Este jueves se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rosario Ricardo Alberto M., un remisero quien fue mencionado este lunes en una declaración judicial por Marcelo Alberto Fernández, acusado por la fiscalía junto a su pareja Josefa Richarte Carrasco por haber asesinado a María Isabel Ruglio, una jubilada de 73 años hallada descuartizada en el arroyo Saladillo en febrero del 2020.

El encargado de hacer desaparecer el cuerpo, según el acusado, fue Ricardo M., un amigo que solía pasar por su casa. Luego de ser delatado el hombre se presentó de forma espontánea este jueves en el Centro de Justicia, prestó declaración ante el fiscal Adrián Spelta, que es quien lleva la investigación, y automáticamente quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa.

Primero aparecieron las partes del cuerpo flotando como una incógnita sobre el arroyo Saladillo. Al mes se estableció que ese cadáver trozado en siete partes pertenecía a María Isabel Ruglio, una docente jubilada de 73 años que vivió toda su vida en Uriburu al 500. Entonces la policía fue a su casa y detuvo un matrimonio que vivía con ella y atendía una verdulería en el frente. Un año y seis meses más tarde, cuando la pareja espera un juicio oral con pedido de prisión perpetua, el acusado Marcelo Alberto Fernández pidió hablar ante un juez. “Yo esa noche estaba muy borracho. Empezó una discusión, ella agarró un cuchillo. Yo la agarré del cuello y se me fue la mano. Nunca la quise matar”, confesó en una audiencia sobre un caso en el que el misterio parece aclararse en etapas.

Lo dijo ante el fiscal Adrián Spelta y el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Fue en una audiencia presenciada por familiares de la víctima en el Centro de Justicia Penal. En el mismo acto desligó a su esposa, Josefa Richarte Carrasco, una española que también está presa, de quien dijo que nunca estuvo al tanto de lo ocurrido. Y confió que contó con la ayuda de un tercero que se ocupó de descuartizar a la víctima y hacerla desaparecer a cambio de un departamento de su propiedad, ese tercero es el remisero que se entregó el jueves.

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Fue la primera vez que el detenido, de 44 años, declara sobre el caso. Dijo que no quiso hacerlo antes porque no se sentía cómodo al hablar por zoom o por videoconferencia. Lo ocurrido puertas adentro de la vivienda de Uriburu 522 era un misterio: la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte pero sí que los seis cortes que partieron al cuerpo en siete partes fueron post mortem, algo que no es considerado delito. En la audiencia también declaró la española Josefa Richarte Carrasco, de 58 años, quien en aquel entonces denunció en una comisaría la desaparición de “Marisa”, como llamaban a la víctima. Una vez más, sostuvo que no estuvo en la casa al momento del crimen y que recién se enteró de lo sucedido cuando la llevaron presa.

Las declaraciones se produjeron a pedido de los imputados, cuando la causa se encamina a juicio oral con ambos acusados como coautores funcionales de un homicidio calificado por “codicia”, a fin de quedarse con la vivienda de la víctima. Sobre ellos pesa un pedido de prisión perpetua. Los defensores públicos Francisco Broglia, por Josefa, y Marianela Di Ponte, por Fernández, adelantaron que pedirán libertades o cambios en los plazos de detención en una audiencia a realizarse en los próximos quince días. La Fiscalía analiza los pasos a seguir.

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La sórdida historia salió a la luz cuando el 10 de febrero de 2020 pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Avisaron a las autoridades y un rastrillaje de agentes de Prefectura permitió completar en 72 horas el cadáver de una mujer desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio. El cuerpo permaneció sin identificarse hasta que, un mes mas tarde, una prima de Ruglio se comunicó con la policía desde Santa Fe y expresó sus temores de que el cuerpo fuera el de la docente. La pareja que convivía con la víctima fue detenida esa misma noche del miércoles 4 de marzo.

Además de la sede judicial existen, según el titular de Seguridad santafesino “20 o 30 objetivos entre inmuebles y seres humanos”, lo cual “insume que toda la policía de distintas áreas esté trabajando en este tema”.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, dijo este viernes que 250 policías y 70 patrullas fueron asignados para brindar seguridad durante el juicio que se inició en Rosario a integrantes de la banda criminal “Los Monos” y que hay entre “20 y 30 objetivos” para custodiar ante la amenaza de que puedan ser víctimas de algún atentado.

En la puerta del Centro de Justicia Penal de Rosario, que la noche del pasado miércoles fue atacado a tiros y donde en la mañana de este viernes comenzó el juicio a el líder de la banda, Ariel “Guille” Cantero, y otros seis acusados, Lagna dijo que el tema del delito complejo y de la narcocriminalidad en Rosario es “de larga data”.

En tanto, al referirse a Cantero, expresó que “tiene condenas firmes por más de 60 años”, lo que implica que “va a tener toda su vida adentro de un penal”.

Al respecto, Lagna aseguró al canal TN que existe “un problema de violencia afuera generado desde adentro de las cárceles”, por lo que es necesario realizar un fuerte trabajo con el Servicio Penitenciario.

Según los especialistas, el problema de las amenazas se genera desde el interior de las cárceles. Foto: Sebastián Granata.Sobre las tareas de prevención, el ministro explicó que se trabaja sobre un programa y que para este juicio se elaboró un plan especial, ya que se trataba de un debate de “riesgo extremo”, por lo cual se decidió hacerlo de manera virtual con los imputados.

“Iba a ser presencial este juicio, pero elaboramos informes y, como era de riesgo extremo, se trocó a un juicio virtual, ya que, de lo contrario, había que movilizar siete imputados, más de 100 testigos, jueces fiscales y demás”, explicó.

Lagna dijo que además de la sede judicial existen “20 o 30 objetivos entre inmuebles y seres humanos”, lo cual “insume que toda la policía de distintas áreas esté trabajando en este tema”.

Además, informó que consensuó con el presidente de la Corte Suprema santafesina que se alargaran las jornadas de las audiencias para acortar el juicio.

“Tenemos que ocuparnos; es una gran preocupación en la familia judicial sobre todo; esto deviene de 2018 con 15 balaceras en distintos centros públicos. Este plan de prevención va a seguir aún terminado el juicio y leída la sentencia “, completó.

Pasadas las 23 dos sujetos en moto abrieron fuego contra el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario, en lo que se constituyó en un nuevo mensaje mafioso en el sur de la provincia de Santa Fe. 

El hecho ocurrió en la zona de calles Sarmiento y Rueda y las imágenes corresponden a una filmación de las cámaras de seguridad del 911. 

El episodio se da en las horas previas al inicio de un juicio oral contra el jefe de la banda Los Monos, por la primera de esta mafiosa saga de balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales.

En el lugar se recogieron siete vainas calibre 9 mm y se detectaron dos impactos de arma de fuego sobre la fachada del edificio.

Minutos después de las 23 de este miércoles 18 de agosto, al menos dos personas que se desplazaban en una moto de alta cilindrada efectuaron varios disparos contra la estructura del Centro de Justicia Penal, ubicado sobre calle Sarmiento, entre Virasoro y Rueda, en el barrio Hospitales.

Según las primeras informaciones, se recogieron al menos media docena de vainas servidas de la calle Sarmiento. En principio una de las balas impactó sobre el blindex del edificio.

Hubo un gran despliegue policial trabajando en la zona.

El fiscal Matías Edery señaló que el único detenido tras los allanamientos hechos este domingo en Pérez pertenecería a “una facción” de la banda narcocriminal. Aseguró que la camioneta secuestrada se usó para la fuga después de los disparos contra el edificio judicial

El fiscal que interviene en la balacera contra el Centro de Justicia Penal deslizó que los tiros fueron ejecutados por “una facción” de la banda Los Monos. Agregó que de las tres personas arrestadas este domingo en Pérez, sólo una permanece detenida por la Justicia provincial, ya que las otras quedaron a disposición de las autoridades federales por el hallazgo de marihuana en los procedimientos. Al único sospechoso lo imputarán por haber participado “en el armado de la logística del ataque”.

En conferencia de prensa, el fiscal Matías Edery aseguró que Fabián F., de 27 años, participó “en el armado de la logística del ataque” al Centro de Justicia Penal el pasado 3 de enero. Consultado si el arrestado tiene relación con Los Monos, dijo: “Hace bastante dejamos de hablar de Los Monos como un conjunto de personas. Están atomizados. Podría pertenecer a una facción que es de Cabin 9”.

Según Edery, la camioneta Audi Q3 incautada este domingo en Pérez fue usada para el escape de los sospechosos que dispararon contra el edificio judicial. Agregó que llegaron a ese vehículo por “sus particularidades”. Esas características son el techo y las llantas del rodado, que son de color negro.

“Nunca tuvimos un Audi Q3 vinculado a atentados. La logística se hace en varios autos. Los que se van en la moto dejan ahí las armas y se van en moto sin armas por si son parados”, explicó al tiempo que añadió: “Generalmente para estos atentados se usan vehículos emponchados, que tienen patentes robadas o de otros autos. También vidrios polarizados. Difícilmente (un Audi Q3) sea parado por personal policial”.

Con respecto a los cargos que le imputarán a Fabián F., el funcionario judicial indicó: “Está vinculado por el vehículo. Además, tenemos información de inteligencia que lo vincula a personas que cometen delitos en el barrio”.

Sobre la posibilidad de una posible conexión con el crimen en el casino, señaló que “todos los ataques de enero se analizan en conjunto para entender la lógica de las organizaciones. No hay vínculos con el casino. Podría tener con la familia Cantero. Estos grupos modifican mucho su estructura”.

La propia custodia del edificio judicial, que fue baleado días tras, capturó a un individuo que amenazaba a transeúntes con una pistola.

Los efectivos que custodian el Centro de Justicia Penal de Rosario fueron alertados por la presencia de dos hombres que amenazaban a transeúntes, uno de ellos portando un arma de fuego.

Cuando los policías se dirigen al lugar en que estaban estos dos individuos, en Mitre y Pasaje Corbellini, uno de ellos se dio a la fuga por la cortada.

El hombre entró a una vivienda y allí fue capturado por la Policía, que ya había recibido apoyo de otros patrulleros. Le secuestraron una pistola semiautomática marca Mauser, con el cargador vacío.

El procedimiento fue trasladado a la comisaría segunda de Rosario.