Sucedió en la localidad de Misión Nueva Pompeya. El Gobierno provincial dispuso que un grupo de funcionarios viaje hasta esa localidad de “El Impenetrable” para que cese de la violencia. También se esperan refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional

El reclamo por la desaparición de un joven de 17 años perteneciente a la comunidad wichí de la localidad Misión Nueva Pompeya desencadenó incidentes que culminaron con 12 policías heridos y 21 detenidos en Chaco. En ese contexto, el Gobierno provincial dispuso que un grupo de funcionarios viaje hasta esa localidad de “El Impenetrable” para que cese de la violencia. También se esperan refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional.

Todo comenzó cuando la familia de Salustiano Giménez denunció su desaparición, el pasado 17 de febrero. En el medio de su intensa búsqueda, este sábado, unas 200 personas encapuchadas se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir por su aparición. “Sin mediar palabras avanzaron con machetes y palos. Rompieron el cordón humano del personal policial y tomaron el interior del edificio. Además, destruyeron vidrios, ventanas y electrodomésticos”, informó Diario Chaco.

De acuerdo con el mismo medio, los incidentes continuaron este domingo cuando un grupo de personas atacó de nuevo la comisaría local y, además, el edificio del juzgado Multifueros y el de la Municipalidad. Todo debido a las presuntas demoras de parte de las autoridades para dar con el paradero de Salustiano Giménez. Por los disturbios hay 12 policías heridos y 21 personas detenidas.

Frente a esta situación, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, entre otros funcionarios, viajaron este domingo a la localidad de Misión Nueva Pompeya para “atender personalmente la situación” y “buscar un camino de diálogo que permita el cese de la violencia”, según indicaron en un comunicado.

En un video publicado en la página de la cartera de Seguridad y Justicia de la provincia, la ministra Zalazar reiteró el pedido de diálogo y respeto por las leyes. “En una sociedad democrática como la nuestra, el único camino para restablecer el orden es el diálogo, que nunca debe cortarse entre diferentes estamentos del Estado y la comunidad”, declaró. También se solidarizó “con las víctimas de los hechos, con nuestra Policía que nos cuida todos los días, y con los vecinos y vecinas de Nueva Pompeya”.

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Y remarcó que están puestos “todos los recursos que sean necesarios para garantizar el cuidado de los ciudadanos y efectivos policiales que trabajan de buena fe para garantizar la paz social y restablecer el orden”. Además, informó que, en las próximas horas, llegarán a la localidad refuerzos de Gendarmería enviados por el Gobierno Nacional.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron su preocupación por la situación, “llamaron al diálogo” y pidieron a las autoridades provinciales que liberen a los detenidos.

“Es necesaria la creación inmediata de una mesa de diálogo para la solución del conflicto: las autoridades estatales deben garantizar que continúe el proceso de búsqueda y que liberen a las personas detenidas”, apuntaron desde sus redes sociales.

Desde el Gobierno afirmaron que, desde el mismo día de su desaparición, el joven wichí fue buscado por el Sistema de Búsqueda Provincial y por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, con la utilización de recursos técnicos como drones (uno térmico) y dos canes, y de recursos humanos especializados disponibles en la provincia.

Hasta el momento, sin embargo, no hay novedades de Salustiano Giménez. La última vez que se lo vio fue en las inmediaciones de Paraje Barrio Nuevo de la localidad Nueva Pompeya, Chaco. Fuentes de la investigación confiaron a Infobae que, en un primero momento, los padres del adolescente hicieron denuncia como “Fuga”, aunque después hablaron de una “desaparición”.

Por el caso, se abrió una causa judicial que quedó a cargo de la fiscal de Investigación N°1 de Castelli, Raquel Maldonado. Según supo este medio, una de las primeras medidas que tomó la funcionaria fue cambiar la carátula de la causa como “presunto homicidio”, lo cual habría desencadenado el enojo de la comunidad wichí y el posterior ataque a la comisaría. Sobre esto último, de acuerdo con Diario Norte, Maldonado dio intervención al Gabinete Científico de Castelli para recolectar todas las pruebas e información necesaria que permita identificar a los responsables y constatar los daños ocasionados en esta escalada de violencia.

En el caso también interviene el Juez de Garantías de Castelli, José Luis Kerbel.

La niña fue trasladada en vuelo al hospital de Juan D. Domingo Perón de Tartagal. Le realizaron una serie de estudios y actualmente se encuentra en guardia de pediatría, fuera de peligro.

Una vez más la violencia y los abusos golpean a los sectores más vulnerables. En las últimas horas, trascendió una noticia que generó un gran repudio: una niña wichi de 12 años fue abusada sexualmente y golpeada el jueves de la semana pasada. Hasta el momento se sigue intentando dar con los culpables. Fue trasladada al hospital de Alto Sierra, en delicado estado de salud. La joven es de la comunidad Bajo Grande, de Santa Victoria Este, Salta.

El pueblo donde sucedió el aberrante hecho está ubicado a unos 45 kilómetros del casco urbano de la localidad. La niña fue encontrada a pocos metros de la Escuela 4.670. En principio, fue detenido un menor de edad, quien tendría alguna relación de parentesco con la víctima, pero luego fue liberado por orden judicial.

Por su parte, Itatí Carrique, titular de la Secretaría de la Mujer, dijo que intervienen desde el viernes a la madrugada todas las áreas del Estado. “Nuestra intervención pasa por asistir a esas áreas desde nuestro rol. También desde Salud. Este caso refleja las vulnerabilidades”. Carrique descartó que se trate de un caso de “chineo”, una práctica colonial de abuso sexual, donde se pone en juego la dominación criolla sobre la población indígena.

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El estado de salud de la niña 

La niña se encuentra fuera de peligro, lo aseguró el gerente del Hospital de Tartagal, Pedro Urueña en Profesional FM. Confirmó que sufrió traumatismo de cráneo y abuso sexual.

El fuerte golpe en la cabeza, provocó que perdiera el conocimiento, por lo que fue internada en la sala de asistencia crítica de Pediatría. Allí, fue asistida por el personal clínico, ginecólogos, asistentes sociales y psicólogos.

Urueña indicó que la niña se recupera favorablemente y aseguró que esta tarde será trasladada a una sala común. Cabe destacar que, por la gravedad del caso, el hospital pidió intervención judicial.

Se trata de una menor de 16 años que fue encontrada sin vida en la localidad El Sauzalito, en pleno corazón de El Impenetrable.

Una adolescente de 16 años y de la comunidad wichí, fue hallada sin vida en la localidad El Sauzalito, en pleno corazón de El Impenetrable, y, según las primeras informaciones, tenía un golpe en la cabeza y un corte en el cuello.

La niña fue encontrada en cercanías del cementerio local y los medios de Chaco señalaron que además la menor tendría signos de supuesto abuso, su cuerpo fue hallado semidesnudo y por el momento no hay detenidos.

La trágica escena fue descubierta por un hombre de 41 años antes del mediodía del domingo, tras lo cual dio aviso a la Policía y, según indicaron fuentes de la investigación al diario Norte de Chaco, la nena sería la nieta de un cacique de la etnia wichí.

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En tanto, se informó que cuando llegaron a la escena los uniformados, hallaron el cuerpo de la menor con un golpe en la cabeza y un corte en el cuello, mientras que estaba sin ropa y se secuestraron prendas y un teléfono celular.

El caso es investigado por el fiscal Multifueros de Misión Nueva Pompeya Francisco Morales Bordón mientras que las autoridades policiales y judiciales se encuentran realizando las averiguaciones pertinentes para tratar de esclarecer esta misteriosa muerte.

Los medios chaqueños señalaron que a través del equipo de Litigio Estratégico, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros tomó inmediata intervención ante este hecho, en miras a realizar el seguimiento de la investigación en busca del esclarecimiento.

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En este sentido, se contactó a allegados de la víctima, a fin de ponerse a disposición ante este doloroso acontecimiento, a la vez que se estableció contacto con el fiscal de la causa y se puso en conocimiento a la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco.

Es el segundo femicidio de 2022 en el Chaco luego que en enero, fue asesinada en una cancha de fútbol de La Clotilde Melina Romero, de 30 años, y por el hecho detuvieron a su ex pareja Gabriel Enesto Aceval, de 45.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichí Misión La Loma presentaron un amparo con el objetivo de que el Estado de Salta cumpla con la Ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856 en el entendimiento de que resulta “fundamental para garantizar la vida y la salud de niñas y niños originarios”.

El recurso de amparo, que ingresó al Tribunal de Impugnación, Sala 3 Vocalía 2, deberá ser resuelto en lo inmediato por su titular, Eduardo Barrionuevo, a quien le fue solicitado la designación de facilitadores interculturales y la habilitación de albergues de tránsito para pacientes originarios en cada Centro de Salud de San Martín, Rivadavia y Orán, los tres departamentos en los que se encuentra declarada la emergencia sanitaria.

Denuncian que un bebé wichi murió por mala praxis

En la demanda también se incorporó la información oficial que surgió del amparo presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), en la cual se resaltó, a través de los informes del Ministerio de Salud salteño, la emergencia sociosanitaria que se vive en los tres departamentos: “al menos 7.543 menores de cinco años que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional” y que, en los territorios de emergencia, fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, otros 64.

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En ese sentido, señalaron que el problema “se fundamenta en un contexto de discriminación estructural que sufren las comunidades en el acceso a la salud. El sistema sanitario salteño presenta barreras culturales que conllevan a prejuicios en la atención a las comunidades, dificultando la prevención, la capacidad de brindar consentimiento informado e inclusive presentando obstáculos en las situaciones más críticas de riesgo de vida”.

“Es necesario que el Poder Judicial salteño conceda este amparo para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley y así tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades originarias”, finalizó el comunicado de ACIJ.

La manifestación en la ruta 13, aseguran que se quedarán hasta que haya una respuesta. Hace una semana que los habitantes de la comunidad originaria Santa Rosa de Rivadavia Banda Sur cortan la ruta 13. La muerte de un bebé wichi fue el disparador: “Estamos reclamando por nuestros derechos, llegó la hora”, aseguró desde el corte Iván López. El manifestante asegura que no tuvieron ningún tipo de respuestas.

La madre del bebé denunció mala praxis y la Justicia ya intervino. Más allá de las conclusiones a las que derive la investigación judicial, el caso, como tantos otros, devela el drama al que están expuestos los integrantes de las comunidades originarias ante una emergencia sanitaria.

Deliberante

El martes de la semana pasada, Luciana Acosta, de 22 años perdió a Gael, su segundo hijo de cuatro meses. “Fue por las inyecciones que le puso la enfermera”, dice sin vueltas. Su grave acusación, sin embargo, es lanzada suavemente. No se la escucha enojada, aunque sí decidida. “Quiero justicia por mi hijo, ayúdenme”, pidió.

El lunes, Luciana llevó a Gael a la salita más cercana, donde la enfermera Gloria Palma le colocó una inyección que, asegura, fue el desencadenante del trágico final. “Le puso un inyectable en la colita, una mezcla de dipirona y penicilina. Ahí le empezó a agarrar fiebre y convulsiones y pedí que me derivaran al hospital de La Unión y la enfermera no quiso, que tenía que esperar hasta mañana”, contó. Ante la negativa, Luciana regresó a su casa. Al ver que las ronchas se multiplicaban y que las convulsiones continuaban, regresó a la salita. Pero ya estaba cerrada; por lo que se dirigió hasta la comisaría local donde llamaron una ambulancia que asegura, tardó una hora en llegar.

La ambulancia trasladó a Gael y su madre hasta el hospital de La Unión donde le dieron el primer diagnóstico por el que decidió hacer la denuncia: “Le pusieron otra inyección y el médico me preguntó si le di un té a mi bebé y le dije que no. Le conté que la enfermera le puso el inyectable, que le hizo salir mucha ronchera, en todo el cuerpo y el médico me dijo que estaba intoxicado. Después se quedó callado, se fue un rato para afuera y volvió a decir que le pongan dipirona y penicilina y mi bebé comenzó a convulsionar y llorar. Yo me sentí mal en ese momento, veía cómo mi hijo sufría”, contó Luciana. La joven señaló que a las tres inyecciones suministradas hasta ese momento, se le sumó el diazepan mediante una manguerita. Sin embargo, el cuadro no mejoró. “Ahí comenzó a hincharse la pancita y le pusieron otra inyección, y le pusieron oxígeno”, indicó. A la cuarta inyección, ya no preguntó “qué era”.

Ante la complejidad del caso, decidieron una segunda derivación, hacia el hospital de Orán. “Tardó mucho”, cuestionó Luciana. Mientras esperaban, asegura que el padecimiento iba en aumento. “Mi hijo sufría mucho y convulsionaba, yo no sabía qué hacer, le decía al médico que no le ponga más inyecciones que era chiquito y me decía que era cosa de urgencia. No sabía qué hacer”, reconstruye y finalmente se quiebra en llanto.

Gael no llegó al hospital de Orán, falleció a la altura de Retiro y finalmente fue llevado a la morgue judicial. Luciana se fue a pasar la noche a su comunidad y regresó al otro día a buscar el cuerpo junto a su marido. Asegura que al momento de los trámites, advirtió irregularidades: “No me entregaron los resultados de la autopsia, lo que me entregaron fue el acta de defunción donde dice muerte súbita por paro cardiorrespiratorio. Mi hijo tenía bien morado todo el cuerpo, con manchas rojas, falleció a las 00.05 y ahí en el papel dice que falleció a las 3 de la mañana y no fue así. Todo está mal escrito ahí, mi hijo falleció por intoxicación”, insistió.

La joven madre realizó una denuncia por mala praxis en la fiscalía de Orán.

Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud no dieron ningún tipo de respuesta.

Reclamo

El caso de Gael desnuda necesidades que las comunidades originarias claman cada vez con mayor intransigencia, esta vez, desde la ruta 13 donde hace días que “no pasa nadie”. Iván López sentencia: “Aquí estamos totalmente mal, siempre fuimos discriminados por el personal de la salud, no hay buena intención, no hay buena atención”.

Para una correcta atención de los casos urgentes, los vecinos de la comunidad piden una ambulancia permanente y atención sanitaria las 24 horas. “Nosotros vamos a la salita, y por cosas de emergencia tenemos que ir a la Unión o Rivadavia y si llamamos a la ambulancia a veces tenemos que sufrir mucho en el camino que está mal, no está asfaltado, por ahí con la lluvia nos quedamos. A veces un chico o persona grande se enferma de alguna cosa grave y nosotros no tenemos cómo movernos. Hay muchos casos que se vuelven urgentes”, advirtió el manifestante.

Cuando la ambulancia no llega a tiempo algunos se dan “maña” para llegar a los hospitales de La Unión que queda a 20 km y al de Rivadavia que está a 30 km. Aseguran que llegan a pagar entre 4 y 5 mil pesos el viaje.

Una unidad de la Compañía de Ingenieros de Agua del Ejército Argentino partió esta madrugada de la guarnición bonaerense de Campo de Mayo hacia las localidades del norte de la provincia de Salta con la misión de perforar los pozos que le garanticen a esas poblaciones el acceso al agua potable.

La partida de los cuatro camiones perforadores y el personal militar que los opera da inicio a la segunda fase de la operación para reparar dos pozos de agua que tienen 150 y 330 metros de profundidad, y construir nueve nuevos pozos de entre 100 y 250 metros de profundidad.

Los ingenieros, vehículos y maquinarias que partieron esta madrugada tienen previsto completar sus tareas en un plazo de 290 días, y se suman a los más de 70 hombres y mujeres, 17 vehículos y tres plantas potabilizadoras que el Ejército Argentino despliega en la zona desde que fines de enero el gobierno provincial decretó la emergencia socio-sanitaria en el Chaco salteño.

En esta semana las tropas militares junto al gobierno provincial, comenzaron con la entrega de 200 nuevos tanques de agua para uso domiciliario, para reemplazar los que actualmente tienen las familias afectadas.

Desde hace aproximadamente cuarenta días, efectivos del Ejército Argentino se encuentran desplegados en tres áreas de responsabilidad; Alto La Sierra, El Rosado y Misión Chaqueña, desde las cuales operan tres plantas potabilizadoras, y distribuyen el agua potable con sus camiones y cisternas.

Estos equipos entregan el agua ensachetada o a granel, y ya se distribuyeron más de 1.800.000 litros de agua potable a 315 familias y a hospitales de la zona.

La provincia y el Ejército Argentino, con acuerdo del Ministerio de Defensa, firmaron un convenio por el cual, en un primer momento se daría apoyo con potabilización y distribución de agua en las zonas afectadas; y en un segundo momento el Ejército se haría cargo con sus medios de la perforación de pozos para obtención de agua en lugares estratégicos con fondos asignados por la provincia.