

Sobre Ghiselli, los fiscales dijeron: “Es una persona de confianza (…) que rinde cuentas y toma decisiones conjuntamente con miembros de la banda (entre ellos el prófugo Luis Palavecino) relacionadas con el funcionamiento de la barra brava del club. Con el fin de ocupar ese espacio de poder, Ghiselli administra los recursos provenientes de los negocios lícitos e ilícitos de la barra brava en beneficio de la asociación ilícita, dando lugar a algunos miembros que se identifican como la ‘banda de los Menores’. Dispone quiénes son las personas que ocupan los lugares de decisión y desplaza de esos espacios a aquellas personas rivales”.

El juez Sosa valoró un testimonio reservado, fuertemente cuestionado por la defensa, que señaló que provenía de personas ligadas al delito: “Al Laucha lo pone Matías Gazzani como jefe de la barra, él no tenía ningún tipo de legitimación como para ser el jefe (…), por eso cuando lo apadrina Matías lo empiezan a respetar, pero lo que se decía y se supo siempre es que el Laucha vendía droga”.

Otros elementos que la fiscalía presentó fueron fotografías recuperadas de redes sociales o bien tomadas de incógnito en la tribuna. Son postales de Laucha con los prófugos Alan “Pollo” Insaurralde y Andrés “Plin” Acosta. Este último está considerado integrante de la estructura criminal del narco Francisco Riquelme, a su vez señalado como un aliado de Gazzani. En su departamento de Rodríguez al 1000, el pasado 10 de junio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria incautó 13 millones de pesos, 3 mil dólares y tres fusiles de asalto M4.

Otra foto que complicó a Laucha, al menos a criterio del juez, es una imagen tomada en inmediaciones del Gigante de Arroyito en 2022, donde se lo ve junto a Dilascio, a quien le atribuyen crímenes en nombre de los Menores.

En otro orden, el juez también hizo lugar a lo solicitado por la fiscal Juliana González y dispuso la “inactivación” de un inmueble ubicado en Solís 3127, cuyas aberturas serán bloqueadas en las próximas horas. El domicilio está señalado como “lugar de reunión” de la banda y está mencionado como un aguantadero de Alexis “Chami” Mendoza, un prófugo por el que pesa una recompensa de 25 millones de pesos.

Este lunes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza María Trinidad Chiabrera homologó un acuerdo entre la fiscal María de los Ángeles Granato y el defensor Aníbal Rodríguez, que terminó con la condena de Julián Aguirre (26) a 13 años de prisión por el homicidio de Alejo “Pipi” Bravo (19), cometido en abril de 2021 en un descampado de la zona oeste de la ciudad. Al sumar esta pena con otra sentencia previa de 20 años por asociación ilícita, extorsión, intimidación pública y homicidios, la pena unificada alcanza los 29 años.

El caso de Aguirre es paradigmático: ingresó a la cárcel de Piñero a mediados de 2021 por portación de arma de fuego y, en menos de un año, fue imputado como uno de los líderes de una banda de Los Monos que operaba desde prisión, con extorsiones, balaceras, homicidios y manejo de búnkeres en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros.

“Me trajo tranquilidad que acepten su culpabilidad”, dijo la madre de Alejo al salir de la audiencia, según informó Telenoche Rosario (El Tres).

🔴@telenocheRos | JUICIO ABREVIADO POR EL CRIMEN DE ALEJOEl joven de 19 años fue asesinado en 2021, en pandemia. Su madre lo halló sin vida en un descampado.La jueza resolvió 13 años de prisión para quien lo asesinó y a quien ordenó el homicidio lo sentenciaron a 24 años de… pic.twitter.com/7QQGhZE9QZ

Por el crimen de Bravo ya había sido condenado Nicolás Alejandro Toloza (28), recluso que encargó el homicidio desde la cárcel y que recibió 11 años de prisión. La investigación determinó que la ejecución fue transmitida por videollamada, aunque no pudo establecerse cómo Toloza accedió al celular ni si contó con complicidad penitenciaria.

El homicidio

El 5 de abril de 2021, el cuerpo de Alejo Bravo fue encontrado con tres disparos en la cara en un descampado de Uriburu y Las Palmeras, zona que se volvió escenario habitual de ejecuciones, descartes de armas y quema de vehículos en Rosario. La evidencia recopilada por la fiscalía –inicialmente a cargo del fallecido fiscal Ademar Bianchini– permitió imputar a Toloza como instigador y a Aguirre como autor material.

Según la acusación, Toloza le encargó el crimen a Aguirre desde el pabellón 9 del penal. Ese mismo día, Bravo salió de su casa en Pasaje Jacques al 900 bis y fue interceptado por Aguirre, quien lo trasladó hasta el descampado y le disparó mientras sostenía un celular transmitiendo la escena. “Aguirre apuntó con el arma a Alejo y le efectuó dos disparos en la nuca, provocándole la muerte por destrucción cráneo-encefálica causada por proyectil de arma de fuego”, precisó la fiscalía. Parte de la evidencia se basó en el testimonio de un testigo reservado.

Aguirre había sido detenido semanas después por portación de arma y, en junio de 2021, recibió una condena abreviada de 3 años y 8 meses. Sin embargo, el uso de celulares desde prisión derivó en nuevas imputaciones: en junio de 2022 fue señalado como uno de los cuatro jefes de la banda que operaba en Ludueña, responsable de extorsiones y homicidios en enfrentamientos con otros grupos narcos.

En noviembre de 2024, firmó un juicio abreviado y aceptó 20 años de prisión por liderar esa organización criminal. Actualmente, Aguirre mantiene causas abiertas por delitos graves que podrían derivar en prisión perpetua.

Un hombre de 55 años identificado como Domingo Dario González fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en Reconquista.

Así lo dispuso la jueza Claudia Bressan, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Abusos

Díaz indicó que “González llevó adelante su accionar delictivo entre 2021 y 2023, cuando la víctima transitaba los últimos años de su escolaridad primaria y los primeros de la secundaria”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en la convivencia que mantuvieron a raíz de la relación de pareja que él tenía con la madre de ella”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en diferentes oportunidades en las que se quedaron a solas en las viviendas en las que convivieron”, afirmó la funcionaria.

La representante del MPA sostuvo que “para concretar los abusos, González amenazaba a la víctima” y puntualizó que “le decía que si ella oponía resistencia, él iba a echar al grupo familiar de las casas en las que vivían”.

“Por la modalidad, la frecuencia y la duración de los hechos delictivos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado y el vínculo que los unía, lo sucedido tuvo entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la joven”, argumentó la fiscal.

En cuanto al inicio de la investigación penal, Díaz señaló que “la víctima logró contarle sus padecimientos a la mamá de su novio”, y agregó que “esa mujer es la que hizo la denuncia correspondiente”.

Abreviado

González reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechándose de la convivencia preexistente y mediando abuso coactivo de una relación de autoridad y por ser el encargado de la guarda).

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

A su vez, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad con lo resuelto.

Un caso estremecedor sacudió a la ciudad de Ocala, Florida: la Justicia condenó a Alexis Von Yates, una enfermera de 35 años, a dos años de prisión por abusar de su hijastro de 15 años.

El hecho salió a la luz cuando su propio esposo la sorprendió en pleno acto con su hijo, en una escena que dejó a toda la familia marcada para siempre.

El momento en que todo salió a la luz

El episodio ocurrió el 26 de julio de 2024, cuando Frank, el esposo de Von Yates, regresó de manera inesperada a su casa tras un turno nocturno. Al entrar al living, encontró a su esposa y a su hijo viendo una película de terror. Pero la situación rápidamente se volvió escandalosa: el adolescente, sorprendido, salió corriendo al baño con los pantalones bajos, mientras que Von Yates intentó ocultarse desnuda bajo una manta.

La investigación reveló que la enfermera había iniciado el contacto con el menor y que, según el testimonio del chico, ella le pidió que continuara con el acto.

La mujer, en cambio, intentó justificar los abusos diciendo que el menor le recordaba a su esposo cuando era más joven y que le había pedido al chico que se detuviera, algo que el adolescente negó rotundamente ante la Justicia.

La condena y el acuerdo judicial

El martes, el juez Timothy McCourt del Quinto Circuito Judicial de Florida dictó la sentencia: 24 meses de prisión, seguidos de dos años de control comunitario y 10 años de libertad condicional como delincuente sexual registrada. Además, Von Yates deberá cumplir 200 horas de trabajo comunitario y pagar multas y costos judiciales.

La condena fue el resultado de un acuerdo de culpabilidad que redujo la acusación original de abuso sexual agravado por una figura de autoridad familiar (que podía implicar cadena perpetua) a un cargo menor de “conducta lasciva y lasciva con un menor de entre 12 y 16 años”.

El impacto en la familia y la reacción de la víctima

Durante la audiencia, la madre del adolescente no ocultó su indignación y calificó a Von Yates como una “pedófila incestuosa” y una “cobarde” sin remordimientos. La mujer denunció que su hijo fue “manipulado y vulnerado” por Von Yates.

“Mi hijo fue traicionado y lastimado por quienes debían protegerlo”, expresó, y reveló que el chico no volvió a hablar con su padre desde el incidente.

Von Yates, que perdió su licencia de enfermería poco después de ser arrestada en noviembre de 2024, también tiene prohibido acercarse o contactar al adolescente.

Un hombre de 29 años identificado como Gerónimo Daniel Roldán fue condenado a tres años y seis meses de prisión por haber engañado a una adolescente para que le envíe videos íntimos de ella y luego los vendió en las redes sociales.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Olivera, en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Reconquista.

El fiscal Sebastián Marichal estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate. Según indicó, “si bien valoramos la sentencia condenatoria, aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar lo que llevó al magistrado a resolver de la forma en la que lo hizo, sobre todo en relación al monto de la pena”. Al respecto, mencionó que “los tres años y seis meses de prisión resultaron de la unificación con otra pena que Roldán”.

Fotos y videos

Marichal afirmó que “durante 2020, el condenado engañó a la víctima para que le envíe fotos y videos íntimos a través de Facebook”, y precisó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de la escuela secundaria”. En tal sentido, remarcó que “esas conductas configuraron el delito de grooming”.

El fiscal también sostuvo que “entre octubre y noviembre de 2021, Roldán ofreció a la venta las filmaciones de la víctima”, y subrayó que “lo hizo en Facebook e Instagram a través de perfiles falsos a nombre de ella”.

El funcionario del MPA detalló que “en el marco de un allanamiento, al condenado se le secuestraron un teléfono celular, dos computadoras, tres discos rígidos, una tarjeta de memoria, un pendrive y un dispositivo tipo posnet de una billetera virtual que fueron decomisados”.

Delitos

Roldán fue condenado como autor de los delitos de grooming y de ofrecimiento, publicación y comercio de los videos íntimos de la víctima.

Un insólito episodio ocurrió este jueves durante una audiencia judicial en Villa Regina, Río Negro: Facundo Ángel Plos, un hombre condenado a seis años por abuso sexual con acceso carnal, rompió su tobillera electrónica cuando le confirmaban la prisión preventiva y se escapó de su domicilio, desde donde se había conectado a la sesión virtual.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que el hecho ocurrió en el último minuto de la jornada, justo después de que los jueces ordenaran su detención y dieran por finalizada la cita. Fue entonces que el imputado apagó su cámara rápidamente.

En la grabación de la audiencia a la que accedió este medio, se ve el momento exacto en el que el imputado se va. “¿Al señor Plos se lo puede ver?”, pidió uno de los jueces cuando desapareció de la reunión.

No obstante, nadie sospechó de su accionar, porque ya todos iban a desconectarse a la brevedad. “De todas formas ya está notificado doctor”, le respondió otro magistrado a su colega.

Sin embargo, unos tres minutos después llegó una notificación de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico de la provincia que alertaba que el dispositivo del condenado se había desconectado y que se había dado a la fuga.

Plos tenía la tobillera por una medida cautelar que había dispuesto la Justicia en diciembre de 2024, cuando lo hallaron responsable del delito por un hecho ocurrido en enero de 2023. Como su defensa apeló a la sentencia y el fallo no quedó firme, se dispusieron algunas medidas cautelares como la prohibición de abandonar el municipio y acercarse a más de 500 metros de su víctima. El dispositivo electrónico era para velar por el cumplimiento de esta norma.

Este jueves era el día en el que se iba a definir su futuro: tras agotar todas las instancias recursivas provinciales, la fiscalía descentralizada de Villa Regina solicitó al Tribunal que se aplicara el Artículo 109 bis que habilita a las partes acusadoras a “requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena de cumplimiento efectivo, cuando la sentencia con denatoria haya agotado la vía recursiva local”.

En este sentido, los fiscales alegaron que había “peligro procesal de fuga” y destacaron que Plos “cuenta además con otra condena – por homicidio culposo - en la misma instancia procesal, es que la fiscalía insistió en la aplicación de la preventiva".

En la audiencia del escándalo participó el imputado desde su domicilio, representantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa particular del imputado y los tres magistrados encargados del caso. Tras la decisión del tribunal, se libró el oficio para la inmediata detención de Plos por parte del personal policial e iba a ser trasladado a la Unidad de Ejecución Penal correspondiente.

La audiencia ya había finalizado y todos eventualmente iban a apagar sus cámaras. Plos lo hizo rápidamente y antes que todos, pero nadie pensó que era para fugarse. A los tres minutos, cuando ya todos se habían desconectado, llegó el alerta.

Las verificaciones confirmaron que Plos se arrancó la tobillera, incumplió con la orden de detención y se fugó de su domicilio sin autorización. Las actuaciones derivadas de la evasión fueron inmediatas: el Ministerio Público Fiscal de Villa Regina ordenó la detención urgente del prófugo y puso en marcha un operativo de búsqueda a cargo de personal policial, que incluyó un gran despliegue en la localidad y alrededores.

Previo a la confirmación de la prisión preventiva, Facundo Ángel Plos se encontraba bajo numerosas restricciones impuestas por el tribunal para garantizar la seguridad de la víctima y el cumplimiento del proceso judicial. Esas mismas medidas fueron parte de las condiciones evaluadas por los magistrados al momento de analizar el riesgo concreto de fuga.

Hasta el día del escape, Facundo Ángel Plos debía acatar un conjunto de normas destinadas a restringir sus movimientos y contactos, dictadas en diciembre de 2024. Entre ellas, se le prohibió todo tipo de interacción —personal, gestual, telefónica o a través de redes sociales— con la víctima del caso, así como con la madre y el padre de la joven.

Esta restricción se extendía tanto de manera directa como indirecta y fijaba un radio de prohibición de acercamiento no inferior a 50 metros de la víctima y de al menos 100 metros del domicilio de la familia afectada.

También pesaba sobre Plos la prohibición de salir del país y de abandonar el ejido municipal de Villa Regina. Como recurso de control, la Justicia había dispuesto el monitoreo mediante la tobillera electrónica. Junto con esto, Plos debía cumplimentar presentaciones diarias dos veces al día, de lunes a viernes por la mañana ante la fiscalía y por la tarde en la comisaría 5ª local; los fines de semana y feriados, estaba obligado a presentarse en la seccional policial. Todas estas disposiciones regían hasta alcanzar la firmeza definitiva de la sentencia.

Claudio Contardi, exmarido de la reconocida actriz y conductora argentina Julieta Prandi, fue trasladado este jueves a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en La Plata, tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

Este penal, conocido por albergar a los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020, se convierte ahora en el nuevo lugar de detención de Contardi, marcando un nuevo capítulo en un caso que ha conmocionado a la opinión pública.

El traslado se produjo luego de que Contardi pasara la noche en la comisaría 5ª de Escobar, tras haber sido alojado previamente en la DDI de Campana. Según fuentes judiciales, el empresario ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense y permanecerá en la alcaidía platense mientras se define si será reubicado en otro penal debido a la superpoblación carcelaria, un problema recurrente en el sistema penitenciario argentino.

El caso de Julieta Prandi ha generado gran atención mediática desde que la actriz denunció a su exmarido por abuso sexual. Durante el juicio, que culminó con la condena de Contardi, se vivieron momentos de alta tensión.

La querella, liderada por el abogado Fernando Burlando, solicitó inicialmente una pena de 50 años, mientras que el fiscal pidió 20 años. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó una sentencia de 19 años. La defensa de Contardi, por su parte, presentó un habeas corpus tras el traslado, argumentando irregularidades en el proceso.

La Alcaidía N°3 de Melchor Romero, ubicada en La Plata, es un centro de detención conocido por su régimen cerrado y por albergar a internos de alto perfil, como los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Los ocho jóvenes, sentenciados en 2023 a penas de prisión perpetua y 15 años por el brutal asesinato cometido en Villa Gesell, cumplen sus condenas en un pabellón exclusivo para ellos, separados del resto de la población carcelaria. Este aislamiento, según fuentes penitenciarias, responde a motivos de seguridad para evitar conflictos con otros internos.

La mañana de este miércoles marcó un antes y un después para Julieta Prandi. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión, con detención inmediata, a Claudio Contardi, su exesposo, tras considerarlo culpable del abuso sexual que la modelo y actriz denunció haber sufrido durante su tiempo en pareja. La resolución llegó tras años de lucha judicial y emocional, y la noticia produjo un fuerte impacto tanto en la sala de audiencias como en el afuera.

En medio de la tensión y luego de una descompensación en plena sala, Julieta salió a enfrentar a los medios. Los ojos enrojecidos, la voz aún quebrada. “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado, les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”, fueron sus palabras, dirigidas a la prensa y a quienes la acompañaron durante el proceso.

“Esto tiene que marcar un precedente, un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a una infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, que de garantías”, señaló respecto al proceso. “Espero que las condiciones para las víctimas cambien porque, en el medio, desisten o nos matan. Hay demasiados femicidios en este país”, agregó de cara al futuro.

La emoción invadía el aire entre el ramillete de micrófonos y el bullicio de voces: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos". Respecto a los niños, contó cómo atraviesan este proceso: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”, describió la actriz, sin evadir la angustia que aún atraviesa su familia.

La sentencia fue clara: diecinueve años de prisión efectiva e inmediata. “Es una pena ejemplar, está bien. Podría ser más, sí, e incluso de por vida”, reflexionó Julieta Prandi. Y agregó, sobre la decisión del Tribunal: “Además de darle una pena ejemplar, procedieron a llevarlo preso”.

La conductora también se refirió a su llegada tardía a la lectura del fallo. “Quería escuchar el veredicto, mis papás estaban felices porque pudieron escucharlo, también estaba mi psicóloga y mis amigos”, recordó. “El miedo siempre está”. Pero Julieta no desprotegió su carrera ni en los momentos más complejos: “Estoy trabajando, nunca lo descuidé ni siquiera en mis peores momentos”.

Con convicción, exigió: “Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que dé garantías”. Y se refirió a su estado anímico luego del largo proceso judicial: “Fue todo un desgaste emocional”.

Sobre el cierre del ciclo, Prandi confesó: “Lo voy a querer ver, seguro ustedes lo tienen. Lo pude escuchar porque quería un cierre con todos los sentidos”. Agradeció especialmente a Emanuel, su pareja: “Emanuel es mi compañero de vida, mi sostén, el padre de mis hijos, hoy cumplimos cinco años juntos. Fue muy duro para el proceso escucharme, recuperar mi casa. Fue agotador para ambos, por lo que fue un cierre”.

Con voz de aliento para otras víctimas, dijo: “Que tengan fe porque hay justicia, yo la encontré hoy. Pese a todas las dudas que tenía, hay justicia y, por otro lado, la familia y amigos que testificaron por mí y no pudieron sacar, ayúdenla porque la…”.

En cuanto a Contardi, fue terminante: “Que viva el infierno que yo viví. No quiero decirle nada porque es un ser que se merece todo mi desprecio”. Reveló que su propio padre notó su falta de arrepentimiento: “Me dijo mi papá que tenía cara de nada, que vino a entregarse, pero no arrepentido”.

Los próximos pasos serán de reconstrucción. “Quiero volver a mi casa, abrazar a mis hijos y caer en lo que está ocurriendo. Mis hijos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez. Señores jueces, no obliguen a los menores a vincularse”. Y, al volver a reflexionar sobre este momento, expresó: “Es un día de celebración, de nacimiento. Hoy volví a nacer”.

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó la “inmediata detención” del empresario Lázaro Báez en una cárcel para que termine de cumplir la condena de 10 años de prisión, que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa por lavado de dinero denominada “Ruta del dinero K”.

De esta manera, los magistrados dispusieron que personal de Gendarmería Nacional traslade a Lázaro Báez desde su actual prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, en Santa Cruz, hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en Río Gallegos.

“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, remarcó el Tribunal mencionado.

De esta manera, se aceptó el pedido del fiscal federal Abel Córdoba para que el empresario quede detenido en una cárcel para terminar de cumplir su condena. La defensa de Báez, por su parte, había planteado que la condena ya estaba casi cumplida y que debía continuar en su actual prisión domiciliaria.

Un hombre de la comunidad gitana fue sentenciado a la pena de nueve años de prisión por someter a una mujer con discapacidad intelectual a una unión forzada de hecho y a trata laboral y sexual en la provincia de San Juan.

De acuerdo a la información del sitio fiscales.gob.ar, el condenado, identificado como Roberto Espiro Mitar, fue considerado culpable por “comprar” a la damnificada en enero de 2023 y de explotarla durante dos meses.

La víctima -y diversos testigos-, quien radicó la denuncia luego de que pueda escapar como consecuencia de un descuido del delincuente, señaló que era obligada a trabajar como vendedora ambulante y forzada a mantener relaciones sexuales con varias personas.

El juez Daniel Roffo consignó que el integrante de la comunidad gitana cometió los delitos entre un momento de enero y el 12 de marzo de 2023.

Espiro Mitar utilizó la coerción con el objetivo de someter a la afectada para que desempeñe funciones de servicio y limpieza para la familia, como así también a comerciar de manera ambulante, siempre acompañada, para entregar el dinero percibido a los padres del responsable.

A su vez, el agresor obligó a que le quitaran en una sala médica el chip hormonal anticonceptivo que la mujer tenía.

Además, el hombre también deberá pagar una indemnización de $4.270.335,50 en concepto de reparación por el daño psicológico y a la integridad física, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, tras el pedido del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Juan, Fernando Alcaraz, y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

Los funcionarios judiciales fundamentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y llegó a establecer la cifra del resarcimiento mediante la colaboración en el caso de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli.

Los fiscales comprobaron que el gitano, junto a su familia y el defensor que lo representó al principio del proceso, se comunicó con la damnificada en la provincia de San Luis y la trasladó hasta una escribanía para firmar un documento mediante el que rectificaba la denuncia realizada seis meses antes. En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó que se lleve a cabo una segunda testimonial en Cámara Gesell.

La mujer reveló que mintió bajo la excusa de tener celos del acusado, declaración que fue considerada por la fiscalía con las manifestaciones implementadas en una tercera Cámara Gesell -que se le tomó a la afectada en la justicia federal de San Luis-.

Un hombre de 55 años identificado como Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por unanimidad por la jueza Mariana Vidal y los jueces y Leandro Martín y Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral que finalizó este miércoles a la mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y también fue la encargada de representar al MPA en el debate.

“Valoramos la decisión del tribunal no sólo porque resolvió condenar al acusado, sino también porque lo hizo por unanimidad, por la misma calificación penal que planteamos en nuestros alegatos y por el mismo monto de pena”, subrayó la fiscal.

En relación con el debate, la funcionaria del MPA sostuvo que “fue complejo y tuvimos que sortear distintos obstáculos, pero lo hicimos y pudimos demostrar que el acusado cometió los ilícitos tal como lo sostuvimos desde el inicio de la investigación”.

Por otra parte, Vuletic destacó que “tras conocer el veredicto, pedimos que se revocara la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que el condenado cumplió durante el proceso judicial”, y valoró que “el tribunal hizo lugar a nuestro requerimiento”.

En tal sentido, explicó que “hasta que el fallo adquiera firmeza, permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario como medida cautelar”.

Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada.

Un hombre violó y asesinó a su beba de ocho meses, tras el hecho fue condenado a perpetua en la provincia de Salta.

El imputado fue sentenciado este martes por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de su hija menor de edad.

Además, por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (dos hechos), amenazas con arma y amenazas en perjuicio de la madre de la menor de edad, con quien mantenía una relación.

El episodio había sucedido el 11 de agosto de 2023, cuando el acusado llegó al hospital local del barrio Finca de Independencia con su hija de ocho meses en brazos. El personal médico la asistió pero la niña había fallecido.

Ante esta situación, el personal policial que se encontraba en el lugar lo detuvo. Finalmente, durante la investigación se logró establecer que el acusado convivía recientemente con la menor y la madre, además de que en la vivienda ocurrían constantes hechos de violencia.

La autopsia determinó que la menor murió cuando se encontraba al cuidado del atacante, quien le ocasionó heridas fatales en la cabeza.

Asimismo, el juez Ángel Amadeo Longarte, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a prisión perpetua y le ordenó que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Por último, dispuso que se recomiende al Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta que se le brinde asistencia psicológica y psiquiátrica.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°24 de la Capital Federal condenó este viernes al periodista Ezequiel Guazzora a 10 años y 6 meses de prisión por haber abusado sexualmente de una adolescente el año pasado en un domicilio del barrio porteño de Caballito.

El tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Dialeva Balmaceda, Marcelo Roberto Alvero y Javier Esteban de la Fuente, declaró a Guazzora culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y resistencia a la autoridad.

Además, se le impuso una pena única de 12 años de prisión, al unificar esta condena con otra de 3 años dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 en 2021, detallaron en el sitio Fiscales.gob.ar.

En consonancia con lo solicitado por la fiscalía, el tribunal dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y registre el perfil genético de Guazzora en el Banco Nacional de Datos Genéticos, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Los magistrados también condenaron a la madre de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger la privacidad de la menor. La mujer fue sentenciada a 10 años de prisión como cómplice necesaria en los hechos.

En el juicio intervino la Fiscalía N°15 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, a cargo de la fiscal general Ana Helena Díaz Cano, con la colaboración del auxiliar fiscal Leandro D’Ascenzo.

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años para ambos condenados, argumentando además su responsabilidad en el delito de corrupción de menores. Los fundamentos de la sentencia serán publicados el próximo 6 de febrero.

Guazzora.

La investigación al periodista se inició por una denuncia de la Organización No Gubernamental Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Argentina ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí se señalaba que el hombre ofrecía -a través de mensajes de texto- dinero, drogas u otros objetos a la madre de una adolescente a cambio de que le permita mantener relaciones sexuales con la menor.

La madre fue detenida el 13 de agosto de 2023 en una escuela ubicada en la avenida Belgrano al 1300, cuando concurrió a votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Guazzora, por su parte, estuvo prófugo más de dos meses hasta que la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) -dirigida por el secretario Juan Pablo Bello y dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli- lo localizó en octubre de ese año en una vivienda del partido bonaerense de Merlo.

El debate oral comenzó el 11 de septiembre de 2023. De acuerdo con la investigación, el periodista abusó de la chica entre marzo y abril de 2023, en su casa de Caballito, lugar al que había sido llevada por su madre. La menor tenía en ese momento 15 años.

“La joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada”, afirma un documento de la causa. Así, Guazzora “habría perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado”, continúa el documento.

En el debate, se mencionaron los mensajes que envió el periodista donde “requería” niñas o adolescentes para mantener relaciones sexuales. En esos chats, una persona le “ofrecía” a sus hijas y le pasaba un CBU bancario, cuya titular es la madre de la víctima. Además, se ponderó el testimonio de la víctima y el reconocimiento que hizo sobre el departamento y el edificio del acusado.

También se mencionaron los informes aportados por una compañía de transporte que dan cuenta de dos viajes en marzo y abril de 2023 pedidos por Guazzora a través de una aplicación desde su casa hasta el domicilio donde vivían la adolescente y su madre.

Este viernes, al momento de expresar las últimas palabras previo a la sentencia, Guazzora rechazó la acusación de la fiscalía. “Tengo la tranquilidad de que yo soy inocente de lo que se me está causando. Creo en la Justicia”, afirmó.

Horas después, el tribunal lo condenó por unanimidad.