El ministro de Trabajo, Juan Pusineri, confirmó que a raíz de la inflación del 8,7% registrada en la provincia durante el mes de octubre, se activará la cláusula gatillo para el sector estatal que redundará en un incremento adicional del 31% en noviembre, a liquidar sobre los salarios de febrero. Ello surge de la diferencia entre aumentos concedidos (88%) e inflación acumulada durante el año (119). Asimismo, recordó que el sector cobrará otro 6% de incremento, según lo establecido en la última política salarial.

- ¿Conocido el índice de inflación, cómo impacta esto en los salarios del sector público?

- Impacta cumpliendo con el compromiso asumido; teníamos una comparación que debía hacerse entre los salarios acordados a octubre y la inflación acumulada. Con la información del IPEC, lo que indica la paritaria es que se debe liquidar esa diferencia, que es una diferencia en menos; producto centralmente de lo que fueron los niveles inflacionarios que conocimos en agosto y septiembre que estuvieron por encima de las expectativas proyectadas cuando se firmó el acuerdo paritario. De forma tal que con la responsabilidad del caso y habiendo hecho todos los esfuerzos necesarios, el gobierno se encamina a cumplir con el acuerdo paritario.

- ¿De cuánto sería esa diferencia? ¿Del 31% adicional?

- Sí. Nosotros a octubre llevábamos un 88% de incremento salarial, en tanto que la inflación acumulada al mismo mes se está ubicando en torno del 119%. Esa diferencia es la que corresponde liquidar, de acuerdo al acta paritaria.

- ¿Y a ello debe sumarse otro 6% ya previsto como incremento para noviembre?

- Sí, hay un aumento previsto para noviembre y otro para diciembre del 6%, en el marco de lo que se pactó también en la última paritaria.

- ¿Entonces con los salarios de noviembre a cobrar primeros días de diciembre, los estatales percibirán un 37% de aumento?

- Sí, es ese 6%, más la diferencia por cláusula gatillo.

El gobierno provincial ofreció a los gremios estatales un incremento salarial del 25 % con los sueldos de agosto, y nuevos tramos en los meses siguientes: 7 % en septiembre y otro tanto en octubre, y luego un 6 % en noviembre y otro porcentaje igual en diciembre. Además, tanto en octubre como en diciembre se activará la “cláusula gatillo” o de actualización automática, que consiste en comparar los aumentos acumulados con la inflación medida en cada período, “y de existir una diferencia en menos, se compensa”, según estableció el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

La oferta trasladada en primer término a los gremios de la administración central, UPCN y ATE, y que luego será llevada a docentes y profesionales de la salud, se ajusta a lo previsto, en la medida en que implica un incremento “fuerte” para iniciar, incrementos sucesivos en cada uno de los meses hasta fin de año, hasta totalizar un 51 %,  y aplicación en dos oportunidades de la claúsula gatillo.

En paralelo, se dispuso trabajar en la paritaria las asignaciones familiares, que comenzarán a ser liquidadas con incremento a partir del mes de agosto si la propuesta es aceptada.

El ajuste será del 3,8 por ciento. Había sido uno de los reclamos de ATE y UPCN esta mañana, durante la primera reunión de la paritaria.

El gobierno de la provincia informó, a través del ministerio de Gestión Pública, que los sueldos a los agentes estatales del mes de febrero se liquidarán con un ajuste del 3,8% correspondiente a la inflación del mes de diciembre de 2019.

Esto será aplicando el mismo criterio con el que fueron liquidados los sueldos en el mes de enero, a la espera de uan definción acerca de la política salarial para el 2020.

El gobernador de Chubut planteó pagar la “cláusula gatillo” de sueldos de trabajadores provinciales con un bono que sea de aceptación en comercios y canjeable en el banco como sucedió con las denominadas cuasimonedas.

Las provincias no quieren repetir el esquema de la cláusula gatillo y, desde que la Casa Rosada avanzó con la idea de que las paritarias no las tendrían, los gobernadores decidieron avisar que no se iba a repetir este modelo en las paritarias 2020. Pero a la decisión del Gobierno nacional se le sumó un nuevo problema que los jefes de los estados provinciales les señalan a sus sindicatos. En un contexto de caída de las recaudaciones provinciales, las arcas comienzan a sentir el peso de la escasez y se enfrentan a la posibilidad de no poder pagar. Y la salida parece ser repetir algo que no se veía desde la crisis de 2001/2002.

Uno de los 24 distritos del país le ofreció a sus empleados estatales pagar la cláusula gatillo a través de la emisión de un bono. Es decir, lo más parecido a lo que en otra época de la Argentina se conoció como “cuasimonedas”.

El encargado de llevar adelante la idea es el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien le ofreció a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia saldar la deuda de salarios con la emisión de un título canjeable que pagaría un interés de entre 6% y 8 por ciento”.

“Es una posibilidad que estamos analizando y que se ha girado al sector de economía y al banco para consultar de qué forma se puede diagramar un bono que tenga un interés y que asegure lo que pueda perder el empleado estatal en cuanto a la inflación, y garantizar así el pago de lo adeudado”, señaló a medios locales José María Grazzini, ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, a la Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz. “Se intenta que el bono pueda ser atractivo para los trabajadores y que sea de forma voluntaria para todo aquel que lo quiera aceptar y le pueda servir para ser canjeable en cualquier situación y lo pueda recibir el propio banco del Chubut”, agregó el ministro.

Arcioni reconoció el ofrecimiento y señaló que “se esté avanzando para presentar cual va a ser el proyecto y los beneficios que van a tener, pero eso depende de las negociaciones”.

Esta no es una idea nueva de parte de la administración Arcioni. Cuando en enero de este año el gobernador presentó el plan de Reforma Estructural del Estado que entre otras ya había planteado la posibilidad de pagar salarios con un bono provincial, algo que en ese momento fue descartado.

El propio gobernador explicó en conferencia de prensa cómo se gestó la idea de pagar salarios con un bono. “Surge de las conversaciones y negociaciones que estamos llevando adelante con los gremios. En una mesa de negociación se hacen propuestas y contrapropuestas y se va elaborando cuál va a ser la mejor para encontrar el consenso y solucionar el conflicto. En cuanto al bono se esté avanzando para presentar cuál va a ser el proyecto y los beneficios que van a tener, pero eso depende de las negociaciones. En principio se propuso al sector de salud pero puede ampliarse al resto de los sectores”, dijo Arcioni hoy más temprano.

Luego se anunció que la provincia, que viene sufriendo una fuerte conflictividad, pagó más de $489 millones para cancelar la deuda con docentes correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, como también de los $30 millones de lo que estaba pendiente con los auxiliares de la educación. Y, además, se transfirieron $30 millones para las escuelas de gestión social.

Desde el sindicato provincial no se mostraron en desacuerdo con el ofrecimiento del gobernador. El titular de ATE de la provincia, Guillermo Quiroga, señaló que se podría analizar y que la decisión de aceptar o no un “papelito” como forma de pago de la diferencia entre la paritarias y la inflación de 2019.

Caso contrario fue lo que sucedió en la cúpula de ATE Nación y ATE provincia de Buenos Aires. En ambos casos le dijeron a Infobae que desconocía el ofrecimiento que hizo Arcioni a los sindicalistas de la provincia los tomaba “por sorpresa. No sé nada al respecto” y que se iban a comunicar con ATE Chubut.

Las cuasimonedas fueron bonos que emitieron la administración nacional y quince gobiernos provinciales durante la crisis económica de 2001/2002 y que circulaban en la economía formal y que tenía valor de curso legal ya que eran bonos al portador que podían o no contemplar el pago de intereses.

Los más conocidos fueron los Patacones y los Lecops (Letras de cancelación de obligaciones provinciales) pero en realidad hubo 15 cuasimonedas en total que circularon por las provincias argentinas por un valor de 8535,40 millones de pesos.

El ministro de Educación de la Nación ratificó que el gobierno pretende que “el salario docente le gante a la inflación”.

“En términos salariales consideramos que la cláusula gatillo es la síntesis del fracaso de la gestión de Macri”, afirmó hoy el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien visita hoy la ciudad para el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Lecturas.

Asimismo, señaló que “para recuperar salarios no sólo hay que lograr que suban sino también tener una política que frene la inercia inflacionaria que dejó la gestión de (Mauricio) Macri”.

En declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, señaló: “El 2019 lo terminamos con la inflación más alta en tres décadas. A partir de las políticas anti inflacionaria de nuestro gobierno estamos con mucha expectativa de los resultados que vamos a tener en los próximos meses”.

“Planteamos una paritaria que nos permita negociar trimestre a trimestre con una fuerte reducción de la inflación”

“Es ahí donde planteamos una paritaria que nos permita negociar trimestre a trimestre con una fuerte reducción de la inflación para lograr una recomposición de sueldos”, añadió el titular del cartera educativa a nivel nacional, y destacó que “el compromiso del Poder Ejecutivo en 2020 es que el salario docente le gane a la inflación”.

Trotta sostuvo que la cláusula gatillo “implica empatarle a la inflación” y aseguró que el objetivo de su gestión para este año es “ganarle a la inflación”. Y agregó: “Hay que tener conciencia de la situación social, económica y fiscal para ver junto con las provincias cómo vamos rompiendo esta fuerte caída de la economía y la cíclica baja de la recaudación que se dio a lo largo de la gestión de Macri”.

“A partir de allí debemos trazarnos un camino para robustecer los salarios y eso acelerará la recuperación de la economía. Ese es el objetivo que debe hermanarnos a la Nación y las provincias”, ratificó.

Trotta no descartó que los aumento se den en sumas fijas. “Hemos constituido una paritaria, que implica dialogar con todos los sectores para escuchar las propuestas y encontrar los espacios consensos. Para eso convocamos a la paritaria, siendo conscientes de la situación que atraviesa nuestro país”, señaló.

“Tenemos que fijar un piso de salarios para todo el país y discutir con todos los ministros de educación y de economía de las provincias lo que debe ser una propuesta para reducir la brecha entre salarios en el país”, concluyó Trotta.

Ipec informó que durante diciembre, el Índice de Precios al Consumidor en la provincia subió el 3,8% totalizando en el ejercicio 2019 una suba del 53,1%.

Ese porcentaje de 3,8 es el que se debería aplicar como suba en los salarios de diciembre, de acuerdo a la mirada de los gremios estatales.

En tanto, en las próximas horas el Poder Ejecutivo anunciaría que los salarios de enero contendrán un incremento del 4,1% “a cuenta de la política salarial 2020” que empezará a discutirse en las paritarias de febrero. Esa cifra del 4,1% fue la suba de precios de noviembre en la provincia.

Planteo de Michlig

El ministro de Gestión Pública provincial, Rubén Michlig, aseguró que el año pasado los sueldos estatales “subieron 10 puntos por encima de la recaudación, y en un escenario de déficit y recesión como el que atraviesa la provincia de Santa Fe es complejo mantenerla” (a la cláusula gatillo).

Frente a esta realidad, Michlig puso en duda que se mantenga el mecanismo de actualización automático de salarios de acuerdo a la inflación que rige para todos los empleados públicos de la provincia. ‘En este contexto económico es complejo poder sostenerlo‘, admitió el funcionario.

Michlig señaló que la cuestión de la cláusula gatillo “se analizará durante esta semana” y recién entonces, con todos los números sobre la mesa, se decidirá si seguirá vigente en la provincia durante el 2020.

“Hay distintos valores a considerar. Hay cuestiones previstas en los acuerdos paritarios del año pasado en cuanto a cláusula gatillo. Y tenemos que analizar el contexto económico y financiero de la provincia”, expresó el ministro coordinador del gabinete provincial.

Además, dejó abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga otro incremento fijo para empleados privados y públicos.

El presidente Alberto Fernández se mostró contrario a aplicar cláusulas gatillo en las próximas paritarias y dejó abierta la posibilidad de otorgar otro aumento por decreto.

Estimó que las paritarias del sector privado se normalizarán cuando la economía argentina se “tranquilice”.

Fernández criticó las cláusulas gatillo que ajustan las subas salariales a la inflación por considerar que tienen un efecto indexatorio en la economía.

Además, dejó abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga otro incremento fijo para empleados privados y públicos.

En una entrevista Fernández dijo que el Gobierno podría disponer un nuevo aumento fijo salarial para los trabajadores del sector privado, como ocurrió hace 10 días.

“Así como tenemos que revisar el sistema de alquileres, el sistema de precios de los empresarios, tenemos que ver cómo logramos acuerdos salariales libres, pero donde todos tengan este dato en la cabeza”, señaló.

Dijo que aún no sabe si habrá otro aumento por decreto y pidió “esperar a que la economía se tranquilice, creo que poco a poco lo estamos haciendo”.

“Necesitamos que la economía pare de indexarse, sino combatir la inflación es muy difícil. Congelamos tarifas de gas y electricidad, combustibles, peajes, tarifas de transporte para que nadie vea deteriorado su ingreso”, destacó.

Sostuvo que el Estado “está haciendo su parte, necesitamos que cada uno haga la suya. Veo mucha confianza por parte de la dirigencia gremial. Han dado muestras sobradas de colaboración”.

El Ejecutivo anunció el 3 de enero un incremento salarial de $ 4.000 para el sector privado a cobrar a cuenta de paritarias futuras, en dos cuotas de $ 3.000 para enero y $ 1.000 para febrero.

El incremento también se aplicó para empleados públicos, pero con un desfasaje de un mes.