Tres miembros de la Policía de Santa Fe permanecían detenidos este miércoles, a la espera de audiencia imputativa, fijada en horas de la tarde en los tribunales locales.

Se trata de los oficiales Matías Adrián M., Pedro José G. y el subinspector Eduardo Manuel M. quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado sábado 22 de noviembre en horas de la tarde.

Consultado sobre el tema el subsecretario de Control de la Unidad Especial de Asuntos Internos, el Dr. Lucas Covacich, confirmó que llevan adelante una investigación por “un procedimiento en Los Zapallos” luego de que entrara “una denuncia de una persona a la que habrían presionado para que pague una coima”.

Covacich apuntó que “se hizo la consulta a la Fiscalía” la cual “dispuso que lleguen al lugar del control” que ya se había levantado; y en su defecto “que vayan a la base de San Javier, donde secuestran dinero por más de $ 1.400.000 durante la requisa”.

Ese sábado al mediodía, los tres sindicados participaron de un control de tránsito montado en el km 27 de la ruta provincial Nº 1, en el departamento Garay, donde inspeccionaron una camioneta a la que le faltaba la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

Según consta en la denuncia, al menos dos de los uniformados le pidieron al conductor la suma de $ 500.000 para dejarlos continuar el viaje, lo que derivó en una negociación en la que se produjeron pagos en efectivo y a través de transferencias.

Del relato de las víctimas se desprende que realizaron una transferencia por $150.000, a la cuenta de una mujer domiciliada en Colonia Teresa; y reunieron otros $200.000 en efectivo, el cual se distribuyó en partes iguales entre billetes de mil y dos mil pesos.

Pero una vez habilitados a continuar el viaje, el conductor del vehículo en infracción se detuvo al llegar a la localidad de Los Zapallos, donde radicó la denuncia en la Subcomisaría 5ta. de la Unidad Regional VII.

Tras la presentación, se comunicaron con el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, quien le dio participación a la Unidad Especial de Asuntos Internos para que realice las medidas correspondientes.

Con la información suministrada, una comisión de AI viajó hacia la costa, pero al llegar al punto señalado en la denuncia el retén policial ya no estaba, por lo que debieron viajar hasta la ciudad de San Javier, donde se encuentra la base operativa de la Guardia Policial.

Producto de la requisa, los efectivos de Asuntos Internos hallaron $1.420.000 y 400 dólares dentro de un chaleco balístico; además $140.000 en el interior de una billetera y $210.000 en el interior de la guantera del automóvil particular de uno de los involucrados. Además, fueron secuestrados los teléfonos celulares de los tres integrantes de la patrulla.

Los tres iban a ser imputados este miércoles por la tarde en el subsuelo de tribunales, en una audiencia presidida por el juez Sergio Carraro. En tanto que por la defensa de los acusados se presentaron la defensora pública Virginia Segado; y los abogados particulares Juan Carlos Galetto y Alberto Crucci.

Consultado por el caso el Dr. Galetto se refirió a la situación de su defendido Eduardo M. sobre quien asegura que “estaba por otro lado, haciendo control de alcoholemia” y que nada tiene que ver con la maniobra delictiva.

Sostiene el defensor que su cliente “nunca habló con las víctimas” y que “se enteró de lo que estaba pasando cuando llegó Asuntos Internos a la base de San Javier”. Para sostener sus dichos asegura que ninguno de los testigos/víctimas nombra a su cliente en la maniobra y que existen fotos que demuestran que se encontraba a distancia, realizando otras labores.

“Podrán pensar que todos estaban de acuerdo pero en los hechos nunca tuvo contacto ni habló con los denunciantes”, cerró el defensor.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo luego de que una cámara oculta mostrara cómo recibía coimas para fichar a un jugador de las inferiores.

El material fue difundido este lunes por Canal 9 y rápidamente generó fuertes críticas. En el video se ve una reunión entre Moretti y la madre de un juvenil, en la que se negocia el pago de una suma de dinero a cambio de asegurarle un lugar en el club. Esto habría sucedido a mediados del 2024.

Durante la charla, la mujer le dice al dirigente: "No es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema". Ante la propuesta de entregar primero 10 mil dólares, Moretti es terminante: "25 mil... La idea es que estén antes". La mujer accede, pero le suplica: "Al chico fichámelo".

"Moretti":Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E

En la segunda parte del informe aparece la cámara oculta: una escena registrada en una oficina, donde la madre del jugador le entrega a Moretti 20 mil dólares. A pesar de la insistencia para que cuente los billetes, el presidente guarda rápidamente el dinero en su saco.

La reunión continúa con una charla informal sobre el rendimiento de los juveniles. “¿Cómo está el nene?”, pregunta Moretti, mientras habla de las restricciones que muchos chicos adoptan para rendir mejor en el club.

En la grabación también aparece un funcionario que fue recientemente despedido por el Gobierno nacional: Francisco Carlos Sánchez Gamino. Ocupaba el cargo de director de Estudios para el Desarrollo Nacional en la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Algunos medios intentaron comunicarse con Marcelo Moretti, pero hasta el momento no se obtuvo respuestas. El escándalo sacude a San Lorenzo y podría tener consecuencias judiciales y deportivas.

Un conductor altamente alcoholizado fue demorado en los últimos días cuando circulaba por la ruta nacional 226, en la provincia de Buenos Aires. Al detener al hombre, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) corroboró que, además de manejar en estado de ebriedad, tenía la licencia de conducir vencida y el auto no contaba con la VTV correspondiente.

El conductor en cuestión, de 54 años, fue demorado por agentes de la ANSV durante un control de rutina por el verano apostado a la altura del kilómetro 31,7 de la RN 226, que une las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y General Villegas.

Las imágenes registradas por el personal de la ANSV, y que encabezan esta nota, evidencian el preocupante estado en el que se encontraban el conductor y los ocupantes del vehículo.

Una vez que el hombre detuvo su marcha, un agente de tránsito le realizó la prueba de alcoholemia de rigor, que arrojó un resultado de 1,71 g/l de alcohol en sangre. “¿Qué tomó caballero?“, consultó el inspector, a lo que el conductor respondió: ”No, tomé cerveza”. “¿Mucho”, insistió el agente, y el hombre contestó: “Sí, tomé como 4, 5 cervezas”.

“1,71 (marcó el alcoholímetro). ¿Hace mucho tomó?“, insistió el empleado de la ANSV. Y con honestidad, el infractor precisó: ”Y sí, hace como 2 o 3 horas, venimos de un club”.

Además, el hombre circulaba con la licencia de conducir vencida y sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Frente a ese escenario, el agente de la ANSV le comunicó que le debía realizar la infracción correspondiente.

“¡No seas malo, loco!“, reaccionó uno de los acompañantes del infractor, vestido con remera de color blanco y con una riñonera negra colgando de su pecho. Y ante la firme postura del inspector, insistió: ”No sé si podés ser mi hijo o mi nieto, portate bien”.

El agente tuvo que tolerar diversas maniobras del conductor y sus acompañantes para evitar la multa.

En medio de los intentos por parte del conductor y sus dos acompañantes por evitar la multa, uno de ellos intentó coimear al agente, a quien le ofrecieron indumentaria deportiva del club de donde habían salido en estado de ebriedad: “Te damos un par de medias, algo”.

Pese al ofrecimiento, el agente de la ANSV se mantuvo firme en su postura y le labró la multa correspondiente al conductor en infracción, que se enfrenta a una sanción económica de hasta $1.400.000 y a la inhabilitación para conducir, cuyo plazo será determinado por el Juzgado interviniente.

Desde el comienzo del verano y hasta la fecha, la ANSV realizó 4.037 operativos en todo el país, fiscalizando 492.000 vehículos de todo tipo y sancionando a 9.080 conductores.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por cohecho luego de ofrecerle dinero a una oficial de la Policía de la Ciudad durante un control vehicular en Villa Lugano, debido a que no contaban con la documentación de la camioneta en la que se trasladaban, indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la intersección de la autopista Ricardo Balbín, en la bajada Ingeniero Huergo, cuando personal de la División Anillo Digital detuvo la marcha de una camioneta Toyota Corolla Cross blanca.

Sucede que los efectivos habían reforzado los controles debido a una alerta por una Toyota SW4 del mismo color que había sido robada en Costa del Este.

El conductor de la Corolla, de nacionalidad peruana, bajó del vehículo y balbuceó algunas excusas ante la agente de la fuerza de seguridad porteña, hasta que, directamente, le ofreció “arreglar de otra manera” para poder seguir su camino a un bautismo sin que la camioneta sea retenida en el lugar.

“¿Podemos conversar? ¿Me puede ayudar, por favor?“, le suplicó el hombre, identificado como A.T.H a una agente apostada en el control. ”¿Qué le pasó?“, le respondió la policía. ”No encuentro la tarjeta. ¿Me puede ayudar usted para que no me retengan?“, le pidió A.T.H..

“¿En qué lo puedo ayudar yo? Yo soy personal policial y le solicité la documentación que necesito. Necesito la documentación del vehículo, que es la cédula del vehículo", insistió la uniformada.

“Es que... Mira, si le soy sincero, hemos tenido familia”, volvió a intentar el conductor. Sin embargo, la oficial permaneció imperturbable e insistió con el pedido de la documentación.

En ese momento, A.T.H. fue más directo: “No la quiero ofender, pero, ¿no podemos arreglar? Yo tengo dinero en efectivo”. Ante la negativa de la mujer policía, el hombre siguió con otra excusa mientras le mostraba el celular, con el que se comunicaba, presuntamente, con la dueña de la camioneta.

“Ahí me mandó el DNI y ahí lo está buscando. Ella quedó en casa porque yo venía acá a un bautismo. Acá tengo la invitación, todo. Y ella quedó en casa porque tenemos seis nenes. Mire, y ahí me está mandando, ahí me mandó su DNI”, le dijo e insistió con el ofrecimiento de dinero.

“No, señor, yo estoy trabajando”, respondió la agente. En ese momento, otra camioneta, una Toyota yaris, detuvo su marcha. De la misma, se bajó una mujer, J.S.M., quien le ofreció 200 mil pesos a la policía.

En este caso, la intención fue más evidente. No solo lo explicitó la suma, sino que, además, mostró los billetes e intentó dárselos a la policía que volvió a declinar la oferta. Esa secuencia también quedó registrada.

Ante esta situación y tras consultar con la Unidad de Flagrancia Este a cargo de Mariano Camblong, se dispuso la detención de las dos personas, el secuestro de ambas camionetas y sus celulares.

“Tras las rejas por querer coimear a la Policía de la Ciudad. Hoy, durante un control de tránsito a la altura de Huergo. Orgulloso de nuestros policías. Es con reglas claras. Es con orden”, publicó al respecto el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, en sus redes sociales.

Una funcionaria de General Rodríguez manejó borracha, chocó e intentó "arreglar" el caso. Se trata de Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario de dicha localidad que, tras el insólito accionar, habría quedado afuera de su cargo.

El hecho lo dio a conocer un medio local en el que, junto con un video, se observa la presencia policial sobre la Ruta 7 luego de que un Chevrolet Corsa blanco, conducido por Szchur, se cruzó de carril e impactó contra una camioneta Blazer.

Se constató que la funcionaria tenía 3,21 mg de alcohol en sangre, motivo por el cual fue detenida, sumado a que dejó herido al conductor de la camioneta.

En el video se permite oír como la subsecretaria balbuceaba palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trató de "arreglar" el caso.

La secuencia fue publicada por el medio local La Posta de General Rodríguez.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se escucha en el video.

A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite.

Juan Ortíz, dueño de la camioneta chocada, habló con dicho medio y contó: "Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, creen que dicho accionar le cobró el cargo a Szchur.

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli presentó la renuncia en su cargo como presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de esa provincia y también fue suspendida como vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Por entonces magistrada, había denunciada por una comerciante en La Rioja de pedirle $8 millones para agilizar el expediente de una sucesión.

En un video, que fue emitido el miércoles por Canal 13, la jueza le preguntó directamente a la denunciante, Manuela Saavedra, "¿Cuánto creés que podés (pagar)?, ¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados". Tras ser abordada por una de las periodistas que hizo el informe, la magistrada negó todo. "Desconozco eso", se defendió.

"Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho", expresó Abate de Mazzucchelli a la denunciante tras anotar un número 8, como sugerencia para una hipotética suma de dinero en millones, según expresó Saavedra.

La jueza también es presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja. También es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Todo se originó a partir de una sucesión familiar sin testamento, que tiene como herederos a todos los sobrinos de Arias, entre los que se encuentra Saavedra y una hermana del hombre.

Saavedra es dueña de una librería en La Rioja, que heredó de su familia y ella es la administradora judicial de esa sucesión, en un proceso que lleva ya cuatro años y que su avance fue muy lento "por diversos motivos".

"Hace bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos porque los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión y siempre había un motivo por el cual no me entregaban esos fondos", explicó Saavedra a Canal 13.

Según dijo Saavedra, la jueza Abate de Mazucchelli le pidió explicaciones por la demora en un primer encuentro. "Me dijo que ella lo conocía a mi tío y que iba a hacer como una excepción o favor por conocerlo y que me iba a ayudar para sacarlo rápidamente", explicó.

En otra instancia del video de la cámara oculta, la magistrada se quejó por su salario. "A nosotros nos pagan un sueldo de mierda, no llegamos al millón de pesos. ¿Cómo creés que se puede vivir con eso?”, le dice a la denunciante, que reveló que cuando se retiraba de ese encuentro recibió un sugestivo "no te olvides de mí".

La denunciante también dijo que la jueza fue a visitarla posteriormente a su librería. "Me apartó y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema y podíamos empezar con los oficios, pero que eso tenía un costo, porque era mucho trabajo", detalló.

Al siguiente día, siempre según Saavedra, Abate de Mazucchelli le envió una mujer que dijo trabajar con ella y afirmó que estaban listos todos los escritos para ser retirados y hacer los oficios. Cuando la denunciante vuelve a visitar a la jueza, la presunta buena voluntad se transformó en un aparente interés económico.

"¿Ocho millones me va a cobrar usted? Yo no puedo pagar eso". Y tachó el 8 y escribió un 5. "¿Usted quiere 5 millones? Pero es un montón, doctora", explicó la denunciante en la nota.

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, pidió públicamente su separación del cargo e investigación del caso. Además, se espera que la Legislatura provincial se reúna para debatir su destitución. La jueza Mazzuccelli lleva más de 30 años dentro del sistema judicial y es considerada una figura clave en el ámbito del Poder Judicial.

La fiscalía federal de Gualeguaychú está investigando a tres policías de Entre Ríos, dos mecánicos y un ex agente de la PFA, por presuntamente formar parte de una organización delictiva que operaba en un desarmadero ilegal. Se los sospecha de tomar piezas de autos secuestrados de un depósito judicial en Zárate Brazo Largo, ubicado en Ibicuy, para venderlas de forma ilegal, además de otros delitos. 

El Ministerio Público solicitó su detención con urgencia en diciembre, pero el juez original de la causa se excusó y pasó el expediente a su par de Victoria, quien aún no ha tomado una decisión al respecto.

La banda, presuntamente liderada por el comisario Cristian Omar Villanueva, jefe del control caminero de Ibicuy, habría estado operando desde al menos junio de 2023, cuando comenzaron a ser investigados. La causa se inició de manera fortuita, cuando las conversaciones telefónicas de los uniformados implicados fueron interceptadas por detectives de Gendarmería, quienes investigaban un caso relacionado con protección a un narco conocido como "El Tigre".

Aunque inicialmente se buscaba evidencia de protección a dicho narco, se descubrieron otros delitos. Villanueva estaba presuntamente involucrado en la extracción de neumáticos de autos incautados en causas federales para su venta, en colaboración con otros efectivos. 

También se descubrió que permitían que conductores infractores continuaran su camino a cambio de coimas, y entregaban información sobre vehículos secuestrados a Juan Francisco Leloutre, un comisario retirado de la PFA, a cambio de dinero.

Se sospecha que los mecánicos Franco Oliveri y Eduardo Favaretto estaban a cargo de extraer y vender las piezas de los vehículos secuestrados bajo las órdenes de Villanueva y su segundo, el subcomisario Luis Zabala. También se menciona a Joaquín Migueles, que trabajaba en la comisaría de Ibicuy, como parte de la operación. 

La investigación también involucra al por entonces subdirector de Operaciones Viales de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, superior directo de Villanueva, aunque no se pidió su arresto.

Se les imputa asociación o banda delictiva, malversación de caudales públicos, cohecho, robo agravado, lavado de activos, entre otros delitos, en calidad de coautores. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados.

A la cinematográfica persecución en Centeno que terminó con un sujeto de 43 años detenido por intentar coimear a los efectivos policiales con la suma de 20 millones de pesos nada más y nada menos, se le sumó un dato más.

Es que H.O.T., quien iba en una camioneta Toyota Hilux blanca y se despistó en un camino rural por la Ruta 40s cayendo a una profunda cuneta, al momento de ser chequeado se le encontró un rifle de aire comprimido y una bolsa de nylon transparente con lo que sería droga.

Esto fue informado por el jefe de la Comisaría 8ª de Centeno, Insp. Mauricio Pérez a la División Operativa Departamento Región 1 de la Policía de Investigaciones PDI División Microtráfico Santa Fe para que continúe con el peritaje de lo que serían estupefacientes.

Ya en sede policial y con autorización del Fiscal de Turno, Dr. Francisco Cecchini, se secuestró el material, se lo peritó y se determinó que ese bloque compacto correspondía a cocaína en un peso de más de 150 gramos, por lo cual quedó a resguardo del personal de microtráfico y se agregó esta causa al sujeto por infracción a la Ley 23737 de estupefacientes.

Recordemos que tras su detención, practicada en horas de la siesta de este martes en jurisdicción de Centeno, en el suroeste del departamento San Jerónimo, a cargo de personal de la Unidad Regional XV, a H.O.T. se le hizo causa desde el ámbito provincial con la calificación penal provisoria de resistencia a la autoridad y tentativa de cohecho –coima- con secuestro del vehículo, que no tenía ningún impedimento en ese momento para circular.

Además, pesaba sobre él una prohibición de salida del país y provincia, desde el 28 de junio de 2019, a requerimiento del Juzgado Federal Nro. 3 de Rosario, por una causa pendiente en la que tenía que declarar este mismo miércoles.

Un sujeto vinculado con causas de narcotráfico fue detenido a la altura de Centeno, en el suroeste del departamento San Jerónimo, en horas de la siesta de este martes mientras se conducía en una camioneta Toyota Hilux de color blanco.

Según la información policial, había refuerzo de agentes debido a un operativo cerrojo que las fuerzas de seguridad iniciaron tras conocerse una estafa en Gálvez a una anciana de 91 años con el denominado “cuento del tío”.

En ese contexto, a la altura de la Ruta Provincial 42s y al llegar al cruce con la 40s, divisaron esa pick up con vidrios polarizados que circulaba en sentido contrario y al advertir el cordón policial, frenó, dio marcha atrás y se dio a la fuga por un camino rural a toda velocidad.

Inmediatamente móviles policiales de la Comisaría 8ª de Centeno lo persiguieron durante casi 15 kilómetros y en un momento determinado el conductor de la camioneta perdió el control y quedó incrustado en la cuneta por lo cual fue detenido, identificado como H.O.T. con domicilio en la ciudad de Las Rosas, quien iba acompañado por quien sería su hijo, menor de edad, de 12 años.

Luego el sujeto bajó del vehículo, manifestó que era requerido por la justicia federal y ofreció una coima de 20 millones de pesos para que lo dejaran pasar tras lo cual fue finalmente aprehendido.

Cabe destacar que el vehículo no tenía ningún impedimento de circulación ni estaba informada por ningún ilícito, por lo que inmediatamente los efectivos pidieron apoyo al Comando Radioeléctrico, el individuo fue derivado a la sede de la comisaría donde se montó un gran operativo ante el rumor de que podría haber sujetos que atacaran el lugar para lo cual llegaron efectivos de distintos lugares del departamento, especialmente del Grupo de Operaciones Tácticas de Coronda.

El fiscal interviniente Dr. Alfredo Cecchini determinó que el hombre quede detenido con la calificación penal provisoria de resistencia a la autoridad y tentativa de cohecho –coima- y se proceda al secuestro del vehículo en cuanto a la causa de carácter provincial.

En tanto, sobre H.O.T. pesa una prohibición de salida del país y provincia, de fecha 28 de junio de 2019, a requerimiento del Juzgado Federal Nro. 3 de Rosario, lugar que fue consultado y desde donde la Dra. Candelaria Sagues impartió la orden de que el sujeto quedase detenido y fuera trasladado al día siguiente a una sede judicial para prestar declaración indagatoria por su causa pendiente.

Efectivos realizan un operativo de control en la Ruta Nacional 95 cuando detuvieron la marcha de dos camionetas que no contaban con la documentación correspondiente.  Los sujetos, uno de Chaco, y otro de Buenos Aires les ofrecieron 100.000 pesos a los efectivos. 

“Vamos a arreglar negro, déjate de joder, los dos no tenemos seguro porque nunca movemos las chatas” y mostraron dinero en efectivo diciéndoles “tomá, agarrá y nos vamos”. 

De inmediato, procedieron al secuestro de los vehículos, el dinero en efectivo y fueron trasladados a la comisaría.

Cristian Ernesto Jesús Mathern, de 60 años, de profesión abogado, oriundo de Paraná, reconoció en un juicio abreviado que se realizó este miércoles 15 de noviembre, que le solicitó el pago de 150.000 pesos a un empleado de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para desviar –en su carácter de jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DPV– hacia otras personas, las posibles responsabilidades que pudieran surgir del sumario que se sustanciaba en contra del empleado.

En la audiencia que se realizó ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, el fiscal, Gonzalo Badano, y el defensor, Miguel Ángel Cullen, que fue subrogado por su colega, Daniel Rosatelli, presentaron el acuerdo al que arribaron con el consentimiento del imputado, consistente en el cumplimiento de la pena de dos años de prisión condicional, inhabilitación especial por dos años, multa de 300.000 pesos, y solicitaron que lo homologue.

Mathern fue procesado por el delito de Concusión en calidad de autor, calificación y rol para los que prestó consentimiento, al mismo tiempo que lo hizo para con el monto de la pena; y aceptó cumplir normas de conductas por el plazo de la condena. Según “palabras textuales del denunciante”, el letrado le ofreció el trato para “cerrar el expediente y no molestarlo por otros procesos que puedan llegar a existir”.

El abogado reconoció que “el 24 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, en la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, ubicada en avenida Ramírez y Vicente López y Planes de Paraná, el jefe del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos, doctor Cristian Mathern, se reunió con GDP, quien prestaba funciones de coordinador general en la Dirección de Obras por Administración de la DPV, y le solicitó la suma de 150.000 pesos a fin de cerrar el sumario en su contra y desviar la investigación, que tramita en el expediente…”.

La imputación sostiene que “posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, en horario de la mañana, Mathern y Pereyra se reunieron en la estación de servicio YPF de calle Carbó y Alsina de la ciudad de Paraná, y luego se trasladaron ambos en el automóvil de Pereyra, Ford K, oportunidad en la que Mathern le solicitó la entrega de la suma de 100.000 pesos con la misma finalidad”. También se acusó que “el 16 de diciembre de 2022, luego de reiterados llamados por parte de Mathern, se reunieron nuevamente en la vereda de la DPV, momento en que Mathern insistió en relación al pago para cerrar el sumario, como también le solicitó a Pereyra que borre los mensajes que le había enviado en relación al asunto”.

En la Investigación Penal Preparatoria (IPP), se expuso “un pronunciado desequilibrio de los elementos positivos por sobre los negativos, dando por satisfechas, con el grado de certeza que requiere toda resolución condenatoria, tanto la materialidad o existencia del injusto como la intervención de Mathern en calidad de autor”.

Así, se sostuvo que “la materialidad ilícita como así también la participación del imputado en el hecho, se encuentran debidamente acreditadas a partir de la evidencia recabada en la investigación”. Entre la evidencia se consideró la denuncia que realizó GDP en la Unidad de Atención Primaria de Paraná, donde ratificó la denuncia y se descargó evidencia digital que resguardaba en su teléfono personal, donde tenía una filmación del encuentro con Mathern en la estación de servicios. Asimismo, se agregó la filmación que, desde otra perspectiva, realizó el hermano del denunciante, que estaba al tanto de la situación que atravesaba su hermano.

También fue determinante la pericia que se le realizó a los celulares de ambos. En este sentido, se mencionó las que permitieron reconstruir, a través del GPS, el recorrido que realizó el denunciante los días 6, 12 y 16 de diciembre de 2022, en que mantuvo el contacto con el acusado. También exhibió que el 16 de diciembre de 2022, entre las 9.50 y las 14.17, Mathern llamó al denunciante “un total de nueve veces”, lo que es “coincidente con lo relatado en la denuncia”.

Gendarmes realizaban un operativo de control en la Ruta Nacional N° 142, en San Juan, cuando controlaron un automóvil particular en el que se trasladaban tres hombres.

Ante la presencia de testigos, el conductor procedió a abrir el baúl del rodado donde había dos valijas y dos bolsos. Además, esta persona expresó a la Jefa de Patrulla “Señorita no diga nada arreglemos entre nosotros, yo le entregaré plata pero no diga nada”, según informaron voceros de Gendarmería.

El intento de coima “fue rechazado por los funcionarios, y en consecuencia, se continuó con la requisa constatando la presencia de 72 paquetes rectangulares con envoltorios de distintos colores”.

El pesaje de los elementos arrojó como resultado “76 kilos 144 gramos de cocaína”.

La Justicia Federal ordenó que “se incaute el estupefaciente y demás elementos de interés a la causa, así como también la detención de los tres ciudadanos involucrados los cuales fueron indagados”.

Un abogado rosarino de 30 años -identificado como Facundo Iván Jaime- fue detenido en los primeros minutos de este miércoles por resistencia a la autoridad, cohecho y amenazas. El profesional del derecho manejaba una camioneta cuando intentó evadir a la policía, tras lo cual, hubo una persecución que se desarrolló por varias calles de la zona oeste y terminó frente a un barrio cerrado de Funes, donde, según fuentes oficiales, el hombre intentó sobornar a los policías y al no tener éxito los amenazó. “Los voy a dejar a todos sin trabajo, yo soy abogado y ustedes no me conocen, manga de pelotudos”, habría gritado el letrado en cuestión.

Una vez que fue apresado por la policía, se sometió al hombre a un test de alcoholemia que dio resultado positivo.

Todo sucedió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona de Provincias Unidas y Mendoza, en barrio Belgrano. En ese lugar, los uniformados detectaron una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, que se desplazaba a alta velocidad por la segunda calle en dirección al oeste de la ciudad. Por este motivo, comenzaron a seguir al vehículo.

Según voceros oficiales, los policías alcanzaron la camioneta en Mendoza y Nicaragüa, donde dieron la voz de alto con balizas y sirena encendidas, pero el conductor no acató la orden y dobló por Juan Pablo II para salir después a avenida Circunvalación hacia el sur. Así se inició una persecución.

De acuerdo al relato policial, la Volkswagen Amarok ingresó a la autopista a Córdoba y encaró hacia Funes. Según esa versión, la pick up avanzó hasta la calle Miguel Galindo para desembocar finalmente en el ingreso al barrio privado Haras de Funes, donde detuvo la marcha. Allí, y cuando los policías procedían a colocarle las esposas, el conductor de la camioneta intentó sobornar a los agentes del Comando Radioeléctrico.

Las fuentes indicaron que la coima fue ofrecida en forma “insistente”, pero como los policías no aceptaron el abogado habría comenzado a gritar: “Los voy a dejar a todos sin trabajo, yo soy abogado y ustedes no me conocen manga de pelotudos”. Acto seguido, los policías solicitaron la presencia de una unidad de Tránsito para realizar test de alcoholemia, examen que dio positivo. El procedimiento fue notificado a la subcomisaría 22ª.

Dos policías del Comando Radioeléctrico fueron imputados este martes por un grave hecho ocurrido en la madrugada del 10 de noviembre de 2021 en la zona norte de Rosario. Según la acusación del fiscal Pablo Socca, frenaron un Renault 19 y exigieron 30 mil pesos al conductor para dejarlo circular. Como el hombre no tenía esa plata, comenzó a discutir con los agentes Jorge César Russe y Diego Eduardo Barragán. En eso, su esposa, que iba en el asiento del acompañante, comenzó a convulsionar pero los agentes impidieron que la ayude inmediatamente. Finalmente, la mujer, de 44 años que había sufrido un ACV, murió.

Durante la audiencia realizada ante el juez Héctor Núñez Cartelle, el fiscal señaló que el inspector Russe (49 años) y el subinspector Barragán (45) detuvieron el auto en el que iba una pareja con sus tres hijos en avenida Circunvalación a la altura de calle Baigorria. En un primer momento, según la acusación, los policías pidieron la documentación y después indicaron falsamente que estaban incumpliendo las medidas sanitarias contra el covid, ya que supuestamente no se podía estar en la calle entre la 0 hora y las 6.

El conductor del Renault 19 comentó a los policías que iba desde Santa Fe hasta Buenos Aires y que desconocía que no se podía transitar entre la 0 y las 6. Sin embargo, Russe le respondió: “Con los papeles no hacemos nada. Por más que esté todo al día vamos a la comisaría, que ahí llamo a la grúa para que te retengan el vehículo y llamo a la fiscal para que disponga dónde van a ir presos ustedes. Son cinco personas arriba del auto, te va a salir 10 mil pesos de multa por persona, 30 mil la grúa y 50 mil la fiscal. Lo menos que tenés que darme son 30 mil pesos”.

Según contó el propio automovilista en el expediente, en medio de la discusión con los policías, su pareja Marina Drunday comenzó a convulsionar en el asiento del acompañante. Pese a ese cuadro, los agentes no le permitieron subirse al vehículo e incluso lo empujaron. En un momento, de acuerdo al relato del hombre, igualmente se metió a su Renault 19 y se dirigió hasta el Eva Perón de Granadero Baigorria.

Pero todo no terminó allí. El patrullero de Russe y Barragán "escoltó" el auto hasta el hospital, donde Marina Drunday ingresó a la unidad de terapia intensiva con un ACV producto de una severa hipertensión arterial. Ante ese escenario, Russe le dijo al automovilista que se despreocupara del procedimiento y se fue del lugar.

Según consta en el GPS del móvil policial que usaron en esa fecha los dos agentes del Comando Radioeléctrico, el patrullero estuvo detenido 33 minutos el 10 de noviembre de 2021 a la madrugada en el predio del Eva Perón de Baigorria.

El 18 de noviembre de 2021, seis días después de su entrada al hospital, la mujer murió por una falla multiorgánica, según el acta de defunción.

El juez Héctor Núñez Cartelle, luego de escuchar los indicios probatorios, dejó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley a Russe y dio 90 días para Diego Barragán.

Un dato no menor. Russe llegó preso a la audiencia. Es porque fue imputado en octubre del año pasado por haber coimeado el 18 de agosto de 2022 a Jonatan Ezequiel Almada, presunto gerente de la célula de Los Monos que opera en la zona noroeste de Rosario, a cambio de no detenerlo. Según consta en la imputación formulada por el fiscal Socca el año pasado, Russe frenó a Almada en Rubén Darío y Florida, le pidió 10 mil pesos y lo dejó ir.

El presunto cabecilla de Los Monos en Ludueña, Industrial y Empalme Graneros cayó igualmente seis días después en allanamientos hechos en toda la zona noroeste.

Se trata del jefe y subjefe de camilleros del hospital José María Cullen

La denuncia apunta al número uno y dos del área, en el centro médico más importante de la ciudad de Santa Fe. “No te olvides del ayudín de este mes”, les decían a sus empleados para mantenerlos en el empleo. También -según la investigación judicial- se quedaban con barbijos, guantes y alcohol.

El jefe y el subjefe de camilleros del Hospital José María Cullen, el más importante de la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, fueron imputados por la Justicia por un indignante delito: investigan sobornos y el robo de insumos sanitarios durante la pandemia de coronavirus.

Según la investigación que llevan adelante los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Rosana Peresín y Manuel Cecchini, la maniobra consistía en obligar a los trabajadores a su cargo a darles dinero para mantener sus vínculos laborales y les pedían que retiraran insumos médicos como barbijos, guantes y alcohol en sus mochilas personales y se los entregaran fuera de las instalaciones del centro de salud, de acuerdo a la denuncia.

Las irregularidades habrían comenzado previo a la pandemia, en 2019, y continuaron en plena emergencia sanitaria por covid-19 y se habría extendido hasta el año pasado.

Los fiscales imputaron a los dos empleados como coautores de extorsión (en cinco hechos), tentativa de extorsión (un hecho) y malversación de caudales públicos (un hecho). Además, imputaron a una mujer, pareja de uno de ellos, como partícipe necesaria de extorsión en reiteradas oportunidades.

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Todos los hechos fueron denunciados ante la justicia por el director del hospital, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Consejo de Administración, Mario Lezcano.

El director del centro de salud, explicó que varios de los trabajadores víctimas de los sobornos habían sido incorporados al hospital por la pandemia. De esta manera, los jefes debían certificar todos los meses el trabajo realizado para que estas personas cobraran por su trabajo y continuaran al mes siguiente con sus tareas. “Los imputados se aprovecharon de esa responsabilidad que tenían”, indicó Poletti.

La denuncia fue realizada luego de una reunión con los camilleros. “Los trabajadores nos pidieron una reunión con las autoridades y allí nos contaron todo lo que estaban haciendo las personas imputadas”, aseguró el director. Tras enterarse de lo ocurrido, las autoridades del hospital comunicaron la situación al Ministerio de Salud y a la Justicia de la provincia de Santa Fe.

El Ministerio de Salud comenzó un sumario administrativo contra las personas involucradas. Mientras las investigaciones administrativas y judiciales continúan su curso, los imputados conservan sus puestos de planta en el hospital.

“Deben mantener su trabajo hasta que el Ministerio informe sobre la decisión final, ahora está investigando todo lo ocurrido”, aclaró Poletti. De esta manera, uno de los jefes de camilleros cumple con la licencia médica que tenía pedida desde antes de la denuncia, y el otro fue cambiado de área para evitar conflictos y nuevos delitos contra las personas que lo denunciaron.

El director del hospital aclaró que desde el centro de salud se pusieron enseguida a disposición de la Justicia y le brindaron toda la información y documentación necesaria. Además, los trabajadores que se animaron a denunciar a los imputados continúan con sus tareas habituales.

Soborno, hospital

Según las denuncias y las imputaciones, los involucrados cometieron al menos siete hechos ilícitos mientras cumplían sus funciones como jefes.

De acuerdo con la investigación de los fiscales, uno de los trabajadores fue extorsionado por los imputados desde 2019 hasta junio de 2020. En horario laboral, los hombres le pedían que pagara entre $2500 y $3000. Le decían que la suma era reclamada por el Consejo de Administración y el objetivo era darle continuidad a su contrato como camillero.

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Otro empleado fue sobornado por el jefe y subjefe desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021. En este caso, la suma que le exigían era de $5000 con el propósito de asegurarse su puesto como reemplazo del imputado que se tomó licencia médica.

“No te olvides del ayudín de este mes”

Desde febrero de 2021 y durante un año, los jefes habrían sobornado a otro trabajador para que les entregara sumas de dinero para conservar su puesto. Algunas de las entregas de la plata fueron realizadas en el hospital, otras en el domicilio de uno de ellos y su pareja y también a través de transferencias bancarias, según la denuncia.

A otro camillero del hospital le exigieron -de acuerdo a la investigación judicial- entre $3000 y $4000 para cada uno por mes, desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022. Los pagos se produjeron de la misma manera que en el caso anterior e incluso la víctima pudo citar las palabras que los imputados usaban para reclamar el dinero. Le decían “No te olvides del ayudín de este mes”, “Te olvidaste de pasar por caja” y “No te olvides de mí”.

En una oportunidad en febrero de 2022, los imputados habrían intimidado a tres personas para que les entregaran $2500 con el fin de renovarles el contrato laboral. En este caso, las personas se negaron e informaron a las autoridades sobre las amenazas, según consta en el expediente judicial.

El sexto hecho imputado ocurrió desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021. El jefe y el subjefe obligaron a dos trabajadores a retirar elementos sanitarios del hospital en sus mochilas personales. Se trataba de cajas de guantes de látex descartables que luego debieron entregarles a ellos en un sitio acordado. En esta oportunidad también los amenazaron con no renovarles el vínculo laboral como camilleros.

Por último, se les imputó haber obligado a otras dos víctimas a sacar cajas de guantes de látex descartables, barbijos, botellas de alcohol y jabones del hospital en sus mochilas personales y luego entregárselas. Esto, según los fiscales, ocurrió desde enero de 2020 a diciembre de 2021.

Son dos agentes del Comando Radioeléctrico que cayeron en la noche de este lunes mientras prestaban servicio en zona sur. Por orden del fiscal Pablo Socca, la Agencia de Control Policial les secuestró dos revólveres que llevaban en el patrullero sin ningún tipo de documentación

Dos policías del Comando Radioeléctrico, uno de ellos jefe de tercio, fueron detenidos en la noche de este lunes mientras prestaban servicio. Es porque quedaron sospechados de haber cobrado coimas a dos integrantes de una célula que opera para Los Monos en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Serán llevados a audiencia imputativa el próximo jueves en el Centro de Justicia Penal por el fiscal Pablo Socca.

El operativo se realizó en Ayacucho al 6800 y fue llevado a cabo por la Agencia de Control Policial. Al inspector Jorge César R., uno de los aprehendidos, se le secuestró un bolso con un revólver calibre 22 con proyectiles colocados en su tambor y sin numeración visible. A Ricardo Jorge P., el otro oficial alcanzado en el procedimiento, también se le incautó un revólver calibre 22, que en su caso llevaba oculto en su chaleco balístico.

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Ninguno de los dos agentes pudo documentar por qué tenían los revólveres que fueron secuestrados por orden del fiscal Pablo Socca.

Además, se les quitó las armas reglamentarias calibre 9 milímetros, una notebook, un pendrive y 19.500 pesos en efectivo.

Después del procedimiento, la Agencia de Control Policial allanó los domicilios de los uniformados. Uno de ellos fue en México al 1800, donde vive el inspector Jorge R. Allí, se incautó otro revólver calibre 22 con ocho cartuchos.

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Los dos agentes aprehendidos están bajo investigación por haber cobrado dinero a cambio de liberar a dos miembros de la estructura que responde a Los Monos en la zona noroeste de Rosario. Dicha coima la habrían percibido antes de los múltiples allanamientos contra esa banda que ocurrieron el 22 de agosto pasado.

Personal de la Agencia de Control Policial realizó una serie de allanamientos en Rafaela, Vila y Videla y detuvo a tres efectivos Policiales y un civil por distintos hechos que investiga la Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional a cargo de la fiscal Gabriela Lema de la Ciudad de Rafaela.

Las requisas fueron realizadas por el personal de la Delegación Zona Centro Norte de la Agencia de Control Policial, que secuestraron elementos de interés en la causa (armas, aparatos de telefonía celular y computadoras) y detuvieron a los empleados policiales C. F. M., numerario de la AIC, Región 5, L. E. V. y M. N. B., Pertenecientes a la Comisaría 10° del departamento Castellanos.

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Además, detuvieron a A. J. M. por requerimiento de la fiscalía actuante, investigado por los delitos de cohecho pasivo y encubrimiento agravado en calidad de autores en concurso real en el caso de los empleados policiales, mientras que a A. J. M. por el delito de cohecho activo. Todos quedaron a disposición de la fiscalía.

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Fue tras allanamientos realizados en Rafaela, Videla y Vila. Secuestraron elementos de interés en la causa (armas, aparatos de telefonía celular y computadoras) y detuvieron a los empleados policiales C. F. M., numerario de la AIC, Región 5, L. E. V. y M. N. B., Pertenecientes a la Comisaría 10° del departamento Castellanos.

También fueron acusados tres policías que prestaban funciones en esa dependencia. Operaban en rutas del centro norte provincial

Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados este jueves por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

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La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

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Uno de los hombres investigados es el ahora ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la DGPSV. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15 mil pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

Con relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó este jueves la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30 mil pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados este jueves. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30 mil pesos cada uno.

Este viernes se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

Las detenciones se originaron en allanamientos en simultáneos realizados en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

La Agencia de Control Policial detuvo a seis efectivos policiales pertenecientes a la Dirección General de Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe por una investigación de la fiscalía de delitos complejos, a cargo del Dr. Hernández.

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El operativo se realizó este martes en forma simultánea en distintas localidades de la provincia donde tienen asiento las bases operativas (Reconquista, San Cristóbal, Nelson, Recreo y acceso al túnel subfluvial).

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Las detenciones tienen su origen en hechos que son materia de investigación, pero que estarían relacionados con hechos de dádivas recibidas en los distintos controles que posee el personal de la Policía de Seguridad Vial en las rutas provinciales bajo su control. 

Además, secuestraron otros elementos que interesan a la investigación, como celulares y documentación.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que se hagan pericias oficiales sobre los originales de los cuadernos 4,7 y 8 atribuidos a Oscar Centeno, anotaciones por la que se inició la megacausa de corrupción conocida como “Los cuadernos de las coimas”.

La Justicia busca determinar si los cuadernos “pertenecen o no a un mismo puño escritural”, entre otros objetivos, a partir de la denuncia del empresario Armando Loson, que está imputado en la causa y acusa que hay “gravísimas irregularidades” en los textos como “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas”.

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Con la pericia oficial sobre los manuscritos por los que se inició la investigación por corrupción se quiere definir además “si se aprecian sobre escritos testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación”.

El estudio debe determinar también “cuál es el contenido de las anotaciones originales donde se enmendó la palabra ‘Armando’ (por Loson, uno de los imputados), ‘Alem’ u ‘850′”.

Además de establecer si las anotaciones enmendadas con el nombre “Armando” se corresponden con las restantes grafías al igual que las que habría realizado el exchofer del exfuncionario K Roberto Baratta.

Con la pericia a los cuadernos también se quiere establecer ”si las inscripciones originales pertenecen al mismo puño escritor que las restantes grafías, así como también si se corresponden con las indubitables de Oscar Centeno”.

El pedido de hacer una pericia oficial sobre los cuadernos de Centeno surgió a partir de la denuncia penal que hizo en abril Loson, uno de los imputados en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”.

La presentación del empresario fue a partir de un peritaje privado sobre los manuscritos por el que se detectaron cerca de 1600 adulteraciones e irregularidades, entre tachaduras, correcciones, testados y sobre los escritos.

El empresario imputado en la causa de “Los cuadernos de las coimas” aclaró en esa presentación que “no pretendía cuestionar el contenido de la totalidad de los cuadernos” sino únicamente aquel que asegura que “lo involucra maliciosamente para implicarlo y perjudicarlo”.

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Loson es empresario, está imputado en la causa de “Los cuadernos de las coimas” y pidió que se hagan pericias sobre los cuadernos de Centeno, por los que se originó la investigación.

Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi SA, una compañía centenaria de capitales privados nacionales que acreditó en la causa que no se trata de una empresa constructora, ni proveedora del Estado y que no tuvo obra pública alguna.

Albanesi es una generadora de energía eléctrica y comercializadora de gas con 11 centrales generadoras distribuidas en distintas zonas del país.