Un escandaloso hecho salió a la luz en la Comisaría Tercera de Florencio Varela luego de un allanamiento realizado por la Delegación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Durante el operativo, las autoridades descubrieron que un preso salía de su celda con total libertad para compartir mates con el comisario.

El detenido en cuestión es Marcos Rosseti, un policía acusado de haber disparado contra una mujer de 31 años en medio de una disputa vecinal. Pese a que su arresto estaba formalmente registrado en la misma dependencia donde prestaba servicio antes del ataque, las investigaciones revelaron que nunca habría estado realmente encerrado en una celda.

La irregularidad fue detectada tras una denuncia anónima, lo que llevó a las autoridades a inspeccionar la comisaría. Como resultado, Rosseti fue trasladado a la Alcaidía de Florencio Varela, mientras la Fiscalía N°2 avanza en la causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” e investiga a los responsables de haberle otorgado privilegios indebidos.

El policía fue arrestado por un violento episodio ocurrido en noviembre en el barrio San Rudecindo de Bosques. Durante un enfrentamiento entre vecinos, que involucró a más de 30 personas, Rosseti disparó con una bala de goma contra una mujer de 31 años, quien terminó gravemente herida.

Según algunos testigos, el efectivo habría disparado a corta distancia y sin justificación. Sin embargo, Rosseti declaró que la víctima intentó arrebatarle el arma y que el disparo se produjo accidentalmente durante un forcejeo.

Tras ser intervenida quirúrgicamente, la mujer permaneció en terapia intermedia con pronóstico reservado. Rosseti, por su parte, enfrenta cargos por “homicidio agravado en grado de tentativa por el uso de arma de fuego y por ser miembro de la fuerza policial”.

Un trágico final tuvo la búsqueda del hombre de 67 años que desapareció mientras pescaba en el río Bermejo, en la provincia de Chaco. El cuerpo de Rubén Montañise fue hallado flotando en el río, a unos 1000 metros del lugar donde cayó al agua, confirmó la policía chaqueña.

El incidente ocurrió en el paraje El Sombrerito, a 43 kilómetros de General San Martín. Un amigo del desaparecido, de 63 años, quien estaba pescando con él, pidió ayuda después de que Montañise no emergió de las aguas.

Los equipos de rescate de la División Bomberos y la Comisaría local realizaron un exhaustivo rastrillaje por el curso del río Bermejo, utilizando canoas para buscar al hombre desaparecido. También se iniciaron actuaciones judiciales y se entrevistaron a testigos y familiares para esclarecer las circunstancias del hecho.

El río Bermejo, conocido por su dinámico caudal y gran cantidad de pozones, es un importante ecosistema en la región del Chaco ¹. Sin embargo, su belleza natural puede ser peligrosa, como lo demostró este trágico incidente.

Durante la mañana del martes se realiza un operativo especial de traslado de presos alojados en comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé hacia la unidad penitenciaria N° 2 de Las Flores.

Dicho dispositivo responde a una orden operacional dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y es realizada por personal policial, junto a agentes del Servicio Penitenciario, personal de Cuerpos y de Trámites y Libertades de la Unidad Regional I.

Desde horas tempranas distintas grupos de seguridad comenzaron a "mover" detenidos (68 en total ), los que estaban alojados en las distintas comisarías y subcomisarías de Santa Fe y Santo Tomé, para ser reubicados en el nuevo destino.

Hasta el momento se registraron traslados desde la Subcomisaría 18va ; Seccional 1ra.; Seccional 2da (en barrio Sur); Subcomisaría 1ra. (barrio Centenario); Subcomisaría 9na. (en Santo Tomé) y en la Seccional 11va.

La última "parada" de este operativo se realizará en la Seccional 11va. donde el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dará a conocer los resultados de los procedimientos.

En la comisaría 12 de Santo Tomé estuvo presente Margarita Romero, nueva jefa de la Unidad Regional I.

Italia y España son los países que cuentan con el mayor número de estos organismos policiales chinos en el extranjero.

La organización de derechos humanos Safeguard Defenders ha revelado que existen al menos 48 comisarías clandestinas chinas más en varios países, con lo que el número total conocido asciende ya a 102 organismos policiales chinos en el extranjero.

En un informe publicado este lunes, la organización afirma que estas comisarías están presentes en 53 países de todo el mundo, casi la mitad de los cuales (al menos 41) se encuentran en Europa, siendo Italia y España los países que cuentan con el mayor número de estos organismos policiales chinos en el extranjero.

La revelación de la existencia de estos “centros de servicios policiales” se hizo el pasado mes de septiembre, cuando Safeguard Defenders acusó a Pekín de mantener 54 comisarías en diversos países –entre ellas tres en Portugal (Lisboa, Oporto y Madeira)– con funciones que incluyen el control de fugitivos de China y procesos de retorno a ese país.

China: ayudar a ciudadanos chinos

A finales de octubre, China rechazó las acusaciones, afirmando que las estructuras en cuestión sirven para ayudar a los ciudadanos chinos confinados por la pandemia del COVID-19 a regresar a sus hogares o renovar permisos de conducir y documentos de identidad.

Sin embargo, el informe señala que la gran mayoría de las estaciones se crearon a partir de 2016, lo que, subraya la organización no gubernamental (ONG), “refuta directamente las declaraciones de las autoridades de la República Popular China de que las operaciones comenzaron en respuesta a la pandemia”.

PATROL & PERSUADE – a follow-up investigation to 110 Overseas – finds:

? At least 102 “Overseas Police Service Centers” in 53 countries.

? More evidence of their involvement in "persuasions to return" operations.

? …

Fully available now at ? https://t.co/s3iP7h6XTh pic.twitter.com/bxvqooXIWj

— Safeguard Defenders (保护卫士) (@SafeguardDefend) December 5, 2022

“Captar y ‘persuadir’ repatriaciones”

El documento también avanza que se ha recopilado información que demuestra la existencia de “al menos una operación ilegal de ‘persuasión del retorno [de ciudadanos chinos]’ a China, llevada a cabo en París (Francia), y más de 80 casos en los que estos centros clandestinos han ayudado a captar y ‘persuadir’ repatriaciones”.

Aunque a varios países les sorprendió la existencia de estas comisarías chinas, la ONG admite que en algunos casos su establecimiento era conocido por las autoridades locales.

“Declaraciones de la República Popular China afirman que algunas de las comisarías [ubicadas] en África y Asia se establecieron en acuerdo explícito con el país anfitrión”, añade Safeguard Defenders.

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Además, “un acuerdo bilateral de 2015 del Ministerio de Seguridad Pública sobre patrullas policiales conjuntas, realizado con el Gobierno italiano, parece haber contribuido directamente al posterior establecimiento de comisarías europeas ‘piloto’ en Milán”, denuncia la organización.

Según el informe, de las 48 nuevas comisarías reveladas, nueve están en Europa y 28 en paradero desconocido, aunque se sabe en qué países se encuentran.

En el documento, Safeguard Defenders reitera que toda la información divulgada se basa en documentación publicada por las autoridades chinas o por los medios de comunicación estatales y partidistas del país.

Los procedimientos se realizaron en la subcomisaría 2a, de barrio Santa Rosa de Lima, y en la Seccional 11a, de barrio Fomento 9 de Julio.

Durante este viernes, personal de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) realizó procedimientos en dos comisarías de la ciudad, en busca de irregularidades. Para los operativos, los investigadores contaron con la colaboración de equipos tácticos de la Compañía Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

La primera intervención ocurrió en la siempre conflictiva Subcomisaría 2a de barrio Santa Rosa de Lima. El fiscal Federico Grimberg tenía información de que había una nueva evasión gestándose en las celdas, por lo que decidió solicitar la requisa.

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Los uniformados secuestraron algunos elementos, pero ninguno que indique una posible fuga. Minutos antes, ya el personal de la dependencia había realizado un procedimiento similar, luego de que se retiraran las visitas.

El segundo operativo se desplegó en la Comisaría 11a de barrio Fomento 9 de Julio, sobre Aristóbulo del Valle.

Los investigadores de la Agencia -cuya directora es Doris Abdala- recibieron algunas llamadas para alertar sobre nuevas irregularidades que se estaban registrando en las instalaciones, por lo que decidieron poner manos a la obra.

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En la zona de reclusión, los uniformados incautaron teléfonos celulares y algunas botellas vacías de bebidas alcohólicas.

Cabe recordar que allí se encuentra alojada una decena de policías que están acusados de distintos delitos.

El concejal santafesino solicitó al Gobierno Provincial que tome medidas urgentes para trasladar a las personas detenidas en comisarías y sedes policiales de nuestra ciudad a establecimientos del servicio penitenciario. En la actualidad hay alojados 335, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de casi el 150%.

A través de un proyecto presentado en el Concejo Municipal, Paco Garibaldi solicitó al Gobierno provincial que tome medidas urgentes para trasladar a las personas detenidas en comisarías y sedes policiales de nuestra ciudad a establecimientos del servicio penitenciario, ya que actualmente se encuentran alojados 335 detenidos, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de casi el 150%. En el día de hoy, durante la sesión del Concejo de Santa Fe, el edil expresó: “Este tipo de medidas no necesitan de grandes presupuestos, ni plazos extensos, dependen exclusivamente de la decisión política del gobierno provincial de dar curso a estos traslados e incrementar los patrullajes en la ciudad para cuidarnos a todos los santafesinos que no queremos acostumbrarnos a vivir con miedo”. En este marco también se manifestó contra la falta de iniciativa por parte de la ejecutivo provincial: “Aturde el silencio y la falta de respuesta del gobierno, quién es el responsable de las fuerzas de seguridad y de llevar tranquilidad a cada santafesino. No hemos visto, y es porque claramente no existe, aún ya en durante el tercer año de este gobierno, aunque sea un título de un plan de seguridad para Santa Fe”.

Fue este jueves que los concejales y concejalas acompañaron el Proyecto del concejal Garibaldi para aumentar el número de agentes policiales en tareas de prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad en la ciudad, quitándoles la responsabilidad de custodiar detenidos en las comisarías. “Es necesario poder articular entre los distintos niveles de gobierno para poder accionar de manera eficiente ante esta problemática que es una de las que los vecinos más reclaman una solución”, finalizó

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Una problemática en crecimiento El número de personas privadas de libertad en espacios policiales -fundamentalmente en comisarías y alcaidías- ha tenido en los últimos años una fuerte presencia en el territorio provincial. Más de una de cada diez de las personas privadas de libertad en el año 2021 estaban alojadas en sedes policiales (13,1%). Esta proporción representa un incremento leve en comparación con la de 2020 (12,4%), que había constituido ya un porcentaje más elevado a los visualizados para los cuatro años anteriores, durante la gobernación de Miguel Lifschitz, cuando los datos arrojaban los siguiente indicadores: 2016 (9,6%), 2017 (7,8%), 2018 (7%) y 2019 (7,3%).

Actualmente existe una notable superpoblación de presos detenidos en comisarías del Departamento La Capital, ya que la cantidad de personas privadas de la libertad en sedes policiales es de 335, cuando la capacidad es de 138: una sobrepoblación de 197 personas (142%), siendo la Unidad Regional I la que supera en mayor medida la capacidad de sus espacios de detención

El jefe de la Unidad Regional II, Natalio Marciani confirmó que la medida se tomó luego de las balaceras a las dependencias policiales de zona noroeste. “El personal policial tiene que estar alerta y actuar para lo que fue creado”, remarcó

El jefe de la Unidad Regional II de la policía en Rosario, Natalio Marciani confirmó que durante el fin de semana se dispuso una consigna policial frente a todas las comisarías de la ciudad. La medida fue tomada luego de la balacera a la seccional 12ª de barrio Ludueña y la subcomisaría 24 que se ubica a unas cuadras.

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“Se reforzaron las comisarías con una consigna en cada una de las mismas para tratar de evitar este tipo de balaceras. Estamos preparados para contrarrestar esta circunstancia, la orden que le di al personal policial es que esté alerta ante cualquier eventualidad y, si hay un ataque, la orden es repelerla”, detalló Marciani en diálogo con A Diario (Radio 2).

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Para el jefe de la URII, la balacera a la comisaría 12ª “fue un imprevisto” y, gracias al agente que estaba arriba de la camioneta en el momento del ataque, se inició una persecución que luego desencadenó en la detención de siete personas y el secuestro de armas de fuego y demás elementos de interés para la causa.

Con respecto a los motivos de los ataques, Marciani sostuvo que no hubo amenazas previas y que les llamó la atención “la agresividad de estos delincuentes”. “Balearon la dependencia sabiendo que estaba el personal apostado en este momento, tenemos muchas preguntas sin respuestas y por eso estamos haciendo foco en la investigación”, reconoció.

En diálogo con Radio 2, el responsable de la policía de Rosario señaló que este fin de semana comenzaron a recibir apoyo de efectivos de distintos puntos de la provincia para fortalecer los patrullajes. “Tenemos 15 patrulleros por día que vienen como refuerzo, son distintos grupos que se suman al patrullaje. Con esto hoy tenemos entre 100 y 110 recorridos diarias”, informó.

“Estas bandas tienen poder de fuego, pero nosotros estamos preparados para contrarrestarlo. El personal policial tiene que estar alerta hoy más que nunca y actuar para lo que fue creado”, concluyó el jefe policial.

Desde el 27 de julio pasado, se retiraron de distintas seccionales unidades depositadas a fin de mejorar su funcionamiento y ordenar el espacio público. Muchas de las intervenciones son complementadas con tareas de limpieza y reparaciones en las inmediaciones.

La Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario informa que se procedió a trasladar 331 vehículos que estaban preservados en comisarías de la ciudad a fin de ordenar y limpiar las dependencias policiales y sus alrededores.

Se trata de un trabajo coordinado con otras áreas municipales a fin de lograr un mejoramiento integral. La secretaria Carolina Labayru confirmó que el 27 de julio pasado se inició un trabajo de ordenamiento de diversas comisarías de la ciudad en donde se depositan distintos tipos de vehículos.

Las intervenciones también obedecen a la necesidad de ordenar la presencia de vehículos en las calles aledañas a las dependencias que impiden la libre circulación peatonal y vehicular en las inmediaciones. Hasta el momento, los procedimientos, a cargo de la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Dirección General de Control Urbano y la Dirección General de Tránsito, tuvieron lugar en las seccionales 2°, 15°, 32°, 21°, 10°, sub 21°y 12° de las cuales se retiraron 97 autos, 30 motos y 204 bicicletas.

Algunas unidades estaban guardadas en el interior de las dependencias y otras permanecían estacionadas en los frentes de los inmuebles. Se planificó el traslado de las unidades al corralón municipal o bien, al depósito judicial de acuerdo a la situación legal de cada caso en particular.

Cabe mencionar que el retiro de vehículos de las comisarías se actualiza cada semana, al igual que se controla el tránsito vehicular en la zona con el objetivo de evitar las dobles filas en los ingresos de las dependencias al igual que se estacione en los lugares reservados para la tarea policial.

Las intervenciones también incluyen tareas de mejoramiento de veredas y limpieza de zanjas y pastizales de los alrededores que se coordinan con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. “La tarea que encaramos es integral, ya que se busca ordenar el funcionamiento de las comisarías a través del retiro de los vehículos depositados, pero también mejorar el hábitat de los ciudadanos que viven en el lugar”, explicó Labayru.

…Asimismo… de la cartera informaron que también inspeccionaron los natatorios de Rosario para fiscalizar el cumplimiento del protocolo Covid-19. Durante las intervenciones se pudo constatar que 16 de las 40 instituciones con ese servicio en Rosario están en funcionamiento y cumplen con las normas exigidas. “Acompañamos a los clubes para que a partir de nuestras fiscalizaciones cuiden a su gente”, indicó la secretaria Carolina Labayru. Actualmente, hay 40 espacios que brindan ese servicio pero sólo 16 están abiertos al público.

“Con las inspecciones llevadas adelante en los clubes Club Social y Deportivo Unión Americana (Brassey 7801), Jockey Club de Rosario (Avenida Eva Perón 8200) y Club Universitario de Rosario (Avenida del Huerto 1051) hemos culminado de inspeccionar los 16 natatorios en funcionamiento a partir del desarrollo de protocolos sanitarios de prevención del Covid-19”, precisó la funcionaria.

“No hemos radicado clausuras, sino que hemos efectuado correcciones menores en lo referente a la seguridad sanitaria”, continuó y recordó: “En este tipo de lugares es fundamental el uso del tapabocas antes y después de la actividad y el respeto del distanciamiento social”.

Por último, manifestó: “Estamos acompañando a los clubes para que a partir de nuestras fiscalizaciones puedan cuidar a su gente. Tanto los usuarios como los natatorios deben colaborar en cumplir con los protocolos sanitarios”.

El resto de las instituciones inspeccionadas son: Club Echesortu, San Nicolás 1350, Club Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, Laprida 951, Club Atlético Provincial, Bulevar 27 de Febrero 2672, El Tala Club, Cochabamba 570, Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos, 1° de Mayo 2143, Comedor Atlantic Sportsmen, Lavalle 936, Asociación Cristiana De Jóvenes en Rosario, Catamarca 1247, Club Teléfonos, Buchanan 551, Complejo BIG JUMP Social Club in Rosario, Carrasco 2055, Club Náutico Sportivo Avellaneda, Pedro Tuella 952, Club Atlético Fisherton, Chassaing 1650, Sociedad Tiro Suizo Rosario, Raffo 5120 y Club de Regatas Rosario, Cordiviola 1268.

La intendente Daniela Qüesta manifestó su satisfacción respecto a la resolución 0665 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que declaró el estado de emergencia en todas las comisarías y ordenó que no reciban más detenidos hasta que no se adecuen las cantidades de presos a las capacidad de plazas disponibles.

La mandataria recordó que “desde los primeros meses del año venimos trabajando con las nuevas autoridades provinciales sobre diferentes cuestiones vinculadas a la seguridad en Santo Tomé. Entre otras, abordamos los controles por el aislamiento obligatorio, la mutación del delito en este contexto, la situación de las comisarías y sub comisarías, el análisis de las consecuencias de la pandemia y su relación con las nuevas formas de inseguridad, así como sus consecuencias sociales”.

“Para ellos mantuvimos reuniones con el subsecretario de Prevención y Control Urbano de la provincia, Alberto Mongia; con el subsecretario de Gestión Social de la Seguridad, Jorge Lagna, y con los jefes policiales locales”, detalló. “Asimismo, presentamos varias notas ante el Ministerio de Seguridad solicitando la atención de distintos temas vinculados a la seguridad en la ciudad”, añadió la intendente.

En este contexto, Qüesta destacó que “la situación de la comisaría 12 fue uno de los temas centrales en estas reuniones y notas. Compartimos la preocupación de los vecinos de esa dependencia de nuestra ciudad por las situaciones que se produjeron en los últimos meses, y es por ello que hoy nos llena de satisfacción que el Ministerio de Seguridad haya tomado esta determinación”.

“Sabemos de las dificultades que está situación de emergencia sanitaria ha traído, pero creemos que es necesario brindar seguridad a los vecinos y condiciones dignas a los detenidos en las comisarías”, completó la intendente.

Por medio de la resolución 0665, declararon el estado de emergencia de las dependencias de Santa Fe y resolvieron que, hasta que no se adecue la cantidad de personas detenidas a las capacidades, no se recibirán más detenidos en las comisarías de toda la Provincia.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe declaró el estado de emergencia en todas las comisarías y resolvió que no se recibirán más detenidos en las comisarías provinciales hasta que no se adecuen las cantidades de presos a las capacidad de plazas disponibles. Fue a través de la resolución 0665 y luego de conocer los resultados de un relevamiento sobre las condiciones de los alojamientos de presos en las comisarías de las distintas Unidades Regionales de la Policía de Provincia.

La mayor crisis la presenta la Unidad Regional I del departamento La Capital con 250 detenidos y a capacidad es de 131.

El informe realizado a partir de marzo de este año arrojó que hay 723 personas alojadas en las distintas Unidades Regionales, cuando la capacidad total es de 664 plazas de detención. La mayor crisis la presenta la Unidad Regional I del departamento La Capital con 250 detenidos y la capacidad es de 131, es decir, aloja casi el doble de los detenidos para los que está habilitada.

La medida fue ordenada luego de una audiencia realizada el 12 de mayo por un Habeas Corpus Correctivo en favor de los alojados en la Comisaría 12° de la URI, en la que se resolvió intimar al Ministerio para arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados.

Además de las cantidades excesivas de detenidos, en la resolución que lleva la firma del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, destacan “condiciones de vulnerabilidad” en las que se encuentran las comisarías. Esto refiere al mal estado edilicio de las construcciones antiguas, y la falta de obras y de mantenimiento, que representan “un peligro para la vida e integridad psicofísica de las personas detenidas y de los funcionarios/as policiales”.

La resolución del Ministerio explica que “en los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas”, y estiman que en los próximos meses la situación se complicará si no toman esta medida. “No es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca”, indica la resolución.

En el documento hay un pedido al Poder Judicial para que sea quien revea sus decisiones “de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”.

El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires autorizó hoy el uso de teléfonos celulares a los detenidos en las comisarías bonaerenses para que se comuniquen con sus familiares durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus, informó a Télam una fuente judicial.

El vocero detalló que la resolución la adoptó el vicepresidente del Tribunal, Víctor ViolIni, el mismo que había habilitado la utilización de celulares a los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La decisión de Violini surgió a partir de un pedido del Defensor del Tribunal, Mario Coriolano, quien solicitó la autorización para que se extienda ahora ese reclamo a los detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires.

El juez Violini resolvió “autorizar el uso de telefonía celular por parte de las personas detenidas en comisarías y dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia, durante el período que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento”.

Además, dispuso que el Ministerio de Seguridad provincial instrumente “un protocolo normativo para la implementación” de los celulares, “de modo que asegure la comunicación de los internos con sus familiares, sin acceso a las redes sociales”.

Una fuente judicial explicó a Télam que el protocolo de uso de celulares en comisarías es diferente al de las cárceles, ya que se dispuso que los teléfonos que utilicen los detenidos “los tendrá el comisario o un oficial que designe cada dependencia”.

“Ese funcionario los reparte en un horario determinado para que hablen y por un tiempo determinado, y luego pasan por la celda y los retiran”, graficó.

Precisó que “esa es la diferencia con los que están alojados en cárceles en los que el protocolo del Servicio Penitenciario permite que los registren y se los entreguen a los presos”.

Voceros del SPB aseguraron a Télam que desde que entró en vigencia la autorización del uso de celulares en las cárceles se registraron oficialmente unos 3.000 teléfonos, aunque “la cantidad crece día a día”.

En las cárceles, “los equipos son llevados por los familiares de los detenidos y registrados a nombre del interno que lo requirió, siendo responsable de las comunicaciones realizadas”.

Según fuentes judiciales, en las comisarias de la provincia de Buenos Aires se encuentran alojados más de 4000 detenidos.