“La gran convocatoria a estas jornadas de debate, así como los ejes que se plantearon para la discusión, demuestran la necesidad de poner en el centro de la escena al derecho a la salud como bien público global y movilizar todos los mecanismos que garanticen el acceso universal”, manifestó la diputada socialista al finalizar los encuentros que fueron transmitidos en vivo por el canal de Youtube de la cámara baja santafesina.

“Es muy difícil sintetizar la riqueza del debate, pero destacó los ejes que propusieron revalorizar el Objetivo para el Desarrollo Sostenible de la salud como bien público global, que por ahora sigue siendo una enunciación; de achicar las brechas entre conocimiento científico y bieoética; de atender la problemática latinoamericana entre pandemia y política; de las las tensiones entre lo individual y lo colectivo; de la importancia del activismo social internacional para presionar por acciones globales más justas y oportunas”, sintetizó la diputada sobre el segundo encuentro, que reunió a especialistas como la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNR, Sabrina Benedetto; la especialista en Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, Julia Canet, la médica sanitarista boliviana, Nila Heredia; el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana; la editora de la Revista Noticias, Andrea Gentil; la presidenta de Amnistía internacional Argentina, Paola García Rey; y la vicepresidenta de APDH Argentina, Norma Ríos; junto con la diputada Paola Bravo, la farmacéutica y doctora en Ciencias Sociales, Marisel Colautti y el exministro de Salud de Santa Fe, Mario Drisun, que culminaron los debates abiertos la semana anterior.

En primer lugar, Sabrina Benedetto, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, destacó que a pesar de los mecanismos de cooperación internacional que se pusieron ya de manifiesto, persisten la incertidumbre y desaliento en la comunidad internacional, que se profundiza en países no desarrollados. La especialista señaló que la salida es multilateral, no individual, porque aunque los países desarrollados completen su vacunación, se necesita que el 70 por ciento de la población mundial haya recibido la vacuna para empezar a superar la pandemia”.

En este sentido, alentó a exigir la activación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puntualmente, el que busca la salud como bien público, y la alianza para lograr los objetivos comunes, y la Ayuda Oficial al Desarrollo, mediante la cual los países desarrollados pueden transferir tecnología vía la ayuda que tienen comprometida por propia voluntad y que en muchos casos no cumplen.

Desde el Colegio de Abogados de Rosario, la especialista en Bioética, Julia Canet, se refirió a “la profunda inequidad de acceso a medicamentos” que esta situación de pandemia puso también de relieve e insistió en la liberación de las patentes porque “si bien esta medida no va a resolver la vacunación para todas las personas, se justifica ya por las vidas que se puedan llegar a salvar, y además porque éticamente es necesario dejar de hacer lo que conviene y comenzar a hacer lo que corresponde”. Además instó a que el objetivo de fondo sea “modificar la estructura política que hoy permite que haya empresas que toman decisiones que afectan los derechos humanos y que cuestan la vida de muchas personas”.

Por su parte, la médica Nila Heredia, ex ministra de Salud de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales, repasó la situación regional de América Latina respecto de la pandemia, y sus condicionantes políticos y sanitarios, y analizó el pedido del Mercosur a la Organización Mundial de la Salud para lograr el acceso efectivo, equitativo, transparente y oportuno a las vacunas y a la transferencia tecnológica que permita su producción local. “Declarar la salud como un bien público es un tema político”, definió Heredia y propuso llevar este planteo a todos los ámbitos posibles en simultáneo, incluyendo el Parlasur.

A su turno, el secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana se refirió a las tensiones a que se enfrentan los equipos de salud en el tema pandemia y vacunas, entre la centralización y la descentralización, lo individual y colectivo, los sistemas verticales y los integrales. En este sentido, propuso considerar, como se hizo en Rosario, la vulnerabilidad entendida en determinaciones más estructurales y señaló que de las más de 22000 personas registradas en los Centros de Salud de Rosario, con enfermedades crónicas y que tienen indicación de vacunarse, solo el 30 por ciento se había inscripto a través de las herramientas que se plantearon desde la centralidad. “Porque la pobreza estructural, los recursos simbólicos son diferentes según las condiciones de vida”, explicó el funcionario municipal, y señaló: “Los procesos organizativos integrales incluyen acompañar a las personas en los lugares donde viven, buscarlas, acercarlas a conseguir su turno de vacunación, como hicimos en Rosario, con una experiencia contrahegemónica al proceso de vacunación vertical y separado de las lógicas de cuidado integral”.

Para finalizar las exposiciones, intervinieron la Dra. Paola García Rey, directora de Amnistía Internacional Argentina, y Norma Ríos, vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Para García Rey, el rol de la sociedad civil en el contexto de la pandemia y para el desarrollo de la vacuna es generar presión para que los estados garanticen los derechos humanos. “Desde Amnistía buscamos que los estados y la industria farmacéutica respeten derecho a la salud”, especialmente atendiendo a poblaciones históricamente vulnerables, como las poblaciones indígenas, que requieren protocolos especiales de vacunación; las personas migrantes, que quedan fuera de las inscripciones a vacunación por no disponer de un DNI o las personas que no pueden acceder a los sistemas digitales de inscripción.

García Rey también indicó la importancia de exigir la transparencia de los canales y criterios sanitarios, y de la ejecución de los planes de vacunación. Agregó que “los países más ricos del mundo, que representan un 16 por ciento de la población mundial, para marzo de 2021 ya habían adquirido más de la mitad de las dosis de vacunas para tenerlas bajo su administración” y expresó que “esta pandemia tiene que sacudir las estructuras de desigualdad que se han sostenido históricamente”.

Por su parte, Norma Ríos, actual vicepresidenta de APDH Argentina expuso la presentación que elevaron a la Organización de las Naciones Unidas, a través de la que solicitaron la extensión del derecho de propiedad intelectual sobre las vacunas y las tecnologías de la salud asociadas al tratamiento contra el Covid 19, para que el acceso no quede ceñido a las posibilidades de ingreso económico, que vulneran el acceso justo a la salud.

El cierre de esta segunda jornada estuvo a cargo de la diputada Paola Bravo, quien se explayó sobre las injusticias del sistema que con las herramientas de la política es preciso transformar; la doctora en Ciencias Sociales, Mariel Colautti, que realizó una síntesis crítica de las intervenciones de ambas jornadas; y el exministro de Salud de Santa Fe, Mario Drisun, que indicó que este contexto es clave para el tratamiento del proyecto provincial de ley de salud, considerada como bien público de acceso universal.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe tomó la iniciativa de pedir que se liberen las patentes de las vacunas contra el COVID 19, y reclama al Poder Ejecutivo que se ponga al frente de la gestión. El proyecto busca “intervenir en esta situación de desigualdad en la que a los países ricos les sobran vacunas y en los países pobres se siguen perdiendo vidas por no acceder a tiempo a la vacunación”.

“La vacuna debe ser declarada un bien público, exenta del derecho a la propiedad intelectual”, pidió la diputada socialista, Claudia Balagué, autora del proyecto. “Si la comunidad científica internacional pudo romper fronteras y compartir años de conocimiento acumulado para socializar vacunas que salvan vidas, no vemos por qué no se pueden romper fronteras que atañen exclusivamente a intereses comerciales, para poder acceder a este bien esencial, así como a los kits de diagnóstico y a los medicamentos que van probándose como efectivos para el tratamiento del coronavirus”, agregó.

Balagué recordó que Santa Fe es pionera en la producción local de medicamentos, ya que las políticas del Frente Progresista han desarrollado una estructura científico-tecnológica que concibe a los medicamentos como bien social y favorece el acceso universal. Liberadas las patentes, se dispondría de conocimiento, tecnología y plataformas no solo para acceder a vacunas producidas en otros países sino para producirlas en la misma provincia, en el mismo Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que produce medicamentos para abastecer a todo el país.

Balagué señaló que resulta urgente tomar estas medidas, que ya fueron solicitadas por más de 100 países, incluida la Argentina, “porque las sucesivas mutaciones del virus van siendo cada vez mas agresivas y resistentes a las vacunas que se han desarrollado”. Por eso, agregó, que también desde la Cámara de Diputadas y Diputados tomaron la iniciativa de generar espacios de divulgación a la comunidad, porque circulan mensajes contradictorios, que terminan favoreciendo esta desigualdad. “Estamos convencidos de que esta información debe circular con claridad para que la comunidad conozca la situación, y pueda reclamar con contundencia su derecho a las vacunas, que en definitiva es su derecho a la vida”.

La diputada socialista consideró inédita la destitularización de docentes realizada por la actual administración. Afirmó que se vulneraron derechos paritarios y que hubo macartismo.

“¿La pandemia es la justificación para que desde marzo no se hayan respondido las tres observaciones del Tribunal de Cuentas, observaciones totalmente contestables?. ¿Por qué no se respondieron esas observaciones?. ¿Existía una voluntad expresa de destitularizar docentes?”. Los interrogantes fueron planteados por la diputada socialista Claudia Balagué -ex ministra de Educación- en la propia Cámara en respuesta a la decisión de su sucesora, Adriana Cantero, de dar marcha atrás con tres decretos de titularización de docentes que tuvieron observaciones del Tribunal de Cuentas.

Balagué había respondido mediante un comunicado a comienzos de semana cuestionando la decisión de Cantero, pero usó la banca -desde la virtualidad- para exponer sobre el tema, invitando a sus pares a recorrer las tareas que en talleres realizan docentes cuestionados y destitularizados. Pero también habló de macartismo señalando que se les pregunta a los docentes la filiación política y no dejó de cuestionar la política educativa de la gestión Perotti ante la pandemia.

Durante la última sesión no solo Balagué habló de Educación. Antes se habían votado dos proyectos, uno de ley, para crear un programa de financiamiento para garantizar el traslado a núcleos rurales secundarios de la provincia y una declaración exhortando a la vuelva a clases presenciales el año próximo.

Balagué calificó de “pésima noticia” la decisión del gobierno de dar marcha atrás con los concursos. “La destitularización es un proceso inédito, nunca ocurrió en la provincia donde en 12 años hubo más de 55.000 titularización en un proceso sistemático, paritario y transparente” definió. Acotó que los decretos del Poder Ejecutivo “quieren echar un manto de sospecha sobre ese proceso. Espero que no sea el inicio de un proceso de quitar beneficios, de ajuste, de persecución a los docentes”.

Comparó el hecho con la desjerarquización del ministerio de Ciencia y Tecnología, con el abandono del Acuario de Rosario donde denunció la muerte de más de cien especies autóctonas, con el cierre de la Casa de la Cultura y de otros espacios como la Redonda.

Sobre el sistema educativo actual y la pandemia advirtió que Flacso menciona que en Santa Fe 120.000 alumnos están fuera del sistema pero que los docentes duplican esa cifra por la desvinculación de chicos, y que Cippec informa que apenas el 0,1% de los alumnos santafesinos volvieron a la presencialidad.

“No hay ni hubo acompañamiento a los docentes en la pandemia en la virtualidad y hoy son agraviados. Son agraviados algunos grupos en particular: Los docentes de formación profesional, Nueva Oportunidad. Los que pusieron el cuerpo todos los días para que miles de jóvenes que estaban en la calle, en situación de violencia, en conflicto con la ley pudieran adquirir un oficio y tener otra perspectiva de vida”, aseguró. “Los docentes atacados son los innovadores, los preparados en la universidad, premiados en América y atacados en Santa Fe”, subrayó.

“Cuanto más necesitamos a estos docentes comprometidos, más se vulneran sus derechos a ser titulares. No entraron por la ventana, hace años que están trabajando con esta modalidad en el sistema educativa” y pasó luego a responder las objeciones del Tribunal de Cuentas, esas que -destacó- estaban desde marzo en cajones de Educación y la cartera resolvió no contestar.

Traslados

A instancias del radical Marcelo González, la Cámara de Diputados votó la creación de un programa de financiamiento para garantizar el traslado de docentes a núcleos rurales secundarios de la provincia. El programa asigna una partida de 90 millones de pesos del Presupuesto provincial para cumplir el objetivo. El propio autor del proyecto habló de la importancia de disponer de recursos para que la educación pueda llegar a todos los rincones de la provincia.

Garantizar el 2021

Diputados aprobó un proyecto impulsado por el demoprogresista Gabriel Real pidiendo al Poder Ejecutivo arbitre los medios pertinentes “para que se establezcan, con debida anticipación, todas las medidas tendientes para garantizar mediante los protocolos correspondientes, el retorno a la modalidad presencial en todos los niveles para el ciclo lectivo 2021, con el claro objetivo de otorgar continuidad pedagógica y revinculación aúlica a toda la población educativa”.

El legislador afirmó que “sin excusas y con la debida previsibilidad debemos garantizar que no se produzca un episodio de catástrofe educativa en el territorio de la provincia. Las clases deben ser presenciales, todo este proceso vivido ha evidenciado una situación de enorme desigualdad, que los chicos no vayan a la escuela por un tiempo tan prolongado, en particular los más vulnerables, es una catástrofe”.

La comisión de Asuntos Constitucionales unificó varios proyectos sobre la materia donde se pide que Educación defina las pautas a considerar para una convivencia de la presencialidad aúlica con el Covid-19: un sistema de escolaridad que combine clases presenciales y virtuales sólo en aquellos casos que tengan acceso permanente; atender prioritariamente a la población estudiantil que no ha podido acceder a las propuestas de educación a distancia durante el aislamiento por no contar con conectividad a Internet, dispositivos tecnológicos y demás condiciones necesarias y considerar especialmente a los estudiantes con mayores dificultades para sostener sus trayectorias educativas. También incorpora la necesidad de evaluar acciones aplicables a los grupos de estudiantes que asisten a los últimos niveles educativos, a fin de articular el paso al nivel siguiente superior en mejores condiciones; la realización de actos de fin de ciclo de forma presencial en espacios abiertos y con grupos reducidos; organizar el modo de socialización en los espacios de recreos y comedores escolares y generar espacios de diálogo y reflexión intraescolar para ofrecer a los estudiantes contención, apoyo emocional y la posibilidad de compartir la experiencia vivida, producto del impacto que tendrá esta pandemia en sus vidas.

La ministra de Educación debe definir la validez de tres resoluciones firmadas por su antecesora Balagué. Son designaciones en Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos Territoriales con Eje en la Convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Son 800 los cargos en cuestión.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, tiene a la firma tres resoluciones declarando nulas otras tantas resoluciones dictadas por su antecesora, Claudia Balagué, por las cuales se dio estabilidad con el pase a planta a personal de los programas de Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos territoriales con eje en la convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Se trata unos 800 empleados que lograron la estabilidad en los últimos meses de la gestión del Frente Progresista y cuyas designaciones fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas.

En los tres casos, la comisión creada por Omar Perotti para revisar las designaciones efectuadas por Miguel Lifschitz entre el 30 de junio y el 11 de diciembre, aconseja revocar las designaciones.

La decisión de Cantero provocará otro fuerte choque entre la actual gestión y la antecesora y se dará en momentos en que se discute en Legislatura el Presupuesto 2021 y las llamadas ley de conectividad que viene reclamando Perotti a un poder Legislativo donde el Frente Progresista tiene mayoría en Diputados. Es en esta Cámara donde Balagué además preside la Comisión de Educación.

Las tres observaciones del Tribunal de Cuentas fueron analizadas por la comisión designada por el gobernador Perotti a las pocas horas de su jura. El decreto Nº 0089 ordenó la revisión de las últimas designaciones realizadas por Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado, período de vigencia de la ley de Responsabilidad Fiscal. La actual gestión puso la lupa en 166 decretos, tres de los cuales están ahora en el centro de la polémica.

El artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, la revisión de los decretos.

La comisión revisora la integran el Fiscal de Estado, Rubén Weder; el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, Javier Gallo; y el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de la Gestión Pública, Víctor Bonaveri.

Esta comisión prácticamente repite en los tres informes los ejes de los cuestionamientos a las resoluciones. Entre ellas el haberse obviado pasos indispensables para la cobertura de esos cargos; la transformación de cargos y horas vacantes para hacer los nombramientos evitando la cobertura con traslados; la no acreditación de la aptitud sicofísica ni la carpeta médica, ni tampoco haberse acreditado en las actuaciones el cumplimiento de la compatibilidad para realizar los nombramientos.

También se advierte que en los tres casos se habilitó a la entonces Secretaría de Educación a que exceptúe de requisitos concursales que expresamente están previstos en el reglamento general de concursos de ingreso a la docencia, invocando habilitaciones para resolver “lo no previsto”. Hacen notar que no intervino en las designaciones el jurado concursal que estaba designado y cuando intervino, no hubo actas ni procesó el escalafonamiento con las publicidades del caso.

En los tres casos se advierte que no existe en los expedientes ningún antecedente que permita determinar qué títulos tiene el personal designado; no hay alusión a la capacitaciones en servicio que deben cumplirse y tampoco intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto Nº 0089 mediante el cual ordena una revisión de las últimas designaciones realizadas por su antecesor Miguel Lifschitz, desde el 30 de junio del corriente año hasta el 11 de diciembre pasado.

Se trata de unos trescientos nombramientos contenidos en 166 decretos, que se habrían producido de manera irregular. sobre la base de lo que establece el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal en la que se prohíben actos administrativos durante el último semestre de cada gestión que pudieran impactar en el gasto fijo de la administración. Ello es lo que se interpreta que sucede con la incorporación de personal a planta. Por eso, los decretos serán revisados y podrían ser dadas de baja las respectivas designaciones. Debe diferenciarse dicha situación de la del personal contratado, que viene reclamando su incorporación como personal de planta desde hace varios meses. Dichos casos implican una relación de precariedad laboral, cuya resolución quedó pendiente durante la gestión del Frente Progresista.

Tribunal de Cuentas

Con la firma de sus cinco vocales, el Tribunal de Cuentas dictó las tres observaciones legales que pueden llevar a rever nombramientos en Educación.

* Observación legal 0044: cuestiona la resolución 1741 del 6 de noviembre firmada por Balagué.

* Observación legal 0014: apunta a la resolución 1868 de Educación con fecha 5 de diciembre.

* Observación legal 0015: reprueba la resolución 1869 del 5 de diciembre.

SUKERMAN CON MORONI Y KULFAS

El ministro de Trabajo santafesino se reunió con su par nacional, Claudio Moroni y con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. En ambos casos analizaron los conflictos laborales que inciden en la provincia y analizaron el vínculo entre producción y trabajo para superar la pandemia.

Del encuentro con Moroni también participaron funcionarios de las direcciones de Empleo Digno y Empleabilidad Inclusiva de la provincia, para conversar sobre distintas acciones que se vienen llevando adelante en materia de capacitación y formación con salida laboral que promueven ambos ministerios.

Por otra parte, tras la reunión con Kulfas, Sukerman expresó que “el vínculo permanente entre producción y trabajo nos permitió sobrellevar esta pandemia. Hoy seguimos trabajando de forma conjunta para superar la crisis económica que también nos dejaron los 4 años de políticas anti industriales que tuvimos durante el macrismo”.

Finalmente, el funcionario también se reunió con Marcelo Domínguez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con quien avanzó en la firma de convenios vinculados a la implementación de la Ley de ART en Santa Fe.

La ex ministra de Educación consideró que se podría haber retomado la presencialidad tiempo atrás, en localidades con bajo riesgo sanitario. “Ahora no se puede pensar en un retorno masivo”, alertó. Y opinó que deben reforzarse estrategias para recuperar y fortalecer el vínculo pedagógico. “La deserción es muy grave”, enfatizó.

La actual diputada provincial por el Frente Progresista, Claudia Balagué, desaconsejó el retorno “masivo” a las aulas en la provincia partir del momento crítico que se atraviesa en términos sanitarios. Sin embargo, consideró que “se perdió mucho” tiempo durante los meses en los que no se registraron casos y se podría haber retomado la presencialidad. En diálogo con la prensa, la ex ministra de Educación consideró imprescindible trabajar para reestablecer el vínculo pedagógico, y advirtió sobre las “alarmantes” cifras de abandono escolar.

– ¿Considera que se debe promover el retorno a las aulas en la provincia?

– Por el momento crítico que estamos viviendo, una vuelta masiva a las aulas me parece imposible porque la situación sanitaria es compleja, y hay que tener mucha responsabilidad por el grado de estrés con el que está trabajando el personal de salud, y además, para que todos los que requieran de atención médica la puedan tener. Debo aclarar también que no entiendo por qué abren los shoppings y los bares y se siguen generando aperturas, cuando estamos en una situación cercana a la del pico de contagios en nuestra zona. En cuanto a la educación, creo que si bien no pueden darse estas instancias de apertura, sí hemos perdido mucho tiempo en no generar vínculos pedagógicos a partir de propuestas que se generaron, incluso, en la Legislatura. Hay que pensar creativamente en otras cosas que, además, se están haciendo en otras provincias o países latinoamericanos, como buscar espacios de cercanía, trabajar con reemplazantes, utilizar con grupos reducidos hasta clubes, bibliotecas populares y todos los sitios que se puedan emplear en ese sentido. Y por supuesto, reforzar más la tecnología con respecto a la distribución de dispositivos tanto para estudiantes como para docentes. Porque no nos olvidemos que nosotros ni siquiera pudimos empezar el ciclo lectivo con normalidad, a diferencia de lo que pasó en el hemisferio norte donde lo estaban terminando. Lo que creo que hay que priorizar es el vínculo, la relación docente – estudiante de todas las maneras posibles. Esto es mucho trabajo, mucha territorialidad y mucha inversión, que es lo que veo que no se está dando desde el gobierno provincial. Me parece que hay que hacer foco en eso.

– ¿Considera que durante estos meses ese vínculo no se ha podido establecer o construir desde la enseñanza virtual?

– Creo que se logró en muchísimos casos, diría en la mayoría, pero tenemos una gran deserción y un gran abandono escolar particularmente en el nivel secundario. Eso lo referencian permanentemente los profesores de secundaria que por ahí dicen ’empecé con 24 estudiantes, sostuve un tiempo el vínculo y hoy me quedan cuatro’. Esto influyó negativamente como también la falta de apoyo a los docentes en cuanto al aporte tecnológico y propuestas. Lo único que han bajado (desde del Ministerio de Educación) son circulares muchas veces confusas que no apoyaron al docente en el gran esfuerzo que estaban haciendo.

– ¿Ese abandono es más marcado en el nivel secundario que en el primario?

– Sí, totalmente. Siempre el abandono está focalizado en la secundaria y ahora lo que sucede es que se incrementan las brechas de desigualdad. Hay familias que le dicen a los docentes que tuvieron que vender las computadoras porque ya no tenían para comer. Otros, que no podían conectarse nunca. Hay situaciones realmente extremas y creemos que el abandono va a ser un problema grave en los próximos meses y en el futuro; los índices son alarmantes. Hay que poner el foco allí; hay estrategias para resolverlo pero hay que aplicarlas.

– Es sencillo hablar con el diario del lunes pero ¿considera que se perdió tiempo en no recuperar la presencialidad en escuelas rurales durante meses en los que no se registraban casos?

– Sí, es un tiempo perdido porque, reitero, si uno hace un trabajo territorial escuela por escuela y pueblo por pueblo, se podía haber retomado aunque fuese por unos meses ese vínculo y no estaríamos en la grave situación en la que estamos. Pero recordemos que este gobierno tardó hasta en designar a los directores regionales, es decir, todo lo contrario de lo que se debe hacer en materia de trabajo territorial que es apoyar las delegaciones regionales de Educación. Se demoró hasta la resolución de las paritarias.

– ¿Qué opina sobre la posibilidad de dictar clases en patios y espacios al aire libre?

– Creo que fueron acciones de marketing porque ni los docentes están de acuerdo. Ninguna estrategia educativa se puede diseñar desde un escritorio. Hay que dialogarlas mucho con los docentes; que estén convencidos porque ellos y los estudiantes son los protagonistas. Y si esto no fue adecuadamente dialogado, no hay forma de llevarlo a la práctica, aunque se proponga como algo que sale en la tapa de los diarios. Todo debe construirse y dialogarse con los protagonistas.

– ¿Está de acuerdo con el concepto de ciclos y no de año calendario para la enseñanza y aprobación de contenidos aprendidos?

– Sí, totalmente. Hay que hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes porque no todos han tenido las mismas oportunidades y no debe pensarse en un esquema tradicional de contenidos, de exámenes únicos para todos iguales y uniformados, sino que hay que pensar en las posibilidades que tuvo ese estudiantes, cómo se esforzó, qué acompañamiento tuvo y a qué resultados pudo llegar. Creo, incluso, que la vuelta a clases va a ser así; hay que achicar esa brecha y con atención de grupos pequeños.

En revisión

La ministra de Educación, Adriana Cantero, participó de la reunión virtual de las y los ministros de Educación de todas la provincias junto al ministro Nicolás Trotta, que sirvió para monitorear el avance en la implementación de las resoluciones tomadas por el Consejo Federal de Educación durante la pandemia, y debatir sobre nuevos acuerdos, conforme a la dinámica de la situación epidemiológica y a la diversidad nacional, siempre honrando la autonomía y el federalismo.

En el encuentro se trató, como criterio general, la adopción de un parámetro objetivo de bajo riesgo en base a dicha guía de análisis epidemiológico, adecuado a cada provincia, región o localidad, que resulte apto para el reinicio de las actividades educativas presenciales, y que reemplazará al fijado en la Resolución N° 364/2020, que preveía una tasa regular mínima o nula de contagios en zonas urbanas y periurbanas.

Por su parte, la cartera educativa de la Nación puso a consideración, en respuesta a la genuina preocupación de la comunidad educativa, alternativas para la revinculación y el acompañamiento a estudiantes, el retorno de últimos años de primaria y secundaria y el cierre escolar del año, a ser considerada por cada una de las jurisdicciones, y que luego serán tratadas en el seno del Consejo.